Como es obvio, no se trata de juzgar a los combatientes que respetaron la ley contra el terrorismo con la misma vara que a aquellos que se convirtieron en verdugos. El primer grupo merece respeto y agradecimiento por haber defendido, en medio de uno de nuestros momentos más nefastos en la historia, la democracia. Los segundos, sin embargo, son una mancha sin remedio.
Con esta medida, el régimen de Dina Boluarte —cada vez más bañado de ilegitimidad— ha consagrado una de sus páginas más oscuras en una corta historia. Ha hecho estallar uno de los bastiones de la República bajo el pretexto de «cerrar capítulos» y «pacificar el país»: el Estado de Derecho. Porque eso acontece cuando la ley se pervierte para beneficiar a un pequeño grupo.
Al hacerlo, menosprecian a las víctimas, sus familias y prácticamente a toda la sociedad. La verdad y la justicia estarán ausentes, y la memoria de todas las personas que sufrieron languidecerá en un rincón desagradable donde el poder prefiere no recordar. Es la santificación de la impunidad. Sin embargo, eventualmente, la historia paga sus deudas y el hecho de que hubo un gobierno dispuesto a intercambiar justicia por conveniencia política resonará a través de la posteridad.
El perdón es una virtud. La amnistía, en general, ataca a la democracia. Y eso es uno de los delitos más graves que un régimen puede cometer.
