[CIUDADANO DE A PIE] “Nuestra democracia ha dejado de cumplir con sus funciones básicas: no produce capacidad de gobierno, no representa a sus ciudadanos, no protege sus derechos, no garantiza el balance de poderes y es un peligro real que, si la degradación institucional prosigue su curso, en un futuro próximo, las elecciones podrían no cumplir con estándares democráticos mínimos.” Es con estas palabras que Alberto Vergara y Rodrigo Barrenechea inician el primer capítulo de su libro Democracia Asaltada publicado en el 2024. La frase encierra no solo una cruda y acertada caracterización de la inoperante democracia peruana, sino también un sombrío presagio sobre las elecciones generales de abril del 2026, que se celebrarán en el contexto de una democracia secuestrada por la crimilegalidad.
Entendemos por crimilegalidad el nuevo orden económico y político que viene imponiéndose en nuestro país, en el cual las economías ilegales y criminales, mediante la violencia, la coerción y la cooptación de autoridades, ejercen un control territorial efectivo sobre las áreas donde operan, configurando verdaderas gobernanzas criminales. Este control se consolida socialmente debido a que miles de familias residentes en estos territorios, dependen para su subsistencia, de los ingresos obtenidos por su participación, directa o indirecta, en los circuitos que alimentan estas economías: mano de obra, comercio, servicios, transporte. Esta delicada situación de sometimiento es susceptible de orientar las preferencias electorales de estas poblaciones hacia candidatos vinculados al crimen organizado. Pero por desgracia, tal influencia no se limita únicamente a ciertas regiones del país. Según el Instituto Peruano de Economía, las economías ilegales y criminales generan anualmente diez mil millones de dólares, que se integran a la economía formal a través de diversas modalidades de lavado de activos. Este proceso, facilitado por nuestras debilidades institucionales y la corrupción endémica, fortalece a las organizaciones criminales, permitiéndoles infiltrarse en sectores clave como los negocios y la política, incrementando significativamente su poder e influencia.
De manera ostensible y descarada, la crimilegalidad campea a sus anchas en las más altas esferas de gobierno del país. El Congreso y el Ejecutivo no solo omiten combatir la ilegalidad, sino que la alientan y protegen, al tiempo que infiltran y neutralizan las instancias encargadas de la lucha contra el crimen y la protección de los ciudadanos. Leyes y normas espurias en favor de la impunidad son promulgadas de manera compulsiva, en lo que a todas luces constituye un plan concertado y estructurado para entregar los espacios del país a las grandes organizaciones criminales, como ha señalado el exprocurador José Ugaz, experto en lucha contra la corrupción. Sin duda, la ejecución y consolidación de esta estrategia mafiosa se extenderán más allá de 2026, poniendo en el foco de los grupos involucrados las elecciones del próximo año, que definirán, de manera determinante, nuestro futuro como sociedad. ¿Estamos en condiciones de hacer frente a esta amenaza?
