Entre la fujimorización política del régimen y su vizcarrización económica, el resultado final es fatal. No remonta la altísima desaprobación del gobierno (las últimas encuestas reflejan una fijación a tasas terriblemente bajas), y la inversión privada no fluye, a pesar de la aparente estabilidad política lograda, alcanzado así cuotas de crecimiento paupérrimas.

Alguien tiene que convencer a Dina Boluarte (y no parece que vaya a ser el premier Otárola), de que será infernal el camino que le tocará recorrer si hasta el 2026 insiste en esa fórmula de gobierno. Su precarización irá en aumento y el malestar ciudadano irá creciendo, llevándola a una situación límite de estabilidad, efecto contrario al que el inmovilismo -como parece creer- le permitirá obtener.

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La buena noticia, sin embargo, es que la izquierda tiene casi una decena de candidatos en liza, que van a dividir su voto y tornarán difícil que vuelva a repetirse siquiera la figura de un outsider como Pedro Castillo, aunque la proliferación de candidaturas de centro derecha y derecha que se avecina es de antología y podría permitirle igual a la izquierda colarse entre los palos de la fragmentación derechista.

Una de las intenciones de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política era que se fortalecieron los partidos y que ello tendría como base su reducción. La realidad ha terminado por sacarle vuelta a la voluntad reformista y asistiremos, atónitos, a una avalancha de candidaturas en las elecciones venideras, lo que de por sí ya augura un próximo quinquenio de inestabilidad política.

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Por supuesto, la intimidación no va a surtir efecto. Ya bastante curtidos en
lides mayores son los periodistas de IDL-Reporteros, pero ello no es óbice
para no solidarizarse con su quehacer, reconocerle el valor democrático y
profiláctico que cumplen, y, en consecuencia, su aporte a la construcción de
una democracia más sólida, más aún en momentos como en los actuales
donde la precariedad institucional avanza a pasos agigantados.

La democracia se juega en la sociedad civil, sobre todo cuando la clase
política claudica de sus obligaciones al respecto. La labor de la prensa crítica y
seria es un factor de apuntalamiento de las instituciones democráticas, y
debe ser respetada en sus fueros de acción sin ninguna cortapisa, como no
sean los límites legales propios que le corresponden A ver si lo entienden en
el Ejecutivo y en el Congreso, poderes que últimamente se han dedicado con
esmero digno de mejor causa, a diseñar proyectos y acciones que la mellan.

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En segundo lugar, la suscripción al sistema interamericano de derechos humanos promueve la rendición de cuentas y la transparencia en la protección de los derechos humanos en el país. Al estar sometido a un sistema externo de supervisión, el Perú se compromete a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a ser evaluado periódicamente. Esto crea un incentivo para que el Estado peruano mejore sus políticas y prácticas en esta área, fortalezca su sistema de justicia y garantice el respeto de los derechos de todos los ciudadanos.

Por último, la permanencia del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos envía una señal clara de su compromiso con los derechos fundamentales y su disposición a participar en un marco internacional de respeto y protección de los mismos. Esto fortalece la reputación del país en la comunidad internacional y contribuye a la construcción de un orden global más justo y equitativo.

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Hay muchas reformas gruesas que acometer para construir o reconstruir el sueño republicano: la profundización de una auténtica economía de mercado, la mejora radical de la salud y educación públicas, la reforma político-electoral, la limpieza del Estado corrupto en el que nos hemos convertido, la fallida regionalización, etc. Junto a ellas, y en destacado lugar, debe estar la lucha contra la inseguridad ciudadana.

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Malos tiempos está viviendo el Perú. Solo en la imaginación febril de algunos está ocurriendo una limpieza institucional histórica de la “influencia caviar”, sin percatarse de que en el proceso se están levantando en peso los cimientos institucionales de las mejores reformas emprendidas en las últimas décadas en el país (es el caso de la Sunedu, por ejemplo).

Y eso nos va a pasar factura. Ojalá después los responsables del desastre no volteen a buscar culpables del descalabro que irrigan con sus actos.

La del estribo: buenos augurios para Pequeñas infidelidades, obra teatral de Mario Diament, dirigida por Francisco Lumerman, con las actuaciones de Javier Valdes y Patricia Villalobos (esposos en la vida real). Va en el Teatro de Lucía hasta el 26 de junio. Entradas en Joinnus.

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Ya no existe una izquierda socialista claramente consolidada (después de verla de cómplice del castillismo, queda claro que lo suyo no tiene a la ideología como parámetro de conducta). El centro está vacío de contenido y desolado por la atracción que ejercen los movimientos polarizantes que vienen creciendo en el Perú y en el mundo. La derecha ha perdido su identidad liberal y se ha convertido paulatinamente en un amasijo de intereses mercantilistas, autoritarios y conservadores. Ya no hay un PPC o un Movimiento Libertad en el horizonte, salvo dos o tres esfuerzos, aún nacientes, en perspectiva. Y el APRA, que era el partido históricamente doctrinario, hoy no se sabe lo que es.

Así, no hay forma de que los partidos políticos se consoliden, se vuelvan a convertir en fajas de transmisión de intereses colectivos y en canales de representación de aglomeraciones cívicas. El 2026, al menos, volveremos a ver más de lo mismo que hemos sufrido en los últimos procesos electorales.

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Que nadie se llame a sorpresa que haya un número significativo de peruanos que vea en esto una coalición mafiosa derechista que solo busca aprovecharse del poder. Y lo peor es que va a durar hasta el 2026. Que nadie se sorprenda tampoco que entonces, este desprestigio de la clase política conduzca nuevamente al país a elegir entre dos abismos.

El grado de irresponsabilidad de las élites políticas es de tal envergadura, que el país no va a quedarse tranquilo a la hora de expresarse en las urnas. Y cuando eso ocurra, no habrá necesidad de retroceder, para explicarlo, hasta el fallido castillismo, sino, más bien, hacia los que le sucedieron y que debieron haberse puesto a la altura de las circunstancias, cosa que, evidentemente, no ha ocurrido.

Si querían información de la transferencia de acciones del 2016, el fiscal Pérez tendría que haber ido a Invepar, a la que dice que quiere agregar al proceso de investigación sobre Susana Villarán, pero que aún no logra hacer. ¿Seis años se demora y no puede incluir a Invepar en este proceso y ni tampoco hacer algo contra OAS?

¿Se le pasó el tren? ¿Qué ha hecho el fiscal Pérez contra OAS? Pues nada y ahora quiere arreglar sus malos resultados con un show mediático en contra de la subsidiaria de una empresa multinacional (últimamente, como se ha comprobado con el caso Kuczynski, el fiscal de marras anda de show en show).

Resulta evidente que la Fiscalía no hizo nada en su momento contra la empresa OAS y ahora es demasiado tarde, pero en ese talante se afecta la seguridad jurídica que la inversión privada necesita en el Perú con actos desproporcionados e innecesarios.

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