Silva no registra propiedades en Registros Públicos. En su ficha Reniec se consigna como vivienda una dirección en la avenida Primavera, en Zapallal, Puente Piedra.
Silva también declaró, en el 2015, ser dueño de un terreno en Ancón, a la altura del kilómetro 50 de la Panamericana Norte. Según un parte policial, Silva fue identificado como integrante de la asociación de vivienda Los Huertos de la Planicie de Ancón. Él y otra persona habían colocado módulos de vivienda en un terreno descampado para prevenir que “otras personas traten de invadir esos terrenos”. Los policías les pidieron que abandonen el lugar. No se sabe si lo han buscado ahí.
2015. Parte policial consigna que Juan Silva invadió un terreno en Ancón asegurando ser poseedor de un terreno, junto con otras personas. En un audio Bruno Pacheco llamó al exministro como “comerciantes de tierras”.
Además, en su calidad de poderoso ministro de Transportes del gobierno, Silva alquiló dos departamentos como centros de operaciones. Uno en la cuadra uno del jirón Pablo Bermúdez, en el límite de Jesús María y Cercado de Lima. Y otro en la calle León Velarde, en Lince. El piso 11 del primer inmueble fue escenario del famoso encuentro con Villaverde el 4 de noviembre, según la transcripción de un audio. En el diálogo Villaverde dice darle a Silva “cien grandes”. Según el empresario, se trataba de un “pequeño presente” de la constructora española Tableros y Puentes, que ganó dentro de un consorcio la licitación para construir el puente Tarata.
LA PNP BAJO SOSPECHA
La fuga de Silva renueva las dudas sobre la Policía Nacional, que ya antes ha dejado escapar con facilidad a Bruno Pacheco, exsecretario general del despacho presidencial y a Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente, pese a tener ambos videovigilancia.
En un comunicado, la PNP dijo que el Ministerio Público pidió apoyo para seguir a Silva a la Dirección de Inteligencia de la Policía, a cargo del general Luis Legua Egocheaga. A su vez, esta unidad debería tener el apoyo de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP, con el general Fredy López Mendoza al mando. Legua llegó en febrero del 2022.
En anteriores gobiernos la vigilancia a personajes con alto perfil político recaía en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Sin embargo, esta unidad fue debilitada por el gobierno de Pedro Castillo. El poder lo tiene ahora la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).
La inteligencia policial ha sido manoseada por este gobierno ante el constante cambio de cabezas en la Digimin. Y la Dirección Contra la Corrupción no tiene la experiencia en el seguimiento a ‘peces gordos’. “Esa unidad no es especializada en videovigilancia. Los integrantes de la dirección no tienen la experiencia en esas lides”, dice una fuente policial.
Resulta llamativo ahora que el jefe de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía, el general Fredy López, dijera en marzo pasado que se crearía un “equipo especial” para capturar a los prófugos del caso puente Tarata, entre ellos Pacheco y Fray Vásquez.
“Actualmente la Policía ha conformado un equipo especial para poder dar cumplimiento al mandato judicial de requisitoria y que se está abocando a nivel nacional a la ubicación y posterior captura de las personas que aún no están ubicadas”, dijo López en aquella oportunidad.
La captura de Silva sería un golpe a la línea de flotación del gobierno, pues se trata de una persona que gozó de mucha protección por parte del presidente cuando se desempeñó como titular del MTC.
El presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes descienden del avión en Los Ángeles, Estados Unidos, para participar en la Cumbre de las Américas. La crisis interna se agudiza en el país con la fuga del exministro de Transportes, Juan Silva. Fuente: Presidencia.
De acuerdo con la declaración de un colaborador eficaz, entre agosto y septiembre del 2021, Silva llamó a Villaverde “para solicitarle la suma de S/30,000” y decirle que “ese dinero era para el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones”.
Ahora, el Ministerio del Interior ofrece cincuenta mil soles de recompensa para quien ayude a dar con el paradero de Juan Silva. Su captura podría estar cerca, o tal vez no. Depende de la Policía.
Tejada fue detenida en febrero de 2017 para cumplir con una orden de prisión preventiva, en medio de los escandalosos destapes del caso Lava Jato. Logró su excarcelación en el 2019, después de presentar un recurso ante el Poder Judicial. A Cuba, su expareja, también se le impuso comparecencia con restricciones. El equipo especial Lava Jato considera que Cuba, junto con otros funcionarios del gobierno aprista son parte de “un tercer grupo de personas que han colaborado con la organización criminal” que tenía al expresidente Alan García Pérez en la jefatura. Pronto se conocerá si esta acusación se sostiene ante el tribunal.
Lo que señala la Contraloría en su otro reporte no es menor. El Informe de Orientación de Oficio N° 014-2022-OCI/5741-SOO remarca que Agro Rural no venía cumpliendo los plazos de su cronograma para la adquisición de la urea.
De acuerdo al decreto de urgencia que exigía esta contratación, Agro Rural tiene hasta el 15 de agosto para cerrar la compra. Para cumplir con los plazos, la entidad elaboró un cronograma de cuatro partes: los actos preparatorios, que empezaban el 16 de mayo con el requerimiento del producto; la fase de selección de postores, desde el 9 de junio; la fase de ejecución contractual, contada desde el 17 de junio con la presentación de documentación para suscribir el contrato; y la fase de recepción del bien, a la que corresponden 45 días contados desde el 11 de junio con un traslado vía marítima y su posterior distribución a campo. Nada de eso se va a cumplir.
La Contraloría apunta que el requerimiento del producto se hizo recién el 31 de mayo, lo que alteró todo el cronograma previsto. “Lo expuesto permite inferir que la Entidad estaría expuesta al riesgo de no cumplir con la adquisición de las 73,529 Tm de fertilizante nitrogenado urea hasta el 15 de agosto del presente año y garantizar con ello su entrega a las organizaciones de productores agrarios y productores agrarios individuales a nivel nacional durante el inicio de la campaña agrícola 2022-2023”, concluye el informe.
Incluso, el documento lanza las fechas en que estarían siendo repartidos los fertilizantes. “Las 73,529 toneladas de fertilizantes urea estarían siendo entregadas a la entidad, probablemente el 4 de setiembre de 2022 y siendo distribuidas a los almacenes periféricos de Agro Rural, aproximadamente hasta el 14 de setiembre. Finalmente, se estaría distribuyendo a campo hasta el 21 del mismo mes”. Es decir, más de un mes tarde y con la campaña agrícola ya iniciada.
La Contraloría hizo un cuadro comparativo entre los plazos originales y los reales que el mismo Agro Rural había contemplado al inicio del proceso.
Esta estrategia no ha sido exclusiva de las empresas de la familia Aguilar Quispe. 2H Ingeniería y Construcción es otra compañía que encontró en estos bonos una manera sencilla para aumentar su capital social de manera casi se diría que milagrosa.
En el 2013, esta compañía se fundó con un capital social de apenas S/75,000, que luego se incrementó hasta llegar a S/3 millones. Cuatro años después, sus socios modificaron el artículo de su estatuto donde se aprobaba el uso de los bonos de reconstrucción para incrementar su capital social. Así, en octubre de 2020, esta constructora se ‘inyectó’ S/105 millones “por aporte de bien no dinerario (aporte de bono de reconstrucción serie única, sub-serie 12)”, como se lee en las actas registrales.
A diferencia de las dos primeras, esta empresa sí tenía experiencia en licitaciones con el Estado. Desde el 2015, contrató con el gobierno por poco más de S/311 millones. Pero luego de inyectarse su nuevo capital fantasma, en el 2021 se llevó el contrato más grande de su historia, con Sedapal: S/1,169 millones junto a la compañía China Machinery Engineering y SIGMA SA Contratistas, para llevar adelante una obra de mejoramiento de los sistemas de agua potable.
Nos comunicamos con la empresa y se comprometieron a darnos información, pero hasta el cierre de este reportaje no lo hicieron
CMO Group SAC –antes, Constructora Mediterráneo– también inició sus operaciones con un modesto capital de S/1,000, en el 2009. Tres años después, le agregaron S/3 millones mediante “bonos”, aunque en los documentos registrales no se explica de qué tipo. En enero de 2013, a su capital le aumentaron la considerable suma de S/15 millones, a través de “aportes de bonos de reconstrucción emitidos mediante Ley N° 23592”.
Según la compañía, “esos bonos están respaldados con terrenos de 300 hectáreas en Huaral, que cuestan entre S/90 millones a S/100 millones, los cuales están tasados y declarados ante la RNP del OSCE”. Le pedimos a la empresa documentos que respalden esta versión, pero no volvieron a responder.
Los bonos de reconstrucción pueden encontrarse en Mercado Libre hasta por S/40. Para el MEF y la Sunat, no tienen ningún valor, pero algunas empresas usan estos bonos para constituir empresas o aumentar su capital social.
Antes de aquel incremento de capital, la empresa había contratado dos veces con el Estado, por S/280 millones. Luego, sin embargo, la compañía obtuvo una lluvia de 18 millonarios contratos, en su mayoría con gobiernos regionales, como los de Junín y Cajamarca. Desde el 2019, se consorció con la empresa china Sinohydro Corporation Limited, con la cual obtuvo la buena pro de varias obras para el mejoramiento de establecimientos de salud en dichas regiones. Todas sus contrataciones desde el incremento de capital suman un total de S/19,690 millones.
¿Por qué estos bonos fantasmas son aceptados para ser inscritos en los Registros Públicos? La posición del tribunal registral, emitida en dos resoluciones del 2014 y 2020, es que no le corresponde calificar la prescripción de los títulos valores. Sin embargo, el 24 de marzo de este año, el MEF volvió a ratificar su posición de que estos bonos no tienen valor por estar prescritos.
“Esto también es competencia desleal, porque hay empresas que tratan de subir su capital obra por obra. Mientras su crecimiento les toma entre seis y ocho años, las empresas que crecen con ‘capital bamba’ lo hacen en meses”, dice el abogado Castillo Luna. Mientras estas empresas tasan sus bonos en millones de soles, en Mercado Libre, estos se pueden encontrar desde S/40 y con envío gratis incluido. El Perú es, sin duda, el país de las oportunidades.
Y así llegamos al famoso 4 de noviembre del 2021. En la mañana de aquel día, Silva asistió al Congreso, junto con los otros integrantes del gabinete. A eso de las dos de la tarde fue a la sede del Ministerio de Transportes para reunirse por media hora con el chotano Carlos Cabrera Sánchez, exmilitante de Alianza Para el Progreso, de acuerdo al registro de visitas del propio MTC.
Luego volvió al Congreso para estar presente en la votación que le dio la confianza al Consejo de Ministros, liderado por Mirtha Vásquez. Luego de salir airoso en el Parlamento, Silva se dirigió a su casa. Hasta allí llegó Zamir Villaverde para conversar con “Juancito” o “don Juan”, según la transcripción del archivo mp4, decodificado como “JS–4 de noviembre 2021”.
“Cuando usted quiera carros, me avisa”, le dice a Silva el hombre que prestó autos a los sobrinos del presidente.
De la conversación, se desprende que Villaverde tiene acceso a documentos de Silva y que manipulaba su celular. La transcripción contiene un pasaje en el que interviene la hija de Silva para pedir una contraseña de iCloud, un servicio de almacenamiento de datos en la nube, que al parece Villaverde instaló en el teléfono del por entonces ministro.
El exprotegido de Castillo fue parco en sus respuestas, pero le dio un consejo a su interlocutor: “Ten cuidado. Así no voy a ver tu nombre por todas partes”. A la luz de lo que ha ocurrido desde entonces, Villaverde hizo caso omiso a la recomendación.
El abogado del extitular del MTC, Alfredo Yalán, niega que su patrocinado se haya reunido con Villaverde. “Él [Silva] me dice que quiere una pericia fonética para aclararle al país que esas cosas son infundadas”, dice Yalán. Y agrega: “quieren hacer un golpe de Estado disfrazado de legalidad”.
El caso del puente Tarata arrincona cada vez más a Silva. El Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida para él ante un pedido del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
“Amigos hay muchos, pero amigos verdaderos muy pocos”, escribió Silva en su cuenta de Facebook hace cinco años. Hoy, acorralado por las investigaciones y sin nadie que lo defienda, la frase debe estar resonando en su cabeza, por lo premonitoria.
La abogada Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, ha revisado los documentos presentados por Cibernos Consulting S.A. Ella indica que la vigencia de poder presentada no subsana la ausencia de poderes del representante, precisamente por no contar con la aprobación del gerente general. “A la fecha de presentación de propuestas, la inscripción de esa escritura pública no estaba”, señala.
En registros públicos, el otorgamiento de poderes a favor de Canseco fue emitido recién el 1 de marzo del 2022, según la documentación revisada por Sudaca. La fecha para la que tendría que haber estado disponible, como ya dijimos, era el 24 de febrero del 2022.
Carlos Peña, presidente del comité de selección, niega haber actuado de manera irregular. “La resolución del Tribunal dice que la empresa pudo haber presentado, como parte de su oferta, el certificado de vigencia de poder que fue entregado para la licitación pública declarada desierta. La misma resolución establece la forma de subsanación que el comité ha cumplido”, indica el funcionario de la municipalidad de Miraflores. Y luego arremete contra el consorcio perdedor: “Entendemos que alguien [se refiere al Consorcio NEC] que ha perdido una licitación tan importante como esta pueda no estar de acuerdo con lo que establece el tribunal. Pero lo que hay que cumplir es la institucionalidad”.
A pesar de todos los cuestionamientos, el 22 de abril, el comité de selección le volvió a otorgar la buena pro al Consorcio CKCity, alegando que este ya había cumplido con la entrega del certificado de vigencia de poder. El consorcio perdedor no apeló de nuevo, pero eso, a juicio de Mónica Yaya, no exime de responsabilidades –incluso penales– a los funcionarios y a la empresa.
Para el abogado Castillo Luna, estamos ante un caso de perjuicio al Estado porque se estaría “valorando inadecuadamente la propuesta de un postor, que estaría inhabilitado por falta de documentos”.
La firma de contrato, finalmente, se llevó a cabo el 17 de mayo. El evento fue promocionado en las redes sociales de la municipalidad, con Luis Molina como protagonista principal, ya embarcado en su campaña para ser el próximo alcalde de Lima.
El sindicato también puso en tela de juicio la idoneidad de los recomendados de Darwin Espinoza. Por ejemplo, apuntó a las designaciones de los chimbotanos Gilmer Ávila y Carlos Yactayo, identificados como cercanos al congresista. Ávila entró en diciembre como jefe de Abastecimiento, con una investigación abierta por agredir a una mujer, de acuerdo a un reporte del Ministerio Público.
Yactayo, por su parte, llegó en enero como jefe de Administración y Finanzas. El sindicato lo acusa de mentir en su hoja de vida al consignar estudios en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Trujillo. En la denuncia se adjunta una respuesta de esta casa de estudios, de enero pasado, que señala que no hay registro del paso de Yactayo por aquella facultad.
La red del congresista Espinoza en Sencico habría sido desbaratada con la denuncia del sindicato del 23 de febrero enviada a Aníbal Torres. Y es que un día después de eso, el 24 de febrero, Juan Bustamante Encinas, presidente ejecutivo y allegado al parlamentario, renunció al cargo. Con él, se fueron los chimbotanos Ángel Quezada, Carlos Yactayo y Gilmer Ávila.
“Yo no designo personal. El trato con el señor congresista se da en temas netamente del sector. Como sabrás, él es presidente de la comisión de Vivienda”, dice a Sudaca Geiner Alvarado, ministro de Vivienda, poniendo el parche sobre estos nombramientos.
Geiner Alvarado López, ministro de Vivienda, en presunto intercambio de favores con el congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza. Fuente: Andina.
Darwin Espinoza pertenece a la facción que está en contra de la vacancia de Pedro Castillo en la bancada de Acción Popular. El otro bloque, liderado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, está a favor de la destitución del mandatario. El legislador ancashino es considerado allegado al gobierno, con influencia no sólo en la cartera de Vivienda. Sus tentáculos se extendieron hasta el Ministerio de la Producción.
Produce es dirigida por Jorge Prado Palomino, quien trabajó con el parlamentario en Almacenera del Perú, del poderoso grupo Romero, entre el 2012 y el 2014.
La buena química entre ambos se hizo notar. En mayo, el programa ‘Cuarto Poder’ reveló unos chats entre el ministro Prado y su entonces secretario general, Manuel Vásquez. En el diálogo, del 5 de enero de este año, el titular de Produce comentó que Darwin Espinoza recomendó funcionarios en el sector y hasta envió currículos.
Por coincidencia de la vida, en esos tiempos, fue nombrado director general de Pesca de esa cartera Javier Pérez Reyes, hermano de Yuri Pérez, asesor de Espinoza en el Parlamento.
Los tentáculos de Espinoza también llegaron a Vivienda, especialmente a Sencico, como señala la denuncia que aquí reseñamos. Se trata de un evidente intercambio de favores entre un gobierno arrinconado por la oposición y un congresista aliado del Ejecutivo.
Espinoza, sin embargo, dice que las denuncias en su contra tienen un trasfondo político. “Me golpean todas las semanas para que diga que voy a votar por la vacancia”, dice el integrante de ‘Los Niños’. Las investigaciones recién empiezan. Están en pañales.
Alva anda en una guerra interna con algunos correligionarios de la bancada de Acción Popular (AP), especialmente con los seis congresistas llamados ‘Los Niños’, en el ojo de la tormenta al ser señalados por la lobista Karelim López de beneficiarse con obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Alva cuenta con el apoyo de los legisladores Wilson Soto, Luis Aragón y Karol Paredes en la pugna interna por el poder en AP.
EL FACTOR CERRÓN
Perú Libre, con sus 21 votos actualmente, podría dirimir en la elección. El partido del lápiz tiene una pésima relación con las otras bancadas de izquierda. Las diferencias se acentuaron al votar por la censura de la ministra de Trabajo y congresista de Perú Democrático, Betssy Chávez. “Somos enemigos de los cerronistas”, dice el legislador de Perú Democrático y exAcción Popular, Carlos Zeballos.
Betssy Chávez Chino, congresista de la bancada de Perú Democrático. Fue censurada como ministra de Trabajo gracias a los votos de Perú Libre. Fuente: Ministerio de Trabajo.
Los cerronistas consideran que el mayor adversario político son los caviares, por lo que no han tenido problemas en votar igual que los fujimoristas en discusiones claves, como la elección de candidatos del Tribunal Constitucional.
La inquina de Perú Libre contra otras bancadas de izquierda quedó en evidencia el pasado 26 de mayo. Ese día el presidente Pedro Castillo convocó a Cerrón a Palacio para pedirle que la bancada del lápiz no apoyase la censura de Betssy Chávez como ministra de Trabajo, dice una fuente perulibrista.
Cerrón informó que la decisión de bajarle el dedo a Chávez fue tomada con antelación por la bancada y que no podía hacer nada. La conversación ocurrió horas antes de que el Congreso votase por la censura de Chávez.
Castillo, según la fuente, le pidió también apoyo a Cerrón para que no prospere la denuncia de traición a la patria en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El grupo tiene dieciséis integrantes, de los cuales cinco son de Perú Libre.
Cerrón se sintió traicionado por Castillo por no informarle del cambio de ministro en la cartera de Energía y Minas, dominada por Perú Libre tras un acuerdo con el jefe de Estado . En ese contexto consumó su venganza contra Betssy Chávez, una enemiga declarada. Con la elección de la nueva Mesa Directiva a la vuelta de la esquina, ya nadie sabe para quién trabaja.
Al margen de las opiniones técnicas, sin embargo, hay un asunto que no podemos perder de vista y sobre el que la exviceministra de Transportes, Fabiola Caballero, pide la intervención del Congreso y la Contraloría. “El Congreso debería fiscalizar cómo se dio la negociación [entre el MTC y LAP]. La Contraloría también, porque nadie sabe cómo se dieron esos acuerdos”, apunta.
Caballero cuenta, por ejemplo, que, mientras estuvo en el cargo de viceministra, recibió una serie de llamadas que ella interpreta como presiones. «Me llamaban desde LAP, los del MEF, me llamaban de Cancillería… Había mucha presión porque era obvio que LAP se había paseado con todos ellos y había tenido exposiciones, etc. Ellos intentaban vender esa propuesta de LAP», dice. Y luego añade:“Ni mi despacho ni la DGAC nos dejamos llevar por esas voces interesadas. Antes bien, optamos por la calma y ponderación técnica que nos ayude a defender al Estado peruano y a sus ciudadanos y usuarios de nuestro primer terminal aéreo”.
En LAP reconocen que tomaron contacto con varios funcionarios, pero niegan alguna intención oscura. “Lo hemos hecho así con todas las contrapartes para comunicar bien de qué se trata la propuesta”, dice Rocío Espinoza.
Como fuese, luego de conocer el acta de acuerdos entre LAP y el MTC de fines de abril, diversos gremios aeroportuarios expresaron su desacuerdo en un comunicado. Reclamaban que no se haya tomado en cuenta los informes técnicos donde la DGAC señalaba que el concesionario no pudo demostrar que su propuesta de dos terminales fuera beneficiosa y que no se haya respetado lo que establecía el contrato de concesión.
La expresidenta de Ositran, Patricia Benavente, sostiene que lo mínimo que debió ocurrir es que “LAP sustente técnicamente que su propuesta no va a tener un impacto negativo para los usuarios, pero no existe ese sustento”.
El proceso de negociación -el ya mencionado Trato Directo entre la empresa y el Estado- fue largo. Lo que inicialmente debía durar 45 días, se extendió por varios meses. Estas conversaciones se llevaron a cabo con mucha reserva y, según los gremios aeroportuarios, no se les permitió dar su opinión, por lo que solicitaron que se transparenten los acuerdos.
Lo que más llamó la atención fue la exclusión de la DGAC, órgano que no aprobó los cambios propuestos por LAP, del proceso. Inicialmente, el 16 de diciembre, convocaron a esta dirección para participar de las negociaciones. Un par de meses después, en febrero de 2022, intentaron remover al director de este organismo de manera irregular. Esto originó la renuncia de la entonces viceministra de Transportes, Fabiola Caballero, quien en una carta denunció “copamiento laboral” en el sector y hasta la tildó de “agencia de empleos”.
Al final no pudieron sacar al jefe de la DGAC porque su cargo duraba cuatro años y sólo podía culminar si es que renunciaba, era vacado (en caso de muerte o incapacidad legal) o una resolución suprema debidamente motivada.
Pero dos semanas después, el 7 de marzo, a la DGAC le llegó un memorando donde sus pares de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) -la misma que los había invitado a las negociaciones en diciembre- les comunicaba que, sólo de ser necesario, requerirían su participación. Esto no ocurrió.
¿Qué pasó entre diciembre, que se invitó a las negociaciones a la DGAC, y marzo, en que se la excluyó? Todo apunta a la aparición de un abogado en escena, emisario de las más altas esferas del MTC, según nuestras fuentes: Álex Starost Gutierrez.
Álex Starost, hoy abogado del exministro Juan Silva, fue encomendado por el mismo Silva para asesorar en el Trato Directo. Bajo su asesoramiento, la DGAC -organismo técnico que se oponía a la propuesta de LAP- fue excluida del proceso.
En enero de este año, Juan Silva contrató a Starost como asesor en el MTC. “Ni bien entra al ministerio, una de las misiones que le dio Juan Silva, así lo dijo textualmente en reuniones, era apoyar en el Trato Directo con LAP”, dice Fabiola Caballero. “En alguna de las reuniones, entró el señor Starost diciendo que él venía por encargo de la alta dirección. Cuando él aparece, la DGAC deja de ser convocada”, dice un funcionario que nos pide la reserva de su identidad.
Starost no era alguien desconocido para el gobierno de Pedro Castillo. A inicios de diciembre del año pasado, antes de que arranquen estas negociaciones con LAP, visitó seis veces Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe de Estado. En dos de esas reuniones estuvo presente el entonces titular del MTC, Juan Silva, de acuerdo al registro de visitas del Estado. Según el mismo Starost, esas reuniones fueron a solicitud del propio Castillo para recibir una opinión técnica sobre mecanismos anticorrupción. Además, en varias apariciones públicas ha defendido a capa y espada al presidente de la República.
Ya fuera del ministerio, su última aparición pública fue hace unos días, como abogado del cuestionable Juan Silva, quien este miércoles se presentó ante la comisión de fiscalización del Congreso. A Silva se le investiga por integrar una presunta organización criminal que repartía obras del MTC.
Starost dice que su único “aporte” fue asesorar a las dos direcciones del MTC que integraban el equipo negociador. “Dentro del ministerio había una discusión de quién era el competente, en nombre del Estado, para el tratamiento directo con LAP. En ese momento la DGAC reconoció que era la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) la que debía pronunciarse. Que lo haya hecho bien o mal, ese es otro tema. Pero ese ha sido mi aporte, porque tengo que proteger la legalidad del proceso”, señala.
La norma, en efecto, establece que la DGPPT es la responsable de conducir las negociaciones. Pero eso no excluye que la Dirección de Aeronáutica Civil pueda participar del proceso. Por eso, invitarla y luego retirarla del mismo fue algo que llamó mucho la atención. “Sacaron a un importante negociador como lo era la DGAC […] Me llamó mucho la atención esta salida abrupta porque se supone que el Estado se debe a los usuarios y la calidad no debemos negociarla. La posición de este organismo era clara: no aprobaba la modificación propuesta por LAP. Eran una piedra en el zapato y se deshicieron de ellos”, sostiene Fabiola Caballero. En el Jorge Chávez, la polémica sigue alzando vuelo.
Nota del editor (14/06/2022): Luego de la publicación de este reportaje, LAP se comunicó con SUDACA para precisar lo siguiente: «En LAP en ningún momento hemos solicitado que la DGAC no participe de las reuniones con el MTC, es más, estuvieron presentes en 10 de las 14 reuniones y son ellos quienes deben pronunciarse sobre el Expediente de Diseño Conceptual entregado por LAP el viernes 27 de mayo. OSITRAN, por su parte, ha participado a solicitud de la DGAC como intérprete del Contrato de Concesión y ha definido que no hay ningún punto en él a interpretar. Deslindamos cualquier relación previa de la empresa con el señor Alex Starost, quien participó de algunas reuniones por parte del MTC y no tiene ni ha tenido ninguna relación con LAP. La empresa ha cumplido y sigue cumpliendo con todos los términos del Contrato de Concesión y con todas las normas de la ética y legalidad peruanas en beneficio de todos los peruanos».
Al respecto, creemos necesario señalar que en ninguna parte del reportaje se afirma (o siquiera se sugiere) que fue LAP la que se opuso a la presencia de la DGAC. Tampoco se señala que dicha empresa tenga o haya tenido vínculos con el abogado Alex Starost. Por el contrario, se consigna la versión del mismo señor Starost, quien afirma que participó en las reuniones como representante del MTC.
