- Solicitan a la PCM y Contraloría investigar al presidente del Indecopi por presuntas irregularidades en caso del alambrón
- Plantean falta grave del presidente del Indecopi en proceso clave del sector metalmecánico
- El pedido se sustenta en una serie de hechos que, comprometerían los deberes de neutralidad, transparencia e imparcialidad que rigen la función pública, particularmente en procedimiento antidumping sobre las importaciones de alambrón de acero provenientes de China.
Lima, 8 de abril de 2026.- La empresa Productos de Acero Cassado S.A. (PRODAC) solicitó formalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el inicio de una investigación sobre la conducta del presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Alberto Villanueva Eslava, a fin de determinar si ha incurrido en una falta grave que amerite su remoción del cargo.
El pedido se sustenta en una serie de hechos que, según la empresa, comprometerían los deberes de neutralidad, transparencia e imparcialidad que rigen la función pública, particularmente en el marco del procedimiento antidumping sobre las importaciones de alambrón de acero provenientes de China, actualmente en trámite ante la Comisión de Dumping del Indecopi.
De acuerdo con el documento presentado ante la PCM y Contraloría, PRODAC advierte una “secuencia de contactos, reuniones y espacios institucionales” en los que habrían participado actores vinculados a una de las partes del proceso. A juicio de la empresa, esta reiteración de interacciones genera una apariencia razonable de cercanía indebida y pone en riesgo la confianza pública en la independencia con la que debe conducirse la máxima autoridad de la entidad.
Entre los hechos señalados destaca una reunión sostenida el 29 de abril de 2024 entre el titular del Indecopi y el fundador de un estudio de abogados que posteriormente asumiría la defensa de la empresa solicitante de las medidas antidumping. Según PRODAC, la falta de claridad sobre el contenido, alcance y finalidad de dicho encuentro —calificado como “protocolar” por la entidad, pese a registros oficiales que lo consignan como reunión de trabajo— impide descartar su relevancia institucional y amerita un esclarecimiento documentado.
Asimismo, la empresa cuestiona una reunión realizada el 16 de septiembre de 2025 entre el presidente del Indecopi y representantes de la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), en la que habría participado un abogado vinculado a la parte solicitante, en plena tramitación del procedimiento. PRODAC sostiene que no existe evidencia pública suficiente sobre el registro detallado de dicha reunión, incluyendo su contenido, agenda, participantes completos y condiciones de realización, lo que podría contravenir las normas sobre transparencia y gestión de intereses en la administración pública.
Un tercer aspecto observado es la organización de una mesa redonda institucional en marzo de 2026, denominada “Claves Jurisprudenciales de Competencia”, en la que participó el mismo abogado vinculado al proceso en curso. La empresa señala que, pese a haber advertido previamente sobre los riesgos que este tipo de espacios podría generar en términos de imparcialidad, el evento se llevó a cabo sin que se adoptaran medidas correctivas visibles, lo que —según indica— refuerza la percepción de falta de distancia institucional.
PRODAC enfatiza que el problema no radica únicamente en la eventual existencia de una influencia directa sobre una decisión administrativa, sino en la generación de una apariencia de cercanía o trato privilegiado incompatible con los estándares exigidos a la función pública. En ese sentido, subraya que la sola afectación de la confianza pública en la imparcialidad del Indecopi constituye un elemento suficiente para justificar una investigación.
La empresa también advierte que el caso del alambrón tiene un impacto económico significativo, al involucrar una cadena productiva que abarca sectores como la construcción, agroindustria, manufactura e infraestructura, y que sostiene miles de empleos a nivel nacional. Según indica, la eventual imposición de derechos antidumping podría encarecer una materia prima clave y afectar la competitividad del sector metalmecánico.
En su solicitud, PRODAC pide a la PCM requerir información detallada sobre las reuniones mencionadas, incluyendo su contenido específico, los mecanismos de coordinación, los criterios institucionales aplicados y la identidad de todos los participantes, así como verificar si se han respetado los estándares legales y éticos aplicables.
Finalmente, la empresa sostiene que los hechos expuestos no deben analizarse de manera aislada, sino como un conjunto de actuaciones que, en su conjunto, podrían configurar un incumplimiento grave de los deberes funcionales del cargo. Por ello, solicita que se disponga una investigación exhaustiva, objetiva y documentada, a fin de determinar eventuales responsabilidades y garantizar la integridad institucional en un caso de alta relevancia económica y regulatoria para el país.
