[INFORME] La justicia peruana vuelve a mancharse ante una insólita demora para sancionar a una magistrada que mantuvo reuniones con un empresario que, mediante sobornos, buscó torcer sus decisiones a su favor en un caso que involucra una venta fraudulenta y varias reuniones con los involucrados.
Meses atrás, Sudaca dio a conocer los detalles del caso que involucraba al empresario Aniceto Argüelles en los cuales se exponía que el fundador de Industrias Argüelles había reconocido ante la justicia que intentó sobornar a una jueza luego que se complicara su situación legal debido a que su empresa adquirió un terreno de diez mil hectáreas con documentos falsos.
Sin embargo, hasta la fecha y pese a que la propia División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) realizó un cuidadoso seguimiento a las reuniones de Argüelles y sus allegados con esta jueza, la sanción todavía no llega y se despiertan justificadas sospechas y críticas a la justicia.
PRUEBAS CONTUNDENTES
Roxana Becerra Urbina es el nombre de la magistrada que, según la investigación llevada a cabo por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), se reunió en más de una oportunidad con el empresario Aniceto Argüelles cuando este buscó torcer su decisión a su favor en el caso que lo involucraba.
Los datos que se pudieron recabar en estas investigaciones expusieron que Becerra Urbina se reunía con Argüelles en un restaurante ubicado en el distrito de San Martín de Porres en el año 2019. Pero también sostenía encuentros con una persona identificada como Silvio Muñoz Villanueva, quien fue considerado en este caso como un operador de Aniceto Argüelles.
El tema a tratar en estos encuentros habría sido la compra de terrenos que le pertenecían a la magistrada y su familia por precios inflados, acorde a lo señalado por la propia Fiscalía. Una de estas compras tuvo lugar en noviembre del año 2019 cuando Becerra le vente a una persona cercana a Argüelles las acciones y derechos de un terreno ubicado en Canta por el monto de S/ 533,703.09.
A esta compra le siguió otra en noviembre del 2019 cuando Silvio Muñoz Villanueva adquiere una propiedad que también se ubicaba en Canta y le pertenecía al entorno de la jueza. En el medio, se seguían llevando a cabo nuevos encuentros en el restaurante de San Martín de Porres y en otro local ubicado en el Centro de Lima.
Por este caso de sobornos, que el propio Aniceto Argüelles confesó, el empresario fue condenado. Sin embargo, hasta la fecha, no se podría decir que se encontró justicia en su totalidad debido a que la magistrada Becerra sigue sin recibir sanción por parte de la Junta Nacional de Justicia.
