[INFORME] La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) volvió a quedar expuesta en un terreno que le resulta cada vez más incómodo: el ambiental. La Resolución Directoral N° 00010-2025-DSIS, emitida el 17 de abril de este año, determinó que la comuna capitalina incurrió en incumplimientos vinculados a la supervisión ambiental en proyectos de infraestructura y servicios. El fallo no solo estableció responsabilidades claras, sino que también abrió un nuevo capítulo en la relación de la MML con los estándares que debería cumplir en la gestión de una ciudad que produce miles de toneladas de residuos al día y que sufre, de manera crónica, por la falta de planificación ambiental.
El peso de la resolución
Según el documento oficial, la Municipalidad no cumplió con varias obligaciones que le correspondían en el marco de la normativa vigente. El detalle es contundente: se evidenciaron omisiones en la implementación de medidas correctivas, deficiencias en la supervisión de obras y servicios, y una ausencia de planes efectivos para mitigar impactos ambientales. La consecuencia inmediata fue la sanción administrativa, que la comuna decidió apelar, llevando el caso a una audiencia pública realizada el pasado 16 de junio.
Lejos de ser un trámite más, la resolución puso en blanco y negro algo que muchos especialistas han venido señalando: el municipio limeño ha normalizado una cultura de la evasión, respondiendo tarde y mal a los requerimientos ambientales, cuando no directamente desoyéndolos.
La defensa de la Municipalidad
Durante la audiencia, los representantes de la MML intentaron explicar que algunas de las observaciones respondían a limitaciones presupuestales y a retrasos generados por trámites burocráticos. Argumentaron que la Municipalidad estaba en proceso de implementar mejoras y que varias medidas correctivas ya se encontraban en marcha. Sin embargo, el tono defensivo y las respuestas poco sustantivas generaron más dudas que certezas.
Los asistentes —conectados a la sesión virtual— pudieron constatar la brecha entre lo que el municipio dice y lo que efectivamente hace. En más de un pasaje, la exposición pareció un listado de excusas más que un plan real de solución.
La contradicción permanente
El caso revela una paradoja que acompaña a la MML desde hace varios años. Mientras sus campañas de comunicación insisten en mostrar una ciudad moderna y sostenible, los expedientes administrativos revelan falencias básicas en la gestión ambiental. La resolución N° 00010-2025-DSIS es, en ese sentido, un espejo incómodo: evidencia que la institucionalidad municipal no está a la altura de las exigencias de una capital que concentra a casi un tercio de la población del país.
En lugar de asumir el fallo como una oportunidad de enmienda, la comuna optó por apelar. El mensaje es claro: la estrategia prioriza el desgaste legal antes que la corrección técnica.
Lo que significa para la ciudad
El impacto de este tipo de procesos no se limita a lo administrativo. Cada incumplimiento, cada omisión y cada apelación retrasan soluciones urgentes para problemas que ya afectan la calidad de vida de millones de limeños: basura acumulada, obras mal supervisadas, contaminación en ríos y quebradas, espacios públicos deteriorados. La sanción contra la MML es un recordatorio de que la crisis ambiental limeña no solo es resultado de la presión urbana, sino también de la inacción de sus autoridades.
Una cultura de evasión
Lo ocurrido con la Resolución N° 00010-2025-DSIS y la posterior audiencia de junio deja una lección: la Municipalidad Metropolitana de Lima sigue atrapada en una lógica de responder para salir del paso, no para transformar. En el terreno ambiental, esa actitud no solo genera sanciones, sino también costos invisibles que se traducen en contaminación, enfermedades y pérdida de espacios habitables.
La audiencia concluyó sin que la comuna lograra convencer ni a los magistrados ni a la opinión pública. Una vez más, Lima asistió a un espectáculo repetido: su principal autoridad local atrapada en el laberinto de la burocracia y la autodefensa, incapaz de reconocer que los problemas ambientales no se resuelven con apelaciones, sino con gestión efectiva.
Además, la apelación de la MML dejó ver un rasgo recurrente en la política limeña: la preferencia por la defensa legal antes que por la gestión de soluciones. En lugar de priorizar inversiones en monitoreo ambiental, mantenimiento de infraestructura o gestión de residuos, los recursos y el tiempo se destinan a prolongar procesos administrativos. Esa dinámica, lejos de resolver los problemas, los agrava, porque cada demora prolonga la exposición de la ciudad a riesgos sanitarios y ambientales.
La resolución sancionadora también generó preguntas sobre la capacidad de fiscalización interna dentro de la Municipalidad. ¿Quién supervisa realmente a las áreas encargadas de cumplir con las medidas ambientales? ¿Existe algún mecanismo efectivo de rendición de cuentas al interior de la institución? Lo que quedó en evidencia en este proceso es que, más allá de los discursos, la estructura municipal carece de controles internos sólidos para garantizar que las decisiones no se queden en el papel.
La resolución también puso sobre la mesa un aspecto que suele invisibilizarse: la falta de articulación entre la Municipalidad y sus organismos internos encargados de velar por el cumplimiento ambiental. Distintas gerencias trabajan de manera aislada, duplicando funciones o, peor aún, omitiendo responsabilidades. Ese desorden administrativo no solo alimenta el caos en la gestión, sino que termina traduciéndose en sanciones y observaciones que golpean la credibilidad del municipio.
Otro elemento clave del caso fue el registro documental que sustentó la sanción. Los informes técnicos señalaban incumplimientos concretos, desde la ausencia de monitoreos adecuados en zonas críticas hasta la carencia de planes de mitigación en obras en curso. No se trataba, entonces, de interpretaciones subjetivas, sino de evidencias recopiladas en campo que daban forma a un expediente sólido. La respuesta de la Municipalidad, en contraste, se limitó a justificar con retrasos administrativos y falta de presupuesto, argumentos que difícilmente borran la responsabilidad.
La audiencia pública también reveló el costo político de estos procesos. Mientras los magistrados evaluaban la apelación, en los barrios de Lima persistían problemas visibles: botaderos informales, ríos contaminados y obras inconclusas. La desconexión entre el debate administrativo y la vida diaria de los vecinos fue palpable. Para la ciudadanía, la discusión no es si el municipio apeló o no, sino por qué los problemas siguen acumulándose sin soluciones de fondo.
Finalmente, lo ocurrido con la Resolución N° 00010-2025-DSIS se suma a una cadena de antecedentes que muestran a la Municipalidad Metropolitana más preocupada en litigar que en gestionar. En vez de usar las observaciones como oportunidades para corregir, la estrategia institucional parece estar orientada a ganar tiempo. Ese patrón, repetido una y otra vez, termina consolidando una peligrosa cultura de impunidad ambiental en la capital.
