Alva anda en una guerra interna con algunos correligionarios de la bancada de Acción Popular (AP), especialmente con los seis congresistas llamados ‘Los Niños’, en el ojo de la tormenta al ser señalados por la lobista Karelim López de beneficiarse con obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Alva cuenta con el apoyo de los legisladores Wilson Soto, Luis Aragón y Karol Paredes en la pugna interna por el poder en AP.
EL FACTOR CERRÓN
Perú Libre, con sus 21 votos actualmente, podría dirimir en la elección. El partido del lápiz tiene una pésima relación con las otras bancadas de izquierda. Las diferencias se acentuaron al votar por la censura de la ministra de Trabajo y congresista de Perú Democrático, Betssy Chávez. “Somos enemigos de los cerronistas”, dice el legislador de Perú Democrático y exAcción Popular, Carlos Zeballos.
Betssy Chávez Chino, congresista de la bancada de Perú Democrático. Fue censurada como ministra de Trabajo gracias a los votos de Perú Libre. Fuente: Ministerio de Trabajo.
Los cerronistas consideran que el mayor adversario político son los caviares, por lo que no han tenido problemas en votar igual que los fujimoristas en discusiones claves, como la elección de candidatos del Tribunal Constitucional.
La inquina de Perú Libre contra otras bancadas de izquierda quedó en evidencia el pasado 26 de mayo. Ese día el presidente Pedro Castillo convocó a Cerrón a Palacio para pedirle que la bancada del lápiz no apoyase la censura de Betssy Chávez como ministra de Trabajo, dice una fuente perulibrista.
Cerrón informó que la decisión de bajarle el dedo a Chávez fue tomada con antelación por la bancada y que no podía hacer nada. La conversación ocurrió horas antes de que el Congreso votase por la censura de Chávez.
Castillo, según la fuente, le pidió también apoyo a Cerrón para que no prospere la denuncia de traición a la patria en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El grupo tiene dieciséis integrantes, de los cuales cinco son de Perú Libre.
Cerrón se sintió traicionado por Castillo por no informarle del cambio de ministro en la cartera de Energía y Minas, dominada por Perú Libre tras un acuerdo con el jefe de Estado . En ese contexto consumó su venganza contra Betssy Chávez, una enemiga declarada. Con la elección de la nueva Mesa Directiva a la vuelta de la esquina, ya nadie sabe para quién trabaja.
Al margen de las opiniones técnicas, sin embargo, hay un asunto que no podemos perder de vista y sobre el que la exviceministra de Transportes, Fabiola Caballero, pide la intervención del Congreso y la Contraloría. “El Congreso debería fiscalizar cómo se dio la negociación [entre el MTC y LAP]. La Contraloría también, porque nadie sabe cómo se dieron esos acuerdos”, apunta.
Caballero cuenta, por ejemplo, que, mientras estuvo en el cargo de viceministra, recibió una serie de llamadas que ella interpreta como presiones. «Me llamaban desde LAP, los del MEF, me llamaban de Cancillería… Había mucha presión porque era obvio que LAP se había paseado con todos ellos y había tenido exposiciones, etc. Ellos intentaban vender esa propuesta de LAP», dice. Y luego añade:“Ni mi despacho ni la DGAC nos dejamos llevar por esas voces interesadas. Antes bien, optamos por la calma y ponderación técnica que nos ayude a defender al Estado peruano y a sus ciudadanos y usuarios de nuestro primer terminal aéreo”.
En LAP reconocen que tomaron contacto con varios funcionarios, pero niegan alguna intención oscura. “Lo hemos hecho así con todas las contrapartes para comunicar bien de qué se trata la propuesta”, dice Rocío Espinoza.
Como fuese, luego de conocer el acta de acuerdos entre LAP y el MTC de fines de abril, diversos gremios aeroportuarios expresaron su desacuerdo en un comunicado. Reclamaban que no se haya tomado en cuenta los informes técnicos donde la DGAC señalaba que el concesionario no pudo demostrar que su propuesta de dos terminales fuera beneficiosa y que no se haya respetado lo que establecía el contrato de concesión.
La expresidenta de Ositran, Patricia Benavente, sostiene que lo mínimo que debió ocurrir es que “LAP sustente técnicamente que su propuesta no va a tener un impacto negativo para los usuarios, pero no existe ese sustento”.
El proceso de negociación -el ya mencionado Trato Directo entre la empresa y el Estado- fue largo. Lo que inicialmente debía durar 45 días, se extendió por varios meses. Estas conversaciones se llevaron a cabo con mucha reserva y, según los gremios aeroportuarios, no se les permitió dar su opinión, por lo que solicitaron que se transparenten los acuerdos.
Lo que más llamó la atención fue la exclusión de la DGAC, órgano que no aprobó los cambios propuestos por LAP, del proceso. Inicialmente, el 16 de diciembre, convocaron a esta dirección para participar de las negociaciones. Un par de meses después, en febrero de 2022, intentaron remover al director de este organismo de manera irregular. Esto originó la renuncia de la entonces viceministra de Transportes, Fabiola Caballero, quien en una carta denunció “copamiento laboral” en el sector y hasta la tildó de “agencia de empleos”.
Al final no pudieron sacar al jefe de la DGAC porque su cargo duraba cuatro años y sólo podía culminar si es que renunciaba, era vacado (en caso de muerte o incapacidad legal) o una resolución suprema debidamente motivada.
Pero dos semanas después, el 7 de marzo, a la DGAC le llegó un memorando donde sus pares de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) -la misma que los había invitado a las negociaciones en diciembre- les comunicaba que, sólo de ser necesario, requerirían su participación. Esto no ocurrió.
¿Qué pasó entre diciembre, que se invitó a las negociaciones a la DGAC, y marzo, en que se la excluyó? Todo apunta a la aparición de un abogado en escena, emisario de las más altas esferas del MTC, según nuestras fuentes: Álex Starost Gutierrez.
Álex Starost, hoy abogado del exministro Juan Silva, fue encomendado por el mismo Silva para asesorar en el Trato Directo. Bajo su asesoramiento, la DGAC -organismo técnico que se oponía a la propuesta de LAP- fue excluida del proceso.
En enero de este año, Juan Silva contrató a Starost como asesor en el MTC. “Ni bien entra al ministerio, una de las misiones que le dio Juan Silva, así lo dijo textualmente en reuniones, era apoyar en el Trato Directo con LAP”, dice Fabiola Caballero. “En alguna de las reuniones, entró el señor Starost diciendo que él venía por encargo de la alta dirección. Cuando él aparece, la DGAC deja de ser convocada”, dice un funcionario que nos pide la reserva de su identidad.
Starost no era alguien desconocido para el gobierno de Pedro Castillo. A inicios de diciembre del año pasado, antes de que arranquen estas negociaciones con LAP, visitó seis veces Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe de Estado. En dos de esas reuniones estuvo presente el entonces titular del MTC, Juan Silva, de acuerdo al registro de visitas del Estado. Según el mismo Starost, esas reuniones fueron a solicitud del propio Castillo para recibir una opinión técnica sobre mecanismos anticorrupción. Además, en varias apariciones públicas ha defendido a capa y espada al presidente de la República.
Ya fuera del ministerio, su última aparición pública fue hace unos días, como abogado del cuestionable Juan Silva, quien este miércoles se presentó ante la comisión de fiscalización del Congreso. A Silva se le investiga por integrar una presunta organización criminal que repartía obras del MTC.
Starost dice que su único “aporte” fue asesorar a las dos direcciones del MTC que integraban el equipo negociador. “Dentro del ministerio había una discusión de quién era el competente, en nombre del Estado, para el tratamiento directo con LAP. En ese momento la DGAC reconoció que era la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) la que debía pronunciarse. Que lo haya hecho bien o mal, ese es otro tema. Pero ese ha sido mi aporte, porque tengo que proteger la legalidad del proceso”, señala.
La norma, en efecto, establece que la DGPPT es la responsable de conducir las negociaciones. Pero eso no excluye que la Dirección de Aeronáutica Civil pueda participar del proceso. Por eso, invitarla y luego retirarla del mismo fue algo que llamó mucho la atención. “Sacaron a un importante negociador como lo era la DGAC […] Me llamó mucho la atención esta salida abrupta porque se supone que el Estado se debe a los usuarios y la calidad no debemos negociarla. La posición de este organismo era clara: no aprobaba la modificación propuesta por LAP. Eran una piedra en el zapato y se deshicieron de ellos”, sostiene Fabiola Caballero. En el Jorge Chávez, la polémica sigue alzando vuelo.
Nota del editor (14/06/2022): Luego de la publicación de este reportaje, LAP se comunicó con SUDACA para precisar lo siguiente: «En LAP en ningún momento hemos solicitado que la DGAC no participe de las reuniones con el MTC, es más, estuvieron presentes en 10 de las 14 reuniones y son ellos quienes deben pronunciarse sobre el Expediente de Diseño Conceptual entregado por LAP el viernes 27 de mayo. OSITRAN, por su parte, ha participado a solicitud de la DGAC como intérprete del Contrato de Concesión y ha definido que no hay ningún punto en él a interpretar. Deslindamos cualquier relación previa de la empresa con el señor Alex Starost, quien participó de algunas reuniones por parte del MTC y no tiene ni ha tenido ninguna relación con LAP. La empresa ha cumplido y sigue cumpliendo con todos los términos del Contrato de Concesión y con todas las normas de la ética y legalidad peruanas en beneficio de todos los peruanos».
Al respecto, creemos necesario señalar que en ninguna parte del reportaje se afirma (o siquiera se sugiere) que fue LAP la que se opuso a la presencia de la DGAC. Tampoco se señala que dicha empresa tenga o haya tenido vínculos con el abogado Alex Starost. Por el contrario, se consigna la versión del mismo señor Starost, quien afirma que participó en las reuniones como representante del MTC.
El boicot y la estrategia para bloquear el nombramiento de la Fiscal Benavides se prueba con la entrega a varios periodistas y medios de comunicación de un audio que tuvo la Juez Superior de la Corte del Callao, Ruth Benavides Vargas, hermana de la candidata a Fiscal Suprema, con el inefable ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, el año 2018 en el que hablan de temas administrativos de la Corte Chalaca. Pese a la irrelevancia de la comunicación, la idea es relacionar a una hermana de una postulante a Fiscal Supremo, con el juez más corrupto de la historia del país, para comprometerla y señalarla como posible “hermanita”.
Al audio del año 2018, se agrega la circulación de un dossier de la juez superior Enma Benavides Vargas, hermana también de la candidata a Fiscal Supremo Patricia Benavides, quien se encuentra procesada por el delito de corrupción de funcionarios al haber supuestamente pedido dinero, mediante algunos malos abogados, a algunos internos procesados por narcotráfico del penal Piedras Gordas. Dicha investigación fue iniciada por los Fiscales Supremos –personas de absoluta confianza de Zoraida Ávalos– Eliseo Fernández Alarcón y Fanny Quispe Farfán, quienes tienen, además, en su poder la copia espejo de todos los audios de la vergüenza. Se quiere presentar, de modo gráfico, que Patricia Benavides forma parte de un clan judicial que se encuentra vinculado a casos de corrupción lo que invalidaría su nombramiento como Fiscal Supremo, situación absolutamente ilegal, por decir lo menos, debido a que la responsabilidad jurídica es siempre personal y no se trasmite por lazos sanguíneos o por vínculos familiares.
En el Ministerio Público, según la consulta a algunos fiscales, hay dos explicaciones claras sobre el tema que al final no se oponen entre sí, sino que se complementan.
La primera: tanto el caso del Fiscal Pablo Sánchez y de Patricia Benavides debe verse como un cuidadoso y preparado complot y ataque de algunos fiscales anticorrupción y algunos fiscales del caso Cuellos Blancos que para entrar a tallar tanto en la elección de los nuevos fiscales supremos y luego en la elección del nuevo Fiscal de la Nación enfilan sus baterías contra sus propios colegas que no son de su simpatía ni de su grupo de poder. Para ello no les importa utilizar información reservada (los audios) ni tampoco tienen el más mínimo empacho para gatillar las propias investigaciones y hacer un ajuste de cuentas, pretendiendo dirigir el destino de la institución a la que pertenecen y a la que tratan como si fuera su chacra y una marioneta a la que mueven a voluntad con tal de lograr sus objetivos.
La segunda: desde el Poder Ejecutivo, a través de operadores jurídicos y personas del propio Ministerio Público, se busca influir de manera directa en la elección de los nuevos Fiscales Supremos en la Junta Nacional de Justicia y, con ello, en la elección del nuevo Fiscal de la Nación debido a que por acciones de inteligencia se ha tomado conocimiento de que el actual Fiscal de la Nación ha decidido, hacer más de 20 días, abrir investigación preliminar al Presidente Pedro Castillo Terrones, decisión que pondría al borde del abismo al gobierno y el destino del Presidente de la República estaría cantado, de tal manera que es mejor negociar con una vieja conocida del gobierno: Zoraida Ávalos que ofrecería mayores garantías que siquiera intentar un acercamiento con los Fiscales Supremos que pueden poner en jaque al gobierno y afectar a los intereses que se mueven a su alrededor, en especial, en el rubro petrolero.
La llegada de esta planta de oxígeno en abril de 2021 coincidió con el pico más alto de la segunda ola en Tumbes. Según los datos abiertos del Minsa, la región tuvo 214 muertes por COVID-19 ese mes, una cifra que sólo había sido superada en junio de 2020. Si bien en los meses siguientes la tendencia iría bajando, la situación seguía siendo crítica.
“Yo soy presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Y por ese entonces, la gente nos llamaba por necesidad de oxígeno”, recuerda el consejero Espinoza. “Cuando íbamos al hospital, nos decían “Consejero, consejero, no hay oxígeno”, agrega.
Bienvenido Ramirez, excongresista fujimorista y médico en el Hospital Regional, también relata una situación similar. “En la primera y segunda ola nos faltó el oxígeno. Mucha gente se moría por eso. Cuando le decíamos que no teníamos oxígeno a los familiares, salían corriendo a otras regiones o hasta a Ecuador, y traían los balones, con riesgo”, asegura Ramírez. Toda la tragedia se centraba en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría, donde se encontraba la planta de oxígeno inoperativa.
Este caso y el detalle de la responsabilidad del actual ministro Barranzuela se encuentran en el informe final de una comisión investigadora. Esta se encargó de indagar el mal manejo de la pandemia en Ucayali, Tumbes y Apurímac durante junio de 2021. El 9 de julio, enviaron el documento con sus hallazgos y recomendaciones a la presidenta del Congreso Mirtha Vásquez.
Sudaca se contactó con el excongresista Walter Rivera, quien presidió esta comisión investigadora. Rivera confirmó que el informe final había sido entregado de manera oportuna, pero que continúa como “reservado” porque no se pudo agendar para exponerlo en el hemiciclo. Fuentes del Congreso sostienen que el caso se encuentra en la caja fuerte de la Oficialía Mayor.
En este nuevo periodo parlamentario, Kira Alcarraz es la que preside la comisión que investiga el manejo del COVID-19 en todas las regiones. Ella tiene la posibilidad de solicitar el informe. Este jueves, un trabajador de su despacho confirmó que ya lo había hecho. Según la congresista, estas semanas la comisión ha estado siguiendo un caso de Arequipa y recién en junio tocará Tumbes y Ucayali. Por el momento, la investigación hecha hace un año sigue estancada y con los detalles en reserva.
Nos comunicamos con el ministro Barranzuela a través de su equipo de prensa, pero al cierre de esta edición no respondió.
Tanto Boluarte como Castillo no las tienen todas consigo. La Contraloría puso la cabeza de la abogada en una bandeja y pidió a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, evaluar si la titular del Midis cometió una infracción constitucional. Ello, por haber actuado, en paralelo, como presidenta del consejo directivo del club departamental Apurímac y ministra de Estado. Boluarte argumenta que pidió licencia en el club el 29 de julio del 2021, pero el ente de control halló que firmó 13 documentos después de esa fecha, en calidad de titular de la asociación privada.
La denuncia de la Contraloría puede allanar el camino para sacarla del juego, destituirla del cargo de ministra e inhabilitarla de la función pública. Esto último equivaldría a sacarla de la vicepresidencia, según el constitucionalista Natale Amprimo.
La acusación que se prepara contra Boluarte llega en un momento de división en el oficialismo. Los representantes de Perú Libre están con la sangre en el ojo porque el presidente Castillo no respetó el acuerdo para que el cerronismo maneje los ministerios de Salud y Energía y Minas.
Castillo sacó -sin consultar al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón- al ministro de Energía, Carlos Palacios. Y lo reemplazó por la abogada Alessandra Herrera, a quien en el partido del lápiz identifican como alguien cercana a las grandes empresas.
En la agrupación liderada por Cerrón, que tiene hoy 22 parlamentarios tras sucesivas escisiones, hablan de ajustar cuentas. Un primer zarpazo se lo darían a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, enemiga de Cerrón. Los congresistas de este bloque apoyarían la censura en su contra, dice una fuente del lápiz.
Boluarte, una adversaria declarada del cerronismo y exmilitante de Perú Libre, sería la siguiente en caso prospera la denuncia constitucional en el Parlamento. “La política es ondulante. Cambia según la coyuntura”, declaró Cerrón a Canal N, en abril pasado.
Boluarte está actualmente en la ciudad de Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial. Hoy participó en un panel que abordó el tema de la polarización e incertidumbre política en América Latina. “La derecha en el país, si es que así podemos denominarla, no quiere reconocer el triunfo legítimo del presidente Pedro Castillo en las elecciones segunda vuelta del 6 de junio. Y desde el primer instante en que el presidente y yo juramos servir al pueblo peruano no nos han dejado gobernar en paz”, dijo Boluarte en un evento del foro.
Actualmente, cuando uno entra al Facebook de Luxury Capital, la empresa asegura que sólo brinda información financiera. “¡NO ACEPTAMOS CAPITAL DE NINGÚN TIPO!”, resalta enfáticamente su descripción. La última fecha que aceptaron dinero del público fue el 28 de diciembre de 2021. Sudaca tuvo acceso a siete contratos firmados esa misma fecha, en los cuales la inversión total suma casi US$62,000. Pocos días después, la empresa empezaría a dar los primeros signos de alarma.
Una publicación del viernes pasado de Luxury. Irónicamente, ahora se dedican a dar consejos financieros.
Aquel diciembre, por ejemplo, ya habían surgido problemas con los acuerdos entre la empresa y los aportantes. «En mi contrato, había cosas incongruentes: decía mi nombre, pero aparecía otro porcentaje diferente al pactado. Decía que había contratado el plan de seis meses cuando yo había elegido el de un año. Les hice saber eso, pero no me respondieron”, recuerda Antonio Gallegos, que invirtió US$3,500 y asegura no haber recibido nada.
El 4 de enero de 2022, la empresa avisó en el chat de WhatsApp de sus usuarios que no estaban aceptando más inversiones porque “todo el personal está con la tarea de los nuevos contratos”. Y el 7 de enero, lanzaron una justificación para el retraso de los pagos y cambiaron de discurso: anunciaron que, debido a una supuesta fiscalización por parte de la Sunat que los obligaba a regularizar documentos, no iban a poder retirar el dinero del broker que usaban. Se referían, con esto último, a la intermediaria que operaba en el mercado financiero internacional, la que ponía afuera las inversiones de los afectados.
El escepticismo ya se notaba en algunos inversores, que sospechaban que las excusas eran falsas. Otros pedían paciencia, ya que la empresa había dado una fecha para el pago pendiente: el 28 de enero. Cuando llegó ese día, sin embargo, no pagaron.
Algunos de los afectados ya habían creado un grupo de WhatsApp paralelo donde coordinaban qué acciones tomar ante la demora. En el grupo oficial, mientras tanto, Carlos Dávalos, el gerente general, afirmaba que el dinero aún no llegaba a la cuenta empresarial.
El gerente de Luxury adjuntó tres videos cortos filmados por él mismo en un banco. En la imágenes, se le oye preguntarle a una trabajadora de la entidad financiera por qué no llegan las transacciones a la cuenta de su empresa. En ningún momento se muestra que le den alguna respuesta a su consulta.
En ese mismo chat, Dávalos prometió crear una nueva cuenta bancaria para solucionar el problema, aseguró que la empresa no iba a desaparecer y que iba a haber más comunicación que nunca. Pero esto último no se cumplió. Los usuarios empezaron a reclamar por el grupo de WhatsApp que Luxury no respondía las llamadas ni los mensajes.
Al día siguiente, el 29 de enero, el número de atención al cliente de Luxury mandó otro mensaje al grupo de WhatsApp, donde amenazaba con una contrademanda a quienes quieran denunciar a la empresa penalmente, una idea que ya había sido sugerida por un usuario semanas antes. “Así mismo, desde este momento, cualquier comentario fuera de lugar por este grupo será reportado y se procederá a eliminar del grupo”, asegura el mensaje.
La semana siguiente, en medio de reclamos cada vez más intensos, Luxury afirmó que la devolución del dinero empezaría el 7 de mayo y que penalizarán a “las personas que hayan venido compartiendo comentarios o adjetivos mal intencionados”. También anunciaron que ya habían creado la nueva cuenta bancaria y adjuntó una grabación para mostrarles las primeras operaciones que estaban haciendo: la mayoría eran transacciones de montos pequeños que no pasaban los US$100 ni se acercaban a la suma depositada por los inversores.
“Este es un proceso que llevará [el] tiempo indicado [hasta el 7 de mayo], por lo que les pido me dejen hacer lo que mejor hago”, agregó el gerente en su mensaje.
En marzo no hubo mayores noticias de los pagos y, para fines de abril, Dávalos señaló en el chat de los inversores que la devolución ya no se iba a dar en la fecha acordada. Dijo que había abierto un nuevo servicio para que puedan invertir con “100% control de su dinero”. Se trataba de un intento de enmienda insólito, considerando todos los pedidos de devolución o de, al menos, hacer un Zoom informativo durante el 2022.
Ese día, Dávalos también restringió la opción de que los demás puedan mandar mensajes en el grupo de WhatsApp. “Este grupo va a pasar a ser un grupo simplemente informativo, sólo se va a envíar las últimas actualizaciones del servicio para evitar distracciones con comentarios malintencionados”, sentenció a modo de posdata.
El mensaje del 27 de abril de Dávalos. Ese día, restringió a los inversores de mandar mensajes.
Hasta el día de hoy, los inversores no han recibido las devoluciones de lo que invirtieron, pese a que muchos de ellos ya mandaron su resolución de contrato a Luxury. Carlos Dávalos se animó finalmente a hacer un Zoom el 12 de mayo. Pero lo que dijo en la reunión dejó mucho que desear.
“Estuve en el Zoom hasta media hora antes de que terminara. Básicamente, Dávalos explicó que todo el dinero se perdió porque el petróleo está de bajada. Nos hizo ver las transacciones que había hecho con cantidades menores el 22 de marzo. Le pedíamos que nos deje ver las de los meses anteriores, pero no lo hizo. También nos desactivó el audio”, recuerda Alan Sedano, uno de los inversores que estuvo en esa reunión. Como dato adicional, Alan comenta que para poder invertir US$3,250 en Luxury, se hizo de un préstamo.
Sudaca se comunicó con Carlos Dávalos, quien sólo atinó a comentar por un mensaje: “Todo respecto a ese tema lo compartí con los inversionistas mediante un Zoom. Ahora nos encontramos mediante un sistema de devolución que también vengo compartiéndolo mediante el mismo grupo”.
Según Francisco Eguiguren, muchas compañías, animadas por los estudios de abogados, suelen impugnar reiteradas veces los montos que la Sunat les determina. El motivo: demorar lo más que se pueda el pago, así no tengan razón. Algunas veces, esto puede tomar décadas. “Esto no significa que justifiquemos la demora en resolver los casos, pero tampoco puede ocultarse que hay un motivo detrás. Las grandes empresas que tienen un aparato legal bien diseñado hacen este cálculo. Y algunos abogados también”, dice.
“La demora les conviene, porque no importa cuánto demoren en pagar. Como no les van a cobrar más allá del plazo legal, les conviene que se sigan demorando más. Mientras tanto, ellos siguen usando ese dinero, por lo que no tienen interés en que el proceso avance rápido. Cuanto más demore, más tarde tendrán que pagar”, sostiene Eguiguren.
Ese mismo abril, por ejemplo, Mondelez Perú, filial de la multinacional estadounidense antes llamada Kraft Foods Group, tuvo buenas noticias del TC. La empresa, que produce snacks -entre los que destacan marcas como Oreo, Soda Field, Ritz, Trident, Chiclets, Halls y demás- interpuso la demanda de amparo contra la Sunat en junio de 2017. Y la ganó.
La deuda original por el Impuesto General a las Ventas del 2007 era de S/4’147,918. Desde la Sunat informan que actualmente se está calculando cuánto creció ese monto hasta la fecha.
Otra empresa gringa cuyos recursos ante el TC fueron admitidos es la mayor fabricante de vidrios de América, Owens-Illinois. Esta compañía atiende a los sectores de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y alimentos. Para llevar a cabo sus actividades comerciales, extrae agua subterránea de dos pozos tubulares en Lurín.
Owens-Illinois no pedía que se le perdone una deuda, sino que se le devuelva los S/812.128 que pagó “indebidamente”, según la compañía, entre diciembre de 2010 y mayo de 2015 por haber usado agua subterránea. Su principal argumento, en la demanda de amparo presentada el 2016, es que Sedapal nunca debió cobrar ese importe porque era inconstitucional.
El voto dirimente de Augusto Ferrero, quien en enero de este año asumió la presidencia del TC, ha sido fundamental para inclinar la balanza a favor de las grandes empresas.
¿Por qué la multinacional estadounidense sostiene que el cobro era inconstitucional? Precisamente hasta el 2015 existía una controversia sobre si el uso de agua subterránea se debía pagar como un tributo o no. El asunto fue zanjado con una ley publicada en ese año, pero antes de eso las empresas podían alegar poca claridad en las normas. Este asunto ya lo explicamos cuando contamos la historia de la deuda que se le perdonó a Backus.
Ernesto Blume, ponente del caso, respaldó la postura de la inconstitucionalidad del cobro. “Sedapal ha exigido su pago sustentándose en una norma inconstitucional”, se puede leer en la sentencia. Con él, votaron José Sardón y Augusto Ferrero. Miranda, Espinoza-Saldaña y Ledesma, de otro lado, argumentaron que el TC no era la instancia correspondiente donde se debía ver el caso, sino el Poder Judicial.
Así, en medio de un empate, el voto dirimente de Ferrero fue el que decidió todo y al fabricante de vidrios más grande del Perú le podría salir gratis haber usado 414.630 m³ del recurso hídrico. En Lurín, distrito donde se encuentra la planta de Owens-Illinois, el 70% de las personas no tiene agua potable, según información de su comuna en el 2020.
Los nuevos magistrados del TC ya empezaron sus funciones. El único que queda, y en el cargo de presidente, será Augusto Ferrero. Sigue teniendo el poder dirimente que demuestran estas líneas. “Se juega mucho con quién tiene el voto dirimente para que una posición se imponga sobre la otra, lo cual es negativo porque prima la cantidad antes que los argumentos”, explica Fernando Loayza, especialista en derecho tributario. Aunque asegura que esto no es algo nuevo.
*Francisco Eguiguren ejerció la defensa de la Sunat en el caso Telefónica sobre intereses moratorios.
Zamir Villaverde está, como Pacheco, hasta el cuello en el caso del puente Tarata. La fiscal Karla Zecenarro ubica al empresario como un personaje clave en la trama al ofrecerle obras a Luis Pasapera Adrianzén, representante legal de Termirex, empresa que formó parte de un consorcio que ganó la licitación del puente Tarata. Las obras ofrecidas por Villaverde pertenecen a los ministerios de Transportes y Vivienda.
Enero, 2022. Zamir Villaverde García, empresario, realizando ejercicios en un gimnasio. Hoy acusa al presidente Pedro Castillo con declaraciones estridentes y destempladas. Fuente: Facebook de Zamir Villaverde.
Villaverde le dijo a Pasapera, de acuerdo a un colaborador eficaz, que “el camino para llegar a los funcionarios públicos eran los sobrinos del presidente de la República [Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez]”, a quienes les prestó autos y le dio otras gollerías.
Pacheco, por su parte, fue captado por Karelim López, representante de Termirex, para facilitarle el triunfo en la obra. Esto según la hipótesis fiscal.
Tras confirmarse la prisión preventiva en su contra, Villaverde comenzó a disparar a todos lados. En la catarata de acusaciones verbales de los últimos días, Villaverde también enlodó a Bruno Pacheco, un hombre de su confianza que trabajó en Vigarza, la empresa de seguridad del empresario. Pacheco trabajó allí entre el 2014 y el 2020.
Villaverde dijo que los US$ 20,000 encontrados al exsecretario de Palacio en el baño de su oficina eran fruto de loscupos pagados por policías que buscaban ascender para Karelim López y el presidente Pedro Castillo. Declaró también que el exsecretario de Palacio le contó que López le dio S/2 millones para entregarlos al presidente Castillo como sobornos en las licitaciones de Petroperú.
“Tiene que haber una prueba corroborada de lo que se dice. Están aprovechándose del señor Pacheco con todo esto. Están haciendo escarnio de su situación”, dice Gloria Quiñones, la abogada del exsecretario de Palacio. El exbrazo derecho del presidente de la República no se entregará a las autoridades hasta que revoquen su orden de captura.
“En el Perú tenemos la mala costumbre de apropiarnos de elementos identitarios de marcas ajenas y nos parece absolutamente natural. Pero esto obvia que la razón por la que se hace es porque alguien ya se tomó el trabajo de construir esa marca. Si no, no tendríamos ningún objetivo para robárnosla”, dice Carlos Zuñiga, presidente de la asociación Elegir.
“Uno se apropia de la marca porque la gente asocia cierto tipo de valores y criterios. Ese es el razonamiento detrás del robo. El único objetivo es el de confundir al consumidor final, porque estás tratando de transferir esta identidad de marca a una cosa nueva que no la tiene. Y sin pagar nada por beneficiarse de eso. Al final, lo más gracioso de todo es que esto también es plagio, están plagiando a una marca”, agrega el especialista en defensa del consumidor.
Hoy el colegio ha adoptado un nuevo nombre, aunque mantiene el espíritu anglosajón: UCV College. Así nos lo confirmaron cuando llamamos a pedir una entrevista con su directora, quien no aceptó la solicitud. En el área de comunicaciones de la universidad tampoco quisieron atendernos.
Recientemente, un grupo de padres y madres de familia protestó en el frontis de la institución para que las clases vuelvan a ser por las mañanas y no por las tardes, como viene siendo desde inicios de año. Señalaban que sus hijos se exponían a la delincuencia de la zona. Tras presentar su reclamo ante las autoridades del centro educativo, “estas les recomendaron cambiar de colegio a sus hijos si no están de acuerdo con el cambio de horario”, señala una nota del diario La Hora, de Piura.
Fiel a su nulo respeto por la libertad de expresión, el colegio de la UCV les recordó a los tutores de los alumnos que, según su reglamento, tienen prohibido “hacer comentarios a través de diferentes medios que generen divisiones, afecten el prestigio y la buena imagen de la comunidad educativa”. Así se lee en un comunicado dirigido a ellos. La empresa Universidad César Vallejo SAC figura en el puesto cinco de las casas de estudio más sancionadas por el Indecopi.
Protesta de los padres de familia contra la UCV College. Recibieron una bravuconada como respuesta.
