A propósito del fallo del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, declarando nulo el contrato de compraventa de las acciones de Epensa al Grupo El Comercio, es menester discutir sobre algunos problemas serios que subsisten en el mercado periodístico peruano, además del tema puntual citado.
En prensa escrita, más allá de la concentración refutada, hay barreras que impiden la libre competencia y acceso de nuevos competidores. ¿Sabía usted que a cualquier diario nuevo, los canillitas le cobran 5% más de comisión que a los diarios antiguos? Eso no debería estar permitido. Es como que los restaurantes nuevos paguen 23% en lugar de 18% de IGV por el solo hecho de serlo. ¿Sabía usted que la anterior empresa responsable de medir la lectoría no medía a los diarios nuevos si no recién después de su segundo año por un acuerdo en el que, felices ellos, participaron los grupos periodísticos más importantes, obligando así a cualquier diario nuevo a transitar por el desierto publicitario durante ese lapso? ¿Indecopi no tiene nada que decir respecto de ambos temas? Al parecer, el tema de la medición de lectoría acaba de cambiar, enhorabuena, pero hay que estar vigilantes para que no se reedite esa barrera de ingreso al mercado.
En el tema de la radio y la televisión, el mayor problema es que los gobiernos últimos vienen postergando una y otra vez el apagón analógico, que al abrir las señales al campo digital permitiría transitar de los actuales siete canales de señal abierta a que hubiese por lo menos cien. Y en el caso de la radio (que debió empezar el 2004 con la digitalización de la AM), multiplicaría por seis el número de estaciones vigentes.
El lobby de los actuales canales de señal abierta y de los “cableros” ha impedido que se produzca el apagón analógico mencionado, el cual permitiría la democratización del espectro radioeléctrico, al coadyuvar al ingreso en igualdad de condiciones de nuevos actores empresariales sin necesidad de tener que pagar fortunas por las señales ya existentes, que son pocas.
La libertad de empresa es condición necesaria para que haya libertad de prensa, pero si el propio Estado permite o dispone restricciones serias a la libre competencia en este sector empresarial, restringe la posibilidad de acceso de los ciudadanos a un mercado informativo libre y democrático.
