En reciente entrevista hecha al alimón por varios economistas a Pedro Francke, vocero oficial de Pedro Castillo, publicada en El Comercio, éste no argumenta con fundamentos respecto de por qué es necesaria una Asamblea Constituyente para llevar a cabo el plan de gobierno que, según él, van a aplicar en caso de llegar al poder.

Es una mala noticia esa ambigüedad, porque no renuncian a esa premisa política y de no hacerlo colocarán al país en una pendiente de zozobra permanente. Forzar la Asamblea Constituyente sin tener la mayoría de votos en el Congreso (tienen apenas 42), probablemente lleve al camino de la cuestión de confianza para disolver el Congreso y ver si en esa nueva elección logran la mayoría calificada para sus propósitos, escenario políticamente inseguro dada la movilización activa de la derecha, que probablemente la haga tener mayor presencia, inclusive, que la que tiene actualmente en el Legislativo (44 congresistas).

Y suponemos que no nos vamos a pasar los cinco años de gobierno forzando cuestiones de confianza y disoluciones del Congreso hasta que por fin le toque en suerte uno que le permita los 87 votos necesarios para reformar la Constitución.

Otro escenario, menos confrontacional, es que logre llegar a un acuerdo con las bancadas de centro (APP, AP, Podemos, Somos Perú y morados), que suman 44 votos y con ellos logre 86 votos, que no le alcanzan para zanjar el tema, pero sí para aprobar por mayoría la reforma que le permita al Ejecutivo convocar a referéndum y convocar a una Asamblea Constituyente (modificando el artículo 206 de la Constitución) y luego de ello convocar a un referéndum.

Habría entonces un primer referéndum para saber si se aprueba la reforma constitucional. Si lo gana, habría otro referéndum convocado ya por el Ejecutivo directamente para ver si se aprueba la Asamblea Constituyente. Si lo gana, se convocaría a dicha Asamblea. Si gana la mayoría en ella, recién podría reformar la Constitución a su antojo.

En medio de toda esta batahola, el país inversor estaría paralizado por la incertidumbre, desperdiciándose el super ciclo de precios de las materias primas que se avecina, que le podrían permitir a Castillo, si despliega un programa moderado y se olvida de la Constituyente, llegar al término de su gobierno con buenas cifras y mejores consecuencias políticas.

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Asamblea Constituyente, Pedro Castillo, Pedro Francke

Está jugando con fuego la derecha, hoy aupada bajo el mando de Keiko Fujimori, al no deslindar con claros pronunciamientos golpistas expresados, por ejemplo, en una proclama firmada por centenares de oficiales militares en situación de retiro conminando a sus mandos en actividad a que tomen cartas en el asunto e impidan la proclamación de Pedro Castillo como Presidente, bajo la sola sospecha, aún no probada, de que ha habido un fraude electoral en el Perú para favorecer un triunfo ilegítimo del mencionado candidato y que éste asuma el poder espuriamente.

Se entiende la desazón y eventualmente la convicción de algunos voceros de Fuerza Popular respecto de que su eventual derrota se ha debido a maniobras irregulares en ciertas localidades del país donde Perú Libre logró alzarse con el triunfo. De allí que nos parece legítima su lucha legal por lograr que el JNE atienda sus pedidos de impugnación y que no lo limite en función de temas horarios o asuntos menores.

Pero lo que no puede trasponerse es el marco legal para librar esa batalla. Lo que corresponde es pelear hasta las últimas aristas jurídicas posibles, con todos los recursos impugnatorios y legales pasibles de aplicarse a una circunstancia como la que nos toca enfrentar. Pero el telón de fondo sobre el que no debería caber discrepancia alguna es que sea cual sea el fallo final del JNE éste debe ser acatado sin dudas ni murmuraciones.

Si acepta las impugnaciones, las avala y le otorga el triunfo a Keiko Fujimori, aunque las huestes de Castillo incendien el país, el resultado se deberá respetar e imponer. Y si el fallo final favorece a Castillo, las fuerzas crecientemente beligerantes de la derecha deberán aceptar el resultado, resignarse a ver los siguientes cinco años un gobierno probablemente mediocre y negativo para el país, y esperar a que el 2026 el país haya aprendido de la nefasta experiencia y nunca más cometa el error de votar por la izquierda.

La llamada a los cuarteles, directa o indirecta, forma parte de un delirio colectivo al que un sector numeroso de la derecha se está sumando peligrosamente. Paños fríos y racionalidad democrática es lo que cabe anteponer como imperativo en estos momentos de conmoción en un Perú dividido en dos.

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Derecha, Fraude electoral, Golpe de estado

En el caso de ganar Castillo, mucho del destino político y social del país va a depender del papel de bisagra y de contención que ejerza el centro en el Congreso de la República. La izquierda está definida: son 42 (37 de Perú Libre y 5 de Juntos por el Perú); la derecha lo propio: son 44 (24 de Fuerza Popular, 13 de Renovación Popular y 7 de Avanza País).

En el centro recalan 17 de Acción Popular, 15 de Alianza para el Progreso, 5 de Podemos, 4 de Somos Perú y 3 Morados, en total 44. En el escenario de un Castillo tirado al centro, más moderado, con el plan de Francke bajo el brazo, es factible que se llegue a un acuerdo con este numeroso sector de congresistas y lograr así un holgado grupo de 86 votos, con los cuales se podría, sin problemas, hacerse las modificaciones tributarias que se han planteado particularmente para el sector minero (que es de donde Castillo piensa sacar la caja para sostener su proyecto de reconstrucción del Estado en materia de salud y educación).

Pero el elemento de negociación que el centro debería anteponer es que Castillo arríe las banderas de la Asamblea Constituyente. Primero, porque no es necesario para aplicar el plan Francke y segundo porque de querer hacerlo va a someter al país a una zozobra política e incertidumbre social gigantesca, cuyo principal perjudicado va a ser el propio gobierno (con las inversiones privadas retraídas no hay país que pueda prosperar).

La única manera de asegurarnos que el período Francke no sea una primavera rosada que a renglón seguido, apenas se acomode en el poder Castillo, dé paso a un verano rojo liderado por las huestes cerronistas, pasa porque Castillo renuncie a la idea de refundar constitucionalmente el país, pretensión que choca con el rechazo de por lo menos la mitad del país que no votó por aquella.

Meterse el escenario de una eventual disolución del Congreso, nuevas elecciones congresales, o referéndum inicial para ver si se convoca otro que consulte si se va a una Constituyente, elecciones para la misma, etc., teniendo en el medio planeando la posibilidad de una vacancia, sería una demostración de irracionalidad que ojalá Castillo entienda que sería terrible para el país y su propio mandato.

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Centro, Congreso, Pedro Castillo, Pedro Francke

Es políticamente muy importante que la derecha haya logrado el nivel de movilización que ha mantenido en ristre luego del proceso electoral. Más allá de algunos excesos, si se confirma el triunfo de Castillo, se avecinan varias pruebas políticas de primer orden que van a requerir que la mitad del país que votó por la derecha no se adormile o se desactive.

Aun en su plan moderado -el de Francke y Dancourt- el eventual gobierno de Castillo no descarta el camino del referéndum y de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Ello nos va a llevar a un nivel de confrontación permanente.

La única manera de lograr ese propósito pasa por conseguir 87 votos en el Congreso en dos legislaturas. No los tiene. Segunda opción: 66 y posterior referéndum. Tampoco los tiene.

Lo que va a hacer Castillo, si no desiste de la idea de la Constituyente, es presentar un proyecto de reforma constitucional del artículo 206, en el cual se plantee que el Ejecutivo pueda convocar directamente a un referéndum para disponer que el pueblo decida. Y hacer cuestión de confianza de ello.

Negada dos veces la cuestión de confianza, disolverá el Congreso. En consecuencia, habría elecciones prontas para nuevo Congreso. Allí la derecha tendrá que dar una batalla para ganar la mayor representación. Si la pierde y Castillo consigue la mayoría absoluta (87 congresistas) para aprobar reformas constitucionales, ya no habría necesidad de una Constituyente.

Pero si Castillo no consigue si no mayoría relativa, aprobará la reforma y deberá convocar a un nuevo referéndum para saber si se aprueba o no esa reforma constitucional. Segunda batalla política de la derecha será ganar ese referéndum. Si Castillo lo gana, podrá desde el Ejecutivo convocar otro referéndum ya para decidir explícitamente si se convoca a una Constituyente. Tercera batalla de la derecha.

Si finalmente se convoca a elecciones para conformar una Asamblea Constituyente, será la cuarta batalla política que la derecha tendrá que dar para impedir que suceda lo de Chile y se imponga una mayoría de izquierda que logre cambiar el modelo que tantos éxitos le ha dado al país.

Para librar todas las contiendas electorales señaladas, en caso de ganar Castillo y persistir en su despropósito (no se necesita cambiar la Constitución para desplegar un gobierno de izquierda moderado como el que anuncian Francke y Dancourt), la derecha tiene que mantener el músculo entrenado y el activismo al tope.

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El ganador de las elecciones que asuma el Ejecutivo -hasta que el JNE no falle, no se puede asumir nada oficialmente- se enfrentará a un Congreso tan o más populista que el actual.

La composición fragmentada del mismo (hay diez bancadas, ninguna con mayoría absoluta), el hecho de que 122 de los 130 ejerzan por primera vez el cargo (un Parlamento novato), la naturaleza ideológica de sus miembros (solo hay 44 de derecha antipopulista), no genera buen pronóstico.

Si a los 37 de Perú Libre, le sumamos los 17 de Acción Popular, los 15 de Alianza para el Progreso, los 5 de Juntos por el Perú, los 5 de Podemos y los 4 de Somos Perú, quienes han demostrado ser materia dispuesta para cuanto despropósito legal se le ocurriera a alguno de sus colegas, suman nada menos que 81 votos fácilmente prestos a aprobar cualquier iniciativa populista regulatoria, como las que han abundado en el Legislativo vigente.

Hay que agregar el dato de las próximas elecciones regionales y municipales que seguramente llevarán a que muchos parlamentarios traten de sembrar políticamente a favor de sus partidos para que obtengan mejores resultados en dichos comicios. Se viene un carnaval de iniciativas antimercado.

Este Congreso, elegido en enero del 2020, presentó entre marzo del 2020, que asumió, hasta junio del 2021, nada menos que 969 proyectos de normas que se entrometían en el manejo macro y microeconómico del país, teniendo como principales blancos el sistema financiero y el de las AFP. Más allá de que muchos de ellos no prosperaron, revela una fruición digna de mejores causas legislativas, habiendo tanto por hacer en ese sentido.

Va a ser un problema para el Ejecutivo lidiar con estos arrebatos. Que desde el Legislativo se petardee su plan de acción, distorsionando la política económica general, será uno más de los problemas con los que el gobierno entrante tendrá que lidiar, aparte de la pandemia y la recesión económica.

Será necesario que el Ejecutivo plantee un gobierno multipartidario, que incluya miembros del Congreso en el gobierno quizás o establezca pactos muy explícitos, para lograr que se establezca un compromiso de no intromisión en asuntos regulatorios. De otro modo, será un festín de irresponsabilidades el que desde el Congreso veremos perpetrarse los siguientes cinco años.

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Congreso, Ejecutivo, JNE

En la charla organizada por el Citibank, en la que participaron los economistas Pedro Francke y Oscar Dancourt, y que tanta tranquilidad ha generado en los agentes de inversión, por las posturas evidentemente más moderadas que ambos expositores desplegaron respecto de las propuestas originales contenidas en el ideario auroral y el Plan Bicentenario de Perú Libre, hay un cabo suelto que es menester advertir.

Es cierto que se descartan estatizaciones, confiscaciones de ahorros o controles de cambios. A la vez, señalan que se respetará la autonomía del BCR. Se mantendrán contratos de estabilidad tributaria y se respetarán las cuentas de las AFP. Todo ello suena muy bien. Pero a renglón seguido señalan que se mantendrá el principio de plantear un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente.

Ello implica necesariamente zozobra política y económica. La única forma de lograrlo pasa por aprobar con 87 votos en dos legislaturas, o con 66 en una y convocatoria a referéndum. No tiene esos votos. En un escenario radical Castillo solo tiene 42 votos en el Parlamento (los 37 propios más los 5 de Juntos por el Perú); en un escenario moderado podría aumentar a 77, si los cerronistas no se separan por su moderación. En ese caso, si las otras bancadas se suman al proyecto constituyente, sí le alcanzaría para aprobarlo en una legislatura y convocar a referéndum.

Pero lo más probable que es que Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú o los morados no se sumen a ese empeño y así restringirían las posibilidades de Castillo a plantear un escenario de colisión frontal con el Congreso.

Tendría que presentar un proyecto de ley para modificar el artículo 206 y agregar a las vías de reforma constitucional la del referéndum planteado por el Ejecutivo y posterior convocatoria a una Constituyente. Y hace cuestión de confianza de ello. Se la niegan una vez, cae un gabinete. Lo vuelve a presentar, se la niegan nuevamente, cae un segundo gabinete y disuelve el Congreso.

En esa tesitura o lo vacan antes o lleva al país a un derrotero de zozobra e inestabilidad, donde habría que convocar primero a nuevas elecciones congresales, luego esperar a que dicho Legislativo sí apruebe la reforma castillista y si es así realizar el referéndum y luego de eso, si lo gana, convocar a una Asamblea que durante un año discutirá la nueva Constitución. Zafarrancho innecesario. Los planteamientos de Francke y Dancourt no requieren cambios constitucionales para llevarse a cabo. Huele a gato encerrado.

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Oscar Dancourt, Pedro Francke, Perú Libre

Entre tanto se define el proceso electoral en el Jurado Nacional de Elecciones, ya se van produciendo realineamientos al interior de Perú Libre, partido que según el conteo rápido de Ipsos y el escrutinio de la ONPE ganó la elección, pero que debe esperar, como corresponde, a que el JNE dé la última palabra.

Claramente hay un intento de moderación del discurso ideológico original del partido del lápiz, que pasa por la convocatoria de técnicos como Pedro Francke y Oscar Dancourt, quienes esta semana han tranquilizado a los mercados al señalar los planteamientos que llevarían a cabo (salvo por la insistencia en una Asamblea Constituyente, planteamiento máximo al que Castillo debería renunciar dada la correlación de fuerzas congresales y la polarización social del país que conllevaría).

Pero este esfuerzo está claramente saboteado por las fuerzas cerronistas (22 de 37 congresistas de Perú Libre obedecen a Cerrón), que trata de “invitados” a los técnicos independientes que se acercan a Castillo y los pretende intimidar con el subrayamiento de que quien ha ganado las elecciones es Perú Libre, no siendo ello verdad, porque si no fuera por Castillo, PL habría sacado al histórico 5 o 6% que lo acompañó en los últimos procesos electorales (leer estupendo informe de Juan Carlos Chamorro sobre las tensiones internas en PL, hoy en Sudaca: ¿Cerrón sigue mandando?: La sombra que impide la moderación del plan de Castillo

Si Castillo emprende ese camino de moderación y despliega igual un gobierno de izquierda -nadie le niega ese derecho- puede lograr convocar a otras fuerzas en el Congreso (Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, eventualmente Podemos), que le permitirían gobernar sin que el chantaje cerronista lo ate de manos y lo someta al tironeo entre el ala radical de su propio partido y la derecha movilizada que se agrupa en Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

Lo primero que deberá hacer Castillo apenas se defina legalmente la elección es tomar la decisión de cuál camino seguir. Si oye los cantos de sirena de Cerrón, pondrá a su gobierno al filo de la navaja, con un escenario de vacancia en la epidermis congresal. Debe entender que la mitad del país no ha votado por el camino convocado por él, y dentro de sus propios votantes la inmensa mayoría tampoco debe comulgar con un escenario de zozobra y polarización permanente. ¡Que lo mande a Cerrón de embajador en Cuba!

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JNE, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

El Jurado Nacional de Elecciones no puede cometer las torpezas que ha cometido ayer, al  dar pie, primero, a una ampliación del plazo para presentar impugnaciones, y luego retroceder en dicho propósito, al entender que ello vulneraba la legislación vigente.

Genera una impresión de parcialidad o de impericia que preocupa, ad portas del proceso de revisión de las actas observadas por la ONPE y las impugnadas tanto por Fuerza Popular como por Perú Libre.

Es más, ni siquiera hay ciencia cierta respecto de cuántas actas estamos hablando. Se menciona en las redacciones periodísticas que solo ingresaron 160 (si fuera así, el triunfo de Castillo sería irreversible), otros mencionan que entraron al final las más de 800. En fin, ello, quien debería precisarlo con celeridad y claridad es el propio JNE y no dejar que crezcan las voces que hablan de un fraude a la vista.

En una elección no sólo reñida sino polarizada ideológicamente, con gente movilizada en las calles de ambas partes, es imperativo que el JNE se conduzca con extraordinaria transparencia. Debería seguir, en ese sentido, el ejemplo dado por la ONPE que dispuso un equipo de respuesta inmediata en las redes sociales a la infinidad de fake news que circularon y aún circulan por doquier.

Sea cual sea la decisión final del JNE, habrá controversia y eventual tumulto. Pero si esa decisión sucede en medio de cuestionamientos a la probidad moral y profesional de los miembros de la autoridad electoral, el riesgo de una escalada del conflicto crece.

Las elecciones del bicentenario colocaron al frente a dos personajes discutidos hasta por sus propios votantes. Se habló por ello de votos vigilantes y críticos en ambos casos. Sabíamos, pues, que se venían y vienen tiempos complicados política y socialmente hablando. En ambos escenarios.

Lo peor que le podría pasar a un proceso social que de por sí ya va a ser azaroso y lleno de zozobra, es que el JNE no le brinde legitimidad a su fallo final respecto del portavoz final del mandato popular.

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Elecciones 2021, JNE, ONPE

El Ministerio Público debería proceder, si cabe la figura legal, a denunciar penalmente a aquellos que, sediciosamente, andan promoviendo públicamente la participación de las fuerzas armadas para que “impongan el orden” e interrumpan el proceso electoral que hasta el momento le viene dando el triunfo a una opción de izquierda, como la de Pedro Castillo.

El respeto a la voluntad popular es una causa que excede los términos de izquierda y de derecha. Todos los que, inclusive, votamos críticamente por Keiko Fujimori, estamos obligados moral y políticamente a defender la democracia, aún si ésta arroja resultados diferentes a los que nuestra voluntad particular expresó en las urnas.

Es hora nuevamente de que la derecha separe la paja del trigo dentro de sus propias huestes. No es admisible dentro de los predios de la derecha liberal que se admita criterios tales como que es preferible un golpe antes que un  gobierno de izquierda.

Sigo creyendo firmemente que un gobierno de derecha liberal es lo que el Perú necesita para salir de la crisis institucional, política y económica por la que atraviesa el país. Un gobierno que despliegue un shock de inversiones capitalistas y le sume la reconstrucción de un Estado excluyente y deficiente como el que tenemos.

En esa medida, si se confirman los resultados del conteo rápido y de la ONPE, creo que el país ha perdido una oportunidad de lograr ese salto de calidad y que la izquierda encarnada en Pedro Castillo, aún si opta por un camino moderado, hará una gestión mediocre y generadora de más problemas que beneficios al país.

Pero ello no es argumento para sostener la insensatez delictiva de que la democracia peruana no debe tolerar que ese escenario se ejecute. Si la mayoría optó por un gobierno de izquierda, pues que se lleve a cabo. Habrá que estar vigilantes de que respete la democracia que lo ungió y no petardee las instituciones ni el Estado de Derecho, pero si se comporta dentro de los márgenes de la ley, habrá que respetar su gestión, no sabotearla, y esperar paciente y democráticamente a que en la próxima elección el país opte por una mejor alternativa. Eso es lo que corresponde.

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Elecciones 2021, Golpismo, Izquierda Radical
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