La destrucción de los islotes tecnocráticos del Estado seguirá, se ahondará el deterioro de cuanta institución pública ha sido cooptada por amigos y parientes de él y de los suyos (veamos el caso reciente de la ministra de Cultura, Betsy Chávez).

Ojalá, el BCR, la Sunat, el MEF, la SBS, Indecopi y los organismos reguladores, logren mantener su independencia institucional y calidad tecnocrática para asegurar, al menos, que en el aspecto económico, las cosas no sufran un descalabro mayor al que ya van a padecer por el desplome de la confianza de los agentes empresariales. En el resto del Estado, solo se espera una terrible degradación de la función pública.

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Betsy Castillo, Ministerio de Cultura, Pedro Castillo

Lo cierto es que, constitucionalmente hablando, Castillo ya hace rato no debería estar sentado en Palacio. Las pruebas de corrupción que ha adjuntado el prolijo informe de la Fiscalía de la Nación comprometen al presidente de tal forma, que la incapacidad moral permanente se desprende por sí sola. Pero Castillo ha cooptado antidemocráticamente a una parte del Congreso (¿se atreverá a decir algo la OEA sobre semejante atentado contra la voluntad popular?) y solo por ello ha logrado sobrevivir a lo que no es un ataque golpista de la derecha enfurecida e intransigente, sino el resultado de sus propias inconductas, mediocridades e inmoralidades.

La del estribo: solo el hecho de ver al gran Alberto Isola hacer por primera vez en su vida un monólogo ya justificaría acudir a ver Conferencia sobre la lluvia, pero que, además, estemos ante una puesta en escena de un texto de Juan Villoro y la dirección de Marco Muhletaler, termina por cerrar el círculo de convicción. Va en el Centro Cultural de la PUCP hasta el 5 de diciembre.

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corrupción, OEA

Le ocurriría probablemente lo mismo que a Vizcarra, quien disolvió un Congreso adverso, que efectivamente lo quería vacar, para terminar siendo vacado por el nuevo Legislativo convocado por elecciones ad hoc (aunque, claro, Vizcarra cometió el grueso error de no presentar lista congresal, quedando inerme frente al poder de la plaza Bolívar).

La pataleta anticonstitucional del premier Aníbal Torres está conduciendo al presidente al abismo político, a una situación de zozobra mayor (¿alguien, por ejemplo, va a invertir si disuelve el Congreso y convoca nuevas elecciones parlamentarias?) y a un riesgo que no figuraba en su horizonte político real (acabar su mandato antes del 2026).

Porque es claro que, tal como están dadas las cosas, Castillo va a culminar su mandato. No hay ni los votos ni la intención real de la oposición congresal de sacarlo de Palacio y correr el riesgo de anticipar elecciones generales. La lógica tácita es que se queden todos.

Pero si Castillo patea el tablero, disuelve inconstitucionalmente el Congreso y convoca nuevas elecciones, abre una caja de Pandora, que lo más probable es que termine por hacer realidad su temor de ser expectorado de Palacio antes del plazo original de su mandato.

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anibal torres, Congreso

Y que esto que está pasando, de paso le sirva de lección respecto de cómo tratar con un régimen taimado como el de Castillo. Con aguas mansas y tibiezas, lo único que ha logrado es envalentonar a la bestia, que ha olido la debilidad del adversario. Con tanta marcha y contramarcha, con tanta torpeza provocadora sin visos de éxito (como la denuncia por traición a la patria), el Congreso le ha dado pie al Ejecutivo para sentirse tentado de patear el tablero, aun no se sabe si con el respaldo de las Fuerzas Armadas –al final, serán quienes decidan quién tiene la razón, lamentable es decirlo en una democracia como la nuestra- y zarandear al poder de la plaza Bolívar a su regalado antojo.

Lo que se siembra se cosecha. Y la pusilanimidad y medianía del Parlamento ha creado un monigote arrebatado dispuesto a todo, a saltarse a la garrocha la ley y la Constitución, a sabiendas –lo que es peor- de que el pueblo va a aplaudir.

Le toca al Congreso clausurar este despropósito llevando nuevamente al Pleno la derogatoria del decreto supremo que da origen a este descomunal atentado contra el derecho empresarial y la libertad asociativa. Ya la Comisión de Constitución ha tomado posición al respecto. Corresponde que ahora lo haga el Pleno y no se repita la indecorosa conducta de algunos parlamentarios que se pusieron de costado, en anterior ocasión, y permitieron que el Fenate-Movadef siguiera adelante en sus torvos propósitos.

Corresponde a la mayoría opositora ponerle coto a los desmanes del Ejecutivo. Esa es su tarea primordial. Y en este caso en particular, al abuso de poder que implicaba la participación directa del presidente Castillo y de su dócil ministro de Educación.

Por decretos supremos no se puede intervenir en las decisiones estatutarias de empresas privadas. Se sentaría un precedente nefasto para la confianza de los agentes empresariales. Y eso es lo que pretendía el gobierno, sin ningún sustento legal ni constitucional.

La Corte Superior ha fallado en justicia suspendiendo los alcances del decreto de marras. Es la hora de que el Congreso selle lo actuado derogando la susodicha norma, poniendo el Estado de Derecho por encima de apetitos sindicales particulares y afanes de venganza primarios que involucran al primer mandatario.

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derrama magisterial, fenate, FENATE Perú, Movadef

Si un gobernante no tiene mayoría pues tiene que labrársela a punta de pactos y alianzas, como sucedió con Toledo y el FIM, el Apra y el fujimorismo. Ollanta y Perú Posible. No nos referimos obviamente a las trastadas que quiso perpetrar PPK para agenciarse una mayoría y que Castillo ha seguido como guion para armar una guardería que lo blinde.

Lo que sí corresponde, para castigar las inconductas parlamentarias o para brindarle esa mayoría indispensable para gobernar sin sobresaltos al Ejecutivo, si el pueblo así lo desea, es que haya renovación parcial a mitad del periodo legislativo –o, inclusive, antes- para reajustar las clavijas políticas del país (que, por cierto, podrían ir también sentido contrario, y terminar por darle mayor peso a la oposición). Todo sea bienvenido siempre y cuando no se le quite representatividad al Legislativo, cuyo mayor déficit es ése y se agravaría si se plasman propuestas como las señaladas.

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Gobierno, Oposición, Pedro Castillo

Sabido es que los Congresos suelen vivir en una burbuja social que le impide sintonizar con los ánimos populares, pero en este caso, que se trata no solo de evitar la destrucción del Estado que Castillo está perpetrando, sino de construir alternativas potables de recambio para el 2026, es imperativo que la oposición marque una agenda programática capaz de ser empática con las reales demandas de los sectores populares.

Por ello es que las propias encuestas castigan duramente al Congreso y con ello a la oposición, la misma que le es perfectamente funcional al gobierno. Castillo se ha sacado la lotería con la oposición que le ha tocado en suerte.

Ojalá se logren algunos acuerdos, se fortalezcan un par de candidaturas potables y seamos espectadores en las siguientes elecciones presidenciales, de una segunda vuelta como la del 2016, entre dos candidatos de derecha, que aseguren, esta vez sin las torpezas irresponsables y deleznables de PPK y de Keiko, un lustro de reformas liberales, promercado, con un trabajo –producto del aprendizaje de los últimos treinta años- intensivo en la provisión de servicios básicos estatales, tales como educación, salud, seguridad ciudadana y justicia.

Si ello se logra y la población hace suya la percepción de que ese es el camino que el Perú necesita y que beneficia, sobre todo, a los más pobres, la posibilidad de que se repita el fenómeno al cabo de cinco años es alta. Y diez años de regímenes liberales cambiarían el país de modo definitivo y, estamos seguros, alejarían ya para siempre, la tentación antisistema y populista de un sector importante de la población que, con razón, se ha sentido marginada de los éxitos macroeconómicos de las últimas décadas.

Todas ellas son salidas perfectamente razonables y constitucionales. No son una salvajada política como la que ahora el Congreso pretende con el atajo inmoral de la presunta “traición a la patria”, justo, además, en la coyuntura de una visita cercana de una misión de la OEA, que, en base a ello, solo podrá hacer suya la tesis de que, efectivamente, al presidente Castillo lo quieren sacar del poder antidemocráticamente.

Lo que les falta en entereza a muchos congresistas les sobra en torpeza. Lo que corresponde es hacer un trabajo político de coordinación, anteponer sacrificios a intereses menudos y proceder a una salida de la crisis, sacando legal y constitucionalmente al presidente Castillo de un lugar a través del que está destruyendo el país. Lo que se ha aprobado en la subcomisión de acusaciones constitucionales es una jugarreta moral y políticamente inadmisible.

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OEA, Pedro Castillo, Presidente
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