[INFORME] Una visita de control encendió las alarmas sobre el presente del Fondo Editorial del Congreso al encontrar irregularidades en los registros. Sudaca pudo revisar este documento que habla de posibles pérdidas de bienes y acusa un desorden administrativo.
Aunque su accionar en el hemiciclo los ha mantenido bajo la mirada crítica de la población desde el primer día que llegaron al Palacio Legislativo, eso nunca logró persuadir a las bancadas de mayor peso en sus intenciones de sacar el mayor provecho posible a este periodo de cinco años y favorecer a los intereses de los líderes de sus partidos y de los propios parlamentarios.
Pero este aprovechamiento no solamente se vio en los proyectos de ley que los congresistas aprobaron. Durante estos años, la repartición de jefaturas y oficinas del Congreso fue lo menos discreta posible y aquellas agrupaciones políticas con más influencia en el Legislativo, como Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso, lograron acomodar a sus aliados en diversos cargos sin importar si sus credenciales justificaban dicho nombramiento.
En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a un documento de la Contraloría en el cual se evidencian las consecuencias de haber entregado puestos importantes a personas que no estaban capacitadas para ello y que no han podido mejorar la situación de los sectores que se les encargó.
OTRA VEZ EL FUJIMORISMO
Hace casi tres décadas, el Fondo Editorial del Congreso surgió como un órgano que tendría a su cargo la publicación y difusión de libros relacionados con la historia, la identidad y el escenario social del Perú. Acorde a lo que indican en su propia página web, entre sus funciones también se incluye el ofrecer “trabajos clásicos del pensamiento peruano y difunde estudios sobre la realidad nacional”.
Sin embargo, lejos de recurrir a un historiador o bibliotecólogo para la jefatura del Fondo Editorial, Patricia Juárez, congresista que ocupaba la primera vicepresidencia en septiembre del 2024, decidió que la mejor opción para dicho puesto era Karina Beteta Rubín, quien casualmente es una exparlamentaria de Fuerza Popular y ahora recibe un sueldo de casi veinte mil soles gracias a su compañera de partido.
En este punto es preciso señalar que el Fondo Editorial del Congreso no ha tenido el mejor manejo en lo que respecta a su inventario y las recientes gestiones no lo han podido solucionar. Acorde a un acta de conciliación que data de febrero del año 2025, se pudo encontrar que hasta esa fecha existían 5,362 libros faltantes y 3,775 sobrantes.
Según dicho documento, en el manejo de productos destinados para la venta que tiene a su cargo el Fondo Editorial, como libros, discos y folletos, se había observado una gestión deficiente. “Registros contables que no reflejan la realidad” y “debilidad en los procesos operativos” son algunos de los serios cuestionamientos que llevaron a que se hable de un desorden administrativo.
Estas notorias diferencias ponen al descubierto que, según lo señalado por el propio documento de la Oficina de Auditoría Interna del Congreso, en el Fondo Editorial del Congreso se podría haber producido una pérdida de bienes así como compras, ventas y devoluciones que no fueron registradas.
FONDO EDITORIAL NARANJA
Cabe señalar que no es la primera vez que el fujimorismo coloca a una de sus integrantes al frente del Fondo Editorial del Congreso. Antes de la llegada de Beteta Rubín en septiembre del 2024, este puesto lo ocupaba Milagros Takayama, otra exparlamentaria de la agrupación de Keiko Fujimori.
Además, tal como lo reveló un informe del diario La República en enero del 2025, son varias las jefaturas que, durante el actual periodo, han caído en manos de militantes, candidatos y trabajadores del partido naranja. Por ejemplo, Diethell Columbus, quien ha sido congresista de Fuerza Popular y volverá a postular en las elecciones del presente año, fue nombrado jefe del Departamento de Biblioteca del Congreso.
En esta lista también apareció la excongresista naranja Milagros Salazar, a quien se le encargó la Oficina de Participación Ciudadana y Wilfredo Ponce de León Pandolfi, quien ha sido abogado de Fuerza Popular al mismo tiempo que ocupaba el cargo de jefe de la Asesoría Jurídica del Congreso.
Los orígenes del Fondo Editorial del Congreso se encontraron estrechamente vinculados con una figura fujimorista como la de Martha Hildebrandt, pero hoy, paradójicamente, es el propio fujimorismo quien está a cargo y no ha logrado corregir estos problemas. Por el contrario, pareciera sólo ver en el cargo de jefe del Fondo Editorial la posibilidad de mantener a sus excongresistas entretenidos con un generoso salario.
Karina Beteta Rubín, actual jefa del Fondo Editorial del Congreso, se comunicó con Sudaca para señalar que su gestión, que empezó en octubre del año 2024, no ha sido responsable de estas diferencias de inventario que “corresponden a situaciones administrativas acumuladas durante varios años” y que también se reportaron durante las gestiones de Milagros Takayama, Carlos Cabanillas y Ricardo Vásquez Kunze.
La excongresista indicó, además, que si bien en el informe de visita de control realizado durante 2025 también se reportaron 650 libros faltantes, durante esta verificación omitieron revisar otros almacenes físicos y virtuales a cargo del Fondo Editorial del Congreso en los cuales se pudo acreditar la existencia de estos libros faltantes.
A continuación, publicamos el descargo que Karina Beteta Rubín, jefa del Fondo Editorial del Congreso, envió a este medio.
CARTA DE DESCARGO Y SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN
Lima, 16 de enero, 2026
Señor:
Juan Carlos Tafur
Director del Portal Digital SUDACA
Con atención: Sr. Cristian Rebosio (periodista del portal digital SUDACA)
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con la finalidad de expresar mi enérgico rechazo y subsanar la evidente falta de prolijidad en el desarrollo de la investigación periodística liderada por el Sr. Rebosio. Es importante señalar que, de su parte, no recibí comunicación alguna que me brindara la oportunidad de contrastar la información antes de su publicación. Esta omisión vulnera el principio fundamental de réplica y el propio decálogo de ética de su medio, porque más allá del natural sesgo que acompaña al redactor de cualquier artículo, en este caso han omitido buscar los descargos de los personajes, instituciones o empresas que son acusados de algún delito o mala práctica. No hacerlo es una falta grave a su labor.
El informe publicado se sostiene sobre tres premisas tendenciosas: el cuestionamiento a mi idoneidad como gestora pública, la supuesta desaparición de 5,000 libros y un presunto desorden administrativo, con el claro objetivo político de mellar la imagen de mi partido, Fuerza Popular, y mi candidatura actual.
Al respecto, debo precisar lo siguiente:
- Sobre el alcance real del Informe de Visita de Control N.° 027-2025-OAI/3346-SVC
El informe citado en su nota corresponde a una Visita de Control, instrumento cuyo propósito es identificar situaciones adversas para su corrección o mitigación, y no determinar responsabilidades funcionales o personales.
El referido informe:
No atribuye responsabilidad administrativa, civil ni penal a funcionario alguno.
No identifica perjuicio económico al Estado.
No individualiza conductas ni califica actos de gestión como irregulares o ilícitos.
Por tanto, cualquier atribución personal de responsabilidad no deriva del contenido del informe, sino de una interpretación externa que excede su alcance técnico.
- Sobre la imputación temporal del problema a mi gestión
Mi designación como jefa del Fondo Editorial del Congreso se produce en octubre de 2024.
Las diferencias de inventario observadas en la Visita de Control no se generan durante dicho periodo, sino que corresponden a situaciones administrativas acumuladas durante varios años.
Ello se encuentra acreditado documentalmente en:
Actas de conciliación de inventarios de los años 2018, 2021, 2022 y 2023, en las que ya se consignan diferencias entre inventario físico y Kardex contable. (ANEXOS)
El Informe de Estado Situacional N.° 152-2022-FEC, elaborado al inicio de la gestión anterior, que reconoce expresamente:
Falta de control integral de inventarios.
Consignaciones sin rendición.
Donaciones sin descargo contable oportuno.
Diferencias consolidadas de stock.
Estos documentos preceden ampliamente a mi gestión y demuestran que el problema no se origina ni se crea en el periodo que me corresponde.
- Sobre la atribución personal contra mi persona
Su nota establece una relación directa entre las observaciones del informe y mi persona, sin precisar que:
El Kardex contable es heredado y no se reinicia con cada cambio de gestión.
Los saldos observados corresponden a ejercicios anteriores, reconocidos formalmente por la propia entidad.
La Visita de Control no formula imputación personal alguna, ni siquiera de carácter preliminar.
Desde el punto de vista administrativo, no es correcto atribuir a un funcionario la generación de diferencias históricas que ya se encontraban registradas y documentadas al momento de asumir funciones.
- Sobre el uso del dato del “4 %”
El porcentaje consignado en su nota no representa la existencia real de los bienes del Fondo Editorial, sino el nivel de coincidencia exacta entre el Kardex contable y una verificación física parcial.
El propio Informe de Visita de Control reconoce la existencia de: Sobrantes. Faltantes.
Almacenes y modalidades de distribución no consideradas inicialmente (donaciones, consignaciones, derechos de autor, canjes y depósitos legales).
Por tanto, presentar dicho porcentaje como si implicara la inexistencia material de los bienes no se ajusta al contenido del informe técnico.
- Sobre los ingresos por venta de libros
El informe citado verifica expresamente que los ingresos revisados:
Fueron depositados en el Banco de la Nación.
Cuentan con comprobantes y registros de venta.
No existe en el informe observación alguna referida a apropiación indebida, malversación o uso irregular de recursos públicos, ni referencia a conductas atribuibles a mi gestión.
- Sobre la oportunidad de la Visita de Control
La Visita de Control se produce como consecuencia de la activación de procesos de conciliación y revisión integral de inventarios, orientados precisamente a ordenar situaciones heredadas y no depuradas.
La identificación de brechas responde a la decisión de revisar exhaustivamente la información existente, y no a la generación de nuevas irregularidades durante mi gestión.
- Precisión final
En atención a lo expuesto, considero necesario dejar constancia de que:
El informe citado no atribuye responsabilidad personal.
Las observaciones corresponden a situaciones históricas documentadas.
La vinculación directa de dichas observaciones con mi persona no se sustenta en el contenido del informe ni en la documentación administrativa existente.
La información que respalda este descargo se encuentra debidamente documentada y a disposición para su verificación.
Cuando la labor periodística carece de rigurosidad en la verificación de información, se convierte en una herramienta de difamación. Por ello, exijo que se sirvan considerar los documentos que adjunto a la presente para rectificar las afirmaciones vertidas. Quedo a su disposición para explicar a detalle los pormenores técnicos de este caso y demostrar que mi gestión ha sido la que, finalmente, está poniendo orden en el Fondo Editorial.
La verdad debe prevalecer sobre los titulares sensacionalistas por el bien del debate democrático y la unión de nuestro País.
En ese sentido, corresponde señalar que la atribución personal que se realiza en su nota, afecta mi honor y reputación profesional como funcionaria pública, al presentar como hechos imputables afirmaciones que carecen de sustento técnico.
Por lo expuesto, solicito que dicho contenido sea retirado, a fin de que la información difundida se ajuste al alcance real del informe citado y no continúe reproduciendo imputaciones personales que no han sido formuladas por ningún órgano de control.
Atentamente,
Karina Juliza Beteta Rubín
Jefa del Fondo Editorial
Congreso de la República del Perú
