[OPINIÓN] Hubo un tiempo en que INDECOPI se presentaba como el caballero de armadura brillante que rescataría al indefenso consumidor del dragón empresarial. Hoy, ese caballero cambió el caballo por una calculadora y el un POS. Ya no protege: factura. Y lo hace con el entusiasmo de quien ha encontrado en la multa el nuevo petróleo nacional.
El caso de la comunicadora Luz Amelia Cárdenas es un ejemplo digno de estudio: pierde más de diez mil dólares por un hackeo bancario, la entidad financiera se hace la distraída… y ¿qué hace INDECOPI? Multa a la caja municipal, posa para la foto y se va a almorzar. La afectada, en cambio, sigue esperando que alguien le devuelva su dinero. Moral de la historia: INDECOPI sí cobra, pero no resarce ni obliga a resarcir.
Lo mismo sucede con aerolíneas, colegios y farmacias. ¿Los usuarios reciben compensación? Ni un sol. ¿INDECOPI cobra? Siempre. El escándalo no es solo lo que hace, sino lo que no hace: sanciona sin reparar, acusa sin resolver, presume de cifras pero es incapaz de devolverle al ciudadano lo que perdió.
Y no hablamos de un ente “excesivamente estricto”. No. Esto es otra categoría: la del cobrador del peaje de la moral pública, que cobra por adelantado y nunca entrega el servicio. Se ha judicializado su comportamiento y los tribunales ya le han bajado el dedo varias veces: por violar el debido proceso, por excederse en sus funciones, por inventarse criterios tan creativos como ilógicos. Porque cuando un organismo se convierte en juez, parte, policía, recaudador y vocero político a la vez… ya no regula: amenaza.
Es momento de recordar lo obvio: INDECOPI no fue creado para llenar las arcas del Tesoro ni para castigar al que genera empleo. Su tarea original era proteger al ciudadano, no usarlo como excusa contable.
Hoy, el consumidor no es el centro: es el pretexto. Y el sector productivo no es supervisado: es intimidado.
Si el gobierno habla en serio de reactivación económica, tendrá que empezar por algo simple pero urgente: devolverle a INDECOPI su brújula institucional. Porque un país donde el regulador vive de la multa… es un país donde la justicia se volvió negocio.
