Pie Derecho

Según la última encuesta del IEP, un 66% de la población considera ganador de las elecciones del pasado 6 de junio a Pedro Castillo. Eso quiere decir que al menos un 16% de los votantes de Keiko Fujimori cree que el ganador fue su adversario.

A la vez, según la misma empresa encuestadora, un 69% desaprueba la actuación de la candidata de Fuerza Popular después del día de las elecciones. Eso quiere decir también que al menos casi un 20% de los votantes de Fuerza Popular no está de acuerdo con el modo en que su candidata se ha venido comportando, alegando fraude e impugnando el resultado de la ONPE.

No hay hasta el momento, reiteramos, prueba fehaciente o indicio poderoso e irrebatible de que la jornada electoral haya estado teñida de irregularidades en masa que hayan hecho que el conteo rápido de Ipsos o el oficial de la ONPE hayan sido tergiversados, otorgándole un triunfo ilegítimo al candidato de Perú Libre.

Por cierto, hacemos votos para que el JNE acepte revisar todos los recursos de impugnación, inclusive los presentados después de la hora, y hacemos lo propio para que el hábeas data presentado por abogados allegados a Keiko Fujimori prospere y hagan que la ONPE muestre los padrones electorales y así permitan a cualquier veedor ciudadano o político confirmar o desmentir la tesis del fraude.

En tanto eso no ocurra, sin embargo, la reacción política que disputa los resultados está siendo interpretada por la ciudadanía como una pataleta picona de la perdedora. Y eso le resta inmensa legitimidad opositora a la derecha aupada detrás de la excandidata de Fuerza Popular.

La derecha congresal tiene 44 votos en el Legislativo, los suficientes para bloquear cualquier reforma constitucional, la elección de magistrados del Tribunal Constitucional o de directores del Banco Central de Reserva. Tiene un poder inmenso que un sector de la ciudadanía espera que ejerzan con rigor y al mismo tiempo con inteligencia.

Si la derecha parte del no reconocimiento del triunfo de Castillo y lo considera ilegítimo, sin pruebas de su creencia, lo más probable es que los siguientes años (los que dure el nuevo Congreso), la labor de este segmento ideológico de la clase política peruana sea una dedicada al sabotaje antes que a una oposición recia y democrática.

En esa línea pueden terminar haciendo realidad su propia profecía: la radicalización reactiva de Castillo y su confrontación total con el Legislativo que probablemente lleve a su cierre para llevar adelante la tesis máxima de la Asamblea Constituyente.

“Postergando la proclamación de Pedro Castillo piensan deslegitimarlo políticamente, sin embargo, debo recordar que la única deslegitimación posible podría darse si se crea una hoja de ruta y no se aplicara el programa de gobierno por el que el pueblo votó en mayoría”.

Este tuit de ayer 20 de junio de Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, pone en clara evidencia que los términos internos del partido que es casi un hecho nos gobernará cinco años no son tan pacíficos como algunos voceros pretenden mostrar.

Evidentemente, el sector cerronista no ve con buenos ojos la presencia creciente de técnicos y economistas de Juntos por el Perú (Pedro Francke, Oscar Dancourt, etc.) que ya han morigerado los términos radicales de la proclama vigente en el ideario de Perú Libre presentado en primera vuelta e, inclusive, de los contenidos en el Plan Bicentenario de la segunda vuelta.

Castillo no ha desmentido en ningún momento las declaraciones oficiosas de Francke y éste se ha despachado en eventos privados y medios, dando por sentado que representa la voz official del probable gobierno entrante. Hay una intento de Castillo por moderar sus posturas iniciales y Cerrón no lo quiere.

¿Qué consecuencias puede traer ello para la gobernabilidad del país? De hecho, hay que partir de la constatación de que Cerrón controla absolutamente al menos 12 congresistas de Perú Libre. Si rompen con Castillo por su moderación, dejarían a la bancada oficialista solo con 25 congresistas propios más los cinco de Juntos por el Perú, apenas 30.

Necesitaría con urgencia llegar a un acuerdo con las bancadas de centro, que suman 44 parlamentarios (17 de Acción Popular, 15 de APP, 5 de Podemos, 4 de Somos Perú y 3 Morados) y así llegar a 74 votos, que le permitan gobernar sin sobresaltos y además que se apruebe la reforma tributaria que plantea aplicar al sector minero y que según los cálculos de Francke, deberían permitirle (junto con el combate a la elusión y evasión), aumentar la presión tributaria de 14 a 22% del PBI (promedio de la región).

Ese acuerdo debe suponer, sin embargo, algunas concesiones, que pasan desde la conformación de un gabinete multipartidario hasta la renuncia explícita a forzar la disolución del Congreso o la convocatoria a un referéndum para imponer a como dé lugar una Asamblea Constituyente, lo que solo generaría caos e incertidumbre (según la última encuesta de Datum apenas el 20% del país está de acuerdo con un cambio total de la Constitución).