Uno de los costos sociales mayores de la reconstrucción política y económica que el Perú tendrá que emprender desde el 2026, será el incremento exponencial de la violencia social.

Hoy no actúa manifiestamente el potencial destructivo de las mafias ilícitas, porque el gobierno en funciones ha encontrado que,pactando vergonzosamente con ellas, logra paz social y estabilidad por parte de los actores políticos casados con las mismas.

Pero cuando advenga un gobierno que rompa con ese pacto infame, la violencia brutal de estas mafias, que se ve en acciones concretas como las que afectan a la empresa La Poderosa en Pataz, se desatará con furia.

Cuando se tome la decisión de enfrentar en serio el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando, la tala ilegal, no será sin resistencia, que transitará, sin duda, por los cauces legales ya infiltrados (Congreso, autoridades locales, Ministerio Público, Poder Judicial y Policía y Fuerzas Armadas), pero que también hará sentir su capacidad de acción a través de la violencia desembozada y letal, cuya capacidad se vislumbra.

Mucha inteligencia operativa, sagacidad política y decisión férrea serán necesarias para derrotar a estos grandes enemigos de la democracia y del libre mercado, que están corroyendo las entrañas mismas de la República impunemente, con la connivencia de un gobierno cuyo inmenso daño al país recién será medido cuando concluya.

El país deberá estar advertido y preparado para esa explosión de violencia resistente al orden del Estado de Derecho, que debe ser reinstalado si queremos dejar de transitar hacia ser una nación en desarrollo fallida y estructuralmente defectuosa.

La experiencia de otros países que recorrieron un camino similar puede servir de mucho para no repetir los errores y replicar los aciertos. Lo seguiré reiterando en esta columna: el 2026 nos jugamos mucho como país, algo mucho más importante que la coyuntura crítica y mediocre por la que hoy transitamos.

Si las élites vuelven a equivocarse, habrán condenado a varias generaciones de peruanos a la pobreza, el autoritarismo y la violencia social. Aun estamos a tiempo de hacer lo necesario para evitar ese desenlace.

Coalición Ciudadana, Idea Internacional, Transparencia, Capitalismo consciente, son algunas de las ONG que bien podrían abrir un filón de trabajo vinculado a la supervisión y evaluación de los millares de candidatos que vamos a tener para el próximo Congreso (con más de treinta partidos y dos cámaras, el número va a ser aluvional).

Y los empresarios estar llanos a dar fondos para estos fines. Los objetivos son claros y no tienen ninguna connotación política partidarizada, así que no debería haber temor de ser luego atrapados por la moledora de carne abusiva y muchas veces irracional del Ministerio Público y el Poder Judicial, como ya ha ocurrido en casos semejantes y que hasta ahora está con carpetas abiertas manteniendo en zozobra a donantes sanos y éticos que solo cometieron el “error” de hacer algo que a un fiscal enfebrecido se le ocurrió ocultaba un apoyo encubierto y criminal a la candidatura de Keiko Fujimori.

Va a ser crucial que si queremos aspirar a que el próximo lustro sea el inicio de una refundación republicana que nos saque de la crisis profunda en la que se encuentra el sistema político institucional, cribar a quienes vayan a ocupar una curul. No podemos repetir un Parlamento de mochasueldos, “niños”, vinculados a la minería ilegal y demás actividades ilícitas, llanos a zurrarse en toda cautela de respeto a la institucionalidad democrática, como hoy sucede.

No bastará con un Ejecutivo afiatado, con un buen líder, forjado en base a una sólida alianza electoral y centenares, si no miles de tecnócratas dispuestos a dar su cuota de sacrificio para sacar al país de las ruinas en las que el régimen de Dina Boluarte lo va a dejar, sino que se requiere ver en perspectiva que nada de ello va a funcionar si a la par no se logra una mayoría congresal sana y eficaz, técnica y políticamente dispuesta a hacer de su representación una actividad política democrática e institucional.

Un amigo congresista me comentaba que no había pasado ni un día desde que había juramentado y ya la gente lo insultaba en la calle. Eso debe revertirse rápidamente. El Congreso debe recuperar su prestigio y la actividad política su signo de vocación de servicio, que acarree, por ende, crédito y mérito público.

Nos preguntábamos en columna reciente por qué el inmenso tejido informal emprendedor no era una barrera de contención del eventual avance de opciones de izquierda contrarias a todo tipo de emprendedurismo y proclives al estatismo.

Poníamos, inclusive, el ejemplo de Puno, al que podríamos agregar Junín, regiones signadas por el pequeño comercio y la pequeña industria, definiendo el mapa sociológico de ambas regiones, pero que las mismas, a la hora de expresarse electoralmente, lo hacían, paradójicamente, por opciones levantiscas de izquierda.

El racismo, clasismo y centralismo, tres males históricos del país, desde tiempos de la Colonia,pueden ayudar a explicar ello. Lamentablemente, lejos de amainar, tales males se han acentuado. Contrariamente a lo previsto, dada la feliz cholificación del país y de las élites, éstas han remedado los males de la pituquería blanca que la antecedió. El dinero blanquea, es un viejo refrán popular. Pues ha ocurrido así, pero con todo el cargamento de pasivos que la “blanquitud” conllevaba en el Perú.

A pesar de la regionalización emprendida desde el gobierno de Toledo, no se ha producido una efectiva redistribución de poderes económicos y políticos, no obstante de que sí ha ocurrido en gran medida, no ha sucedido en los términos que hubiesen ayudado a revertir la sensación de postergación que el resto de regiones del país perciben respecto de Lima, la gran capital, que concentra los mejores servicios públicos, la mejor cobertura eléctrica, sanitaria y de infraestructura, en gran parte -hay que decirlo- por culpa de la corrupción gigantesca de los gobiernos regionales y locales.

Mientras esta situación no cambie seguiremos siendo un país dividido entre Lima y la costa norte, por un lado, y el gran sur andino, por otro, diametralmente distinto. Las taras mencionadas pervierten la integración ciudadana que se esperaría ya deberíamos logrado luego de dos siglos de vida republicana, pero que hoy, siguen siendo grandes tareas pendientes.

El racismo, el clasismo y el centralismo, son lastres que debemos extirpar si queremos aspirar a que el sueño republicano algún día se logre plasmar en un país hoy polarizado y fragmentado, capaz de generar niveles de ingobernabilidad e impredictibilidad extremas.

No ha debido disculparse el ministro de Economía, José Arista, en el fuero interno del Ejecutivo, como revelara el titular de Transportes, Raúl Pérez Reyes, por haber declarado que éste era un gobierno débil.

Sin duda lo es. No es un gobierno fuerte y no solo porque no tenga bancada congresal, porque por ese lado, más bien, no viene su debilidad, ya que ha logrado armar una bancada mayoritaria hechiza en base a la creencia equívoca de la derecha congresal de que es mejor la estabilidad con Boluarte a cualquier otra opción.

Este gobierno es débil porque no es capaz de afrontar dos campos de acción ejecutivos, uno de mediano plazo y otro de acción inmediata. En el mediano plazo, no ha sabido o no ha querido aprovechar esa mayoría congresal armada, para plantear siquiera alguna de las tantas reformas pendientes de realizar en el país: salud y educación públicas, regionalización, reforma del Estado, refundación del Ministerio Público y del Poder Judicial, etc.

En el corto plazo, ha abandonado tareas cruciales, como la lucha contra la rampante y creciente inseguridad ciudadana, la crisis económica (por más que este año venga mejor, no cubre las demandas de crecimiento que el Perú necesita) y la lucha contra la corrupción, a la cual más bien contribuye con escándalos como el Rolexgate.

No debería servir de consuelo que por más defectuoso y mediocre que sea el de Boluarte, es un mejor gobierno que el nefasto de Castillo, corrupto, ineficiente y antidemocrático. La exigencia histórica de la sucesión era otra, mucho mayor y más profunda, y claramente, al respecto, este gobierno no ha dado la talla.

Por eso se equivoca profundamente la derecha congresal al brindarle apoyo acrítico, le hace daño a la propia derecha, porque asienta la impresión de que nos gobierna una coalición derechista y ello abona y le lava la cara a una izquierda que debería seguir achicharrada por su complicidad directa o indirecta con el funesto régimen de Castillo.

Este es un gobierno débil, por inerte y mediocre, no porque le falte alguna curul de apoyo. Acertó Arista en el diagnóstico, pero no en sus causas.