[INFORME] Aniceto Argüelles logró salvarse de una condena más severa admitiendo que intentó sobornar a una magistrada. Pero no sólo evitó pisar una cárcel sino que ahora su empresa, Industrias Argüelles, firma millonarios contratos pese a que la ley dice lo contrario.
El 4 de octubre del 2024, Aniceto Argüelles logró un acuerdo trascendental para él y no fue precisamente por un tema ligado a su trabajo como empresario sino porque pudo conseguir un acuerdo de terminación anticipada que lo salvó de la cárcel. Cabe señalar que este proceso consiste en que el imputado logre un acuerdo con la fiscalía mediante el cual reconoce su responsabilidad y recibe una condena menor a la que podría pesar en su contra si el proceso seguía su curso.
EXTRAÑO DESCUIDO
Como se ha detallado en otros informes publicados por Sudaca, Argüelles se encontraba implicado en el caso de la compra fraudulenta de un terreno de diez mil hectáreas que le pertenecían a la Comunidad Campesina de Quipán. Para lograr que la jueza Roxana Urbina Becerra tome una decisión en favor de sus intereses y los de su aliado Abel Cruz Mosquera Ortíz, el encargado de falsificar los documentos de la compra en cuestión, Argüelles, haciendo uso de intermediarios, gestionó el pago de sobornos a la magistrada que fueron disfrazados de compras de terrenos familiares.
El accionar de Mosquera Ortiz consistió en aprovecharse de su condición de presidente de la Comunidad Campesina de Quipán para obtener las firmas de los comuneros e incluirlas en un acta que correspondía a una asamblea que nunca ocurrió y le permitiría venderle a Industrias Argüelles un terreno de diez mil hectáreas por seiscientos mil soles, un monto muy lejano al valor que le correspondería a un terreno de esa magnitud.
Si bien Argüelles logró librar el paso por un centro penitenciario, a cambio de ello el conocido empresario debía cumplir con varias normas de conducta. Además de no poder salir del país ni cambiar de domicilio sin avisarle a las autoridades con anticipación, Aniceto Argüelles debió pagar una reparación civil de veinte mil soles.
A ello se le sumaba que la justicia decidió que, como suele ocurrir en este tipo de casos de condenados por corrupción, Argüelles Loayza estaría inhabilitado para cumplir con una serie de funciones así como imposibilitado de firmar contratos con el sector público durante el periodo de dos años.
Pese a ello, el 15 de octubre del 2024, once días después del acuerdo logrado por el empresario, la Municipalidad de La Molina firmó un contrato con Industrias Argüelles por el alquiler de vehículos para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en este distrito.
En el contrato entre la Municipalidad de La Molina e Industrias Argüelles, que durará hasta el mes de octubre del año 2027, se establece que por este servicio se realizará un pago de casi treinta millones de soles en favor de la empresa del condenado Argüelles Loayza por el alquiler de estos vehículos.
OTRO CONTRATO PARA ARGÜELLES
Sin embargo, este no sería el único contrato entre la empresa de Argüelles y la Municipalidad de La Molina. El 24 de abril de 2025, por el servicio de alquiler de unidades vehiculares y maquinaria para el servicio de barrido mecanizado, el municipio que está bajo la conducción del alcalde Diego Uceda firmó un nuevo contrato con Industrias Argüelles cuya duración será hasta abril del año 2028 y por el cual se estará pagando un monto que supera los veintitrés mil soles.
Es importante tener en cuenta que contratar con la empresa de un sentenciado por corrupción no solamente puede ser cuestionable desde una perspectiva moral sino que la Ley de Contrataciones del Estado, más precisamente en el artículo once, indica que si las empresas tienen personas vinculadas que fueron condenadas por corrupción están impedidas de contratar.
El caso de Aniceto Argüelles invita a preguntarse si, en la práctica, existió alguna consecuencia importante para el empresario por haber sobornado a la magistrada Becerra. Porque lo que se puede observar en estos documentos es que, apenas días después del acuerdo de terminación anticipada, la empresa del condenado estaba firmando contratos millonarios.
