Informes

Han pasado casi tres años desde que cientos de vecinos de la zona de Los Tusilagos, en San Juan de Lurigancho, vieron sus viviendas inundadas por primera vez. Fue un aniego enorme causado por la ruptura de un colector de desagüe. En aquella oportunidad, el Ministerio de Vivienda señaló como responsables a la tardía respuesta de Sedapal, y a las empresas contratadas para el mantenimiento y reparación de aquellos colectores: la española Acciona Agua y H&M Servicios Industriales.

Sin embargo, aspectos claves de lo ocurrido no se conocían hasta hoy. Diversos documentos revelan que Sedapal exoneró de responsabilidad a Acciona Agua S.A, al no exigirle que termine con la reparación de una tubería dañada en el colector ubicado en la zona de Canto Grande. Una tarea que estaba estipulada en el contrato, pero que ninguna de las partes cumplió. 

Por el contrario, tomaron la decisión de apartar a la compañía del lugar, apuntalando una coartada pública que este medio desmontará a continuación.

Según el contrato firmado entre Sedapal y Acciona Agua en el 2017, las funciones que debió cumplir la empresa española eran «el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado». Es decir, el desatoro, la reparación de rupturas, el reforzamiento de tuberías, la limpieza mecánica y otros aspectos necesarios para el buen funcionamiento de los colectores. La autoridad a cargo de supervisar el servicio de la empresa contratada era Yuri Sanchez, actual jefe del Equipo de Recolección Primaria de Sedapal y presidente del comité que le dio la buena pro a la empresa española. 

El contrato también indica que Acciona Agua daría mantenimientos a colectores de aguas residuales con diámetros entre 350 a 2.400 mm (milímetros). La tubería afectada del colector tenía 1.500 mm, por lo tanto se encontraba dentro del rango de responsabilidad y aplicación de trabajo establecidos en los términos de referencia.

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Parte del contrato entre Sedapal y Acciona donde se aclara que toda negligencia o deficiencia en el trabajo será responsabilidad del contratista.

 

RED DE MENTIRAS

El 2 de enero de 2019, Sedapal informó a la Municipalidad de Lima que iniciarían labores de rehabilitación de un colector en La Huayrona. Las obras, anunciaron, estarían a cargo de Acciona por el lapso de un mes.

Pero apenas iniciado el trabajo, el 3 de enero, Sedapal le pidió a Acciona retirarse del lugar y contrató, mediante un seguro del Estado, a la empresa H&M Servicios Industriales para que acudiese de emergencia a la zona. Así quedó registrado en un correo, donde Yuri Sanchez, funcionario de Sedapal, alertaba de una avería en el colector de Canto Grande, ubicado a pocos metros del de La Huayrona. ¿Qué había pasado?

Lo sabríamos poco tiempo después de la madrugada del 13 de enero, cuando ocurrió el aniego. En ese momento Sedapal admitió que se dio debido a un “represamiento” -un atoro- en el colector Canto Grande. El Colegio de Ingenieros precisaría un mes después, en un informe, que el colector tenía un forado en su superficie que permitió el ingreso de «una gran cantidad de conglomerado».

“El aniego fue un proceso que se incubó a lo largo de varios días. Se inició el 3 de enero de 2019 y derivó en el atoro del 13 de enero de 2019”, señaló la entidad. Es decir, que los trabajos en La Huayrona dañaron al otro colector, el que generó la inundación.

Sedapal nunca responsabilizó a Acciona por este hecho. Lo extraño es que la empresa estatal tampoco emplazó a su contratista para que -como lo estipula su contrato- repare la tubería dañada. Oficialmente todo quedaba en manos de H&M. Y a eso apuntó la empresa española.

Correo enviado por Yuri Sánchez para la activación de un seguro para reparar una tubería que se encontraba en el rango de responsabilidades de Acciones Agua.

En una nota periodística del diario Gestión, Acciona señaló que no habían tocado el mentado colector y que sólo estuvieron los días 2 y 3 de enero realizando trabajos en la zona. Es decir, desviaron la atención hacia H&M.

Las versiones de la empresa y Sedapal coincidían. Pero diversos correos enviados a Yuri Sanchez, jefe del Equipo de Recolección Primaria de Sedapal, evidencian que mintieron y que Acciona sí estuvo trabajando en el lugar por más tiempo.

Cuatro correos demuestran que en los días 07, 09, 10 y 11, dos días antes del desastre, la empresa Acciona Agua continuaba en la zona del tubo afectado. Es decir, no se retiraron como aseguraron a los medios. Este es uno de ellos.

Los días 7, 9, 10 y 11 de enero, el equipo de seguridad de Sedapal reportó que en el lugar del desastre se encontraba trabajando personal de H&M y también de Acciona. Además, se comunicó que ningún trabajador de la empresa estatal se encontraba en la zona supervisando los trabajos, una falta grave de la institución. Dos días después, San Juan de Lurigancho estaba cubierta de excrementos.

Otro de los correos que muestra que Acciona siguió trabajando en el lugar, según informaron a Yuri Sánchez funcionarios que llegaron al lugar. Sudaca tuvo acceso a todos los correos.

El exministro de Vivienda, Carlos Bruce, señala a Sudaca que, si Sedapal le ordenó a Acciona Agua que se retire, como aseguran en la nota de Gestión, la empresa no debió haber estado los demás días en el lugar del colector dañado.

Bruce recuerda el informe del Colegio de Ingenieros “en el que se demuestra el ingreso de materiales, piedra, basura a las tuberías del colector Canto Grande por la ruptura”. “Acciona Agua debió limpiar eso y no ocultarlo con una tabla, como indica el informe final», asegura.

Asimismo, Christian Castillo Luna, experto en contrataciones del Estado, señala que, si Sedapal decidió retirar a la empresa del trabajo en los colectores primarios, debió de cancelar el contrato por incumplimiento y ejecutar cartas fianzas. “Lo que me preocupa es por qué no se resolvió ese contrato, porque había daños que pagar”, agregó Castillo Luna. 

El abogado apunta que la negligencia de Sedapal es evidente. “Al resolver el contrato, la española debía ser sancionada por el OSCE y, al suceder esto, la empresa ya no podría contratar más con el Estado, menos con Sedapal. Como que los han protegido con ese tema”, añade.

Sudaca se comunicó con el funcionario Yuri Sánchez, el protagonista de los correos, pero no quiso participar de este reportaje. También nos comunicamos con el área de prensa de Sedapal y enviamos un pliego de preguntas que no fueron respondidas. Con la empresa española tampoco hubo suerte. Este medio envió preguntas a la gerencia de proyectos, pero al cierre de esta edición ninguna fue resuelta.

La empresa Acciona, involucrada en el desastre que mantuvo bajo aguas residuales y por varios días a cientos de vecinos de San Juan de Lurigancho, continúa aún contratando con el Estado. En total son once contratos, de los cuales diez son con Sedapal por montos cercanos a S/1.000 millones. El negocio de la compañía española sobrevive en nuestro país gracias a la empresa pública de agua y desagüe.

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San Juan de Lurigancho, sedapal

En el exclusivo Club Regatas Lima, los estatutos son letra muerta. Sudaca ha podido comprobar que la cúpula de la institución faltó a su propio reglamento y tomó decisiones arbitrarias en el caso del jefe de la ONPE, el socio Piero Corvetto, suspendido por hacer pública la agresión de la que fue víctima a fines de junio. Ello, en medio de infundadas acusaciones contra el organismo electoral por un supuesto fraude.

La decisión fue una de las razones que motivaron, además, que cuatro directivos renuncien en julio pasado a la Junta Calificadora y de Disciplina. Esta es, en teoría, la encargada de sancionar a los miembros del club. Los renunciantes afirman en una carta haber sido hostigados por el presidente de dicha instancia.

EL AGRESOR

La historia se remonta al 26 de junio, cerca de las cuatro de la tarde. Ese día, Corvetto tuiteó que había sido agredido física y verbalmente en el Regatas. Corvetto, quien no quiso participar en esta nota, afirmó que la seguridad no le dio los datos del agresor y publicó él mismo fotos de este en las que aparecía de perfil y usando una mascarilla.

Sin embargo, el artículo 61 del estatuto del club -que lista las infracciones susceptibles de ser sancionadas- indica como una falta “la afectación del prestigio del club o su marcha institucional con actitudes o manifestaciones públicas, verbales o escritas, o publicaciones”. Es decir: los socios no pueden hacer público nada malo que haya ocurrido en el Regatas, así sea una injusticia, porque se enfrentan a un castigo.

La agresión verbal contra Corvetto se dio en las instalaciones a vista de muchos, pero la agresión física ocurrió en el baño de hombres cuando se encontró con Enrique Zignago Landavere (68), el hombre que lo había insultado. Un personal de seguridad tuvo que intervenir para separarlos, según una fuente vinculada al proceso interno. 

Sudaca buscó a Zignago en el domicilio que figura en Reniec, pero hoy es un terreno demolido. También intentó en el restaurante Magma Sushi Lounge, del cual es gerente, pero en la dirección de Miraflores solo encontramos un cartel de cierre de la municipalidad roto y apenas legible. Al llamar al restaurante, un hombre con voz grave y ofuscada, que evitó identificarse, dijo: “El señor Zignago no va a hablar sobre ese tema. Está usted perdiendo su tiempo”. Acto seguido, colgó.

El Regatas, a través de su Junta Calificadora y de Disciplina (JCD), señaló el día de la agresión que lamentaban episodios como ese y que estos transgredían el Estatuto y Reglamento de Disciplina. Por lo que iniciaban acciones, dijeron, de acuerdo a su normativa.

SALTO CON GARROCHA DEL ESTATUTO

Las decisiones que se tomaron a raíz de la denuncia de Corvetto no estuvieron ceñidas a sus leyes internas. De acuerdo al artículo 58 del estatuto del club, la Junta Calificadora y de Disciplina (JDC) se compone por dos salas conformadas por cinco miembros cada una. 

La primera, llamada Sala de Conocimiento, es la que abre procesos disciplinarios y absuelve o sanciona al asociado en primera instancia. En una segunda instancia, el proceso es visto por la Sala de Revisión, siempre y cuando las partes soliciten una especie de apelación. Las decisiones que aquí se tomen no deben demorar más de 10 días útiles. Julio César Roca Fernández, exprocurador anticorrupción durante el segundo gobierno aprista, es presidente de la JDC y, además, encabeza esta segunda sala.

Para resolver este caso, sin embargo, el estatuto fue un manuscrito de normas gaseosas en la cual la primera instancia se enteró de la suspensión indefinida de Corvetto sin que sus miembros hayan participado de la decisión. Así lo confirman una fuente del club que estuvo relacionada al proceso y otra cercana a la directiva.

“Roca señaló que se tomó una decisión, pero esta no se sometió a acuerdo de Junta. Se decidió y se le dijo a la Sala de Conocimiento que ya se había suspendido a Corvetto. Roca dijo que el de seguridad manifestó que los había tenido que separar en el baño. Además, suele adelantar opinión en muchos casos en primera instancia y hasta ha roto documentos enviados por la misma”, afirma una fuente envuelta en el proceso sancionador. Sudaca contactó a Roca a través de sus redes sociales y su WhatsApp, pero no respondió.

El manejo del caso Corvetto produjo un cisma al interior de la Junta Calificadora, en cuyo seno ya se habían producido desencuentros. En una carta enviada a la presidencia del club, el pasado 9 de julio, los miembros la Sala de Conocimiento pusieron su cargo a disposición luego de, entre otras razones, señalar que Roca Fernández «limitaba la libertad de expresión y no respetaba las diferentes opiniones del grupo, imponiendo su punto de vista, generando un ambiente poco respetuoso y democrático entre los miembros durante las sesiones». 

Además, señalaron que las repetidas intervenciones de Roca en los procesos disciplinarios «ponen en tela de juicio la capacidad de gestión de los miembros sin respetar la autonomía, haciéndonos ver como poco ejecutivos, incompetentes y lentos como lo expresó en alguna oportunidad y compartiéndolo además con miembros del Consejo Directivo».

También acusaron que se les limitó las comunicaciones con otras dependencias y que se les siguió «imponiendo decisiones y la forma como debemos de proceder, incluso, en la apertura de los procesos disciplinarios, situación que no estamos dispuestos a aceptar».

Los renunciantes son Claudia Dall’Orto García Corrochano, esposa de Alex Kouri; Carolina Gutiérrez Lazarte, exjefa de marketing de Interbank; Silvana Gallart Gallart, quien luego regresó a la Sala a pedido expreso del presidente del club Jaime Cornejo; y Jorge Palomino Gamarra. El quinto miembro, Domingo Salaverry Martínez, no ha renunciado, aunque se encuentra suspendido, según pudo conocer este medio.

La agresión de Zignago a Corvetto viene siendo investigada en una fiscalía penal de Chorrillos. Pero este no había sido el único incidente. Días antes, en el restaurante San Telmo, uno de los que opera dentro del club, se registró otro episodio de agresión verbal. La situación fue desmentida por el local, pero poco después El Foco publicó un audio de Jaime Cornejo, presidente del Regatas, en el que reconocía el hecho y sindicaba al jefe de la ONPE de orquestar una campaña de victimización. 

“El señor había tenido un incidente en San Telmo, sabe que está en el ojo de la tormenta. Obviamente debe tener cuidado, no solo en el Regatas, sino que en cualquier lugar donde vaya a almorzar le van a faltar probablemente el respeto. Entonces, salir con sus hijos y venir al club cuando la situación está tan complicada… Es mi humilde forma de pensar, yo creo que esto ha sido orquestado por Corvetto para tener la cobertura mediática que tiene, victimizarse y decir que está siendo agredido”, manifestó en el audio.

Mientras el caso se intenta mantener alejado de los reflectores, hasta la semana pasada Corvetto seguía suspendido por el club. A Zignago, por su parte, se le impuso una suspensión por 60 días que ya acabó, luego de declarar su responsabilidad en el incidente, de acuerdo a las fuentes. El «fraude en mesa» sí se produjo, pero en el Regatas.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo.

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La trama del caso Cuellos Blancos tiene un último capítulo de riñas intestinas. Y son las autoridades que realizan las pesquisas a la red de la mafia judicial -un policía, un fiscal y un juez- las partes enfrentadas.  La pugna ha llegado hasta la Junta Nacional de Justicia y ha sido el teniente de la Policía, Jorge Rodríguez Menacho el que desató la tormenta. Él era el encargado de analizar las interceptaciones y el rastreo de llamadas en la investigación. 

El 23 de septiembre pasado Rodríguez, analista de comunicaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), denunció ante esa instancia que el Poder Judicial autorizó el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil. Es decir, dio luz verde para que el rastreador sea rastreado. 

El teniente Rodríguez presentó una queja contra el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca.  El oficial tomó acción luego de la publicación de Sudaca del 16 de septiembre pasado, titulada “Una dudosa decisión fiscal abre un frente de ataque al caso Cuellos Blanco”. El informe daba cuenta del polémico pedido del fiscal Jesús Fernández Alarcón para dejar sin efecto el rastreo de las comunicaciones a veinte personas por un “error en la redacción”. 

(Nota de edición: En un principio, fuentes del Poder Judicial aseguraron que el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Nuñez Julca, autorizó el rastreo de las llamadas, en una resolución del 23 de mayo del 2019. Sin embargo, el magistrado Nuñez pidió a Sudaca precisar que él no dio luz verde a la medida.  Y dice que la autorización la dio el exjuez supremo Jorge Castañeda Espinoza. Señala que en aquella fecha estaba de viaje en Puerto Rico, en una capacitación. Para acreditar la información presenta un documento que lo autoriza a viajar entre el 13 y 24 de mayo del 2019).

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23 de septiembre. Jorge Rodríguez Menacho, teniente de la Policía y analista de comunicaciones de la Diviac, presenta una queja en la Junta Nacional de Justicia contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil.

Jorge Rodríguez no es un agente cualquiera en la Diviac. Es el encargado de analizar las llamadas en el caso Cuellos Blancos desde el 2018. Al día de hoy ha elaborado cerca de 300 reportes por el levantamiento del secreto de las comunicaciones para los fiscales que investigan la trama de corrupción.  

El origen de esta historia se remonta al 2019. En aquel año el número del analista de comunicaciones de la Diviac estaba en una lista de veinte teléfonos móviles, elaborada por uno de los fiscales que investiga el caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. Fernández pidió en aquel momento al juez Núñez identificar a los titulares de esos números y conocer el “detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto (SMS) con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas”. El magistrado accedió a la petición.

En aquel año, según pudo conocer Sudaca, el teniente Rodríguez Menacho, encargado del análisis de las llamadas en el megacaso de corrupción, se llevó una gran sorpresa al ver el número de su teléfono móvil como uno de los autorizados para hacerle seguimiento.

De acuerdo a una fuente policial, Rodríguez fue a quejarse con Fernández en compañía del entonces jefe de la Diviac, Harvey Colchado, por solicitar el rastreo de su celular sin tener una investigación abierta. “Fernández dijo en aquel momento que se trató de un error y que no se haría seguimiento al teléfono del teniente Rodríguez”, dice la fuente. Sin embargo, en ningún momento el juez lo sacó oficialmente de la lista de rastreados. 

La controversia entre el fiscal y el agente de la Diviac tenía, en realidad, otro trasfondo. Es la pugna interna entre Fernández, quien ve los casos de jueces y fiscales superiores, y la entonces fiscal Rocío Sánchez, quien tocaba los asuntos de autoridades de menor jerarquía. Eso salpicó a todos. Fernández y Sánchez andaban enfrentados por falta de coordinación. 

El analista de comunicaciones gozaba más de la confianza de Sánchez que de Fernández y esto hacía que el fiscal mirase con recelo al policía, según fuentes del Ministerio Público.

Pese a las diferencias, el asunto pareció quedar ahí. Todo cambió cuando el fiscal Jesús Fernández solicitó, en agosto de este año, dejar sin efecto la resolución que autorizó el rastreo de las comunicaciones a veinte personas, entre ellas el actual juez supremo Héctor Lama More. El fiscal no tiene competencia para investigar a un juez de alto rango.

La gota que derramó el vaso fue cuando, en una exposición interna y reservada, Fernández y sus adjuntos atribuyeron responsabilidad al teniente Rodríguez y dijeron que éste “al parecer traspapeló u ocultó” información de seis de las personas rastreadas.

En medio de este clima de acusaciones, el 14 de septiembre pasado, el fiscal Fernández envió un oficio al actual jefe de la Diviac, el coronel Miguel Cayetano, exigiéndole no usar los informes con el análisis de las llamadas de las personas rastreadas. “Se solicita la confidencialidad de lo solicitado en resguardo de la reserva de la investigación”, dijo Fernández en el escrito.

14 de septiembre. Jesús Fernández Alarcón, uno de los fiscales del caso Cuellos Blancos, solicita al jefe de la Diviac, Miguel Cayetano, no utilizar los reportes con análisis de las llamadas de diez personas rastreadas.

El contraataque del agente de la Diviac no se hizo esperar y recurrió al arma que tenía a la mano: el “error” del fiscal de incluirlo en la lista de los rastreados el 2019.  El teniente Rodríguez presentó su queja contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas sin justificación alguna. El policía enfiló sus baterías contra el magistrado por ser el que toma la decisión final. 

“No se aprecia en el desarrollo de la justificación interna y externa por qué el magistrado supremo realiza una medida limitativa de mi número telefónico. No aparece ningún elemento fáctico que acredite vinculación de mi número con los presuntos integrantes de la Organización Criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”, dice el teniente Rodríguez en su escrito.

Y luego añade: “(…) la Fiscalía Suprema realiza un acto malicioso pues conocía desde hace tres años que el número me correspondía al tener comunicaciones constantes con personal fiscal de ese Despacho”.

La queja del policía ha ocasionado que el juez voltee a echarle la culpa al fiscal Fernández. Así lo confirma una fuente cercana a Núñez, quien dice que el magistrado está tranquilo por la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia y que atribuye responsabilidad a la Fiscalía de lo sucedido.

Desde el Ministerio Público aseguran que el fiscal supremo provisional, Jesús Fernández, es blanco de ataques de los investigados en la trama de corrupción. Y que quieren tumbarse las pesquisas a toda costa, aprovechando el más mínimo error. La tormenta judicial en el caso Cuellos Blancos está lejos de amainar.

Informe
Enero, 2020. Informe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) sobre rastreo de llamadas enviado al fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. El reporte ya no sería usado en la investigación.

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Desde que Pedro Castillo tomó la decisión de mudarse con su esposa e hijos a Palacio de Gobierno, a inicios de agosto, sus sobrinos no han dejado de visitarlo. Y aunque señalan que se trata de visitas familiares, en algunas ocasiones los acompañan políticos y empresarios, y registran “reuniones de trabajo”.

Gian Marco Castillo Gómez (23) y Fray Vásquez Castillo (31) ya habían sido parte de la campaña presidencial, tal como lo informó Sudaca en un informe de junio pasado. El primero, joven estudiante de Economía, se encargaba de armarle la agenda a su tío Pedro, y de realizar coordinaciones telefónicas; mientras que el segundo estaba en el equipo de seguridad. Ambos sobrinos del presidente viven en Lima desde hace varios años: Fray desde hace 15 y Gian desde hace cinco.

 

 

Entre agosto y setiembre Gian Marco, que es uno de los sobrinos más queridos por Castillo, ha ingresado como visitante en 19 ocasiones. Fray lo hizo 15 veces. En varias de estas coincidieron.

Una de las visitas que más llama la atención se produjo el pasado 1 de septiembre. Según el registro oficial, los sobrinos ingresaron para ver a la familia presidencial a las 18:00, pero acompañados por el empresario Jenin Abel Cabrera Fernández, quien apoyó la campaña de Castillo. Los tres salieron juntos a las 19:24.

Según un reportaje del portal El Foco, publicado en mayo de este año, Cabrera puso a disposición de la campaña de Pedro Castillo una camioneta. El empresario es dueño de Consiteg EIRL y gerente general de Acech Group SAC, ambas contratistas con el Estado.

En mayo de este año, el Ministerio de Cultura le siguió un proceso administrativo a trabajadores de la municipalidad de Chiclayo por realizar un pago adelantado a Acech Group SAC, que estaba a cargo de una obra en aquella ciudad. Esto pese a que tenía retrasos en la construcción.

Las visitas de Fray y Gian Marco continuaron al mediodía del 4 de setiembre, cuando ingresaron a Palacio otra vez con motivo de visitar a la familia presidencial. En esta ocasión lo hicieron en compañía de Tania Maritza Peralta Sánchez y Ana Vidalina Sanchez Saldaña, accionistas minoritarias de la empresa Aldalab, dedicada a la importación y distribución de equipos hospitalarios.

 

El registro de visitas del pasado 4 de setiembre en Palacio (arriba) confirma el ingreso de las socias empresariales del colaborador de la campaña de Pedro Castillo, Segundo Sánchez, en compañía Fray y Gian Marco, los sobrinos del jefe de Estado. 

 

El accionista mayoritario de esta compañía es el mediático empresario chotano Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, uno de los colaboradores más importantes del profesor Castillo. Sánchez, además, es propietario de la casa de Breña que sirvió hasta hace poco como centro de operaciones para el actual mandatario. A la ONPE, el hombre de negocios reportó que se trató de un alquiler por S/15.000, según un informe de Perú21.

Los vínculos entre Sánchez y Castillo son tan fuertes que el empresario acompañó al presidente en su reciente viaje a Estados Unidos. Cuando un reportero de Latina abordó al empresario, este explicó que viajó por su cuenta para ayudar a la comunidad peruana en Nueva Jersey a que se pueda entrevistar con Castillo.

Otro empresario que ingresó a Palacio a la misma hora que ambos sobrinos del presidente es William Koo Quispe, contador general de la transnacional Dormakaba, del grupo Klaus Brass, dedicada a la fabricación de todo tipo de herrajes y cerraduras. La visita se dio el 5 de setiembre, entre las 18:38 y 19:42. El ingreso de los tres estuvo autorizado por el mismo Pedro Castillo, según los registros. También quedó plasmada la visita de Irma Castillo Terrones, una de las hermanas del presidente, a esa misma hora.

En diálogo con Sudaca, William Koo desmiente el registro de visitas. Dice que él ingresó solo, en su carro, sin la compañía de los sobrinos. Asegura que se trató de una invitación personal que le hizo Yenifer Paredes, la hija mayor de la familia presidencial. Dijo que la joven le presentó a la primera dama, pero no al presidente y que no se trató de una visita de trabajo ni de negocios, sino de algo “personal”.

Otra visita llamativa se produjo el 13 de agosto de este año. Gian Marco y su primo Fray estuvieron en Palacio entre las 16:40 y las 19:50, junto al secretario de Perú Libre en Lima y brazo derecho de Vladimir Cerrón, Richard Rojas (a la sazón, investigado por el caso ‘Dinámicos del Centro’). El motivo quedó registrado únicamente como “visita” y no precisa en qué ambiente fue. Ese día, Perú Libre celebraba su 13° aniversario de vida. 

 

Fray Vásquez Castillo aparece rodeado de sus primos en una foto tomada el pasado 28 de julio en los exteriores del Congreso. Ha sido parte del equipo de seguridad de su tío durante la campaña (fotos: Facebook de F. Vásquez).

 

Por su parte, Fray Vásquez Castillo señala a Sudaca que las visitas que realizó con su primo Gian a la familia presidencial solo fueron para ver a su tía y a sus primos. “Como ellos no conocen acá [Lima], tengo que sacarlos un rato de Palacio. Nosotros tenemos una movilidad de mi primo que nos presta y con ese carrito vamos”, apunta.

Vásquez señala que no necesita trabajo en el gobierno, pues está metido en el rubro gastronómico. Hasta fines de este año, administró la pollería “Kayako”  ubicada en Ventanilla. Su teléfono aún figura en su fanpage de Facebook. El restaurante era promocionado en esa página con un video donde aparecía Kenji Fujimori, el hermano menor de la contrincante de su tío en las pasadas elecciones. Hoy el local luce cerrado.


Fray Vásquez promocionaba su pollería «Kayako», en Ventanilla, con un video en el que aparecía Kenji Fujimori. 

 

LOS SOBRINOS DE LA PRIMERA DAMA

Así como Gian Marco y Fray, otros dos sobrinos del profesor Castillo también acuden a Palacio con frecuencia. Fany Yakely y Rudbel Oblitas Paredes son hijos de Lelis Paredes, hermana de la primera dama. Según el registro de visitas, Rudbel y Fany han visitado Palacio en ocho ocasiones desde que su tío se mudó allí. Rudbel es ingeniero civil graduado en la Universidad Tecnológica de la Habana (Cuba).

El 21 de agosto, cerca de la medianoche, ambos ingresaron a visitar a la primera dama. A esa misma hora, hizo lo propio Isabel Soria Reategui, coordinadora de estudiantes de Perú Libre en Suecia . Soria se retiró a las 7:56 de la mañana siguiente, mientras que los hermanos Oblitas se quedaron todo el día, hasta las 23:54. Soria figura ese mismo día con un ingreso a las 16:56. Se fue, según los registros, a 23:55.

El 22 de agosto, a la 00:01 de la madrugada, volvieron a ingresar los tres, según los registros. Lo hicieron en esta ocasión junto a José Nenil Medina Guerrero, alcalde distrital de Anguía, el distrito cajamarquino donde Pedro Castillo y Lilia Paredes tienen su domicilio. A la 1: 33 de la madrugada se retiró Medina; a las 7:18 de la mañana, Yakely y Rudbel; y, a las 15:14 de la tarde, Isabel Soria. 

Las incursiones nocturnas continuaron el miércoles 8 de septiembre. Aquella noche, Rudbel Oblitas ingresó a visitar al presidente de la República a las 21:31 de la noche. El horario coincide con la llegada de Hugo Ángel Chávez Arévalo, nombrado recientemente director de Petroperú; y Fermín Silva Cayatopa, director de la clínica La Luz, donde se atendió al Profesor Castillo en abril pasado por una descompensación. También acudió a la cita una persona llamada Yober Sánchez Delgado, quien en su Facebook se identifica como trabajador de la mentada clínica.

Los tres últimos se quedaron por el lapso de una hora y el registro señala que tuvieron una “reunión de trabajo”. Rudbel, por su lado, se marchó a las 8:38 de la mañana del día siguiente. En su caso, solo se precisa que su ingreso fue autorizado por su tío.

Pero ese mismo día, el sobrino regresó. Entre las 18:48 y las 21:37 de aquel 8 de setiembre, Rudbel Oblitas ingresó a Palacio para sostener una “reunión de trabajo” con el presidente Castillo, de acuerdo a los registros. Lo hizo acompañado de José Wilfredo Colunche Campos, exalcalde del distrito de Anguía y exmilitante de Alianza Para el Progreso (APP).

En comunicación con Sudaca, Raúl Oblitas, hermano de Fany y Rudbel, dice que estos acuden a Palacio para visitar a sus tíos y sobrinos. Negó que tengan intenciones de trabajar en el gobierno porque saben que eso sería “nepotismo”. No explicó la presencia de políticos y empresarios con los que coinciden sus incursiones a la Casa de Pizarro. 

Sudaca envió una solicitud de información a Prensa de Palacio desde el 25 de agosto sobre las visitas de los cuatro sobrinos, pero no obtuvimos respuesta hasta ahora. Lo cierto es que la familia parece más unida que nunca.

 

(*) Fotoportada e infografía: Darlen Leonardo G.

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Chota, Palacio, Pedro Castillo, Sobrinos de Castillo

Por Paolo Benza y Alessandro Azurín

El gobierno del lápiz se estrena en los Emiratos Árabes. El pasado 25 de agosto, Promperú escogió cuál será la empresa que operará el pabellón peruano de la Expo Dubai 2020, un evento en el que participan casi 200 países que exhibirán sus principales atractivos turísticos y sus productos de exportación.

La compañía que administrará nuestro recinto, sin embargo, no tiene experiencia en eventos de esta magnitud, fue elegida a pesar de presentar la propuesta más cara y sus trabajadores tendrán que ser innecesariamente trasladados a ese país, elevando el desembolso de las arcas públicas. En comparación a una cotización inicial, se pagará más de un millón de dólares adicionales. 

LA MULTIPLICACIÓN DE LOS COSTOS

La Expo Dubai 2020 es un monstruo de la industria turística. La exposición universal –como se le conoce en el argot del sector– fue pospuesta el año pasado por la pandemia. Perú tendrá una participación estratégica con un pabellón de aproximadamente 2.500 m2, ubicado al lado de la entrada principal. Comenzará el próximo 1 de octubre y Promperú espera recibir más de un millón de visitantes en sus seis meses de duración.

Por su magnitud, Promperú buscó a un experto internacional para construir el espacio: PICO International LLC. Si bien esta constructora colocará 78 personas para las tareas diarias de la expo, era necesario contratar, además, personal que controle y supervise la operación del enorme pabellón. Con ese objetivo, hicieron un sondeo del mercado local en Dubái. A inicios del 2020, Álvaro Silva-Santisteban, entonces consejero comercial de Promperú en los Emiratos Árabes, con más de 10 años en el país, cotizó y presentó una propuesta de salarios para el personal clave.

Los resultados de su búsqueda se plasmaron en un correo del 12 de enero del año pasado, enviado al entonces asesor del despacho minsterial en Mincetur, Eduardo Ferreyros, y al que Sudaca tuvo acceso. Silva-Santisteban explicó que los salarios para cinco puestos clave (director del pabellón, jefe de protocolo, responsable comercial, responsable de operaciones y responsable administrativo) deberían sumar entre S/110.000 y S/140.000 mensuales. Es decir, al cambio, entre US$214.216 y US$272.639 en lo que dure la feria.

Con base en esa cotización de funcionarios clave, más los sueldos del resto del equipo, se estimó una estructura de costos para toda la operación -de septiembre del 2021 a abril del 2022- que ascendía a US$535.365,85, según información interna que ha podido revisar este medio.

Más de un año después, en agosto último, Promperú aprobó contratar al consorcio encabezado por la empresa Continuous Events, que presentó una oferta tres veces mayor, de $1.657.127,21, lo que al elevado tipo de cambio actual equivale a casi S/7 millones de soles. De ese total, solo el sueldo del personal prioritario (o clave), que pasó de cinco a ocho, es de US$580.800.

Adicionalmente, trasladar al personal completo (12 profesionales) hasta Dubái desde Perú costará, entre viáticos, visas, vuelos, alojamiento y transporte citadino, unos $405.258, lo que supera el millón y medio de soles. Estos costos se pudieron evitar si Promperú seguía la recomendación de Silva-Santisteban, quien en su propuesta inicial repite varias veces lo que hubiera sido el escenario ideal: “contratar directamente” al personal clave en Dubái, para no desembolsar pagos por traslado.

La estructura de costos de Continuous Events, que no solo detalla sueldos más caros que los cotizados inicialmente, sino también conceptos que se podrían haber evitado: vuelos, visas, viáticos, alojamiento, etc.

Inexplicablemente, en Promperú agregaron como un requisito en los términos de referencia que el 60% de las 12 personas del staff de Continuous debían ser peruanos. Una exigencia que, según fuentes conocedoras del proceso, no tiene sustento. Promperú se justifica diciendo que “era necesario” porque es el pabellón de Perú. Así de sencillo.

“Se ha podido hacer una licitación pública internacional o una contratación directa por ejecutarse fuera del país, pero con empresas que están allá. No le vamos a agregar un sobrecosto de medio millón de dólares por pasajes y viáticos. Es muy desmotivador para los peruanos que el dinero se despilfarre de esa forma”, explica Cristian Castillo Luna, abogado especialista en contrataciones del Estado. 

En Promperú prefieren echarle la pelota a Silva-Santisteban por el alza en las cifras. En un descargo a Sudaca, aseguran que el funcionario “no habría dimensionado adecuadamente la operación y riesgo de lo que conlleva sacar adelante un evento que tiene clasificación de interés nacional”, a pesar de que vive ya más de una década en Dubái.

 

DECISIONES INEXPLICABLES

En el camino a esta jugosa adjudicación, Promperú rechazó la propuesta de otro postor, cuya matriz es conocida mundialmente por trabajar en estas “expos” y que, además, pedía medio millón de dólares menos: US$1,149.771.63. Se trata de la empresa Noe Middle East. De acuerdo al informe donde se explica por qué la descartaron, y que este medio también pudo revisar, la compañía no cumplió apenas con criterios formales.

Según el documento, la empresa adjuntó archivos de su experiencia en otros eventos similares bajo otra razón social, “Noe Conceptos Especiales SL” Esa fue la razón para no considerar su propuesta. Pero dicha denominación es, en realidad, del mismo grupo empresarial –Noe Group–, solo que se trata de su oficina central en Barcelona. Algo sencillo de revisar en su página web.

Allí, Noe Group lista su vasta experiencia en “exposiciones mundiales”, como la Expo Dubai, que incluye la construcción y –lo más importante– operación de pabellones para países como España o Rusia.

“Si yo utilizó los contratos de mi base en España para ganar contratos en el Perú, aunque allá tenga un nombre y acá otro, una empresa es hija de la otra. No me pueden decir que la empresa de mi padre en España, por darle un término, no es válida, si son del mismo grupo. Ahí hay un posible direccionamiento para favorecer a una empresa u otra”, explica el especialista Castillo Luna. 

El correo en el que Silva-Santisteban adjunta la cotización de los sueldos del personal clave si fuera contratado en Dubái, en enero del 2020. Sudaca pudo revisar estos archivos.

Sobre esta decisión, Promperú contestó a Sudaca amparándose en el argumento formalista: “los documentos que se deben revisar y evaluar son aquellos que presenta el postor, por lo que no sería correcto considerar como válida la experiencia de otra empresa, más aún si no han presentado documento alguno que acredite que se encuentran consorciadas; como sería el caso de Noe Group”. Ello pese a que se trata de empresas claramente vinculadas. 

Para explicar la descalificación, el documento elaborado por Promperú adjunta un cuadro resumen colocando los requisitos que exigían, la propuesta de la empresa y las razones por las que no cumplían. Sin embargo, para explicar por qué Continuous Events sí fue escogida, solo colocaron dos párrafos, mencionando que “cumple con las características técnicas” y que resultaba “conveniente” su contratación.

Para el abogado Castillo Luna, esta diferencia  huele mal. “Eso es a dedo. Deberían haber colocado un cuadro para ver qué ofrece. Además, precisar cuál es la experiencia que ha acumulado esa empresa”, asegura. 

No es lo único que hiede. Continuous Events no se caracteriza por tener un recorrido en gestión de eventos de gran magnitud. Su trayectoría se enmarca solamente en campañas publicitarias, branding y de relaciones públicas, sobre todo en citas deportivas como el Rally Dakar –apoyando a la escudería alemana X-raid– o por hacerle la campaña de marketing a la marca Puma, como dejan saber en su propio sitio web.

De hecho, Promperú acepta que se ampliaron los acápites de convocatoria a aspectos que no tienen nada que ver con la operación de un pabellón. En respuesta a Sudaca, la institución dijo que fue “con la finalidad de contar con mayor pluralidad de postores”. 

Una fuente con conocimiento de este proceso de licitación indica que era fundamental tener trayectoría en gestión y operatividad de espacios para asumir una misión como dirigir la participación peruana en la Expo Dubai.

 

PERFILES QUE NO CALZAN

Existen casos puntuales en el personal presentado por Continuous para operar el evento que no calzan con lo que exigía Promperú en sus propios –y laxos– términos de referencia. De acuerdo a estos, se requiere un equipo total de 12 personas, entre puestos clave y complementarios.

Uno es el de jefe de operaciones. Para el cargo, la empresa presentó a Patricia Arce Herrera, una publicista que en su currículum enviado a PromPerú dice tener “más de 8 años de experiencia en gestión, producción y organización de eventos nacionales e internacionales”. Sin embargo, menciona que terminó sus estudios en publicidad y medios digitales recién el año pasado en la ISIL. Y según la misma documentación, su primera experiencia en una empresa de este rubro fue en MataOjo, de los mismos dueños de Continuous.   

Otra es Adriana Proaño Juliusberger, personal complementario en el puesto de especialista en Turismo. Según los términos de referencia, para ese rol se exigía, lógicamente, “tener estudios en turismo y/o negocios internacionales”. Proaño, según el documento presentado por la empresa, es licenciada en Administración de Empresas y tiene una certificación en Marketing Digital del Cordon Bleu expedida el 2021. No precisa más estudios.

Como asistente de hospitalidad, Continuous presentó dos alternativas. Una de ellas es Andrea Terzi Urteaga. Para este cargo, nuevamente según los términos de referencia, se pedían mínimo cinco años de experiencia. Sin embargo, la trayectoria de Terzi no pasa de los cuatro, de acuerdo a los papeles que obran en Promperú. Terzi recién terminó sus estudios en administración y marketing en la UPC el 2019. Dentro de su recorrido profesional, incluye apenas dos prácticas: una en Gloria y otra en una empresa de importación pesquera.

Promperú asegura que Terzi, pese al cargo con el que va, es un “adicional” que presenta Continuous y que su cargo lo ocupa actualmente otra persona. En suma, que la envían de buenas gentes.

Finalmente está el caso de Emiliano Rodríguez, el fotógrafo del equipo. De él se menciona que tiene “más de 15 años involucrado en proyectos como pasarelas de moda internacionales, documentales, programas televisivos, coberturas musicales y deportivas”. Rodríguez, en efecto, tiene aquella experiencia. Pero en la documentación no se incluye foto, ni nada similar que pruebe su trayectoria ante PromPerú. Así que, si de formalidades se trata, el personal de Continuous tampoco las cumplió.

El director de la empresa, el uruguayo Marcelo Carballar –para más referencias: exmanager de Soda Stereo y Molotov– tiene un papel crucial en esta historia. Ya en Dubái, su Facebook lo muestra hoy feliz junto a su esposa –quien también fue incluida en el equipo, como especialista en comunicaciones–, brindando en el frontis del lujoso Hotel Rixos.

Marcelo Carballar y su esposa, Sofía Sanguinetti, ya están en Dubái. Aquí, aprovechan la estadía para una salida romántica frente al lujoso hotel cinco estrellas Rixos Premium.

 

UNA RELACIÓN PREVIA

El exagente de Cerati no solo dirige Continuous. Carballar también es cabeza de Mataojo, una agencia de comunicaciones hermana de la gestora peruana para la Expo Dubai 2020. Allí también ha trabajado junto a su esposa y algunos otros miembros del equipo convocados para la misión en los Emiratos, como la ya mencionada Patricia Arce.

Sudaca encontró que Mataojo registra, al menos, dos órdenes de servicio del 2016 que la vinculan la actual gerenta general de Promperú, Irene Suárez. En aquel entonces, la funcionaria ocupaba el cargo de jefa de operaciones del Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los Juegos Panamericanos del 2019. Como tal, Suárez solicitó dos servicios que cayeron en manos de la empresa de Carballar. Los trabajos fueron la implementación de sendas estrategias comunicacionales para los juegos.

Suárez, que ya conocía a la empresa de Carballar, fue la responsable de aprobar la operación de la Expo Dubái 2020. Si bien se creó un grupo de trabajo para el evento –el “Departamento de Gestión”–,  según la resolución de Promperú que le da vida, toda contratación realizada por dicha unidad “es dependiente de la gerencia general”. En cristiano: nada se aprobaba sin el visto bueno de Irene Suárez.

Sudaca intentó contactar al uruguayo por teléfono y en sus redes sociales, pero no tuvimos respuesta. Expo Dubai 2020 arranca el próximo viernes 1 de octubre y la participación peruana en dicha cumbre se extenderá hasta abril del 2022.

Así se ve por fuera el pabellón peruano para la Expo Dubái 2020. Tiene una altura promedio de 15 metros y una superficie construida de 2.500 m2 aproximadamente. Foto: Andina.

 

DESCARGOS DE PROMPERÚ

Sudaca buscó la versión de Promperú. La institución asegura que, aunque no lo coloca en su informe de indagación, rechazó la propuesta de Noe Middle East porque “excluían varios costos que al final se cargarían a PromPerú”. Pusieron como ejemplos las horas extra y la capacitación del personal. Cabe acotar que Continuous Events tampoco especifica estas variables en su cotización.

Sobre el caso de Emiliano Rodríguez, dicen que Continuous acreditó su experiencia antes de cerrar el contrato mediante un certificado de trabajo simple de MataOjo. Lo que no mencionan es que esta es la otra empresa de Carballar. 

Además, acusan a Silva-Santisteban de haber supervisado incorrectamente la operación del pabellón, no autorizando la contratación de la empresa encargada de la construcción, Pico, por dos meses con la excusa de ahorrar ese dinero “para mejorar el servicio de limpieza y seguridad”. Sudaca buscó al consejero para que responda al respecto, pero prefirió no pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones.

En sus respuestas, Promperú revela que actualmente Continuous tiene un personal de “22 personas para el logro del objetivo”, pero que “ellos deberán asumir los gastos de estas 10 personas adicionales”. ¿Cómo podría una empresa meter adicionales a un presupuesto que, en teoría, era el mejor que se podía conseguir? ¿Es que no van a tener ganancias o es que el precio estaba sobrevalorado?

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Expo Dubái, Promperú

La Contraloría realizó una visita de control el pasado 19 de agosto a vacunatorios de Junín. El objetivo: verificar si se estaban cumpliendo los requerimientos necesarios para almacenar las vacunas contra el coronavirus. Los auditores se llevaron más de una sorpresa.

En el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé y el centro de vacunación del fundo “El Porvenir”, ambos a cargo de la Red Asistencial-Junín de EsSalud, no se tenía una cadena de frío que permitiese asegurar los rangos de temperatura adecuados y, así, garantizar la vida útil y capacidad inmunológica de los antídotos.

El informe de control al que accedió Sudaca encontró, por ejemplo, que en ambos vacunatorios las congeladoras donde se almacenan las dosis de Sinopharm y Pfizer “no cuentan con el sistema de alarmas que permite alertar las variaciones de temperatura de las vacunas almacenadas en las congeladoras”. Tampoco se podría informar sobre eventuales cortes de energía eléctrica.

El ambiente destinado a conservar las vacunas en el hospital Ramiro Prialé Prialé, además, está construido en drywall. El piso, a su vez, es de madera y el techo de calamina. Aunque es obligatorio que se cuente con extintores, la visita de control evidenció que no se contaba con ellos. Elva Calero Romero, enfermera encargada de la estrategia de inmunización del nosocomio, detalló a los auditores que tampoco se realizó ningún requerimiento para implementar los extintores necesarios.

Esto último, de acuerdo al informe de la Contraloría, “no garantiza la seguridad de las vacunas ante la posibilidad de incendio, generando riesgo de que se rompa la cadena de frío y, por ende, la pérdida de la capacidad inmunológica de dichas vacunas”.

Además, se halló que, antes de ser inoculadas a la población, las vacunas eran conservadas en termos portavacunas a una temperatura inadecuada: por debajo de los 2° C. La norma sobre inmunización establece que se deben almacenar entre 2°C y 8°C.

En el vacunatorio del Ramiro Prialé, en cinco de los seis puestos de vacunación, los termos portavacunas se encontraban entre 1°C y 1.9°C de temperatura. Esto afectaría la efectividad de los 734 frascos de Sinopharm y 273 de Pfizer que se contabilizaron en el vacunatorio del hospital, según el informe.

En el fundo El Porvenir, por otro lado, la Contraloría verificó que se viene inmunizando en tres de los ocho puestos de vacunación. Cada puesto cuenta con un termo portavacunas. En dos de estos, la temperatura de conservación se encontraba en 1°C, debajo de los 2°C necesarios.

En el fundo tampoco se contaba con implementos de aseo, desinfección y contra incendios. Al momento de la inspección se encontraron 484 frascos de Sinopharm y 227 de Pfizer que podrían estar en riesgo por la incorrecta conservación.

Recientemente, la Contraloría ya había advertido de situaciones parecidas. Pero no en los vacunatorios de EsSalud, sino en la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín. Según un informe de Epicentro Tv, se descubrieron 642 dosis de vacunas Pfizer que no fueron aplicadas, así como casos en los que no se contaba con la alarma que permita controlar la temperatura.

“Cada grupo de vacunas tiene características bajo las cuales se mantienen en su forma adecuada. Cuando hay una baja de temperatura, se tienen que descartar. Ahí se pierde el efecto inmunizador”, explica a Sudaca Edda Cayotopa, vocal del Colegio de Enfermeros del Perú. 

Las situaciones adversas encontradas en esta última visita de control ya fueron comunicadas a EsSalud y al Hospital Ramiro Prialé Prialé para que tomen cartas en el asunto. Ahora depende de ellos corregir las deficiencias que ponen en riesgo la inmunización de los ciudadanos de la región.

EsSalud, en tanto, niega parte de lo dicho por Contraloría. Aquí sus descargos:

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ESSALUD, Junín, Vacunación

La familia del suboficial Carlos Zárate Villalobos, el hombre que daba un irregular resguardo policial a Vladimir Cerrón, tiene en Perú Libre a un buen padrino. La madre del agente, Gregoria Aydee Villalobos Cerrón, no solo ha contratado decenas de veces con los municipios provinciales de Junín, el bastión del partido. También ha cobrado más de S/680.000 por una obra que dejó inconclusa y en mal estado. Así lo revela un prolijo trabajo de la Gerencia Regional de Control de la zona.

Los contratos de Villalobos, quien no registra formación profesional ni cuenta con empresas, aumentaron sustancialmente cuando Cerrón asumió el gobierno regional. En septiembre del año pasado, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Chupaca -cuyo alcalde, Marco Mendoza Ortiz, es militante de Perú Libre- contrató al Consorcio Santa Rosa para el mantenimiento «periódico y rutinario» de un camino vecinal en el distrito de Ahuac.

El mencionado consorcio es integrado por Villalobos y la empresa CRAP Ingeniería y Construcción S.R.L. Un año después hacerse con la obra, a inicios de este mes, la Gerencia Regional de Control de Junín -la oficina de la Contraloría en la región- identificó que no se habían cumplido las condiciones del contrato y que, a pesar de eso, la municipalidad le pagó S/683.760.

De acuerdo al informe de la Contraloría, el consorcio integrado por la mamá de Zárate no realizó los trabajos de mantenimiento durante la fase ll del servicio, por lo que el camino en cuestión tiene baches, cunetas con basura, rocas y vegetación.

También se evidenció la falta de limpieza de las alcantarillas, el empozamiento de agua y “ahuellamientos” (deformaciones por el constante paso de los carros) en diferentes sectores de la vía. Pese a ello, de acuerdo a la documentación de la oficina de control, el consorcio Santa Rosa envió a inicios de este mes una carta informando que sí le habían hecho el mantenimiento al camino.

El consorcio tampoco cumplió con instalar señales de tránsito en el camino, a pesar de que aseguró que sí lo había hecho en otra comunicación enviada a la comuna. Según el contrato, se debían colocar 23 señales, pero al momento de la inspección solo se encontraron cuatro. Por cada una de estas, eso sí, la madre del exguardaespaldas de Vladimir Cerrón y su socio cobraron entre S/520 y S/650 (incluidos en el monto final). Todo esto puso en peligro la seguridad de quienes transitan por ahí, concluye el informe de Contraloría. 

El consorcio Santa Rosa -integrado por la mamá del suboficial Carlos Zarate- cobró más de S/600 mil por una obra mal hecha.

Durante la inspección, el órgano de control también detectó la ausencia del cuaderno de ocurrencias, lo que generó “que no se registren los hechos u ocurrencias relevantes durante la ejecución del servicio”.

De acuerdo al contrato entre el consorcio Santa Rosa y el municipio provincial, “la ejecución de las actividades que no cumplan con los controles de calidad establecidos serán corregidos o reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones y aprobación de la Entidad”.  

Pero la madre de Zárate tiene corona en los feudos perulibristas. No solo no se hizo cargo de los incumplimientos, sino que recibió el 100% del monto acordado por la fase II del proyecto. 

En los últimos tres años, Villalobos ha ganado S/1,6 millones en contratos con el Gobierno Regional de Junín. La mayoría de sus negocios, sin embargo, se realizaron con la municipalidad de Chupaca, de donde proceden ella y su familia, incluido el suboficial Carlos Zárate, su hijo. Desde 2019, facturó más de S/990.700 con esta comuna.

Por su parte, CRAP Ingeniería y Construcción S.R.L. ha realizado trabajos en Ayacucho, Huancavelica y Junín, siendo esta última la región donde más ha facturado: S/9,5 millones desde 2015, de acuerdo al buscador de proveedores del estado del MEF.

Cuando se firmó el contrato de Ahuac, en septiembre de 2020, el gerente de la empresa era Christian Álvarez Paitampoma. Según otro informe de la Contraloría de junio de ese año, Álvarez presentó documentación falsa para obtener la buena pro de un concurso público en Virú, La Libertad. 

El pasado 20 de septiembre, la municipalidad recibió el informe emitido por la Contraloría para que adopte las acciones correctivas, es decir, para pedirle al consorcio que corrija el pésimo trabajo realizado. ¿Se atreverá el alcalde a emplazar a los amigos de Cerrón? Sospechamos que no.

Nos comunicamos con la municipalidad de Chupaca, pero hasta el cierre de este reportaje no nos respondieron.

 

*Fotoportada: Darlen Leonardo / Fotos: Portal Central

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Carlos Zarate, Perú Libre, Vladimir Cerrón

5 de noviembre. La fecha está marcada en rojo en el calendario de Palacio. Cuando llegue, se habrán cumplido cien días del nuevo gobierno y -si no sucede nada extraordinario- el presidente Pedro Castillo empezará a evaluar la gestión de sus ministros. Así lo indican fuentes de Perú Libre y del Ejecutivo consultadas por Sudaca. Esta medida es impulsada por el ala dura del partido oficialista, que capitanea Vladimir Cerrón, y habría sido aceptada por el jefe de Estado, en medio de las conocidas tensiones en el Gabinete. 

El rumbo de los cien primeros días del gobierno fue diseñado en el plan de la segunda vuelta, que se llama “Perú al bicentenario sin corrupción”. El documento contempla la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, nuevos impuestos a la minería, la masificación del gas natural, el retorno a las clases presenciales, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el inicio de lo que llaman “la segunda reforma agraria”. 

La idea es que esta última propuesta sea lanzada el próximo 3 de octubre, para conmemorar el día en que empezó la dictadura de Juan Velasco Alvarado en 1968, aseguran fuentes palaciegas. Se trata de una medida polémica, por los malos recuerdos que le trae el régimen militar a la derecha y por la expropiación de tierras, aunque la reforma de Castillo se enfoca principalmente en reducir  la importación de alimentos. En lo político, el objetivo es confrontar a los adversarios del gobierno, que –según la lógica perulibrista– quieren imponerles la agenda. 

La decisión de estirar los cambios en el Gabinete hasta inicios de noviembre se da mientras Castillo y Cerrón han retomado una comunicación fluida por la vía telefónica, según una fuente de Perú Libre. Han vuelto a acercarse. Esto, luego de un encuentro cargado de tensión en la casa del ministro de Justicia el 21 de agosto pasado. Cerrón está actualmente en Junín, arrinconado por investigaciones fiscales entre las que hay un caso de lavado de activos y una acusación de presunto soborno.

Perú Libre también prepara con sus aliados una serie de propuestas sobre lo que hará el Ejecutivo tras los primeros cien días, según una fuente cercana a Vladimir Cerrón. Los principales dirigentes de estos grupos, como Álvaro Campana, de Nuevo Perú, y Roger Nájar, de Perú Libre, tienen reuniones para tal fin. También participan militantes del Frente Amplio. Estas organizaciones políticas conforman el denominado Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, que tiene como fin apoyar al gobierno ante las críticas. 

Lenin Checco, dirigente del Frente Amplio, dice que su agrupación -hoy sin inscripción- conversa también con Perú Libre sobre una posible alianza de cara a las elecciones municipales y regionales del próximo año. “Hemos tenido conversaciones preliminares con Perú Libre por la preocupación de ir en un solo frente y cómo afrontar los comicios del 2022”, dice. Los únicos partidos de izquierda con inscripción vigente son Perú Libre y Juntos Por el Perú. 

GOLPES Y CUCHILLOS

La aparente unidad de estas organizaciones contrasta con las fricciones dentro del Gabinete y en la bancada de Perú Libre. El canciller Óscar Maúrtua está en la mira del ala dura del partido desde que reemplazó a Héctor Béjar -recomendado de Cerrón- en Torre Tagle. Para los cerronistas, Maúrtua echó más leña al fuego al suscribir un nuevo convenio con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

“Imperdonable que el Canciller (Maúrtua) renueve convenio con la Usaid, cómplice de todos los golpes de estado en América Latina y organismo espía dentro de nuestra patria”, escribió en su Twitter el congresista Guillermo Bermejo. En medio de esos cuestionamientos, el vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien llegó al cargo en la breve gestión de Héctor Béjar, dijo que “la posición del Perú desde el 5 de enero es que no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”. Esta declaración de Chávez, diplomático de carrera, desató la ira del primer ministro Guido Bellido, quien -ante la nula comunicación con el canciller- decidió responder con un tuit: 

El presidente Castillo también cuestionó en la interna la posición del vicecanciller, según fuentes de Palacio. El ministro de Salud, brazo derecho del mandatario, Hernando Cevallos, opinó en esa misma línea y dijo en RPP que las declaraciones de Luis Enrique Chávez fueron “absolutamente inadecuadas”. 

Pese a las divergencias con Maúrtua, en el partido del lápiz consideran que no sería conveniente pedir su cabeza. “No podemos tener dos cancilleres en dos meses”, dice una fuente. 

El vicecanciller Luis Enrique Chávez Basagoitia, manzana de la discordia en el gobierno, en una actividad en Génova, Italia, en el 2017. Foto: Organización Internacional de Trabajo.

“La evaluación [de ministros] se da en cualquier momento”, apunta Bellido brevemente a Sudaca. Al ser consultado sobre la permanencia del Canciller, respondió: “Eso depende del presidente de la República”. 

El Consejo de Ministros también está fracturado ante los ataques que reciben los ministros Pedro Francke (Economía) y Aníbal Torres (Justicia) en medios recién salidos y afines a Perú Libre, como el diario “El Sombrero” y la revista “Marka”. A Torres le piden en un titular que “cierre el pico”, por haber cuestionado el rol de Cerrón en el gobierno, y a Francke lo acusan de “neoliberal” y de ser de la “oposición”. 

Betsy Chávez Chino, congresista de Perú Libre y que encabeza el bloque moderado en la bancada oficialista. Marca en la interna distancia con Vladimir Cerrón y Guido Bellido.

Los ataques han motivado las quejas del bloque moderado de la bancada de Perú Libre, liderado por la parlamentaria Betssy Chávez, quien considera que la arremetida mediática responde a la influencia del ala dura del partido. La legisladora, según pudo conocer Sudaca, le ha pedido al presidente que “tome decisiones drásticas” respecto a las actitudes de Bellido. Es decir, que ejerza su liderazgo y no permita que el premier actúe sin consultar, desatando crisis políticas con sus intervenciones. Chávez considera que el mandatario “ha cedido muchos espacios” al ala dura de Perú Libre, de acuerdo a fuentes allegadas a la legisladora. 

“Ser candidato en el Perú y llegar a ser presidente es sencillo. Pero gobernar es otra cosa”, dijo Castillo en su reunión con empresarios en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La crisis en el Consejo de Ministros es una prueba fehaciente de lo que dice el gobernante. 

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El Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) se resiste a desaparecer. La organización sobrevive a la muerte del sanguinario fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, entre la victimización y el apoyo a iniciativas del gobierno. Una de estas es la Asamblea Constituyente.

Actualmente, el Movadef es liderado por Alfredo Crespo, exabogado de Abimael Guzmán y quien ostenta el cargo de secretario general. Crespo está en la actualidad con arresto domiciliario al ser intervenido en el marco del operativo policial Olimpo, en diciembre del 2020, realizado para cazar a simpatizantes de Sendero Luminoso.

En el 2018, Crespo asumió el liderazgo del Movadef ante la muerte de Manuel Fajardo, otro de los abogados de Guzmán. “¿Se compromete a cumplir y/o asumir consecuentemente el cargo de secretario general guiándose y aplicando nuestra guía Ideológica, el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo?”, le preguntaron a Crespo en la juramentación. “Sí, me comprometo”, respondió él en una reunión ante cien personas en Jicamarca, y en medio de aplausos.

Documento de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía que da cuenta de la juramentación de la nueva directiva del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, en el 2018.

La juramentación de Crespo fue clandestina, en sintonía con uno de los lemas del movimiento: “el partido es secreto o no es nada”. Pudo ser grabada gracias a la infiltración de agentes policiales.

La número dos de la organización, Estela Guillermo Álvarez (subsecretaria nacional, de acuerdo al organigrama), se encuentra presa a raíz de la misma operación Olimpo. En total hay 51 activistas del Movadef con prisión preventiva, 18 con comparecencia restringida y 8 con arresto domiciliario por estas pesquisas.

Según los planes de su fundador, Manuel Fajardo, el Movadef apuntaba a expandir su radio de acción en todo el país (para el 2018 ya tenían 5.000 inscritos y 68 bases a nivel nacional, salvo en Cajamarca, Loreto y Madre de Dios). El operativo Olimpo frenó sus aspiraciones.

“En los últimos diez años han sufrido golpe tras golpe. Primero la Operación Perseo [un megaoperativo realizado el 2014], luego Olimpo, después la muerte de su líder máximo. Los veo debilitados”, dice el antropólogo Dynnik Asencios, investigador del Instituto de Estudios Peruanos y estudioso de Sendero Luminoso.

De hecho, Guzmán murió sin arrepentirse, según su abogado Sebastián Chávez. “Una vez me dijo: ‘Si te metiste para soldado, tienes que aprender a marchar’. Él decidió iniciar la lucha armada porque estuvo plenamente convencido de que era lo que correspondía”, dice Chávez, quien es considerado por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) como integrante del Ratio Luris, otro organismo salido de las entrañas de Sendero Luminoso, que funciona como brazo jurídico del Movadef. 

“Los integrantes del Movadef no tienen arrepentimiento de lo que se hizo. No han hecho un deslinde. Y eso es un gran problema. Así no podemos convivir todos en democracia”, dice, por su parte,  el investigador Asencios.

AFINIDADES

Según la Dircote, el Movadef se creó en el 2009 por orden de Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre para impulsar un movimiento “pro-amnistía”. En estos últimos meses, el grupo no sólo se centró en pedir la liberación de Abimael Guzmán. También saludó la elección de Pedro Castillo y Perú Libre, y apoyó la iniciativa de una nueva Constitución con el lema “¡Asamblea Constituyente ya!”, sin que esto signifique un pacto formal con el gobierno.

Constituyente
Julio, 2021. El comunicado del Movadef en el que respalda una asamblea constituyente y saluda la proclamación de Pedro Castillo como presidente.

“Saludamos al compañero Pedro Castillo, le deseamos éxitos en su gestión y esperamos que propicie una real democratización de la sociedad peruana, que permita mejores condiciones para desarrollar el camino del pueblo”, escribió el movimiento en su sitio web, tras confirmarse en julio pasado el triunfo del profesor cajamarquino en las elecciones presidenciales.

Movadef también promueve la recolección de firmas para el referéndum por una Asamblea Constituyente en su cuenta de Youtube. Y su base en Puno ha realizado pintas a favor de la asamblea, el caballo de batalla de Perú Libre.

En esa región se encuentra César Tito Rojas, sindicado por la Dircote como miembro fundador del movimiento. Tito hoy es dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), el gremio fundado por el presidente Pedro Castillo. Su nombre saltó a la palestra cuando visitó la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros el pasado 7 de septiembre. Lo cierto es que el sindicalista vino como parte de una delegación de dirigentes puneños, representantes de otros gremios, para denunciar el abandono de un hospital regional. 

La cercanía de Castillo con algunos miembros del Movadef, sin embargo, es indisimulable. El 2018, el candidato presidencial de Perú Libre y cuatro representantes del Conare-Sute participaron de un evento de educación en La Paz organizado por Álex Chamán, representante en ese país del movimiento que pedía la amnistía de Guzmán. 

La Fenate Perú, el gremio fundado por Castillo, acaba de lanzar su propia agrupación política. La ha bautizado como Partido Popular y Magisterial. El liderazgo del partido ha recaído en Mery Coila, exsecretaria de Organización del Movadef en Tacna. La firma de la profesora también figura en los planillones del movimiento prosenderista, aunque recientemente declaró que se arrepentía de haberlo hecho.

El Movadef también se ha sumado al coro oficialista de que hay persecución política contra Perú Libre.  El grupo colgó hace apenas un mes el video de un conversatorio sobre esta supuesta persecución política al partido de Vladimir Cerrón, donde se entrevista a dos militantes de la agrupación del lápiz, Jorge Aliaga y Luis Tarazona. En el evento una de las presentadoras comparó la situación de Perú Libre “como en su momento fue la campaña contra la inscripción legal del Movadef, cuando tuvo la intención de inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones”.

El 2011 el Jurado Nacional de Elecciones cerró la puerta a la pretensión del Movadef de convertirse en partido político al señalar que el “pensamiento Gonzalo”, ideario que suscriben, desemboca en actos violentos.

El discurso de victimización también inunda las redes senderistas. “¿Es acaso casual la persecución a los activistas del Movadef, a los compañeros Aduviri, Cerrón, Santos, a los abogados de Ratio Iuris, a las organizaciones como Perú Libre, Conare Sutep, Fudepp, a los compañeros detenidos en el operativo Olimpo? De ninguna manera”, dice el Movadef en su portal oficial. 

Diciembre, 2020. Detención de Paul Leonardo Fernández, secretario de Movilización del Movadef, en el marco de la Operación Olimpo. Foto: Ministerio del Interior.

Otros organizaciones fachada de Sendero, como la asociación de abogados Ratio Luris, manifiestan una defensa cerrada  del ministro de Trabajo, Íber Maraví, acusado de pertenecer a Sendero y próximo a ser interpelado en el Congreso. “¿Cuál es el problema si es que en algún momento (Maraví) tuvo un pensamiento distinto? A Maraví por un tema de hace cincuenta años están pidiendo su cabeza. En el Perú no se puede ser comunista”, dice a Sudaca Sebastián Chávez, abogado de Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre. El letrado hace referencia a las acusaciones contra Maraví sobre una presunta participación en atentados terroristas en Ayacucho, en 1981.

Miguel Sánchez Calderón, por ejemplo, otro de los abogados de los cabecillas senderistas y miembro de Ratio Luris según la Dircote, apoyó en redes la postura del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el congresista de esa agrupación, Edgar Tello, de rechazar la ley para incinerar el cadáver de Abimael Guzmán.

El presente de los grupos de fachada de Sendero Luminoso como el Movadef, sin embargo, es el silencio. “Solamente el 5 % de su accionar es abierto; mientras que el 95 % está relacionado a ‘trabajo clandestino’”, dice un reciente informe de la Dircote. 

Los seguidores de Abimael Guzmán prefieren expresarse en las redes sociales y no dar entrevistas para evitar represalias de las autoridades. Los del Movadef no han cuestionado hasta el momento al presidente Castillo por promulgar la ley que permite cremar a Abimael Guzmán y la cúpula terrorista, aprobada en el Congreso. Los senderistas han apostado por respaldar desde su sitio web la victimización de la viuda del fundador de Sendero.  Y es que Yparraguirre ha denunciado el «asesinato” de su esposo, el genocida Abimael Guzmán, porque no lo dejan ver el cadáver. 

Pese al fuego graneado en las redes sociales del Movadef, el gobierno -como en todos los casos relacionados a Sendero-  no ha dicho esta boca es mía.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Abimael Guzmán, Movadef, sendero luminoso
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