Se requiere una reforma urgente del Código Penal. El que existe es un disparate que permite que a un excongresista como Michael Urtecho, por mochar sueldos, le claven 22 años de prisión.

Producto del populismo penal de nuestros anteriores Congresos, poco a poco se ha ido incrementando penas para supuestamente disuadir a los delincuentes, pero en la práctica eso no ha resuelto absolutamente nada.

Haría bien el Congreso actual en formar una comisión revisora de dicho instrumento legal y proceder a dar penas más justas por delitos que no son graves, como sí lo son, en cambio, la violación de menores, la pedofilia, el asesinato, la corrupción grande, etc.

Los fiscales y jueces, aunque también ponen su granito de arena exagerando los cargos, no pueden, en la práctica, hacer mucho si la ley les manda imponer esas penas absurdas.

Lo que corresponde es ajustar e invertir en establecimientos penitenciarios (ya el 2025 colapsan y no pueden recibir un preso más), activar las unidades de flagrancia, acelerar los plazos judiciales, devolverle a la policía la capacidad de investigación, evitar la impunidad para delitos menores, ya que sancionándolos se evita la gran delincuencia.

Las penas altas no son disuasivas, deben ser justas simplemente y apartar de la sociedad a los delincuentes. La mejor demostración de ello es lo ocurrido con Pedro Castillo. Está Fujimori en prisión por corrupción, entre otros delitos, está Toledo, luego de una persecución judicial internacional, han pasado meses en la cárcel Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Nadine Heredia, y llega un señor de Chota y desde el primer día se dedica a asaltar el erario público (se calcula que debe haber robado cien millones de soles en el corto periodo en el que fue Presidente).

Incrementar penas con afán disuasorio no solo no funciona sino que altera el sentido de una pena, que debe ser justa por sí misma, sin fines subalternos o colaterales.

El caso de Urtecho debería dar pie, como señalamos, a una comisión revisora del código penal, el mismo que ya tiene tal cantidad de perforaciones y alteraciones que se ha convertido en un cajón de sastre, medieval y anticuado, además de injusto y desproporcionado.

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En un solo día, el fujimorismo ha sido capaz de mostrarnos que su rostro político es el mismo que el de hace décadas. Primero aparece una publicación del Fondo Editorial del Congreso -a cargo de Fuerza Popular- en el que se publica un mamotreto casi justificando el golpe de  Estado del 5 de abril del 92. Segundo, aparece el primer vicepresidente del Congreso respaldando al impresentable titular del Legislativo, quien ya hace días debería haber renunciado al cargo o ser censurado por la propia mayoría que lo colocó allí, por un asomo de dignidad política.

El fujimorismo debe ser uno de los pocos movimientos políticos que, lejos de evolucionar, camina al revés, va en retroceso. Similares ejemplos al suyo han sido el franquismo y el pinochetismo. Y en ambos casos, la derecha española y chilena supieron hacer del pasado un pasivo crítico sobre el cual poder empinarse y construir opciones democráticas modernas y tolerantes.

El fujimorismo pudo haber hecho propósito de enmienda, más aún estando ausente su padre fundador, y construir una opción basada en la perspectiva vital de la heredera, Keiko Fujimori. En las tres campañas que ha participado, y ha perdido, dio aparentes muestras de ello, pero luego, su conducta política, sobre todo la congresal, ha terminado por generar la impresión de que sus discursos electorales han sido un sainete y poco o nada ha cambiado del fujimorismo auroral.

Es una lástima, porque tiene arraigo transversal en la sociedad peruana -cosa que ningún partido de derecha alcanza-, pero su ideología conservadora y autoritaria socava sus enormes potencialidades.

Va camino a protagonizar, si Keiko insiste, como parece ser el caso, en postular el 2026, una nueva derrota, que ya para entonces ojalá la convenza de que lo suyo no es la definición electoral y que debe abocarse a otros menesteres profesionales distintos a la política.

Y así, de paso, lo positivo es que le abriría terreno a la posibilidad de que surjan otras derechas populares, que sean capaces de competir con la cada vez más predominante narrativa izquierdista.

El fujimorismo es refractario al cambio y nos pone en entredicho, inclusive, a quienes vimos en Keiko al mal menor de las últimas elecciones. Qué difícil es seguir sosteniendo que a pesar de todo, ella era mejor opción que el nefasto Pedro Castillo. No se pudo dar el caso para demostrarlo, pero en las últimas horas, quien más ha hecho por socavar esa idea, es el propio fujimorismo, con sus destemplanzas y falta de la menor sindéresis política.

 

 

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Tiene que ver, sin duda, la caída de la inversión privada con la pérdida de confianza en el porvenir político del país, producto de un Ejecutivo incompetente y de un Congreso deleznable.

Ello, a su vez, es lo que está generando la caída del crecimiento económico y el aumento de la pobreza que se aprecia en todas las regiones del país, especialmente en aquellas que más zozobra causaron con los desmanes de diciembre y enero. Miguel Palomino, economista y presidente del IPE, señala, para el caso: “Veamos las cifras de Puno, por ejemplo. Entre enero y marzo se registró una caída anual de 16% en el empleo, explicada en buena parte por un retroceso de 28% en el empleo juvenil. Uno de cuatro jóvenes puneños perdió su empleo en el primer trimestre”.

Pero no es solo la incertidumbre política lo que está generando el estancamiento señalado. Ya se venía advirtiendo desde hace años en la urgencia de emprender las reformas de segunda generación en favor de la inversión privada en varios sectores productivos del país (agro, pesquería, minería), y eso, lejos de haber sucedido, se ha ido revirtiendo con los años (por ejemplo, con la derogatoria de la ley de promoción agraria, que debería no solo retomarse sino ampliarse a otras regiones, como la andina).

No es suficiente recuperar el statu quo precedente a la pandemia. Ya es hora de que algún gobierno (lamentablemente, éste no tiene el empaque de hacerlas) retome las banderas reformistas, promercado y proinversión privada. Sin ello, no será posible reencaminar al país por la senda del desarrollo que permitió en los últimos tiempos crecer como lo hicimos y reducir la pobreza, en solo 20 años, de 59% de la población a 20%.

Una nueva ola de reformas productivas e institucionales se requiere para volver a atraer inversión. Ya no basta con que haya un gobierno que no ataque a la inversión privada o no ponga en riesgo los capitales activos. Se necesita un impulso que, infelizmente, ningún candidato de la centroderecha propone con el énfasis pertinente.

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Detrás de la inmensa multa municipal a la empresa Granja Azul, hay cutra de todas maneras. Como la hay cuando se clausura un centro comercial como Larcomar, por “gravísimas irregularidades” y luego se le otorga la reapertura a las pocas horas.

Se ha vuelto un negocio mafioso de muchos municipios clausurar y luego extorsionar con coimas a los establecimientos formales que deben soportar onerosos cierres de operaciones, muchas veces por detalles nimios fácilmente resolubles en cuestión de horas.

Los municipios distritales compiten con las mafias extorsivas en ver quién sangra más a los empresarios formales. Llegan las clausuras ostentosas, con letreros llamativos pegados en las puertas de los locales, a la par aparecen los sobres intimidatorios o las llamadas amenazantes de los mafiosos delictivos que piden cupos para dejar funcionar al negocio en “paz”.

Y ni hablar del aún más lucrativo negocio de las licencias de construcción, donde, en complicidad con la alcaldía provincial, se permiten alturas de edificios cuya propia normativa prohíbe, pero que el cabo del tiempo, o del ingreso de un nuevo alcalde, terminan siempre regularizadas. Entre tanto, los alcaldes capitalizan y se enriquecen (no conozco casi exalcalde distrital que no haya terminado siendo millonario luego de su gestión y después se les ve años sin trabajar, y sin oficio conocido, dándose la gran vida; les bastó un periodo edil para lograrlo).

En mi distrito, Barranco, he tenido suerte con la anterior administración y con la actual, pero otros distritos sufren y son víctimas de alcaldes corruptos que llenan sus arcas en paraísos fiscales a costa del bienestar de sus contribuyentes.

Y la Contraloría bien gracias. Si ni siquiera es capaz de revisar el irregular contrato de limpieza pública que tiene el Municipio de Lima con Innova Ambiental (ex Relima, la de Comunicore), sobre el cual hemos decidido hacer campaña sostenida en Sudaca hasta que el señor López Aliaga cumpla su promesa de campaña y convoque a una licitación pública internacional para el recojo y procesamiento de los residuos sólidos de la circunscripción metropolitana. Huele feo este tema.

La corrupción se ha enseñoreado en toda la administración pública, pero ha agarrado especial carne en los municipios, que merecen por ello la mayor fiscalización de los organismos competentes y de la opinión pública, que debe mostrar sana suspicacia sobre todos los actos ediles aparentemente administrativos que se toman.

 

 

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Acción Popular es un partido que merece desaparecer. Los dos gobiernos de Belaunde fueron un desastre y el segundo, a la par de incompetente, corrupto. No tiene la solera democrática que se le atribuye, conspiró en el golpe militar del 62 para evitar el triunfo de Haya de la Torre, saboteó la Constituyente del 79 solo por afanes electorales de Belaunde, y una gestión eficaz y pulcra como la de Valentín Paniagua, en la transición post Fujimori, no salva la heredad nefasta de ese partido.

Últimamente, sus parlamentarios se han visto envueltos en deleznables actos de corrupción al haberse vendido al gobierno de Pedro Castillo a cambio de puestos a familiares y allegados, obras públicas o dinero contante y sonante. El partido los acaba de sancionar y ha pedido a los renunciantes a la bancada que regresen a la misma para no desaparecer, pero el problema, en su caso, es de fondo y no de formas.

Ya no debería haber cabida en el Perú para partidos tan amorfos como Acción Popular, sin una ideología definida, sin ubicación topográfica en el espectro ideológico nacional, con aventureros recolectados a última hora para tratar de llegar al poder (Jorge Muñóz, Alfredo Barnechea, que al poco tiempo renuncian al partido).

Se necesitan partidos sólidos, con cuadros tecnocráticos (¿quién es el economista principal de Acción Popular?, ¿quién su experto en seguridad?, ¿quién su gestor de reformas políticas?) y con doctrina algo menos gaseosa que la fórmula ya risible de “El Perú como doctrina”, como si la nación exudará una fórmula ideológica intrínseca, natural e insoslayable.

“Los Niños” son solo un síntoma del proceso de degradación política de un partido que otrora fuera importante y que últimamente pareció reverdecer. No merece otra oportunidad. Ya tiene, además, reemplazo. Hoy Alianza para el Progreso, con su estructura disforme, es el Acción Popular del presente, sin banderías ni principios.

Líderes con solera democrática y gran capacidad política como Víctor Andrés García Belaunde, Mesías Guevara, o predicamento como Jonhy Lescano, deberían buscar otra nave en la cual navegar en las agitadas aguas de la actividad política nacional. El barco acciopopulista se ha infestado de piratas a los cuales es imposible sacar.

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La presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, ha señalado que le ha pedido a Lima Airport Partners, LAP, concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez, que retire los carteles inclusivos en los baños del terminal, que permiten que la gente, de acuerdo a su identidad de género, elija qué servicio emplear. Puntualmente, que una mujer trans pueda usar el baño femenino.

“Puede dar lugar a confusión porque a partir de ese anuncio podrían entrar hombres vestidos de mujeres a baños de mujeres y ese no es el sentido que se le está dando actualmente a todas esas normas y declaraciones que hemos mencionado. [Con carteles inclusivos] alguien como Arnold Schwarzenegger puede entrar al baño de damas”, ha berreado la titular del organismo supervisor.

Lo que la presidenta de Ositran pone de manifiesto es transfobia y afán violatorio de derechos consagrados en diversos documentos internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos.

Es una tragedia realmente la existencia de un espíritu conservador tan arraigado en el Perú. En todo lo que tenga que ver con lucha de derechos, salen sujetos de las cavernas a tratar de frenar todo avance y hacer que el Perú se quede encerrado en el establishment más segregacionista posible.

Así, se oponen al aborto, inclusive al terapéutico (el comunicado de la Conferencia Episcopal sobre el caso MILA es de una bestialidad brutal), al matrimonio gay, a la educación con políticas de equidad de género, a la tolerancia, en suma, a los vientos modernos que ya en otros países -muchos, inclusive, de la región- vienen recogiéndose y adoptándose.

Desde Locke y su Ensayo sobre la tolerancia, se identificó al liberalismo con ánimos respetuosos de la diversidad. En nuestro país, hay, sin embargo, “liberales” que se autodenominan conservadores, al mismo tiempo, como si fuera normal, cuando lo que en verdad son es libertarios en lo económico y conservadores en lo moral, no son liberales, y harían bien en señalarlo así y no ensuciar un término que arrastra siglos de acompañamiento a las libertades económicas, políticas y morales.

Ojalá LAP insista en su postura inicial y no haga caso de la monserga conservadora de la jefa del Ositran, cuyo nivel de indigencia intelectual nos llama la atención respecto de su idoneidad para ocupar el cargo que ocupa. La lucha por la libertad es permanente y desde todos los ámbitos que se pueda, se debe ir librando a diario.

La del estribo: muy recomendable una joya bibliográfica recientemente publicada. Cajamarca, belleza, soledad y coraje, un libro de fotografías de la bella ciudad andina tomadas durante los tiempos de la pandemia, efectuadas por el pintor cajamarquino José Luis Chávez Tejada. Los textos son de Alonso Rabi y la calidad gráfica es de primer orden. El libro se alinea con el pedido, que compartimos, de que la UNESCO declare a Cajamarca, cuyo centro histórico es una maravilla y su historia es icónica en nuestro país, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Lo encuentran en la librería El Virrey.

 

 

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En cuanto a su carácter disruptivo, como el que exhibe el candidato argentino Javier Milei, sí hay posibilidades de que surja algún símil peruano. Es más, ya ha ocurrido antes en nuestra historia, empezando con Alberto Fujimori y terminando con Pedro Castillo.

Lo que resulta improbable es que sea uno libertario conservador como el economista bonaerense, porque acá hay mucho por andar en materia de reformas económicas, pero no estamos, ni por asomo, cerca del desastre ocasionado por los peronistas en Argentina. Un discurso radical centrado en lo económico solo podría pegar si rompiese los cánones del mercantilismo imperante y se atreviese a proponer ideas contra el statu quo vigente, pero es difícil porque no tiene mucha capacidad de enganche con las preocupaciones ciudadanas.

Más bien, lamentablemente, la narrativa que sí podría tener arraigo disruptivo es aquella que va contra el sistema económico vigente. Lo demostraron las elecciones del 2021 y el fenómeno podría repetirse el 2026, sobre todo si la centroderecha y el gobierno no hacen algo relevante para impulsar la economía y, por ende, asentar positivamente las actitudes hacia la inversión privada y el libre mercado.

Según la encuesta de Ipsos que hemos referido en varias ocasiones, las principales inquietudes cívicas van por el lado de la inseguridad ciudadana y la corrupción. En base a ello, es más probable que surja un Bukele antes que un Milei. Y si lo combina con un discurso económico izquierdista, puede explicar, por ese lado, la aparición de un antiestablishment (siendo, hasta el momento, alguien como Antauro Humala el que más tramo ha recorrido en esa perspectiva).

Lo cierto es que un Milei o un Bukele de izquierda (el mandatario salvadoreño ya lo es) es el escenario más probable en el futuro electoral peruano. Y mientras avanzamos hacia ello, la prensa mayoritaria, la clase empresarial y los políticos de derecha, creen que la estabilidad mediocre de Dina Boluarte, merece contemplaciones y espíritu acrítico, dejándole servida a la mesa a quienes construyen su narrativa en base a la hipótesis de que Boluarte-Otárola y la derecha son lo mismo y es el orden establecido al que hay que derrotar en el siguiente proceso en las urnas.

 

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No puede pasar un día más Alejandro Soto, de las filas de Alianza para el Progreso, como presidente del Congreso. Sus inconductas y delitos son de tal envergadura que desacreditan ya no solo a su persona y sus potencialidades para ocupar tan alta magistratura sino que ensucian al propio poder del Estado que preside.

Parte esencial de la tarea de sostenibilidad del statu quo vigente (de “estabilidad mediocre” que nos rige), pasa porque los poderes del Estado no sigan la espiral de deterioro en la que se han embarcado en los últimos meses, particularmente el Congreso de la República, cuyo pacto tácito con el Ejecutivo (así lo percibe al menos la población), termina por salpicar al gobierno central y embarcarlo en el descrédito general.

Los principales partidos del Congreso (empezando por el fujimorismo) tienen que entender que a los únicos que conviene este deterioro institucional es a las fuerzas radicales disruptivas que asoman en el horizonte electoral para el 2026. Son los Milei de izquierda los que van a cosechar de la crisis institucional que asola al Ejecutivo y al Congreso, ese “pacto derechista” que la narrativa de izquierda ya ha logrado imponer en vastos sectores de la población.

El sur andino del país representa casi el 20% del electorado nacional. Bastará que vote en primera vuelta como lo hizo en la segunda vuelta del 2021 (con más del 80% a favor de Pedro Castillo) para que un candidato de izquierda asegure su pase a la jornada definitoria y eventualmente, si sumamos el voto del resto del país -también irritado con el establishment- pueda darse el caso de una final de dos candidatos de izquierda.

Para que ello no ocurra, aparte de una labor política intensa de las fuerzas de centroderecha en el sur andino, hace falta que los poderes del Estado no se sigan deteriorando ni desacreditando al ritmo vertiginoso en el que lo vienen haciendo, a punta de denuncias de mochasueldos, viajes suntuarios, denuncias penales (como las del presidente Soto), y encubrimientos punibles (como el que benefició a los Niños de Acción Popular).

Hay antecedentes de repunte en las encuestas del poder Legislativo. Daniel Salaverry, cuando ocupó la presidencia del Congreso, el gobierno anterior, duplicó en semanas la aprobación de ese poder del Estado, con un liderazgo que rompió las ataduras con Fuerza Popular.

Eso es lo que se necesita: un presidente del Congreso que ejerza un liderazgo político claro y potente ante el país. Eso no lo va a poder hacer un parlamentario acosado por mentiras y trastadas del pasado, además de denuncias vigentes que se han actualizado.

 

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Cuando se habla de la corrupción cometida en los ascensos policiales y militares, se ve un solo lado del problema, el de los agentes corruptores que vendían los puestos de ascenso y que, claramente, merecerán la severa sanción penal que corresponde a su delito.

Pero de lo que no se habla es de por qué un policía o un militar estaría dispuesto a pagar veinte o treinta mil dólares por ser ascendido, si el aumento remunerativo que dicho ascenso implica no alcanza, ni en todos los años de servicio premiados, para “recuperar” la inversión.

Claramente sucede esto porque hay una inmensa corrupción en nuestros institutos armados. Un ascenso implica acceder a fuente de sobornos y coimas gigantescas que justifican el pago efectuado para ascender.

Todos los días o muy a menudo aparecen informaciones que muestran cómo elementos de la policía y de las fuerzas armadas están involucrados en arreglos con el narcotráfico. Si a ello le sumamos las operaciones de las otras mafias ilegales (minería delictiva, contrabando, trata de personas, maderas preciosas que se explotan ilegalmente, etc.), sumadas a la corrupción endógena que lamentablemente se ha enseñoreado en todo el sector público, en cuanto a la adquisición y licitación de compras de equipos e insumos, entenderemos la madre del cordero.

No se equivoca la opinión pública cuando, de acuerdo a una encuesta de Ipsos, identifica a la corrupción como el segundo de los problemas a resolver (y que además está ligado con el primero, que es el de la seguridad ciudadana; ¿qué puede hacer una policía corrupta para enfrentarla?).

Por lo pronto, se espera que las investigaciones fiscales en curso contra el presidente Castillo y otros subalternos, por este tema de los ascensos, saque a la luz qué oficiales malpagaron para lograr su objetivo, porque solo así, interrogándolos, se podrá ir desenmarañando esta terrible y deleznable red de corrupción, que ataca la base del contrato social que cimenta no solo una democracia sino cualquier forma de gobierno.

Si nuestras fuerzas “del orden” están preñadas de corrupción, no hay viabilidad social factible. Este escándalo reciente debiera servir, por ello, como hilo de la madeja para proceder a una extirpación quirúrgica de los elementos podridos de nuestra policía y fuerza armada, instituciones ambas que debieran ser pilares morales de la democracia.

 

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