Las pesquisas fiscales abarcan la transferencia de US$1,3 millones de origen ilegal por parte de la offshore Klienfeld −creada por la empresa Odebrecht− hacia la empresa Ammaring, representada por Miguel Atala Herrera. Este manifestó en su declaración del 26 de abril de 2019 que el dinero recibido en las cuentas de Ammaring Investment, en la banca privada de Andorra, era de propiedad de Alan García.
La sala de apelaciones que le dio la razón al Ministerio Público señala que “debe indicarse también que la versión de Atala Herrera se presenta como un elemento trascendente, pues afirma situaciones que tendrían contenido penal y que, en definitiva, posibilitan al Ministerio Público investigar». La resolución judicial recalca que la investigación contra los otros exfuncionarios continúa y «por tanto, la medida solicitada por el Ministerio Público resulta idónea para lograr la finalidad” de las pesquisas.
En declaraciones a Sudaca, Erasmo Reyna, abogado de la familia de García, señaló que solicitarán que la Sala establezca el mecanismo de control para hacer efectivo que solo se extraiga información vinculada a la investigación.
En este contexto es que se produce el diálogo entre los fiscales Jesús Fernández Alarcón y Fany Quispe, registrado en registrado en un audio, entre los últimos días de enero y los primeros de febrero. Ambos no parecen estar interesados en investigar o indagar un poco más sobre Abudayeh. En una parte de la conversación, los fiscales hacen referencia a que Magaly Quiroz Caballero, otra fiscal que ve el caso Cuellos Blancos, ya investiga este asunto. Fany Quispe argumenta que – hasta ese momento – no existen indicios suficientes para que se “llegue” a Abudayeh. Aquí publicamos un extracto del diálogo:
Fany Quispe: De hecho que hay una relación con Ríos porque Ríos se reúne con él, con Sandro [Herrera].
Jesús Fernández Alarcón: Con Sandro.
Fany Quispe: En la Rosa Náutica, con Sandro se reúne.
Jesús Fernández Alarcón: Se reúnen Gianfranco, Ríos y Sandro.
Fany Quispe: El asunto es no confundir, ¿no? Si es que Samir Abudayeh tenía un proceso o un interés es por otro caso judicial. Pero no es el caso judicial de Sandro Herrera.
Jesús Fernández: Entiendo, entonces, que ese Sandro hizo sus negocios con Gianfranco.
Fany Quispe: Sí, claro. Con la venia de Ríos.
Jesús Fernández Alarcón: Ríos los junta para el almuerzo en la Rosa Náutica para que Gianfranco se encargue de arreglar todo.
Sudaca buscó a los fiscales del caso Cuellos Blancos, pero se excusaron de dar declaraciones. Sin embargo, una fuente de ese despacho dice que el fiscal Jesús Fernández Alarcón sigue una pista que conduce a Samir Abudayeh, sin formalizar investigación aún. Dice que Ríos declaró que el empresario organizó una reunión con magistrados para ser favorecido en un caso, pero que no puede dar más detalles.
Señala también que tiene un topo en su oficina que sabotea el trabajo del equipo. “Ya hemos denunciado que la mafia se está infiltrando. Es indignante que le dé un audio cortado”, asegura la fuente.
22 de febrero. Disposición de Magaly Quiroz Caballero, fiscal que investiga el caso Cuellos Blancos, en el que decide no abrir investigación ni citar como testigo a Samir Abudayeh por un supuesto soborno de un amigo del empresario petrolero a Walter Ríos.
Lo cierto es que a Abudayeh le sonrío la buena fortuna. El 22 de febrero la fiscal Magaly Quiroz −del mismo equipo integrado por Fernández y Quispe− decidió abrir investigación a Gianfranco Paredes y Sandro Herrera, pero no toca ni con el pétalo de una rosa al aficionado a los caballos. La trama corrupta de los Cuellos Blancos no tiene cuándo acabar.
Carta enviada por el fiscal Jesús Fernández Alarcón a Sudaca:
La precariedad de la institución contrasta con el aumento de sueldo de Janios Quevedo Valle, el jefe nacional. Desde el 20 de octubre del 2020, Quevedo fue designado como Personal Altamente Calificado (PAC) por el Midagri, pasando a percibir S/25,000 por sus labores. Según la escala remunerativa del Senasa –que no se actualiza desde el 2010– su sueldo era de S/13.400 soles.
Cuando Quevedo pasó al PAC, su salario debía aparecer o bien en el sitio web del Midagri, como su personal designado; o en el del MEF, que administra este régimen. Pero eso no pasó. El 24 de enero un ciudadano presentó una queja a varias entidades estatales porque no podía visualizar la remuneración de Quevedo en el Portal de Transparencia. Acusaba como responsable a Karla Pérez Barreto, directora de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Senasa.
La PCM ordenó entonces al Midagri que atienda el caso. El Senasa atribuyó el “error” de transparencia a un problema informático. “La falta de publicación de dicha información en los períodos NOVIEMBRE-2021, DICIEMBRE-2021 y ENERO-2022 se debía a un caso de fuerza mayor por imposibilidad de subir el formato excel”, se lee en el informe que archivó la denuncia.
A la fecha, según corroboró Sudaca, el sueldo de Quevedo sigue sin figurar en el Portal de Transparencia del Midagri. Lo mismo ocurre en las web de Senasa y el Mef.
Para Alexandra Ames, desestimar la denuncia por no encontrar faltas administrativas no era todo lo que debía hacerse. “No basta con archivar la falta bajo ese argumento. Se deben tomar acciones correctivas. No tendrían por qué demorarse meses en resolver algo tan sencillo como subir información a una página web”, explica la especialista de la Universidad del Pacífico.
Actualmente, según constató Sudaca, sigue sin figurar el sueldo de Quevedo en los portales de Transparencia del Senasa, el MEF o el Midagri. El área de prensa de este ministerio le atribuye la culpa a la Presidencia del Consejo de Ministros, que se encarga de gestionar el portal de transparencia del gobierno. “La plataforma y su funcionamiento es administrada por la PCM, las demás entidades solo ingresamos la información del personal activo”, respondieron.
Janios Miguel Quevedo Valle es jefe nacional de Senasa desde finales del 2019. Al año siguiente consiguió un aumento de sueldo del que ahora reniegan los trabajadores de la institución que preside.
Lo ocurrido con el sueldo de Quevedo es un trago amargo para los trabajadores que esperan que se cumplan sus resoluciones judiciales y cuya escala remunerativa no cambia desde hace 12 años. “El jefe nacional se lleva la gloria, pero la peleamos nosotros”, responde, ofuscado, Walter Cañari. Si las sentencias de reposición no se cumplen cabalmente hasta abril, los trabajadores del Senasa advierten a este medio que podrían iniciar un paro indefinido.
«Considero que existe peligro que mi persona o familia podamos sufrir alguna agresión física ante la reiterada ocurrencia de hechos similares en mi domicilio, ocasionando temor en mi familia, así como un riesgo latente de sustracción de información reservada que manejo», expresó el fiscal en el documento.
La fiscal Paulina Roque considera que, además de estos antecedentes, otra forma de amedrentamiento son las distintas denuncias que se han formulado en su contra ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, en medio del proceso contra Keiko Fujimori. En su caso, se trata de cuatro quejas, pero en el caso del fiscal Pérez, son incontables. Fuentes del Equipo Especial señalan que todas han sido archivadas. “Este es un patrón que se ha venido realizando con el transcurso del tiempo y ahora me ha tocado a mí”, dice Roque a Sudaca.
El que finalmente había recibido la buena pro de este proceso hoy anulado fue Meler Neyra Santur, un hombre de 27 años que se dedica al transporte de carga desde el 2013, según la SUNAT. Neyra no es un proveedor nuevo para el Gobierno Regional de Piura: tan solo en 2021, firmó siete contratos con la entidad por uj total de S/790.000. Todos estos servicios estaban relacionados a traslado de materiales en el rubro de Educación.
La participación de Neyra en procesos públicos con la entidad data incluso de años anteriores a la pandemia. Una nota del diario Correo de 2019 alertó que él era uno de los que más contratos había ganado entre 2015 y 2018. Obtuvo más de S/400.000 en esos años producto de adjudicaciones sin haber tenido experiencia previa en el sector, según el mencionado medio. Cabe resaltar que en ese entonces, Neyra recién tenía entre 20 y 23 años.
Contactamos a Neyra por medio de sus redes sociales, pero no obtuvimos respuesta.
«Meley Neyra Santur, quien recibió la buena pro en la cuestionada adjudicación y tiene numerosos contratos previos con el Gobierno Regional de Piura (foto: Facebook)»
También pedimos los descargos del director regional de Educación de Piura, Elvis Bonifaz, quien aseguró que se están tomando medidas disciplinarias contra el comité de selección de la adjudicación y que la demora no ha afectado el desarrollo escolar porque “los primeros 15 días de clases se aborda el desarrollo socioemocional”. Esto pese a que las instituciones con las que conversó Sudaca sí reconocen haber sido afectadas. Sobre las pruebas de entrada o de diagnóstico, dice que «el que debería pronunciarse es el Minedu, porque no ha establecido cuándo se deberían tomar”.
El caso de esta singular adjudicación simplificada también ha llegado a la Contraloría y al Ministerio Público. Según César Orrego, la primera se encuentra haciendo un control concurrente del tema, a la par que fiscales de los distritos afectados están evaluando emprender una investigación. “Algunos lo han remitido a fiscales especializados en temas de corrupción de funcionarios”, detalla Orrego.
Esos tres personajes son los que hoy alimentan las teorías conspirativas en Palacio. Una particular visión del mundo que, en conjunto, podría explicar el choque entre la DINI −adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros− y la Policía Nacional. Ambas instituciones están enfrentadas por la orden de inamovilidad de hace tres días.
La noche del 4 de abril, los integrantes del Gabinete se reunieron de emergencia tras “tomar conocimiento por información de inteligencia (de la DINI) que el 5 de abril se agudizaría y agravaría la situación de violencia en Lima y Callao”, según un comunicado de la Policía.
A las 10 de la noche de ese 4 de abril, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, solicitó un informe a la Oficina de Planeamiento Operativo del Comando de Asesoramiento General de la Policía sobre la pertinencia o no de decretar un toque de queda en Lima y Callao. Esta dependencia apenas opinó, de acuerdo a una fuente confiable de la PNP, que una medida así de extrema es una atribución del Ejecutivo.
La fuente policial asegura a Sudaca, además, que el alto mando nunca pidió el encierro porque ese no es su estilo de trabajo. “¿La Policía alguna vez ha pedido que la gente no use autos para frenar los robos de vehículos? Es absurdo”, dice.
Por eso, las cabezas de la Policía quedaron sorprendidas cuando vieron en el Decreto Supremo que se decretaba “la inmovilización social obligatoria” basados en el informe de la Oficina de Planeamiento. En un sector del alto mando se han sentido usados por el gobierno para legitimar una medida desproporcionada.
El primer ministro Aníbal Torres atizó el fuego al decir, en una entrevista con Blu Radio de Colombia, que los policías peruanos tienen una preparación deficiente. Después pidió disculpas, como siempre lo hace después de cada exabrupto. Así las cosas, el gobierno hace agua por todos lados.
El sábado 2, el Ejecutivo finalmente se puso las pilas. O al menos eso parecía, pues anunciaron la tardía mesa de diálogo con los dirigentes para llegar a acuerdos y una tregua. Sin embargo, fueron llegando los ministros, pero el presidente ese día no apareció, lo que exacerbó el ánimo de los protestantes. Ellos pedían que Castillo se disculpara por tildarlos de vendidos.
La reunión con los ministros se llevó a cabo en el Coliseo Wanka. Sin embargo, cuando los manifestantes se dieron cuenta de que el presidente no llegaría, la protesta volvió a estallar. “[Estoy] totalmente indignado, el señor presidente debería estar acá, debe dar la cara acá, ¿por qué se esconde? No queremos a sus ministros, no queremos esa porquería”, dijo un manifestante a los periodistas de Canal N. Producto del conflicto, casi 30 personas resultaron heridas, algunos más graves que otros, de acuerdo a medios locales.
Kenyi Huaripata Yauri (23) es estudiante de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional del Centro de Perú. Ese sábado tenía clases, pero cuando vio a un grupo de agricultores −la mayoría, adultos mayores− que pasaban caminando mientras reclaman sus derechos, decidió ir a marchar con ellos. “Mi familia se dedica a la agricultura en Huancavelica, sé cómo es la labor, bastante sacrificada, por eso es que tomé la decisión de acompañarlos”, sostiene.
Cuando los disturbios comenzaron, cuenta, la Policía empezó a tirar bombas lacrimógenas a los manifestantes. En ese momento, él se retiró para evitar que lo lastimen. Sin embargo, para volver a casa se vio obligado a pasar por donde estaban los agentes. “Vi que estaban usando perdigones y bombas […] también cuando me estaba retirando, vi a un compañero en medio del humo tirado en el suelo, sin poder moverse debido al efecto de los gases lacrimógenos”, recuerda Kenyi.
Kenyi Huaripata salió a marchar junto con un grupo de agricultores. Lo que empezó como una protesta pacífica, terminó en casi una treintena de heridos. A Kenyi le lanzaron una bomba lacrimógena en la ingle y tuvo que ser operado de emergencia.
De acuerdo a su testimonio, al darse cuenta de que eran pocas personas, la Policía empezó a lanzar más bombas para dispersarlos. Y es ahí donde uno de estos artefactos le cayó en la ingle. “El dolor era tan intenso, que ya no pude irme a mi casa como lo tenía pensado, a pesar de estar muy muy cerca”, cuenta.
Como pudo, se acercó a una unidad de primeros auxilios de su universidad y les pidió ayuda. Fue llevado al hospital Daniel Alcides Carrión. Luego de tenerlo dos horas haciendo papeleos, una prima llegó a ayudarlo y lo trasladó a una clínica para ser operado de emergencia. “Si mis papás no hubiesen hecho un esfuerzo para ayudarme a pagar la clínica, seguramente no me habrían operado y ahora estaría mal”, apunta el estudiante.
Otro de los que resultó herido de gravedad fue Frayan Toribio Yaranga (27), que se encontraba como brigadista de primeros auxilios en la protesta. “Voy a apoyar el paro de los transportistas porque ya mucho se abusa del pueblo y las cosas suben: el petróleo, los víveres. Ya no nos alcanza”, le dijo a su padre Félix Toribio, según recuerda este a Sudaca.
Pero en medio de la batalla campal que se armó en las afueras del Coliseo Wanka, a Frayan le cayó un perdigón en el ojo derecho. Su familia se enteró de que estaba herido cuando vieron una foto de él en redes sociales. Cuando fueron a buscarlo, lo encontraron tirado en una camilla y sin atención médica. Tuvieron que trasladarlo de emergencia hasta el Hospital Nacional Guillermo Almenara, en Lima. Fue operado, pero perdió la visión del ojo derecho. Ahora corre el riesgo de perder el otro ojo debido a la gravedad de las heridas y a la atención tardía, según le informaron los médicos a su padre.
A Frayan Toribio le tiraron un perdigón en el ojo derecho. Aunque lo operaron, perdió la visión en ese ojo. Ahora se encuentra en peligro su ojo izquierdo.
“Mi hijo trabaja en Arequipa, en la mina, gana su plata con el sudor de su frente. No es un delincuente. No entiendo por qué le hicieron esto. Muy mal la policía, ¿cómo va a disparar de frente a las personas como si fuesen animales? Queremos justicia, nos sentimos indignados”, reclama Toribio.
Ahora Frayan se encuentra deprimido, por lo que su familia pide que los ayuden con un psicólogo para su hijo. “Mi hijo está llorando, está desesperado. Ahora yo le pido a Castillo o a los congresistas que me ayuden con un psicólogo que le hable a mi hijo”, pide su padre.
Daniel Zacarias Tejeda (28) también resultó herido. Él fue golpeado por los efectivos policiales en varias partes del cuerpo. “Cuando ya me estaba retirando, nos empezaron a tirar bombas y luego entre varios nos golpeaban, nos maltrataban. Tuve que ir a sacarme ecografías y rayos X para descartar cualquier fractura”, recuerda.
Daniel Zacarias también resultó herido en las manifestaciones: fue golpeado por los efectivos policiales en los exteriores del Coliseo Wanka.
Zacarias, quien se dedica a la construcción, tuvo que dejar de trabajar por los golpes recibidos. Cuando fue a la clínica, había 20 personas más que también estaban heridas. Ahora solo espera ver a Castillo dando la cara hoy en Huancayo. “Mi familia está muy molesta por lo que me hicieron. Y ese es el sentir general”, advierte.
Al cierre de esta edición, el presidente de la República acababa de llegar, entre pifias, al Coliseo Wanka para clausurar el Consejo de Ministros. Cuatro horas después que sus ministros. Tarde y mal para los juninenses y sus muertos.
El rubro textil también pasó las de Caín el día de ayer. Las fábricas de TopiTop, por ejemplo, estuvieron desiertas. Ni qué decir de sus 27 tiendas ubicadas en la capital. “Son más de 3.000 trabajadores en las tres fábricas de Lima. Nosotros producimos 50.000 prendas al día. Imagínese. Lo más crítico para nosotros es el incumplimiento con los clientes del exterior y la mala imagen de inestabilidad del país”, asegura Gustavo López, gerente general de la división industrial de esta compañía.
Lo más complicado, asegura, es tener que explicarle los vaivenes políticos a sus clientes extranjeros. “Tratamos de no entrar mucho en detalle. Darles esperanza de que esto se va a resolver. Si esto se extiende, será complicado no sólo para los textiles, sino para todos los exportadores. En los próximos días empezarán las dudas de si seguir [invirtiendo] en un país con tanto conflicto político”, se lamenta López.
En Gamarra cerraron los ingresos al emporio comercial incluso desde el lunes por temor a saqueos. Foto: Twitter.
“Detenernos un día significa una pérdida de S/20 millones”, señala con preocupación Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú. El inopinado anuncio del presidente Pedro Castillo decretando la inmovilización para Lima y Callao afectó la jornada laboral de las más de 100.000 familias que tienen a alguien trabajando en el emporio, y encima en pleno periodo de producción para la campaña otoño-invierno.
Saldaña advierte que en Gamarra no permanecerán sumisos ante otra decisión similar por parte del Ejecutivo. “Los empresarios de Gamarra no vamos a aceptar más medidas restrictivas que no son legítimas y que no tienen el mayor sustento. Somos respetuosos de las normas y las autoridades, pero no podemos permitir abusos”, remarca la empresaria.
DEL JOCKEY A LAS MALVINAS
A la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), la medida del gobierno también le generó un millonario dolor de cabeza. “Un día perdido representa el 12% de la venta semanal. Estamos perdiendo S/70 millones en ventas”, afirma Juan José Calle, presidente de esta asociación que incluye 50 centros comerciales, como el Jockey Plaza y Plaza Norte.
Para Calle, decretar un toque de queda en estos momentos es un absurdo. “Nosotros generamos 180.000 empleos a nivel nacional e impedir que trabajen en una zona como Lima, en un momento donde la economía familiar es golpeada por todos los efectos que conocemos, es contraproducente”, señala.
Centros comerciales como Plaza Norte lucieron cerrados con rejas ante el desconcierto de la gente que pasaba por la zona. Foto: La República.
A las grandes galerías ubicadas en la capital, donde convive el comercio formal con el informal, la decisión del jefe de Estado también les pasó factura. César Vásquez, por ejemplo, es secretario de imagen institucional del Frente Empresarial Las Malvinas. “[El centro comercial] Las Malvinas genera alrededor de 150.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta”, señala. Las restricciones del martes, asegura, representan pérdidas de entre S/30 y S/35 millones.
“Es una medida espantosa. Es el colmo clausurar Lima por un día. La gente está buscando recuperar su economía, pero el gobierno no deja de generar inestabilidad. Justo ahora, que todo ha subido, se les priva de trabajar”, sostiene Juan Infante, director de la Escuela Fábrica de Empresarios.
El empresario también señala que la incertidumbre de este tipo de medidas no sólo influye en los inversionistas. “Los consumidores actúan de manera prudente, reprimen su gasto. Eso, que pasa en las familias, también ocurre en las empresas: se contrata e invierte menos. Eso genera escasez de productos. Es una espiral fatídica”, comenta. Una espiral en la que el gobierno del lápiz se enroló solo. Y que, en total, podría costarnos S/1500 millones del PBI por un día.
Las consecuencias de esta recomposición al interior del TC ya se veían venir, dice Fernando Loayza, profesor de derecho tributario en la PUCP. Y el caso Primax es apenas una muestra. “Era muy claro que ante un TC con el voto dividido, la decisión iba a recaer sobre el presidente con su voto dirimente. Es claro que hubo una estrategia para que ciertos casos se resolvieran ante la presidencia de cierta persona y no de otra”, apunta.
Sudaca sometió a análisis la sentencia del caso Prímax, que tiene como principal punto de controversia la demora de Sunat y el Tribunal Fiscal.“Este tema se ha discutido mucho por años. Los contribuyentes, en su mayoría grandes empresas, argumentan que, como la Sunat y el Tribunal Fiscal tienen un plazo para resolver, no pueden cobrar intereses moratorios más allá de ese plazo legal”, explica Francisco Eguiguren.
“La empresas dicen ‘Tú, administración tributaria, te has demorado y no tienes por qué cargarme a mí con intereses que se han acumulado por tu demora’. Pero esa mirada es muy limitante y no toma en cuenta otros factores”, añade.
En su voto singular, Sardón le respondió a Ledesma argumentando que, “quizá”, ella aprovechó el fallecimiento de Carlos Ramos para imponer su opinión en los casos de intereses tributarios.
En la sentencia elaborada por Sardón, por ejemplo, no se toma en cuenta el motivo de la demora. De acuerdo a los especialistas, normalmente los casos tributarios suelen ser complejos y constan de mucha documentación que debe ser revisada minuciosamente, lo que explica el retraso.
“El voto en mayoría [de los tres magistrados] lo que dijo simplemente, y a la ligera, es ‘la demora no se justifica porque este caso no es un caso complejo’. ¿Cómo este caso no va a ser complejo? Cuando uno lee la sentencia se da cuenta de que aquí se habla de un conjunto de hasta once bloques distintos de resoluciones que abarcan varios años”, crítica Eguiguren.
“El TC no debería determinar cuál es el plazo razonable para emitir una respuesta. Eso depende de los recursos que tenga la Sunat y el Tribunal Fiscal. Hay casos que demoran más que otros […] Al Tribunal Fiscal le faltan recursos, se le ha bajado el sueldo a los vocales, es un órgano muy especializado que debería tener más recursos sobre todo para temas que cada vez son más complejos”, dice, por su lado, Fernando Loayza.
Pero hay otro factor a tomar en cuenta y es que las grandes empresas, animadas por los estudios de abogados que les dan asesoría legal en materia tributaria, suelen impugnar reiteradas veces los montos que la Sunat les determina. ¿El motivo? Demorar lo más que se pueda el pago, así no tengan razón. Algunas veces, esto puede tomar décadas. “Los intereses son una especie de castigo al litigio innecesario. Porque si vas a un litigio innecesario, vas a acumular más intereses en comparación a que si pagas y luego reclamas», sostiene Loayza.
Para Eguiguren, quien ejerció la defensa de la Sunat en el caso de Telefónica, este tipo de sentencias motiva a que las empresas impugnen indefinidamente. “Estas resoluciones pueden actuar como un incentivo para que sea más rentable reclamar antes que pagar oportunamente […] No se puede incentivar que sea más negocio reclamar que pagar, porque eso deja al Estado y al presupuesto público sin recursos», sostiene. Como están las cosas, todo apunta a que el TC ha abierto el camino para que el litigio innecesario llene las arcas de las grandes firmas de abogados.
