Informes

LOS TEXTILEROS

El rubro textil también pasó las de Caín el día de ayer. Las fábricas de TopiTop, por ejemplo, estuvieron desiertas. Ni qué decir de sus 27 tiendas ubicadas en la capital. “Son más de 3.000 trabajadores en las tres fábricas de Lima. Nosotros producimos 50.000 prendas al día. Imagínese. Lo más crítico para nosotros es el incumplimiento con los clientes del exterior y la mala imagen de inestabilidad del país”, asegura Gustavo López, gerente general de la división industrial de esta compañía. 

Lo más complicado, asegura, es tener que explicarle los vaivenes políticos a sus clientes extranjeros. “Tratamos de no entrar mucho en detalle. Darles esperanza de que esto se va a resolver. Si esto se extiende, será complicado no sólo para los textiles, sino para todos los exportadores. En los próximos días empezarán las dudas de si seguir [invirtiendo] en un país con tanto conflicto político”, se lamenta López.

Gamarra-textiles
En Gamarra cerraron los ingresos al emporio comercial incluso desde el lunes por temor a saqueos. Foto: Twitter.

“Detenernos un día significa una pérdida de S/20 millones”, señala con preocupación Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú. El inopinado anuncio del presidente Pedro Castillo decretando la inmovilización para Lima y Callao afectó la jornada laboral de las más de 100.000 familias que tienen a alguien trabajando en el emporio, y encima en pleno periodo de producción para la campaña otoño-invierno.

Saldaña advierte que en Gamarra no permanecerán sumisos ante otra decisión similar por parte del Ejecutivo. “Los empresarios de Gamarra no vamos a aceptar más medidas restrictivas que no son legítimas y que no tienen el mayor sustento. Somos respetuosos de las normas y las autoridades, pero no podemos permitir abusos”, remarca la empresaria.

 

DEL JOCKEY A LAS MALVINAS

A la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), la medida del gobierno también le generó un millonario dolor de cabeza. “Un día perdido representa el 12% de la venta semanal. Estamos perdiendo S/70 millones en ventas”, afirma Juan José Calle, presidente de esta asociación que incluye 50 centros comerciales, como el Jockey Plaza y Plaza Norte. 

Para Calle, decretar un toque de queda en estos momentos es un absurdo. “Nosotros generamos 180.000 empleos a nivel nacional e impedir que trabajen en una zona como Lima, en un momento donde la economía familiar es golpeada por todos los efectos que conocemos, es contraproducente”, señala.

Plaza Norte-Centros comerciales
Centros comerciales como Plaza Norte lucieron cerrados con rejas ante el desconcierto de la gente que pasaba por la zona. Foto: La República.

A las grandes galerías ubicadas en la capital, donde convive el comercio formal con el informal, la decisión del jefe de Estado también les pasó factura. César Vásquez, por ejemplo, es secretario de imagen institucional del Frente Empresarial Las Malvinas. “[El centro comercial] Las Malvinas genera alrededor de 150.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta”, señala. Las restricciones del martes, asegura, representan pérdidas de entre S/30 y S/35 millones.

“Es una medida espantosa. Es el colmo clausurar Lima por un día. La gente está buscando recuperar su economía, pero el gobierno no deja de generar inestabilidad. Justo ahora, que todo ha subido, se les priva de trabajar”, sostiene Juan Infante, director de la Escuela Fábrica de Empresarios.

El empresario también señala que la incertidumbre de este tipo de medidas no sólo influye en los inversionistas. “Los consumidores actúan de manera prudente, reprimen su gasto. Eso, que pasa en las familias, también ocurre en las empresas: se contrata e invierte menos. Eso genera escasez de productos. Es una espiral fatídica”, comenta. Una espiral en la que el gobierno del lápiz se enroló solo. Y que, en total, podría costarnos S/1500 millones del PBI por un día.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

Tags:

Centros comerciales, Pedro Castillo, Toque de queda

¿SE DEBEN PAGAR LOS INTERESES?

Las consecuencias de esta recomposición al interior del TC ya se veían venir, dice Fernando Loayza, profesor de derecho tributario en la PUCP. Y el caso Primax es apenas una muestra. “Era muy claro que ante un TC con el voto dividido, la decisión iba a recaer sobre el presidente con su voto dirimente. Es claro que hubo una estrategia para que ciertos casos se resolvieran ante la presidencia de cierta persona y no de otra”, apunta.

Sudaca sometió a análisis la sentencia del caso Prímax, que tiene como principal punto de controversia la demora de Sunat y el Tribunal Fiscal. “Este tema se ha discutido mucho por años. Los contribuyentes, en su mayoría grandes empresas, argumentan que, como la Sunat y el Tribunal Fiscal tienen un plazo para resolver, no pueden cobrar intereses moratorios más allá de ese plazo legal”, explica Francisco Eguiguren. 

“La empresas dicen ‘Tú, administración tributaria, te has demorado y no tienes por qué cargarme a mí con intereses que se han acumulado por tu demora’. Pero esa mirada es muy limitante y no toma en cuenta otros factores”, añade.

voto sardon primax ledesma
En su voto singular, Sardón le respondió a Ledesma argumentando que, “quizá”, ella aprovechó el fallecimiento de Carlos Ramos para imponer su opinión en los casos de intereses tributarios.

En la sentencia elaborada por Sardón, por ejemplo, no se toma en cuenta el motivo de la demora. De acuerdo a los especialistas, normalmente los casos tributarios suelen ser complejos y constan de mucha documentación que debe ser revisada minuciosamente, lo que explica el retraso.

“El voto en mayoría [de los tres magistrados] lo que dijo simplemente, y a la ligera, es ‘la demora no se justifica porque este caso no es un caso complejo’. ¿Cómo este caso no va a ser complejo? Cuando uno lee la sentencia se da cuenta de que aquí se habla de un conjunto de hasta once bloques distintos de resoluciones que abarcan varios años”, crítica Eguiguren.

“El TC no debería determinar cuál es el plazo razonable para emitir una respuesta. Eso depende de los recursos que tenga la Sunat y el Tribunal Fiscal. Hay casos que demoran más que otros […] Al Tribunal Fiscal le faltan recursos, se le ha bajado el sueldo a los vocales, es un órgano muy especializado que debería tener más recursos sobre todo para temas que cada vez son más complejos”, dice, por su lado, Fernando Loayza. 

Pero hay otro factor a tomar en cuenta y es que las grandes empresas, animadas por los estudios de abogados que les dan asesoría legal en materia tributaria, suelen impugnar reiteradas veces los montos que la Sunat les determina. ¿El motivo? Demorar lo más que se pueda el pago, así no tengan razón. Algunas veces, esto puede tomar décadas. “Los intereses son una especie de castigo al litigio innecesario. Porque si vas a un litigio innecesario, vas a acumular más intereses en comparación a que si pagas y luego reclamas», sostiene Loayza.

Para Eguiguren, quien ejerció la defensa de la Sunat en el caso de Telefónica, este tipo de sentencias motiva a que las empresas impugnen indefinidamente. “Estas resoluciones pueden actuar como un incentivo para que sea más rentable reclamar antes que pagar oportunamente […] No se puede incentivar que sea más negocio reclamar que pagar, porque eso deja al Estado y al presupuesto público sin recursos», sostiene. Como están las cosas, todo apunta a que el TC ha abierto el camino para que el litigio innecesario llene las arcas de las grandes firmas de abogados. 

Tags:

Tribunal Constitucional

Además, Karelim López aseguró que el verdadero financista fue un empresario, aunque no reveló el nombre. “Le contacté a Bruno Pacheco con el promotor del Grupo 5, Christian Robles, a efectos de que coordine sobre la contratación de dicho grupo musical. Sé que el Grupo 5 ha contratado con un empresario que no es Bruno Pacheco”, dijo la lobista, en una declaración obtenida por Sudaca. 

Y añadió: “Sé que Bruno Pacheco comentó que le había dado a Christian Robles el número de un empresario que se iba a hacer cargo de todo y sé que Christian Robles coordinaba con ese empresario para el tema musical”. 

Karelim Lopez- Lengua
Karelim López Arredondo, la delatora, negó haber costeado la fiesta en Cieneguilla, como lo declaró el prófugo exsecretario de Palacio. “Sé que el Grupo 5 ha contratado con un empresario que no es Bruno Pacheco”, dijo a la Fiscalía.

Sobre Villaverde, Karelim López sólo dijo que dos camionetas del empresario estuvieron estacionadas en la casa de Cieneguilla y que las reconocía “porque eran usadas para transportar a las hijas de Bruno Pacheco”.

¿Una fiesta de cumpleaños puede desnudar una trama de corrupción al interior del gobierno? Todo apunta a que sí. De comprobarse que Zamir Villaverde financió el evento con el Grupo 5, esto desmontaría su principal argumento de defensa: que él no tuvo relación cercana con Bruno Pacheco y, por eso, no pudo ser favorecido con licitaciones.

Villaverde, actualmente con detención preliminar, está con la soga al cuello. La fiscal anticorrupción Karla Zecenarro lo acusa de ser un “operador” del presidente Castillo y de ofrecer un listado de obras en el Ministerio de Transportes al empresario constructor Luis Pasapera Adrianzén. Ello, valiéndose de sus presuntos contactos con Bruno Pacheco y con los sobrinos del mandatario.

Zamir Villaverde pesas
25 de marzo. Zamir Villaverde García levanta pesas, con música de la película “Rocky” de fondo, a tres días de ser detenido. Fuente: Facebook de Zamir Villaverde.

Sudaca llamó a uno de los abogados de Villaverde, quien dijo desconocer que su patrocinado haya participado del financiamiento de la fiesta de la hija mayor de Pacheco. “Todo lo dicho por la señora Karelim López está siendo desmentido. Esa colaboración eficaz se va a caer”, afirmó el abogado, quien pidió que no se revele su nombre al no tener autorización para declarar. No dio más detalles. 

El 25 de marzo, tres días antes de su arresto, Villaverde colgó un video levantando pesas en su Facebook, con música de la película “Rocky” de fondo. “El entrenamiento te hace fuerte para estar preparado para lo que sea”, escribió. La novela aún no termina. 

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Bruno Pacheco, Karelim López, Pedro Castillo

El acoso telefónico no quedó ahí, porque esas comunicaciones terminaron elevando su plan hasta los S/100, asegura mostrándonos el recibo que le llegó. “Entel te llama de manera insistente y encima te cobra por contestarles”, dice Pinzás, que en varias oportunidades había solicitado a la empresa que deje de llamarlo para ofrecer promociones.

Lo peor es que muchos clientes enfrentan la suspensión de sus servicios cuando no pagan lo que les pide la empresa de telefonía. Walter Curioso Vilchez, por ejemplo, hizo un viaje con su familia a Estados Unidos en noviembre del año pasado. Solicitó a Entel la activación del roaming, pero durante el tiempo que estuvo fuera del país le llegaban mensajes de una deuda que él no reconoce hasta hoy.

“Me suspendieron la línea por una deuda de S/300 por uso de roaming”, relata Curioso, y nos muestra los mensajes de las amenazas de Entel. Indica, además, que la empresa no le permitía hacer el pago por Internet y le sugirieron que busque un amigo que viva en Perú para que pueda cancelar la deuda.

Enel 2
Suspendidos: Pese a que solicitó la activación del roaming, Walter Curioso no pudo usarlo durante su viaje y, además, le suspendieron la línea.

Sudaca se comunicó con Entel para pedirle explicaciones ante estos reclamos. La empresa apenas atinó a comunicarnos que “debido al secreto de las telecomunicaciones, sólo podemos brindar los detalles del procesos a las personas involucradas”.

Los abogados consultados para este informe señalan que si la respuesta a las quejas de un cliente no es satisfactoria, lo mejor es recurrir a Osiptel, que solo en el primero semestre del año pasado impuso multas a esta compañía por S/7,3 millones, principalmente debido al incumplimiento de obligaciones relacionadas a la “portabilidad” (el servicio que permite a los usuarios mantener sus números aunque cambien de operador). Al parecer, a Entel le hacen falta algunas multas más para cambiar su proceder. 

Tags:

ENEL, Reclamos

EL BLOQUE OFICIALISTA 

El debilitamiento de la oposición coincide con una mayor presencia de Perú Libre dentro del Ejecutivo. Pedro Castillo ha visto que su mandato no peligra si mantiene en el bolsillo los 32 votos de la bancada del lápiz, los siete de Perú Democrático y cinco de Juntos Por el Perú. Suman 44 escaños, el número exacto que necesita para bloquear una vacancia. Esto sin contar con sus aliados ocasionales al interior de Acción Popular, Alianza Para el Progreso y Podemos Perú. 

En Perú Libre consideran que Castillo ha hecho bien en alejar a los llamados “caviares” del gobierno y darle más fuerza a la alianza con el lápiz. “El gobierno ha limitado en gran parte la participación de los caviares. El señor presidente ha tenido a bien mantener esa comunicación con Perú Libre en favor del gobierno”, dice a Sudaca la congresista oficialista Kelly Portalatino.

La legisladora, quien es médico cirujano de profesión, es voceada para sustituir al ministro de Salud, Hernán Condori, cuya cargo pende de un hilo ante una posible censura. “Los médicos que tenemos experiencia estaríamos muy honrados de tal designación. Es una facultad del presidente”, dice sobre su posible designación.

Otro nombre que suena es el del viceministro de Salud, Jorge López Peña, nombrado recién el 11 de marzo. López se desempeñó como director del hospital Carrión en Huancayo y, según una fuente del lápiz, es hombre de confianza de Vladimir Cerrón. El sector Salud es parte de la cuota cerronista. 

López Peña
Jorge López Peña, hombre de confianza del cerronismo y viceministro de Salud Pública, voceado como reemplazante de Hernán Condori. Fuente: Correo.

Portalatino también asegura que la bancada oficialista no pedirá la cabeza del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, enfrentado con el titular de Energía y Minas, Carlos Palacios, por el manejo de Petroperú. Palacios, quien también  es parte de la cuota cerronista en el Gabinete, respaldó la gestión del polémico exgerente general de la entidad petrolera, Hugo Chávez. Graham, por el contrario, le bajó el dedo.

En medio de esa confrontación, el legislador perulibrista Guido Bellido pidió la destitución de Graham por “sabotear la implementación de la política de gobierno”. “El ministro [Graham] no tiene un cheque en blanco. Estaremos muy vigilantes pero, mientras tanto, tenemos que sumar esfuerzos”, aclara Portalatino. 

Mientras la oposición flaquea, el oficialismo aspira a tener un bloque sólido en el Parlamento. El congresista Guillermo Bermejo, líder de la bancada de Perú Democrático, dice que tiene como objetivo la unidad de la izquierda pese a las discrepancias con Perú Libre. “Más allá de que no estemos juntos, yo aspiro a la unidad de la izquierda. Hay muchas cosas por limar y conversar. Tenemos el 80% de desaprobación debido a esta Mesa Directiva, que la única obsesión que tiene es tumbarse al presidente y boicotear lo más que pueda al gobierno. No puede ser que estemos en un círculo vicioso de interpelaciones, censura, vacancia y votos de confianza que paraliza el país”, dice Bermejo. 

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Erasmo Wong, Jorge Del Castillo, Marchas, Willax

“Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan. Tengan la seguridad de que si alguien es culpable o inocente lo diré, pero eso será ante un juez o un fiscal. Creo que un ser humano tiene su límite y yo llegué al mío”, dijo en el video. Desde aquella vez, sin embargo, no se le ha vuelto a ver.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Bruno Pacheco, Pedro Castillo

EN CONSTANTE AMENAZA

“En ocasiones anteriores, les hemos mandado videos a las autoridades para que intervengan. Mayormente han hecho caso, pero han demorado en hacer desalojos”, recuerda Efraín Villegas, presidente del asentamiento humano Flor de Amancaes desde octubre del 2021.

El 2019, por ejemplo, la gestión municipal de la accionpopulista Cristina Nina, quien luego fue suspendida del cargo luego de ser detenida por cobro de cupos, hizo uno de esos desalojos. Pese a que las casas fueron retiradas tras la intervención, la vegetación no volvió a crecer igual: las fotos que muestra Christian Ipanaque, miembro del colectivo que defiende estas lomas, evidencian que los rectángulos de tierra afirmada −donde se habían instalado las casetas de los invasores− ya no recuperan el verde de antes. “Parte de la vegetación desaparece, ya no crece como antes”, coincide  Efraín Villegas. 

Invasiones
«Los módulos que han sido levantados desde agosto de 2021 hasta la actualidad en la parte alta de Lomas de Pamplona (foto: Nicolás Cisneros)»

Los vecinos de Flor de Amancaes también recuerdan amenazas por parte de los invasores, aunque prefieren no dar más detalles. “Como junta directiva no podemos hacer más. Están las amenazas, tienen sus matones”, señala Villegas.

La más reciente invasión se encuentra a unos metros de los dos logos de Podemos Perú, dentro del patrimonio natural: consiste alrededor de veinte casas, en su mayoría, no habitadas. Así lo señala un informe del Serfor realizado luego de visitar la zona en octubre pasado. “Pocos están viviendo. Es gente que tiene plata, [que ha instalado las casas] para vender”, agrega Villegas. Estaríamos hablando, a todas luces, de claros indicios de tráfico de terrenos.

Vegetación afectada
«Los terrenos donde se colocaron las casas en 2019, afectados por la falta de vegetación luego del desalojo (foto: Maycol Sulca)»

Según el informe del Serfor y los vecinos de Flor de Amancaes, quienes ocupan esta zona son parte de la Asociación Tres Ases, encabezada por José Cardenas Quispe. Cardenas vive en otro asentamiento humano de San Juan de Miraflores, según el Reniec. De acuerdo con los vecinos de la zona, no es la primera vez que esta asociación invade la parte alta de las lomas costeras. 

En la visita que hizo el Serfor, hace cinco meses, el presidente de Tres Ases se defendió diciendo que habían presentado distintos documentos a varias entidades para poder asentarse ahí (como la Comisaría de Pamplona o Sunarp), pero admitió que no cuentan con el reconocimiento de la municipalidad. Sudaca intentó contactarlo sin éxito.

La municipalidad de San Juan de Miraflores está al tanto de la nueva invasión. Sobre las pintas, mencionaron que “de inmediato el caso será derivado al área responsable a fin de que se tomen las acciones legales pertinentes”. Por su lado, la situación de las invasiones ya ha sido remitida a la Procuraduría Pública Municipal.

Adolfo Ocampo
«Adolfo Ocampo Vargas, quien ha sido alcalde cinco veces en San Juan de Miraflores (foto: Andina).»

En la Municipalidad de Lima también hay movimiento al respecto. El regidor Carlo Ángeles, quien ya había derivado la denuncia ambiental a la comuna del distrito, asegura que denunciará penalmente en caso haya omisión de funciones.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

DUDOSA APUESTA

Sudaca pudo revisar el borrador del proyecto de ley al que Tello, su despacho y los dirigentes de las Afocat le están dando las últimas pinceladas. En la exposición de motivos del documento se resalta que estas asociaciones han podido sobrevivir atendiendo al sector del parque automotor con mayor siniestralidad: el transporte público. Concluyen, por tanto, que expandir su campo de acción a los particulares sólo traería mejores resultados. Sin embargo, para Miguel Meza, representante de los corredores de seguros, eso no tiene sentido.

Las compañías de seguros tienen sus bemoles, pero pagan. Ningún corredor de seguros serio vende Afocat, por la informalidad. Es arriesgado porque algunas no pagan, no hay garantías. Yo he tenido casos, por ejemplo, con la Afocat Premium”, dice Meza.

Y pasa a contarnos su anécdota: “Un esposo falleció conduciendo taxi y dejó dos hijas y una conviviente. El beneficio es para las niñas, pero la Afocat dijo que otra señora se presentó como esposa. Cuando yo fui [como representante], no me dejaron ingresar. Eso fue en octubre y hasta ahora no pagan. Así trabajan”. La normativa dispone que en 10 días se deben consentir o autorizar las indemnizaciones.

La Afocat Premium a la que hace alusión Meza es una de las 40 compañías de ese tipo que hoy existen en el Perú, según reportes de la SBS, ente encargado de la supervisión de estas asociaciones. Sin embargo, también hay 14 que fueron canceladas por el organismo. Al menos en ocho casos revisados por Sudaca, la causa era la misma: problemas de solvencia económica.

Esto no sería resuelto por el proyecto de ley, el cual propone que las Afocat puedan funcionar con un fondo mínimo de apenas S/500.000. “No puedes tener de capital la mitad de lo que te podría costar un siniestro. Atender el incendio del camión cisterna en Villa El Salvador [del 2020] costó S/1.200.000 aproximadamente. En uno no se te puede ir todo”, explica Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) 

“Sus problemas de solvencia no se resuelven con más mercado. Es un requerimiento regulatorio para operar y así poder soportar los siniestros que pueden ocurrir”, agrega. De aprobarse el proyecto de ley, es cierto, las empresas agremiadas en Apeseg tendrán más competencia. 

Para Morón, además, la expansión de las Afocat podrían generar otros inconvenientes logísticos. “El SOAT tiene carácter nacional, lo que nos obliga a tener convenios a todo nivel con prestadores privados y públicos. Hoy las asociaciones son muy locales. ¿Van a vender un CAT en Tumbes y tu local estará en Ayacucho? ¿Tendrán la capacidad para tener esa red de convenios a nivel nacional? No es tan sencillo”, dice. 

Morón también apunta que el proyecto de ley inclinaría la cancha a favor de estas asociaciones. “No tenemos problema en competir en este mercado, siempre y cuando existan las mismas reglas de funcionamiento. Nosotros estamos obligados a pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) a la hora de comercializar el SOAT, lo que vuelve más caro el producto. Las Afocat, como son asociaciones, están inafectas al IGV”, explica. En el borrador del proyecto de ley no hay rastro de un cambio tributario que arregle este problema. 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

Tags:

Afocat, MTC

LOS RESTOS EN DISPUTA

Desde el 2003 hasta mediados del año pasado, Alexander calcula haber recibido alrededor de S/300.000. Por eso, en sus últimos años buscó la forma de reunirse con Félix Navarro Grau, llegar a un acuerdo y que le hicieran un desembolso único para dejar de lidiar con ellos. Pero fue en vano. El abogado falleció el 2017 sin recibirlo, asegura. 

Alexander se enteró de su muerte mucho después. “Lo supe por el portero del estudio Navarro dos años después”, se queja. Entonces, le hizo llegar a uno de los hijos firmados de Félix el pedido de que se le reconociera como hermano. Recibió una respuesta negativa, dice. El testamento ya estaba escrito desde octubre del 2015.

Al rechazo se sumó la pandemia, que lo agarró con una deuda con la municipalidad de Barranco. Además, dice, hubo retrasos en los pagos de su seguro de parte de los descendientes de Félix Navarro Grau. “El Covid me podía agarrar flotando en el aire. Si yo no hubiese estado con Rocío [su pareja], estaría muerto ahorita. Con S/700 mensuales, pagar el agua, teléfono, comida… y hasta que reactivó la economía pasaron ocho meses de cuarentena. ¿De dónde iba a sacar?”, apunta Alexander.

Familia Grau
Al lado izquierdo, Alexander Navarro. Derecha: Félix Navarro Grau, fallecido el 2017.

Ahí fue que algunos amigos lo convencieron de que empiece la demanda. Así se lo advirtió el 10 de junio del 2021 a Francisco Navarro Grau Hurtado, el albacea de la herencia de Félix Navarro Grau. “Me causa sorpresa tu comunicación, por cuanto a lo largo de tus años de vida, has ostentado la posesión constante de hijo de mi tío Miguel Navarro Grau, reconociéndolo y comportándote siempre como tal”, es parte de la respuesta que recibió 13 días después.

“Si yo era hijo de Miguel Navarro Grau, como ellos afirman, ¿por qué dejaron de pagarme los S/700 mensuales a partir de que yo les envío la carta del 10 de junio del 2021 y también dejaron de pagarme el seguro? Si el dinero con que se hacían esos pagos supuestamente provenía de la herencia de este. Y si el fondo de dinero de dicha supuesta herencia se hubiera agotado, ¿por qué nunca fui avisado?”, replica Alexander en su demanda presentada al juzgado de familia dos meses después.

Los hermanos Navarro Grau Hurtado no quisieron atender nuestras consultas sobre esta y otras preguntas. “Quizá podríamos sentar el precedente de que estas familias millonarias no puedan ‘cholear’ a la gente, que no puedan decir ‘¿sabes qué?, yo hago lo que me da la gana, yo soy un pituco millonario’”, dice un ofuscado Alexander. Hoy sus esperanzas están puestas en un cadáver.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo. 

Tags:

Historia, Marina de Guerra del Perú, Miguel Grau
x