[ENTRE BRUJAS] Noviembre es un mes de memoria, lucha y compromiso por los derechos de las mujeres. Cada 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres nos recuerda que la violencia machista persiste como una de las formas más graves de desigualdad y discriminación. En esta fecha conmemoramos a las hermanas Mirabal, tres mujeres dominicanas asesinadas por resistir la dictadura de Rafael Trujillo en 1960, cuyo legado se convirtió en símbolo universal de resistencia frente a la opresión patriarcal.
Más de sesenta años después, la violencia contra las mujeres persiste como uno de los principales problemas sociales y de derechos humanos en el país. Según datos del Portal Estadístico del Programa Nacional Aurora (Warmi Ñan), entre enero y septiembre de 2025 se registraron 114 feminicidios, 211 tentativas de feminicidio, 24 231 casos de violencia sexual y 47 346 casos de violencia física en todo el Perú.
Estas cifras reflejan la magnitud de una crisis estructural que el Estado aún no logra enfrentar con eficacia ni con un enfoque de igualdad y derechos.
El mes de noviembre no solo nos invita a conmemorar, sino también a exigir políticas públicas integrales que garanticen la prevención, atención, sanción y reparación frente a todas las formas de violencia. La erradicación de la violencia contra las mujeres no puede entenderse al margen de la defensa de la democracia y los derechos fundamentales. Una sociedad que tolera la violencia y la impunidad erosiona sus cimientos democráticos, porque la igualdad y la no discriminación son principios inseparables de un Estado de derecho.
Sin embargo, en el Perú, la agenda por los derechos de las mujeres parece haber perdido relevancia. Los discursos conservadores se expanden en el debate público, impulsando narrativas que niegan los avances alcanzados en décadas de lucha feminista. Un ejemplo preocupante es el Proyecto de Ley Nº 11561/2024-CR, impulsado por el partido Renovación Popular a través del congresista Alejandro Muñante, que propone incorporar el artículo 402-A al Código Penal para sancionar las supuestas denuncias falsas en casos de violencia familiar.
Lejos de fortalecer el acceso a la justicia y combatir la impunidad, esta iniciativa criminaliza a las denunciantes, deslegitima las denuncias y reinstala la sospecha sobre las víctimas.
A ello se suman otras iniciativas legislativas regresivas, como la Ley N.º 32301 (Ley APCI), que modifica el marco de la cooperación internacional en el país y amplía las facultades del Estado para supervisar y controlar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Diversas instituciones y colectivos han advertido que esta norma podría restringir la autonomía de las organizaciones y limitar su capacidad para brindar acompañamiento y acceso a la justicia a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia. De concretarse, estos efectos representarían un grave retroceso democrático y una amenaza directa a la defensa de los derechos humanos en el Perú.
Estos ataques no son hechos aislados. Forman parte de una tendencia regional y global que busca socavar los compromisos en materia de derechos humanos, restringir la autonomía de las mujeres y debilitar los mecanismos de protección.
Frente a ello, defender los derechos de las mujeres es también defender la democracia: ambas luchas son inseparables.
Noviembre, entonces, no debe ser solo un mes conmemorativo, sino un recordatorio de que los derechos conquistados pueden perderse si no se defienden. En tiempos de retrocesos, el feminismo sigue siendo una fuerza ética y política que interpela al poder, exige justicia y recuerda que la igualdad no puede esperar.
