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Las universidades del país se vienen preparando para un 2022 complejo, entre la presencialidad y la virtualidad. Por eso, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las más prestigiosas, buscó desde agosto del año pasado a una empresa que le diera el servicio de proctoring. Es decir, un sistema de supervisión para exámenes virtuales.

La empresa que resultó escogida fue Seidor Technologies Perú SAC. Esta tiene una amplia experiencia en el rubro, pero no necesariamente positiva. En julio del 2020 fue contratada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para supervisar sus evaluaciones virtuales durante un año. En ese periodo se realizó el primer examen de admisión virtual de dicha casa de estudios, que terminó con denuncias de todo tipo. Hubo desde capturas de pantalla donde los postulantes compartían sus respuestas, hasta personas -miles- que no pudieron ingresar al sistema.

A pesar de ese antecedente, la UNI decidió otorgarle la buena pro a Seidor el pasado 13 de enero. El proceso de contratación estuvo marcado por irregularidades y cambios tardíos que han levantado sospechas. Además, la compañía ofreció el mismo sistema que utilizó en la San Marcos durante el examen fallido. La denuncia sobre este caso ya llegó a la Contraloría General de la República.

 

Experiencia manchada

Seidor es una multinacional tecnológica con presencia en 32 países del mundo. En el Perú le han brindado sus servicios a diversas casas de estudio. Entre sus clientes se encuentran la Universidad Cayetano Heredia, la UNI y la San Marcos.

A la Decana de América, Seidor le dio el “servicio de monitoreo de actividades y seguridad informática en la aplicación de exámenes virtuales” desde el 15 de julio del 2020 hasta la misma fecha del año siguiente. Por esta labor recibieron S/575.422,30, de acuerdo al portal del OSCE.

Durante ese periodo, el 2 y 3 de octubre del 2020, se realizó el primer examen de admisión virtual de la San Marcos. Una evaluación que terminó convirtiéndose en un martirio para los postulantes. La plataforma que utilizó la universidad en el examen se llama Smowl. Así lo detalla uno de los tantos comunicados que sacaron para limpiar su imagen luego del escándalo. 

Ese el mismo servicio que ganó el concurso para supervisar los exámenes de la UNI. Se trata de un “sistema continuo de autenticación y monitoreo de estudiantes utilizando el reconocimiento facial”, de acuerdo a la documentación que presentó Seidor a la universidad de ingeniera en el proceso que acaba de ganar. Ahí también, bajo declaración jurada, se acreditan como representantes de Smowl en el Perú.

Pero aunque Seidor lo venda como el mejor sistema, para Alejandra Vela fue más que un dolor de cabeza en octubre del 2020, cuando quiso postular a la San Marcos. “El servicio Smowl, por el cual se desarrolló el examen virtual, nos pedía una determinada capacidad de memoria, velocidad de Internet, nitidez de la cámara. Una serie de requisitos que excluía a los postulantes que somos de bajos recursos”, asegura la joven, exvocera de la Coordinadora de Postulantes de la UNMSM, organización que reúne a los perjudicados por ese proceso de admisión. Ella tuvo que trasladarse de su casa en Comas a San Juan de Lurigancho donde le prestaron una computadora que sí cumplía con las expectativas de Smowl.

“En mi caso me dejaron en la sala de espera, aguardando que el anfitrión me dé acceso, a pesar de que ingresé a tiempo. Como parte del procedimiento, debías ingresar a una especie de intranet y luego a un Google Meet. No fui el único caso”, explica Esteban Godofredo, otro expostulante que no pudo rendir la prueba aquel día.

Ese examen del 2020 estuvo marcado por los reportes de alumnos que no pudieron ingresar por fallas del sistema, pero también por las denuncias de plagio. “El examen de admisión se había filtrado. Hubo capturas del programa Discord [una red social] donde habían transmitido el examen. También mensajes de WhatsApps donde se pedían las claves [de las respuestas]. Además, denuncias de alumnos que entraron sin cámara, algo que las autoridades dijeron que no estaría permitido”, señala Alejandra Vela.

Para José Luis Pérez, en ese entonces consejero universitario y hoy representante del Tercio Estudiantil de la San Marcos, no hay dudas en las fallas del sistema informático. “La universidad mencionó que el programa tenía una inteligencia artificial que detectaba cuando estabas mirando a otro lado. Si te movías o te salías del enfoque, ese sistema supuestamente enviaba una alerta para que verifiquen si estabas ahí. Eso no se dio. En la práctica, una compañera incluso pudo ir al baño y nadie le observó el examen”, recuerda el dirigente estudiantil.

Seidor se defiende diciendo que su sistema no evita plagios, sino que solo los reporta. Sobre las quejas de los alumnos que no pudieron ingresar al sistema, sin embargo, no dicen nada.

“Efectivamente Seidor trabajó en el examen de admisión del 2020 con la UNMSM, fuimos sus proveedores tecnológicos del proctoring, el cual en ningún momento falló. Smowl no es una herramienta restrictiva que bloquea el navegador y por tanto no restringe que los usuarios no puedan copiar texto, pantallazos o demás actos indebidos. La herramienta lo que hace es monitorear de principio a fin lo que hace el estudiante para que al finalizar el examen, los supervisores (la institución) revisen los informes que han detectado todos estos actos”, contestó Seidor a Sudaca. 

De acuerdo a Alejandra Vela, en esa evaluación fallida postularon alrededor de 28.000 personas, de las cuales 14.000 no pudieron dar el examen por fallas del sistema. Godofredo y ella tuvieron rendir la prueba al año siguiente e ingresaron, pero aseguran que aún existen reclamos de algunos jóvenes a los que no les han devuelto el dinero. Dependiendo del colegio de procedencia y el tipo de examen, estamos hablando de entre S/350 y S/1.600.

 

Extraño proceso

El camino que recorrió Seidor para obtener la buena pro de la UNI y supervisar sus próximos exámenes remotos estuvo, por decir lo menos, marcado por irregularidades. Mediante concurso público, la Oficina Central de Admisión de la universidad (OCAD) convocó a empresas nacionales a comienzos de agosto del año pasado. Se presentaron dos. Una fue Seidor y la otra Cipli Research Center SAC. 

El pedido de la OCAD fue para el monitoreo de 58.400 evaluaciones virtuales de todo tipo, no solo de admisión. Luego de hacer un estudio de mercado, fijaron el valor estimado del servicio en S/980.536. La oferta de Seidor fue de S/1.035.961,94 y la de Cipli de S/1.062.720. Después de analizar ambas, la UNI colocó primera en el orden de prelación a Cipli.

El cuadro de evaluación económica del concurso público declarado desierto. Cipli había quedado primera en el orden de prelación.

Sin embargo, el 28 de agosto del 2021, el comité de selección de la UNI declaró desierto el proceso, acusando falta de presupuesto, y rechazó la oferta de Cipli. “Esta dependencia no cuenta con la disponibilidad presupuestal para cubrir el excedente”, se lee en el acta. La diferencia entre el valor que habían estimado para el servicio y la oferta de Cipli era de poco más de S/80.000. 

Un proceso queda desierto cuando no se reciben ofertas o ninguna es válida, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando existe un problema presupuestal, según Cristian Castillo, abogado especialista en la materia, el área encargada de la contratación puede negociar con el ganador. “Normalmente lo que sucede es que le mandan una carta o correo al postor ganador diciéndole que el presupuesto alcanza hasta cierta cantidad y piden que se rebaje el precio. Es decisión del postor, en este caso Cipli, si acepta o no”, explica. 

Sin embargo, eso no ocurrió. “Nunca se nos acercaron. Si lo hubieran hecho, hubiésemos aceptado”, asegura Lester Vargas, directivo de Cipli en comunicación con Sudaca. Lo que hizo la UNI fue reiniciar el proceso, bajo la figura de adjudicación simplificada, y convocó a las empresas el 22 de diciembre del 2021. Antes la universidad envió un mensaje a los postulantes que, además de ilegal, parecía dejar todo decidido. 

En su solicitud de cotización a Cipli, a fines de octubre pasado, la UNI le pidió una marca en específico: la plataforma Smowl y su versión avanzada Smowl+. Este era, precisamente, el servicio que ofrecía el otro postor y futuro ganador, Seidor. La plataforma que ofrecía Cipli se llama FractalUp.

La primera cotización que envió la UNI a Cipli donde consignaban la marca «SMOWL y SMOWL+» que ofrecía Seidor, el otro postor y posterior ganador.

Este tipo de especificaciones está prohibida por la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo al abogado Cristian Castillo. “Yo no puedo lanzar una convocatoria para carros diciendo que deben ser Toyota. Eso sí sería irregular”, explica. 

Cipli pidió una explicación a la universidad y le respondieron en una carta que se trató de “un error” y que sería corregido de forma inmediata. Dicho y hecho, en una posterior versión del pedido de cotización ya no aparecía el nombre de Smowl. Pero el anuncio de la marca de su preferencia ya estaba dado.

En el nuevo proceso también se cambiaron las cifras de forma incomprensible. En el concurso anulado, de agosto, el pedido era que el servicio cubra a 58.400 cuentas online por un valor estimado de S/980.536. Para la adjudicación simplificada, la cantidad de cuentas ascendió a 90.000. Lo lógico, al crecer el pedido, hubiese sido que aumentara el valor referencial. Sin embargo, este se redujó a S/955.800.

Es decir, el pedido de la UNI aumentó considerablemente, pero el valor referencial para el servicio decreció. Lo mismo ocurrió con la oferta que hizo la empresa que había perdido en primera instancia y que ahora, terminaría siendo la ganadora. Y es que Seidor bajó su oferta a S/ 946.132,31. Solo Cipli, viendo que le exigían un servicio mayor, la aumentó a S/1.285.020.

Así, el pasado 13 de enero la UNI le otorgó la buena pro a la compañía protagonista del accidentado examen de San Marcos del 2020. En respuesta a Sudaca, la UNI atribuye los cambios en las cifras al nuevo estudio de mercado realizado para la adjudicación simplificada. 

“Dicho monto es el resultado de las actuaciones preparatorias, esto es, solicitar a los potenciales proveedores sus respectivas cotizaciones a efectos de conocer el monto estimado para el servicio a contratar. Prueba de ello, es que se obtuvo tres cotizaciones”, dice un comunicado de esta casa de estudios. Si bien la universidad menciona tres ofertas, en el cuadro de evaluación económica sólo aparecen dos: Seidor y Cipli.

La UNI continuó con este proceso de contratación a pesar que en diciembre, un mes antes de otorgar la buena pro, acordaron mediante resolución rectoral que el examen de admisión 2022-1 será presencial.

Para David Ramos, presidente de la Asociación de Centros de la Universidad Nacional de Ingeniería (ACUNI), máximo órgano estudiantil de la universidad, esto se debe a que la UNI no descarta que la pandemia empeore. “Nosotros como estudiantes hemos exigido un examen presencial. Se logró, pero no podemos ser ingenuos. Por x razones en marzo podría darse una cuarta ola y las restricciones serían importantes. Obviamente esto [el servicio contratado] no está dirigido solo al proceso de admisión”, aclara. 

Ahora queda por ver si en los próximos exámenes virtuales de la UNI se repite el escándalo de la admisión de San Marcos en el 2020. 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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retorno a clases presenciales, San Marcos, UNI

La muerte de un hombre persigue al flamante primer ministro desde hace cinco años. Administrar el camal municipal de Coronel Portillo, en Pucallpa, Ucayali, no solo le trajo a Héctor Valer una denuncia por colusión, sino también una investigación por homicidio culposo. El hecho ocurrió en junio del 2017 y al interior del recinto que, en ese entonces, manejaba su empresa: el Consorcio Industrial de Carnes de Ucayali (Coincar).

La municipalidad provincial le había entregado el camal en concesión a fines del 2016. Esto, “sin someterlo a un proceso de evaluación; afectando la eficiencia, transparencia y legalidad con la que deben regir las decisiones que adopte el Concejo Municipal y la entidad”, según una nota de prensa de Contraloría de la época.

La tarde del 13 de junio, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Carnes Rojas de la región, Aster Diaz Ruiz, llegó al lugar para retirar diez cabezas de ganado que había adquirido previamente. Antes, sin embargo, tenía que marcarlas. Como no había personal que realice esa tarea, él mismo entró al corral y empezó a pintar sus iniciales en el cuerpo de las vacas. Una lo atacó de un cuernazo por la espalda.

Toro- ataque
Así informaba la prensa local aquel junio del 2017. Resultó que el ataque fue de una vaca y no un toro.

El hombre murió seis días después en el hospital regional. Su familia denunció a Coincar porque no tenía trabajadores capacitados para el manejo de los animales, a pesar de que los Díaz pagaron S/1.150 por ese servicio. Sudaca ha accedido a una serie de disposiciones de la Fiscalía Provincial Penal de Yarinacochas, que abrió investigación preparatoria el 27 de junio del 2017, en las que se cuenta el suceso con detalles.

En la denuncia presentada por el hijo de la víctima, Maxcel Díaz Moreno, se menciona una situación que era común en el camal: “adolece de personal idóneo y capacitado encargado de realizar tales labores, por lo que su señor padre tenía que ejecutarlas”. El familiar dice, además, que aquel día “únicamente se encontraba una persona que hace las veces de guardián, el mismo que desconoce sobre las actividades de manejo de ganado”. Y añade: “Coincar cobra por estos servicios, a pesar de que no tiene personal capacitado, en un claro abuso de poder y de derecho”.

Díaz Moreno apuntó al mandamás del consorcio, Héctor Valer. “No ha cumplido con brindar las garantías y seguridad al personal externo que ingresa animales para el sacrificio al camal, con personal idóneo y capacitado para realizar tales labores”, aseguró. Durante las diligencias preliminares, el ahora premier replicó que sí tenía personal y que el local era constantemente inspeccionado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Además, le echó la culpa al ganadero, a quien acusó de haber ingresado a los corrales burlando la seguridad. 

Los hijos de Díaz, sin embargo, presentaron a la Fiscalía el contrato de compra-venta que suscribieron por los animales y el comprobante del pago de S/1.150 a favor de Coincar a cambio de los servicios de faena. Cuando los investigadores le preguntaron al chofer que llevó a Díaz al camal por la seguridad del recinto, este respondió: “no cuenta con las garantías necesarias para brindar ese servicio”.

Apenas ocurrió la muerte, la Asociación de Comerciantes de Carnes Rojas de la región inició un paro indefinido. Y ese mismo año, el Órgano de Control Interno de la municipalidad detectó las ya mencionadas irregularidades en la concesión del recinto.

Camal Municipal
El 2019, la nueva gestión municipal encontró en pésimas condiciones el camal municipal que administraba la empresa de Valer.

Resulta que el Consejo Municipal había incorporado el camal a un proceso de asociación público-privada en setiembre del 2016, pero ese acuerdo fue desconocido en diciembre del mismo año. El Consejo, entonces, le permitió al alcalde darlo en “administración temporal”, algo que -según la fiscalía que ve el caso- no estaba contemplado en la Ley Orgánica de Municipalidades. La propuesta de Valer para manejar el lugar llegó el 9 de diciembre. Tan solo cuatro días después se le dio el visto bueno. 

El contrato fue suspendido tras el escándalo por la muerte del ganadero y la intervención, en paralelo, de los auditores. Coincar tuvo que abandonar el camal y fue dada de baja en abril del 2018. A inicios del 2019, la nueva gestión municipal inspeccionó el lugar y encontró un escenario lúgubre: puertas y ventanas rotas, áreas administrativas destruidas, techos deteriorados, la zona de sacrificio de reses y porcinos en pésimo estado. En general, todo el procesamiento de vísceras se realizaba en condiciones inapropiadas, según una nota informativa de la comuna.

“Hay equipos que han desaparecido”, agregó Rafael Paredes Delgado, entonces gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental de la municipalidad. La Fiscalía también señala que Valer mantuvo el lugar en condiciones insalubres. “Hubo contaminación, olores fétidos, problemas inclusive en los sistemas de evacuación, residuos sólidos y otros factores que, en la práctica, provocaron mayores daños a la entidad pública y al servicio”, le dijo el fiscal Gomer Santos, que investiga las irregularidades en la concesión del camal, a El Comercio.

En tanto, el caso de la muerte de Aster Díaz pasó a la etapa de investigación preparatoria en el 2018. La fiscal provincial Karen Yzaguirre se pronunció a fines del año pasado a favor de sobreseerlo, pero ahora parece haber dado marcha atrás. “Hay un pronunciamiento en ese sentido y va a ser objeto de absolución de parte de la Fiscalía. Pero dado que el caso se ha hecho emblemático, parece que está ampliando su investigación”, dice el abogado de Valer, Millet Tello Salazar.

Y así fue. El 18 de enero de este año, el despacho de Yzaguirre decidió recabar más testimonios durante febrero. Según el abogado de los deudos, la fiscal tuvo que recular luego de que sus superiores no aceptaran el archivamiento del caso. “El juzgado, al ver la inconsistencia del sobreseimiento, ha elevado la consulta a la fiscalía superior y esta ha ordenado a la provincial que continué la investigación”, explica el doctor Marco Antonio Texeira. Sudaca llamó a la fiscal del caso, pero no obtuvimos respuesta.

Providencia Fiscal
En enero de este año, la fiscalía dispuso seguir recogiendo testimonios.

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Hector Valer, homicidio, Ministerio público

 

“Yo respeto y las quiero a todas las mujeres, entre ellas a mi madre, esposa y mis hijas”, escribió Héctor Valer cuando fue acusado por la congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, de maltratarla verbalmente en septiembre pasado. El primer ministro no pensó lo mismo cinco años atrás, en octubre del 2016, cuando “le propinó un puñete en el rostro” a su esposa y le dio “bofetadas, puñetes y patadas” a su hija, de acuerdo a dos partes policiales.

Ante el escándalo, que la prensa advirtió hace menos de 24 horas, el llamado “Gabinete en la sombra” del Despacho Presidencial ya baraja opciones para reemplazarlo lo más pronto posible. Consideran que su situación es insostenible, según una fuente palaciega que conoce la interna. Bancadas como Avanza País, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Renovación Popular han anunciado que no le darán el voto de confianza. La ausencia de Valer en la conferencia de prensa de ayer es un reflejo de la situación.

Valer-Hija-Esposa
Izquierda: Con su esposa, ya fallecida, en un evento festivo. Derecha: Primer ministro posa con su hija en una imagen de archivo. Las dos lo denunciaron por agresión en el 2016

El “Gabinete en la sombra” está integrado por Biberto Castillo, despedido asesor presidencial; Beder Camacho, nombrado secretario general interino; José Fernández La Torre, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia; y Wilson Pretel, jefe del gabinete técnico de asesores. Llama la atención que Biberto Castillo siga operando a pesar de haber sido despedido por Carlos Jaico, en su última acción como secretario general. Fueron Castillo y Camacho, que ha sido nombrado secretario general interino, quienes ayer convocaron a un diálogo a Hernando de Soto, excandidato presidencial de Avanza País.

Héctor Valer llegó al premierato por recomendación del congresista Guillermo Bermejo. En el Congreso, Bermejo y Valer integran la bancada de disidentes Perú Democrático. El “Gabinete en la sombra” apostaba sus fichas por Roberto Sánchez, el ministro de Comercio Exterior y Turismo.

En caso Valer sea finalmente expectorado del cargo, Sánchez tendría la primera opción. Esto porque el ministro de Salud, Hernando Cevallos, ya dijo que no asumirá la PCM. Sánchez se ha convertido en un incondicional del presidente Castillo y, según una fuente de Palacio, ha pasado también al grupo de asesores en la sombra.

El también congresista por la bancada de Juntos Por el Perú (JPP) despacha seguido con Beder Camacho y el jefe de la DINI, José Fernández La Torre. JPP llegó al Congreso de la mano del Nuevo Perú, de Verónika Mendoza, pero Sánchez ha marcado distancias con ella. No condenó, por ejemplo, la salida de Avelino Guillén del Ministerio del Interior, como sí lo hizo la excandidata presidencial. “Más allá de los nombres o desencuentros, la prioridad es la seguridad ciudadana”, dijo Sánchez a la prensa.

El titular del Mincetur ha salido en defensa de Pedro Castillo cuando ha podido y ha ejercido hasta el rol de traductor. “En ningún momento el presidente ha dicho que va a poner a referéndum la soberanía y entrega del mar a nuestro hermano país de Bolivia. Eso es falso”, dijo, por ejemplo, sobre la reciente declaración del presidente a CNN. Castillo había asegurado que consultaría a los ciudadanos para decidir si Perú le da una salida al mar a esa nación.

La lealtad de Sánchez ha sido recompensada. Permanece al frente de su cartera, mientras sus aliados del Nuevo Perú -Pedro Francke y Anahí Durand- salieron del Gabinete. Verónika Mendoza, incluso, anunció la ruptura con el gobierno en redes sociales.

Al otro lado, en Perú Libre, también están con la sangre en el ojo porque no los tomaron en cuenta en el nuevo Consejo de Ministros. Vladimir Cerrón esperaba tener protagonismo en el Gabinete, pero el presidente le dio prioridad a Bermejo. En venganza, una fuente cercana a Cerrón anticipa que sus más fieles militantes no le darán la confianza al Gabinete Valer.

AMETRALLADORA

El perfil violento del nuevo premier es corroborado por excompañeros de cuando militaba en el APRA. Uno de ellos, un aprista con el que compartió aquella época, lo recuerda por llevar una ametralladora en su paso por la universidad, a inicios de los ochenta. “Se atrevió a llevar una ametralladora para asustar a los estudiantes comunistas que buscaban recuperar su hegemonía en la Garcilaso”, dice. Lo conocían como el “Loco Valer”.

Valer Apra
2009. Héctor Valer Pinto, en un evento en la Casa del Pueblo para condecorar y respaldar a excongresista Mauricio Mulder, incondicional de Alan García.

“Es una persona inestable. Tiende al disparate, al improntus. Por eso es que cambia de camiseta todos los días. Castillo se ha disparado a los pies al nombrar a este personaje porque no le van a dar el voto de confianza”, dice a Sudaca Jesús Guzmán Gallardo, veterano dirigente de la estrella, quien también conoció al actual premier.

Lo cierto es que el presidente Castillo ha elegido como cabeza de su Consejo de Ministros a un hombre que le siguió los pasos a Alan García. En febrero de 1993, Valer “abandonó clandestinamente” el Perú y viajó a Colombia para pedir asilo político, de acuerdo a una nota del diario colombiano “El Tiempo”. García había pedido asilo a dicho país tras el autogolpe de Alberto Fujimori, en 1992.

El Tiempo
1997. Nota del diario colombiano “El Tiempo” que da cuenta que Héctor Valer Pinto fue considerado un refugiado político en ese país.

 

Tres años después, en 1995, García solicitó asilo en Francia.  En 1996 Valer hizo lo mismo. “En el año 1996, tras el proceso de traslado de su refugio político a Francia, estudió un Diplomado de Estudios de América Latina en la Universidad Sorbonne IV, de París”, dice la biografía de Valer colgada en el portal del Parlamento.

En el 2000, Valer volvió al Perú con el retorno de la democracia. Los “compañeros” le consiguieron trabajo como profesor en la Garcilaso. En ell 2008, el APRA lo colocó como gerente del Instituto de Desarrollo de Pueblos Andinos y Amazónicos (Indepa), un organismo del Estado que hoy ya no existe. El 2009, Valer promovió una condecoración a Mauricio Mulder, incondicional de García, por su supuesto compromiso con el agro. También apoyó la candidatura de Mulder a la secretaría general del Apra por “su estrecha vinculación con los intereses del pueblo y sus organizaciones”, según el portal “Vanguardia Aprista”.

Varios testimonios también indican que Valer fue cercano a Luis Nava, el secretario personal de García que confesó a las autoridades que Jorge Barata le entregó al expresidente 1 millón 328 mil dólares en loncheras y maletines a nombre de Odebrecht. De hecho, Nava lo jaló como asesor cuando fue nombrado ministro de la Producción. En el 2011, Valer apoyó la campaña de Nava al Parlamento Andino con un pequeño monto -S/750-, según reportes de la ONPE.

Nava aporte
2011. Reporte presentado a la ONPE por Luis Nava Guibert, secretario de Alan García, como candidato al Parlamento Andino. Ahí figura Héctor Valer Pinto como aportante

 

El presidente Pedro Castillo ha viajado a Brasil en plena crisis política. Retornará el sábado. Todo apunta a que su flamante primer ministro tiene las horas contadas. Valer, en una entrevista con Rosa María Palacios, dijo que no renunciará. Aseguró que no agredió a sus familiares. Ha decidido atrincherarse en el cargo. El “Loco Valer” está desatado.

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Apra, Hector Valer, Pedro Castillo

La caída de Mirtha Vásquez empezó a gestarse a mediados de diciembre. En aquel momento, los asesores del presidente Pedro Castillo le declararon la guerra y dejaron de coordinar con ella. “En esa fecha nos avisaron que los asesores habían llamado a gente ofreciendo cargos de ministros a nuestras espaldas”, dice una fuente cercana a la exprimera ministra.

En el entorno de Vásquez apuntan los dardos a Biberto Castillo, exasesor presidencial cercano a Perú Libre, que fue despedido ayer en medio del caos. Él organizó, por ejemplo, el encuentro entre el mandatario y cuatro exministros de Economía sin la presencia del actual titular de la cartera, Pedro Francke. La reunión se dió el 16 de diciembre pasado. El encuentro fue interpretado como un puñal para Francke, aliado de Vásquez en el Gabinete, y como una señal más del clima de caos y anarquía que se respira en Palacio. 

Pedro Castillo caída
30 de enero. El presidente Pedro Castillo Terrones, en la ciudad de Caballococha, en Loreto. Fuente: Presidencia.

Biberto Castillo era parte del llamado “Gabinete en la sombra” del jefe de Estado. Este grupo está formado, además, por Beder Camacho y los cajamarquinos Rodolfo Idrogo (prensa), Wilson Pretel (jefe de gabinete técnico), Eder Vitón Burga (asesor técnico),  Franco Pomalaya (prensa) y José Fernández La Torre. Este último es jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Al ‘petit comité’ se ha sumado recientemente Roberto Sánchez, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, un aliado incondicional del presidente. 

El “Gabinete en la sombra” le hizo la vida de cuadritos a Mirtha Vásquez, marginándola de las decisiones importantes y no haciendo caso a sus recomendaciones. Por ejemplo, de acuerdo a fuentes próximas a la exprimera ministra, los asesores demoraron la promulgación en El Peruano de la ley sobre el referéndum, aprobada por insistencia en el Congreso. El texto, que bloquea una consulta para una Asamblea Constituyente, fue promulgado recién el 30 de enero, cuando había sido enviada el 25 de ese mes. Vásquez había recomendado una promulgación inmediata, como manda la ley. 

Por eso no sorprende lo que pasó la tarde de ayer, cuando la expremier le entregó a Eder Vitón, asesor del gabinete técnico del Despacho Presidencial, su carta de renuncia para que la ingrese a mesa de partes. Minutos después de entregarle el documento, el presidente Castillo lanzó un tuit dando la idea de que él despidió  a Vásquez y no que ella había renunciado. 

Eder Viton
Eder Vitón Burga, asesor técnico en Presidencia, recibió la carta de renuncia de la primera ministra Mirtha Vásquez. Fuente: Facebook de Eder Vitón.

“Yo le he entregado [la carta de renuncia] a uno de sus asesores y este asesor se llevó el documento y no regresó más. Nuevamente quiero expresar mi preocupación por el entorno de asesores que tiene [el presidente], que muchas veces hacen que él cometa este tipo de errores”, dijo Vásquez en el programa “Nada está dicho”, de RPP. 

Vásquez, en su carta, dijo que renunció por la crisis desatada en el Ministerio del Interior, que terminó con la salida de Avelino Guillén. El exfiscal supremo había sido propuesto por ella como titular de esa cartera. 

Lo cierto es que Vásquez no fue capaz de lograr un Gabinete cohesionado. La ahora expremier pidió la cabeza del ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, una carta de Perú Libre, y no pudo imponerse.

Además, tuvo roces con el ministro de Salud, Hernando Cevallos, por el asunto de la Asamblea Constituyente. Cevallos estaba a favor de promover el tema, ella no. “Ella se vio debilitada cuando anunció que no extendería los contratos de cuatro minas en Ayacucho y luego retrocedió rápidamente. No se le vio muñeca política. Ahí perdió fuerza al interior del gobierno”, dice una fuente palaciega.

EL CERRONISMO EN PALACIO

La guerra de los asesores presidenciales con Mirtha Vásquez coincidió con el acercamiento de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. El jefe de Estado llamó ayer al líder del lápiz para conversar sobre la crisis política, de acuerdo a una fuente de Perú Libre. Cerrón, al no estar en Lima por sus restricciones legales,  envió a Palacio una comitiva perulibrista encabezada por su hermano, el congresista Waldemar Cerrón. Este anunció en Twitter que sería el nuevo primer ministro y luego borró la publicación. 

“Hemos hablado de la coyuntura política, pero no de propuestas para el Gabinete. Nos preguntó cuál era la mirada que teníamos. Le hemos dado nuestro punto de vista”, dice a Sudaca el legislador de Perú Libre y exprimer ministro Guido Bellido. 

El lápiz busca retomar el protagonismo perdido en el gobierno. Y Castillo ha dado muestras de acercamiento con la llamada a Cerrón en plena escalada. Aun así, Roger Nájar, integrante del buró político, descartó en la interna asumir el premierato. 

Eso sí: los perulibristas están con la sangre en el ojo. Según una fuente del partido del lápiz, han planteado al presidente Castillo una cirugía mayor: cambiar el 70% del Consejo de Ministros. De acuerdo a un asesor de Cerrón, este le ha sugerido al presidente restarle poder a Verónika Mendoza, su eterna rival. También ha pedido sacar del juego a la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, recientemente expulsada de Perú Libre. 

Mendoza, en este momento, ha marcado distancia con el presidente por la renuncia de Guillén. “Lamento profundamente la renuncia de Avelino Guillén, un hombre honesto y valiente que se enfrentó siempre a la corrupción y al autoritarismo. Presidente, el país merece una explicación por lo ocurrido y acciones firmes que precisen el rumbo de su gobierno”, escribió el 30 de enero. El titular del MEF, Pedro Francke, también expresó su solidaridad con Guillén en las redes sociales, en lo que será una de sus últimas acciones como ministro.

La ministra de la Mujer, Anahí Durand, no siguió el mismo camino que sus correligionarios Francke y Mendoza. Durand, quien ha sido elegida como nueva presidenta del Nuevo Perú, estuvo en desacuerdo con los pronunciamientos que debilitan la alianza con Pedro Castillo, de acuerdo a fuentes de la organización izquierdista. 

Anahi Durand
Anahí Durand Guevara, ministra de la Mujer y nueva presidenta de Nuevo Perú. No se solidarizó en redes sociales con Avelino Guillén, como Verónika Mendoza y Pedro Francke, en un tácito desacuerdo. Fuente: Andina.

Lo cierto es que, en estas horas, los puñales están a la orden del día. El desgobierno es tal que hasta los asesores del presidente Castillo andan enfrentados entre sí. Los integrantes del llamado “Gabinete en la sombra” libran una batalla con el secretario general Carlos Jaico Carranza.

Beder Camacho, el subsecretario general, pidió a Contraloría investigar a Jaico por usar un auto Grand Cherokee Overland, que pertenece a la Dirección Nacional de Inteligencia, cuando estaba de licencia. Jaico ha contragolpeado acusando a Camacho de reunirse de manera clandestina con el jefe de la Policía, Javier Gallardo, manzana de la discordia en el conflicto con Avelino Guillén. A Biberto Castillo, Jaico lo despidió con un memorando.

Pedro Castillo se reunió esta mañana con congresistas del ala magisterial, como Edgar Tello, Óscar Zea y Katy Ugarte. El tiempo apremia y el presidente no tiene mucho por donde escoger.

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Mirtha Vasquez, pcm, Pedro Castillo

En su única entrevista tras el derrame, el director ejecutivo de Repsol en el Perú, Jaime Fernández-Cuesta, mintió. “En el fondo del mar no hay petróleo, porque el petróleo es más ligero que el agua, está todo en la superficie. El petróleo tiene una densidad menor que la del agua, todo se va a la superficie”, dijo. Y agregó, para la indignación de los especialistas, que no había nada “que no se pueda arreglar ni corregir medioambientalmente”.

Yuri Hooker, reconocido biólogo marino, calificó sus palabras de “mentiras descaradas”, por la abundancia de investigaciones a nivel mundial sobre cómo el petróleo se acumula en el fondo marino. “Hay cientos de investigaciones de acumulación de petróleo en el fondo [marino] y de las consecuencias en varias partes del mundo. Eso se sabe y el señor miente con descaro al decir que el petróleo flota, que no va al fondo del mar”, indicó al programa ‘Si el Río Suena’, de Sudaca.

Y luego añadió: “Derrames más pequeños que este pueden demorar 10 a 15 años en recuperarse, verse más o menos normal, y que los contaminantes en los organismos no sean peligrosos. Pero hay lugares que se han contaminado hace 100 años y siguen igual. Por la dinámica del mar peruano, es de esperar que esto último no ocurra”.

El biólogo Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú, coincide en que algunas áreas tardarán años en recuperarse. Esto, aunque la empresa cumpla con hacer que las playas se “vean limpias” para fines de febrero. “La mayor parte del petróleo ya se deberá haber hundido para esa fecha en el fondo del mar, o estará en la orilla”, comenta a Sudaca.

Hasta el momento, Riveros estima que la parte más afectada ha sido la Zona Reservada de Ancón, en la bahía. Las especies de este lugar todavía estaban en proceso de investigación para su categorización. “Es posible que el tiempo de recuperación de esta zona vaya en el orden de una década”, advierte.

La bióloga marina Joanna Alfaro, directora de ProDelphinus y docente de la Universidad Científica del Sur, también explica por qué el tiempo de recuperación es difícil de estimar: lo que vemos por encima no refleja lo que hay abajo. “La dificultad es que muchas veces pensamos que está limpio porque lo vemos limpio, pero no sabemos lo que está pasando en el fondo del mar. Para eso se tiene que mandar un equipo de buzos y un monitoreo constante de la evolución de esto”, precisa.

En base a los reportes que llegan de la zona, ella considera que los grupos más afectados han sido el de las aves, especialmente los cormoranes que frecuentan estas zonas para reproducirse, y el de las nutrias marinas, que están en la lista roja de las especies amenazadas. Se tenía registro de sólo diez ejemplares en esta zona. Además de lo tóxico que es, el petróleo daña el pelaje de estos animales haciendo que pierdan la capacidad de regular su temperatura. 

“Las plumas o los pelos les ayudan a mantener esta temperatura, si no pueden mantenerla, van a morir porque no pueden flotar y les va a dar hipotermia. Ese es el peligro cuando cae aceite en las plumas o pelos de estos animales”, comenta Alfaro.

EL DIFÍCIL RESCATE ANIMAL

Desde el sábado 15 de enero, el día que se produjo el derrame, la marea negra ha llegado ya a 24 playas, de Ventanilla a Chancay, según el último reporte de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa). En su trayectoria, el petróleo ha afectado a dos ecosistemas sensibles: la Zona Reservada de Ancón y las Islas Grupo de Pescadores, esta última perteneciente a la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG). Este sistema agrupa a 22 islas e islotes de todo el litoral peruano, desde Piura hasta Moquegua.

De acuerdo a los reportes de las entidades de fiscalización ambiental -supervisadas por el OEFA-, son nueve las especies afectadas: cormorán (ave), guanay (ave), piquero peruano (ave), pelícano, gaviota peruana, pingüino de Humboldt, lobo chusco, nutria y la chuita (ave).

En la primera semana posterior al derrame, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó que se había rescatado a 51 especímenes que fueron trasladados al Parque de Las Leyendas para su atención. Luego fueron llegando más especies a este lugar y, según informó la Municipalidad de Lima -que administra el parque-, hay 83 aves marinas que ya están en proceso de readaptación. Sin embargo, conforme pasan los días, hay menos rescatados.

En el ámbito de las Islas Grupo de Pescadores, Sernanp ha señalado que se encuentran aproximadamente 10 aves muertas a diario y que han podido avistar a 170 aves con restos de petróleo en sus patrullajes. José Ramírez, jefe de Sernanp, explicó hace unos días que han tomado nota de estos casos, pero que no han podido capturarlos para su evaluación. 

 

Guanay encontrado el último fin de semana en Islotes Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-Sernanp.

A pesar de los esfuerzos, el pronóstico para estas especies manchadas con petróleo, o que pueden haberlo inhalado o ingerido, es desfavorable. Si han recibido una dosis letal, mueren rápidamente; y si la dosis es menor, el envenenamiento les produce daños irreversibles en el sistema digestivo.

“A partir del día 10 al día 15 después del accidente, comienzan a aparecer grandes cantidades de animales muertos en las orillas, porque algunos se escapan por el escándalo o el movimiento, pero ya están infectados. Algunos regresan a sus colonias, pueden estar con sus crías y contagiarlos también. En este momento, lo que estamos viendo es solo el principio”, indica Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú.

Respecto a las posibilidades de que estas especies puedan encontrar un hábitat similar en otra parte del país, explica que la mayoría de estas especies no tienen la migración por costumbre. “En el caso particular del pingüino o la chuita, son animales que tienen mucha fidelidad al sitio y eso las hace muy vulnerables a estas situaciones. No son animales migratorios, no se les ve moviéndose en grupos grandes. Generalmente son colonias ya establecidas. Esa es la principal preocupación”, señala. 

De los animales rescatados que reciban atención especializada, se calcula que menos de la mitad logrará sobrevivir, porque su organismo no podrá procesar el petróleo. “Podemos tener animales que aparentemente están en buen estado, se paran y están vigorosos, pero por dentro ya están teniendo síntomas de una degradación progresiva”, advierte.

Al respecto, Carlos Calvo, médico veterinario zootecnista de la ONG ConservAcción, comentó durante un evento virtual organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Mongabay Latam, que el registro del daño a estas especies será difícil por el desorden de los primeros días y la cantidad de voluntarios sin experiencia que han intervenido. “Cuando la parte gubernamental haga el conteo oficial de la fauna afectada, va a estar muy subestimada porque las playas se mantuvieron abiertas. Eso permitió que gente bienintencionada ingrese, pero también que la información inicial se vea alterada porque mucha gente ha rescatado animales por su cuenta, se los llevó a su casa y se les han muerto. La información que se brinde, probablemente, va a estar muy subestimada”, anotó.

LA PESCA Y EL CONSUMO

Juan Carlos Riveros estima que, en el caso de los pingüinos, al momento del derrame la mayoría de adultos no estaba en el mar porque están en época de “muda”, un período en el que cambian de plumaje. Pero los organismos más pequeños, que están más cerca a la costa y que son alimento de otras especies, no tuvieron la misma suerte. 

“Hay especies como la concha de abanico, el langostino, los choros, chanques (molusco), que, si están en esta zona, no van a ser aptas para consumo humano. Tienen el problema además de que son presa de otros animales, así que van a tener una incidencia que debe ser monitoreada. Es importante que Sanipes [el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera] y Digesa [Dirección General de Salud Ambiental] tengan las herramientas para hacer un seguimiento en el corto y mediano plazo”, asegura.

Ante la posibilidad de una contaminación en especies de consumo humano, se dispuso el cierre de las actividades pesqueras en la zona inmediatamente afectada. El Sanipes ya descartó que los productos que están siendo comercializados en los desembarcaderos de Callao, Ancón y Pucusana estén afectados por el derrame petrolero. 

En un comunicado, también explicaron que el 95,5% de las especies ofrecidas en estos desembarcaderos provienen de otras partes del país y el 4,5% restante, se está capturando en alta mar de Ancón y Ventanilla, fuera de las zonas afectadas.

La entidad considera como especies de alta mar al perico, bonito, tiburón azul, tiburón diamante y pota. Mientras que Sanipes visita los muelles para realizar «análisis organolépticos» (una valoración visual y del olor de los productos) a los cargamentos de pesca artesanal, al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) le toca recorrer el litoral tomando muestras para identificar los daños ambientales. En una inspección que hicieron entre el 18 y 19 de enero por Ventanilla, desde la playa Cavero hasta Costa Azul, los especialistas de Imarpe informaron que habían identificado daños en la calidad del hábitat marino que “afectarían en la salud del ecosistema y sus componentes a corto y largo plazo, con posibles alteraciones a procesos biológicos naturales”.

Para que los especialistas tengan más claro el nivel de afectación, los biólogos consultados para este informe coinciden en que es importante saber la composición exacta del petróleo derramado. En la última conferencia del Comité de Crisis (un grupo de trabajo creado por el gobierno para atender el desastre) el viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Alfredo Mamani, reveló que la calidad del crudo vertido es de 28° API, una medida que determina su capacidad de flotar en el agua. En esta escala, que varía de 5 a 60 grados, un petróleo de 28 es considerado medio o intermedio. No obstante, todavía se desconocen otros indicadores relevantes para los científicos, como la salinidad y el porcentaje de agua contenido en el crudo.

Sobre el tiempo en el cual los pescadores artesanales podrán volver a ingresar a estas zonas de forma segura, la bióloga Alfaro consideró que todavía es pronto para estimarlo y lamentó que se haya afectado el modo de vida de los pescadores, que es de por sí relativamente sostenible, sin riesgo de sobreexplotación de los recursos.

“El tiempo es muy relativo. Va a depender mucho de qué tan rápido se haga [la contención]. Ahora que ha habido incluso un segundo derrame, es más preocupante. Lo primero sería controlar que ya no haya más derrames”, indica.

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José -el nombre ficticio que usaremos para proteger su identidad- lleva doce días limpiando petróleo en la playa Cavero (Ventanilla), el área más perjudicada por el derrame ocurrido el pasado 15 de enero. Desde que empezó este trabajo, no ha descansado ni un solo día. “Sé que estoy siendo inconsciente conmigo mismo porque arriesgo mi salud, pero también tengo cuentas que pagar”, dice. 

Lo encontramos en “el pozo”, una parte de la playa en forma de herradura de la que emana un olor insoportable. Allí, él y una docena de trabajadores sacan el petróleo del mar con barriles y lo suben a un peñasco a través de un rústico sistema de sogas.

La playa Cavero es una de las áreas más dañadas por el derrame del petróleo de Repsol.

Vestido con un mameluco blanco, botas de jebe, guantes y mascarilla, José mete medio cuerpo dentro del mar para cumplir su misión. A diario, se expone a los peligros de estar en contacto con el hidrocarburo. Y es que, a pesar de contar con los implementos de seguridad, eso no impide que el combustible manche la ropa que lleva debajo del mameluco. Tampoco que inhale el fuerte olor del petróleo, el cual se vuelve más insoportable con el sol.

“El trabajo es totalmente arduo. Es sofocante trabajar con este calor encima, porque, con el sol el petróleo te empieza a quemar la nariz. Pero ¿qué se va a hacer? Es lo que hay”, cuenta José. Cuando llega a su casa, todos los días, tiene que bañarse al menos tres veces para quitar el intenso olor de su cuerpo. 

La multinacional Repsol, responsable de este desastre ecológico, no está contratando directamente a aquellos que se encargan de limpiar los -ahora se sabe- 11.900 barriles de petróleo derramados el pasado 15 de enero. Lo que hace, en cambio, es tercerizar el servicio a través de ocho empresas. Algunas de estas son Ambipar, SEA, Coam, Mecor y Cime Ingenieros.

José, por ejemplo, dice que tiene un acuerdo de palabra con SEA (Servicios Energéticos Ambientales EIRL) para cobrar S/80 por cada jornada de limpieza, pero aún no firma un contrato. Otros de sus compañeros de trabajo -quienes sí han firmado acuerdos laborales- confirman a Sudaca que ese es el pago que realiza esta compañía. Sus turnos empiezan a las 8 am y terminan a las 5 pm. Entre esas horas, tienen momentos de descanso e hidratación. “Es imposible quedarse de corrido con ese olor”, comenta José, que suele trabajar en obras de construcción en Ventanilla.

Como estaba desempleado al momento del desastre, se acercó a ayudar a la playa Cavero como voluntario y encontró que podía obtener ingresos con esta labor. “Desde el primer día me ofrecieron un contrato por un mes y también un seguro de vida, pero aún no me han hecho firmar. Ojalá que en los próximos días me lo den”, apunta. Los trabajadores con los que pudo conversar Sudaca, y que sí tienen contratos, no pueden precisar con qué tipo de seguros cuentan. Aseguran que todo lo firmaron rápido.

Según el abogado Jorge Toyama, aunque el servicio de limpieza sea tercerizado, el seguro debe ser otorgado al trabajador el mismo día que empieza con sus labores o, máximo, un día después. Además, agrega que un seguro de vida no es suficiente. “Más que un seguro de vida (que solo sirve si falleces), se necesita uno de riesgo para cualquier atención médica que necesiten. Si mañana te intoxicas o si alguien tiene un accidente y queda con una lesión vitalicia, el seguro lo va a cubrir”, explica.

Nos comunicamos con SEA para conocer los detalles de estos contratos, pero no obtuvimos respuesta. La tercerización, sin embargo, no exime a la multinacional española de garantizar adecuadas condiciones de trabajo, explica el laboralista Toyama. “Repsol es responsable solidaria de que las condiciones se cumplan. Es decir, si es que las empresas no contratan los seguros, la empresa principal -en este caso Repsol- debe responder”, sostiene Toyama.

De acuerdo a Elizabeth Rojas, jefa de la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, “cuando las personas están expuestas a un agente comprobadamente tóxico, como lo es el petróleo, pueden sufrir problemas agudos como irritación en la piel, daños inhalatorios y hasta problemas digestivos”. 

La autora de este informe, por ejemplo, regresó de la playa con el cuello y la espalda irritada luego de permanecer en el lugar seis horas. Otro periodista que fue a la zona el mismo día se descompensó mientras tomaba fotos de las aguas manchadas.

Con rústicas sogas y barriles, los trabajadores deben recoger el petróleo que contamina el mar.

José, sin embargo, lleva ya más de una semana laborando sin pausa. Los domingos -asegura- no descansa. A los que trabajan ese día les pagan el doble. Se “premia” a quien trabaje más, pero se castiga al cuerpo y la salud.

Desde que iniciaron las labores de limpieza, tres o cuatro personas tienen que ser atendidas diariamente por exponerse al combustible, según cifras brindadas a Sudaca por el personal de Defensa Civil que se encuentra en la playa Cavero. “Atendemos a personas que se descompensan por estar en contacto con el hidrocarburo. También hay casos de insolación, fatiga, dolor de cabeza”, nos dice Martín Meza Barriga, coordinador del Sistema de Comando de Incidentes. 

Si bien los problemas de salud suelen aparecer de manera inmediata, la directora de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte, Judith Falero, dice que algunos daños podrán aparecer recién a los seis meses o al año. Lo más preocupante es que estos podrían ser permanentes, dependiendo de la vulnerabilidad de la persona y del tiempo de exposición. “Algunos tipos de cáncer están relacionados con la exposición a este hidrocarburo”, advierte por su parte la doctora Elizabeth Rojas.

Sudaca le envío un pliego de preguntas a Repsol para conocer cómo garantizan que las empresas contratistas respeten las condiciones laborales y la salud de los trabajadores. Hasta el cierre de este reportaje, no obtuvimos respuesta.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ya ha exigido “que los trabajadores laboren en condiciones adecuadas”. Hasta el momento, ha ordenado ocho inspecciones a las services. De detectar casos de empresas que no cumplan con las medidas de seguridad y salud necesarias,  estas podrían recibir una multa de hasta S/241.638.

 

PROMESAS ROTAS 

“Tenemos hambre. Tenemos niños. Queremos indemnización”, gritan los miembros de la Asociación de Pescadores Fundadores, Armadores y Estibadores Artesanales de Ventanilla (ASPEFAEA). Desde el domingo 23, estas personas llegan todos los días a la playa Cavero para solicitar trabajo. Luego de varios días sin poder pescar, ya no tienen qué comer.

Ellos cuentan que las empresas contratadas por Repsol para la limpieza prometieron darles trabajo. Incluso, asistieron a charlas de capacitación y hasta dieron sus tallas de calzado para que les proporcionaran botas de jebe. Pero todo fue mentira. “Se están burlando de nosotros”, dice Lucila Janampa Quispe, pescadora y madre soltera que ya no sabe qué hacer para alimentar a sus cinco hijos.

Por el mismo trance está pasando Luz Pacaya Tamani (60), que dice que llegaba a ganar hasta S/500 soles semanales solo por filetear pescado. Con ese ingreso, podía mantenerse y comprar las medicinas de su hijo, quien padece de esquizofrenia crónica. “Ahora ya no puedo comprar sus medicamentos. Me da miedo que empiece a tener alucinaciones y se haga daño”, dice preocupada la también miembro de esta asociación de pescadores.

Desde el 15 de enero, limpiar el derrame es una alternativa para generar ingresos. Durante varios días, Pacaya salía de su casa a las 6 de la mañana y caminaba durante una hora por una trocha silenciosa y desolada rumbo a la playa Cavero. “Iba con una amiga y llevábamos palos y piedras para protegernos en el camino”, cuenta.

Pero luego de días de espera, ya se ha resignado. En vez de perder el tiempo por un trabajo que parece no llegará nunca, ha empezado a reciclar en las calles. “Hoy [el jueves] ya no fui. Preferí juntarme con una vecina y buscar botellas. Ya las vendí y gané S/3.80. Con eso compré hígado, zanahoria y cebolla para poder comer con mi hijo”, dice Luz Pacaya.

El 20 de enero, Repsol se había comprometido a contratar a los pescadores afectados para las labores de remediación y a entregar canastas con víveres. La empresa señaló recientemente que “mantienen conversaciones avanzadas con pescadores de Santa Rosa y del distrito de Ancón”. Según ellos, “más de 2.000 personas llevan a cabo las acciones de limpieza”.

Luego de adentrarse en el mar teñido de negro, los trabajadores terminan cubiertos de petróleo. Incluso, la ropa que llevan debajo de sus mamelucos blancos también se mancha.

Pero hay muchos más trabajadores que se han visto perjudicados y aún no reciben respuesta. Al menos así lo dice Lucila Janampa, pescadora de esta asociación de pescadores. “Repsol no se puso en contacto con nosotros. Ni un caramelo nos han dado. Somos basura para ellos”, asegura. 

Janampa y sus colegas son conscientes de que no es su responsabilidad limpiar el desastre. Pero están ahogados por la falta de ingresos.

 

*** Fotoportada: Darleen Leonardo

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Enrique Ocrospoma Pella es investigado por presunto lavado de activos desde julio del año pasado. Un informe policial enviado al Ministerio Público indica que el exalcalde de Jesús María habría diseñado una estrategia para desviar dinero de ese municipio, originado mediante corrupción, con el que luego compró una serie de propiedades. A partir de dicho documento, la Fiscalía decidió iniciar la pesquisa. 

Pese a ello, hoy Ocrospoma pretende regresar a la alcaldía de Jesús María con Avanza País. Hace tres semanas, la página de Facebook de ese partido publicó una foto donde se le ve junto a otros políticos que asumirán candidaturas municipales. Entre ellos están Carlos Bruce (Surco), Juan Carlos Zurek (La Molina) y Luis Molina (Lima Metropolitana). «Reunión avancista para afinar los próximos eventos partidarios», dice la leyenda de la imagen. 

Pre candidatos Vanza Pais

El fiscal que dispuso abrir la investigación preliminar a Ocrospoma es Richard Rojas Gómez, quien también está a cargo de la carpeta sobre los aportes de campaña de Perú Libre. Para el fiscal, el caso de Ocrospoma es complejo y corresponde que sea investigado por ocho meses. Este plazo finalizará en marzo, que es cuando decidirá si formaliza la indagación o la archiva.

 

Esta no es la primera vez que el exalcalde está metido en líos judiciales. En el 2014 afrontó un juicio tras haber sido acusado de peculado doloso por hechos ocurridos durante su mandato. Sin embargo, poco antes de conocerse la sentencia, la Fiscalía decidió apartarlo de la acusación y el Poder Judicial aceptó el pedido.

 

PRESUNTO DESVÍO DE FONDOS

Sudaca revisó la disposición fiscal, emitida el 5 de julio del 2021, con la que se da inicio al caso. Esta dice que, cuando estuvo en la municipalidad de Jesús María, en los periodos 2007-2010 y 2011-2014, Enrique Ocrospoma habría diseñado una estrategia ilícita con la finalidad de desviar dinero para adquirir bienes muebles e inmuebles por un valor total de US$400.000 y S/300.000. Según la información policial, estos montos «no se condicen con sus ingresos durante [ambos] periodos de su gestión como alcalde», que alcanzaron apenas «un total de S/374.400».

En el caso también aparece implicada Rossana Montero Cancino, esposa de Ocrospoma, de quien se presume habría adquirido inmuebles para «facilitar el traspaso e insertación de los activos de capital ilícito en el sector empresarial y/o económico formal, con el fin de eliminarse toda fuente de procedencia ilícita de tales activos». Es decir, lavar el dinero. 

La Fiscalía sostiene que ella es propietaria -junto con Ocrospoma- del inmueble ubicado en la Calle Islas Alautianas N°397-399, La Portada de la Planicie-La Molina, el mismo que fue comprado por US$400.000 y luego transferido en anticipo de herencia a sus dos hijos en el 2011.

En el esquema que plantea el fiscal Rojas aparecen tres personas jurídicas (Raggazzi EIRL, Instituto Seguridad y Convivencia, y Milec Servicios Educativos SAC) que habrían sido creadas para darle la apariencia de legalidad a la plata. Según los documentos, se trata de «empresas presuntamente constituidas con el fin de dar un aparente origen lícito al dinero proveniente de actividades ilegales (corrupción de funcionarios) con la adquisición de bienes muebles e inmuebles, todos adquiridos durante el periodo ejercido ejercido como burgomaestre en el distrito de Jesús María».

La Fiscalía dice también que, en general, el modus operandi en el delito de lavado de activos tiene como punto de partida la creación de empresas, supuestamente formales, que puedan efectuar rápidamente la conversión o transferencia de los activos ilícitos.

 

CIFRAS Y BIENES

La investigación fiscal tiene su origen en el informe policial N 115-2021-DIRILA-PNP/DIVILAPCO-DMINA, remitido por la División de Investigación de Lavado de Activos provenientes del Crimen Organizado.

Cuado nº1

El informe policial señala que como alcalde de Jesús María, Ocrospoma recibió un ingreso mensual de S/7.800, lo que significa que durante todo su periodo le depositaron un total de apenas S/374.400. Eso «no le habría permitido la adquisición de bienes por un monto de US$400.000,00 y S/300.000,00», apuntan.

Además, dicen que Ocrospoma habría formado las empresas ya mencionadas para usarlas como fachada en la adquisición de propiedades. La Fiscalía considera que, ante todos los indicios, «resulta importante investigar si la constitución de dichas empresas guardan relación con el dinero maculado apropiado por el investigado proveniente del delito de corrupción de funcionarios, y perteneciente a la comuna de Jesús María». 

La Policía informó que, en total, habrían sido 14 los bienes muebles e inmuebles adquiridos con el presunto desvío de dinero.

Cuadto nº 3

Y la misma institución también recordó que Enrique Ocrospoma y su esposa ya han sido investigados por presunto delito en contra de la administración pública, en la modalidad de concusión, por la 54° Fiscalía Provincial Penal de Lima.

En el 2018, Ocrospoma postuló sin éxito la alcaldía de Lima, por el partido Perú Nación. Su historial partidario incluye a agrupaciones como el Partido Popular Cristiano (PPC), Solidaridad Nacional y Somos Perú. Sudaca se comunicó con él para que brinde su descargo. Sin embargo, al ser consultado por la investigación fiscal, cortó nuestra llamada indicando que se encontraba en una reunión de trabajo. No volvió a contestar nuestros mensajes.

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Avanza Pais, Lavado de activos

Para el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, fue «una celada». Para los congresistas a los que no les gusta la reforma, un festival. La última sesión ordinaria de la Comisión de Educación, el pasado martes 18, tuvo como gran punto de agenda lo ocurrido en las elecciones rectorales de la Universidad Nacional de Piura (UNP) en 2019. Un proceso manchado, a todas luces, por irregularidades. Pero los legisladores no tenían ninguna intención de verlas. 

En aquellos comicios, hace tres años, se incorporaron estudiantes al padrón cuando este ya había sido publicado, los alumnos de posgrado fueron excluidos, se instalaron mesas incompletas, otras fuera de hora, y no se informó correctamente que se habían cambiado los límites para el ingreso, lo que ocasionó sospechosos reemplazos entre miembros de mesa. La mayoría de estos hechos ocurrió en la etapa más candente: la segunda vuelta. 

La Defensoría del Pueblo, una entidad autónoma, fue la que dio la primera alarma. El 2 de enero del 2020 le recomendó a la Sunedu iniciar un proceso administrativo sancionador contra la universidad piurana. Como resultado, la superintendencia multó a la UNP con S/87.351,07 y solicitó repetir el proceso mediante una resolución de su consejo directivo. También se negó a inscribir al candidato ganador de esa contienda, el señor Santos Montaño.

Pero pese a la pila de cuestionamientos, varios miembros de la Comisión de Educación decidieron tomar partido por el bando que, desde entonces, pide que se reconozcan como válidas esas elecciones. ¿Por qué? Para golpear a la Sunedu, alegando una supuesta «autonomía universitaria». 

 

Cargamontón parlamentario

La cita en el Congreso debía ser rutinaria, pero se volvió un callejón oscuro para Zegarra y sus funcionarios. En la Sunedu no sabían que Esdras Medina, presidente de la Comisión y congresista de Renovación Popular, había convocado también a Carlos Vargas León, subgerente de asistencia técnica de la ONPE, al propio Santos Montaño, rector ‘electo’ de la UNP, y a Manuel Castillo Venegas, su abogado. Todos, por supuesto, declararon en favor de la validez del proceso electoral universitario. 

Pero el mayor problema, en realidad, fue que no hubo nadie del otro lado. Medina ignoró los pedidos de Segundo Dioses, el excandidato al rectorado de la UNP que denunció las irregularidades del proceso, para estar presente en la comisión. El también profesor de economía había enviado una carta al congresista el último 12 de enero –6 días antes de la cita en la Comisión– pidiendo asistir. Sin embargo, no recibió respuesta.

Parte de la presentación de la Sunedu respecto al caso de las elecciones al rectorado en la Universidad de Piura del 2019.

Dioses también coordinó con el congresista piurano Wilmar Elera (Somos Perú) para que lo ayudara a que Medina le haga caso. El 14 de enero, dicho legislador envió un oficio reiterando el pedido del excandidato al rectorado para estar presente en la comisión de Educación. Tampoco fue atendido. 

En agosto del año pasado, Dioses y otros catedráticos de la universidad ya habían enviado un pliego de denuncias –incluyendo el fraude electoral– a la actual Comisión de Educación. El 19 de octubre, el grupo parlamentario recibió la documentación. No se sabe qué hizo con ella. 

“[Los congresistas] dicen que nadie se quejó. Es mentira. Nosotros somos quienes hemos hecho la denuncia. Nunca nos invitaron, decir que nadie ha reclamado, mientras que yo lo he demostrado con papeles [es una falta de respeto]. Una parte del Congreso está confundida y otra está aprovechándose de la situación”, afirma Dioses a Sudaca. Este medio buscó a Esdras Medina para recoger su versión, pero al cierre de edición no se pudo concretar la entrevista. 

Esdras Medina, legislador de Renovación Popular y presidente de la Comisión de Educación. Foto: Congreso.

En la Comisión también ignoraron que Carlos Vargas León, el representante de la ONPE, reconoció que no vio directamente el caso. “A riesgo de equivocarme, pero no lo creo así porque la oficina regional de Piura es la que llevó a cabo la asesoría y nos manifestó que no hubo ningún reclamo sobre nuestra participación en el proceso electoral”, mencionó el funcionario. Vargas también explicó que la ONPE solo tuvo 15 días para acompañar el proceso. Aún así, los congresistas utilizaron su discurso para machacar a la Sunedu por “entrometerse con la autonomía universitaria”. 

Por eso, al darse cuenta de la emboscada, el superintendente Zegarra terminó retirándose de la sesión. “Antes de que nos presentemos, sin saber nosotros, presentan a un representante de la ONPE que nunca ha estado en Piura, pero pontificó que había sido hecho de la manera más pulcra. Nos hicieron sanguche. Yo tuve que retirarme porque no aguantaba”, le dijo al programa Si el río suena, de Sudaca. Y agregó: “Nos prepararon una celada. Los congresistas se despacharon contra la Sunedu como si ese fuese el motivo de la reunión”

Los congresistas que más escándalo hicieron fueron Alex Paredes, perulibrista y vicepresidente de la Comisión; Edgar Tello, también del lápiz; y Tania Ramírez, de Fuerza Popular. “¿Sancionar a la universidad, para qué? Aquí en la comisión son recurrentes las multas de Sunedu. Las instancias superiores no se crean para hacer uso y abuso del poder que se tiene. ¿Cuándo multamos a la Sunedu?, digo yo”, dijo Paredes. 

“Esta es una muestra de que la Sunedu no es una institución que regule la calidad universitaria y menos respete la autonomía. ¿Con qué cara se le puede defender?”, expresó Tello. “No es la primera vez que sucede que le quieren quitar la firma a un rector elegido por sus alumnos. Pareciera que quieren ser dueños de universidades para decidir quién entra y quién sale”, aseguró muy alterada Ramírez, quien también dirige un grupo parlamentario que investiga el licenciamiento universitario. Estos son apenas algunos ejemplos. 

 

Votaciones fraudulentas

En el 2019, las elecciones para el rectorado de la Universidad Nacional de Piura en 2019 fueron cuestionadas casi de inmediato. El primer reclamo fue por la modificación del padrón electoral. 

Tras haber excluido a los estudiantes de posgrado y a los “no regulares” –que cursan menos o más créditos de los permitidos–, el 10 de octubre el Comité Electoral realizó extraños cambios de última hora. Fue solo 5 días antes de la primera vuelta y para incorporar nuevos estudiantes de los Programas Especiales Descentralizados, de sus filiales en Sullana, Sechura y Paita. La lista oficial de votantes ya había sido aprobada un mes antes y publicada en el diario El Peruano. Con el cambio, el padrón pasó de tener 176 a 367 estudiantes en dichas sedes.

Pero fue en la segunda vuelta, que se hizo entre el 10 y 12 de diciembre, donde hubo más cuestionamientos. En la jornada electoral, un docente contratado fue presidente de la mesa de sufragio número 78, según la Defensoría y la Sunedu. Este hecho contradice la Ley Universitaria, que dice claramente en su artículo 66 que solo docentes ordinarios –o sea, contratados de manera permanente– y estudiantes matriculados forman parte del padrón electoral.

En la segunda vuelta también se instalaron mesas sin que todos sus miembros estuvieran presentes. En total, fueron 6 mesas las que se abrieron sin la presencia de secretarios y vocales, también de acuerdo a la Defensoría y la Sunedu. En las actas electorales no figuraban sus firmas. Sobre este punto, la UNP reconoció que la falta ocurrió por la presión de los electores para votar. También se instaló una mesa fuera de hora. Fue la número 6 y comenzó a funcionar a la 1 de la tarde, cuando el horario regular era de 9 a 12 del mediodía, de acuerdo al reglamento de las elecciones de la UNP.

Y al igual que ocurrió con el cambio del padrón, el Comité Electoral modificó el horario de ingreso de los presidentes de mesa un día antes de la segunda vuelta. El problema: no informaron correctamente de ello. El organismo decidió que los presidentes de mesa debían acercarse a las 7 am –con tolerancia de una hora– a sus locales de votación o serían reemplazados por otros docentes. Y ya sabemos cómo suelen acabar esos reemplazos voluntarios.

“Resulta necesario señalar que, en virtud del principio de publicidad, todos los actos deben ser informados a la comunidad universitaria a través de todos los medios de los que se disponga; sin embargo, en el caso concreto, se advierte que dichas actas no fueron publicadas, contraviniendo este principio”, se lee en el informe de Sunedu sobre el sospechoso cambio de horarios.

El docente y excandidato al rectorado, Segundo Dioses, fue quien dio la alerta de las irregularidades en las elecciones del 2019. Vídeo: ExpresiónLibre.

“Eso fue un vil fraude. No dejaron votar a los estudiantes de posgrado. Con eso ya era suficiente. Incluso tengo información de profesores de mi agrupación que no los dejaron entrar a los locales porque ya estaba gente de otro sitio. Cambiaron las reglas de juego a última hora”, revela Segundo Dioses a Sudaca, quien perdió la segunda vuelta solo por 29 votos. 

Pero en el Legislativo hicieron oídos sordos del fraude. “Yo nunca me imaginé que verían el caso en el Congreso, sinceramente. Todos nos alegramos porque pensamos que verían nuestra denuncia. Yo sí me incomodé, me sentí mal, un poco decepcionado”, asegura Dioses. 

Actualmente la universidad piurana se encuentra a cargo de Omar Vences Martínez, rector interino reconocido por Sunedu. Además, la UNP mantiene una acción contenciosa administrativa en el Juzgado Civil de Turno del Módulo Básico de Justicia de Castilla para revocar la multa impuesta y el pedido de nuevas elecciones. La demanda fue notificada a Sunedu el 22 de septiembre del año pasado. Desde entonces, están a la espera de nueva información sobre el estado del proceso judicial. 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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La trama de coimas que involucra a Susana Villarán ha sido oficialmente reconocida por una empresa en Estados Unidos. En septiembre pasado, la agencia de publicidad británica WPP (una de las más grandes del mundo) accedió a pagar una multa de US$19 millones a la Comisión del Mercado de Valores de ese país, tras admitir malas prácticas en sus subsidiarias de India, Brasil, China y el Perú. En el caso peruano, su filial Ogilvy participó –en el 2013– en un “esquema de soborno” para beneficiar a la autoridad municipal de aquel entonces. Es decir, a Villarán.

Así lo revela una investigación de la reguladora bursátil estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), que si bien no menciona a Villarán con nombre y apellido, sí describe hechos que corresponden a la pesquisa que se le sigue a la exalcaldesa en Lima. WPP aceptó la multa buscando eludir la acusación penal por haber violado la “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”, vigente en EEUU.

Caso peruano
Septiembre, 2021. Informe de la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos que consigna las malas prácticas de la subsidiaria de la agencia británica publicidad WPP, en la trama de sobornos que involucra a Susana Villarán.

 

LOS DETALLES

La SEC señala que la agencia publicitaria WPP instaló su subsidiaria peruana en 1996. Ese año, Ogilvy se creó con Óscar Vidaurreta Yzaga como principal ejecutivo. “El CEO [Vidaurreta] continuó administrando la subsidiaria de Perú hasta que, en el 2018, WPP lo despidió por haber participado en un esquema para manipular las ganancias de la filial peruana”, dice el informe.  

¿Qué sucedió? La investigación del regulador bursátil estadounidense detalla que, en el 2013, WPP tuvo una “ganancia ilícita” de US$291.935 como resultado de una triangulación de dinero en la que participó Ogilvy. “La subsidiaria de Perú aceptó ser un conducto para el soborno de una empresa constructora a la alcaldesa de Lima [que en ese momento era Susana Villarán]”, añade el documento. La compañía a la que se refieren es OAS. 

Los datos se condicen con la investigación que el Equipo Especial del caso Lava Jato le sigue a Villarán desde el 2017. La empezó el fiscal Carlos Puma y actualmente la tiene su colega José Domingo Pérez. En la pesquisa de la Fiscalía se menciona que Villarán, a través de su entonces gerente municipal José Miguel Castro, le pidió US$3 millones a OAS “para financiar la campaña por el No a la revocatoria”. Esto, como recompensa por conseguirles una adenda que amplió el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla de 30 a 40 años, lo que le permitió a la compañía brasileña subir la tarifa del peaje.  

José Miguel Castro
José Miguel Castro Gutiérrez, exgerente general en la gestión de Villarán, contrató a la empresa de publicidad Ogilvy, subsidiaria de WPP. Fuente: La República.

De acuerdo al colaborador eficaz 101–2019, “Castro pidió la entrega de recursos ilícitos para la campaña de la señora Villarán […] que serían pagados con contratos con la empresa Ogilvy [subsidiaria de WPP]”.

Lo que hizo OAS fue firmar contratos “completamente ficticios” de publicidad con las filiales de WPP en Ecuador, Colombia y Chile, dice la Fiscalía. Los US$3 millones, en realidad, sirvieron para que la subsidiaria peruana pague la millonaria propaganda del ‘No’ a la revocatoria y el trabajo del publicista brasileño, Luis Favre, a quien se le abonó medio millón de verdes, según el expediente fiscal.

“La empresa OAS aportó dinero para la campaña de Susana Villarán, con contratos en países como Colombia y Chile. Eso ya está claramente reconocido”, responde Vidaurreta a Sudaca, de manera escueta, sin mencionar el esquema corrupto.

Vidaurreta es considerado por el Ministerio Público como un hombre clave para el caso. El publicista entró al círculo de Villarán por un llamado de José Miguel Castro, entonces brazo derecho de la exalcaldesa. Al sumarse a la campaña contra la revocatoria, fue contactado por Alexandre Portela, ejecutivo de OAS, para firmar los contratos simulados, de acuerdo a la investigación. 

Vidaurreta
Óscar Vidaurreta Yzaga (izquierda), exejecutivo de Ogilvy, filial de WPP, aludido en el informe de la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos.  Fuente: LatinSpots.

La Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos describió así el papel de Vidaurreta: “El CEO simuló la fuente corrupta de los fondos utilizados para la campaña política del alcalde de Lima [Villarán], canalizando los pagos de la constructora [OAS] a la subsidiaria peruana a través de las filiales de WPP en Colombia y Chile”.

La británica WPP dice que tomó conocimiento de las malas prácticas de su subsidiaria peruana al ventilarse la investigación en la prensa de nuestro país. El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado que Ogilvy sea incluida en la investigación como persona jurídica. Los investigados en esta trama están actualmente con comparecencia restringida. 

Es el caso, por ejemplo, de Susana Villarán. “Yo no soy corrupta y quiero que se restablezca el único patrimonio que tengo: mi honra y mi nombre”, dijo la exalcaldesa durante una audiencia de junio del año pasado. 

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