“Cuando intentan cubrir a los políticos no se dan cuenta de lo que pasa. En octubre de este año, la Contraloría va a empezar a investigar la responsabilidad administrativa funcional. Si revisa este caso y realiza un informe, todos los que han tapado el tema en el Consejo Universitario o en la Comisión Investigadora pueden terminar inhabilitados. Todo, por un político que puede irse mañana”, advierte el abogado y profesor Vignolo.
La Sunedu también está facultada para iniciar un procedimiento sancionador a la universidad, por infringir su propio reglamento, que establece los procedimientos y sanciones que se deben aplicar cuando se detectan faltas a la probidad académica. Sudaca consultó sobre esta posibilidad a la Superintendencia. La respuesta, a través de su oficina de comunicaciones, fue que el caso aún está siendo revisado por la Dirección de Supervisión. Recién luego de que dicha área elabore un informe, podría pasar a la Dirección de Fiscalización y Sanciones.
Sudaca también logró comunicarse con Daniel Chirinos, vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Chirinos señaló que existe un informe adicional al que se remitió a la Sunedu, el cual se encontraría en la Comisión de Ética. Pero no quiso dar más detalles sobre el contenido del mismo, ni explicar por qué no ha sido remitido a la superintendencia. Menos, quiso explicar por qué la universidad optó por mirar para otro lado en un caso que pone en entredicho no solamente a la honestidad intelectual nada menos que del ministro de Educación, sino también el prestigio académico de la casa de estudios.
“Estamos en un contexto de crisis y puede ser posible –y digo “puede” porque hasta ahora la ATU no ha explicado el meollo del asunto– que, efectivamente, haya una baja demanda, que hayan subido los costos de operación y que haya menos ingresos. Pero la pregunta del millón es si los que menos tienen deben pagar más por transportarse”, cuestiona Cynthia Yamamoto, fundadora del colectivo Peruanos de a pie. “Están condenando a las personas a la miseria porque movilizarse a diario cuesta casi lo mismo que un plato de comida”, agrega la también candidata a teniente alcaldesa de Lima del Partido Morado.
La solución, según los especialistas, es un subsidio estatal para el transporte público. Esto es habitual en otros países y de hecho existe ya en el Perú. La Línea 1 del Metro está subsidiada, y por ello el pasaje cuesta S/1.50. En el 2018, por ejemplo, el monto total del subsidio ascendió a US$48.9 millones. Pero los otros sistemas de transporte masivo de Lima carecen de esta ayuda estatal. En el colmo de la contradicción, a partir de marzo de este año el Ejecutivo incluyó en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles a las gasolinas de 84 y 90 octanos, es decir, al combustible que usan los autos privados. Esto, según lo explica el exministro de Economía Pedro Francke en una entrada reciente de su blog, representa un subsidio “a un costo de varios cientos de millones de dólares al año”. ¿Quiénes se benefician de esto? Mayormente, los que se movilizan en auto particular o toman taxi. “En otras palabras, los sectores de ingresos altos son los que reciben la mayor parte de este subsidio”, sentencia Francke.
María Jara también se ha pronunciado a favor del subsidio. “Por supuesto que es caro”, admitió en su entrevista con Jaime Chincha, en relación al Metropolitano. “Se ha dicho que el servicio de transporte en el país es uno de los más caros, pero lo que no se termina de decir es que todos los países y ciudades subsidian los servicios de transporte”, recalcó.
La tarea de negociar este subsidio es, justamente, de la ATU, pues desde el 2018, con la ley de su creación, el servicio de transporte urbano pasó a ser catalogado como servicio público. En la misma entrevista, Jara anunció que se estaba conversando al respecto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pero no fue capaz de adelantar mucho: “Yo creo que sí [vamos a conseguir el subsidio]. Estamos muy avanzados… En realidad, va a tomar un poco de tiempo porque estas salidas no son fáciles”, dijo.
Consultado por Sudaca, el MEF recalcó que es la ATU «la entidad que debe proponer si se requieren tomar medidas adicionales al contrato». Además, confirmó que se concretaron reuniones con dicha institución «donde se ha indicado que la ATU debe justificar la necesidad y pertinencia de cualquier pedido o propuesta».
Complejas decisiones contractuales
El subsidio no fue la única medida anunciada en la entrevista. “Quiero darte una primicia –le dijo Jara a su entrevistador–. Esta es una carta que hemos enviado a Lima Vías Express para caducar el contrato de concesión… Le hemos anunciado que cortamos el contrato”.
Aunque esta es una medida que podría ser aplaudida, los especialistas consultados por Sudaca advierten que podría carecer de sustento. Gustavo Guerra García y Fernando Perera, ambos expresidentes de Protransporte que conocen de cerca los términos del contrato de concesión, explican que, para una anulación de este tipo hay pasos que se deben seguir. “Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes […] deberán ser resueltos en trato directo entre las Partes”, establece el contrato. Si la controversia persiste, el caso puede terminar en un tribunal arbitral.
Por lo demás, no se ha explicado con claridad por qué solo se quiere rescindir el contrato de una de las cuatro empresas que operan el corredor. Al respecto, María Jara no abundó en detalles. Tampoco sobre esto ha querido darnos explicaciones la ATU. Lima Vías Express también guardó silencio.
Perera advierte lo que puede pasar si este “corte” no se realiza de acuerdo con el procedimiento establecido: “incluso [el Concesionario] podría demandarnos por incumplir el contrato y tendríamos que pagarles una indemnización, como ya ha sucedido anteriormente”.
Una flota que ya cumplió su ciclo
El pasado 28 de julio último, los buses que brindan el servicio cumplieron 12 años operando. “Esto es antitécnico”, dice Alfonso Flórez, de la Fundación Transitemos. “Los buses están en pésimo estado”, comenta Jacqueline Acosta, joven que todos los días usa el Metropolitano para dirigirse a su centro de trabajo.
Los buses del Metropolitano ya cumplieron su vida útil de 12 años. Muchos ya muestran las huellas del desgaste, pero hasta el momento ni siquiera han sido pagados.
Según el contrato de concesión, los buses que integran la flota debían renovarse al alcanzar el millón de kilómetros recorridos, o al cumplir 12 años de vida útil, lo que ocurra primero. Según Perera, cuando él todavía era presidente de Protransporte –en 2019– los buses ya estaban llegando al final de su ciclo. “Son los mismos buses desde el 2010. Cuando me fui estaban muy cerca de los 900 mil kilómetros. En teoría la ATU ya debería haber pedido a los concesionarios, con un año de anticipación, que renueven la flota”.
“Es insostenible tenerlos más años. De hecho, ya han hecho renovación de motores de casi el 50% de la flota, porque es preferible tener motores nuevos que viejos que necesitan reparaciones. Pero también se debe ver las carrocerías, que a veces están oxidadas”, agrega Perera. Consultamos con los concesionarios si es que la ATU ya les remitió el oficio solicitando la renovación de la flota, pero hasta el cierre de este reportaje no nos respondieron. “Si es que se ‘corta’ la concesión, ¿quién se hará cargo de la nueva adquisición de los buses?”, cuestiona el especialista.
Otro detalle, nada menor, es que los buses actuales hasta ahora no se han pagado. Según el contrato de concesión, las empresas que ganaron la concesión debían adquirir toda la flota, que incluía 300 buses articulados y 222 alimentadores. Esta compra fue posible porque, entre el 2008 y 2009, la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) les facilitó un crédito. Sin embargo, hasta ahora la deuda aún no ha sido cancelada y la suma aumentó a S/1.000 millones por los intereses.
“A la fecha, las obligaciones a cargo de los cuatro operadores se encuentran vigentes, ya que tenemos acuerdos de pago transitorios con cada uno de ellos que vencen el próximo 30 de septiembre”, informó Cofide en una nota del diario Gestión. Allí mismo se adelantó que las empresas tenían la intención de prorrogar el pago, pues “alegan que no cuentan con recursos suficientes para atender el pago de la deuda debido a que los ha perjudicado que no se haya iniciado formalmente la concesión, que el flujo de pasajeros no sea el esperado y la pandemia”.
Cofide no solo realiza el cobro a los concesionarios, sino también a la ATU. La razón: cuando la MML era la encargada del Metropolitano, perdió hasta cinco arbitrajes con las empresas, por un monto total de S/444 millones, por incumplimientos contractuales, como no construir las estaciones hasta el distrito de Carabayllo. En el 2018, tras su creación, la ATU asumió dicha deuda.
Por donde se vea, las cosas no pintan nada bien. “El Metropolitano tiene una deuda enorme con Cofide porque no se han pagado hasta ahora los buses. ¿Qué va a pasar cuando se necesite renovar toda la flota? Se viene una nueva crisis peor, que es la renovación de la flota sin siquiera haber pagado la anterior”, lamenta Alfonso Florez.
Doce años de ‘marcha blanca’
Por si fuera poco con lo que hasta ahora hemos contado, queda aún otro dato insólito. Luego de tantos años de servicio, el Metropolitano aún no ha entrado –formalmente– en “etapa de operación”. Es decir: el plazo de concesión con los operadores establecido en el contrato todavía no empieza a correr.
En 2010, durante la segunda gestión de Castañeda Lossio como alcalde limeño, se suscribió una adenda que establecía que el contrato recién empezaba una vez que se termine de construir la estación Chimpu Ocllo, en Carabayllo. “La gestión Castañeda se reunió con los concesionarios y firmaron una adenda para que el contrato se inicie recién cuando se termine de entregar todas las rutas completas, pero faltaba la estación de Carabayllo, lo que ha generado que aún no haya pasado un solo día de la concesión por esa adenda”, señala Víctor Aguilar, actual regidor de la comuna metropolitana.
Según la Municipalidad de Lima, la estación Chimpu Ocllo, en el distrito de Carabayllo, estará lista para fin de año. Hasta que no sea así, el contrato del Metropolitano no empezará a correr.
Las más beneficiadas son las empresas operadoras. No solo tienen más tiempo de concesión, sino que mientras tanto no se les puede imponer sanciones administrativas o penalidades por eventuales incumplimientos. Hasta el 2017, según un informe de la Contraloría, se había detectado un perjuicio para el Estado de S/ 122 millones y US$750 mil, por concepto de compensaciones a dichas compañías.
No importa que los buses hayan recorrido más de un millón de kilómetros y sea momento de pedir su cambio. Hasta ahora el Metropolitano sigue “en etapa de preoperación”. La MML, responsable de la construcción de la infraestructura que falta, asegura que esta estará lista a finales de este año. Recién cuando eso se cumpla se podría hablar –formalmente– del inicio de la concesión del metropolitano. Pero su historia ya es larga, está plagada de controversias, y marcada por una inexplicable carencia de explicaciones.
Karen insistió con su reclamo, pero la plataforma le indicaba que no podía responder. Cuando intentó hacerlo en redes sociales, la cuenta de Latam solo le pedía sus datos y, luego de recibirlos, no le brindaba más respuestas. Esta usuaria revela que no es la primera vez que tiene problemas viajando con Latam, ya que en el pasado sufrió cambios de horario y retrasos.
Josué Morán Pezo es otro cliente de Latam que perjudicado por los cambios de horario. Su primer inconveniente con Latam se remonta al mes pasado, cuando el viaje de Lima a Iquitos que había reservado con un mes de anticipación fue reprogramado: iba a salir a mediodía y lo pasaron a las 4 de la tarde. No le pareció tan grave. A fin de cuentas, era la primera vez que le pasaba. Sin embargo, le volvería a ocurrir. Más recientemente, Josué adquirió un pasaje de Lima a Pucallpa, para setiembre. Se suponía que el vuelo debía salir del Jorge Chávez a las 2 p.m., pero a la fecha ya ha sido reprogramado tres veces, y ahora se supone que saldrá de Lima a las 11 p.m., para aterrizar en Pucallpa alrededor de la medianoche. “No hay ninguna explicación, solamente te notifican”, cuenta Morán, quien se encuentra desconcertado ante la falta de respuesta por parte de Latam.
Caseritos del Indecopi
Sudaca conversó Martín Cuellar, abogado especialista en defensa del consumidor. En relación con estos casos, este experto señala que los usuarios descontentos con el servicio que brinda Latam pueden recurrir a Indecopi si la empresa no responde a sus quejas o les brinda una respuesta que consideran insatisfactoria. Aunque Indecopi no puede disponer un resarcimiento para el usuario (solo multas para las empresas infractoras), sí abre la posibilidad de buscar una compensación posterior. “Si hay una sanción de Indecopi pueden recurrir a la vía judicial para solicitar el pago por daños y perjuicios, tomando como antecedente administrativo que ganaron”, agregó Cuellar.
“Suspender la licencia es una sanción que la ley le da al Estado cuando detecta comportamientos que van en contra del interés general”, agrega el abogado especialista sobre las recurrentes sanciones que viene recibiendo Latam y que la tienen como una de las aerolíneas con más reclamos presentados por sus usuarios.
Latam goza de una posición privilegiada en el mercado aerocomercial peruano. Es largamente dominante en las rutas domésticas y en muchos destinos es la única aerolínea que llega. Sin embargo, casos como los relatados en este informe parecen evidenciar que con esa posición de dominio ha llegado de la mano de un sistemático desprecio por sus usuarios.
La Gerencia de Asuntos Corporativos de Latam se comunicó con Sudaca tras la publicación del informe y brindó el siguiente descargo sobre los casos mencionados:
La gestión dirigida por Sotelo Canales también ha puesto en la mira a Tania Mabel Zurita Sánchez, jefa encargada de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo. A ella, que labora en Cenfotur desde 2018, se le ha iniciado un proceso administrativo disciplinario, que incluye una medida cautelar que le impide le “exonera” de asistir a su centro de labores. En la práctica, no la dejan asistir a su lugar de trabajo.
A inicios de julio, en Cenfotur se inició un proceso administrativo disciplinario a Tania Zurita Sánchez
¿Por qué le han iniciado proceso disciplinario a Zurita Sánchez? En la documentación del caso se señala como presunta falta una “negligencia en el desempeño de sus funciones”. Y se detalla que esto ocurrió luego de que recibiera un pedido para solicitar un incremento en el presupuesto de la entidad –mediante una demanda adicional– y ella replicara solicitando la justificación técnica para formular ese requerimiento. Al parecer, Sotelo Canales quiere incrementar el presupuesto y el gasto a la mala.
El haber solicitado una justificación para un aumento de presupuesto terminó siendo la decisión que hizo a Zurita Sánchez merecedora del proceso disciplinario.
Sudaca ha accedido al documento de defensa presentado por Zurita Sánchez. Allí, la servidora empapelada no se guarda nada. No solo señala claramente que se le ha iniciado procedimiento disciplinario por no acceder al pedido de solicitar una demanda adicional sin el adecuado sustento técnico; también advierte y denuncia el hostigamiento que vienen padeciendo ella y otros trabajadores del Cenfotur, con acciones como descuentos salariales injustificados y correos de presión “para realizar modificaciones a instrumentos”.
La jefa de la oficina de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo relató el hostigamiento laboral que venía padeciendo en Cenfotur
¿Quién está a cargo de la secretaría técnica del órgano instructor de los procedimientos administrativos disciplinarios en el Cenfotur? La ya mencionada Evelin Ypanaque Rupay. No obstante, la respuesta de Zurita Sánchez también menciona un informe del Órgano de Control Institucional, en el que se señala que esa función es incompatible con su cargo de asesora de la dirección nacional, debido a que se estaría vulnerando el principio de imparcialidad y, además, se suma a su trabajo al frente de la Oficina de Asesoría Jurídica de Cenfotur.
El Órgano de Control Institucional cuestionó que Evelin Yapanaque Rupay se desempeñe en puestos que suponen la vulneración de la imparcialidad
Sudaca ha tomado conocimiento que, además, se encuentra en proceso una demanda penal por negociación incompatible contra Víctor Sotelo Canales, Evelin Ypanaque Rupay y otros funcionarios de Cenfotur. Lo que se expone ahí compromete incluso más a la administración. Según la denuncia, la alta dirección del centro está presionando para modificar el cuadro de asignación de personal y el clasificador de cargos, con la finalidad de modificar los requisitos de contratación y así poder copar la institución.
En la demanda penal se relata que, detrás del interés por cambiar los requisitos para ocupar cargos en Cenfotur, existe el interés de copar la institución.
Copamiento, reducción de los requisitos para contratar personal idóneo, gasto sin sustento y hostigamiento a los servidores públicos que se resisten a aceptar sin chistar los pedidos de sus jefes… todo esto lo hemos visto en numerosas entidades públicas. A juzgar por las denuncias expuestas en este reportaje, el Mincetur de Roberto Sánchez no es la excepción. Sudaca intentó comunicarse con el ministro para obtener su versión sobre este caso, pero no respondió nuestras llamadas.
Otro de los sectores que esperaban un lugar especial en el discurso del presidente es el relacionado a restaurantes. Las complicaciones producto de la pandemia dejaron a este sector seriamente golpeado y, según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), por lo menos cerraron 100 mil restaurantes durante el primer año de la pandemia.
Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, le comentó a Sudaca que hasta la fecha siguen cerrando restaurantes y el gobierno ha sido indiferente a esta situación. “Nosotros venimos con un déficit tremendo y el crecimiento actual no llega a cubrir los préstamos requeridos para poder subsistir en la peor época de la pandemia”, relata Chávez.
“Los bancos están cobrando las tasas comerciales desde un 9% a 17% y eso es insostenible. No se va a poder pagar”, cuenta preocupada la representante del sector. Para Blanca Chávez, la reducción el IGV es necesaria si se quiere evitar que más negocios de este rubro sigan cerrando ante un panorama económico insostenible.
Más allá de la defensa que ejercen algunos integrantes del gabinete, todos los sectores consultados para este informe coinciden en apuntar algo: que entre el país que pintó el presidente en su discurso y el país real hay una tremenda distancia.
Sacar a la luz los documentos que sustentaron el toque de queda del último 5 de abril no fue sencillo. La transparencia, una característica de la que adolece el gobierno, se ha vuelto engorrosa. El periodista de Sudaca que firma este reportaje solicitó sin éxito los informes de la Policía y la DINI mediante un pedido de transparencia al Mininter. Su pedido fue denegado porque se consideró “información reservada”.
Quien sí lo consiguió fue la abogada Dania Coz, consultora en transparencia y derechos fundamentales en el Estudio Iriarte & Asociados. Su interés en conocer las motivaciones de la inmovilización social obligatoria le hizo esperar tres meses para obtener los informes.
Coz solicitó los documentos al Mininter, la Policía y la PCM. Las tres entidades se negaron, también bajo la excusa de la reserva, pero la letrada decidió apelar al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) a finales de abril. Este órgano, que depende del Ministerio de Justicia (MINJUS), cuenta con dos salas conformadas por tres vocales cada una, y desde finales del 2018 resuelve controversias relacionadas al acceso a la información pública.
Cualquier ciudadano puede acudir al TTAIP. Lo único que debe hacer es registrar su solicitud a través de la Mesa de Partes del MINJUS. “Tu presentas la apelación, el tribunal la recibe, notifica a la entidad y les piden que eleven el expediente junto a sus descargos. Con ese material ya pueden emitir una decisión”, explica la abogada Dania Coz. Un fallo puede tardar entre 2 y 3 meses.
Durante su fallida interpelación, el premier Aníbal Torres aseguró que fue por «información de inteligencia» que tomaron la decisión de inmovilizar Lima y Callao por un día entero. Foto: Congreso.
Coz apeló al TTAIP porque dudaba del argumento de reserva de la Policía. “Tienen la manía de catalogar toda información como reservada, pero según la Ley de Transparencia, [se niega] la divulgación de la información si entorpece la lucha contra el crimen. También existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que dice que los ciudadanos tienen derecho a saber los motivos detrás de un Estado de Emergencia”, explica la especialista en Derechos Humanos.
Ya con la información en mano, a la letrada le quedó la misma impresión que el resto de entrevistados por Sudaca. “No hay fundamento fáctico que respete criterios jurídicos establecidos por el TC. Es claro que fue una medida de carácter político. El principio de necesidad exige que evalúes el abanico de medidas para limitar derechos y optes por la menos gravosa, no la más extrema de arranque. Podían reforzar puntos estratégicos, por ejemplo”, asegura Coz.
Así se cocinó el toque de queda del último 5 de abril. Una fecha de connotación nefasta para la historia del Perú, y que gracias al gobierno del lápiz, este año también atormentó a la capital entera.
Según La República, la creación de este centro de estudios fue planteada hace una década a la extinta y criticada Asociación Nacional de Rectores. Fue una moratoria la que suspendió temporalmente esta propuesta, debido a que no se estaba velando por una educación de calidad. Diez años después, APP ha retomado el proyecto y las críticas continúan: el intento de crear esta universidad no contempla financiamiento ni infraestructura, según lo que el vicerrector de la Universidad San Antonio Abad señaló al mencionado diario.
Primera foto de la nueva Mesa Directiva. De izquierda a derecha: Martha Moyano (1era vicepresidenta), Lady Camones (presidenta), Digna Calle (2da vicepresidenta) y Wilmar Elera (3er vicepresidente)
Hace un mes, la presencia de Lady Camones en la lista para presidir la mesa directiva parecía incierta, pues se filtró un audio en redes sociales donde calificaba de “banda delincuencial” a Acción Popular. “Acción Popular es una banda delincuencial […] Yo tengo uno de Áncash, Dios mío, es el que lidera todo y es el cabecilla […] es Darwin Espinoza”, se le oye decir en el audio, que fue grabado durante una reunión de su bancada. Como se recordará, Espinoza fue señalado como miembro de Los Niños, grupo implicado en la presunta mafia de reparto de obras que habría operado dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Este audio puso en riesgo el acuerdo verbal entre APP y AP, que señalaba que este año le tocaba a un congresista del partido de César Acuña liderar el Parlamento. La bancada de la lampa rechazó las expresiones de Camones e, incluso, algunos congresistas reevaluaron el apoyo a su candidatura. Luego de la difusión, Lady Camones se disculpó públicamente con la bancada y el congresista Espinoza ante las exigencias de dicho grupo. En ese entonces, Gladys Echaíz era el nombre que sonaba fuerte para liderar la lista multipartidaria de la oposición.
Su última controversia se dio apenas la semana pasada y sigue siendo un tema pendiente. El pasado viernes Sudaca advirtió que la hoy presidenta del Legislativo podría ser denunciada por firmar –en su condición de vicepresidenta del Congreso– la promulgación de la ley de contrarreforma universitaria, pese a que hay un amparo judicial que detiene su aplicación. “Han violado la Constitución”, sostuvo al respecto el abogado y exasesor del Congreso Javier La Rosa.
Finalmente, y luego de controversias y disputas internas que dejaron muertos y heridos –Echaíz renunció a la bancada, Héctor Acuña hizo lo propio y ambos terminaron postulando por otras listas–, Camones fue la elegida por el partido de César Acuña y terminó haciendo valer el acuerdo asumido hace un año. La fórmula ganadora también la componen Martha Moyano (FP) en la primera vicepresidencia, Digna Calle (PP) como segunda vicepresidenta y Wilmar Elera (SP) en la tercera vicepresidencia.
En su discurso, la apepista defendió el trabajo de fiscalización que han venido realizando los parlamentarios y llamó a “recuperar la imagen” del Congreso. Es mucho lo que hay que recuperar: las encuestas evidencian que la aprobación ciudadana del Congreso está por los suelos.
La desobediencia del Congreso era predecible para algunos de los demandantes, como el grupo de profesores de Derecho de la PUCP que se adhirieron a la demanda de amparo en mayo. De hecho, Luciano López, parte de este grupo, presentó dos solicitudes a la jueza Grajeda horas después de que fallara a favor de la Sunedu. López le pedía agregar en la sentencia que, en caso el Congreso insistiera con promulgar la ley -como terminó ocurriendo- esta no pueda surtir efecto. Anoche, esta solicitud fue aprobada por la jueza.
“Sabíamos que era una amenaza potencial que el Congreso pueda promulgar la ley [a pesar del fallo]. Si eso sucedía, debíamos buscar que no sea aplicable a la Sunedu. Al aprobarse nuestro pedido, la entidad no está obligada a aceptar ningún nombramiento de representantes ni cumplir ninguna de las normas modificadas», relata López. Dicha solicitud también había sido hecha por la Sunedu al momento de presentar el recurso.
Arriba: parte del petitorio de febrero donde el procurador de la Sunedu pide la inaplicación de la norma. Abajo: pedido de inaplicación que hizo Luciano López horas después de la sentencia.
Desde las curules que defienden la reforma, además, anuncian algunas acciones. Flor Pablo (Partido Morado) asegura, por ejemplo, que en el Pleno de la siguiente semana -donde se instalará la nueva Mesa Directiva- empezarán con la recolección de firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley. Esta medida ya estaba en los planes del Bloque Parlamentario Pro Reforma Universitaria desde mayo, pero recién se va a concretar debido a su promulgación. Necesitan 33 firmas del hemiciclo para que proceda esta acción. Pablo espera contar con, al menos, los 25 miembros del Bloque.
La decisión judicial de este caso no tenía precedentes, de acuerdo a los abogados consultados por Sudaca, pues lograba frenar un proyecto de ley por atentar contra derechos fundamentales. Pero si el fallo era inédito, no lo es la actitud del Congreso de arremeter contra lo que signifique un obstáculo a sus intereses. Esto es visto como un atentado al equilibrio de poderes.
“El proyecto de ley era una coartada. Lo de ‘restablecer la autonomía’ era una frase que suena bien en algunos sectores, pero la discusión de la autonomía ya se zanjó en el 2015; no con la opinión de alguien, sino con una sentencia del Tribunal Constitucional”, considera Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, una organización sin fines de lucro.
“Esto nos muestra la clase de congresistas que tenemos: gente que no cree en el estado constitucional, que no cree en el equilibrio de poderes”, detalla Luciano López.
Paralelamente a esta desobediencia, el Congreso también ha optado por la vía legal para revertir el fallo de la jueza: anoche la parte demandada presentó un recurso de apelación, según la consulta de expedientes del Poder Judicial.
Intentamos comunicarnos con Lady Camones, vicepresidenta del Congreso que firmó la promulgación de la ley. También con Esdras Medina, Martha Moyano y Patricia Juárez, congresistas que apoyaron el proyecto pese a los reparos del Poder Judicial. Al cierre de este informe, no obtuvimos respuesta por parte de ninguno de ellos. De lo que no hay duda es que la vieja ANR vuelve a sonreír.
