Revelador el último informe preparado por el IEP para el Instituto Bicentenario, titulado “Ciudadanía, democracia y gestión descentralizada”. Hay múltiples interrogantes sobre percepción ciudadana respecto de problemas políticos puntuales que es recomendable leer.

Destaco, sin embargo, por su filo político, una pregunta que suelo mencionar: el de la autodefinición ideológica. Ha ocurrido un vuelco significativo.

Hay un 37% que se identifica de izquierda, 39% de centro y 24% de derecha, rompiéndose el equilibrio que en otras encuestas se mostraba y que eventualmente revelaban una mayor inclinación por la derecha. Es un trabajo de campo efectuado entre noviembre y diciembre del año pasado, que varía de otras mediciones del propio IEP, pero incluye una muestra mayor.

Lo cierto es que no sorprende el resultado. La derecha está labrando su propia tumba por dos razones fundamentales: por su inmenso desprestigio desplegado en el manejo del Congreso (ayer nomás se han terminado de tirar abajo la reforma universitaria que tantos años costó construir) y por su respaldo a la gestión mediocre y pueril del gobierno de Dina Boluarte.

Salvo honrosas excepciones, la derecha en su conjunto se suma al carro desprestigiado, con índices de desaprobación altísimos, de la alianza fáctica entre Ejecutivo y Congreso que nos gobierna. Y eso pasa factura y termina por beneficiar a una izquierda que, de otra manera, se habría acercado a las elecciones del 2026 completamente achicharrada por su infame respaldo a la espantosa gestión gubernamental de Pedro Castillo.

La mesa viene servida para la izquierda y no para la izquierda centrista sino para la izquierda radical, por culpa, adicionalmente, de una centroderecha irresponsable, incapaz de disminuir la fragmentación que la fagocita y la punible indolencia del fujimorismo que se niega a cualquier alianza que no implique apoyar a su candidato (la inefable postulación de Alberto Fujimori, que al final será un cuento chino, pero que ya hace daño de antemano).

Antaño, la distribución de las comisiones en el Congreso de la República tejía un tramado de poderes y contrapoderes esencial para la marcha de la gobernabilidad.

Recuerdo particularmente cuánta importancia le daban en el MEF -en la época de Fujimori, que supuestamente el Parlamento no tenía mayor relevancia- a la comisión de Economía y que su presidencia la ocupara el recordado y correcto Carlos Blanco Oropeza. Y eso que el fujimorismo tenía mayoría congresal.

Hoy eso ya no existe. La alianza fáctica del poder legislativo (Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Perú Libre) hace lo que le viene en gana, se distribuye cuotas de poder e importa poco o nada si la comisión en cuestión tiene relevancia o no para el año en ciernes.

Se asiste así a un espectáculo pueril de reparto de comisiones de acuerdo a la componenda habida antes para conformar la Mesa Directiva -que auguro será peor que la de Alejandro Soto, dados los antecedentes de Eduardo Salhuana- y la relevancia o no de la comisión se va al tacho de los desvelos.

Este Congreso no solo ha emprendido un camino de desmontaje de reformas esenciales para la institucionalidad democrática, que demoraronaños en labrar, sino que ha elegido la intrascendencia política como bandera insignia.

De allí su inmenso desprestigio. Porque esa contranatura alianza de poder que se ha conformado podría elevar sus horizontes y construir un plan mínimo de reformas en serio y no solo una estrategia destructiva de las pocas buenas que se han hecho en el país (Sunedu, reforma magisterial, reforma del transporte, etc.).Pero no, eso no interesa. El grado de impunidad y desvergüenza que se ha instalado en la plaza Bolívar los exime de cualquier preocupación respecto de la ciudadanía y sus pesares esenciales.

Una de las patas del desgobierno y la crisis política que el país transita y que afecta la recuperación económica que en tiempos normales ya deberíamos exhibir este año con mayor potencia, es el Congreso funesto que nos ha tocado en suerte.

Hechos internacionales como los de Venezuela pueden contribuir a alimentar un estado de ánimo algo más favorable hacia la democracia en naciones como la nuestra, que la tienen muy mal calificada.

Por lo general, son razones ajenas a la propia democracia las que sostienen su desapego (pésimos servicios públicos: salud, educación, transporte, seguridad) las que hacen que la gente de a pie le atribuya esos males a la democracia como sistema y resienta su adhesión a ella.

Por eso es importante recalcar una vez más la enorme responsabilidad que les cabe a los gobiernos de la transición post Fujimori por no haber hecho las reformas necesarias, solo haber gobernado en piloto automático (gracias a las medidas económicas tomadas durante el decenio fujimorista) y haberse desentendido de resolver la grave carencia de dignidad cívica de los gobernados.

Después de la caída de Fujimori se vivió una primavera democrática equivalente a la que en los 80 se gozó luego de la salida del régimen militar. En ambos casos la frustración fue terrible, aun cuando la de los 80 fue peor porque los gobiernos de Belaunde y García fueron desastrosos y sufrieron la arremetida del terrorismo.

Del 2000 en adelante lo que aconteció fue un desdén por la voluntad reformista instalada en los 90. Se pararon en seco. Solo Toledo emprendió algunas (aunque haya sido terriblemente deficiente, la descentralización; la eliminación de la 20530; los acuerdos de libre comercio). Alan García apenas inició tímidamente la reforma magisterial que Ollanta Humala continuó con intensidad (de la mano del extraordinario ministro Jaime Saavedra, vapuleado por las barras bravas del fujimorismo en la época de PPK -cuánta responsabilidad te cabe Keiko en la crisis actual-). PPK no hizo nada en cuanto a reformas, Vizcarra mucho menos y Sagasti tuvo que lidiar con la pandemia, aun cuando ejerciera el cargo con solera democrática.

Pedro Castillo fue un retroceso brutal en la vida política nacional y Dina Boluarte es un personaje mediocre sin visión ni perspectiva de lo que corresponde hacer (aún aceptando que no le queda otra que ser rehén del Congreso tiene margen de acción enorme, pero simplemente no lo usa por su rampante medianía, aunque mucho le aportaría al país si efectivamente saca adelante el simbólico proyecto Tía María).

Ojalá el 2026 llegue al poder un candidato democrático con clara consciencia de la urgencia reformista que nos corresponde como tarea histórica. Es de vida o muerte.