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¿ME AYUDAS A APROBAR LA COLABORACIÓN EFICAZ DE WALTER RÍOS Y A CAMBIO TE AYUDO EN EL NOMBRAMIENTO COMO FISCAL?

Uno de los principales trabajos que se le habría encomendado a Castillo Nieto es que hiciera lo posible por aprobar el acuerdo de colaboración eficaz del expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo, cosa que hizo en tiempo récord y mostrando su plena eficiencia.

Como es de conocimiento público, el domingo 13 de diciembre del 2021 el programa de Claudia Toro en PBO RADIO emitió una primicia al publicar el audio del Juez Supremo Núñez Julca que sostiene con un oficial de la Diviac Jorge Rodríguez en donde trata a los investigados del caso Cuellos Blancos como delincuentes y corruptos, adelantando opinión sobre la responsabilidad penal de personas que estaban siendo investigadas violando el principio de presunción de inocencia y el deber de imparcialidad. Frente a la gravedad de los hechos y a la situación insostenible de Núñez Julca en el Juzgado Supremo de Investigación preparatoria la Fiscalía Suprema de Eliseo Fernández Alarcón aceleró el paso y en tiempo récord logró presentar para su aprobación el acuerdo de colaboración eficaz que había firmado con Walter Ríos Montalvo.

Pese a que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Núñez Julca y Castillo Nieto tenía atrasado el despacho y estaban pendientes de resolver pedidos desde el mes de agosto del 2021, entre gallos y media noche, fijan fecha de la audiencia para la aprobación de la colaboración eficaz el día 22 de diciembre del 2021. En dicha audiencia, en la que intervino la Fiscal Fanny Quispe Farfán y el Procurador Público Javier Pacheco, se debía verificar cada uno de los 44 hechos que Walter Ríos Montalvo había delatado a fin de determinar si se había cumplido con corroborar y se habían respetado los demás requisitos fijados en la ley.

Pese a que la Procuraduría Pública de Corrupción de funcionarios había proyectado la realización de varias audiencias en el lapso de uno o dos meses para discutir cada uno de los puntos de la delación de Walter Ríos, sorprendentemente el Juzgado Supremo de Núñez Julca y Castillo Nieto resolvieron que un caso tan complejo se viera de manera fulminante en tres horas y el caso se dejó para resolver. Mientras el caso de la colaboración eficaz de Odebrecht duró más de 15 sesiones y tenía menos hechos delatados que la delación de Walter Ríos, el acuerdo de colaboración del expresidente de la Corte del Callao se vio de manera express como si se tratara de un servicio a la carta. Podemos preguntarnos si se buscaba acelerar los tiempos e impedir que si Núñez Julca era cambiado, otro juez conociera el caso, ya que si advertía los errores que contenía el acuerdo podía desaprobarlo.

El papel de Castillo Nieto aquí era determinante; si él demoraba la redacción de la sentencia de colaboración eficaz de Walter Ríos después de la apertura del año judicial del 2022 se corría el riesgo de que con el ingreso de otro juez supremo al juzgado de investigación preparatoria el acuerdo de Walter Ríos no sea aprobado; de tal modo se aceleró el plazo a como diera lugar a fin de que la sentencia pueda estar lista antes de fin de año. Según fuentes judiciales, una Fiscal Suprema le habría ofrecido interceder con la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos para que sea nombrado como fiscal en el Ministerio Público y así no pueda quedar en el aire y sin trabajo frente a la inminente salida de Núñez Julca como juez encargado del Juzgado de Investigación Preparatoria.

Se coordinaron perfectamente los tiempos y el mismo día que Castillo Nieto entregaba el proyecto de sentencia de colaboración eficaz para la firma de Núñez Julca, el 31 de diciembre del 2021. Ese mismo día salió publicada en el diario El Peruano su designación como Fiscal adjunto provincial provisional. Se trataba de un evidente intercambio de favores al estilo Cuellos Blancos: la fiscalía recibía la aprobación de la colaboración eficaz y Castillo Nieto lograba un nombramiento delivery por los servicios prestados.

Se ha podido averiguar que la conducta de Castillo Nieto con la Fiscalía, en especial, con la Fiscal Fanny Quispe, no era aislada ni solitaria. Según las fuentes consultadas, Castillo Nieto tiene llamadas y comunicaciones constantes con la Fiscal Fany Quispe en la que coordinaban el resultado y el sentido de las resoluciones judiciales que le interesan a la Fiscalía como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, las tutelas de derechos, reexamen y algunas acciones semejantes. Dichas fuentes resaltan que Castillo Nieto pedía a la Fiscal Fanny Quispe el envío de resúmenes y de los argumentos en Word que querían que se ingresara en las resoluciones. 

La propia Fanny Quispe habría coordinado con los funcionarios de la Oficina de Registros y evaluación de fiscales a fin de cerrar la designación de Castillo Nieto en el tiempo más breve posible y habría convencido a la Fiscal de la Nación para que apurara su nombramiento. Las grabaciones de las imágenes de los pasadizos del Ministerio Público, luego de la segunda quincena del 22 de diciembre, despiertan suspicacias en ese sentido. Incluso, se ha tenido acceso a un audio en donde Fanny Quispe en una reunión admite conocer y tener amistad con Castillo Nieto. 

La Fiscal Fanny Quispe y Castillo Nieto, de comprobarse todo lo expuesto, incurrirían en prácticas en las que estaban incursos algunos empresarios y abogados involucrados en el caso Cuellos Blancos, pero esta vez la relación extraprocesal provendría de los propios miembros del Ministerio Público con las autoridades jurisdiccionales. ¿Alguien investiga estos graves hechos? 

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COHECHO Y ANTECEDENTES FISCALES 

Se ha consultado a algunos fiscales y a abogados penalistas y nos señalan que la conducta de ofrecer o pagar por un determinado resultado judicial, antes o después, supone que se ha cometido el delito de cohecho activo. En ese delito debería investigarse si incurrieron Zoraida Ávalos y Fanny Quispe debido a que a cambio de obtener favores judiciales se lograría un nombramiento de Fiscal. Dicho hecho se vio consumado con la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1888-2021-MP-FN del 31 de diciembre del 2021 que fue suscrita por la misma Zoraida Ávalos.

Cuando se preguntó acerca de si había antecedentes parecidos los fiscales consultados nos remitieron algunas decisiones del propio Ministerio Público en las que se reflejaba el tratamiento como delito de cohecho del hecho de recibir designaciones o nombramientos como pago por obtener determinadas decisiones judiciales o fiscales.

El caso se remonta a mayo del 2017 en el que el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde autorizó a que se denuncie por cohecho al juez Edwin Elmer Yalico Contreras, debido a que el 2008 declaró fundada una demanda de hábeas corpus a favor de ex Presidente Ollanta Humala Tasso por el caso del Andahuaylazo y el año 2013 fue contratado como asesor principal del Congresista José Antonio Urquizo Maggia, miembro de la bancada nacionalista. Se consideró que el nombramiento como asesor en el cargo de Profesional nivel SP-9 de Yalico fue un delito de corrupción, pese a que se produjo casi cinco años después de haber fallado en beneficio de Ollanta Humala. El caso de la designación de Castillo Nieto como fiscal adjunto provincial provisional por Zoraida Ávalos es mucho más grave porque se produce el mismo día que se dicta la sentencia de colaboración eficaz de Walter Ríos, el 31 de diciembre del 2021, y meses después que se condenara por encubrimiento a Pedro Chavarry y se fallara de manera favorable a Zoraida Ávalos en casos relacionados con Fiscales Supremos que no eran de su grupo de poder: Tomás Gálvez y Carlos Arce.

Las irregularidades en el nombramiento del secretario de confianza Juan José Castillo Nieto como fiscal del Ministerio Público no terminan allí. Por ejemplo, su designación se produce antes que haya renunciado y su renuncia haya sido aceptada por el Poder Judicial; mejor dicho, cuando fue nombrado como Fiscal adjunto provincial provisional por Zoraida Ávalos seguía teniendo relación laboral con el Poder Judicial, tanto es así que el 31 de diciembre del 2021 termina suscribiendo la sentencia de colaboración eficaz de Walter Ríos. Además, Castillo Nieto nunca ha trabajado en el Ministerio Público, ni como asistente fiscal, ni en un cargo administrativo en la Fiscalía; tenía cero experiencia; solo la suerte de una persona bendecida por los astros y el poder absoluto de Zoraida Ávalos explica su designación, rápida y fulgurante. Tanta suerte tiene Castillo Nieto que luego de su nombramiento como Fiscal Adjunto, producido en tiempo récord, no se le envía a trabajar en el pool de fiscales o en una Fiscalía provincial, de Lima o de provincia, sino que se le envía a laborar en la más alta esfera del Ministerio Público, en una Fiscalía Suprema Transitoria que depende de manera directa de Zoraida Ávalos.  

El día de su investidura como Fiscal de la Nación Patricia Benavides dijo: “las leyes nos hacen iguales y nadie puede estar por encima de ellas, por ello iremos tras la investigación de cualquier acto delictivo, ya sea del más poderoso o cualquier ciudadano común. Todos aquellos actos que caigan bajo sospecha tienen el deber de comparecer ante la justicia y rendir cuenta por sus actos».

Si el discurso de la flamante Fiscal de la Nación es sincero y honesto debería ser consecuente y, sin pensarlo dos veces, debe abrir investigación a Zoraida Ávalos, su votante en la Junta de Fiscales Supremos como Fiscal de la Nación y que le tomó juramentó en el cargo, y debe comprender en ella a la Fiscal Fanny Quispe y al Fiscal Juan José Castillo Nieto.

No basta hablar; es necesario predicar con el ejemplo. Solo así, como reconoció la Fiscal de la Nación, el Ministerio Público saldrá de su peor crisis.

 

 

 

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Fiscalía, Patricia Benavides Vargas, Zoraida Ávalos

“La Sunedu no es perfecta”

Aunque Medina y sus colegas señalan que la oposición a la contrarreforma universitaria responde a una defensa a la Sunedu, los representantes universitarios con los que habló Sudaca negaron que su postura busque defender a esta entidad. Ellos también creen que hay mucho por cambiar, pero que sus opiniones no han sido tenidas en cuenta por la Comisión de Educación.

“Nosotros dejamos claro que no respaldamos a la Sunedu ciegamente. También tenemos nuestras observaciones”, comentó Brayan Valentín Delgado, quien cuestiona las sanciones económicas. “Una universidad muchas veces tiene escasez de recursos y está peleando por tener una mayor presupuesto y la Sunedu le pone multas netamente económicas por fallas que son de la autoridad de turno”, critica el estudiante de la UNI.

Wagner Malca Tijias, de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguia de Bagua, vino a Lima y también intentó que su voz contra la contrarreforma sea escuchada. Él también tiene cuestionamientos hacia la Sunedu, pero considera que estos no son abordados por el proyecto del Congreso.  “Todos los integrantes de la Sunedu deberían ser elegidos por concurso público. Es un filtro más objetivo y más técnico”, opina el estudiante.

“Hay problemas con Sunedu, pero se pueden solucionar. Lo que no se puede es descartar todos los cambios que se han hecho, como los estándares mínimos de calidad”, comenta Milagros Chumbiray Gonzáles de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ella señala que uno de los aspectos a mejorar es la rapidez con que la superintendencia atiende las denuncias.

Esdras Medina parece haber logrado algo que en otros ámbitos de la política peruana parece imposible: un consenso entre oficialismo y oposición, en este caso, en torno a la reforma universitaria. Eso es innegable. Pero es mucho más discutible que ese consenso alcance también a la comunidad universitaria o que sea cierto que sus iniciativas reflejen una genuina preocupación por los estudiantes. Aunque lo repita una y mil veces, en todas sus entrevistas. Por cierto, Sudaca también intentó comunicarse con el congresista Medina para consignar su versión en este reportaje. Tampoco nosotros obtuvimos respuesta.

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SUNEDU

El 20 de mayo del 2021, sin embargo, la Comisión de Derechos de Autor del Indecopi rechazó este argumento. “En el contrato de 1997, las partes señalan que el mismo sería de coproducción, por lo que los derechos patrimoniales sobre la obra corresponderían en partes iguales a ambos (…) La denunciante [la asociación Pataclaun] se encuentra legitimada para presentar la presente denuncia”, dice la resolución que declaró fundada la demanda contra Telefónica, Media Networks y Canal 2, a quienes atribuyó distintos niveles de responsabilidad.

Sin embargo, esta comisión del Indecopi desestimó las pretensiones económicas de la asociación cultural. El Indecopi se negó a calcular el monto de la compensación de acuerdo con el contrato firmado en 1997, pues este fijaba un valor por la producción de la obra y no por las licencias posteriores que pudieran afectar el producto.

Luego de las apelaciones de ambos lados, el último 6 de junio, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual fijó el pago a favor de Pataclaun apenas en US$27,500. Un monto que debe haber dado risa a las tres grandes empresas de comunicación involucradas, porque la sacaron barata. El monto corresponde al primer año del contrato que se pagó a favor de Latina, lo único que se había cancelado antes de que la serie fuera retirada del streaming. El Indecopi tampoco impuso una multa a las involucradas, pero sí dispuso que Latina cubra los gastos derivados del proceso.

Resolución de la sala
La resolución de abril de este año, luego confirmada en junio, que le dio la razón a Pataclaun. Telefónica, Media Networks y Latina la sacaron barata

Sudaca se comunicó con July Naters para recoger su versión sobre el desenlace de este contencioso, pero al cierre de este reportaje no recibimos respuesta. De seguir en desacuerdo con el monto que el Indecopi les reconoció, la asociación que dirige la productora puede acudir al fuero judicial. 

Pataclaun no solo ha sufrido este intento descarado de desconocer a sus autores, sino también la falta de pago a los actores que protagonizaron la serie. Por las retransmisiones que hacía Latina estos debían percibir regalías. Desde Inter Artis, la asociación encargada de gestionar los derechos de propiedad intelectual de artistas e intérpretes, informan que ya han llegado a un acuerdo con la empresa para que asuma sus responsabilidades. Este medio se comunicó con el área legal de Latina, pero no atendieron nuestras consultas.

“Hay una cultura de desconocer la propiedad intelectual ajena. Nosotros tenemos una serie de mecanismos para convencernos de que, cuando el producto es un intangible, robar no está mal. Pero la persona que ha producido el contenido tiene derecho a ser compensado por el tiempo que ha invertido en eso, porque, si no, no existiría. Ese es un problema a nivel país”, reflexiona Carlos Zúñiga. A final de cuentas, este caso, que involucra a una de las series cómicas más recordadas de la televisión peruana, se saldó con una compensación ridícula.


** Fotocomposición de portada: Darlen Leonardo

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Movistar, Pataclaun

EL MOVIMIENTO DE PERÚ LIBRE

Así las cosas, la ruptura era una cuestión de horas y días. Así lo avanzó el semanario Hildebrandt en sus Trece en su edición del 17 de junio. El comunicado de Perú Libre en el que se invita al presidente a renunciar al partido es un golpe táctico que busca mejorar la posición perulibrista, con miras a las elecciones regionales y municipales de octubre.

Castillo se afilió a Perú Libre el 30 de septiembre de 2020. Por entonces pensaba en postular al Congreso, arropado en la popularidad que obtuvo como líder sindical en la huelga magisterial de 2017. Pero luego se le ofreció ser candidato presidencial, y una serie de circunstancias insospechadas terminaron llevándolo hasta Palacio de Gobierno. Ahora, el partido por el que postuló le pide que se vaya. Fiel a su costumbre, la primera reacción de Castillo fue diferir su respuesta: el miércoles dijo que la daría “en las próximas horas”. Lo cierto es que si no presenta su renuncia, Perú Libre amenaza con proceder a su expulsión.

Castillo afiliación
El registro de la afiliación del presidente Pedro Castillo Terrones a Perú Libre, con fecha 30 de septiembre del 2020. La desafiliación es inminente.

Tal como están las cosas, Perú Libre –con Cerrón a la cabeza– considera que ha llegado el momento de desmarcarse de Castillo. Lo concreto es que esté gobierno está continuando con las políticas neoliberales. Lo concreto es que no se está avanzando a romper con las viejas estructuras que han sometido a nuestro país a las políticas neoliberales que benefician a determinados grupos de poder económico”, dice a Sudaca el congresista de Perú Libre Jaime Quito, para justificar la ruptura.

Pero esta supuesta traición al ideario del partido no es la única razón por la que Perú Libre buscaría ahora desmarcarse el presidente. También se le considera responsable de fracturar al partido, promoviendo la inscripción de dos agrupaciones, Peruanos Como Tú y el Partido Magisterial y Popular.

Pedro Castillo y Mery Coila
Mery Coila Ramírez, lideresa del llamado Partido Magisterial y Popular, en una foto con Pedro Castillo. Dice esperar al presidente con los brazos abiertos para que lidere el movimiento inspirado en él.

Ninguna de estas dos organizaciones ha logrado su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, con miras a las próximas elecciones. Sin embargo, las dos estarían dispuestas a acoger con los brazos abiertos a Castillo luego de que este se desligue de Perú Libre.

“Nosotros lo recibiremos con los brazos abiertos al profesor Pedro Castillo, cuando él lo considere. Él sabe que somos su gente, somos su base. Nos unen muchas cosas al profesor Pedro Castillo desde la lucha sindical. Hay esa afinidad con él”, dice a Sudaca Mery Coila, lideresa del llamado Partido Magisterial y Popular.

Coila anticipa que varios militantes de Perú Libre se van a desafiliar a ese partido para pasarse al suyo. Y estima que en julio presentarán un expediente al Jurado Nacional de Elecciones para tentar la inscripción.

Por su parte, Segundo Quiroz, congresista cajamarquino de la bancada del Bloque Magisterial, dice que la inscripción de su organización Peruanos Como Tú también esta encaminada. Sobre Pedro Castillo, dice que “es parte del trabajo que nosotros hemos venido teniendo para determinar el objetivo”.

 

EL ESCENARIO PARLAMENTARIO

¿La salida de Castillo de Perú Libre es el preludio de un nuevo intento de sacarlo de la presidencia de la República? No necesariamente. Jaime Quito señala que la agrupación del lápiz no se va a sumar abiertamente a la vacancia que promueve la oposición en el Congreso. “Nosotros somos de izquierda. No somos de derecha ni golpistas. No hemos cambiado ni un ápice de nuestra propuesta y nuestro planteamiento. Te estoy diciendo que no nos vamos a sumar a la derecha golpista”, asegura el congresista.

Otra fuente cercana a Vladimir Cerrón asegura que la estrategia de ahora en adelante será que los 16 congresistas de la bancada apuesten por la abstención en las votaciones claves.

Perú Libre tiene cinco de los 17 integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que en cualquier momento verá la denuncia contra Castillo por traición a la patria. La investigación a Castillo, por declararse a favor de someter a consulta una salida al mar para Bolivia, avanza a paso firme, y si prospera podría llevar a la suspensión del jefe de Estado. Sin la defensa de los perulibristas, la oposición tiene todas las de ganar en este caso.

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Gobierno, Pedro Castillo, Perú Libre, Vladimir Cerrón

A la fecha, el caso continúa en investigación preparatoria y Kuczynski ya no está bajo arresto domiciliario (la medida se revocó en abril). El plazo para el fin de la investigación termina en agosto próximo, pero el Ministerio Público podría solicitar algunos meses más para finalizar con las pesquisas.

El caso es que Pérez y Kuczynski dialogaron, pero finalmente el expresidente desestimó la idea de convertirse en colaborador. Estos procesos implican necesariamente que los procesados reconozcan la comisión de delitos, reciban una condena por ello, y entreguen información valiosa que permita avanzar en las investigaciones. Nada de esto ocurrió en el caso de PPK. No hubo admisión de culpabilidad, ni tampoco entrega de información.

Según confirmaron las fuentes a Sudaca, el expresidente se negó a reconocer responsabilidad, con excepción de la estructura que creó para que sus bienes inmuebles pasen a estar a nombre de sus empresas. Kuczynski señaló que había sido inducido a error por sus abogados. 

Al finalizar la reunión, el fiscal Pérez leyó las condiciones de un proceso de colaboración eficaz, pero todo quedó ahí. Y tras aquella visita la defensa no ha vuelto a tener un acercamiento con el Ministerio Público. 

En declaraciones a Sudaca, Julio Midolo, abogado de PPK, sostuvo que “no hubo un requerimiento formal” para que el exmandatario se acoja a un proceso de colaboración eficaz, pero que es una posibilidad dentro de un proceso judicial. “No ha habido un planteamiento, la tesis de la defensa del presidente es sobre la inocencia”, insistió.

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Fiscalía, PPK

MOMENTO CLAVE

Entre tanto, Echaíz afronta semanas decisivas para su carrera política. Y es que la congresista define su permanencia en la bancada de APP, con la mirada puesta en laelección de la Mesa Directiva de fines de julio.

Echaíz cavila sobre su futuro junto a su círculo de confianza. El núcleo duro está conformado por el excongresista y líder sindical José Luis Risco (recordado, también, por ser candidato a la vicepresidencia por el PPC), su asesor principal en el Parlamento, Víctor Alzamora Cárdenas, y Raúl Sánchez Villacorta, quien colaboró con José Peláez cuando este fue fiscal de la Nación.

Echaíz goza del apoyo de bancadas opositoras, como Renovación Popular y Avanza País. De hecho, esta última la ha invitado a sumarse a sus filas. Fuerza Popular también la ve con simpatía, pero ha anunciado que no hará cuestión de Estado con su candidatura. “El objetivo es que la agenda de Castillo y del lápiz no sea la agenda del Parlamento. Dependerá de que APP presente una persona que genere la confianza para los parlamentarios”, dijo el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, a RPP.

Una fuente de Sudaca dice que Keiko Fujimori le ha manifestado a César Acuña que respetará el pacto verbal según el cual este año le corresponde a APP presidir la Mesa Directiva y que espera que el elegido no sea afín al gobierno.

Echaíz, sin embargo, no tiene preferencia en gran parte del partido que la cobija como invitada, Alianza Para el Progreso. Lamayoría no la ve con buenos ojos por votar distinto en la bancada y adoptar una posición individualista, junto con Roberto Chiabra, el otro invitado en la tienda apepista. Además, este sector considera que su candidatura polarizaría la elección y, por lo tanto, puede unir a las bancadas cercanas al oficialismo como Somos Perú, Cambio Democrático, Perú Bicentenario, Perú Democrático, Perú Libre, Bloque Magisterial, Podemos y los no agrupados. Juntos, todos estos grupospueden sumar 58 votos claves para la elección.

Un grupo minoritario en APP, en cambio, sí considera a Echaíz una opción válida para presidir el Congreso, siempre y cuando coordine con César Acuña. El líder del partido analiza en estos momentos la coyuntura recibiendo consejos del exministro de Trabajo, Juan Sheput, y la excongresista de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta. “Trato de darle consejos a César, asesorarlo, darle mi opinión. Decirle esto no lo hagas y esto sí. Ya él decide qué cosa hace. Venimos conversando desde antes de la primera vuelta”, dice Alcorta a Sudaca.

Juan Sheput
Juan Sheput Moore, exministro de Trabajo y consejero político de César Acuña en la actualidad. Lourdes Alcorta también asesora al líder de Alianza Para el Progreso. Fuente: Andina.

Una fuente de esta agrupación dice a Sudaca que Echaíz tomará la decisión sobre si se queda o se va después del 8 de julio, cuando acabe la legislatura. “Esto es porque no quiere perder la presidencia de la Comisión de Justicia, que le corresponde a APP”, explica.

La dirigencia de Alianza Para el Progreso baraja como opción para liderar la MesaDirectiva, además de Echaíz, a la congresista  Rosio Torres, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en el ojo de la tormenta por blindar al expresidente Manuel Merino, en la investigación por los violentos sucesos del 14 de noviembre del 2020. La opción de Héctor Acuña, hermano del líder de APP, se ha desinflado en los últimos días.

Eduardo Salhuana, quien se afilió al partido en enero de este año para apuntalar su candidatura a la presidencia del Congreso, ha perdido fuerza en las últimas semanas al ser identificado como un aliado del gobierno. Lady Camones, la actual primera vicepresidenta del Parlamento, no ha perdido chances pese al audio filtrado en el que despotricaba de Acción Popular, y lo calificaba como una “banda delincuencial”.

Salhuana afiliación
Registro de afiliación del congresista Eduardo Salhuana Cavides a Alianza Para el Progreso el 5 de enero de este año. Un movimiento estratégico para postularse como candidato a la presidencia del Congreso.

La bancada de la lampa, con sus quince votos y enfrascada en sus propias guerras internas, será clave en la elección. La facción liderada por María del Carmen Alva es cercana a Camones, pese a la grabación difundida por el diario “Correo”. Y es que el principal blanco del ataque de la parlamentaria en el audio fue el legislador acciopopulista Darwin Espinoza, un adversario de Alva en la interna.

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Gladys Echaíz

Casquino debía acreditar como mínimo ocho años de experiencia general y cuatro de experiencia específica en puestos similares. Un día antes de su nombramiento, la Oficina de Recursos Humanos del Midagri no solo señaló que cumplía estos requisitos, sino que los sobrepasaba. Este despacho calculó que Casquino reunía 18 años, 10 meses y 12 días de experiencia general y siete años con 19 días de recorrido específico.

La OCI del Midagri, sin embargo, hizo su propia revisión y concluyó que Casquino solo tenía siete meses de experiencia específica. Una diferencia abismal. Este corto periodo correspondía a su paso como jefe de producción en la Empresa Municipal Santiago de Surco entre febrero y julio del 2011. El contraste se explica, de acuerdo a la OCI, en que los documentos de sustento que presentó este exfuncionario se superponen en el tiempo.

Su paso por el Midagri fue su primera experiencia en un ministerio. Pero no es la primera vez que una entidad pública dice que no contaba con el perfil para un puesto. En octubre del año pasado, el Ministerio de Salud (Minsa) realizó un proceso CAS para contratar a un asistente en salud ambiental. Luego de revisar los currículos de 14 postulantes, esta cartera descartó a todos y declaró desierto el proceso. En esa relación, figura Casquino como “no apto”.

Memorando triple
Una de las primeras medidas que tomó Alencastre al asumir como ministro fue pedir que sus funcionarios pongan los cargos a disposición. El informe de la OCI marca que aún tiene mucho que hacer.

Los cuatro funcionarios señalados por Contraloría fueron nombrados durante la gestión de Óscar Zea como titular del Midagri. Tres de ellos, durante sus últimas semanas en la cartera. El congresista, ex integrante de la bancada oficialista, dejó la cartera el pasado 22 de mayo.

La limpieza anunciada por el ministro Alencastre apenas asumió el ministerio deberá ser más veloz. Persistir con funcionarios que no cumplen con los requisitos para desempeñarse en sus puestos puede convertir la crisis alimentaria y de fertilizantes en una pesadilla.

 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo



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MIDAGRI, OCI

“Fue un tuit de sugerencia. Lo importante es que no haya cambios prematuros porque eso genera inestabilidad”, dice Bellido a Sudaca sobre su mensaje. 

Pero el respaldo perulibrista a Aníbal Torres no se condice con el clima que desconfianza que impera en la relación entre Perú Libre y el presidente Castillo. A Vladimir Cerrón le supo muy mal que el presidente haga cambios en el gabinete sin consultarle, y remueva de su cargo a uno de sus alfiles, como Carlos Palacios, de la cartera de Energía y Minas. Cerrón y Castillo habían llegado a un acuerdo verbal para que el gabinete sea integrado por representantes de bancadas aliadas en el Parlamento, como Somos Perú, Juntos por el Perú y el bloque magisterial, para de esta manera frenar nuevos intentos de vacancia impulsados desde la oposición. Pero esta repartija de ministerios aún no se concreta.

Consultado sobre esto por Sudaca, Guido Bellido confirma el distanciamiento entre el presidente y el partido con el que llegó al poder. “Eso no es novedad. El partido no representa al gobierno. El presidente tiene que ser ideológica y políticamente de Perú Libre para representar sus ideas”, afirma. 

Vladimir Cerrón también exhibió sus diferencias con Castillo en un tuit de este miércoles. Fue al replicar un mensaje del electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien anunció un agresivo plan de inversión para construir universidades y colegios. 

“Esto le sugerí al Presidente (Castillo), además de hospitales especializados, en cada región. Hasta hoy, ni terreno ni perfil. Aún estamos a tiempo, cumpla el programa de PL (Perú Libre)”, escribió Cerrón. 

Entre tanto, avanza en el Congreso la acusación contra el presidente por supuesta traición a la Patria, por haberse pronunciado favorablemente a la idea de someter a consulta popular la posibilidad de concederle una salida al mar soberana a Bolivia, en la tristemente recordada entrevista con el periodista de CNN Fernando del Rincón.

En mayo, el legislador acciopopulista Wilson Soto presentó un informe en el que recomendó citar a Castillo y a del Rincón. El caso sigue avanzando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En Perú Libre consideran que el mandatario está muy confiado de que está acusación no prosperará, según una fuente del partido del lápiz. Quizás no debería estarlo tanto, piensan los allegados a Cerrón. La oposición más feroz ve en este caso un plan alternativo al de la vacancia, puesto que si prospera cumpliría con el objetivo de sacar a Castillo de Palacio. La acusación de traición a la Patria puede derivar en una suspensión del jefe de Estado mientras este es procesado. Y para eso solo se necesitarían 66 votos en el parlamento, no los 87 que se exigen para una vacancia por incapacidad moral permanente. Esos 21 votos hacen un mundo de diferencia.

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anahí durand, pcm

COSTOS QUE NO SE ENTIENDEN…

El desembolso de US$1’657,127 por parte de PromPerú fue calculado en base a la oferta y la estructura de costos presentadas por Continuous Events al inicio del proceso. Estos documentos obraban en la fase de cotización y están plasmados en el monto del contrato. Sin embargo, los costos que se presentaron al momento de suscribir el acuerdo señalaban que el consorcio iba a gastar US$1’647,47, es decir, US$9,680 menos. Se trataba, por tanto, de una ganancia no justificada a favor de la firma.

Continuous Events, además, había modificado varios de los conceptos de su oferta a la hora de suscribir el contrato. De hecho, muchos de estos costos resultaron inexplicables para los auditores. Por ejemplo, los honorarios, viáticos y “pagos de acomodación” por más de € 232,942 (S/919,000) para cuatro de los miembros de la delegación del consorcio. 

«(…) los cargos señalados no se encuentran previstos en los TDR [términos de referencia], ni forman parte del servicio requerido y cuya necesidad no se encuentra justificada técnicamente”, se lee en el documento de control.

Parte del informe de control donde se detalla la diferencia entre el monto del contrato y lo que realmente iba a ganar el consorcio. Sobraban US$ 9,000.

Todas estas inconsistencias debieron ser observadas, dice la Contraloría, por Andrés Moromisato, jefe de la Unidad de Logística. Pero este no hizo absolutamente nada.

 

… Y ADELANTOS QUE TAMPOCO

Hay más cifras que no tienen lógica. Luego de suscribir el contrato, el consorcio Continuous Events debía entregar, en los siguientes siete días, su “primer producto”. Por este, el Estado le abonaría el 40% del monto del convenio, unos S/2,5 millones.

Los términos de referencia señalaban que este “producto” debía consistir en cosas tan básicas como una propuesta del plan de trabajo, detalles generales del proveedor y el organigrama del personal y sus funciones. En suma, un adelanto desproporcionado e injustificado. Al menos, la Contraloría lo interpretó así.

Y es que, si el trabajo duraba ocho meses (hasta abril del 2022, un mes después de acabado el evento), ¿por qué desembolsar tal cantidad de dinero solo por siete días de supuesto trabajo? Es más: ni siquiera habían empezado las operaciones en Dubái: apenas estaban en una etapa de preproducción. Los auditores, por tanto, calificaron este adelanto como “una trasgresión del principio de equidad”. 

Lo que sí podría valer un adelanto, sin embargo, era un informe de “auditoría audiovisual del pabellón peruano”, que podría permitir, a través de fotos y videos del pabellón, identificar ciertas falencias del mismo; y la implementación de una unidad móvil con el branding peruano. Pero cuando los funcionarios de la Contraloría revisaron la rendición de cuentas referida al primero de estos puntos, descubrieron que tampoco valía el dinero.

La Contraloría señala que no correspondía el 40% de adelanto a favor de Continuous Events.

El informe de la auditoría audiovisual estaba conformado solo por ocho fotos, “no evidenciándose evaluación técnica alguna respecto del estado situacional del pabellón”, y un video “que solo refleja el estado de avance de la construcción del pabellón”. 

Claramente, a los auditores de la Contraloría estos informes les parecieron insuficientes. ¿Quién recomendó aprobar, por este mamarracho, el primer adelanto? La ya mencionada María Noriega Vílchez, en un correo enviado a la gerente general de PromPerú, Irene Suárez. Esta última, metida hasta el cogollo en este escándalo, lo aprobó. 

El informe de control que aquí detallamos fue enviado el pasado 2 de junio a la presidencia ejecutiva de PromPerú. En sus líneas finales recomienda a la procuraduría del Mincetur iniciar acciones legales. Está en sus manos denunciar. Irene Suárez y compañía, según el documento, tienen que responder penalmente por todo lo expuesto en esta nota.

“En la actualidad, se vienen desarrollando las acciones respectivas ante los órganos competentes, tanto a nivel administrativo como a nivel jurisdiccional, para el deslinde de responsabilidades que correspondan de los exfuncionarios y servidores comprendidos en las investigaciones”, dice un comunicado enviado por el Mincetur a Sudaca.

El escrito señala que desde esa cartera se pidió la intervención de la Contraloría “al conocer posibles actos irregulares”. La auditoría arrancó el 1 de julio del año pasado, semanas antes del ingreso del gobierno de Pedro Castillo, y acabó el 21 de setiembre, ya con el partido del lápiz en el poder. Respecto a Irene Suárez, remarca el comunicado, fue removida en octubre pasado. No dicen nada, sin embargo, de qué se hizo con los otros tres responsables. Como ya se señaló líneas arriba, el jefe de la Unidad de Logística sigue en el cargo.

 

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contraloria, Promperú
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