Informes

Creadas desde comienzos del siglo pasado y a mediados del mismo, la radioterapia y la quimioterapia son dos tratamientos usados por los médicos especializados en combatir las neoplasias o tumoraciones anormales que se conocen desde los inicios de los tiempos como cánceres. La resonancia magnética es el método diagnóstico más usado en el mundo moderno desde 1990 para saber cuán avanzado está un cáncer, cuánto se ha reducido con los tratamientos y hasta cuándo tendrán que prolongarse los mismos. En el mundo infantil peruano, los bebés y los niños afectados por la enfermedad que toma a un miembro de la familia y deshace al resto de esta, los medios para combatirla y el mejor método diagnóstico son pocos, son escasos o son inexistentes. En el reino infantil peruano, presidentes tan bestiales como Pedro Castillo, ministros tan venales como el que no permitía que se reparen los resonadores magnéticos de los hospitales para beneficiar al dueño de una cadena de empresas que tienen más resonadores en Lima que en el más grande hospital de los Estados Unidos, o payasos tan farsescos como “Chibolín”, quien organizó un espectáculo macabro en Palacio de Gobierno para engañar a los padres de los niños enfermos de cáncer, son los que usan a estos como medios propagandísticos. Son seres sin compasión por el prójimo, carroñeros como los gallinazos y las hienas.

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Como se recuerda, el presidente Pedro Castillo y ‘Chibolín’, armaron un gran show con fines publicitarios.

La representante del Colectivo Ley Cáncer Infantil Perú, Karina Pujay, sabe en carne propia lo que es convivir con el cáncer, por ello nos cuenta los padecimientos que tiene que pasar cada padre de familia para poder luchar contra la enfermedad en nuestro país.

“La situación actual de los pacientes oncológicos infantiles de nuestro país es que muchos de ellos se están muriendo o no están recibiendo una atención adecuada por la falta de medicamentos y esto hace que nos encontremos en una situación de niños con recaídas, con metástasis, por no haber recibido el tratamiento oportuno y adecuado. Tanto en los hospitales del Ministerio de Salud como en los de EsSalud faltan camas y medicamentos que puedan salvar las vidas de los niños, nosotros estamos con medicamentos que ya no se utilizan: eso es lo que nos están brindando; por ello se le ha pedido a la Digemid que pueda aprobar los nuevos fármacos, y no tenemos respuestas todavía.

Entonces, fuimos a tocarles las puertas a los congresistas y a la ministra de Salud -Rosa Gutierrez- para que se interese en el tema. Sin embargo, ella -quien al cierre de este informe dimitió para no ser censurada en el Congreso- no hizo absolutamente nada. No puede ser posible que hace dos años se haya reglamentado una ley para la detección oportuna y la atención integral del cáncer del niño y el adolescente, y no se ejecute. Igualmente, la ley habla de un subsidio y una licencia con goce de haber para los padres de los menores afectados por la enfermedad y el Ministerio de Trabajo, del cual depende EsSalud, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía no se pongan de acuerdo para hacer efectivo dicho reglamento. Solo saben tirarse la pelota, nada más. Mientras tanto, muchos niños han fallecido en ese periodo”.

“Nosotros no deberíamos estar esperando la voluntad política porque existe una ley que los obliga”, indica la señora Pujay, sin embargo, hay muchos padres que no pueden afrontar la enfermedad de sus niños por falta de recursos económicos “muchos niños mueren y nosotros no podemos vivir con esa angustia de qué hubiera pasado si hubiéramos tenido el dinero para los tratamientos adecuados”, es por eso que están reclamando el subsidio oncológico que indica la Ley 31041, enfatizó.

Los niños son el futuro del país y vamos a seguir en pie de lucha hasta que los funcionarios tengan esa humanidad.

“Nuestros plantones, nuestras marchas y nuestras vigilias son para dar a conocer qué es lo que está pasando con los niños con cáncer, porque no se les da la importancia debida. Si nadie hace nada, los niños se mueren; sabiendo, según las estadísticas de todo el mundo, que un tratamiento oportuno vence al cáncer en 8 de cada 10 pacientes.

Es más, les hemos hecho saber a los funcionarios encargados de los programas de salud infantil que un tratamiento de manera continua es más barato que uno con interrupciones, porque en ese segundo caso cada vez que el tratamiento se reinicia es como comenzar de cero. Además de continuo, el tratamiento debe ser reforzado con drogas más modernas, como la L-Asparagasina Erwinia que si no se aplica a niños con leucemia, estos mueren.

El viernes pasado hemos tenido una reunión con la Gerencia Central, en la cual hemos solicitado que los plazos de atención, de provisión de nuevas drogas y de implementación de nuevas camas y nuevos médicos se acorten. En el Hospital Rebagliati hay cinco oncólogos pediatras y en el Hospital Almenara solo hay dos oncólogos pediatras para todos los niños que requieren atención, y en ambos solamente hay 10 camas para niños hematológicos y 10 para niños oncológicos.

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Los pacientes con cáncer tienen que esperar seis meses para poder hacerse una resonancia que podría salvarle la vida.

Por el lado de las pruebas para ver los avances -o los retrocesos- de las enfermedades oncológicas la cosa es peor, peor que peor; en el Hospital Almenara no hay resonador magnético disponible, las pruebas se tercerizan en el Centro de Diagnóstico por Imágenes (Cerema), la Clínica Ricardo Palma y alguna que otra vinculada a los funcionarios de los hospitales. Pero eso no es todo, cuando les exigimos a las clínicas que cumplan con los cronogramas establecidos en los hospitales, los encargados de las clínicas nos dicen que los hospitales no les pagan. El Rebagliati tiene un resonador que se malogra cada cierto tiempo y demora más de seis meses en ser reparado. Lo mismo pasa en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en el cual una auditoría médica ha evaluado y contemplado que se necesitan 5 resonadores para atender a toda la población afectada de Lima, y solo hay uno: tan viejo que más de uno asegura que pertenece a la primera generación de resonadores, es decir, de los años noventa.

Por todo eso, le reclamamos al gerente central de EsSalud y este nos ha asegurado que está proyectada la construcción de una torre oncopediátrica en el Rebagliati y otra en el Almenara. Según sus propias palabras, para la primera torre solo falta un expediente técnico y la búsqueda de un concesionario para la construcción. Ojalá sea verdad tanta belleza”.

Cuidados inexistentes

“Los cuidados paliativos no existen en EsSalud, no hay un área de cuidados paliativos para niños, solo les dan tramadol y listo y eso no debe ser así, las mamás que sus niños pasan a cuidados paliativos tienen que ir al Hospital del Niño porque ahí sí encuentran un médico tratante donde le dicen como llevar el tratamiento como terapía de ozono o terapía para el dolor.

Los niños son el futuro del país y vamos a seguir en pie de lucha hasta que los funcionarios tengan esa humanidad, hay muchos niños que se curan y hoy en día son profesionales, no hay que dejar morir a los niños, el sistema de salud debe ser modernizado, cómo es posible que solamente se haga radioterapia en el hospital Rebagliati para todos los pacientes que son atendidos en la Red EsSalud y la referencia se demora muchos meses eso es inaudito en esa demora existe crecimiento de tumores existe metástasis existe recaídas  existe amputaciones y existe la muerte”.

Hace setenta y dos años, el General Manuel A. Odría colocó la primera piedra del Hospital Rebagliati, que unos años más tarde se convirtió en el mejor hospital público de América Latina.

Un llamado a las autoridades

Karina Pujay, representante del colectivo dice que la presidenta Dina Boluarte y la ministra de Salud deben de velar por la salud de todos los pacientes, asimismo, afirmó que no perciben que el dinero que destinó el Gobierno al Ministerio de Salud para la atención de los pacientes oncológicos esté siendo empleado adecuadamente.

«La ministra (Rosa Gutiérrez) indicó que se está transfiriendo S/ 515 millones, pero nosotros no lo vemos, queremos que nos den una rendición de cuentas. Qué está pasando con todo el presupuesto por el que luchamos para que este año no nos falte y nos falta», expresó.

«Sobre los medicamentos, Cenares no tendría que estar desabastecido y lo está. Defensoría del Pueblo, ¿qué hace? No está fiscalizando. Susalud, también, ¿cuál es el trabajo que está realizando? ¿Cuál es la sanción que reciben estas entidades que deberían brindarnos tratamientos? ¿Qué está haciendo la Contraloría? No hay ningún funcionario sancionado ni a INEN ni a EsSalud», añadió.

“La ley 31336 ayuda a salvar la vida de las personas con cáncer, sin embargo, no se ejecuta ninguna ley y eso es porque la ministra no está trabajando y los funcionarios son indolentes, la ministra y su comitiva sólo nos dicen que todo está controlado, pero es mentira, ante la escasez de fármacos para esta enfermedad “nosotros los padres estamos realizando actividades para comprar las medicinas, estamos recibiendo donaciones de organizaciones que ayudan a los pacientes, las mismas mamás piden ayuda por las redes sociales y realizan rifas, polladas y de alguna forma vemos la manera de poder ayudar para que esos niños no pierdan el tratamiento, porque con la salud no se juega con la salud no sé experimenta.

Nos hemos reunido con el Gerente General de Operaciones de EsSalud Luis Hurtado, y nos ha indicado que de forma inmediata se habilitaran consultorios médicos de oncopediatría, se va a ampliar el horario para la donación de plaquetas, la espera de resultado de sangre para los pacientes ingresados por emergencias será de menos de una hora y los resultados de los hospitalizados se darán el mismo día, también nos han indicado que las referencias se darán de manera inmediata”, finalizó.

Parece que cuando de festejos se trata Essalud no escatima en gastos porque hace unos días realizó una gran fiesta por el Día del Padre pese a que muchos niños mueren esperando fármacos adecuados para sus tratamientos, una cita o una resonancia.

Durante milenios, incluso cuando nuestros antepasados aprendieron a cultivar las plantas y a domar a las aves y a los cuadrúpedos, los cuales incrementaron notablemente la dieta de los humanos, los seres prehistóricos sacrificaban a los individuos más vulnerables en beneficio de los físicamente más fuertes. Los seres sacrificables fueron, sobre todo, los ancianos y los niños. Siglos más tarde, cuando el humanismo se extendió por el occidente cristiano, muchas comunidades comenzaron a dedicar tiempo y recursos a los cuidados de los enfermos, entre ellos a los que sufrían males desconocidos o, mejor dicho, poco conocidos, como los cánceres. Con el correr de los años y con el descubrimiento de las terapias para reducir el tamaño de las lesiones cancerosas, los grupos de ayuda a los familiares pobres de los niños con problemas oncológicos crecieron y más niños tuvieron vida de mejor calidad. Sin embargo, en nuestro país, donde los ‘malos’ tienen controlados todos los resortes del estado desde muchos años atrás, los niños con neoplasias malignas están condenados a morir muy rápido y en las peores condiciones posibles: no hay suficientes camas para hospitalizarlos, no hay medicinas para atacar sus lesiones y reducir sus dolores, y, peor que peor, los hospitales dependientes del Ministerio de Salud y de EsSalud tienen los tomógrafos y los resonadores malogrados. Es más, aprovechándose de esa situación, los directivos de esas instituciones dilapidan los fondos públicos en compras superfluas y festejos prescindibles antes que en las compras de los insumos y los equipos indispensables para combatir el cáncer infantil. ¿Habrá algún peruano bien nacido que esté dispuesto a convocar a los mejores hombres de este tiempo para postular a la Presidencia, ganarla y dedicarse desde el primer día a desinfectar el aparato público? Ojalá.

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En Sudaca somos respetuosos del derecho de defensa y de la libertad de expresión, y vemos con agrado que la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos salga en diversos medios de comunicación escritos y televisivos a dar entrevistas; sin embargo, lo que no ha salido hasta ahora a la luz pública es el despliegue de influencias y de manejos oscuros que realiza para “convencer” a que los congresistas voten en contra de su inhabilitación como fiscal por cinco años y que la alejaría para siempre del poder que maneja en el sistema de justicia.

El lobby de Zoraida Ávalos en el congreso de la República

La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera viene realizando desde varios meses atrás una intensa actividad de influencias y lobby parlamentario con el fin de evitar que el Congreso de la República la inhabilite en el ejercicio del cargo de Fiscal Supremo. La conducta que realiza Zoraida Ávalos es la misma por la que abrió en su época de mandamás del Ministerio Público varias investigaciones penales por la comisión del delito de tráfico de influencias a diversos altos funcionarios.

Zoraida Ávalos trata de mover los hilos del poder en el Congreso de la República a través de diversas personas, entre las que se cuenta su ex asesora de confianza, que trabajó en la Fiscalía de la Nación: Malena Chacón Arenas, quien fue nombrada en dicho cargo el 19 de marzo del 2019 hasta el 3 de julio del 2023, es decir, laboró en la gestión de Ávalos Rivera los tres años que estuvo en el cargo como Fiscal de la Nación, desempeñándose como coordinadora parlamentaria del Ministerio Público. Malena Chacón viene sosteniendo diversas reuniones con congresistas y sus asesores a quienes trata de convencer de que voten en contra de la inhabilitación de Zoraida Ávalos o que simplemente voten en blanco con el único propósito de que no se alcance el número legal de votos requeridos para inhabilitarla. Chacón Arenas trabajó antes como secretaria general de la Municipalidad del Santa en la gestión de Victoria Espinoza García, quien fue condenada por el delito de colusión ilegal a cuatro años de pena privativa de libertad por el caso denominado “semáforos inteligentes”.

Malena Chacón Arenas (DNI N° 32964940) en el mes de abril del 2023 visitó tres veces el Congreso de la República: el 13 de abril, el 25 de abril y el 27 de abril. Todas las visitas fueron autorizadas por la congresista por Huánuco de Perú Libre, Elizabeth Sara Medina Hermosilla, quien pertenece a la Bancada del Bloque Magisterial. La visita de Chacón Arenas a una congresista del partido del expresidente Pedro Castillo confirmaría la estrecha vinculación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos con el gobierno del defenestrado expresidente.

En el mes de mayo del 2023 Malena Chacón Arenas registra seis visitas, los días 3 de mayo (visita a la congresista Elizabeth Sara Medina Hermosilla), 5, 15, 17 y 19 de mayo (visita a Javier Angeles Illmann: Director General Parlamentario,) y 22 de mayo (visita a la congresista María Acuña Peralta).

En las diversas visitas al Congreso de la República Chacón Arenas mantenía reuniones con diversos congresistas de las bancadas de izquierda, de Acción Popular, Alianza por el Progreso, Podemos Perú y otras tiendas políticas a fin de convencer a los congresistas de que voten por el rechazo por el pedido de inhabilitación de Zoraida Ávalos, ofreciéndoles que si Zoraida regresaba a la Fiscalía de la Nación iba a archivar cualquier investigación en su contra, dedicándose, además, a despotricar de la actual gestión de la Fiscalía de la Nación, señalando que la Junta Nacional de Justicia la va a suspender del cargo y la va a destituir. La prueba reina de las gestiones y el lobby ilegal que hacía Malena Chacón Arenas a favor de Zoraida Ávalos se encuentra en un audio que grabó un Congresista de la República y que obra, según nuestras fuentes, en poder del Ministerio Público quien viene adelantando una investigación reservada al respecto.

Es muy grave que una exfiscal de la Nación utilice a sus antiguos asesores de confianza, quienes fueron contratados y pagados por más de tres años por el Ministerio Público, para hacer tráfico de influencias y para ofrecer una serie de beneficios y prebendas legales a los congresistas a cambio de votos en contra de la vacancia.

Zoraida Ávalos, como Fiscal Suprema en ejercicio, debe dar ejemplo de conducta ética y demostrar que para defenderse no es necesario acudir a acciones vedadas por la ley y menos utilizar a antiguas asesores de confianza para buscar acercamientos a congresistas para lograr que voten a su favor.

Los mails secretos de Zoraida Ávalos a los congresistas (jueces del congreso) que decidirán si la inhabilitan constitucionalmente

Zoraida Ávalos el 23 de mayo del 2023 envío desde su mail personal (zoraidaavalosrivera@gmail.com) al correo privado de casi todos los congresistas una copia de su escrito de defensa elaborado por el abogado Francisco Eguiguren Praeli, lo que supone realizar un manifiesto acto ilícito e indebido ya que a ningún litigante o abogado en el Perú se le permite que pueda enviar al correo privado de un juez o fiscal en el que se lleva un caso de su interés el escrito de alegatos de defensa o el informe elaborado por su abogado defensor. A ninguna persona investigada en el Perú se le autoriza enviar vía mail un escrito de defensa al correo personal de un funcionario público que conoce un caso.  Cualquier litigante sabe que lo correcto es presentar el escrito que le interesa en la mesa de partes de una institución pública o enviar el documento al correo institucional de la mesa de partes, por ejemplo, de una fiscalía, de un juzgado o de cualquier dependencia pública.

Zoraida Ávalos puede defenderse en el pleno del Congreso o pedir una entrevista formal a cualquier congresista de la República, pero lo que no puede hacer es enviar mails a los correos privados de los congresistas que en este momento están actuando como sus jueces del Parlamento en el pedido de inhabilitación que se verá el 21 de junio en el pleno del Congreso de la República.

A ningún ciudadano se le concede en el Perú el poder mantener una relación directa y personal, a través del correo electrónico, con algún funcionario (juez, fiscal congresista, etc.) que forma parte de un órgano colegiado que decide un caso de su interés. Todo abogado sabe que no es lícito ni correcto que los escritos de su defensa los pueda remitir al correo privado de un juez o fiscal o cualquier otro funcionario público, ya que está generando una relación extraprocesal prohibida por la ley.

Consultado el caso de Ávalos Rivera con algunos fiscales, se nos ha indicado que la exfiscal de la Nación habría cometido una infracción muy grave a la Ley de la Carrera Fiscal que sanciona, incluso, con destitución a quien “abusa de la condición de fiscal para obtener un trato favorable o injustificado” (artículo 46.15). Se nos dice que Zoraida Ávalos solo por el hecho de ser todavía fiscal suprema se siente capaz de hacer algo que a ningún abogado se le ocurriría cometer: enviar los alegatos de su defensa al correo personal de los congresistas que dentro de poco deberán decidir si la denuncian constitucionalmente e inhabilitan para el ejercicio del cargo público.

 

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Las designaciones en el Ministerio de Educación vuelven a causar impacto, pero no por representar un cambio que represente una transformación favorable para la cada vez más precaria y descuidada educación peruana sino por la cantidad de personajes con un pasado cuestionable que hoy ven cómo las puertas del Minedu se les abren de par en par.

Sudaca ha revisado algunas de las recientes resoluciones ministeriales publicadas por el ministerio encabezado por Magnet Márquez y se encontró con dos casos que han despertado especial atención. Una involucrada con el Club de la Construcción y un generoso financista del fujimorismo hoy ostentan cargos importantes en el ministerio que tiene a su cargo la educación de las nuevas generaciones.

DE INVESTIGADA A DIRECTORA GENERAL

En julio del 2017, una investigación del diario El Comercio advirtió de la existencia de un grupo de constructoras nacionales y extranjeras de las que se sospechaba que habían realizado una concertación ilícita para repartirse obras que eran adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que, por supuesto, representaban varios millones de soles en juego. A este grupo se le denominó como el ´Club de la construcción´.

Decenas de obras y concursos públicos fueron investigados por la fiscalía al conocerse este escandaloso caso que, según se pudo conocer, exponía una situación que venía ocurriendo desde hace un largo tiempo atrás y empresarios que hasta entonces parecían prósperos pasaron a tener órdenes de prisión preventiva.

Como parte de estas investigaciones el foco también estuvo puesto en los comités de licitación de Provías Nacional, el proyecto especial encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, quienes se habían encargado de adjudicar montos millonarios.

Entre los miembros de estos comités figuraba el de Karin Bustamante Hidalgo. Su nombre, tal como lo reportó El Comercio, figuraba en el comité de selección de una obra entregada al Consorcio Vial Junín, el cual está integrado por las empresas ICCGSA, JJC, EIVISAC y JACCSA, que recibió una obra con un valor adjudicado de S/ 305,013,261, un valor que representa un 8% más del original.

Sin embargo, este no sería la única obra con la que estuvo vinculada Bustamante Hidalgo. En el comité de selección para una obra relacionada con la Carretera Puente Chino – Aguaytía también figuró como miembro titular y, en este caso, también se detectó que el valor adjudicado, S/ 169,095,118, representaba un 9% más del valor original.

Pero Karin Bustamante volvería a figurar en un nuevo comité de selección, pero esta vez relacionado con el Consorcio Huallaga, quienes tuvieron a su cargo la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjuí – Tocache. Al igual que en los casos anteriores, se encontró que el valor adjudicado superaba en un 8% al valor original.

Su nombre volvería a figurar en los comités de selección que adjudicaron obras al Consorcio Kishuara III (rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay) y Consorcio Lunahuaná (rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cañete – Lunahuaná). En ambos casos se encontró que el valor adjudicado también superaba el valor referencial.

No obstante, que su nombre se haya vinculado con el caso del ´Club de la Construcción´ no ha impedido que el Ministerio de Educación le encargue, desde el pasado 6 de junio, el puesto de directora general de la Dirección de Gestión Descentralizada.

EL FINANCISTA DE KEIKO

“Ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional”, escribió semanas atrás Keiko Fujimori en un intento de respaldar a la presidenta Dina Boluarte ante los cuestionamientos que le hacían Andrés López Obrador y Gustavo Petro, presidentes de México y Colombia respectivamente.

Sin embargo, hace menos de dos años, quien por entonces era la candidata presidencial de Fuerza Popular y disputaba la segunda vuelta ante Pedro Castillo, no dudaba en enviar emisarios a la OEA y brindar conferencias de prensa anunciando las acciones que tomaría su agrupación política ante un supuesto fraude que favorecía a la fórmula presidencial de Perú Libre, la cual incluía a Dina Boluarte, la persona a la cual hoy le reconoce haber llegado al cargo de forma legal y constitucional.

Pero la estrategia del fujimorismo en aquella disputada contienda electoral requería inversión y la encontraría en generosos empresarios que estaban dispuestos a financiar las más de trescientas apelaciones que Fuerza Popular presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al conocer que Pedro Castillo los había superado en votos tras la segunda vuelta.

El periodista Ernesto Cabral dio a conocer, en julio del 2021, la lista de estos financistas que le permitieron al fujimorismo sostener su desesperada estrategia. Entre estos nombres figuraba el de Álvaro Guillermo Estrada Briceño, quien por aquel entonces era gerente general de Evergran Grupo Inmobiliario y AJJ Contratistas Generales.Estrada Briceño le había dado una mano al fujimorismo con la suma de S/25.080 que les permitió treintaiocho apelaciones ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Casi dos años después de haber sido parte de esta cuestionada estrategia, Álvaro Estrada ha recibido un importante encargo en el Ministerio de Educación como director ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, una ambiciosa iniciativa que contará con una inversión de más de cuatro mil millones de soles.

Como moneda de cambio para conseguir aliados políticos o simplemente por desinterés en mejorar los filtros de los ministerios, lo cierto parece ser que el Ministerio de Educación, tal como lo ha advertido Sudaca en diversos informes, se ha convertido en un botín que está repartiendo sin problema alguno el titular de turno.

 

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El trágico panorama que dejó el paso de la pandemia originada por el Covid-19 destacó, entre muchas otras lecciones, la importancia de un proceso de vacunación eficiente y la necesidad de anticiparse a aquellos factores que amenazan la salud de la población. Sin embargo, no siempre las autoridades valoran las experiencias que dejaron estos episodios y subestiman o actúan con pasividad ante signos de alerta.

Esta situación es la que estaría ocurriendo en el Ministerio de Salud con respecto a las decisiones que se han tomado para afrontar la influenza, una problemática que, si bien no es desconocida, no se estaría combatiendo con las mejores armas disponibles. Esto se debería a que el sector encabezado por la ministra Rosa Gutiérrez Palomino únicamente planea usar las vacunas trivalentes en lugar de las tetravalentes.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Si bien se viene hablando de las campañas de vacunación contra la influenza desde hace un tiempo razonable, la diferencia entre la vacuna trivalente y la tetravalente radica en un punto clave. Aunque ambas están enfocadas en la influenza, la segunda sí incluye la protección ante el linaje tipo B Yamagata. Este punto ha captado la atención de los especialistas debido a que su circulación ha incrementado considerablemente al punto de triplicarse entre 2014 y 2020.

Teniendo en cuenta estos factores, la Organización Mundial de la Salud ha optado por incluir la vacuna tetravalente entre las recomendaciones para afrontar la temporada gripal durante 2023 y, de la misma manera, numerosos países, como Uruguay, Paraguay, Costa Rica y otros más, se encuentran aplicándola para la población que pertenece al grupo de riesgo.

En el caso peruano, no sólo no se utiliza la vacuna tetravalente sino que la cobertura de vacunación de los últimos años ha mostrado cifras alarmantes en la población de sesenta años a más, quienes son de los grupos más vulnerables a la influenza. Mientras que, en 2020, la cobertura de vacunación sólo llegó al 69%, este número cayó al 30% un año después.

No obstante, el sector privado sí cuenta con la posibilidad de aplicar esta vacuna tetravalente que, tal como señala la evidencia, podría evitar un riesgo considerable para la población. Aunque, como se evidenció durante la pandemia, el porcentaje de la población que depende de la salud pública es mayor y, por lo tanto, que sea este sector el que mire con indiferencia este panorama ha encendido las alarmas.

UN PEDIDO A LA MINISTRA

Ante el riesgo latente de afrontar una nueva emergencia sanitaria, que indudablemente sería grave al ocurrir en un contexto en que las autoridades no logran elaborar una estrategia eficiente contra el dengue, las organizaciones civiles han alzado su voz. Este es el caso de Voces Ciudadanas, quienes han enviado una carta a la titular del sector solicitando el uso de esta vacuna que ofrece mayor protección.

En la carta firmada por María del Pilar Collantes Torres, presidenta de esta iniciativa regional, se advierte sobre la importancia de realizar un cambio en el enfoque que actualmente tiene el Ministerio de Salud. Además, se resalta que se ha experimentado un incremento mundial de casos de influenza tipo B y se señala que, a raíz de esta circulación, aparecerán nuevas cepas en los próximos doce a catorce meses.

Sin embargo, aunque la Norma Técnica de Inmunizaciones que fue publicada en el año 2022 permitiría la adquisición de las vacunas tetravalentes, el Ministerio de Salud ha intentado justificar su negativa a adquirir dichas vacunas alegando que “en el último año y medio año y medio no había circulación del linaje Yamagata a nivel mundial” pese a que los expertos advierten que se ha producido un silencio inmunológico producto de los años de pandemia y se ha advertido que el rol preventivo de la vacuna debe ser valorado y que por esa razón es que los países que venían aplicando la vacuna tetravalente no han dejado de usarla.

A estas opiniones se sumaron las conclusiones que dejó el Simposio Internacional sobre Influenza realizado en el mes de mayo por el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En este evento que incluyó a especialistas de Argentina, Colombia, Costa Rica, Paraguay y expertos peruanos en inmunizaciones se advirtió que emplear sólo la vacuna trivalente deja en riesgo de desarrollar una enfermedad severa e incluso la muerte a mayores de 65 años, personas con obesidad, con enfermedades oncológicas y hasta a niños menores de cinco años.

El desconcierto experimentado durante los años más crueles de la pandemia y la situación que actualmente padece el país a causa del dengue han expuesto la precariedad del sistema de salud y un nuevo descuido ante la influenza podría llevar a un nuevo colapso que dejaría un número de víctimas que con una apropiada campaña de vacunación se podría evitar.

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La policía le ha recomendado a Martín a no seguir pagando porque esto se convierte en un círculo vicioso de nunca acabar, sin embargo, el dueño del restaurante nos cuenta que tiene miedo que un día lleguen a su local lastimen a sus clientes o a sus colaboradores o lo terminen asesinando es por ello que ha tomado la decisión de cerrar su negocio e irse para poder reencontrarse con sus niñas y su esposa y así empezar una nueva vida lejos de la extorsión y de la inseguridad que se vive en el Perú.

“He tenido que cambiar fechas de pago a mis trabajadores porque los delincuentes también están al tanto de los días que hago los pagos, pero esta será la última vez que lo haga, en una semana cerrare mi negocio por el que tanto luché. No puedo seguir exponiendo a mi familia, no puedo soportar más, yo estoy casi seguro de que la Policía no podrá hacer nada, ella en ningún momento ha garantizado ni mi seguridad ni la los míos”.

El emprendedor detalla que los delincuentes lo tienen mapeado, saben su rutina, si se comunica con la Policía o con su familia.

Los extorsionadores no discriminan si eres un empresario o un dueño de una pequeña bodega, el fin es obtener el dinero a como dé lugar para mantener el estilo de vida que es una de sus características, así como la ferocidad con la que matan, es violencia que lleva a que la mayoría de las víctimas terminen pagando el dinero que piden estos sicarios

En los últimos años el tren de Aragua se ha expandido por Colombia, Chile, Ecuador y Perú donde está en una constante disputa por el poder de la criminalidad, nada los parece frenar, en la actualidad esta organización extranjera es considerada una de las más poderosas y la que opera la mayor cantidad de negocios ilícitos.

Analistas en los temas de seguridad desde hace muchos años y ministros del Interior en los regímenes de Alejandro Toledo y Francisco Sagasti, el sociólogo Fernando Rospigliosi y el abogado Rubén Vargas Céspedes coinciden en que la permisividad del gobierno de Castillo con la delincuencia nacional y extranjera han hecho crecer un problema que tiene varias aristas. La primera es la flexibilidad adoptada por las autoridades migratorias a partir del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con los extranjeros indocumentados que han ingresado por miles al país en los últimos años. La segunda es que entre la gigantesca masa de inmigrantes venezolanos y colombianos han entrado al Perú lo peor de lo peor de las estructuras sociales de ambos países: extorsionadores y sicarios de Colombia y proxenetas, asaltantes que disparan a matar a sus víctimas y rateros de todo tipo de Venezuela. “Es como si fueran dos selecciones nacionales de los basureros sociales de ambos países”, nos dijo un colega con muchos años más que nosotros en el oficio.

El ex ministro del Interior Rubén Vargas nos explica ¿Qué diferencia a un delincuente migrante, sea colombiano o venezolano, del delincuente peruano, por qué esos antisociales extranjeros matan con tanta ferocidad?

La delincuencia es igualmente corrosiva, genera daños absolutamente críticos en nuestro bienestar, en nuestra integridad personal, en nuestras vidas, en nuestro patrimonio. La delincuencia en realidad no tiene nacionalidad no tiene bandera, ahora a partir de esa premisa lo que sí sin duda hay, es  diferencias en la forma como operan los delincuentes extranjeros de los locales y tiene que ver esa forma diferente de actuar principalmente en las disputas territoriales en las disputas de poder que se están observando en las distintas partes precisamente tratando de imponerse uno sobre otro y en esa disputa el delincuente extranjero sin duda que tiene una especie de escuela del delito en el que se observa que recurre a la extrema violencia con absoluta facilidad con absoluta frialdad, el delincuente extranjero estamos viendo que esta asesinando por un celular por una cartera, mata para ver si sus víctimas tienen unas monedas en el bolsillo, eso es un forma de ferocidad, ese hecho de asesinar a mansalva con ferocidad ese tipo de delito patrimonial en realidad en el fondo subyace un mensaje en esta disputa que se está produciendo con el delincuente nacional y esa disputa tiene que ver por territorios por preminencia tiene que ver con una de circunstancias propias de la ley del hampa. La incidencia delictiva y los delitos violentos en países como Venezuela y Colombia tiene muchísimo antecedente mucho más compleja que la de Perú, en realidad el Perú aun cuando la percepción de inseguridad siempre ha sido alta, pero el Perú es visto por los delincuentes extranjeros casi como una tierra virgen del delito acá no conocíamos por ejemplo los delitos gota a gota, las extorsiones en la forma como se está desarrollando ahora, en cambio en Colombia el gota a gota tiene una larguísima historia, en Perú no conocíamos por ejemplo los temas vinculados al manejo territorial de las calles, de las avenidas de las grandes ciudades pero en Venezuela sí, entonces digamos que se está trasladando al Perú patrones de países donde la violencia tiene una larga historia.

¿Cuáles son los factores que han permitido que ese fenómeno delictivo importado crezca como la espuma en diversas regiones del país?

Básicamente tiene que ver con la responsabilidad política y la responsabilidad operativa, la responsabilidad política del gobierno que en su momento abandonó las ciudades recordemos que en los dieciséis meses de desgobierno de Pedro Castillo la Policía fue convertida en un brazo operativo de una organización criminal, los comandantes generales de la Policía estaban al servicio de una organización criminal estaban al mando de un sujeto conocido como “El Español”, entonces obviamente que en esas circunstancias en ese contexto no había forma de enfrentar a la criminalidad organizada eso ayudo muchísimo a que crezca el crimen organizado.

¿Cuáles son las acciones que deberían tomar las autoridades nacionales para mitigar la gigantesca inseguridad que se vive en el país?

Se necesita recuperar la institucionalidad de la Policía, los temas de corrupción siguen bastante grandes al interior de la Policía, necesitamos que el Gobierno tenga estrategias claras contra el crimen organizado y en la prevención del delito, necesitamos que el gobierno se comprometa priorizando presupuestos para fortalecer la logística policial especialmente en la tecnología de las unidades especializadas de la Policía contra el crimen organizado, es muy importante en la lucha contra el crimen organizado fortalecer la inteligencia electrónica.

Según distintas fuentes, los venezolanos vinculados a la organización llamada el Tren de Aragua han empezado a controlar todas las modalidades delictivas en el país, ¿cuánta responsabilidad tienen los gobiernos de PPK hasta hoy de ese crecimiento exponencial?

Yo no diría que los gobiernos que usted menciona tengan una responsabilidad especifica, obviamente que se abrieron las puertas a la migración venezolana de manera demasiado lasta especialmente cuando se producían situaciones humanitarias en Venezuela, seguramente que eso se pudo haber hecho de una mejora manera sin ninguna duda, pero la delincuencia venezolana empieza a ingresar después de la segunda oleada migratoria en donde básicamente las fronteras se abrieron, en todo caso lo que necesitamos es recuperarnos de esa situación en la que nos dejó Pedro Castillo.

El también ex ministro del Interior y analista político, Fernando Rospigliosi nos indica que los delincuentes que han venido de Venezuela y de Colombia efectivamente son mucho más violentos y que la exportación de los mismos ha disminuido la tasa de violencia en el país llanero.

“Una de las características de los delincuentes que han venido de Venezuela y de Colombia  es que son mucho más violentos que los peruanos si uno revisa por ejemplo la tasa de homicidios de Venezuela en los últimos años es notorio que hace 5 – 6 años Venezuela tenía una de la tasa de homicidios más altas del mundo 80 por cien mil habitantes y en los últimos 5 años eso ha bajado a la mitad 40 por cien mil habitantes el año 2022 eso es altísimo todavía, pero es una muestra de cómo los delincuentes venezolanos son muy violentos  y como al exportar a tantos delincuentes violentos ha disminuido la tasa de homicidios en Venezuela y naturalmente eso tiene un efecto a los países donde van estos delincuentes venezolanos entre ellos el Perú igual o algo similar ocurre con los colombianos que también tienen una tasa de homicidio muy alta y son muy violentos entonces eso ha creado una de las características que tenemos ahora que la delincuencia no solamente ha aumentado el número de robos sino que la violencia es mucho más brutal que antes”.

Para Fernando Rospigliosi es necesario que se actúe con firmeza y energía y también es importante implementar los elementos necesarios para que la Policía Nacional del Perú pueda erradicar la delincuencia en nuestro país.

“Hay que dotar a la Policía de los elementos indispensables para luchar contra la delincuencia. La policía está en una situación crítica básicamente por corrupción, porque no haya habido dinero sino porque se ha malgastado o se ha robado el dinero y la Policía no tiene buenas comunicaciones, no tiene patrulleros. Y se requiere hacer algunas modificaciones como, por ejemplo, devolver la investigación preliminar a la Policía es decir el atestado policial que antes lo hacía la Policía ahora eso ha pasado a manos de la Fiscalía, los fiscales no saben investigar y muchas veces los delincuentes salen libres por eso, entonces hay un conjunto de cosas básicas que son conocidas que hay que hacerlo pero que nadie se atreve a tomar la decisión de hacerlas”.

Sin embargo, nos indica que los gobiernos de PPK hasta hoy “son los responsables de que los delitos hayan crecido con esa rapidez y con esa violencia, es responsabilidad de los sucesivos gobiernos en este caso esta banda que se denomina el tren de Aragua por ejemplo está controlando delitos de extorsión, secuestros, trata de personas y son muy violentos, han exportado toda su tecnología delictiva”.

Hasta bien entrado el siglo pasado, Venezuela era un país donde había muy pocos inmigrantes, pero cuando las industrias derivadas del auge del petróleo requirieron de trabajadores experimentados comenzaron a llegar muchísimos europeos, convirtiendo al país más al norte de Sudamérica en la sede de la segunda colonia española más grande del subcontinente, en la tercera colonia italiana más importante de estas tierras después de la Argentina y la de Brasil, y en la segunda colonia portuguesa más grande del mundo después del Brasil. Ese país de inmigrantes se convirtió en una nación de emigrantes en menos de medio siglo, exportando comerciantes riquísimos, profesionales de altísima calificación, hombres y mujeres con muchas ganas de sacar a sus familias de la precariedad del momento actual y miles de los delincuentes de la peor especie, a tal punto que en la última década el índice de criminalidad venezolano ha bajado de uno de los primeros lugares en el mundo al penúltimo lugar en América del Sur después de Brasil.

A menos que alguien demuestre lo contrario, ese es el único logro del llamado socialismo del siglo XXI.

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El 30 de diciembre de 2005, la Gerencia de Finanzas de la MUNILIMA emitió la Solicitud de Pago Nº 922 por la suma de S/.35‟941,464.76 para el pago del Laudo Arbitral. Los días 3, 4 y 31 de enero y 6 y 10 de febrero de 2006, se realizaron los pagos a COMUNICORE. Sudaca tuvo acceso al informe final del caso y se constato el siguiente cronograma:

 

UPACA y su relación con el Club de la Construcción

 

En el 2019, el Ministerio Público avanzó con las investigaciones por el caso del Club de la Construcción y, en medio del proceso, el Equipo Especial de la Fiscalía del Tercer Despacho Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso que se solicitara información de las empresas que se encontraban bajo sospecha de investigación, fueron 31 empresas, entre ellas: UPACA S.A

El 14 de junio del 2023, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado a través de la Resolución Nº 1643-2022-TCE-S1 respondió al procedimiento administrativo sancionador contra las empresas Constructora UPACA S.A y Ángeles Minería y Construcción S.A.C que formaban parte del Consorcio Pacucha y que, supuestamente, habían presentado documentación falsa o adulterada en la Licitación Pública llevada a cabo por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Esta problemática se dio en medio de la presentación de ofertas que se llevó a cabo el 12 de septiembre de 2018. Se otorgó la buena pro al Consorcio Pacucha, integrado por las empresas Constructora Upaca S.A. y Ángeles Minería y Construcción S.A.C. por el monto de S/ 14’959,149.48 

Ahora bien, Ángeles Minería y Construcción S.A.C si fueron a dar sus descargos el 24 de febrero del 2022 ante el Tribunal, entre los puntos que expusieron fueron los siguientes:

 

Por su parte, Constructora UPACA S.A mostró diferentes obstaculizaciones para que este caso siguiera su curso. Y es que según la resolución, el 8 de marzo del 2022 se tiene constancia del apersonamiento de la empresa Ángeles Minería y Construcción S.A.C, sin embargo, no hubo presentación de descargos por parte de la Constructora Upaca S.A.

El Tribunal hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento administrativo con la documentación obrante en autos respecto a esta. Asimismo, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibida por el vocal ponente el 9 de marzo de 2022.

UPACA había incurrido en mencionar que no habían sido notificados de este procedimiento, sin embargo, consta que la otra empresa que forma parte del consorcio si estaba notificado del proceder de las instancias competitivas. “Estando a lo antes expuesto, se aprecia que la empresa Constructora Upaca S.A., integrante del Consorcio, fue debidamente notificada con el Decreto que dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador y sus actuaciones posteriores, toda vez que fue dirigido a su bandeja electrónica del RNP, de conformidad a lo artículo 267”, menciona el punto 9 de la resolución.

 

Las imágenes de Vega Upaca > Relima > Innova Ambiental

 

Podríamos inferir que hablamos de empresas diferentes, sin embargo, a la documentación registral que tuvo acceso Sudaca se puede evidenciar que la partida es la misma, lo único que cambia en este proceso son los nombres. En su momento indicamos que el Consorcio Vega Upaca en el inicio de la concesión con la Municipalidad de Lima indicó que también se le llama Relima, finalmente fue registrado así. Durante toda esta problemática de la adenda y las situaciones legales que hemos presentado en Sudaca; Relima cambia su nombre a la actual Innova Ambiental. Estas son las fichas registrales de la empresa:

Vega Upaca S.A:

Relima:

Innova Ambiental:

 

Si bien hemos indicado que Innova Ambiental ha perdido credibilidad dentro de la Municipalidad de Lima con el cierre y cambio de zonificación del Relleno Sanitario “El Zapallal” en el que Innova Ambiental tenía injerencia . Sin embargo, hasta ahora no se ha solucionado de raíz este tema. Y es que, como consultabamos en la primera parte de nuestra investigación, ¿Hasta cuándo tenemos que esperar para que la MUNILIMA convoque el concurso internacional? Innova Ambiental sigue sin recibir una drástica sanción por su accionar en estos últimos años.

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LA DEFENSA DE MAGALY

Dos días después de conocer la fecha para la lectura de sentencia, la defensa de Medina interpuso de la resolución en la que se fijaba la fecha alegando que se habían cometido graves irregularidades y con ello se había vulnerado el derecho a la defensa de la conductora de televisión.

En el documento presentado por la defensa de Magaly Medina y Patrick Llamo, su productor, se alega que los querellados no tuvieron loa oportunidad de presentar su defensa ante las acusaciones que se les estaban realizando.

No obstante, la estrategia de la defensa de Magaly Medina no tuvo éxito. El 18 de mayo, el 38 Juzgado Penal Liquidador emitió la resolución 32 en la que se declaró infundado el pedido de nulidad presentado por la defensa de la comunicadora. En dicho documento se señala que la defensa de Medina Vela y su productor fue notificada el 4 de abril, dato comprobado por el sistema de notificaciones electrónicas del Poder Judicial, y se explica que tuvieron más de un mes para presentar sus alegatos o solicitar un informe oral. Con ello, se derrumbaba el argumento que pretendía instalar que se había vulnerado el derecho a la defensa.

En ese momento, la lectura de sentencia programada para el martes 30 de mayo parecía imposible de postergarse. Sin embargo, cinco días antes de la fecha en cuestión, ocurrió la cuestionada decisión de María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, que cambiaba a las dos juezas que estaban a cargo de los casos que involucraban al exfutbolista y a la conductora de televisión.

Sin embargo, esta no es la primera polémica en la que se ve envuelta la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. En 2018, cuando Vidal La Rosa había asumido el cargo de Jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, se difundió una foto en la que aparece junto a César Hinostroza, el exjuez supremo que hoy se encuentra prófugo, en la celebración de su cumpleaños durante el año 2017.

El martes 30 de mayo, el día que se esperaba conocer la sentencia contra Magaly Medina, la Corte Superior de Justicia de Lima emitió un comunicado en el cual mencionan los cambios de magistrados y señalan que estos se han producido en medio de una búsqueda de eficiencia y que no existen intereses particulares detrás de estas decisiones, aunque las sospechas parecen instaladas dado que los cambios se produjeron únicamente en los juzgados que abordaban los casos que involucran a Magaly Medina y Jefferson Farfán.

Las nuevas juezas designadas para el decimosexto y trigésimo octavo Juzgado Penal Liquidador ahora tendrán la tarea de revisar casos que ya se encontraban en marcha y, el correspondiente a difamación, estaba a puertas de la lectura de sentencia. Aunque el daño a la imagen de la justicia peruana, que no atraviesa su mejor momento, parece irreversible ante decisiones como las que se tomó en este caso mediático.

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Al escuchar al padre de Jorge Alfredo, también escucho a Natalie Montero la viuda de Jorge Lezama porque los dos casos son exactamente iguales, entonces me pregunto qué dice la ley al respecto, qué se necesita para organizar una maratón y ganar dinero sin importar la vida de miles de aficionados a este deporte. Conversamos con Carla Castañeda, abogada del caso Lezama:

“Específicamente no hay ninguna norma que regule las maratones, lo que sí hay es una normativa de nivel municipal que establece ciertos requisitos para la celebración de este tipo de eventos que, como reúnen a mucha gente, necesita que los organizadores garanticen ciertos niveles de seguridad; solamente tenemos normativa relacionada e ese aspecto. Otra normativa vinculada es la referida a la celebración de eventos deportivos, ya sean profesionales o no profesionales. Como este caso es un evento deportivo masivo se requiere -por las normas municipales- de la presencia de cierto tipo de ambulancias para cubrir las emergencias médicas. Eso es lo que los organizadores de un evento de ese tipo tendrían que haber observado y cumplido.

Como no hay una normativa a través del gobierno central que regule en específico este tipo de eventos, entonces tenemos que ir a las que son de nivel municipal o, por ejemplo, a la norma técnica de salud 051 que regula lo que es el trasporte asistido de pacientes por vía terrestre, esa normativa por ejemplo establece cuáles son las características que debe portar cada ambulancia dependiendo de su tipo, otra cosa es cumplir con lo que exige el reglamento de la ley 30037, que es la que previene y que sanciona la violencia en los espectáculos deportivos que se aplica de manera supletoria a este tipo de eventos deportivos, porque esta norma, en su primera disposición complementaria final dice lo siguiente: las normas aplicables a espectáculos deportivos no profesionales organizadas ya sea el caso en cualquier lugar del Perú. La primera disposición complementaria final de esta ley dice: ‘todo lo que resulta aplicable en lo que resultara en las disposiciones de seguridad establecidas en este reglamento se puede aplicar de forma supletoria a los eventos deportivos no profesionales como estas maratones, y qué dice esta ley en su artículo 14 respecto a la regulación de la seguridad de este tipo de eventos dice que si este evento va a reunir a más de cinco mil espectadores de debe contar por lo menos con dos ambulancias tipo II y con el personal médico y con la logística que permita una adecuada atención ante una emergencia, así que por lo menos es estos casos debe de haber dos ambulancias tipo II que además del equipo básico con el dual deben contar todas las ambulancias un monitor desfibrilador portátil y un oxímetro de pulso portátil, por lo tanto los organizadores tiene la obligación de cumplir con ciertos estándares y requisitos. 

¿Podríamos decir que, cualquier persona con auspicios de empresas privadas como Adidas, Perú Runners, puede organizar un evento de este tipo como si se tratara de una kermese?

Claro que sí, los organizadores deben poner atención con los requisitos que solicita cada municipio para un espectáculo deportivo como las maratones, solamente la ley 30037, esta sí se refiere a los espectáculos deportivos profesionales pero esta norma en su reglamento dispone también que se aplica a aquellos espectáculos no profesionales y en esos califica la maratón. Definitivamente es una falla de los municipios de no fiscalizar el cumplimiento de la norma. Sin embargo, donde está la seriedad de los organizadores del evento que deben cumplir las normas ya que el deber de cumplirlas no tiene que estar supeditado a que alguien lo esté vigilando, cómo es posible que organicen un evento y no procuren que el mínimo de los requisitos se cumpla aun sabiendo que en este tipo de eventos es algo usual que se presenten desmayos, paros cardio respiratorios. Y desde la perspectiva de la defensa y la protección del consumidor hay una falta de idoneidad porque no se puede ser proveedor de la organización de un evento de ese tipo y no tener un plan de acción frente a una emergencia que podría suceder.  

Recién en la rueda de prensa de la maratón Lima 42K que se realizó hace unas semanas, nos sorprendió escuchar a Alejandra Rodríguez Larrain, gerente general de Perú Runners informar que “este año” la maratón se convirtió en una ruta “cardio asegurada”, parece que hubiera que ir acumulando errores o mejor dicho muertos para que se vaya haciendo lo que se debió hacer siempre.

“Cómo se desarrolla el protocolo y el plan de seguridad, primero que nada, está coordinado por diversos agentes tanto público como privado y en muy cercana coordinación para que justamente que sean los expertos los que puedan determinar las diversas operaciones. Este plan incluye la prevención médica, incluye el cierre de tránsito con la Policía Nacional del Perú e incluye también los procesos de comunicación de la carrera, en cuanto a la parte médica por ejemplo este año contaremos con 22 ambulancias todas son de tipo II y una de ellas es de tipo III que estas son las normas muy estrictas que tiene el Minsa para que las ambulancias cuenten con todo lo necesario para eventos de esta envergadura, por otro lado tenemos diez motos todas con desfibrilador y con paramédicos tenemos también cinco tópicos entre grandes y medianos que van a estar a lo largo de la ruta y también a la llegada para poder atender diferentes situaciones, para darte un ejemplo en la parte cardiológica tendremos 37 desfibriladores eso convierte la maratón en una ruta cardio asegurada porque en promedio cada medio kilómetro va a ver una persona con un desfibrilador y una persona, moto o ambulancia lista para atender a cualquier participante que presente algún incidente y lo importante es que vamos a tener este año  un centro de operaciones de los niveles de estándar internacional que solamente tienen carreras como las maratón myers es decir vamos a tener un centro de operaciones donde estén los líderes de cada una de las áreas desde el lado de producción, médico, de tránsito etcétera para poder tomar decisiones con pantalla en tiempo real y todos conectados poder recibir la información de lo que sucede y poder tomar una decisión”.

Pero cómo estas maratones no solo corren aficionados sino también deportistas calificados, hablamos con José Luis Page Johnson, jefe de la Unidad Técnica de la Federación Peruana de Atletismo:

“La maratón Lima 42K es una competencia internacional y oficial porque vale para el ranking de la World Athletic que es la federación Internacional de Atletismo, pero además lo que le otorga la valides es que la ruta es certificada por la World Athletic tanto como para la maratón y para la media maratón esta ruta esta certifica y tiene un tiempo de duración que la van a tener valida hasta el 2025.

 

Leyenda: La ruta de la maratón Lima 42K esta certificada por la World Athletic que es la federación Internacional de Atletismo.

Esta maratón da la posibilidad a los deportistas de élite de lograr varios objetivos primero al ser una maratón que la ruta esta certificada por la World Athletic todos tienen la posibilidad de poder otorgarles un score en el perfil que tienen en el World Athletic y/o hacer la marca mínima que les piden para el Campeonato Mundial de atletismo en Budapest”.

Lo que me explica es en términos para los deportistas calificados y los deportistas amateur

“Lo que pasa con ellos es que no tienen un objetivo de calificar a un internacional”.

La World Athletic pide a los organizadores algunos requisitos mínimos que cumplir en seguridad 

“La World Athletic para que pueda otorgar el certificado para comenzar viene un representante al país donde va a hacer la maratón y hace la medición oficial de la ruta, y el tema de las ambulancias y de todo lo demás sobre todo para que sea una maratón valida y que tenga un nivel lo que piden es que haya de acuerdo a reglamento las zonas de avituallamiento y de hidratación, un chip y entre otras cosas más que ya la organización te puede dar.  

La maratón de Lima 42k que también la hizo Adidas, yo estuve ahí como representante de la Federación y cumplió con todos los índices, ahí lo único que empañó realmente el evento fue el fallecido, pero el evento se hizo en ruta certificada, tuvo chip de control electrónico, jueces oficiales de CONAFA, pero además tuvo ambulancias, bomberos, cuidado de serenazgo, Policía Nacional, todo estuvo cerrado realmente estuve ahí y fue muy agradable y realmente no tiene nada que envidiarle a un evento internacional.    

De todas maneras, es una maratón oficial reconocida, certificada y avalada por la World Athletic y además tiene también el aval de la Federación Peruana de Atletismo. La federación de Atletismo lo que ha hecho con esta maratón ha firmado un convenio de organización, entonces que ocurre la Federación a otorgado el aval a Perú Runners de que pueda organizar un evento en el cual sus efectos son a nivel profesional del atletismo entonces por eso la maratón Lima 42K como lo hace una empresa privada que es Perú Runners obviamente ellos cobran un dinero por inscripción que es lo que ganan ellos”.

“Al que nace para panzón, aunque lo fajen de chico”, decían mis abuelitos para describir sinópticamente lo inevitable. Y es muy cierto, porque si a los dueños de ese negocio recubierto de ‘deportivismo’ llamado Perú Runners les ha ido bien por la vida convenciendo a un par de marcas de indumentaria deportiva que ‘ellos la llevan’, pues para qué modificar las condiciones de un negocio donde todo es ganancia, el riesgo es igual a cero y hasta los congresistas los condecoran por ‘contribuir al engrandecimiento de la patria’ u otra memez parecida.

Pero detengámonos un ratito para comparar los requisitos necesarios para realizar maratones en la deteriorada Barcelona, una ciudad venida a menos por la pésima administración de su actual alcaldesa. En la ciudad condal nadie puede realizar una maratón si no presenta una batería completa de ambulancias, paramédicos, bomberos, aguateros y controladores de acuerdo a los estándares europeos. Ahora bien, todas esas garantías médicas llevan a que la Maratón y la Media Maratón de Barcelona recauden más de 50 millones de euros cada una, por el turismo agregado, la venta de souvenirs alusivos y el mayor consumo durante esos dos fines de semana de fiesta inininterrumpida, sin paivas ni paivitas.

     

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El proceso fue ganado por el consorcio Vega Upaca S.A., cuya denominación, en un documento que tuvo acceso Sudaca, se le denomino como RELIMA. Dicho contrato de concesión de servicio de limpieza con la Municipalidad de Lima se firmó el 25 de octubre de 1995, dando inicio a sus labores el 1 de julio de 1996.

Contrato entre la Municipalidad de Lima y Vega Upaca. Octubre 1995

A muy poco de haber empezado a ejecutarse el contrato de limpieza, entre las partes surgió un desacuerdo respecto al pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) : Relima mencionaba que el monto del servicio prestado a la Municipalidad de Lima no incluía el IGV y la institución municipal argumentaba lo contrario. Por ello, Relima no había incorporado a sus facturas el monto correspondiente al pago del IGV

Consorcio Vega Upaca no iniciaba como un pequeño grupo. Hablamos de un consorcio cuyos números eran notoriamente importantes, y es que con un personal de 7 500 personas, un patrimonio inmovilizado de USD 86,000,000.00 y un capital social y reservas de USS 176,000,000.00; la nueva concesión se consolidaba de una “pequeña empresa” a una compañía que reunía a directores de sus diferentes empresas para conformar este proyecto.

Presentación formal del consorcio Vega Upaca:

El documento es firmado por los representantes legales, entre ellos:

Ahora bien, según los datos obtenidos del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, el 1 de julio de 1998 se dispuso que el IGV fuera pagado en forma equivalente tanto por Relima como por la Municipalidad de Lima. Esta última tendría que habilitar las previsiones presupuestales necesarias. Con ello, la concesionaria tenía que adicionar a sus boletas emitidas un recargo del 9% del total del monto cobrado por los servicios de limpieza pública de la ciudad.

Como indicamos al inicio de la nota, el 20 de diciembre de 2005, el consorcio Vega Upaca firmó el contrato de cesión de derechos a favor de Comunicaciones y Representaciones S.A. (COMUNICORE) por el monto de S/. 14΄635,000.00 nuevos soles. Siendo esta situación un proceso privado, la deuda de la Municipalidad de Lima permaneció siendo la misma, es decir, S/. 35΄941.93 nuevos soles

Viendo esta problemática, la Municipalidad de Lima, inició un “convenio de deuda” con el presidente del directorio de Comunicore, Rafael Ruiz García. Lo cuestionable en este proceso fue que se firmó el 2 de enero de 2006, día no laborable para la administración pública.

Segunda parte de la presentación y el relato de la historia de VEGA SOPAVE.

Si bien la Municipalidad de Lima contaba con 10 años para cancelar la deuda a favor de Comunicore, esta se realizó rápidamente en un plazo aproximado de cinco semanas. El primero se realizó a menos de dos semanas de la cesión de derechos (3 de enero de 2006) con un depósito de S/. 3 ́842,641.02 nuevos soles. El segundo se realizó al día siguiente, se pagó S/. 19΄380,039.47 nuevos soles, y así sucesivamente hasta el día 10 de febrero de 2006, fecha en la que se canceló la totalidad del monto convenido. Es importante mencionar que, de acuerdo con la denuncia fiscal, los costos de esta operación financiera corresponden a Comunicora más no a la Municipalidad de Lima.

Informe final del caso Comunicore-Relima

Al cierre de este informe, hemos visto los antecedentes y el actuar de la concesionaria Vega Upaca. Dicha empresa, hoy por hoy, ha seguido teniendo un proceso irregular, la diferencia es que cada paso lo viene dando con diferentes caras: Iniciamos con Vega Upaca, la denominaron Relima y, en la actualidad, es la tan cuestionada Innova Ambiental. A pesar que este tema sea de fechas lejanas a la actualidad, aún queda mucho por contar de esta historia.

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