[OPINIÓN] La reciente designación de José Jeri como presidente del Perú debe generar una profunda preocupación ética y política. No es solo un problema moral: revela cómo las estructuras del poder siguen sirviendo a la impunidad patriarcal y la corrupción política. Jeri tiene una denuncia por violación archivada con una rapidez inusual y bajo circunstancias sospechosas. La víctima sigue sin justicia. Además, sus publicaciones en redes sociales muestran un perfil machista y misógino, con frases sexistas y cosifican a las mujeres.
Resulta alarmante que estos antecedentes no hayan sido discutidos por las autoridades ni por los partidos que lo respaldaron. En nombre de la “gobernabilidad”, se mantiene un sistema de alianzas corruptas que hundió al país y que hoy se recicla para sostener el poder. Se negocia con individuos sin credenciales éticas, y el actual gabinete genera más desconfianza que esperanza. Los principios, hace mucho, han sido sustituidos por el cálculo político.
Normalización de la violencia: Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES 2024), más del 70 % de la población adulta peruana justifica o tolera la violencia contra las mujeres. El 80,8 % de los hombres y el 70,9 % de las mujeres lo hacen. Aún más grave, el 56,5 % de los hombres admite justificar la violencia sexual bajo ciertas circunstancias. Estas cifras revelan un país donde la violencia no solo se tolera, sino que se institucionaliza.
La tolerancia institucional se manifiesta en cada decisión que minimiza denuncias, archiva casos o premia con poder a presuntos agresores. Lo que debería ser un escándalo nacional se convierte en rutina. La despriorización de la lucha contra la violencia de género es evidente. Pero hoy, además, resulta grotesco que se nombren en altos cargos a personas sin ética ni compromiso con los derechos humanos.
El 15 de octubre, miles de personas salieron a las calles cansadas de la corrupción y del abandono del país. Entre ellas, un bloque importante de mujeres y colectivos feministas expresó su indignación por un Estado que vulnera los derechos desde adentro. Como recordaron “Las Tesis”, “el Estado opresor es un macho violador”. Esa frase cobra sentido pleno en este contexto. El Estado peruano no protege: agrede, encubre y perpetúa la violencia.
También existe una responsabilidad ciudadana. No basta indignarse en redes sociales. Es necesario rechazar activamente estas prácticas y evaluar con rigor las acciones de quienes buscan mantenerse en el poder. El voto no puede premiar el oportunismo ni el desprecio por la justicia. Estamos hartas y hartos de la impunidad, de los acuerdos turbios y de una clase política que comercia con la dignidad y la vida de las personas.
A esta crisis se suma el avance de discursos fundamentalistas y autoritarios que intentan acallar a la ciudadanía y controlar el debate público. El país está agotado de la violencia, pero también del oportunismo, de las alianzas mafiosas y de los falsos salvadores que dicen resolver crisis mientras las profundizan. Cada decisión que legitima la impunidad alarga el ciclo de violencia y debilita la democracia.
Defender la democracia implica hoy defender los derechos de las mujeres. No habrá justicia ni legitimidad mientras el Estado siga siendo cómplice. Un poder sostenido sobre el silencio y el miedo no puede construir futuro. El feminismo es, más que una bandera, una mirada política que exige ética, justicia y memoria.
El Perú necesita memoria y una ciudadanía dispuesta a romper con el pacto de impunidad que hoy sostiene al poder.
