Lo que está pasando con la reforma universitaria es la mejor demostración de lo que sucede cuando un Parlamento sin legitimidad, sostenido por una alianza espúrea entre el fujimorismo, el acuñismo y el cerronismo, se desata las trenzas y empieza a gobernar el país.

La nueva Sunedu se ha convertido en mesa de partes. El mismo superintendente tuvo que admitir que este año 56 universidades han abierto 2.250 programas de pregrado y posgrado, sin la certeza de si cumplen con condiciones mínimas de calidad. Hasta el 2020, 38 universidades privadas y 27 públicas tuvieron que desmontar un total de 3.695 programas para lograr su licenciamiento. Esto porque no cumplían con condiciones básicas. Ahora tienen el libre albedrío para volver a abrirlas.

Terco en la estulticia, este Parlamento está desbocado. Quiere desaparecer el sistema judicial autónomo de pérdida de dominio, un mecanismo eficiente para combatir a la corrupción. Está en comisiones para su estudio. Pero lo que sí perpetró fue una salvajada como la de permitir absoluto libre albedrío en el uso de armas en legítima defensa; ahora se tendrá que esperar a que el juicio termine para detener al tirador. El Lejano Oeste traído a nuestras tierras.

Pero el Congreso, que según la última encuesta del IEP solo aprueba el 6%, sigue su marcha en la destrucción de la Junta Nacional de Justicia, sin importarle los argumentos jurídicos que ratifican que eso es una barbaridad sin fundamento. Si a la mayoría conservadora del Legislativo les irrita la composición ideológica de la JNJ pues que espere a que venza su plazo, que es el próximo año, y conforme allí una entidad más acorde a la composición parlamentaria novísima. Pero lo que se quiere hacer, inventando faltas graves donde, en el peor de los casos, solo hubo carencia de sindéresis (con el comunicado por Zoraida Ávalos), es un despropósito.

El odio a los llamados “caviares”, que comparten la derecha y la izquierda radical (véase reciente artículo de Vladimir Cerrón en el diario Expreso), podrá ser políticamente válido (aunque en el caso de Cerrón pasa más por sus desventuras judiciales, de las que acusa a los “caviares” que administran cuotas de poder en el Ministerio Público y el Poder Judicial), los está llevando a destrozar la separación de poderes. La referida encuesta del IEP ratifica ello. Un 64% está en desacuerdo con que el Congreso intervenga en el sistema nacional de justicia. El problema político de fondo es que a este Legislativo, ello ya no le importa. Ya perdió toda vergüenza y es capaz de las peores tropelías.

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Muchos empresarios o líderes de opinión se han quedado tranquilos al conocer la última encuesta de Ipsos que refleja que un 21% del electorado se identifica con la derecha, un 48% con el centro y un menor 14% con la izquierda. Piensan que la mesa está servida y solo falta el candidato que enarbole correctamente las banderas centroderechistas para que se haga del poder en las próximas elecciones.

Craso error. Si uno analiza más en detalle la propia encuesta halla datos que apuntan, más bien, a una potencial aparición de un candidato radical, autoritario y disruptivo. En agosto del 2020, Ipsos hizo la misma pregunta de identidad ideológica y los resultados fueron muy parecidos y ya vimos cómo ganó las elecciones Pedro Castillo.

Así, preguntada la gente respecto del modelo económico establecido en la Constitución desde hace treinta años, apenas el 17% considera que ha sido un éxito, mientras que un grueso 67% lo considera un fracaso. Otra respuesta de graves connotaciones: el 90% de la población considera que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. Finalmente, por si quedaban dudas del sustrato emocional ideológico de las mayorías, apenas el 8% de la ciudadanía está muy satisfecho o más bien satisfecho con la democracia. Como colofón, el 65% considera que el Perú está retrocediendo, el mayor pesimismo desde los 90 (por eso la masiva migración de peruanos al exterior).

Si después de analizar esta encuesta, hay algún candidato de centroderecha que considera que la situación se presenta propicia, es un político limitado y miope. Ni siquiera el sustrato moralmente conservador de las mayorías populares anima algún optimismo, ya que las izquierdas radicales en el Perú suelen ser moralmente antiliberales.

El grado de descontento con el statu quo es de tal envergadura que cualquier candidato que sea identificado con aquel, partirá con una inmensa carga negativa de parte de la ciudadanía. Particularmente, cualquier candidato que defienda el modelo económico, la Constitución del 93 y las libertades económicas proinversión y proempresa.

Se vienen tiempos políticos difíciles. El periodo Castillo-Boluarte no es solo un bache temporal que luego será superado y que volveremos a la “normalidad”. Todo apunta a que la cosa va para peor.

La del estribo: agenda teatral nutrida: hoy en la noche Un monstruo viene a verme; domingo 1, Esperanza, domingo 8, Metamorfosis, luego viaje a ver teatro todos los días en Buenos Aires, y retoma de agenda limeña el domingo 29, con El hombre que corrompió a una ciudad. Buen teatro en Lima. Vayan a verlo.

 

 

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Otro país sería el Perú si Ollanta Humala no arruinaba las negociaciones de Conga, que ya estaban a punto de cerrarse y proceder a su operación. Otro sería el destino de los 23 proyectos mineros hoy paralizados. Otra sería nuestra realidad socioconflictiva si Toledo no claudicaba en el arequipazo en la entrega en concesión de Egasa y Egesur.

El último informe del IPE sobre la realidad minera es desolador. Si sumamos la conflictividad social y la tramitología, como factores de estorbo de la actividad minera, entre el 2008 y el 2022 se dejaron de recaudar más de 120 mil millones de soles. Y la cartera de inversiones mineras estancadas al 2023 asciende a casi 30 mil millones de dólares, lo que en términos del PBI ha supuesto una pérdida de casi 700 mil millones de soles.

Se han dejado de generar 541 mil empleos adicionales al año y con estos resultados se estima que el crecimiento del PBI entre el 2008 y el 2022 pudo haber sido de 4.7% en lugar del 3.9% observado. Habría 1.7 millones de menos pobres en el Perú si esto se hubiera plasmado en la realidad.

Solo en tramitología ambiental, los plazos de demora pueden ser de hasta seis o siete años. Así, no hay posibilidad de que el Perú sea un país atractivo para las inversiones. Hay que tener cero tolerancia al daño ambiental y si se produjese ser muy severo en las indemnizaciones, pero lo que sucede en el Perú ya es boicot a la inversión privada más importante del país, la misma que ayudaría a adquirir una dinámica de crecimiento económico que nos podría enrumbar hacia la senda del desarrollo.

Hay muchas reformas institucionales pendientes por desplegar en el Perú: seguridad ciudadana, salud y educación públicas, regionalización, reforma del Estado, etc., pero la matriz rocosa sobre la que tales reformas deben discurrir es sobre la puesta en marcha de una revolución capitalista de segunda generación, que se monte encima de la que se inició en los 90 y que quedó inconclusa por obra y gracia del propio Fujimori y su afán politiquero e inconstitucional de querer reelegirse por segunda vez.

La inversión minera, en particular, es piedra de toque de esa revolución capitalista. Un buen gobierno de derecha debe tener claro que no puede dejar dormida bajo tierra la inmensa riqueza que tenemos y que motivaciones ideológicas o abiertamente extorsivas impiden que prospere.

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La declaratoria de emergencia de tres distritos (dos en Lima y uno en Piura), supone una claudicación de las funciones estatales mínimas y la apertura de un proceso de impostura consciente por parte del Ejecutivo respecto de la lucha efectiva contra la inseguridad ciudadana.

Cerrar negocios desde cierta hora es condenarlos a la quiebra y aumentar la crisis económica que ya sufre el país. Es casi tan absurdo como que para evitar los accidentes de tránsito se suprima la circulación de vehículos o para disminuir el arrebato de celulares se prohíba su uso en lugares públicos. Y ya no hablemos de la evidente migración delincuencial que sucederá a otros distritos menos resguardados que los hoy “beneficiados”.

El Estado peruano ha claudicado y si ese va a ser el tenor de las facultades graciosamente delegadas por un Congreso sumiso y torpe, estamos derrotados de antemano frente a la galopante delincuencia que ya constituye el principal problema nacional, según diversas encuestas.

Se requiere un plan integral que incluya de modo esencial el combate a la corrupción existente en el seno de nuestras propias fuerzas policiales, donde muchos de sus altos mandos deben estar coludidos sin duda con las bandas delincuenciales que azotan las principales ciudades del país, mediante el canje de cupos por impunidad o la vista gorda. De eso ni una palabra.

De otro lado, ¿alguien cree que el extorsionador va a cesar en sus actividades porque se suspenden las fiestas a partir de cierta hora o porque salen patrullas militares a rondar las calles? El Tren de Aragua debe hoy estar festejando la pusilanimidad de un gobierno mediocre (si no fuera por el de Castillo, el de Boluarte sería, sin duda, el peor gobierno de los últimos cincuenta años y paremos de contar).

Las bases mismas del contrato social -que el ciudadano le otorga el monopolio de la fuerza al Estado para que lo proteja y garantice la convivencia pacífica- han sido rotas en mil pedazos por el propio Estado, ineficiente y corrupto, que en el área de la seguridad ciudadana permite la proliferación de bandas delincuenciales que actúan muchas de ellas, si no todas, en complicidad con los hombres de uniforme, sin que nadie del Ejecutivo tome cartas en el asunto.

Las facultades delegadas no van a servir para nada. Todos los expertos en seguridad ciudadana coinciden en que, salvo una o dos iniciativas, el resto de lo planteado es puro fuego artificial, inútil e inconducente. La delincuencia nos ha ganado la batalla por nuestra propia indolencia y falta de reacción ciudadana para exigir, con más vehemencia, que el Estado haga lo que le corresponde hacer.

 

 

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Existe el mito político en el Perú de que las campañas deben ser cortísimas, que no se necesitan sino pocos meses para tentar suerte, y que hacer una campaña larga es exponerse al zarandeo y concomitante perjuicio que dicha exposición conllevaría.

Ni siquiera en circunstancias normales eso es cierto. Keiko Fujimori tuvo que hacer dos o tres años de campaña, con “escuelas naranja”, visitas a provincias y demás, durante buena cantidad de tiempo, para poder compensar el enorme daño que le había producido el comportamiento de su bancada con Pedro Pablo Kuczynski. Y así, logró obtener el 13.4% que le permitió pasar, contra todos los pronósticos, a la segunda vuelta el 2021 y disputarla con el nefasto Pedro Castillo (por cierto, otro sería el país si ella hubiera ganado).

Hoy la situación exige algo similar o de mayor intensidad, porque la cancha está inclinada a favor de la izquierda radical. El 80% de los que desaprueban a Dina Boluarte identifica a su gobierno como uno de derecha y hay, además, regiones enteras (el sur andino) con un ánimo antiestablishment que, salvo un milagro político, no se inclinarán por un candidato de la derecha identificado con el statu quo.

Si en circunstancias normales, es necesario que los candidatos hagan política de largo aliento, en las circunstancias actuales es imperativo. Y eso pasa, obviamente, no por limitarse a escribir tuits o a dar entrevistas en los canales de televisión o radios nacionales, que en provincias no ve ni escucha nadie. Lima no es el objetivo principal sino las otras regiones nacionales.

Y hay que visitarlas, a costa de sufrir eventuales desplantes o manifestaciones contrarias, lo que ocurrirá con mayor intensidad al inicio, pero que luego irá bajando. La presencia física es vital si candidatos como Roberto Chiabra, Carlos Anderson, Rafael Belaunde, Carlos Espá, entre otros, quieren llegar al 2026 (o eventualmente antes, al paso que va este gobierno) con posibilidad de disputarle el terreno a los radicales disruptivos (Antauro, Bellido, etc.) que ya parten con ventaja.

Los candidatos de la centroderecha que no forman parte del establishment tienen que hacer política en serio desde ya. Inclusive, es hasta tarde para que no hayan empezado a hacerla. Tienen que recorrer el Perú palmo a palmo, soplarse amanecidas y desaliento, pero tolerar ello mirando el país con la promesa manifiesta de transformarlo y transmitir ese mensaje a los pueblos olvidados que hoy abjuran de un Estado que no les ha dado atención durante las mejores décadas de crecimiento del país en siglos. Contra eso deben luchar, pero si no lo hacen, mejor que abandonen la contienda y no le resten puntos a la centroderecha, que los va a necesitar a gritos para que siquiera uno de los suyos pueda pasar a la segunda vuelta venidera.

 

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Quien quiera tener alguna posibilidad electoral el 2026 (o antes, ya no se sabe) va a tener que tomar la mayor distancia política posible del régimen fallido de Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola.

El gobierno es una lágrima en cuanto a la resolución de los cuatro principales problemas que aquejan a la población (inseguridad ciudadana, corrupción, crisis económica y salud pública). La seguridad urbana se reduce a cotos muy exclusivos y la mayoría de ciudadanos del país está expuesta a la delincuencia creciente (el Tren de Aragua y el Comando Vermelho actúan con absoluta impunidad). El Perú no es un paraíso para las inversiones sino para el delito y demagógicos estados de emergencia no van a resolver nada.

La corrupción campea en todas las instancias del sector público (desde guachimanes hasta gerentes) con absoluto descaro. La crisis económica ya claramente no depende de factores externos (pandemia y guerra Ucrania-Rusia) sino de factores internos que provocan la caída de la confianza empresarial y el concomitante desplome de la inversión privada, principal sostén del crecimiento económico.

Por su parte la salud pública sigue siendo un desastre. Cerca de 150 mil peruanos acuden todos los días a alguna entidad de salud pública y son tratados como ciudadanos de quinta categoría, sembrando disidencia masivamente. Y el gobierno no mueve un dedo para mejorar ello.

El régimen de Boluarte es el reino de la medianía más rampante. El papelón protagónico de su reciente viaje a Nueva York, donde no se ha reunido con nadie importante, solo refleja la mediocridad estructural de un gobierno que se encontró el poder de casualidad y no ha sabido responder a la altura de las circunstancias.

Y la derecha tonta, empezando por su cúpula empresarial, anda feliz de la vida simplemente porque hay aparente estabilidad y ya no hay conflictos sociales. Y ni qué decir de la clase política de la centroderecha parlamentaria que no agita ni un plumero si cree incomodar al oficialismo del Ejecutivo, no pasando de bravatas verbales o gestos parlamentarios irrelevantes (como la eventual censura a los titulares del Minem y de Defensa).

La oposición se está haciendo a sí misma un flaco favor otorgándole un periodo de gracia permanente a un gobierno que merecería, casi, el mismo maltrato que el desastre de Castillo (quien, a pesar de todo, obtuvo sumisamente la confianza de todos sus gabinetes). Las urnas se lo van a hacer pagar caro.

 

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No solo la derecha, con su fragmentación e inopia, está contribuyendo a que en las próximas elecciones presidenciales sea la izquierda radical, disruptiva y antisistema, la que capture el protagonismo (no sorprendería una segunda vuelta entre dos candidatos de ese perfil), sino que también pone de su parte la llamada izquierda “moderna”, que brilla por su silencio.

Verónika Mendoza, la lideresa de este sector ideológico del país, ha decidido administrar su opacidad y aparecer solo en contadas ocasiones, dejándole la cancha servida a sus rivales políticos (porque la izquierda radical, sobre evidencia, aborrece a los llamados “caviares”).

Y sus principales figuras casi no aparecen. Muy de vez en cuando lo hace Sigrid Bazán, pero, sobre todo, para alentar proyectos laborales antiempresariales. No se le ha visto nunca protagonizar algún acalorado debate con sus vecinos de bancada, los fragmentos de Perú Libre, hoy asociados al fujimorismo y al acuñismo, con desparpajo.

Entre los grandes problemas que las encuestas refieren que preocupan en mayor medida a la ciudadanía, figura, de modo particular, la creciente crisis económica. ¿Alguien ha visto a Humberto Campodónico, Pedro Francke, Oscar Dancourt, Kurt Burneo o algunos de los muchos economistas de izquierda, prodigarse en los medios para plantear alternativas de solución? No aparecen.

En los temas de seguridad sí tienen presencia, pero es a título personal, no hay una postura partidaria que proponga alternativas de salida a este gravísimo problema social. Frente al llamado “plan Boluarte” o ante el pedido de facultades delegadas, esta izquierda no dice nada relevante.

Si la idea es guardar combustible para las elecciones están cometiendo un grave error. Porque no es que tengan un capital político que deban atesorar. Al contrario, no tienen esos activos, y, más bien, deben buscar tenerlos a punta de hacer política, lo que incluye alcanzar algún protagonismo mediático, cosa que no están haciendo.

Entre la centroderecha torpe y fragmentada y la izquierda moderada, ausente y vacua, le están dejando la pista libre a los aventureros radicales, que cosecharán el inmenso descontento existente y el hartazgo ciudadano con el statu quo.

 

 

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Tener un Ejecutivo con 80% de desaprobación y un Legislativo con 90%, en medio de coyuntura económica crítica (la memoria peruana de los últimos treinta años no tiene registro de algo semejante), convierte al país en yerba seca, lista para ser encendida a la menor chispa.

Un abuso de poder más, un nuevo acto de corrupción, un traspiés político de la presidenta Boluarte, una declaración infeliz de algún ministro, un mochasueldo adicional, pueden colmar la paciencia y hacer que el usualmente pasivo ciudadano peruano decida romper lanzas y salir a las calles a arrasar con lo que encuentra a su paso.

Ya el sur andino se halla en esa tesitura, no así Lima ni la costa norte, pero ya los impactos de la pobreza urbana creciente se empiezan a sentir en las zonas más prósperas del país y no sorprendería que los sectores CDE de estas regiones decidan tomar acción.

El gobierno de Dina Boluarte es un fiasco, una sumatoria de mediocridad e inoperancia. Nada ha mejorado, salvo el nivel de algunos ministros que no han entrado directamente a robar, como sucedió en el caso de Castillo, pero no son capaces, a pesar del tiempo transcurrido, de mostrar resultados tangibles de sus respectivas gestiones.

El pueblo se puede dejar mecer un tiempo, pero cuando se percata claramente del engaño, sabe reaccionar. Ya lo ha demostrado en otras ocasiones, inclusive en las jornadas de diciembre y enero últimas donde buena parte del país se opuso violentamente a la llegada al poder de Dina Boluarte y la salida de Pedro Castillo. Ese sentimiento de indignación está allí presente, no ha amainado (a ver que algún ministro o congresista visite buena parte de las ciudades del sur para que vean cómo son recibidos).

Hasta hace algunos meses, el pronóstico político más probable era que Boluarte durase hasta el 2026. Esos plazos, sin embargo, se vienen acortando por la cantidad de errores y tropelías que los dos principales poderes del Estado cometen con especial empeño. Un hecho que en otras circunstancias pasaría desapercibido políticamente hablando, para las grandes mayorías, como la eventual destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, podría, en la perspectiva que señalamos, ser uno de los detonantes referidos que harían estallar al país nuevamente en una espiral de protestas y desazón generalizada.

 

 

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La eventual y probable censura de los ministros de Defensa y de Energía y Minas, por parte del Congreso, marcaría un hito político significativo en la atmósfera reinante entre ambos poderes del Estado.

Se rompería, ante la opinión pública, el presunto pacto de gobernabilidad establecido entre Ejecutivo y Legislativo, y podría ser el anticipo del escalamiento mayor de una situación de conflicto.

Alguna vez lo dijimos: este gobierno va a durar el tiempo que la derecha demore en darse cuenta de que su permanencia en el poder la afecta en sus expectativas electorales. Y ya se está dando cuenta que un gobierno mediocre e incompetente y la asociación que los sectores ciudadanos establecen entre aquél y la clase política dominante en el Congreso, va a afectar sobremanera las posibilidades electorales de cualquier candidato surgido de esas canteras.

El “pacto derechista” que la izquierda ha logrado establecer como narrativa dominante respecto de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, le va a generar inmenso costo electoral a cualquier candidato de la centroderecha que incursione al amparo de los partidos del establishment. Solo podrán competirle de igual a igual a los disruptivos radicales de izquierda, aquellos candidatos de la centroderecha surgidos de fuera del statu quo.

El 80% del mundo andino va a votar como en la segunda vuelta del 2021 a favor de un candidato que le patee las canillas a los representantes de este orden establecido que no solo produce crisis política sino, lo que será cada vez más grave con el Niño, crisis económica.

Y, como estrategia diferenciadora, ello implicaría no solo marcar distancia del régimen fallido de Boluarte (solo a los CEO, según la mentada encuesta de Ipsos, se les puede ocurrir que la vigente “estabilidad mediocre” es buena para el país), sino empezar a hacer campaña desde ya, con tres años de anticipación. Y particularmente, en las zonas refractarias vigentes.

-La del estribo: feliz con las lecturas del club del libro de Alonso Cueto. He descubierto La loca de la casa, de Rosa Montero, un libro fenomenal, y he disfrutado el placer de releer con ojos maduros El viejo y el mar de Ernest Hemingway, qué libro para enseñárselo a los jóvenes periodistas, por su narrativa brillante y cautivante.

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