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¿Quién va a ser el próximo presidente del Perú? Todo peruano sabe que dar una respuesta certera a esa pregunta es complicado. La mayoría de analistas suele advertir algo irrefutable: en este país puede pasar cualquier cosa. Y esa afirmación es cierta, sobre todo, en una elección tan volátil como la actual, donde ninguna candidatura termina de cuajar y varios posibles ganadores coquetean con el margen de error. Sin embargo, sí se pueden hacer proyecciones informadas. Es muy probable, por ejemplo, que el ganador de las próximas elecciones ya esté entre los cinco primeros puestos de las encuestas. Ha sido así en todas las campañas presidenciales de este milenio, contando cinco meses antes de la primera vuelta.

Lo mismo ocurre con la intención de voto: desde 1995, el presidente electo siempre ha tenido más de 4% en noviembre del año pre-electoral, midiendo el consenso de las encuestadoras. En 1990 ocurrió algo rarísimo: Alberto Fujimori le ganó la carrera a Vargas Llosa empujando desde atrás. Pero se trató de una excepción. Y el refrán popular dice que las excepciones son las que confirman las reglas.

¿Qué candidatos están en ese afortunado ‘pelotón de los cinco a cinco meses’? George Forsyth (16%), Julio Guzmán (7%), Daniel Urresti (6%), Verónika Mendoza (6%) y Keiko Fujimori (5%), según el sondeo de Ipsos de noviembre, realizado de forma presencial justo después de las protestas de ese mes. Luego, hay un candidato que podría empujar por los palos: Hernando de Soto, que apareció sexto en dicho sondeo, con 4%, y hoy está segundo en la medición de Datum de diciembre, con 5%. Su ascenso podría estar influenciado, en parte, por la indecisión: 58% de los electores aún no tiene preferencia definida, dice Datum. De entre esos cuatro hombres y dos mujeres saldría –si la tendencia de más de dos décadas se mantiene– el presidente del Bicentenario. Yonhy Lescano (3%) y César Acuña (3%), según Ipsos, quedan marginados por la estadística.

Información de Ipsos a noviembre, elaboración de Alexandra Ames (el campo de los dos primeros meses es solo urbano; el de los siguientes, urbano-rural).

Se puede cernir aún más ese ‘menjunje’ electoral. Forsyth lidera la intención de voto desde abril, pero difícilmente pueda ganar. El consenso de tres analistas consultados por Sudaca es que seguirá desinflándose. Keiko Fujimori, por su parte, tendrá que remontar un antivoto gigantesco, mayor incluso al de su última derrota. El techo de De Soto, que estaría robándole puntos a la candidata naranja, es bajo. El horizonte parece brillar, entonces, solo para tres candidatos. 

Hacer ‘futurología’ política en el Perú es un ejercicio aventurado, y este medio está dispuesto a someter sus afirmaciones al filtro de la realidad cuando haya calentado la campaña. Hasta entonces, este análisis pretende resumir –en corto y sencillo– qué fuerzas definirán la carrera presidencial del 2021. En días de alta incertidumbre, es oportuno ir aclarando un poco el panorama.

Forsyth y el maldito primer lugar 

Una tendencia (otra) que se ha mantenido, sólida, desde el 2006 es que quienes ocupan el primer lugar a seis meses de las elecciones nunca ganan. Le pasó a Lourdes Flores en la contienda de ese año y a Luis Castañeda en la siguiente. Ninguno pasó, siquiera, a la segunda vuelta. En noviembre del 2015, las encuestas le daban el primer lugar a Keiko Fujimori. Ella ocupó ese puesto en la votación de abril del año siguiente, pero perdió en el ballotage.

Según Ipsos, Forsyth ha caído de 23% a 16% entre setiembre y noviembre. Según Datum, de 20% a 10% entre octubre y diciembre. Su inclinación hacia abajo es clara y no se debe solo a la ‘maldición’ de aparecer primero en los sondeos. Es, más bien, la consecuencia natural de ser un candidato sin mucho que mostrar. “Es un envase vacío”, dice el politólogo José Alejandro Godoy. Y asegura que hay un consenso entre sus colegas: será muy difícil que se mantenga arriba hasta el 11 de abril.

Para Mauricio Saravia, gerente de la consultora InTarget, con más de 15 años interpretando estudios de opinión, la tibieza de Forsyth para definirse políticamente lo convierte en una incógnita sin muchas posibilidades. “No es ni siquiera un candidato viable”, coincide el politólogo Mauricio Zavaleta.

Al frente de la Municipalidad de La Victoria, el exarquero de Alianza Lima ha construido su endeble imagen política sobre el mediático  (y supuesto) ordenamiento de Gamarra. Pero importantes empresarios del emporio, que conversaron con Sudaca indignados por su primer lugar en las encuestas, cuestionaron que su gestión haya logrado avances concretos y aseguraron que no lo apoyan. Zavaleta completa la idea: la debilidad del candidato hace imposible que imponga un discurso de ley y orden.

Si todo eso no fuera suficiente, hay otras dos cosas que nunca ocurren. La primera es que los exalcaldes no llegan al Palacio de Gobierno. Bedoya, Barrantes, Belmont, Andrade y Castañeda: todos gobernaron Lima y luego perdieron la presidencial. Y el capital electoral de Forsyth es más pequeño: un distrito, donde obtuvo apenas 40.654 votos. Lo otro es que, desde 1995, los ganadores han tenido experiencia previa en elecciones presidenciales. Él es debutante.

La ya improbable revancha de Keiko

En el caso de Fujimori, la historia reciente debió haberle jugado a favor. Por casi quince años, el nuevo presidente había perdido la segunda vuelta de la elección anterior. Le pasó a Alejandro Toledo en el 2001, a Alan García en el 2006 y a Ollanta Humala en el 2011. Pero Keiko rompió esa racha en el 2016. Hace cinco años se convirtió en la primera y única candidata del siglo en perder la segunda vuelta dos veces consecutivas.

Foto: Andina

¿Podrá desquitarse ahora? El pronóstico de Sudaca que su mejor oportunidad ya pasó. ¿Por qué? La respuesta está en el antivoto. En los más de tres años que dominó el Congreso, el fujimorismo consolidó a su principal enemigo: el grupo de peruanos que aseguran que no le votarían jamás. Ello, en lugar de afirmarse como opción electoral viable.

Para Saravia, aunque no está escrito en piedra, el antivoto es poderoso y puede marcar un punto de no retorno. El porcentaje de electores que dice de ninguna manera votaría por Fujimori es de 63%, según Datum en diciembre. Esta es una cifra mayor que la de la última elección, en la que fue derrotada precisamente por el antifujimorismo. En enero del 2016, el antivoto de Fujimori era de 39%, según GfK.

El único registro reciente de un candidato sobreponiéndose a una mochila de esa magnitud es Alan García en el 2006, cuando empezó la elección con 62% de rechazo. Sin embargo, en el caso de Fujimori la cifra también marca una diferencia larga respecto a sus competidores. Keiko es la candidata con más antivoto por lejos. Los que la siguen, Ollanta Humala y César Acuña, tienen 48% y 47%, respectivamente.

La otra cara del antivoto es el voto duro, un concepto que se ha convertido en una suerte de leit motiv cuando se analiza electoralmente al fujimorismo. Godoy, sin embargo, asegura que la lealtad fujimorista ronda el porcentaje que obtuvo Martha Chávez en el 2006: 7%. Fue la única vez que se presentaron sin un candidato de apellido Fujimori. En un escenario disperso como el actual, una base de entre cinco y siete puntos sería un gran comienzo para cualquiera. Pero no basta si debes remontar un antivoto de casi la mitad del país.

Según Ipsos, el respaldo de Fujimori está concentrado entre los mayores de 43 años. Sudaca ha podido constatar en sus incursiones a la Escuela Naranja la añoranza con la que algunos peruanos recuerdan el gobierno de Alberto Fujimori. El voto duro sí existe. Sin embargo, Zavaleta también calcula que el fujimorismo puede crecer sólo hasta alrededor de 12% debido a sus errores estratégicos de los últimos años. “La actuación política de Keiko ella la ha dilapidado”, cierra Godoy.

Fuerza Popular (FP) pinta, entonces, más como un partido de nicho. Podría aspirar a tener representación parlamentaria antes que pasar a la segunda vuelta. Todo esto depende de que se desestime la solicitud del fiscal Domingo Pérez para suspenderla. Si el pedido es aceptado por el Poder Judicial, los naranjas no podrán participar en la contienda

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El problema de ya ‘ser gobierno’

Han pasado más de cuatro años desde que Julio Guzmán postuló con Todos Por el Perú y fue retirado por problemas con su inscripción. Se dedicó, entonces, a formar el Partido Morado. Para Godoy, haber ganado ampliamente las internas legitima su liderazgo. De 3% en julio a 7% en octubre, además, Guzmán viene subiendo. De acuerdo a Ipsos, su intención de voto en el NSE A llega a 11%, una cifra bastante más alta que la que tiene en otros segmentos. También es más respaldado entre los jóvenes hasta 25 años. Tras consolidarse en ambos grupos, tendrá que buscar crecer en los demás.

Foto: Andina

La ruta es parecida a la que tomó Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en las últimas elecciones. No es coincidencia que en estos años el Partido Morado haya involucrado a políticos que antes apoyaron al expresidente, como Gino Costa y Alberto De Belaúnde. Con figuras como esas, además, la candidatura morada puede posicionarse entre los votantes liberales. Aparece hoy como la alternativa más viable para congregar las simpatías del ala más sensata de ese sector.

Zavaleta cree que Guzmán tiene grandes posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Las protestas de noviembre –dice– consolidarán el respaldo que ya tenía. “Guzmán ha salido ganando en este contexto, básicamente por tomar una posición adecuada: oponerse a la vacancia”, comenta. Los accidentes de su vida privada, sin embargo, han afectado su credibilidad y su confianza. “Guzmán estaba más entero en las elecciones pasadas”, sostiene Saravia.

Pero el mayor riesgo político de Guzmán –aunque sea paradójico– está en Palacio de Gobierno, a donde su partido llegó antes que él. Para Godoy, sus oponentes van a hacerlo cargar, sí o sí, con el pasivo del gobierno de Francisco Sagasti. Saravia coincide: el Partido Morado puede perjudicarse mucho si da la sensación de ser ineficiente en el poder.

Sagasti puede terminar siendo un búmeran y, aparentemente, los morados lo saben. Esa sería una de las razones por las cuales insisten tanto en la independencia partidaria de Sagasti al mando del Ejecutivo. La distancia que puedan marcar va a ser fundamental para definir el destino de Guzmán en las urnas.

La mejor oportunidad de Mendoza

Las movilizaciones ciudadanas de noviembre no tuvieron liderazgos políticos claros, pero eso no impidió que Humala, Guzmán y Mendoza se sumen al espíritu de la calle. Para Saravia, son los dos últimos los que se han beneficiado. Las encuestas respaldan la hipótesis. Inmediatamente después de las movilizaciones, Guzmán subió al segundo lugar, con 7%, y Mendoza al tercero, con 6%, para Ipsos

Foto: Andina

Pero la candidata de Juntos por el Perú tiene un ingrediente particular. En el libro ‘El mal menor’, Carlos Meléndez sostiene que la política peruana está marcada por una dicotomía pro y anti establishmentHoy, la mayoría de candidatos con alguna posibilidad tienen una clara membresía en el primero de esos grupos. Fujimori y De Soto son evidentes ejemplos. El Partido Morado también, sobre todo ahora que está en el gobierno. El caso de Urresti es más cuestionable: para Zavaleta, Podemos Perú tiene propuestas redistributivas, aunque no sean de izquierda.

En ese espectro, una sola candidata evidencia una definitiva posición anti establishment: Verónika Mendoza. En el texto ‘¿Por qué no se construyen partidos en el Perú?’, Zavaleta y Steven Levitsky indican que hay un alineamiento neoliberal en la oferta política peruana, lo que impide la diferenciación. Y aquí Mendoza es quien se distingue del resto con mayor claridad. 

Zavaleta sostiene que la candidata de izquierda podría sacar ventaja al diferenciarse de un conjunto de partidos de derecha. Y agrega que utilizar una agenda más radical le permitiría fortalecer su base. La derecha, sea conservadora, liberal o popular, sigue teniendo muchos puntos en común. Hay, sin embargo, una salvedad: candidatos como Humala o Lescano podrían restarle votos si se ubican en posiciones de centro izquierda. Ese fraccionamiento es el que definirá si Mendoza supera el 18.7% que, en el 2016, no le alcanzó para llegar a la segunda vuelta.

La imagen autoritaria de Urresti

“Un amplio sector del electorado, especialmente de los estratos populares, quisiera votar por un candidato que fuera autoritario y democrático a la vez”, indica el perfil del candidato ideal definido por Alfredo Torres en el libro ‘Opinión pública 1921-2021’. Los postulantes que compiten en contiendas democráticas pero han construido un perfil de mano dura tienen ventaja. 

Foto: Andina

Zavaleta explica que la creciente delincuencia genera una demanda clara por un discurso enfocado en la seguridad ciudadana. Urresti tiene pasado militar, ha sido ministro del Interior y gerente de seguridad ciudadana de Los Olivos. Ya ha explotado el discurso ‘ley y orden’ en la campaña municipal del 2018, en la que obtuvo más de un millón de votos, y en las elecciones congresales de este año, en las que fue el candidato más votado. Ambas campañas fueron en Lima Metropolitana, donde la victimización (el porcentaje de personas que ha padecido algún delito) subió más de 7 puntos entre el 2018 y el 2020. Los delitos con arma de fuego (los más violentos) aumentaron más de 4 puntos en el mismo periodo, según el INEI.

Pero la popularidad en Lima y Callao no basta para llegar a la segunda vuelta. Por eso, Urresti tiene otro terreno fértil para posicionarse: el sólido norte. Según Ipsos a noviembre, esa es la región en la que tiene más intención de voto fuera de la capital, con 7%. No es casualidad que, en el boletín de seguridad ciudadana del INEI a agosto, el departamento con mayor incremento de víctimas de la delincuencia en el último año sea Lambayeque.

Para seguir creciendo en base al mismo discurso, Urresti también podría concentrarse en la sierra centro-sur. Según los datos del INEI, Puno, Junín y Cusco son los departamentos con mayor índice de victimización en el último año, mientras que Arequipa registró la más alta percepción de inseguridad después del Callao. En Ica, la respuesta de algunos sectores a la protesta de trabajadores agroindustriales también podría ser el discurso autoritario.

La diferencia entre victimización y percepción de inseguridad es altamente favorable para el candidato de la familia Luna. El promedio nacional de percepción de inseguridad es de 81%, cuando la victimización llega solo a 23%. Un país con miedo tiende a buscar liderazgos como el suyo.

Esta, sin embargo, no es una receta infalible. Varias cosas podrían debilitar el discurso de la mano dura: los excesos policiales de las últimas semanas y el juicio –aunque sea por autoría mediata– del Caso Bustíos. Para Godoy, las muertes de Inti y Bryan han marcado un punto de inflexión en la teoría del discurso autoritario. Los próximos meses revelarán cuánto, pero ya podríamos estar viendo una foto preliminar: en Datum de diciembre, Urresti aparece séptimo con apenas 3%. Aunque como el margen de error es 2,8%, todavía entra cómodamente en el pelotón de los cinco.

El concolón con techo

El candidato que empuja por los palos es Hernando De Soto. Con el acorralamiento político de las fuerzas conservadoras, tras su participación en bloque en el breve gobierno de Manuel Merino, él estaría beneficiándose de tomar el liderazgo de ese sector. ¿Por qué? Porque Fujimori carga una mochila muy pesada y la candidatura (casi cívico-religiosa) de Rafael López Aliaga no terminar de pegar. De Soto ha crecido, por ejemplo, tras retar a Mendoza a un debate sobre la nueva Constitución.

“Dentro de las candidaturas conservadoras es la que tiene cierta consistencia”, apunta Godoy. Aunque ese bolsón electoral podría seguir siendo explotado, lo conmina a un techo bajo. De Soto es un representante del liberalismo económico, pero no logra identificarse con posturas sociales de ese tipo. Eso implica un perfil ya conocido: un hombre blanco querido entre los votantes mayores y adinerados, pero que tiene declaraciones desatinadas y es fácilmente caricaturizable por los jóvenes. 

Difícilmente su candidatura pegará entre el imprescindible electorado juvenil. Según Ipsos, al 2019, el 40% de la población peruana ya sería millennial o centennial. “De Soto puede convocar al fujimorismo y al ‘lopezaliaguismo’ pero no al moradismo”, resume Saravia. Entre las opciones de derecha más liberales –asegura– Guzmán y Forsyth “lo harán puré”.

Luego, también tiene el techo de la clase acomodada: su respaldo, según Datum, va de 11% en el NSE A/B a apenas 1% en el mucho más masivo D/E. “De Soto es un candidato para San Isidro y Miraflores que se ve amenazado por una nueva Constitución”, sentencia Godoy. Su mérito estará en seguir acumulando votos de sectores debilitados, como el que le votaba al PPC: limeños, mayores y con dinero. El pronóstico de Sudaca es que no le alcanzará.

Hay otros tres candidatos que podrían colarse en este pelotón de arriba. No dejaría de ser una sorpresa, pero vale la pena nombrarlos: César Acuña, cuya ventaja es que tiene los recursos de su conglomerado educativo-empresarial; Yonhy Lescano, que ha subido a 4%, según Datum, al representar en soledad a Acción Popular; y Ollanta Humala, que podría aprovechar su experiencia para armar un discurso de estabilidad y redistribución. Es probable que, aunque no lleguen a la presidencia, sus partidos sí logren pasar la valla electoral. Lo mismo Somos Perú, arrastrado por Martín Vizcarra. Para el resto, buena suerte.

Es, ciertamente, muy complicado hacer un pronóstico electoral certero cuando ni el verano ni la campaña han calentado todavía. La política peruana ha demostrado que, a veces, solo resiste los análisis ex post. Pero esta es una de las elecciones más importantes de nuestra historia y merece analizarse así: en detalle y desde ahora.

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Elecciones 2021, Keiko Fujimori

Una cosa es la declaración de un colaborador eficaz y, otra, la documentación que acredita todos los detalles que se ocultan detrás. Hace más de dos años, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, dijo que su empresa había aportado dinero de procedencia ilícita a Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Fue un día clave para el proceso, pero no era –en absoluto– suficiente. Desde entonces, el equipo especial ha logrado encontrar el camino que el dinero habría seguido de la contabilidad paralela de Odebrecht al partido político que todavía busca llegar al poder. Con ello, el círculo se sigue cerrando.

“Odebrecht participó de la campaña de la señora Keiko Fujimori haciendo un aporte [el primero, de US$500 mil] en la campaña del 2011 […] Después, justamente por haber apoyado al candidato Ollanta Humala, me sentí en la obligación de aumentar. Incluso por una sugerencia de Marcelo, quien me dijo que, si estaba sintiéndome mal por haber apoyado a Ollanta, “aumente la participación” de la contribución a Keiko Fujimori. Y aumentamos US$500 mil más a Keiko Fujimori”, dijo Barata ante el fiscal José Domingo Pérez en marzo del 2018.

La delación permitió a la fiscalía, cuyas investigaciones estaban aún en etapa preliminar, avanzar con mucha mayor velocidad. A partir de ese testimonio se pudo continuar con diligencias que permitieron identificar el papel de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya como receptores de US$1 millón, y llegar luego a los aportantes fantasma que habría usado el fujimorismo para esconder el dinero de la constructora brasileña.

Ya era conocido, entonces, el camino que empleó el partido para ocultar los aportes. Según la tesis fiscal, una vez recibido el dinero, Jaime Yoshiyama Tanaka, entonces secretario general, contactó a su sobrino Jorge (quien acaba de oficializar un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía) para que reclute falsos aportantes y que estos ingresen el dinero a las cuentas del partido en Scotiabank.

Lo que no se conocía, sin embargo, era la ruta exacta que habría seguido el dinero desde que salió de Odebrecht hasta que llegó a Fuerza 2011. ¿Cómo pasó del Departamento de Operaciones Estructuradas, llamado ‘Caja 2’, a las manos de Yoshiyama y Bedoya? Solo con esa información se puede acreditar la procedencia ilícita de los fondos.

A poco de finalizar la investigación, el equipo especial ha logrado reconstruir el esquema que habría usado la constructora para financiar la candidatura de Keiko Fujimori. Esto, mientras sobre su partido, hoy, está pendiente un pedido fiscal de suspensión por dos años y medio. Si el juez Víctor Zúñiga le da la razón a la fiscalía, Fuerza Popular no podrá participar de las elecciones del 2021.

La ruta

Sudaca ha podido acceder a documentación bancaria que registra el ingreso de dinero desde Panamá al Perú: reportes de transferencias, retiros en efectivo y emisión de cheques. El exprocurador Antonio Maldonado consideró que todo ello permitiría corroborar “los supuestos que están tipificados sobre criminalización de lavado de activos, actos de conversión y transferencia”.

La información tiene como personaje principal al empresario Gonzalo Monteverde Busalleu, identificado por la fiscalía como el ‘doleiro’ peruano de la constructora. Es decir, quien escondía y entregaba el dinero en efectivo. Su empresa, Construmaq SAC, fue utilizada por Odebrecht para ingresar dinero al país. Monteverde se encuentra hoy prófugo de la justicia.

Para entender el camino que recorrió la plata es necesario volver a recordar el testimonio de Jorge Barata ante el equipo especial. “El dinero venía de alguna forma, a través de nuestro Departamento de Operaciones Estructuradas”, declaró. La Caja 2 fue creada por Odebrecht para el pago de sobornos y de aportes a partidos políticosDichos fondos provenían de actos ilícitos cometidos por la empresa, como los sobrecostos de los proyectos que tenía a su cargo. Barata continuó: “Exactamente de dónde, cuál de las empresas, no tendría como informar. Imagino que eran empresas offshore”.

La Constructora Internacional del Sur S.A fue creada el 11 de octubre de 2006 en Panamá, con un capital social de US$10 mil, según los documentos a los que accedió Sudaca, y fue una de las offshore utilizada para el pago de coimas. Según la tesis fiscal, también sirvió para la entrega de aportes de campaña al fujimorismo. A través de un acta de reunión extraordinaria de junta de accionistas realizada el 3 de diciembre de 2006, se acordó autorizar a Olivio Rodrigues Junior, exoperador principal de la Caja 2, a firmar documentos de apertura de cuentas, otorgar, firmar y entregar cheques, giros, pagarés, entre otros, a nombre de Constructora Internacional.

En su declaración de febrero pasado ante fiscales peruanos, Luiz Da Rocha Soares, extesorero de la Caja 2, ya había explicado verbalmente cómo llegó el dinero de Odebrecht al Perú. Su testimonio resulta clave: dijo que fue Gonzalo Monteverde, mediante su empresa, quien se encargó de esconder los pagos. Da Rocha Soares confirmó que transfirió dinero a las cuentas de las empresas de Monteverde mediante Olivio Rodrigues Junior, el mismo a quien se le dio poder en Constructora Internacional, la offshore de Odebrecht.

En diciembre de 2009, Gonzalo Monteverde abrió una cuenta para su empresa Construmaq SAC en el Credicorp Bank de Panamá, muestran los documentos revisados por este medio. Él y María Isabel Carmona figuraron como los apoderados. En la declaración de apertura de cuentas de depósito de Construmaq aparece como principal cliente depositante la Constructora Internacional del Sur y se precisa que la procedencia de los fondos para abrir la cuenta son transferencias internas de la offshore de  Odebrecht.

Seis meses después, en junio de 2010, la cuenta de Construmaq SAC en el Scotiabank (Perú) comenzó a recibir transferencias de dinero de la cuenta que Monteverde abrió para la misma empresa en el Credicorp Bank de Panamá. De acuerdo a un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) peruana, la cuenta de Construmaq en Perú recibió un total de US$5,828,216.

Pero como reveló Barata, Odebrecht destinó US$1 millón para Fuerza 2011, en dos armadas de US$500.000. De todas las transferencias, ¿cuáles concuerdan con el testimonio de Barata sobre los aportes realizados al fujimorismo? Los reportes de transferencias desde el exterior, emitidos por Scotiabank y también revisados por Sudaca, revelan que el 30 de junio del 2010 la cuenta de Construmaq en Perú recibió US$549,950. Además, al año siguiente, el 6 de mayo del 2011, se le entregó US$349,925. Ambos montos suman US$900.000.

Las dos fechas coinciden con lo mencionado por Barata, quien recordó ante la fiscalía los meses en los que pidió y entregó el dinero en efectivo para el partido de Keiko Fujimori. “Fueron 500 mil a mediados de 2010, cuando comienza la campaña política. Después […] acordamos entregar 500 mil más, para la segunda vuelta. Ese segundo aporte de 500 fue entregado una parte en nuestra oficina al señor Bedoya”, sostuvo.

De todo el dinero que llegó las cuentas de Construmaq en el país, Monteverde retiró US$1,197,227 en efectivo y la UIF reportó, además, la emisión de cheques por más de US$6 millones para el empresario. De la plata retirada en efectivo y en cheques habría salido todo el millón finalmente entregado al fujimorismo, según ha podido determinar la fiscalía. 

La fiscalía sostiene que Monteverde fue el encargado de llevar el dinero para Fuerza Popular en maletas a Jorge Barata.Luego de recibir el dinero, el exejecutivo declaró haberse reunido con Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, quienes han sido sindicados como los receptores de los aportes ilícitos y parte de la presunta red criminal que se habría formado en Fuerza 2011 para darles apariencia de legalidad. Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Yoshiyama Tanaka, ya se ha encargado de contar cómo se ‘pitufeó’ ese dinero a través de empresarios como Gianrcarlo Bertini o Erick Matto Monge.

A Gonzalo Monteverde, aparte, la fiscalía le imputa el delito de lavado de activos por recibir el dinero ilícito de Odebrecht en las cuentas de sus empresas. No solo habría recibido aportes para campañas políticas, sino también sobornos para funcionarios públicos. Construmaq recibía montos diversos de Odebrecht desde su constitución.

Información que completa la tesis fiscal

En su momento, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, la ha defendido señalando que falsos aportantes “indicarían tan solo una acción de simulación”, pero no de lavado de activos. “Las declaraciones de supuestos aportantes y de Jorge Yoshiyama no corroboran el conocimiento de la señora Fujimori, elemento central para la configuración del tipo penal de lavado de activos. No se aportan mayores indicios de la participación directa de la señora Fujimori”, dijo durante las audiencias donde se evaluó el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

En conversación con Sudaca, sin embargo, el abogado penalista Rafael Chanjan explicó que detectar la ruta del dinero que aportó Odebrecht al fujimorismo “robustece y afianza la hipótesis de lavado de activos” que tiene el equipo especial. “Sirve para que la fiscalía pueda reafirmar que Odebrecht no quería que este dinero fuera contabilizado. Era un dinero que tenía origen espurio y para que no sea detectado se sigue esta ruta offshore, son prácticas recurrentes para lavar dinero. Sirve para reafirmar que querían darle apariencia de legalidad. Sí es posible hablar de un origen ilícito y de que las personas que recibieron hayan podido presumirlo”.

Chanjan sostuvo que existen indicios, a partir de estos documentos, que pueden indicar que se pudo conocer el origen ilícito del dinero. “Por ejemplo, cómo te lo entregan, no bancarizado, luego lo pitufeas y lo diluyes en cócteles, son indicios que pueden llegar a indicar que podrías haber presumido el origen ilícito”, señaló.

En tanto, el exprocurador Antonio Maldonado consideró que la información revisada por Sudaca permite corroboraciones cruciales para la hipotesis de los fiscales. “Odebrecht convierte, transfiere el dinero de otra persona, la persona asume que el dinero iba para ella, y luego ese dinero es transferido al entorno cercano de Keiko Fujimori, con lo que se configuran los actos de ocultamiento y tenencia”.

El letrado explicó que los delitos de lavado de activos son siempre dolosos; es decir, aquellos actos que son cometidos a sabiendas de que van en contra de la ley. Dijo que Keiko Fujimori, por su nivel de formación, debía por lo menos presumir el origen del dinero.

“En base a esta información habría suficientes elementos de convicción, indicios que deberían ser constituidos como medios de prueba, y que deben ser sometidos a juicio. Son comportamientos que demuestran infiltración del dinero proveniente de actividades criminales, la entrega y el acto de recibir. Por lo menos el corazón del lavado de activos estaría ahí para ser desarrollado con los otros elementos que se tienen”, indicó. En el caso de Keiko Fujimori y su entorno, el equipo especial se acerca cada vez más a los momentos decisivos del proceso.

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Keiko Fujimori, Odebrecht

El sol de Solidaridad Nacional se apagó. El amarillo representativo del antiguo partido de Luis Castañeda Lossio, que en algún momento inundó las calles limeñas, se ha vuelto celeste y ha cambiado de liderazgo. Rafael López Aliaga (RLA) es la nueva cara de lo que ahora se llama Renovación Popular.

RLA es un exitoso empresario. Limeño, pero criado en Pomalca y Chiclayo, le debe su fortuna al grupo de negocios financieros ACRES, del cual es fundador. Además, tiene otras compañías bajo su mando: el operador de trenes turísticos y de carga PeruRail, que incluye al tren Hiram Bingham que va a Machu Picchu; el mall de aparatos tecnológicos CompuPalace; y los lujosos hoteles Belmond Monasterio y Nazarenas de Cusco. También es presidente de la asociación educativa PRODEC, que dirige los colegios Los Álamos y Montealto.

Pero por si el lector aún no lo sabe: una de las principales aristas de López Aliaga es que es católico practicante y miembro del Opus Dei (en latín “Obra de Dios”), una institución religiosa fundada por el santo español Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928. Sus miembros están –por ejemplo– en contra del aborto en todos sus niveles, la legalización de la marihuana y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El empresario también está vinculado a la conservadora Coordinadora Republicana, de cuyos comunicados suele ser asiduo firmante. Por ejemplo, su nombre aparece en el comunicado de respaldo a Ántero Flores Aráoz –miembro destacado de Coordinadora– luego de su breve y sangriento paso como Presidente del Consejo de Ministros. Luego de que Ántero respaldara públicamente la represión policial, murieron víctimas de esta dos jóvenes peruanos.

Tras fracasar en las últimas elecciones congresales –en las que Solidaridad Nacional obtuvo menos del 1% de los votos–, López Aliaga entendió que debía, como secretario general y mecenas, refundar el partido. La idea fue borrar todo rastro del pasado vinculado a figuras como José Luna Gálvez, quien fuera su enemigo interno años atrás, hasta que emigró y fundó su propia agrupación. Ahora, RLA y Luna se volverán a ver las caras: Renovación Popular competirá con Podemos Perú en las elecciones del 2021. “Cuando entró el señor Pepe Luna yo pedí licencia porque no podía estar en ese ambiente”, declaró a Panamericana Televisión.

En las congresales del 2020, el partido todavía llamado Solidaridad Nacional tuvo como principales candidatas a Rosa Bartra, Yeni Vilcatoma y Nelly Cuadros. Todas ex congresistas fujimoristas. Ahora el presidente de Renovación Popular, López Aliaga, ha cambiado el enfoque: ya no usa a las exfujimoristas como puente para apelar al voto religioso y conservador. Ahora su apuesta es más directa y ha convocado a diversos personajes de derecha radical, entre los que resaltan varios miembros de la comunidad evangélica. 

El objetivo de RLA parece ser apelar a un discurso que durante años estuvo amalgamado en el voto fujimorista. Todo ello se traduce en la campaña “pro-vida” y “pro-familia” que maneja el nuevo partido. ¿Es ese el camino para alcanzar la presidencia del Perú y una nutrida bancada en el Congreso? Sudaca conversó con cuatro académicos e investigadores de la comunidad evangélica peruana para descubrirlo.

Los convocados de López Aliaga

Basta seleccionar algunos nombres de la lista de candidatos al Congreso y revisar quiénes apoyan abiertamente la candidatura del empresario de PeruRail para darse cuenta del perfil electoral que busca Renovación Popular. López Aliaga reclutó –por ejemplo– a Milagros Aguayo, quien junto a su esposo Guillermo dirige la asociación evangélica La Casa del Padre. Ella postula al Congreso por el partido con el número dos.

¿Pero quién es Aguayo? Según Luis Alemán, sociólogo especialista en activismo religioso, es una pastora evangélica neopentecostal de clase media alta con mucha legitimidad dentro de su comunidad gracias a su éxito económico. Ella ha sido panelista y organizadora del Congreso Iberoamericano por la Vida y por la Familia. Ahí se toman acuerdos para establecer agendas en sus propias naciones. “Es un rostro, entre comillas, nuevo y fresco para la política”, agrega.

Además, como explica el también sociólogo Oscar Amat, Aguayo es parte de uno de los bloques más fuertes de Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM), que entró en conflicto con otro sector del mismo movimiento, liderado por Julio Rosas y su hijo Christian, cuando estos compraron un kit electoral. Debido a su condición económica, Amat cree que Aguayo está más “cerca” de López Aliaga.

Vale aclarar que el otro bloque –el de los Rosas– también apoya la candidatura del empresario. Sudaca contactó a Christian Rosas para que explique los motivos de este respaldo. Sin embargo, él se limitó a precisar que a López Aliaga no lo sigue el sector evangélico como tal, sino “los pro vida y pro familia, que son católicos, evangélicos y no confesionales”. Es su candidato, pero no postula de manera oficial como Aguayo.

Para Alemán esto se debe a que mediáticamente Rosas ya ha sido cuestionado, incluso por su propia comunidad. “Cuando empezó a hablar de una forma muy ofensiva sobre temas como el sexo anal y demás, ellos empezaron a deslindar. Para CMHNTM eso era ir muy lejos y ser muy confrontacional con el Estado”, explica.

Pero no todo el armado del equipo de Renovación Popular ha ido viento en popa. Vale recordar aquí que hace dos meses López Aliaga tuvo un desacuerdo con Beatriz Mejía, abogada y vocera de CMHNTM. Ella es recordada por formar parte del colectivo “Padres en Acción”. Este grupo presentó una demanda frente a la Corte Suprema contra el enfoque de género del Currículo Nacional de Educación Básica. La demanda fue declarada infundada. En las últimas elecciones congresales postuló con el partido Avanza País.

Mejía había sido invitada a formar parte de la plancha presidencial de RLA como primera vicepresidenta y también a postular al Congreso. Luego de cuestionar que no le permitieran hablar sobre sus propuestas en la presentación oficial del partido (el último 7 de octubre) fue separada de todos sus chats. Entonces renunció.

“No nos merecemos ese maltrato. Sacaron a todos los candidatos cristianos que yo había invitado, no solo a mí, sin ninguna explicación. Nunca había visto una cosa así, no se nos permitió conversar sobre el tema para llegar a un acuerdo”, comentó Mejía en el programa que tiene para el Diario Expreso.

Para Amat, más allá de los motivos, este episodio es un primer descrédito importante para López Aliaga en el grupo de electores a los que apunta. “No solo ha significado una división antes de empezar la carrera electoral. Su relevancia como líder positivo ha decaído. No puede convocar a una persona y luego deshacerse de ella en menos de 15 días”, asegura.

Alemán comparte esta opinión. Para él, hay desacuerdos ideológicos entre ambos personajes. “Mejía no comparte la visión de derecha popular que tiene RLA. Es probable que le hayan dicho que se puede ‘quemar’ con ella por sus posturas conservadoras”, explica.

Mejía fue reemplazada en la plancha presidencial por Neldy Mendoza Flores. Ella es una de las principales impulsoras de la Marcha Por La Vida en Arequipa: un movimiento opositor del aborto y los métodos anticonceptivos. Como segundo vicepresidente quedó el almirante Jorge Montoya.

Una mención honrosa merecen los siguientes personajes: Frank Krklec y Alejandro Muñante. Krklec fue asesor del pastor Julio Rosas durante su paso por el Congreso disuelto. Además, es recordado por dirigir el blog “Catarsis y Harakiri”, un espacio que es extremadamente crítico con quienes no comparten su opinión, por decir lo menos.

En ese blog y sus redes personales Krklec difundió un vídeo anunciando su candidatura al Congreso por Renovación Popular. “Emprendimos una lucha desde el Poder Legislativo en contra de todos estos movimiento globalistas que pretender imponer la muerte de seres inocentes a través del aborto y uniones ajenas a los valores de la mayoría de peruanos como la unión civil, el matrimonio gay y la ideología de género”, menciona.

Por su parte, el abogado conservador Alejandro Muñante es vocero de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (RENAFAM). Para Luis Alemán, Muñante es “un activista legal que tiene redes de contacto, no solo dentro de la Iglesia, sino también en el Congreso. Es una figura pública reconocida dentro del mundo evangélico más conservador”.

Esta es solo una pequeña selección del perfil de algunos candidatos que buscan llegar al poder junto a RLA en el 2021. ¿Realmente serán competencia para los demás partidos? Los especialistas consultados por Sudaca lo dudan seriamente.

¿La búsqueda de un voto fragmentado?

El Censo Nacional del 2017 fue claro: el 14% de la población peruana profesa la religión evangélica. En un país de más de 25 millones de electores hábiles esto no es suficiente para ganar unas elecciones generales. Es por eso que para Guillermo Flores, evangélico e investigador de la Universidad del Pacífico, López Aliaga apunta a un público mayor. “Está buscando el voto conservador con justificación cristiana. Lo que ellos tendrían que hacer, siendo prácticos, es apelar a un discurso cristiano genérico que apunte a las agendas pro-vida y pro-familia”, afirma.

Luis Alemán, concuerda con Flores sobre el interés de RLA en un voto conservador que pueda unir a católicos y evangélicos detrás de su partido. Para él, todo eso se ve reflejado en el contenido de su discurso. “Él es clarísimo con lo que dice sobre temas como el aborto o la unión civil. Es pro-patria, pro-vida, pro-familia. Articula una agenda que ya se ha posicionado gracias a Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM)”, asegura.

Oscar Amat lo resume: todo esto corresponde a la ideología política llamada derecha cristiana. “Lo que ocurre frecuentemente es que conservadores y liberales que quieren llamar la atención del electorado católico invocan la doctrina cristiana para argumentar en favor de su propia postura y auto erigirse como representantes políticos válidos. Lo hace el Opus Dei”, explica.

“No existe el voto evangélico”, afirma tajantemente José Luis Pérez Guadalupe, ex Ministro del Interior, teólogo y sociólogo. Dice que el mejor ejemplo de ello es la carrera política de Humberto Lay, pastor evangélico que postuló a la presidencia y alcaldía de Lima en varias oportunidades con su partido Restauración Nacional. “En el 2006 cuando sacó un 4% de los votos todos dijeron que era un éxito, pero yo sostuve que era un fracaso. Los evangélicos eran el 12% en ese momento. Ni la tercera parte votó por él”, explica.

¿Cómo explicar esos resultados? La respuesta está en la composición de la población evangélica, según Flores. No son un grupo homogéneo. Existen cuatro grandes grupos de iglesias. Las Históricas, que son las que llegaron en la primera ola protestante al Perú, como la Luterana, Presbiteriana y los Bautistas. Luego están las Evangelicales, como la Alianza Cristiana Misionera; las Pentecostales, que son las más conservadoras, como las Asambleas de Dios del Perú; y las Neopentecostales, que no pertenecen a una denominación y centran su fe en la figura del pastor líder. A este último grupo pertenecen iglesias como Aposento Alto, de Alberto Santana, recordados por invadir el estadio de Alianza Lima hace algunos años.

CMHNTM ni siquiera tuvo el apoyo total de la comunidad evangélica. Según Flores, “en el grupo de las Históricas tienen oposición porque creen que se trata de aprovechamiento político de la fe. Somos hijos de la reforma protestante y uno de los principios de la reforma fue la separación Iglesia y Estado”, explica.

Con este panorama, es claro que López Aliaga no puede sostener su candidatura buscando solamente votos evangélicos. De hecho, ni siquiera los tiene asegurados, como explican los expertos. Por eso se entiende que su discurso apunte a puntos comunes entre los evangélicos y católicos conservadores. Valores como la “vida” y la “familia”, por ejemplo. Es mucho más realista seducir a un electorado católico conservador, que apenas el sector evangélico peruano.

Pero López Aliaga por sí solo no puede sostener dicha postura. Se trata de un empresario que, si bien pertenecía a Solidaridad Nacional hace dos décadas, no tuvo luces mediáticas hasta el año pasado. Por eso ha necesitado juntarse con diversos voceros que puedan acercarlo a dichas comunidades y hacer creíble su alianza, coinciden los expertos.

El verdadero objetivo

Pero incluso con el mayor optimismo resulta poco creíble que en menos de tres años Renovación Popular pase de 1% en votos a tentar la presidencia. “Hay que evaluar el éxito en la medida de los objetivos de la campaña. No siempre se trata de llegar a Palacio”, asegura Oscar Amat. Para el sociólogo, López Aliaga no puede ser tan iluso de pensar que con votos evangélicos y católico conservadores podrá ser el presidente del Bicentenario.

Amat cree que sus aspiraciones en las elecciones generales del 2021 son otras. “Lo que está tratando es conseguir algunos escaños en el Congreso, o por lo menos, la capacidad de ser un interlocutor pro-vida y pro-familia tan válido como CMHNM y Restauración Nacional en su momento”, afirma. En otras palabras, fortalecer el movimiento ante la opinión pública antes que obtener logros personales.

Flores cree que el discurso de Renovación Popular podría pegar en el sector que busca seducir, pero que ello dependerá de propuestas concretas. “Si bien el partido ha tomado una serie de simbolismos, no tiene un discurso construido aún. Por esa razón no creo que sepan cómo emplear ese discurso en campaña. Tendrían que comunicar esas ideas de una forma bien carismática”, explica.

Además, cree que esos problemas son propios de la imagen que proyecta López Aliaga. “No ha hecho su vida pública de la religión como Christian Rosas, que utiliza herramientas bíblicas en su discurso. Donald Trump, por ejemplo, tuvo que “vestirse” con eso”, agrega. Trump es un ejemplo del tipo de líder laico que apela a valores religiosos y tiene éxito en la política. Otro es el brasileño Jair Bolsonaro, de quien RLA dijo a principios de año que quería ser su versión peruana.

El razonamiento de Flores se enmarca en lo que la comunidad académica entiende como la figura del ‘guerrero cultural cristiano’: una especie de paladín defensor de todo lo que el pensamiento conservador dice respaldar. Se le aceptan exabruptos por eso. Sin embargo, una figura de ese tipo no puede erigirse sobre un discurso netamente religioso. Para acumular un capital político que le dé posibilidades reales de ser presidente –para ser el Trump o el Bolsonaro peruano–, López Aliaga necesita vestir su discurso con propuestas económicas de derecha popular que lleguen al pueblo. También crear una base política más allá del círculo conservador. Eso, solo para empezar.

El pronóstico para Renovación Popular es incierto. Al menos, lo es hoy. Si López Aliaga puede completar su plataforma pro-vida y pro-familia con otro tipo de propuestas, quizás este análisis pueda rehacerse. Amat recuerda que Solidaridad Nacional ya fue incubadora de políticos conservadores en las últimas elecciones congresales. Fracasaron rotundamente, pese a todos sus aspavientos. ¿Tendrán éxito ahora? Todo indica que no.

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Elecciones 2021, Rafael Lopez Aliaga

Martha Baldeón siempre prefirió callar. Podía soportar el desprestigio y el acoso por ser una mujer alcaldesa porque, total, parecen detalles. Miradas, gestos, algunas palabras. Actitudes de hombres para hacerla sentir inferior. Pero este sábado 21 de noviembre, por primera vez, la agresión ha ingresado a su casa. Han destruido el jardín que había cultivado con su hijo de dos años y han matado a una de sus mascotas mientras ella dormía. Parecen detalles, pero así lo declara su testimonio en el pedido de garantías que interpuso ante la Policía al día siguiente del incidente. Sudaca pudo revisar el documento.

Baldeón es la alcaldesa de Atavillos Alto, un pequeño distrito en la zona alta de Huaral. Desde el inicio de su gestión, prefirió callar sobre el acoso político del que era víctima. Nunca es directo, se camufla en los reclamos hacia su gestión, y podría parecer algo que le pasa a cualquiera. “Pero esto no se lo hacen a un hombre, el trato y la presión serían diferentes”, dice a Sudaca, en una conversación donde cuenta entre lágrimas su intención de dejar la alcaldía por el acoso.

Baldeón denunció ante la Policía el atentado contra su casa el 22 de noviembre.

Para entenderlo mejor, hay que retroceder al inicio de su gestión. El primer agravio –mucho más grave que un detalle– fue la asignación de apodos para las regidoras: ‘la insaciable’, ‘la quita-marido’ y ‘la macho’ fueron repartidos entre ellas. Todo ello publicado y repartido dentro del distrito de Atavillos Alto en una publicación llamada ‘Gallina que come huevos, aunque le cortes el pico’, relata Baldeón. “Solo pensé en ese momento y en estos años, ser fuerte”, dice. 

Pero la fuerza, a veces, puede ser una forma de denominar al silencio y la tolerancia. El hijo de una de las regidorasvio el panfleto pegado a un poste en un paradero rumbo a Huaral.

Ella, cuya identidad protegeremos, sintió vergüenza de continuar. Pero Baldeón le pidió ser fuerte y seguir en la gestión pública. “En Atavillos Alto hay más mujeres y jóvenes que hombres, y elegirme a mí fue mandarle una señal al machismo”, dice la alcaldesa.

Su gestión tiene logros: empedrado de calles, avance de obras de reconstrucción, conectividad de Internet. También, por supuesto, múltiples críticas: se le perciben malas decisiones relacionadas al Covid-19 y algunas obras incompletas que debían servir a la población. Nada fuera de lo común en la mayoría de gestiones distritales del país. Sin embargo, ella no ha tenido tregua. De hecho, ya existe un movimiento para revocarla. Están recolectando las firmas. 

La revocatoria de Baldeón fue puesta en marcha rápidamente.

La regidora Álvarez dice no recordar otros alcaldes hombres cuestionados y atosigados como Baldeón. Dice que solo le ocurrió a otra mujer, la única que ocupó el cargo antes que Baldeón: Rosario Huamán. En exclusiva para Sudaca, la maestra Huamán reconoce la dificultad de ejercer el cargo siendo mujer. “Es una sociedad muy machista […] debemos enseñarle a las comunidades que una mujer también puede ser una buena autoridad”, asegura, pensando cada palabra con cuidado.

De hecho, hay un contraste entre las palabras de Baldeón y Huamán. La primera está marcada por su desahogo, y se quiebra al denunciar por primera vez lo vivido en dos años. Pero Huamán, aunque reconoce el problema, duda en llamarlo con todas sus letras. “Hay que entender y conocer a las comunidades, saber darles lo que quieren […] hay que ser fuertes […] ella tiene que ser fuerte y terminar su mandato”, vacila.

Martha Baldeón cuenta que la profesora Rosario Huamán fue una de las primeras personas en advertirle de la dificultad a la que se iba a enfrentar por ser mujer. Huamán lo confirma, aunque no desee explayarse demasiado en las características del acoso. “Yo quiero mucho a mi pueblo […] conmigo fueron muy fuertes […] ni siquiera me dejaron cobrar el sueldo de alcalde porque me dijeron ‘vas a tener dos sueldos, de profesor y de alcalde’ y yo no podía dejar de enseñar, entonces doné el sueldo a las comunidades”, dice.

En las propias palabras de la alcaldesa Baldeón: la población de Atavillos Alto es liderada por hombres. Y ellos tienen su propia forma de negociar con un alcalde. “Lo llevan a tomar, a las casas de citas […] Hay un lenguaje propio entre hombres y como una mujer no entra en todo eso, soy un fastidio”, reconoce. Hace pocas semanas, llegó a oídos de la alcaldesa una amenaza de que la van a ‘enchufar’ y agredir a su familia. El verbo entre comillas hace referencia a una violación.

¿Cada vez más mujeres?

El problema central es el machismo. Lo señalan las cuatro mujeres –dos alcaldesas y dos regidoras– entrevistadas por Sudaca tras sus años de gestión. Atavillos Alto es un distrito integrado por seis comunidades rurales. Los líderes de esa sociedad son casi todos hombres. Han llegado a la categoría de comuneros y toman decisiones. “Alguna vez un comunero me dijo ‘Martha, cómo me vas a poner en la misma reunión con mi esposa’ cuando yo he defendido y buscado la mayor participación de la mujer en la política comunal”, cuenta.

Lo que sucede en el pequeño distrito de la sierra de Huaral es el reflejo de la realidad en el Perú. Es fácil verlo en las cifras. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, una sola mujer es alcaldesa distrital (San Juan de Miraflores), de 43 sillones municipales. A nivel país, en los últimos veinte años, la cantidad de mujeres en puestos de alcaldesa provincial o distrital ha bordeado siempre el 3%. En la actualidad, son 3,6% de mujeres en alcaldías provinciales y 4,9% en las distritales.

Según el PNUD, existe una incoherencia en el Perú entre la cantidad de mujeres participando en partidos políticos y la de aquellas elegidas en cargos. Por ejemplo, en los últimos años, la militancia en la mayoría de los partidos es de 50% de mujeres, pero el Parlamento ha tenido siempre menos de 30% de congresistas elegidas. El Parlamento de este año tiene 33 mujeres de un total de 130 curules (25%).

Queja pública de Baldeón por los atentados contra su casa y sus animales.

Esta evidente subrepresentación de las mujeres, un grupo que es más del 50% de la población efectiva del país, es parte del desenfoque entre sistema de representación y la visión política del electorado. Por ejemplo,  según la última encuesta del IEP, la opinión de las mujeres en el Perú demuestra un 10% más de aprobación favorable y representación perciba hacia el ex presidente Vizcarra, vacado por el Congreso. “Al descartar la presencia de las mujeres en la política, estamos dirigiendo la toma de decisiones hacia intereses que descartaran la visión de la mujer, sus intereses y necesidades”, afirma Tello.

En contraste, se registró una nutrida participación femenina en la movilización de la calle: 41% de mujeres en el Perú afirman haber participado de las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, versus 33% de hombres, según la encuesta especial del IEP. Para Pilar Tello, la responsable del área de Género para América Latina de IDEA Internacional, el mayor número de mujeres en las marchas ha influido en el tono y ritmo de las protestas, además de su acelerado efecto. “Al margen de la violencia desatada, en el conjunto de la marcha se percibe un ambiente distinto, más festivo, más alegre”, indica.

Miradas, no estereotipos

El acoso político es la forma de discriminación más notable contra la mujer. Según las especialistas en género y política Mona Lena y Juliana Restrepo, la violencia contra la mujer en política tiene la motivación específica de restringir su participación. Identifica a la mujer como no apta para el ejercicio de la política, por lo que afecta al género además de a la víctima como individuo.

“Toda la sociedad de Atavillos Alto, hombres y mujeres, todavía creen que una mujer no puede ejercer el cargo de poder, de liderazgo, de administración”, señala Martha Baldeón, y coinciden todas sus regidoras. Esta es una realidad extendida en el Perú, donde “casi todas -por no decir todas- las mujeres que participan en política han dicho alguna vez que sufrieron cualquier tipo de acoso”, sentencia Pilar Tello.

Las formas más comunes de acoso político son la ridiculización, la burla, el bloqueo informativo y el descrédito. Según el Jurado Nacional de Elecciones, que recibe denuncias de acoso político a través de su portal web, un elemento trascendental de esta violencia es la mentira. Ya sea para ventilar asuntos de la vida privada o crear historias falsas alrededor de las mujeres.

El JNE recibe denuncias de acoso político.

En los últimos años, IDEA observa una mayor naturalización de la mujer en espacios de poder y políticos, pero aún no en liderazgos. El cambio, lento y desde abajo, es principalmente generacional. Se destierran cada vez más los estereotipos y se reemplazan por nuevas miradas sobre las políticas, miradas de mayor igualdad.

“¿Por qué no hay mujeres en tu gabinete?”, escribe el guionista Peter Morgan en el primer capítulo de la cuarta temporada de The Crown. Es 1979 en la historia, y Margaret Thatcher va a nombrar su primer consejo de ministros. La Reina Isabel II le cuestionó la falta de mujeres en cargos ministeriales. La respuesta es muy simple: son emocionalmente inestables, débiles, y no saben tomar decisiones. Ese grito resuena, en la actualidad, en Atavillos Alto.

**Una versión previa de esta nota decía que el 3% de los alcaldes distritales y provinciales elegidos en el 2018 y que el 27% de los congresistas elegidas en el 2020 eran mujeres. Ambas cifras eran erradas, pues refieren a los alcaldes y congresistas de las gestiones previas (2014-2018 y el Parlamento disuelto) a las mencionadas. Las cifras correctas, cuya variación no es significativa, han sido actualizadas en la nota. 

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Gobierno, Martha Baldeón

Por Paolo Benza y Alessandro Azurín

El éxito o el fracaso de algo depende, a veces, del cristal con el que se le mira. Esta frase –popularizada en España como la ‘Ley Campoamor’– es particularmente cierta para la evaluación del programa de créditos baratos con garantía del Tesoro público “Reactiva Perú”, lanzado en abril para ayudar a las empresas peruanas a paliar la crisis generada por el Covid-19. Ya se acaba noviembre y toca elegir con qué cristal mirarlo.

Este artículo no pretende ser un acumulado de cifras, sino de historias. Pero para poder entenderlas, es necesario meterse antes un poquito a los números. Vamos, entonces. Según las estadísticas de cierre publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Reactiva Perú benefició a poco más de medio millón de empresas. De estas, 492.768, o el 98%, fueron micro o pequeñas (mypes). El resto, 8.530 empresas, fueron medianas y grandes.

Las cifras oficiales, entonces, quedan así: 98% de beneficiarios son chicos y solo el 2% grandes. El expresidente Martín Vizcarra y la exministra María Antonieta Alva habían promocionado el programa como un apoyo, principalmente, a las mypes. Viendo los números, la conclusión parece clara: éxito. ¿O no? Ese es el cristal con el que el MEF, el BCR y el gremio bancario evalúan Reactiva Perú. En descargos enviados por escrito a Sudaca, la Asociación de Bancos (Asbanc) lo califica como una respuesta “rápida y efectiva” a la crisis.

Por supuesto, el cristal de los bancos –y sus consecuentes comunicados de prensa– no alcanza para ver el panorama completo. Veamos: las 8.530 empresas medianas y grandes que obtuvieron fondos baratos de Reactiva son el 60% del total de compañías de ese tamaño en el país. En cambio, las 492.768 micro y pequeñas beneficiadas representan apenas el 20,8% de mypes a nivel nacional.

En el Perú hay más de 2,3 millones de mypes y apenas 14 mil empresas medianas y grandes, según el Directorio Central de Empresas y Establecimientos del INEI. Era evidente que esa proporción se iba a ver reflejada en Reactiva Perú. Sin embargo, las cifras son claras: las grandes obtuvieron –respecto al total– una cobertura tres veces mayor que las chicas. 

¿Qué lo hace peor? Que los fondos sobraron. Las entidades financieras no querían tomarlos. Pese a tener a las mypes solicitando los préstamos, no sacaron el dinero a bajas tasas ofrecido por el BCR. Según esta entidad, solo se colocó el 84% de los fondos ofrecidos en la segunda etapa del programa. En la mayoría de subastas se colocó un monto mucho menor al convocado, y una quedó desierta. Quedaron sin tocar más de S/4 mil millones, con mypes esperando.

Y la proporción de abandono es aún más grave si se incluye a las empresas informales. Según un informe de Hugo Ñopo y Miguel Jaramillo para el PNUD, en el Perú hay casi 9 millones de unidades productivas entre formales e informales. De esa cifra, Reactiva Perú alcanzó apenas al 5,6%.

Ahora, veamos brevemente los montos. El 53,9% de los más de S/57 mil millones colocados en las dos etapas del programa llegó a medianas y grandes compañías (de ventas mucho mayores que las de los pequeños emprendimientos). Con esos fondos, se podría haber más que duplicado la cobertura a las mypes bajo un criterio de urgencia. ¿A quiénes toca privilegiar cuando llega una crisis?

Sudaca es un medio con una línea editorial pro-empresa. Principalmente pro-micro-y-pequeña-empresa, cuyos dueños se han tenido que bancar el nuevo coronavirus sin ayuda del Estado, ni de la banca. Estas son sus historias.

Magics

A Diego Sotomayor, la cuarentena lo agarró –como a todos– desprevenido. A mediados de marzo tuvo que cerrar por completo el local de su pequeño negocio de juegos de mesa, Ponte Mosca, en Lince. Le esperaban más de cuatro meses de clausura. Ya con tres a cuestas, el 22 de junio, pidió por primera vez un préstamo de Reactiva al BCP. Su sectorista lo felicitó por estar temprano para la segunda etapa del programa. “Me dijo ‘te sale sí o sí’”. Hasta hoy sigue esperando.

Para Diego, cerrar el local fue un golpe directo a su facturación. “Yo vendo ‘magics’ [un popular juego de cartas]. Hacíamos torneos en la tienda dos o tres veces por semana, y se cobraba por jugar. Ese ingreso, que era el 30% de mis ventas, está en cero”, dice. Además, su local tenía una ‘ludoteca’: un espacio crucial en la experiencia de compra donde los clientes podían probar los juegos antes de comprarlos. No ha podido abrirla todavía.

“Cada semana le escribía a la sectorista pidiéndole una novedad”, dice. El 1 de agosto reabrió la mitad de su tienda. Decidió mudarse allí, separar los espacios, e instalar su cama donde antes jugaban sus clientes. Todo con tal de sacar a flote el negocio. “No sabíamos cómo íbamos a vender. Me mudo acá para meterle punche”, cuenta. Pero el BCP le dio la espalda. “El 28 de septiembre [la sectorista] me dijo definitivamente que no. ‘Ya se repartió todo el dinero y tú no agarraste’”. Asegura que sus ventas hoy recién alcanzan el punto de equilibrio.

En marzo, cuando Diego cerraba sus puertas, el Congreso de Estados Unidos creó –mediante una ley– el ‘Programa de protección de pagos’ (PPP, por sus siglas en inglés). Un paquete de préstamos cuya esencia fue parecida a la de Reactiva Perú, pero que se implementó de forma muy diferente. Para empezar, el PPP fue exclusivamente destinado a las pequeñas empresas: ninguna con más de 500 trabajadores (en el Perú serían 100) podía acceder. Los créditos, además, fueron garantizados al 100% y eran absolutamente condonables si las compañías retenían a su fuerza laboral. 

¿El resultado? El PPP colocó más de $521 mil millones a 4,8 millones de pequeñas empresas. Y la mayor parte del monto llegó a las franjas de menor tamaño. Con eso, el gobierno de Estados Unidos cubrió al 84% de la planilla de las ‘mypes’ del país, según cifras oficiales de la Small Business Administration (SBA). Más allá de la evaluación de fondo del PPP, esta es una cobertura infinitamente mayor que la de Reactiva Perú.

Ni una, ni otra

La primera versión de Reactiva Perú, diseñada por el BCR, se parecía al PPP de Estados Unidos. Los préstamos tenían una garantía de 100% por parte del Tesoro público peruano y, en la práctica, esto significaba que el dinero debía fluir rápidamente a las empresas. Los bancos no tenían por qué filtrar a quienes solicitarán el préstamo, porque no estaban arriesgando ni un sol de su propio capital. ¿Cómo se redujo esa garantía a un rango de entre 90% y 98%?

En abril, la exministra Alva dijo que dos bancos le habían advertido que no apoyarían el programa si la garantía era de 100%. ¿Por qué? Alegaron “problemas de riesgo moral”. Tres fuentes con conocimiento cercano contaron a Sudaca que el BCP fue el banco más insistente en que la garantía del Estado no fuera total. ¿Qué es el “riesgo moral” (en inglés, ‘moral hazard’)? En sencillo, y aplicado a este caso: no mandar el mensaje a las empresas de que, como todo el crédito estaba garantizado, podían no pagarlo. ¿Por qué? Porque así nadie pagaría y el Tesoro tendría que cubrir enormes montos de garantía.

Distintos especialistas previeron que esa pequeña variación en la garantía –de 100% a 98%– haría que los bancos filtren y destinen el dinero, en su mayoría, a los clientes con los que ya trabajaban, excluyendo a las mypes más vulnerables. Lo advirtieron –por ejemplo– el exministro de Economía Alonso Segura, el profesor de la Universidad del Pacífico Guillermo Flores, y la presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña. El BCP aceptó a Sudaca que menos de un tercio de sus créditos Reactiva fueron colocados a empresas a las que no les habían prestado antes. Todo por un riesgo de 2%.

Así funcionan los filtros de la banca. Al tener que evaluar a quienes solicitaban el préstamo, las entidades financieras habrían aplicado –en su mayoría– los mismos criterios de un crédito normal: nivel de ventas, solvencia de los accionistas, historial crediticio con el banco, etc. En el reglamento operativo de Reactiva, sin embargo, no se estipulan ninguno de estos criterios. Las empresas sólo debían cumplir con dos requisitos: no tener más de S/4.300 en cobranza coactiva con Sunat, ni más del 90% de su deuda con bancos calificada peor que en “problemas potenciales” (CPP), a febrero del 2020.

Salvo indicación explícita, Sudaca ha verificado que todas las empresas nombradas en este artículo cumplen con ambas condiciones. Fritz Alexander Coyure, por ejemplo, quiso pedir un crédito garantizado para sus tres pequeños emprendimientos. No lo obtuvo con ninguno. Dos estaban absolutamente limpios. El tercero, sí, tenía una deuda vencida de apenas S/214. Interbank, Caja Piura y el BCP no atendieron sus solicitudes.

“¿Tan miserables fueron que, con asumir el gran riesgo del 2%, no me dieron el crédito? Nunca me dijeron nada por escrito, solo fue una llamada para decirme que no”, afirma. En el BCP –cuenta– sus pedidos fueron, como una pelota de ping-pong, de funcionario a funcionario. “Cada 15 días me cambiaban de asesor. Por teléfono me decían que lamentaban lo que pasaba”. El microempresario decidió quejarse por Twitter. Entonces, una empleada del banco le confirmó que no obtendría el crédito.

Sus pequeñas empresas pertenecen a rubros diferentes: hotelería, farmacia y eventos. Las dos primeras se vienen recuperando con mucho esfuerzo. La última está parada y a puertas de un cierre definitivo. A Fritz le carcome la cabeza saber cómo pagará las deudas que se le han generado durante la pandemia.

La deuda de otro

Escribir este artículo ha sido difícil. Sudaca se contactó con decenas de microempresarios, pero solo un puñado aceptó que sus nombres sean expuestos. Todos los demás dijeron tener miedo de que los bancos, en represalia, les cierren las puertas más adelante. Los casos aquí relatados, sin embargo, son suficientes para ilustrar el calvario de quienes fueron abandonados por las mismas entidades que, cuando la cosa va bien, los bombardean con ofertas de créditos a tasas de doble dígito. Y que lo siguen haciendo, incluso, tras haberles negado Reactiva.

Gustavo Reyna pidió el préstamo apenas una semana después de que se lanzó el programa. Su pequeño negocio, dedicado a la venta de drywall a grandes constructoras, tambaleaba ante la cuarentena. El problema es que la compañía tenía una deuda de factoring derivada de facturas atrasadas de una gran constructora. Su pedido fue rechazado.

El factoring, en simple, consiste en lo siguiente: Reyna es proveedor de una gran constructora que demora en pagarle. Para obtener liquidez, lleva sus facturas a un banco y este le desembolsa el dinero (cobrándole un porcentaje, por supuesto). Luego, la gran constructora cancela la deuda con la entidad financiera. “Todas mis responsabilidades estaban al día y por esa deuda aparecí mal calificado. Eso es injusto, ¿no crees?”, pregunta Reyna.

Sudaca confirmó que la gran constructora, que no le había pagado la factura, sí obtuvo S/10 millones en la primera repartición de Reactiva Perú. “Los bancos priorizaron a sus clientes seguros. Me parece injusto y desproporcionado”, se queja. Él, incluso, quiso pagar una parte de la deuda de factoring y financiar el resto, pero le dieron un portazo en la cara. El sector construcción viene recuperándose. “Gracias a dios recién ha salido una obra para nosotros”, cuenta. Su empresa, sin el apoyo de nadie, se reactiva lentamente.

¿Venderlo todo?

“Cuando escuché hablar a la ministra [Alva], dije ‘es algo hecho exactamente para una empresa como la mía, que cumple con todas sus obligaciones y, aún siendo pequeña, le da trabajo a la gente’. Luego, al no poder obtener el préstamo, no podía creer cómo a los bancos no les interesaba salvarnos”, dice el licenciado Gianmarco Sánchez, dueño de un pequeño centro de terapia física en San Borja, famoso por la calidad de su atención. “En un momento pensamos con mi socio empezar a vender nuestros bienes para salir a flote”, dice.  

Gianmarco sí obtuvo un préstamo de Reactiva Perú, pero después de un largo calvario y de tener que dejar ir a casi la mitad de su fuerza laboral. Lo pidió en mayo al BCP, y también fue víctima del vil ‘peloteo’. “Sin exagerar, habré llamado 60 veces en una semana. Eran momentos en que no podíamos operar, pero seguíamos pagando alquiler, planilla. Veía con mi socio que nos íbamos a quedar sin caja. Llamaba en la mañana, al mediodía, en la tarde. Nada”, cuenta.

Sin éxito, acudió luego al BBVA Continental. Empezó a operar en junio, luego de implementar costosos protocolos sanitarios. Tampoco pudo obtener el crédito con el segundo banco. “Señor, no se le va a otorgar el préstamo, pero por qué no solicita uno regular al banco”, le dijeron. Al reabrir tenía solo seis pacientes al día, de los 60 que marcaba antes de la pandemia. Tocó la puerta del Scotiabank.

Vale repetir lo siguiente: Sudaca ha podido cotejar el historial crediticio de Gianmarco. Está absolutamente limpio. Cualquier prestamista vería ese reporte y se sentiría seguro. ¿Su pecado? No haber pedido créditos antes. “Siempre en mi vida he pensado que para comprar algo tienes que tener el dinero. Trabajas, ahorras y entonces compras”, dice. Una filosofía de muchos pequeños empresarios peruanos. En Scotiabank, inicialmente, tampoco le pararon balón.

Por designio divino, uno de sus pacientes era ejecutivo de este banco. Conversando en una sesión de terapia, se comprometió con Gianmarco a revisar su caso. Entonces, un sectorista le contestó el teléfono. Le dijo que no obtendría el préstamos por no tener historial crediticio. Gianmarco llamó a agradecerle el trámite a su paciente. “No puede ser, tú cumples con los requisitos”, le dijo el ejecutivo. Él logró tramitarle el equivalente a un mes de sus ventas, cuando para entonces la segunda etapa de Reactiva colocaba tres meses. Algo fue algo.

Cuando llegó el dinero yo ya le debía a mi casera, a mi contador, a la Sunat. Tuve que pagar también CTS, sueldos, se fue todo como llegó”, dice. Sin esa mano amiga, hubiera tenido que vender sus bienes. “Tengo pacientes empresarios que sí han accedido fácilmente. Son pacientes que siempre han trabajado con el banco, sacado préstamos, son clientes antiguos”, asegura.

El economista Pablo Secada concluye algo muy simple. Darles a los bancos la posibilidad de filtrar a las empresas ha sido un perjuicio mayor. Se trataba de un crédito de salvataje y, como tal, debía fluir rápidamente y sin cortapisas a las empresas. El daño de abandonar a millones de mypes a su suerte es mucho más grande que el de la deuda que le hubiera generado al Tesoro un impago masivo, explica. Es la lógica que aplicó Estados Unidos con el PPP.

Solos

“[En la municipalidad] nos han dicho que cambiemos de rubro, porque no va a llegar ayuda para nosotros. Esto ha sido un engaño, una tomadura de pelo”, dice Alexander Becerra, presidente de la asociación de Artesanos Unidos de Cajamarca. Su gremio lo conforman más de 100 productores de artesanía de su región, ninguno de los cuales pudo acceder a Reactiva Perú. Esto, pese a que sí se registran varios beneficiarios del programa con RUC unipersonal.

Alexander elabora productos utilitarios, “mayormente en lana de carnero: bolsos, mochilas, maletines, individuales”. Es formal. Pero eso poco importa cuando uno es excluido. Él acudió a la Caja Cusco, la Caja Sullana y al BCP. “La analista vino a mi tienda, tomó fotos, me dijo que en cuatro días me desembolsaban, pero no me volvió a llamar”, detalla.

“Nos sentimos engañados, defraudados por el Estado. Tuve que financiarme con un préstamo familiar y dejar un predio en garantía. Ya no podía pagar los gastos del negocio”, se queja. Tampoco le llegaron el FAE Mype ni el FAE Turismo. Desde Cajamarca, Alexander envía a Sudaca las solicitudes que cursó y este medio revisa su historial en Infocorp. Es un buen pagador. Todas sus deudas tienen el estado de “Normal”.

En descargo oficial a Sudaca, Asbanc aseguró que los bancos participaron de Reactiva “con el firme propósito de apoyar al país en un momento complicado”. El BCP, por su parte, señala que las cifras mencionadas al inicio de este artículo no convierten al programa “en malo, nocivo o sesgado hacia los grandes”. El banco de los Romero asegura haber canalizado el 35% de los fondos de todo el programa Reactiva.

Una fuente de Asbanc, en tanto, se defiende alegando que los bancos fueron tan exhaustivos con sus filtros porque, si el Estado descubría que habían evaluado mal a la empresa, les retiraba la garantía. En el reglamento operativo de Reactiva sí se estipula que Cofide –banco público de segundo piso– puede anular la garantía, pero no bajo ese supuesto. Es un candado que se activa si el banco no ha cumplido con, por ejemplo, verificar que la empresa no está investigada por corrupción.

Para cerrar, Sudaca le pide a Becerra un mensaje a todos los empresarios y artesanos que, como él, fueron abandonados. “Somos luchadores, podemos salir de esta trabajando. No bajemos la guardia, vamos a organizarnos. Todos, en conjunto, vamos a salir adelante”, ensaya. Ojalá ese ‘todos’ incluyera también a los bancos.

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Empresa, Reactiva, Reactiva Perú

Ya todos aparecieron, pero durante la madrugada del domingo parecía imposible ubicar a 74 ciudadanos. Ellos estuvieron entre los miles que el sábado 14 marcharon contra el ya derrocado gobierno de Manuel Merino. Esa misma noche, prendida la alarma entre sus familiares y amigos, empezaron a circular avisos con sus nombres que acusaban su desaparición.

Inmediatamente, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) elaboró una lista de personas no ubicadas. El documento se difundió por distintas vías y se actualizó conforme estas iban apareciendo. El fantasma de los años de violencia política hace de este un tema extremadamente delicado en el país. ¿Cómo vivieron auqellas horas las personas cuyo nombre apareció bajo la etiqueta de ‘desaparecido’? Sudaca conversó con diez de ellos.

Una batalla campal

La marcha fue convocada para las 2 de la tarde en la Plaza San Martín. Diego Ojeda, estudiante de música, estuvo ahí alrededor de las 5. También Derrick Adrianzén, quien llegó junto a varios amigos. Por algunas horas todo estuvo bien. Tras el atardecer, sin embargo, la marcha largó hacia el Parque Universitario. Derrick quería apoyar a la primera línea y decidió, junto a sus amigos, avanzar hacia la avenida Abancay.

Diego, por su lado, estaba preparado para soportar la represión. Tenía dos botellas de agua con bicarbonato, casco, rodilleras, coderas, mascarilla, visores, una pañoleta y guantes de cuero. Su objetivo era devolver las lacrimógenas que –presumía– iba a lanzar la policía. Cuando el grupo de Derrick estaba llegando al Parque Universitario, las bombas empezaron a caer.

Hubo un silencio. Los gases hicieron que todos se replieguen. En medio del caos, su grupo se dispersó. “Cayó una bomba lacrimógena en medio de nosotros. Me quedé junto a un amigo y, de pronto, cayeron más bombas a nuestros pies. Justo cuando las estábamos apagando, cayeron unas cuatro a nuestro costado y yo me quedé encerrado entre ellas. Absorbí todo el humo. Sentí que me moría. Fui al parque, vino un grupo y me ayudaron a respirar. Me quedé ahí, tratando de recuperar la respiración”, recuerda Derrick.

La represión era poderosa cuando Derrick retomó la búsqueda de sus amigos. “Volví a la parte del caos y comencé a avanzar hacia el Congreso. Sin darnos cuenta, habíamos roto la barrera policial y los policías cayeron en desesperación. Comenzaron a disparar perdigones por todas partes, entonces entré al callejón que une la Estación Colmena con el Parque Universitario y me quedé ahí cubriéndome. Después de un rato comenzaron a lanzar lacrimógenas dentro del callejón, sin importarles que ahí había heridos. Un joven se metió a un hueco y ahí estuvimos cubiertos por maderas. Abría la boca y botaba gas. Comenzaron a salir demasiados heridos. Eso los incitó a tener más furia y comenzó una guerra campal. Llegó un grupo de al menos 80 o 100 policías y comenzaron a disparar a diestra y siniestra. Perdigones y gas lacrimógeno. Nos habían acorralado”, recuerda.

‘Carlos’ estaba en la primera línea cuando vio caer a un compañero. Él y algunos amigos se acercaron para ayudarlo. Pero la policía les siguió disparando y lanzando bombas. En realidad, Carlos no es su verdadero nombre, pero lo llamaremos así porque, después de lo que pasó, tiene justificado miedo de revelar su identidad.

“Dos policías se acercaron y jalaron a un herido. Lo golpearon. Siguieron disparando y le cayó a mi amigo en el estómago. Seguimos, pero en ese momento le cayó un perdigón en la cabeza y lo dejó inconsciente. Se lo llevaron los encargados de primeros auxilios. Los policías aprovecharon en agarrar a cualquiera que estaba cerca”, cuenta.

Para Derrick la lucha continuó: “ya eran como las 10 u 11 de la noche. Los policías seguían disparando. Los que dejaron de pelear fueron los protestantes. Cuando nos enteramos de la muerte de Inti vi a muchas personas llorando y decepcionadas. Yo también había perdido las ganas de luchar. Cuando confirmaron la muerte del segundo, que fue Bryan, fue el fin de esa batalla campal. Cuando me di cuenta ya eran las 12 y decidí retirarme”.

Minutos después, otro protestante que prefiere que su nombre no sea mencionado, a quien llamaremos ‘Guillermo’, llegó a la avenida Abancay junto a sus compañeros y se sentó. En paz. “Estábamos cantando el himno. En eso, unos Ternas, porque eso eran, incendiaron una basura. Al instante los policías se acercaron violentamente hacia nosotros. Por la desesperación, levantamos nuestras manos al aire en señal de que, por favor, no nos hicieron nada”, relata.

Guillermo, de 21 años, cuenta que fueron emboscados. “Los policías tiraron una gran cantidad de bombas lacrimógenas en el callejón que estaba a la espalda de nosotros. Era el único lugar en el que teníamos pase libre sin policías. Algunos pudimos correr rápido mientras seguían tirando bombas. Muchas personas se quedaron atrás y cayeron al suelo, desvanecidos. Los que estábamos adelante corriendo ni siquiera podíamos respirar. Nuestros ojos, nuestra garganta, nuestra cara ardía”, dice. Solo atinó a correr para escapar de la policía.

Las detenciones

Su miedo no era infundado, para entonces algunos manifestantes ya habían sido detenidos. Uno de ellos, Carlos. “Me agarraron y me golpearon. Me tenían en un carro policial. Era plan de 10 u 11 pm”, cuenta. Dice que recibió golpes por entre cinco a diez minutos. Luego, el carro comenzó a avanzar. No estaba solo: “Había un chico, pero se lo llevaron. No sé cómo se llama”.

Luis Fernando Araujo también fue detenido. Luego declaró, en un video difundido por redes sociales, lo que le habían hecho pasar. “He sido agredido por lo que viene a ser el grupo Terna. Me han tenido tres días sin comer, sin agua, en una habitación, aparentemente escondido, con otra persona. No sé quién era porque nos tenían separados”, relató.

Mientras, en Lima ya había empezado la búsqueda de quienes no respondían los mensajes de parientes y amigos. Durante la madrugada, la CNDDHH recopiló las alertas ciudadanas y armó una lista de personas llamadas ‘desaparecidas’. El verdadero nombre de Guillermo llegó a la lista porque su mejor amiga y su mamá hicieron publicaciones en redes sociales. Lo habían visto en la televisión cuando empezaron las bombas lacrimógenas. “Varios amigos y familiares hicieron viral mi ‘desaparecimiento’[sic]”, cuenta.

A Derrick le sucedió algo parecido. “Mis amigos, preocupados, publicaron una foto que nos habíamos tomado horas antes. Llegó hasta mi universidad. Ellos pusieron mi nombre en la lista”, relata. A Carlos también lo empezaron a buscar sus amigos: “Pasaban las horas y nadie sabía nada de mí. Plan de 2 am ya estaba circulando mi foto como desaparecido”. Él no sabe cómo llegó su verdadero nombre a la lista.

Diego también se había tomado una foto ese día y, al no saber nada de él, su grupo de amigos la publicó en Instagram con una leyenda que decía: “así estaba vestido”. La publicación llegó a personas de su promoción, a su familia y a la CNDDHH. Al día siguiente pasó a los medios. Él quedó sorprendido, horas después, al ver un video que mostraba cómo gritaban su apellido en Cusco.

La huida

Después de la represión, los taxis querían cobrarle a Diego demasiada plata para volver a su casa, en Surco. Fue a una sanguchería y le pidió a una chica alquilarle el celular. Quería llamar a su padre y decirle que estaba bien. La chica se lo prestó sin cobrarle. Luego, caminó hasta la avenida Javier Prado. Desde allí fue a la Av. Aviación y finalmente tomó un taxi. Llegó a su casa y, exhausto, se fue a dormir. En ese momento aún no sabía que su nombre estaba en la lista de personas no ubicadas.

Minutos antes de las 4 de la madrugada, Carlos escuchó al policía que lo controlaba preguntarle a otro qué debía hacer con él, si llevarlo a la comisaría o soltarlo. “Ya ve tú qué haces”, le respondió, y se alejó. Carlos decidió hablarle al solitario. “Suéltame, ya es tarde. Iré caminando a mi casa”, le dijo.

“Lo pensó por unos minutos, agarró su celular, no sé qué hizo. Me pidió mi DNI”, recuerda. Luego, el policía le confió: “Si te vas nadie se dará cuenta. Vete antes de que te chapen de nuevo”. Carlos regresó a pie por la avenida Alfonso Ugarte y luego por Caquetá. “Fui a mi barrio en San Martín de Porres y a mi hermano lo vi en la calle buscándome. Ahí recién me di cuenta que mis fotos y nombre estaban en ‘desaparecido’. Eso fue a las 4:30 de la madrugada”, indica.

A Guillermo no pudieron detenerlo. “Vimos a dos chicos en un auto amarillo que nos miraban y estaban hablando por el celular. Le dije al chico de mi costado: ‘oye, mira, seguro son Ternas’. Cuando vieron que estábamos hablando de ellos, se fueron rápido. ¡Acto siguiente, la policía comenzó a perseguirnos! Yo y tres chicos más nos escabullimos en uno de los callejones. Nos habremos escondido unos minutos, después seguimos caminando. Llegamos al Sheraton y cada uno se fue a distintos puntos. Dos caminamos toda la avenida Brasil y toda la avenida La Marina, hasta que cada uno tomó un taxi. Él se fue a Ventanilla y yo al Callao. Llegué a mi casa a las 6 am”, cuenta.

Foto: Alejandro Guzmán

Apariciones y confusiones

Carlos no sabe cómo la CNDDHH actualizó su nombre en la lista para aclarar que ya había aparecido, él solo hizo una publicación en Facebook. Para Diego fue más complicado: personal de la Tercera Fiscalía de Derechos Humanos acudió a su casa el lunes para cotejar presencialmente su paradero. El día anterior había visitado a sus familiares para que sepan que estaba bien. “Espero que mi nombre no figure como desaparecido nunca más”, comentó.

Luis Fernando apareció recién el martes en la tarde. “Estoy bien, gracias a Dios no me han hecho nada. Unos golpes que cualquiera los soporta. Y gracias a todas las personas que han estado apoyando la causa de mi madre para poder encontrarme”, publicó en el video que fue compartido en redes sociales.

Las historias de Derrick, Diego, Luis Fernando, ‘Carlos’ y ‘Guillermo’ son las de aquellos jóvenes que, de una u otra manera, podrían no haber llegado a casa tras la represión. Pero hay otros nombres que fueron marcados como ‘desaparecidos’ por error o circunstancias extrañas.

“Ciudadana Fransheny Vílchez Zapata acaba de aparecer, según reportaron sus compañeros de la universidad”, informó América Noticias. El suyo fue un caso de confusión. Se le había agotado la batería del celular mientras marchaba, poco antes de las 8 de la noche. Logró prenderlo pasadas las 10. “Me doy con la sorpresa de que me han reportado como desaparecida. Me asusté y alteré muchísimo”, contó en sus historias de Instagram. “Mi nombre estuvo ahí por una confusión, yo en ningún momento estuve como desaparecida”, dice sobre la lista de no ubicados que se recopiló en un muro del parque Kennedy. Ella misma escribió a la CNDDHH para avisar que estaba bien.

No fue el único caso. Elizabeth Corzo también dijo que estuvo una hora desconectada y sus allegados se preocuparon. Una persona cercana a Gian Francisco Sotelo aseguró que en su caso pasó lo mismo: “no estuvo retenido. Solo tuvo un problema con su celular y al no contestarle a sus amigos, lo pusieron en la lista”. Otra manifestante comunicó en sus redes sociales que, después de marchar, se quedó a dormir en casa de un amigo y puso su celular en modo avión.

A Valeri Robladillo le incomodó que la incluyan en la lista. “Todo fue un malentendido. Siempre estuve con mi padre bien segura. Mis amigas se alarmaron muy rápido hasta el punto de mandar mi nombre y foto para que me buscasen. Cuando llegué a mi casa, prendí mi celular y me llegaron infinidades de mensajes. Les dije a mis amigas: ‘¿por qué se apresuraron en decir que “estoy desaparecida”, cuando nunca lo estuve?’”.

Pero el caso de máxima confusión probablemente sea el de Karen Espinoza. Su nombre estaba en la lista. No era un homónimo, porque también se consignaba su número de DNI. Sin embargo, ella publicó en sus redes sociales que no había participado de la marcha. “Yo nunca participé y no sé si esa lista es oficial o inventada, pero sale mi nombre”, confirmó a Sudaca.

Un cierre desde los fantasmas

El sábado se produjo una situación caótica. Muchos perdieron el contacto con su familia y amigos. Había personas no identificadas en hospitales. Los familiares se asustaron y lanzaron alertas de desaparición. Sin embargo, Mar Pérez, abogada de la CNDDHH, aclara que legalmente no se puede decir que estas personas fueron “desaparecidos”, sino solo que estuvieron “no ubicados”, porque la etiqueta “desaparecido” implica una calidad jurídica con la que la mayoría de los que faltaron no fue clasificada.

La representante de la CNDDHH comenta que lo sucedido el sábado despertó el recuerdo de los desaparecidos durante la lucha interna, lo que confirma que todavía hay secuelas del conflicto armado. “Nos ha venido el fantasma de las desapariciones forzadas de la violencia política. Está todavía muy presente”, remata.

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Bicentenario, Marchas

Hoy es el ministro de Educación del nuevo gobierno, pero antes de ayer, un día antes de asumir el cargo, el investigador Ricardo Cuenca escribió sobre Tik Tok. Si usted no sabe qué es esto o cómo funciona, debe tener claro que no pertenece a la Generación Bicentenario. “Abro esta red social y una voz surge desde un primerísimo primer plano, con un mensaje político corto, sin retóricas y directo”, dice Cuenca en su autodenominada primera vez en Tik Tok.

El ministro de Educación bien puede estarse refiriendo a Josi Martinez, un adolescente peruano creador de contenidos digitales. En su cuenta oficial de Tik Tok, Josi tuvo cerca de 10 millones de visualizaciones en cuatro videos publicados la semana que duró el gobierno de Manuel Merino. En los cortos videos, solo habla él frente a una cámara. Cualquier político envidiaría esa convocatoria. Él, que todavía no termina la secundaria, promovió el discurso en contra del régimen de Manuel Merino y la participación en los cacerolazos. Para muestra un botón:

@jmartineze_

MERINO NO ERES MI PRESIDENTE! ayúdenme compartiendo este video para que todo el mundo se entere lo que está pasando en mi país

♬ original sound – josi

Los seguidores de Martinez son jóvenes Centennials, como él. Personas que nacieron entre 1995 y el 2017. Su edad máxima es de 25 años, pero la masa del grupo es incluso inferior a los 18. Algo similar ocurre con Mateo Garrido Lecca, cuyo nicho en Instagram es de la misma edad. Durante la última semana y hasta hoy, Garrido Lecca ha informado a diario sobre los sucesos en la política peruana. A su estilo, entre risas, pero haciendo un sostenido activismo en favor de la protesta y con difusión de datos útiles.

Por si es necesario precisar, Tik Tok es una red social de origen chino que se basa en compartir videos cortos –de apenas segundos– y en formato vertical. A veces, los videos incluyen música o pistas de audio pregrabadas de fondo, que los usuarios interpretan . Otras, los usuarios simplemente mandan mensajes ellos mismos o editan videos parodia de personajes conocidos. El contenido está categorizado por temáticas, llamados trends o hashtags. Una de ellas fue #MerinoNoEsMiPresidente, que alcanzó 157.2 millones de vistas en todos los videos publicados bajo aquella tendencias o etiqueta en la red china.

https://twitter.com/ahivienelaprofe/status/1329200405495115776?s=21

En Instagram, la misma etiqueta generó 124 mil publicaciones fijas, entre videos, fotos y gráficas. Además, el apellido del ex presidente #Merino alcanza al día de hoy más de 691 mil posteos, y contando. La información publicada en redes sociales también sirvió para convocar y organizar las protestas. Como demuestra un informe de Sudaca, incluso fue útil para identificar la peligrosa infiltración de la policía entre los manifestantes durante las marchas del jueves y sábado.

Una encuesta reciente del IEP confirma el valor de los jóvenes en las marchas políticas: el 37% de peruanos afirman haber participado en las protestas contra el gobierno de Merino, sea de forma presencial o virtual. De ellos, más de la mitad son personas entre 18 y 24 años, el rango máximo de edad Centennial. La organización de jóvenes AIESEC Perú reconocida por la ONU, da a los Centennials peruanos cuatro características: visión global, compromiso social, innovación pragmática y el éxito por la pasión, no el dinero.

En el 2011, la investigadora británica Erica Chenoweth, tras analizar por una década más de cien años de protestas sociales pacíficas en el mundo, concluyó que solo se necesita al 3.5% de la población participando de manifestaciones para asegurar un cambio político serio. Si amplificamos por diez aquel porcentaje, el logro mayoritariamente juvenil de la semana pasada estaba garantizado.

Características de una generación masiva

Una foto describe la esencia de la ‘Generación Bicentenario’. Acuñados detrás de las barricadas policiales, generando líneas sucesivas de defensa, ahí están. Con bidones de agua para apagar las bombas, guantes y mascarillas. Con escudos improvisados por planchas de metal, defensa más que valiosa ante los perdigones; con cascos y bengalas. Encima, la bandera agujereada por la represión. Al fondo, como paradoja, la entrada de la antigua sede del Ministerio de Educación, el templo que en otra época albergó la educación del país. En concreto, más de diez jóvenes en un solo cuerpo, avanzando articulados hacia un objetivo.

La imagen hace recordar a la revolución francesa, le dicen unos economistas de ese país a su colega peruano Fredy Vargas, en una reunión en Bogotá. Él la enseña con orgullo, como explica en una entrevista a Sudaca. A pocos días de las protestas, la imagen capturada por Sebastián Castañeda ha dado la vuelta al mundo. El pintor revolucionario Eugène Delacroix no podría haber pintado un mejor retrato de un grupo de jóvenes que se enfrentó a las fuerzas policiales. En ella, se muestra el esfuerzo colectivo por terminar la marcha frente al símbolo de la protesta: el Congreso, una institución con 91% de desaprobación nacional, según el IEP.

Foto: Sebastián Casteñada/REUTERS

Vargas trabaja estrategias de planificación de políticas públicas para el gobierno colombiano, luego de haber dirigido planes de prospectiva dos años y medio para el gobierno de Humala. “Esta generación no va a tolerar a los políticos viejos. Quieren cosas concretas y tangibles. Sino, la calle”, le dice a los franceses. Ellos apenas entienden. ¿Cómo es posible renunciar a un presidente en una semana? En otros países, pueden pasar décadas y no lograr resultados.

Hackeado por la indignación de la inmensa mayoría de peruanos, el breve Manuel Merino se refirió a los protestantes como generadores de “caos y violencia” minutos antes de renunciar. En contraste, el nuevo presidente Francisco Sagasti enfatizó la necesidad de los jóvenes en la representación política. “El movimiento visto en todas las regiones del país le pertenece a la juventud, a la Generación del Bicentenario”, dijo en su primer mensaje a la nación. La desconexión tan grande con el corto gobierno anterior explica la rapidez del efecto de la protesta.

De entre todos los comentarios en redes sociales tras las marchas, destaca uno dicho en exclusiva a RPP por Mixael Paz, brigadista en las huelgas para desactivar bombas lacrimógenas. “Justificamos el amor hacia este país, pese a que nos dicen violentos. Es falso. De alguna manera te preguntas, si no lo hacemos nosotros, quién lo va a hacer. Cada bomba apagada deja de lastimar y herir a veinte o treinta compatriotas. Vale aguantar ese olor un rato”.

Los Centennials son personas más comprometidas con las causas. Buscan un significado y se involucran en resolver asuntos políticos a través de convocatorias digitales, concluye una investigación reciente de la Universidad Nacional de Piura. Son nativos digitales, y están adaptados a concebir la interacción en comunidades amplias. Vargas añade que estas características naturales del grupo etáreo le va a permitir entrar en mayor fiscalización del contrato social. La virtualización les permite un mayor (y mejor) ejercicio de su ciudadanía, y los incluye con mucha mayor naturalidad en el debate sobre la cosa pública. Así, exigirán mejor inversión del gobierno para entregar servicios de calidad a los ciudadanos. El interés central será garantizar la satisfacción con la vida, la justicia y la igualdad.

Una generación que toma la calle

Los jóvenes –Centennials y Millennials– lograron ejercer en las calles la presión suficiente para hacer tambalear a un Poder Ejecutivo improvisado y débil, como el de Merino. Pero las marchas no deberían ser, como han sido, una sorpresa. A quince años de establecido el inicio de la generación Centennial (1995), fueron testigos de intensas marchas. Estas fueron tres y por similares temas ambientales: Bagua (2009), Conga (2011) y Espinar (2012). Incluso, participaron miembros de la generación anterior, los Millennials.

Como informó el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, en el 2013 ocurrió una movilización de más de tres mil jóvenes para denunciar la repartija de instituciones que ocurría desde el fujimorismo, quizás la primera que pudo incluir Centennials. Otras grandes multitudes se juntaron al final del 2013 e inicios del 2014, por dos meses, contra la nefasta “Ley Pulpín”.

La protesta en esta generación de entre Milennials y Centennials ha cogido peso desde el 2016 con el reclamo de derechos sociales como la igualdad de género, el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto. “Tienen una agenda de intereses muy progresistas, promueven equidad y reformas estructurales. Son temas incomprendidos o rechazados por los conservadores y viejos políticos”, indica la socióloga Noelia Chávez.

Otro  evento significativo fue el ‘No a Keiko’ durante las elecciones del 2016. Se trató de la bandera más firme por el antifujimorismo. A ello se suman las marchas masivas contra del indulto humanitario a Fujimori en el 2018, que terminó anulándose. Y así, en poco más de una década, la calle peruana ha hablado. No debería sorprender entonces que el país ostente el segundo lugar de América Latina en protestas y movilizaciones para el Barómetro de las Américas (2019).

Foto: Difusión

En la historia del país existe un paralelo respecto a las marchas sociales. Hay que irse cien años para atrás. Alrededor de 1920, se hizo escuchar el Grito de Córdoba. Fue el estallido de una clase de estudiantes –primero argentinos– para democratizar la educación superior y enfocar la enseñanza en las ciencias. Las protestas alcanzaron a la mayoría de países de América Latina, desde México hasta Chile.

En el Perú, la reforma universitaria de aquella época trascendió la esfera estudiantil. En ella, se iniciaron líderes como Victor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariategui. A partir de las movilizaciones, fundaron a la postre partidos políticos o sentaron la base de nuevas ideologías políticas en el país. También participaron en las huelgas los historiadores Jorge Basadre y Rául Porras Barrenechea.

Para Steven Levitsky, politólogo estadounidense con veinte años de estudios sobre la política del Perú, harán falta partidos políticos que consoliden las protestas. El objetivo debería ser la institucionalización de los reclamos en organizaciones que se atrevan a liderar procesos electorales, asumir roles entre los poderes del Estado y defender la democracia desde adentro.

Coincide con aquella visión Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, al recordar la generación del 2000 y los Cuatro Suyos, “donde las buenas voluntades no bastaron al no volverse políticos y partidos al servicio del bien común”. También concuerda Noelia Chávez. La socióloga peruana afirma haber participado en las marchas como protestante y como investigadora –e intérprete– de estos fenómenos sociales. “Las marchas deberían decantar en diversas propuestas políticas. No creo que sea inexistente el vínculo entre los jóvenes y la política”, indica a Sudaca.

De hecho, el vínculo existe. Lo demuestra el Barómetro de las Américas en el 2019 (ver gráfica), donde los más jóvenes son los más interesados en la política. Además, entre peruanos de 18 a 25 el apoyo a la democracia es de 50%, similar al de peruanos entre 56 a 65, con 51%. Incluso, los peruanos del primer grupo de jóvenes encuestados presentan una satisfacción por la democracia de 33.6%, mayor a los 24.8% del grupo etáreo de mayor edad.

El grupo etáreo con mayor interés en la política son los más jóvenes. (Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP, 2019).

Ya se vive la renovación política

“Se metieron con la generación equivocada” fue el lema central de las marchas durante el gobierno de siete días de Merino. Se dio un grito de lucha entre las masas –principalmente digitales– para lograr convocatoria al sentir la vulneración de derechos democráticos. Pero señalar al grupo solo como una ‘generación’ no era suficiente. “Los procesos hay que nombrarlos para que tengan sentido”, dice la socióloga Chávez. Vía Twitter, ella le acuñó la generación la pertenencia del Bicentenario del país, que se conmemora el próximo 28 de julio.

Sin un simbolismo adoptado por la gente, el Bicentenario sería una simple celebración de logros y el recuerdo de fallas. Quizás con eventos y algunos protocolos gubernamentales. Por ejemplo, el saliente gobierno de Vizcarra invirtió más de S/4 millones de soles en el Proyecto Bicentenario, un programa del Ministerio de Cultura, entre el 2018 y 2019. A la fecha, tienen una página web, un logo y una agenda impresa de actividades que realizarán los ministerios. “Está muerta esa iniciativa, no ha conectado en nada con la gente”, indica Fredy Vargas.

El Estado no tiene la capacidad –dentro de su estrategia de comunicación política– de establecer mitos entre la población, señala Chávez. Ya es costumbre la carencia de ideas programáticas en los últimos gobiernos, el de PPK y de Vizcarra, sin establecer consensos de proyectos país. “El Perú Primero” buscaba poner a la ciudadanía por encima de la clase política tradicional, pero solo fue reconocido como la identidad individual de un presidente, su eslogan y motivo de liderazgo.

Pero el Bicentenario va más allá de una marca personal. “Esta es una generación crítica contra la clase política, pero no están esperando un salvador”, advierte Santiago Mariani, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Pacífico. Lo que quieren, coinciden los expertos consultados, es que funcione mejor el sistema, y esto genera una mayor población dispuesta a defender la democracia. Y ojo: las dos generaciones que marcharon la semana pasada ya casi son mayoría. Más del 40% de la población peruana sería o Millennial o Centennial, según IPSOS al 2019.

El futuro de la participación de estos ciudadanos dependerá también de un gobierno o una clase política generadores de espacios digitales. Según la encuesta del IEP, existe una mayor participación en protestas de quienes tienen acceso a internet. Noelia Chávez afirma que el reclamo popular buscará tener dos consecuencias clave: partidos políticos con proyectos reales, no cascarones; y políticos con oídos puestos en la ciudadanía sin imponer sus acciones o leyes. Y todo ello a la vuelta de la esquina –porque ya empezó– en las próximas elecciones generales.

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Bicentenario, Marcha

Por José Gil (s)*

Carlos Tubino, excongresista, empieza la transmisión de una de las conferencias con saludo partidario: a los “correligionarios y simpatizantes de Fuerza Popular” que –él asume– se han inscrito en la Escuela Naranja, el programa virtual de formación política que viene implementado el fujimorismo desde hace tres meses. Al otro lado de la conexión, sin embargo, puede estar cualquiera. Desde jóvenes entusiastas que esperan algún día escalar posiciones en la organización, hasta quienes ellos mismos llaman –en sus grupos de Whatsapp, con inusitado enojo y cómica persistencia– “los caviares”, “los rojos” o “los comunistas”.

“Debe haber algunos ahí que no sean fujimoristas”, reconoce Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, en declaraciones a este medio. Y esa afirmación es cierta. En la cuarta promoción de la Escuela Naranja hay, cuando menos, una persona que no es devota del legado político de Alberto Fujimori. Es un reportero de Sudaca. Su objetivo no es ingresar al partido que hasta el año pasado dominaba largamente el Congreso, sino entender qué valores ensalza y cómo se forman políticamente sus nuevos cuadros. Hay, más allá de las notas judiciales, un ideario político que este reportero busca entender.

El autor de esta nota no revelará su verdadero nombre mientras no se realice el evento de clausura de la promoción que ha integrado, el cual se suspendió por la coyuntura pero se realizará en los próximos días. No es que tema por su vida ni nada semejante, sino que la relación histórica del fujimorismo con la prensa le obliga a inferir que le prohibirán participar en el evento y lo expulsarán de los chats de la escuela si sus compañeros descubren quién es. Con tanto material por revisar y analizar, sobre todo respecto a qué comentan los jóvenes fujimoristas de lo que está ocurriendo en el país, prefiere firmar por ahora con un seudónimo (s). Sudaca, como medio, se hace cargo de lo aquí escrito.

Así fue la escuela por dentro

El jale de la planilla de profesores de este nuevo ciclo apunta al corazón del voto duro fujimorista: el expresidente Alberto Fujimori. Según Galarreta, la idea de armar “La clase del Chino” surgió en una de las tantas conversaciones que Keiko Fujimori tiene con su recluido padre. Pero ‘el Chino’ no dicta realmente una clase. Al menos, no en vivo, para desazón de sus más fervientes seguidores. El partido ha editado grabaciones suyas junto a imágenes de archivo en piezas audiovisuales de aproximadamente cuatro minutos. Esos videos son publicados en la plataforma virtual. Cada promoción tiene mil alumnos, según Galarreta.

Desde la mañana del lunes 19 de octubre, quienes alcanzaron una vacante en el nuevo ciclo pudieron acceder, todos los días, de lunes a viernes, a “La clase del Chino”, además de una conferencia complementaria para la que se invitaba a un expositor. Cada fin de semana, la plataforma abrió diez preguntas de opción múltiple y evaluó el conocimiento adquirido. No era, por supuesto, un examen común y corriente. Un ejemplo: “Las residencias universitarias servían para almacenar gran cantidad de armamento y se planificaban nuevos atentados todos los días. ¿Verdadero o falso?”. Cada lector es libre de dar su respuesta. La alternativa que el sistema consideró correcta fue (sorpresa) “verdadero”.

Esta es la plataforma de la Escuela Naranja. Aquí los alumnos accedieron a una ‘Clase del Chino’ y a una conferencia.

Todas las clases intentaban resaltar lo que los seguidores naranjas consideran aciertos del gobierno fujimorista, aunque no necesariamente lo sean. Este es un análisis en profundidad sobre la segunda: la “revolución de la educación”. 

El conferencista

“Durante su gobierno, Alberto Fujimori nos dio una lección de trabajo y amor por el Perú”, dice una voz en off al inicio del video. Y otra continúa: “20 años después, él mismo la va a transmitir a todos sus alumnos de la Escuela Naranja”. En cuatro minutos y 16 segundos, el hoy preso expresidente explica cómo construyó colegios, entregó desayunos a los alumnos e implementó un seguro escolar en su gobierno. El plato de fondo del día es una exposición titulada “La reforma educativa en los años 90”. El conferencista: Jorge Ferradas.

Aunque Galarreta asegura que algunos de los expositores de la escuela son independientes, la parrilla de este ciclo tiene a varios conocidos fujimoristas. Por ejemplo, Martha Moyano o Carlos Tubino. ¿Por qué la exposición sobre educación no estuvo a cargo de un personaje público de esa tendencia? Uno, en específico, parecía idóneo para dictarla: Jorge Trelles, excongresista, ex ministro de Educación y –según Infogob– fundador, ex secretario general y afiliado a Fuerza Popular.

Jorge Ferradas no quiso declarar para este reportaje.

La otra escuela naranja

Sus colores oficiales son el azul y el granate, pero en el fondo el Trener es de corazón naranja. Desde su fundación, la historia del colegio es un correlato fiel del proceso de reforma educativa orientada a la inversión privada que implantó el gobierno de Fujimori. Antes de ese gobierno los centros educativos no podían tener fines de lucro, pero la Constitución de 1993 afirmó el camino para cambiar ese sistema. “Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas”, dice el artículo 15.

Hasta ese año, el abogado Jorge Trelles había fracasado en política: postuló sin éxito a la Cámara de Diputados en 1985, con Acción Popular, y en 1990, con el Fredemo. Pero 1994 sería su año feliz. En febrero fue nombrado ministro de Educación por Fujimori y en abril ya había fundado el Colegio Trener. Según la Sunat, este empezó sus actividades ese mismo mes sin fines de lucro. Ojo: aunque ya existían las bases constitucionales para el lucro en la educación, aún faltaba el desarrollo legal para que ese centro de estudios pudiera generarle utilidades. De eso se encargaría Trelles.

Como ministro, “[Trelles] fomentó la libertad a la inversión en la educación privada”, dice su ficha biográfica publicada por el Ministerio de Educación (Minedu). Al año siguiente, en el Congreso unicameral de 1995, consiguió una curul por Cambio 90–Nueva Mayoría y el proceso se aceleró.

Trelles alentó, desde el Minedu y el Congreso, la participación privada en la educación. La puerta giratoria en persona.

En mayo de 1995 –conocido el resultado de las elecciones– se inscribió en Registros Públicos la ‘Sociedad Civil Colegio Trener de Monterrico’ y, en julio, la Sunat registró la inscripción del ‘Colegio Trener de Monterrico S.A’. Estas razones sociales sí le permitían a los accionistas repartirse los dividendos de la operación. Trelles fue fundador de ambas. Para decirlo de otra manera: en 1995, mientras se cocinaba una norma específica que permitiera el negocio de la educación, mas sí el marco constitucional, Trelles ya estaba preparado para usufructuarla. 

El empresario fue rápidamente designado como presidente de la Comisión de Educación del Parlamento, cargo que ocupó hasta 1997. Según información del Congreso, Trelles fue uno de los autores del proyecto de Ley 26549, que autorizó a las instituciones que controlaban un centro educativo a adoptar la organización más adecuada para sus fines, sea con o sin capacidad de lucrar. Su colegio aguardaba ese cambio. Antes del final de 1995, el Colegio Trener pasó de ser operado por la asociación sin fines de lucro a estar en manos de la sociedad con fines de lucro.

Al año siguiente, en 1996, el gobierno de Fujimori promulgó el famoso Decreto Legislativo 882, con el cual concretó la ‘revolución educativa’ que venía gestando. Esta norma creaba “el derecho a la libre iniciativa privada para realizar actividades en la educación” y precisaba: “Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares con o sin finalidad lucrativa”.

Jorge Trelles es el accionista mayoritario del Colegio Trener de Monterrico S.A.

Cuando quedó explícitamente abierta la posibilidad de lucrar con la educación, el Trener ya estaba listo para generar utilidades para sus dueños. Entre ellos estaba Trelles, uno de los impulsores de la reforma. En enero de 1999, la asociación y la sociedad civil fueron dadas de baja en la Sunat. La operación del colegio pasó a estar en manos de la sociedad anónima, de la que Trelles era accionista mayoritario. En menos de cinco años el empresario había logrado acomodar su propio negocio a las nuevas –y provechosas– condiciones que él mismo fomentó.

En los años siguientes la idea de la revolución educativa se afianzó en el colegio y, con ella, la ideología que la había hecho nacer. Un antiguo profesor del Trener cuenta que, más que órdenes directas, “los jefes sugerían no abordar ciertos temas que podrían no gustar a los accionistas”. Por ejemplo, una vez, el profesor en cuestión iba a dictar una clase sobre corrupción. ¿Cómo hacerlo sin hablar del gobierno de Fujimori? Al parecer a los coordinadores del curso les parecía posible. El profesor fue instruido por su superior a no incluir a Fujimori en la exposición. Prefirió cancelar la clase.

Jorge Ferradas, subdirector académico del colegio fundado por Trelles, dijo a Sudaca que no tenía nada que declarar sobre su charla en la Escuela Naranja. Tampoco quiso dar un descargo oficial sobre la institución en la que trabaja. Trelles, su tocayo, dejó de responder a los mensajes tras asegurar que no es dueño de ningún colegio. Hubiera sido provechoso conocer la versión de la persona que impulsó un marco regulatorio que benefició a su propio negocio. O para decirlo de otra manera: diseñó el campo de juego para, inmediatamente, entrar a jugar el partido. 

Resolución que da cuenta del cambio de promotor del Colegio Trener. Pasó de no tener fines de lucro a tenerlos.

Fue útil la reforma educativa?

Ha pasado suficiente tiempo como para preguntarse si las políticas implementadas por Fujimori han mejorado la calidad de la educación en el país. Diferentes académicos, especialistas y educadores consultados por Sudaca cuestionan que el fomento de la inversión privada y la licencia para lucrar con la educación hayan dado resultados positivos, a pesar de haber generado una amplia alternativa frente al saturado y también precario servicio público.

En su exposición para los alumnos de la Escuela Naranja, Ferradas –asalariado del gestor de la reforma– dijo que en las últimas dos décadas ha aumentado la inversión en el sector y que la educación privada tiene mejores resultados que la pública. Sin embargo, para Mario Naranjo, magíster en Educación de la PUCP y especialista en evaluación educativa, el fomento a la inversión privada en la educación no ha mostrado avances significativos en la calidad del servicio. Los resultados de las evaluaciones –dice– no reflejan una clara ventaja de la calidad de las escuelas privadas.

Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del Minedu obtenidos entre 2007 y 2016 muestran que las escuelas privadas no registran una ventaja frente a las escuelas públicas urbanas, según una investigación de María Balarin publicada en 2017. El caso más notorio es el de la evaluación en matemáticas. En el año 2016 las escuelas privadas colocaron al 11.38% de sus alumnos en el nivel satisfactorio mientras que las públicas urbanas consiguieron 36.4% de alumnos en el mismo nivel. 

Esa estadística es solo un ejemplo que contradice el discurso de Ferradas. Diversos estudios académicos concluyen que los resultados de la comparación de rendimiento entre escuelas públicas y privadas son heterogéneos. No hay una relación causal entre el tipo de gestión y el rendimiento académico, ya que este último depende de otro tipo de factores.

Es algo que también se ha evaluado en otros países. “Existe una evidencia voluminosa que muestra que no existen diferencias significativas entre colegios públicos y colegios privados en resultados de pruebas estandarizadas una vez que se controla por factores socioeconómicos, efectos de pares y sesgos de selección”, anota la investigación ‘El lucro en la educación escolar’, del Departamento de Economía de la Universidad de Chile.

El Minedu no tiene información estadística que diferencie los resultados de colegios privados con fines de lucro y aquellos sin fines de lucro, pero la evidencia internacional sí ha registrado esa distinción. La investigación de la Universidad de Chile, por ejemplo, indica que los colegios privados sin fines de lucro tienen resultados levemente mejores que los privados con fines de lucro.

“La educación de calidad requiere inversión. Si está impartida por instituciones con fines de lucro, se va a restar inversión porque parte del dinero va a ir a las utilidades”, explica Naranjo, quien resume el resultado de las reformas educativas fujimoristas en el surgimiento de muchos colegios de baja calidad y bajo costo.

Con eso se potenciaron, además, las brechas educativas. Los hijos de personas con dinero sí pueden acceder a los pocos colegios privados cuya calidad es teóricamente más alta. Sin embargo, la gran mayoría debe contentarse con escuelas que, además de tener fines de lucro, no mejoran significativamente la calidad respecto al sector público, como demuestran las cifras antes citadas. “La segregación educativa en el Perú se ha profundizado desde 2004, en clara coincidencia con el crecimiento del mercado de la educación privada”, afirma otro estudio de Balarin publicado en 2016 por la Revista de la Asociación de Sociología de la Educación.

El antiguo profesor del Trener que prefirió no ser identificado, comparte la reflexión de Naranjo: “Las consecuencias son negativas. Las normas de la reforma fueron vigilantes de la educación básica, pero poco controladoras de la educación privada. Quien educa es una empresa, como si la educación no fuera un bien público. Está centrada en la rentabilidad, que afecta la calidad. El servicio privado ha crecido, pero es peor”.

Son numerosos los estudios académicos que han defendido la misma tesis. Por ejemplo, una investigación de Grade de 2018, con cuatro autores, dice sobre el mercado privado de la educación: “Claramente han aumentado la oferta y demanda de educación privada. Pero la falta de un marco regulador adecuado ha formado un mercado que no llega a todo el país y, ahí donde sí lo hace, la oferta privada no siempre supera a la pública en calidad o resultados”.

Las universidades-garage

En el ámbito universitario las consecuencias son claras y públicas. El modelo de negocios de las universidades-garage, más de veinte años después, recién está terminando de ser depurado. Según información de la Sunedu, hasta octubre 49 universidades no habían obtenido licenciamiento por no cumplir con estándares mínimos de calidad. A excepción de dos de ellas, todas son universidades privadas. Y aún más: 37, la mayoría, tienen fines de lucro. En otras palabras, le deben su existencia a la reforma fujimorista.

No se debe dejar pasar este dato: la gran mayoría de casas de estudio superior que no han cumplido con las condiciones básicas de calidad –es decir, las peores entre las malas– son producto de la ‘revolución’ fujimorista. ¿Por qué esto importa? Porque los magnates surgidos a raíz del lucro en la educación hoy tienen ramificaciones políticas importantes. No solo controlar partidos con representación parlamentaria y experiencia en clientelismo electoral, sino que pueden incluso –como hemos visto– traerse abajo a un presidente y poner en máxima tensión la democracia del país.

Luego, está el sueldo de los profesores del Estado. Para Naranjo, un elemento clave para mejorar la calidad educativa es el salario docente. Y según el Documento de Trabajo 5, publicado por el Minedu en 2001, durante todo el gobierno de Fujimori los maestros públicos ganaron menos en términos reales que cuando este empezó.“El empobrecimiento del magisterio a lo largo de toda la década de los 90, un magisterio que venía ya muy golpeado salarialmente, quita credibilidad y factibilidad a cualquier intento serio de reforma educativa desde cualquier perspectiva ideológica. Sin un sueldo mínimamente digno, no es factible exigir mayor cosa a los docentes, ni atraer mejor talento hacia la carrera”, sostiene Naranjo.

Esta es, para Sudaca, la conclusión de la clase: el discurso fujimorista de la revolución educativa está basado en una interpretación auténtica que la evidencia no es capaz de sostener. El fomento de la inversión privada no ha mejorado la calidad de la educación. Lo que sí ha hecho es beneficiar económicamente a los empresarios que lucran con sus centros educativos. ¿Será coincidencia que uno de ellos legisló para abrir esa posibilidad?

Sudaca siguió, durante cuatro semanas, prestando atención a las ‘clases del Chino’ para encontrar más historias como esta. Las seguiremos publicando en las semanas que siguen. “Hemos vivido, desde el gobierno de Toledo, un flujo de mentiras y mezquindad”, sostiene el exministro y excongresista fujimorista Alejandro Aguinaga en una reunión virtual de confraternidad de la Escuela Naranja. Varios participantes manifiestan que es hora de contar la verdad. Es hora, también, de revisar cuál es la versión naranja de la verdad.

*Nota de edición: Este artículo fue originalmente firmado con un seudónimo para que su autor, Alejandro Guzmán, pudiera seguir participando de la Escuela Naranja. El reporteo continuaba para el segundo artículo, sobre la versión fujimorista de la guerra subversiva. Lo puede revisar aquí.  

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Fuerza Popular, Fujimorismo

Si te ofrecieran ser presidente de un país en crisis, ¿aceptarías? Es sábado, casi medianoche, cuando Julio Guzmán levanta el teléfono y llama a Gino Costa para hacerle ese pedido. Hace veinte años que la democracia peruana es como un borracho que camina al borde del abismo, pero no se cae. De alguna manera, siempre pega una pirueta y se ríe del peligro.

Ese sábado, sin embargo, la democracia tiene todo listo para irse a pique hacia el despeñadero. Ya ha pasado casi una semana desde que vacaron al presidente, han muerto dos personas protestando en las calles y miles de jóvenes todavía siguen siendo baleados por la Policía. El país está saliendo de una pandemia para entrar en una crisis económica.

Aún así, Costa conversa brevemente con Guzmán y acepta su propuesta. Irá como candidato para asumir las funciones de presidente de la República.

***

En los días previos, el Partido Morado había puesto todos los huevos en la canasta del Tribunal Constitucional (TC). La consigna, consensuada entre sus dirigentes, fue presionar públicamente para que allí se revirtiera la vacancia. Que Martín Vizcarra continúe con su gobierno hasta el final les parecía la salida más factible. Recién el sábado por la noche comprendieron que quizás les iba a tocar gobernar a ellos mismos.

Puestos a decidir, Costa tenía dos características que lo colocaban por delante del resto de su bancada. Así lo explican tres fuentes de alto rango en el escalafón morado. La primera: sus años en la política. La segunda: que no está inscrito en el partido. Con esto último buscaron garantizar que el Ejecutivo se maneje con cierta ‘independencia’, dicen las fuentes. O al menos, que ese sea el mensaje.

Pero la iniciativa les duró bien poquito. En la mañana del domingo, Costa llegó a la Junta de Portavoces con el bolo fijo de los morados para presidir la nueva Mesa Directiva del Congreso y, con las mismas, fue obligado a retirarse. Luis Valdez, de Alianza para el Progreso (APP), reclamó que solo debían permanecer los voceros titulares de cada bancada. Por el Partido Morado se quedó Francisco Sagasti.

Las bancadas que habían vacado a Vizcarra no estaban dispuestas a darle la presidencia a alguien a quien consideraban ‘demasiado vizcarrista’. Costa, que hace un año le cedió su escaño a Salvador Del Solar para que presente la cuestión de confianza con la que se disolvió el anterior Congreso, fue vetado inmediatamente. ¿El problema? Tampoco podían volver a repartirse el botín entre ellas. La calle solo aceptaría una nueva Mesa Directiva con congresistas no vacadores. Y la única bancada que había votado en bloque en contra de la vacancia era la morada.

Durante toda la negociación, los morados tuvieron la ficha de la calle como ventaja: de una u otra forma iban a tener que aparecer en la foto. La pregunta era quién lo haría. Junto a Gino Costa, en la mañana del domingo comenzó a circular una opción que agradaba más al resto del Congreso: Carolina Lizárraga. Hacia las 10 de la mañana del domingo, su nombre desató una guerra de bases moradas en Twitter, que arrastró a varios periodistas. Las que no la querían hicieron significativamente más bulla.

Fuentes cercanas a la negociación confirman que Lizárraga fue propuesta por las bancadas sin que ella lo pidiera. Para adivinar el porqué no hace falta ser un gran analista político. Lizárraga tiene una encarnizada disputa interna con Guzmán desde hace varios meses. No acude a las reuniones del Comité Político y casi no interactúa con otros miembros de la cúpula partidaria. En septiembre, el ala guzmanista emitió un comunicado acusándola de “traición” y “sabotaje”.

Apostar por Lizárraga era la única movida disponible para poner a los morados en jaque: o darle poder a la rival de su líder o mandar el mensaje de que su primera prioridad no era salir de la crisis. En el Partido Morado la decisión siempre fue no respaldarla. Y eso nunca se puso en duda, ni cuando parecía que no tendríamos presidente por varios días. “Yo no he pedido ningún cargo”, escribió luego ella, en su cuenta de Facebook.

***

Hacia el mediodía del domingo, la negociación empezó a ponerse mucho más dura. En las calles (y en las redes sociales) el repudio al Congreso se sentía cada vez más pesado. Al Partido Morado también le llovían las críticas por su incapacidad para cerrar una lista y ganarla por la fuerza de los votos. El país necesitaba un nuevo presidente, sin excusas de por medio, y los dirigentes morados estaban preocupados.

Poco antes de las 12, empezó lo que llamaremos la ‘pequeña debacle’ del guzmanismo. A esa hora Julio Guzmán publicó un comunicado en el que ofrecía lo siguiente: que Sagasti asuma como presidente encargado, que convoque rápidamente a un pleno para anular la vacancia y que Vizcarra regrese a tomar el mando del gobierno. Tres horas después, la bancada lo contradijo y tuiteó algo distinto: proponían a Sagasti como presidente, pero de toda la transición.

“Ese comunicado [de Guzmán] fue un error garrafal”, dice una fuente. Otras dos confirman que los congresistas morados vieron en ese mensaje un riesgo grande: seguir pegados para siempre a la etiqueta de ‘vizcarristas’. Además, aseguran que para entonces la figura de Vizcarra –contra quien ya se había dictado impedimento de salida– les pareció demasiado manchada. ¿Tenía sentido pedirle que vuelva? Julio Guzmán, que ya había conversado sobre el tema en la interna, se allanó y respaldó la nueva decisión de su bancada.

En la negociación posterior, ese comunicado crispó los ánimos de los demás congresistas. A estos les era muy difícil quitarse la idea de que darle la Mesa Directiva al partido de Guzmán era proceder automáticamente con la restitución de Vizcarra. “Nos costó mucho revertir esa percepción, convencerlos”, cuenta otra fuente.

Luego vinieron una serie de sucesos inexplicables. Sin poder conseguir el domingo los votos suficientes para su lista, Sagasti estampó su firma como primer vicepresidente en la de Rocío Silva Santiesteban, del Frente Amplio. Esta candidatura generó un intenso debate en redes: muchos la acusaban injustamente de ‘radical’. En la interna morada la percibían como una persona ponderada, sí, aunque igual tenían algunas reticencias porque era de izquierda.

Luego –pese a ser un hombre muy cuidadoso– Sagasti solicitó sacar su firma de la lista alegando haberla puesto con demasiado apuro. ¡Pero horas después volvió a meterla! Finalmente, el Congreso cerró el domingo con una actuación vergonzosa: no aprobó nada. Y un botón: APP volvió a traicionarse a sí misma. Luego de anunciar que respaldaría en bloque la lista, 7 de sus congresistas se abstuvieron.  No habría humo blanco hasta el lunes.

***

Aquí hay que hacer una breve pausa para recordar una historia más antigua. En febrero de este año, los morados tuvieron la primera negociación parlamentaria de su historia como partido. Fue por la Mesa Directiva y perdieron contra la fórmula que acaban de expectorar. La falta de reflejos políticos –la indecisión, en realidad– les costó caro aquella vez. Luis Valdez, hasta hace tres días primer vicepresidente del Congreso, les dijo públicamente que las negociaciones en el Congreso son como “el juego de las sillas”. Y que ellos se habían quedado sin sentarse en alguna.

Anteayer, en un momento crucial para la historia del país, el Partido Morado parecía enfrentarse a lo mismo: a que los agarren de lornas. Pero debemos recordar que esta vez tenían una ficha clave bajo la manga, la calle. Apoyados en ella, en la habilidad de negociación de algunos de sus congresistas y en una movida audaz decidida la noche del domingo pudieron revertir lo que parecía una nueva derrota parlamentaria.

El consenso que alcanzó ayer la nueva lista presidida por Sagasti se empezó a gestar hace dos días. Fuentes de la bancada aseguran que el domingo ya se empezaron a acercar congresistas para adelantarles que estarían dispuestos a darles un voto. No se llegó, sin embargo, a cocinar nada concreto. La semana terminaba en suspenso.

Entonces, en la noche Julio Guzmán puso en marcha una inteligente estrategia de choque elaborada junto a los miembros de su Comité Político, vía chat de Telegram. Su partido dejó atrás los remilgos previos, que habían llevado a sus congresistas a asumir que no podrían ser gobierno, y presentó una lista compuesta únicamente por militantes. La presidía Sagasti y la integraban Zenaida Solís, Angélica Palomino (Piura) y José Antonio Nuñez (Arequipa).

La presencia de estos dos últimos congresistas regionales era un mensaje en clave, también. Ambos se habían alineado con Lizárraga en votaciones sobre temas mediáticos previamente, pero reconocían mediante su firma el compromiso con el ala guzmanista del partido. Lizárraga aún apela en su precandidatura presidencial a las bases regionales.

Además, Guzmán se presentó en medios criticando el accionar del resto de bancadas. La estrategia buscaba recuperar el terreno alto; la posición de poder en la negociación. ¿El ficha-candado bajo la manga? Vale repetirlo: la calle. El mensaje era este: si no apoyaste mi lista, atente a las consecuencias. Las bancadas respondieron rápidamente.

“Ha sido una medida de presión”, explica un congresista de Acción Popular. [Los medios y los manifestantes] nos iban a agarrar como piñata. Eso hizo que las bancadas presionáramos a nuestros voceros para encontrar consensos”, asegura. El lunes por la mañana la actitud del Congreso cambió radicalmente.

***

Fuentes moradas explican que los primeros en acercarse fueron congresistas de APP y del Frepap. La vocera alterna de este grupo parlamentario, María Cristina Retamozo, aseguró que darían su voto sin pedir a cambio ninguna vicepresidencia. El consenso se alcanzaría –aceptaron ambas bancadas– si se armaba una lista con congresistas que no hubieran votado a favor de la vacancia, pero que fueran también de otros partidos.

Entonces, empezó la suma y resta parlamentaria. Luis Roel Alva, quien entró en la segunda vicepresidencia, trajo 8 votos ‘disidentes’ de la Acción Popular de Burga y Merino. Mirtha Vásquez, hasta hace unos meses poco conocida congresista por Cajamarca, apareció como la única figura del Frente Amplio que no espantaba votos de otros partidos. Percibida como menos ‘radical’ que Silva Santiesteban (pese a que no necesariamente lo es en la realidad), su lugar en la lista se habría potenciado –para el Frepap, por ejemplo– por sus convicciones religiosas. Luego, le tocó a los parlamentarios morados ponerse a negociar. Gino Costa, defenestrado candidato inicial, trajo a parte de Somos Perú, partido en el que ha militado. Cuando alcanzaron 60 votos que necesitaban, el resto cayó en cascada.

Fuentes parlamentarias indican que este acuerdo entre el Partido Morado, APP, el Frepap, y partes del Frente Amplio y Acción Popular podría ser el germen de una alianza política que garantice gobernabilidad para el Ejecutivo que presidirá Sagasti. Un hombre que –luego de un pasado de izquierda– hoy se ubica ideológicamente en el centro. Todas las fuentes consultadas destacan su disposición para llegar a acuerdos.

Sagasti empieza un gobierno de 9 meses plagado de esperanza, nacido de una movilización de jóvenes que hoy sienten que la política no les es ajena. Sin embargo, no todo lo que tiene delante es un camino de rosas. También deberá calmar a un país golpeado por el desempleo y la recesión causada por el Covid-19. Su manija política se pondrá a prueba al momento de negociar con el Congreso iniciativas similares –digamos– al retiro de fondos de las AFP, con la que estuvo abiertamente en desacuerdo.

El Perú puede parecer, a veces, un país demasiado grande y diverso para un político que estudió ingeniería industrial pero se dedica principalmente a la docencia, la consultoría y la investigación. Sobre todo, para alguien cuyas maneras refinadas y estilo de vida de alta alcurnia no tienen por qué conectar inmediatamente con la mayoría de peruanos, sobre todo los más pobres. Su primera tarea será escuchar directamente sus demandas y llegar a ellos con soluciones concretas.

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Congreso, Francisco Sagasti
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