Una respuesta lacerante, por los efectos corrosivos que contiene para la democracia, es aquella que responde a la pregunta de cuán interesada está la ciudadanía respecto de la política.

Según la última encuesta de Datum, al 43% le interesa poco informarse sobre política y al 28% le interesa nada, 71% a la que le resbala simplemente todo lo que tiene con ver con la política nacional.

Esta respuesta calza perfectamente con otra medición del IEP, donde al 68% de la población le interesa poco (26%) o nada (42%) la política. Un desdén por los asuntos públicos de gobierno alarmante.

Alarmante porque supuestamente transitamos por una seria crisis política, que tiene los reflectores de la prensa permanentemente prendidos sobre ella, pero que a pesar de tal, no concita el desvelo de la mayor parte de la ciudadanía, a quien seguramente la preocupa mucho más el futuro de Cueva en el fútbol peruano que lo que acontece en el damero de Pizarro o la plaza Bolívar.

Ese ciudadano “alpinchista” es el que luego, como suele suceder en el Perú, vota por joder, y así, aparecen candidatos que reflejan ese estado de ánimo y generan una ruleta de la suerte que, al final, puede tirar por la borda años de esfuerzo partidario, programático, de convocatoria de buenos equipos de gobierno o listas congresales.

Tiene que ver también este desinterés con la poca movilización ciudadana que genera el actual statu quo, con una alianza fáctica deleznable y funesta entre el Ejecutivo y el Congreso. A la mayoría no le importa. Está más preocupada -como también revelan las encuestas- en superar el páramo económico, la sensación devastadora de que la corrupción nos gobierna y la terrible incertidumbre vital que genera la descontrolada inseguridad ciudadana.

El resultado de todo ello es una anomia republicana que reviste los peores pronósticos para el 2026. Pobladores sin república debió haberse llamado el libro de Alberto Vergara. La ciudadanía es una aspiración colectiva aún pendiente.

 

Ya uno no sabe qué conclusión extraer respecto de las encuestas de autodefinición ideológica. Varían entre sí y a veces, dependiendo de la fecha en que se realizan, lo hacen sideralmente dentro de la propia encuestadora.

La última encuesta de Datum, por ejemplo, señala que el 27% de la ciudadanía se identifica de derecha, 21% de centro y 13% de izquierda. El resto de encuestadoras arroja casi un empate, con mayor predominio del centro.

Dicho sea de paso, una sugerencia a las encuestadoras: deberían repreguntar a los encuestados por qué se dicen de derecha, de centro o de izquierda. Ello podría ayudar mucho a trazar un mejor mapa de identidades ideológicas, aun cuando nos resulte claro que no es un predictor electoral (ya hemos visto el 2021 a gente de derecha, o autodefinida así, votando por Castillo)

Vamos a elegir, por ello, un aspecto de la respuesta que, para el caso, nos parece más relevante: 34% no se identifica con ninguna de ellas y en abril de este año solo decía no hacerlo el 21%. En la triada derecha-centro-izquierda, las cifras casi no se mueven entre ambas fechas.

Esta aparente desideologización sería el mejor reflejo del creciente hartazgo ciudadano por la política, esta sí corroborada por todas las encuestadoras. Y ese grueso sector poblacional es materia prima dispuesta a terminar votando por algún candidato radical antisistema, que prometa patear el tablero, poner el país de cabeza y refundarlo desde sus cimientos, por lo general una propuesta autoritaria y vertical.

Ese es el mayor peligro al que nos asomamos el 2026. Porque si le sumamos la inmensa fragmentación (habrá cerca de 60 candidatos), la posibilidad de que con un 7 u 8% de la votación un candidato pase a la segunda vuelta es muy alta, como sucedió el 2021, con las consecuencias políticas que hasta hoy sufrimos.

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La lideresa de Fuerza Popular y el dueño de Alianza para el Progreso, Keiko Fujimori y César Acuña, respectivamente, deben pagar una factura colosal el 2026, cuando intenten postular a la Presidencia, por el apoyo desembozado al delictivamente mediocre régimen de Dina Boluarte.

El pueblo debe tener memoria histórica y recordar que el gobierno repudiado por el 95% de ciudadanos, se sostiene gracias al apoyo que le brindan estas dos agrupaciones en el Congreso (junto a Avanza País y Perú Libre) a cambio de migajas de poder, que revelan la entraña miserable de las dos agrupaciones señaladas.

En particular, destaca el caso de Keiko Fujimori, porque ella aparece en las encuestas con la más alta intención de voto y seguramente creerá que con un par de gestos beligerantes, de acá a un año, en contra del gobierno, logrará que el pueblo olvide estos años de connivencia con el peor gobierno republicano que hemos tenido, después del horrendo periodo de Pedro Castillo.

Sorprende que algunos duden de si Keiko va a ser la candidata o lo va a ser su padre. Tremendo cuento chino. Alberto Fujimori sabe que no puede postular, por razones constitucionales y por temas de salud y edad. Keiko está jugando la estrategia de capturar el albertismo, repitiendo la misma táctica que empleó el 2021, donde al amistarse con su padre logró que en el imaginario popular su actuación congresal -el sabotaje a PPK- sea pasada a segundo plano o, en todo caso, que no le afectara tanto como para impedir su pase a la segunda vuelta.

Aunque abominen del cierre del Congreso perpetrado por Vizcarra, a los fujimoristas les convino que ello ocurra porque de haberse mantenido ese Congreso, con absoluta mayoría naranja, hasta el 2021, Keiko no pasaba a la segunda vuelta de ninguna manera. Esta vez, ni una vacancia el 2025 a Dina Boluarte logrará salvarla del oprobio, porque esa vacancia daría pie a un gobierno congresal dominado por Fuerza Popular o a un desmadre callejero para que se vayan todos, en la que su partido sería el principal blanco.

La factura política electoral la debe pagar el fujimorismo. La derecha debe entender que su fragmentación solo ayudaría a que nuevamente el fujimorismo dispute la jornada definitoria que por justicia política no merece.

Es tal la penetración de las economías ilegales en la política peruana, generada con mayor impunidad desde el gobierno de Pedro Castillo, pero mantenida y acentuada por el régimen actual, que recuperar el país de esas mafias le va a costar al gobernante que emprenda esa tarea una resistencia violenta y sangrienta.

De por sí, que no sorprenda si durante la campaña algún candidato que ponga especial énfasis en ello pueda ser víctima de un atentado. Los miles de millones de dólares que mueven la minería legal, la tala de maderas, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el transporte informal, los sindicatos mafiosos de la construcción civil, las bandas extorsivas de cupos, los ha empoderado al punto de animarse a infiltrar la política y las principales instituciones del país.

¿Se ha preguntado por qué no hay “operaciones Walquiria” contra estas mafias? ¿Por qué no hay megaprocesos judiciales? ¿Por qué no hay operativos policiales o recursos de inteligencia destinados a capturar a los cabecillas de estas verdaderas organizaciones criminales? ¿Por qué en el Congreso se dictan normas recurrentes a su favor? ¿Por qué los gobiernos regionales no mueven un dedo por tocar sus intereses y más bien conviven “armoniosamente” con ellas?

El país que, con sus terribles defectos y ausencias reformistas, padecimos entre el 2001 y el 2021, ya lo hemos perdido. La transición no fue hacia una mejor democracia, más arraigada y sólida, sino hacia la conformación de una sociedad cercana a la categoría híbrido criminal que portales de investigación como Insight Crime le asignan a regímenes como el de Maduro, en Venezuela.

Va a costar sangre romper ese statu quo. Laresistencia de estos grupos criminales será violenta. Ocurrirá como en México cuando el presidente Felipe Calderón decidió darle lucha frontal al narcotráfico (nunca México tuvo tantos muertos como en esa época). No vienen tiempos fáciles para el país, sobre todo, si nos toca en suerte un gobernante democrático decente, decidido a acabar con estas mafias.

Pero queda claro que esta es la primera tarea gubernativa por desplegar si se quiere que la democracia y la economía de mercado sigan siendo los ejes vitales sobre los cuales se mueve el carromato de la nación peruana.

-La del estribo: una recomendación insoslayable. ¡Acudan a ver Como una uva seca al sol, de Lorraine Hansberry, que dirige magistralmente Ebelin Ortiz, con actuaciones de primer orden de un elenco mixto, de experimentados y noveles! Es, de lejos, lo mejor que se ha puesto en teatro este año en la cartelera limeña. Va en el Centro Español del Perú hasta el 7 de octubre. Entradas en Teleticket.

Siguiendo con la saga: a leer Crónicas con garra, del gran periodista Rubén Marruffo. No es la historia del centenario del equipo más grande del Perú, sino un conjunto de anécdotas interesantísimas, muy bien narradas y con solvencia de datos. Como dice su autor, es el “detrás de cámaras” con historias desconocidas para la mayoría de hinchas cremas.

El asesinato de Arturo Cárdenas, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios es tremendamente grave. Es el equivalente a que las mafias del oro ilegal hubieran asesinado al gerente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Constituye un escalamiento de la violencia asesina por parte de los sindicatos mafiosos que quieren controlar los cupos que se pagan en las obras de construcción y que el gremio formal combate desde hace décadas.

Si tuviéramos un gobierno decente y solvente, ello hubiera merecido de inmediato una convocatoria de emergencia al ministro del Interior por parte de la presidenta Dina Boluarte, la convocatoria del Consejo de Estado, la invitación a una conferencia de prensa o un mensaje en cadena nacional.

Pero no, nada de eso ocurrió. La presidenta no convocó ni al ministro del Interior (no figura en su agenda y aquél se la pasó reunido con el titular del Congreso hablando sabe dios de qué pavadas), no invitó a las principales autoridades llamadas a combatir la delincuencia, más bien, se entretuvo dando un espectáculo penoso junto a su ministro de Educación jugando una pichanguita de vóley en el patio de honor de Palacio de Gobierno.

Han hecho bien los principales gremios empresariales y sindicales en hacer un enérgico llamado conjunto a que el gobierno tome acciones, han actuado con propiedad los líderes políticos que le exigen al régimen mayor seriedad y desvelo en el manejo del tema.

La mediocridad y frivolidad de este gobierno ya no admite tolerancia. Y hace bien la derecha fáctica y política en manifestarse irritada. El monopolio de la indignación por un gobierno chicha, corrupto, incapaz y mercantilista no puede ser de la izquierda.

No hay nada, lamentablemente, que nos haga pensar que este gobierno va a ser algo serio, coherente y bien diseñado sobre el tema de la creciente inseguridad ciudadana. El país será dominado por las mafias delictivas, por las verdaderas organizaciones criminales y no por las inventadas abusivamente por fiscales ignorantes o envenenados por el odio a sus adversarios.

Como en muchas otras cosas, habrá que esperar a que el 2026 -u ojalá antes- las urnas lleven a Palacio a alguien que mire el país con seriedad y sentido del deber cívico, lejos del dechado de frivolidad e indolencia que hoy nos gobierna.

 

Vengo escribiendo columnas diarias desde el año 2000, cuando era director de Correo. Con intermitencias, por renuncias o despidos, me he pronunciado cotidianamente sobre la realidad política casi veinticinco años. Y por lo general, a la hora de sentarme frente a la computadora a expresar una opinión, tenía tres o cuatro temas sobre los que escribir y debía elegir el que me parecía más interesante.

Desde hace un par de años, esa variedad electiva se ha perdido. Me paso minutos varios pensando sobre qué escribir. No encuentro tema. A pesar de lo folklórica y variopinta de la política peruana, no hay asuntos relevantes de los qué opinar.

El gobierno no despliega políticas públicas, basadas en evidencia. Gobierno en plan de supervivencia, con gazapos ministeriales contínuos (ya el periodismo de investigación se centra especialmente en contrataciones cuestionables de organismos públicos), pero es un páramo.

El Congreso es una fuente de desastres permanentes, pero se comenta una vez sobre ello y paremos de contar. No hay reformas legislativas importantes, no hay grandes debates legislativos, no hay siquiera propuestas de interés.

Los partidos políticos, a pesar de que, al parecer, van a llegar a la cincuentena para el 2026, aún preparan sus planes de gobierno -los que buenamente los van a preparar, ya que la mayoría llenará de lugares comunes sus programas gubernativos- y no entran al debate frontal de ideas. No hay grandes enfrentamientos entre la izquierda y la derecha y el debate ideológico es un desierto.

Hay que aguzar la imaginación para poder escribir diariamente sobre la política peruana y se corre el riesgo de tener que ser reiterativo sobre ciertos temas, aunque ciertamente vale la pena hacerlo hasta el cansancio sobre algunos (por ejemplo, sobre la punible irresponsabilidad de que la derecha vaya tan fragmentada al proceso electoral, o que la izquierda ha abandonado los cartabones democráticos radicalizándose cada vez más).

A seguir remando, sin embargo, con mucha paciencia, tesón y sentido de responsabilidad. Ante la ausencia de debate y polémica en nuestra paupérrima clase política, corresponde a los espacios de opinión periodísticos, trazar derroteros, abrir espacios de reflexión, encontrar con esfuerzo líneas interpretativas no tan evidentes, y apostar a que ello mejorará en algo el panorama político de acá al crucial y definitorio 2026, fecha electoral en la que el Perú se juega mucho. No se puede tirar la esponja.

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Congreso, política peruana

Desmontando el Estado regulatorio que Ollanta Humala se esmeró en construir, retrocediendo en las reformas económicas estrenadas en los 90 y que fueron continuadas por Toledo y García, se podría generar nuevamente el estado virtuoso de la primera década del siglo.

La pandemia ha trastocado todo, inclusive los ánimos políticos y ha hecho estallar la disconformidad con el modelo económico, entendiendo como tal no solo los principios de una economía de mercado, sino, sobre todo, la provisión de servicios básicos de calidad (salud y educación, seguridad y justicia, particularmente).

Ese debe ser el mensaje central, empaquetado en un alejamiento extremo de los políticos tradicionales, aborrecidos hoy por la ciudadanía. El statu quo es detestado por la población y ya lo está expresando de mil maneras, incluidas las encuestas.

Fondo y forma van a ser esenciales en esta campaña electoral. Mensajes y rostros nuevos pueden tener un nivel de aceptación gradual mayor que el que albergarían los envases tradicionales y mucho peor los identificados hoy con el gobierno de Dina Boluarte.

A los nuevos candidatos que se asoman con esas características no les puede pasar lo de Vargas Llosa en los 90, que sucumbió cuando se mostraron impunes, a su costado, con una campaña publicitaria ostentosa, los rostros de Acción Popular y el PPC, dos agrupaciones entonces desprestigiadas, por hacer sido corresponsables del desastre del 80-85 (la tragedia de esa década no empezó con el apocalipsis de Alan García).

La mesa está servida para la izquierda radical, lo hemos dicho, pero hay suficiente tiempo para revertir esa tendencia, si la centroderecha hace un trabajo inteligente, despliega programas de gobierno atractivos y disruptivos y, además, se asesora en términos de marketing político con las nuevas técnicas que hoy se aplican en el mundo.

Hay que remar con fuerza e inteligencia en esa línea. Ese trabajo dará frutos, sin duda, y lo veremos apenas empiece la campaña electoral. Se debe empezar a sembrar desde ya -como algunos partidos ya lo están haciendo- y no cabe duda que el país puede dar un giro que refuerce el modelo y lo haga moderno e inclusivo, cosa que no ha ocurrido en estos 25 años de transición post Fujimori.

Hay quienes piensan que es posible que el 2025, en un afán de tomar distancia del gobierno, las bancadas que hoy lo sostienen, se le voltearán y podrán llegar, inclusive, a la vacancia.

Es un escenario improbable. ¿Imaginan ustedes si cualquier régimen que surja de las entrañas de un Parlamento tan desprestigiado podrá sostenerse en el poder o sufriría el mismo fenómeno que se tumbó a Merino? Esto es lo más probable que ocurra. Nadie de la oposición en su sano juicio se va arriesgar a semejante traspiés ad portas de un proceso electoral. No es por allí que podría venir un fenómeno político que recorte el mandato de una presidenta tan impopular como Dina Boluarte.

Es solo la ocurrencia de un fenómeno de masas callejeras el que podría hacer que Dina Boluarte se vea obligada a renunciar. Hoy se ha logrado, a pesar del inmenso malestar que el régimen produce, una relativa paz social, pero ya hay una sucesión de síntomas, que aislados no significan mucho, pero que reunidos pueden estar mostrando que la paciencia popular ya está en su límite.

Hemos sido testigos en las últimas semanas de múltiples muestras de irritación popular, algunas con desenlace indeseablemente violento, pero que dicen mucho del telón de fondo que signa a la ciudadanía del Perú, harta de sus políticos, de todos en general (muy pocos se salvan), y que hoy empieza a manifestarse por el momento inorgánicamente.

Basta un detonante, que puede ser cualquier medida administrativa irritante, para que se incendie la pradera. Y si eso ocurre este gobierno no aguanta ni tres días en Palacio.

Por allí veo la única manera de que este gobierno no dure hasta el 2026. Desde el escenario político del Congreso no va a surgir ninguna iniciativa que lo promueva porque no le conviene a nadie. Prefieren a Boluarte como monigote en Palacio y ellos seguir gobernando desde la comodidad impune de sus curules.

El régimen chicha, mercantilista y lindante con la criminalidad que hoy nos rige, ha encontrado su punto de equilibrio y no lo va a deshacer por más que las encuestas lo descalifiquen.

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Dina Boluarte, elecciones 2026

A propósito de una columna mía referida al interés especial que iba a colocar en los programas de gobierno que los candidatos al 2026 presenten, sin que me importe mucho si pegan o no en las encuestas y que iba a votar por quien presentase mejores propuestas, me escribe el líder de un partido ya inscrito y me dice lo siguiente:

Hola Juan Carlos

Ya tengo un grupo de 73 personas trabajando en Plan de Gobierno que se han dividido por equipos de acuerdo a su especialidad.

Muchos de ellos son independientes y se les respeta por su trayectoria, otros simpatizantes y otros del partido.

Hay muchos trabajos previos, planes anteriores y se están estructurando propuestas.

El tema ético es muy importante. Armamos un gran equipo y en el camino se va depurando.

Gracias a la valiosa información (Big Data) que tenemos, sabemos con precisión cuáles son los lugares del Perú que debemos investigar. Es fundamental que esta investigación se realice de manera incógnita, entrevistando a los ciudadanos sin revelar nuestra afiliación, para conocer realmente lo que piensan y cuáles son sus preocupaciones.

Tomar muestras representativas de cada región es clave para captar las diversas realidades del país. Con los datos obtenidos a partir de estas entrevistas, podremos analizar la situación de cada región y ofrecer soluciones efectivas que respondan a las verdaderas necesidades de la población”.

Me parece genial la respuesta y saber que ya hay algunos partidos que se están tomando en serio la elaboración de un plan de gobierno que permita que de ganar las elecciones no se pierda tiempo valiosísimo (la luna de miel política) para recién armar cuadros y propuestas.

Recuperar la plena democracia institucional y reconstruir el Estado destrozado por el chicherío reinante desde el 2021, la mediocridad más impune y la influencia avalada de las economías ilegales, va a requerir de un gran esfuerzo político, una tarea descomunal.

Si recién llegados al poder los gobernantes se van a poner a hacer esa tarea, la inercia del statu quo los ganará y será un nuevo lustro perdido para un país que, como el Perú, solo requiere buenos gobiernos para despertar velozmente de su letargo económico, reengancharse con el crecimiento y lareducción de la pobreza, añadiéndole en esta oportunidad la construcción de un Estado capaz de brindar salud y educación públicas de calidad, garantizar seguridad ciudadana mínima y proveer de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial requieren una reforma radical).

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jusn carlos tafur, Plan de Gobierno, sudacaperu
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