Si, como todo hace esperar, la candidatura de Daniel Salaverry se ve duramente afectada por la inmoralidad cometida por Martín Vizcarra cuando fue presidente de la República, al asegurarse para él y su esposa una vacuna china, a despecho de la angustia de millones que esperan por lo mismo, y manteniendo en sospechoso secreto la operación, el tablero electoral puede tener un ligero, pero significativo movimiento.

 

Según la última encuesta del IEP, entre la segunda (Verónika Mendoza) y el octavo (Daniel Salaverry), no hay ni seis puntos de diferencia. Salaverry tiene 4% de intención de voto en Ipsos y 2.5% en IEP. Si se produce un trasvase de sus votos, los beneficiarios van a tener un envión que puede ser determinante.

 

¿A quiénes podrían ir los votos de la dupla Salaverry-Vizcarra? Forsyth -que venía cayendo- forma parte del probable pelotón de receptores. Verónika Mendoza o Keiko Fujimori difícilmente recibirán votos de quienes están en orillas divergentes o son archienemigos, respectivamente.

 

Lescano, con 7.1%, De Soto con 5.6%, Guzmán con 4.6 o hasta el propio Ollanta Humala, con 2.8% podrían recibir el endose de quienes puedan resultar decepcionados del affaire Vizcarra.

 

Mañana domingo sale la encuesta de Ipsos, pero no parece técnicamente probable que sus fechas de medición incluyan el “vacunagate”, así que el efecto migratorio recién se verá a mediano plazo.

 

Nada está dicho aún. En la izquierda la disputa es entre Verónika Mendoza y Yonhy Lescano, en el centro entre George Forsyth, Julio Guzmán. Ollanta Humala y Daniel Salaverry (centro para el imaginario popular, porque en verdad son candidatos de centroderecha o derecha) y en la derecha la cosa va entre Keiko Fujimori, Hernando de Soto y Rafael López Aliaga. En el ala populista light anda César Acuña y en el populismo duro Daniel Urresti.

 

En una campaña tan desabrida ideológicamente (lo que resulta increíble dada la magnitud de la crisis y el impulso que ello debiera dar a debates de fondo), va a depender de un gazapo (como el de Vizcarra), una frase feliz o desafortunada, un traspiés del propio candidato o de algún allegado relevante, de una denuncia periodística, de una buena o mala entrevista, de una afortunada campaña publicitaria. El tablero va a seguir moviéndose.

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No nos equivoquemos ni nos dejemos confundir. Detrás del intento de censurar a la ministra de Salud Pilar Mazzetti, hay un claro afán de desestabilizar al gobierno y eventualmente -si logran las fuerzas suficientes- de destituir al presidente Sagasti.

 

La actual ministra no tiene vela en el escándalo de la vacunación vergonzosa del expresidente Vizcarra, por más que lo haya sido durante ese momento. Ya lo aclaró (aunque sí haría bien en averiguar quiénes formaron parte de la voceada lista de privilegiados que lograron acceder fraudulentamente a la presunta “cortesía” del laboratorio chino), pero eso no parece importarle a quienes promueven su censura.

 

Algunos podrán pensar que resulta paranoico especular sobre algún propósito vacador. No lo es. Esta coalición necesita un par de semanas en el poder para lograr varios cometidos: tirarse abajo la ley universitaria y la Sunedu, permitiendo el regreso de las universidades truchas; desmontar los procesos anticorrupción en los que algunos de los titiriteros de estos partidos están comprometidos; controlar los organismos electorales y propiciar un resultado en las urnas fraudulento.

 

Recordemos cuáles fueron las primeras tres acciones del gobierno de Merino: citar de urgencia al jefe de la Sunedu, admitir a trámite un amparo de Telesup, intentar despedir a un procurador anticorrupción y ordenar a los periodistas del canal estatal que se alineen a los propósitos oficialistas. Clarísimo el talante antidemocrático e irregular.

 

Eso es lo que quieren y para ello necesitan tan solos unas semanas en el poder. Los avala una tradición de infiltración de todos los poderes del Estado a su alcance y suponen que con el Ejecutivo en sus manos podrán hacer lo que les venga en gana (inclusive, de considerarlo necesario, aplazar las elecciones hasta que llegue el momento que ellos consideren propicio para sus pretensiones).

 

No soy defensor de Mazzetti. La considero corresponsable del desmadre de su sector, de la falta de camas UCI, oxígeno y demora en la llegada de las vacunas. Sagasti nunca debió extenderle su mandato. Pero el intento de censura no obedece a ello sino a una falsa imputación a la que claramente se le ve el fustán desestabilizador.

 

Los sectores civiles y políticos democráticos deben estar vigilantes para impedir que la recompuesta coalición vacadora vuelva a hacer de las suyas.

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Ojalá el pueblo reaccione y castigue con severidad electoral a un candidato impresentable como es el exmandatario Martín Vizcarra. El incidente de la vacuna china que se hizo colocar junto a su cónyuge, en su calidad de gobernante, lo pinta de cuerpo entero: taimado e inescrupuloso.

 

Claramente no fue ningún voluntario, aprovechó su cargo y, lo que es más grave, si efectivamente quería sumar esfuerzos para que la vacuna se probase en el país, bien pudo hacerlo público y así animar a más compatriotas a hacerlo. El secretismo con que lo ha manejado demuestra claramente lo turbio de la decisión.

 

Lo único bueno que hizo Vizcarra durante su gobierno fue disolver el facineroso congreso fujiaprista, que de prosperar en sus propósitos hubiera llevado al país al abismo y provocado un incendio político de tal envergadura que hoy cosecharían electoralmente fuerzas radicales y disruptivas.

 

Fuera de eso su gestión ha sido un desastre, siendo el ejemplo más palmario el manejo de la pandemia. Condujo al país a una cuarentena irreflexiva, populachera e inútil, que no solo no contuvo el ciclo natural del virus sino que produjo un colapso de la economía. Y se desentendió por completo de la búsqueda de oxígeno, camas UCI y, por cierto, del aseguramiento de las vacunas.

 

La propia reforma política, que despertó tanto entusiasmo termino siendo mediatizada por su intervención demagógica de prohibir la reelección de los congresistas. No le interesaba la reforma sino tan solo confrontar con el Congreso, como recurso de popularidad.

 

No sorprende por eso creer que haya sido beneficiario de una jugarreta del Jurado Nacional de Elecciones para poder seguir en carrera, como ha sido denunciado por el periodista Ricardo Uceda, haciendo la salvedad de que nos parece bien que siga en la contienda, pero como también debieron seguir otros (APRA, listas del PPC y demás) que han sido apartados por un JNE allí sí riguroso e intransigente.

 

Vizcarra no merece entrar al Congreso para asegurarse cierta inmunidad que le permitiría blindarse de los serios procesos de corrupción que se le siguen, acusado de haber recibido millonarias coimas por obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Merece sentarse en el banquillo de los acusados, no en una curul.

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El tamaño de la crisis que vivimos, que no es sólo sanitaria sino también económica (producto de las cuarentenas) y política (que ya se arrastraba desde la explosión Lava Jato), nos hacía pensar que esta campaña electoral iba a ser pródiga en propuestas ideológicas, fundacionales o refundacionales, dado el caso, capaces de movilizar la conciencia de los electores.

 

No es así, increíblemente. No pasamos de un torneo estéril de ver quién ofrece más bonos, más empleos y más mano dura. Uno y otro candidato se esmera en tratar de recoger una u otra de esas ofertas buscando así congraciarse con lo que entienden son las mayores demandas populares.

 

Lo cierto es que el total de candidatos no está recogiendo de verdad la expectativa ciudadana. Cuando, según la encuesta del IEP, se le pregunta a los encuestados, sin mostrarles una lista de opciones, por quién va a votar, un terrible 74% no elige a nadie. La desafección cívica respecto del elenco estable de candidatos es gigantesca.

 

Y ello pasa, creemos, en gran medida, porque no se están brindando narrativas capaces de convencer a los peruanos de que saldremos del hoyo en el que nos encontramos. Apenas la izquierda pergeña alguna propuesta alrededor de su planteamiento de nueva constitución y merece tímida respuesta de la derecha fujimorista.

 

No hay más. No es casual, en ese sentido que encabece escualidamente las encuestas alguien que como George Forsyth representa al anticandidato ideológico, una cima de lugares comunes y propuestas sin sustento.

 

Esta campaña va a calentar no a punta de puyazos o memes, o videos llamativos, sino cuando algún candidato decida romper el tabú de que con ideas no se gana electores. El momento crítico que pasamos hará que cualquier propuesta orgánica de gobierno, con planteamientos en materia económica, política, sanitaria, educativa, de seguridad, etc., cuaje.

 

Ojalá algún candidato se anime a hacerlo y genere, por ende, un efecto multiplicador. Verá cómo obtiene buenos resultados. Ideas claras y atractivamente presentadas pueden ser dinamita pura en esta elección aguachenta. Sería terrible que elijamos en las elecciones del bicentenario y en medio de la peor crisis en más de un siglo, a quien haga de la inercia del marketing su estrategia de campaña.

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No se aprecia en ninguno de los candidatos de la derecha propiamente dicha (Keiko Fujimori, Hernando de Soto o Rafael López Aliaga) un énfasis correcto en sus fundamentos ideológicos.

 

De acuerdo a las encuestas, la derecha se ha ido empequeñeciendo paulatinamente en los últimos años. Mantiene una mayoría relativa, si se considera que buena parte de quienes se definen de centro en verdad son derechistas culposos, pero ella es cada vez menos significativa. Con mayor razón, requiere que sus candidatos subrayen sus pareceres ideológicos para capturar su propio nicho y poder pasar así a la segunda vuelta.

 

Puntualmente hablando, luego de la pandemia crítica -es decir, cuando un buen porcentaje de peruanos ya esté vacunado- el país va a requerir un shock capitalista que acelere el normal flujo de inversiones privadas. Sin hacer nada, el Perú puede crecer a tasas de alrededor del 4%, pero necesitamos hacerlo a 6 o 7% sostenidamente.

 

Debiera servir esta ocasión para aprovechar de proponer la ruptura de todos los nudos y amarres mercantilistas (privilegios tributarios, excepciones reglamentarias, favorecimientos presupuestales) de los que gozan sinfín de empresarios, para construir un capitalismo realmente competitivo, una economía de mercado cabal.

 

A la vez, que se diga abiertamente cuán necesario es desmontar algunos tabúes sociales, como que la inversión minera es mala o que la sobreprotección laboral es buena. Y en medio de esa batalla, apostar de una vez por todas por eliminar por completo el Estado empresario (Petroperú y Sedapal, principalmente) que tanto daño le sigue haciendo al país.

 

No se oye padre, sin embargo, en las filas de la derecha. Solidarios en la timidez, han hecho de sus respectivas campañas una carente de ideas y propuestas, dejándole el camino servido a la izquierda que con su letanía de cambio de Constitución y de modelo económico ha logrado convertir su mensaje en el centro de la discusión.

 

A este paso, que no nos extrañe una segunda vuelta a lo Ecuador, con Yonhy Lescano definiéndola con Verónika Mendoza. La derecha tiene tras suyo el inmenso activo de haber sacado a millones de peruanos de la extrema pobreza y de haber reducido la desigualdad, con un modelo basado en una parcial economía de mercado. Si no es capaz de defenderlo y proponer su profundización antes que se reversión, estará perdida en las urnas.

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Ojalá la llegada del primer lote de vacunas y el compromiso firme de que llegarán pronto más, suponga un envión anímico para el país y le sirva de reenganche político al gobierno de Sagasti, que no ha hecho méritos para el duro castigo que las encuestas le han propinado luego de tres meses de gestión.

 

Lo del IEP suena a descalabro. Caer en los niveles de aprobación de 58% a 21% es un cataclismo. No hay antecedente en la historia política peruana -desde que se hacen encuestas- de un desplome semejante. Lo mismo sucede con la desaprobación. Pasa de 35% a 67% entre diciembre y enero.

 

Para ser justos, no lo merece Sagasti. Ha logrado conformar un gabinete solvente. Con pocas excepciones, son ministros capacitados para el cargo que desempeñan. Hay algunos morados a su alrededor pero no se le puede acusar de haber constituido un gabinete partidarizado. Por el contrario, es un consejo de ministros de ancha base y convocatoria amplia.

 

Lo que resalta son errores de comunicación severos. Dichos y desdichos, seguramente de buena voluntad, pero letales a la hora de construir confianza ciudadana. Falta de timing en muchos casos, expresiones desafortunadas en otros, pueden ayudarnos a explicar de algún modo el desenlace comentado.

 

Pero, sin lugar a dudas, la mayor factura que está pagando el régimen es el inmenso pasivo dejado por un gobernante mediocre y taimado como Martín Vizcarra, quien junto a sus ministros de Salud (Pilar Mazzetti incluida), se desentendieron puniblemente del tema de las vacunas, de la provisión de oxígeno, de la habilitación de camas UCI, de todos los problemas sanitarios con los que su sucesor hoy tiene que lidiar con la premura feroz de la segunda ola.

 

Vizcarra tiene el cuajo encima de criticar al gobierno o de atribuirse los logros. No ha encontrado respuesta del gobierno y quizás sea mejor así. Lo último que el país requiere en estos momentos es el fuego cruzado de Sagasti con Vizcarra y a lo mejor es algo que el segundo busca, cínico como es, para reforzar una candidatura que hasta el momento no prende.

 

Hacemos votos porque continúe fluidamente la llegada de vacunas, amaine la irritación ciudadana, se reestablezca la confianza con el gobierno y éste pueda llegar en buen pie a julio y entregar la posta a quien resulte electo, evitando así el asalto que la mafiosa coalición vacadora seguramente prepara so pretexto del problema pandémico que nos asola.

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Cuando Verónika Mendoza y junto con ella connotados líderes e intelectuales de la izquierda arremeten contra el Banco Central de  Reserva y su presidente Julio Velarde, en particular, no solo cometen un acto de injusticia sino que ponen de relieve cuáles con sus reales intenciones de política monetaria y fiscal en caso de hacerse del poder.

 

“La inflación más baja de América Latina en los últimos 20 años, desdolarización gradual exitosa, respuestas oportunas a las crisis, meritocracia que ya quisieran tener otras entidades y un presidente como Julio Velarde que prestigia al Perú”, les ha respondido con propiedad el economista Luis Alberto Arias, a quien no se le puede acusar de ser parte de un colectivo de derecha ni mucho menos. Pero los logros señalados parece que a la izquierda nativa le parecen irrelevantes.

 

Ella no parece haber entendido que el equilibrio macroeconómico no es de izquierda ni de derecha sino que es un lecho rocoso del cual el país no debería apartarse nunca, si quiere mantener la curva de crecimiento y de reducción de la pobreza y las desigualdades, como ha sucedido en líneas generales las últimas tres décadas.

 

La heterodoxia monetaria es el camino seguro a la inflación y a la recesión, y, por ende, al perjuicio para los más pobres del país. A la izquierda no se le teme porque le vaya a quitar privilegios a los ricos o porque, por fin, vaya a hacer justicia para los sectores populares. Habrá quizás algunos acomodados que se asusten por ello, pero son irrelevantes, social y políticamente hablando.

 

El mayor temor que provoca la izquierda peruana se debe a que sus propuestas económicas son garantía de un desastre como el que asola a países ricos como Venezuela o Argentina, ejemplos cercanos.

 

Claro está que la derecha económica no necesariamente es garantía de equidad. Al ser predominantemente mercantilista y no liberal, produce crecimiento, pero lo concentra en una minoría. Y en el caso peruano a ello le ha sumado un descuido histórico del sector público, sobre todo en materia de salud y educación, factura que hoy estamos pagando con creces.

 

Pero la izquierda tradicional es peor que la derecha mercantilista, porque igual resulta inequitativa, pero además empobrece aún más a los sectores populares.

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El comunicado de la Embajada de los Países Bajos respecto del transporte de las vacunas es muy discreto y sutil, pero claramente está desmintiendo al gobierno respecto de que haya sido la aerolínea connacional KLM la responsable del retraso logístico del tema. Si aquel no fuese tan diplomático dejaría en muy mal pie al gobierno y de hecho constituiría un torpedo político para un régimen que ya se encuentra duramente golpeado ante la opinión pública (según el IEP ha sufrido un desplome en sus niveles de aprobación del 58 al 21%).

 

La imagen que se le está endosando al gobierno por parte de sus adversarios es de que es izquierdista, primero, y de que es inepto, segundo. Lo primero es un disparate que solo la extrema derecha puede afirmar y creer, pero lo segundo sí está arraigando paulatinamente en la población, sobre todo por la demora en proveer la llegada de las vacunas y en la capacidad logística para manejar el tema de las camas UCI y la cobertura de oxígeno.

 

No se entiende la poca claridad del Ejecutivo respecto del tema de la llegada de las vacunas. ¿Los guía una desesperación tan extrema que los hace capaces de decir medias verdades en tema tan delicado? El país no necesita de mentiras piadosas.

 

No extrañaría que reverdezcan los pedidos de vacancia contra el Presidente, so pretexto de su aparente inutilidad para manejar la pandemia (no es excusa que gran parte de los pasivos y errores provengan de la gestión de Vizcarra, menos aún si la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, fue parte de la gestión cuestionada, y ha sido mantenida en el cargo por Sagasti).

 

Tampoco es atenuante la constatación del inútil y paquidérmico Estado peruano, que no sirve prácticamente para nada y vive dominado por la inercia burocrática y la indolencia administrativa. Si hay propósito de sacar algo adelante pues se patean puertas y se empujan los obstáculos hasta lograr el cometido. Nadie en su sano juicio va a esperar a que algún iluminado empiece la ansiada reforma del Estado.

 

El anuncio de hoy a inicios de la tarde de que se ha firmado contrato con Pfizer se desdibuja cuando se conoce la mísera cuota de vacunas que nos llegará en marzo y abril de dicho laboratorio y nuevamente pone en entredicho a un gobierno que suma a dudas sobre su eficacia, una pésima estrategia comunicativa.

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La única manera de zanjar el debate que se ha generado alrededor de las AFP, a propósito de un proyecto de ley de la congresista Carmen Omonte, pasa por recuperar la libertad de los afiliados de disponer de sus fondos en el momento que lo deseen, y aún antes, de decidir si quieren o no ahorrar para recibir una pensión futura.

Lo hemos sostenido desde hace muchos años. El sistema, tal cual está diseñado, supone un trasvase millonario de rentabilidades de la clase media a favor de los cuatro o cinco grupos empresariales que controlan las AFP.

Mucho mayor rentabilidad futura (para los tiempos de jubilación), logra un ciudadano invirtiendo en salud, educación o bienes inmuebles, que dejando una parte importante de su remuneración en una AFP, que si bien le otorga una buena rentabilidad en ningún caso será superior a la que le brindará su propia cartera de inversiones en las materias señaladas (por ejemplo, en una mejor educación para sus hijos).

Para evitar un daño social significativo, el Estado deberá brindar una pensión de sobrevivencia a las personas que luego de jubilarse no tengan capacidad alguna de subsistencia -como funciona hoy Pensión 65-, pero el resto -la inmensa mayoría- debe tener la libertad de decidir si le quitan de la ONP o de la AFP una parte de su sueldo para asegurarle una pensión.

Hecho ello, dispuesta esa libertad, se verá cómo inmediatamente las AFP, de la noche a la mañana, sin ninguna coacción regulatoria de por medio, aseguran menores comisiones, mayor rentabilidad y, por ende, mejores pensiones. Cuando no tengan un mercado cautivo, que no requiere esfuerzo alguno en conquistar y mantener, encontrarán la manera de hacer atractivo un producto que hoy en día solo causa irritación en la ciudadanía (por eso, el 95% de los afiliados ha retirado el total de sus fondos cuando ha podido hacerlo).

De paso, a ver si tanto entusiasta libertario por interponer recursos legales contra la cuarentena light que nos han impuesto o marchar contra ella, también se anima a hacer lo propio en contra de un sistema que coacta groseramente nuestra libertad de elegir cómo aseguramos el bienestar para nuestra futura ancianidad.

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