[ENTRE BRUJAS] La gran mayoría de la población conoce algún caso de violencia contra las mujeres, ya sea en el entorno de pareja, en el espacio público o en el entorno familiar. Lamentablemente, se trata de un problema cotidiano, común y doloroso.
Aunque en el país se han logrado importantes avances en la prevención y sanción de estos crímenes, aún son insuficientes. Las cifras lo evidencian: miles de denuncias anuales por violencia sexual, agresiones físicas y psicológicas, así como feminicidios —162 en el año 2024— cada vez más crueles, reflejan una realidad terrible, que nos golpea a diario y contra la que debemos seguir luchando.
Durante años, no solo quienes nos identificamos como feministas, sino también muchas otras mujeres y hombres, han asumido un firme compromiso en esta lucha, generando una corriente de rechazo y preocupación que no debe detenerse ni debilitarse. Aunque la marcha Ni Una Menos no fue la primera en la historia de nuestro país, sí fue la más multitudinaria y diversa, al reunir a personas de diferentes estratos socioeconómicos, identidades, generaciones y roles en la sociedad. Definitivamente, fue un hito que marcó un punto de inflexión, generando la esperanza de reducir la tolerancia hacia la violencia de género en nuestro país.
Sin embargo, la actual crisis democrática y los retrocesos en materia de igualdad impulsados desde el Congreso, con el silencio o aval del Ejecutivo, afectan directamente la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
En este contexto, el congresista Alejandro Muñante, de la agrupación política Renovación Popular, ha presentado el proyecto legislativo N.º 11561/2021-CR, con el cual se busca amedrentar y criminalizar a las sobrevivientes de violencia de género y violencia familiar. La situación es grave, y la ciudadanía no puede permanecer ajena ante un escenario que podría tener un fuerte impacto en sus vidas y en las de sus seres queridos o entorno.
En concreto, esta absurda propuesta plantea sancionar a quienes supuestamente presentan “denuncias falsas”, promoviendo nuevamente el mito de que las víctimas mienten. Además, propone sanciones e inhabilitación para abogados, médicos, peritos o cualquier otro especialista involucrado en una denuncia, en caso de que esta sea considerada falsa. Es decir, si un especialista emite una opinión o certificado y luego la denuncia no prospera, podría ser sancionado.
Esta iniciativa, completamente misógina y con tintes revanchistas por parte de agresores, solo logrará que menos mujeres se atrevan a denunciar por miedo a ser criminalizadas. También empeorará la ya deficiente atención de los operadores de servicios y justicia, quienes actuarán no solo desde la desinformación, sino ahora también desde el temor.
Según la ENDES 2024, del total de mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja, solo el 29 % denuncia, precisamente por temor a la estigmatización y porque sienten que denunciar no da resultados. Por otro lado, un estudio del Poder Judicial reveló que entre 2018 y 2023, solo el 1 % de las denuncias llegó a una sentencia favorable a las víctimas. Así de dramática es la situación.
Esto no significa que las denuncias sean falsas, sino que el sistema les falla a las víctimas. Además, muchas abandonan los procesos por factores ajenos a la veracidad de los hechos, en un contexto de desprotección, estigmatización y hostilidad que las presiona constantemente.
Cualquiera que conozca a una mujer que ha sufrido violencia y ha tenido el valor de denunciar, sabe lo difícil que es el camino que enfrentar y acceder a la justicia: largo, hostil y lleno de dudas.
Las agresiones físicas, psicológicas y los delitos sexuales quedan impunes en nuestro país, sumiendo en la impotencia y el dolor a las víctimas y sus familias. Esta impunidad convierte al Estado en una entidad lejana y aumenta la desconfianza en las autoridades. Cada agresor que queda impune representa un riesgo para todas.
La mayoría de agresores sexuales de niñas —incluso aquellos que las asesinaron— ya tenían antecedentes de violencia contra otras mujeres o niñas. Denuncias previas que fueron desestimadas, delitos que no se sancionaron. La impunidad solo refuerza al criminal y a su poder.
No hay nada más miserable e indignante que utilizar este contexto de impunidad y de regreso de lógicas machistas, para proponer una norma como la mencionada. Intentar desalentar las denuncias y criminalizar a quienes no logran probar los hechos es una forma vil de quitarles a las mujeres el derecho a defenderse, a denunciar, a acceder a la justicia y a preservar su dignidad.
No solo los congresistas, sino toda la ciudadanía debe rechazar propuestas como esta, por su carácter absurdo y la falta de sustento técnico, pero sobre todo porque representan vehículos de impunidad y mecanismos para despojar de dignidad a todas las mujeres y niñas que sufren violencia en este país.
