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Adrián Cavero se vacunó en una farmacia, dentro de un hospital, en el estado de Virginia. Apenas le hicieron algunas preguntas previas sobre síntomas y alergias. “Fue tranquilo y sin mucho trámite. Me pidieron mi pasaporte, llené mis datos y ya. Es súper libre, aunque en la segunda dosis me dolió el brazo, tuve una leve fiebre y estuve cansado durante todo el día. No me preguntaron si era extranjero”, cuenta.

 

Para Cavero, que tiene una visa de turista, no fue difícil tomar la decisión de irse a Estados Unidos para vacunarse. Tiene principios de obesidad e indicios de diabetes.  En su horizonte, incluso, ronda la idea de quedarse por allá. “Fue una decisión muy personal al ver que el ritmo de vacunación es muy lento en el país. Tengo familiares en Estados Unidos y me dijeron que era más fácil. No la pensé”, cuenta a Sudaca.

No le falta razón. Hasta inicios de mayo, en Perú se ha vacunado a menos del 4% de la población. El promedio en el mundo es de poco más de 8%, según información de Our World in Data. Recientemente el presidente Francisco Sagasti anunció que, con la adquisición de 12 millones de vacunas del laboratorio Pfizer, se tendrá al menos 60 millones de dosis aseguradas para antes de fin de año. Sin embargo, hay peruanos que no están dispuestos a esperar y jugarse las chances de caer enfermos antes de que les toque.

Hasta la primera semana de este mes, más del 45% de estadounidenses (alrededor de 150 millones) ya había tenido al menos una inyección de la vacuna, principalmente de las que implican una sola dosis. Tal es el ritmo de aplicación que el promedio en el país norteamericano ha alcanzado más de 2 millones de inyecciones al día.

En Perú el ritmo de la vacunación se ha acelerado ligeramente en la última semana, pero llegando a aplicar solo hasta 40.000 dosis por día en los 617 puntos de vacunación distribuidos a nivel nacional. Con estas cifras, no es extraño pensar que la manera más eficaz para sobrevivir sea tomar un vuelo, si se cuenta con visa, a uno de los países que ha acaparado la mayor cantidad de vacunas en el mundo, según denunció la ONU en febrero pasado.

De acuerdo a Migraciones, el ritmo de viajes hacia Estados Unidos se ha acelerado vertiginosamente en los últimos meses. En febrero se trasladaron 8.199 personas; en marzo, 17.108; y en abril, 40.871. Solo en los primeros cinco días de mayo, 5.736 peruanos enrumbaron a dicho país.

Incluso los influencers han explicado sus recorridos. A inicios de este mes, las videoblogueras ‘Misias pero viajeras’ publicaron un video en el que narran su camino de tres horas desde Miami hasta Texas, uno de los primeros estados en flexibilizar sus condiciones de vacunación y donde cualquier persona mayor a 16 años tiene permitido el acceso al antídoto.

Un comunicado de la embajada estadounidense en Perú del 25 de marzo despejó cualquier duda respecto a la legalidad de la vacunación a los turistas. “Los visitantes pueden visitar los EE.UU. con una visa B-1/B-2 por una variedad de motivos, que incluyen los tratamientos médicos. La elegibilidad para recibir una vacuna permanece bajo la autoridad de los servicios de salud de cada estado”, se lee en la publicación.

Varios estados se han sumado a la apertura. Es el caso de Nueva York, cuya ciudad indicó -el pasado 6 de mayo, a través de sus redes sociales- que se administrarán las vacunas de Johnson & Johnson en sitios icónicos a lo largo de la ciudad para vacunar a turistas y que estos se aseguren de tener un «souvenir incorporado para llevar a sus casas con ellos».

En este estado vive el peruano Álvaro Ledgard, estudiante de postgrado en la Universidad de Columbia de 31 años, quien recibió una dosis de Pfizer mucho antes de que se oficializara la noticia, en el mes de abril. Lo que más le sorprendió del proceso no fue que no le hayan preguntado si era extranjero, sino la eficiencia de la organización. “Yo estoy legal por los estudios y tuve que buscar mi zip code (código postal) para sacar cita, aunque estaba saturado varios días cuando lo hice. La organización fue llevada por militares, lo más increíble que he visto en mi vida. Desde que entré hasta que salí habrán pasado 20 minutos y eso que era una cola de 4.000 personas”, recuerda.

En Florida, por ejemplo, las exigencias se reducen a documentos de residencia y pago de servicios. Pedro -el nombre ficticio que le pondremos a este peruano de 75 años- cuenta que viajó a este estado con su esposa tras conocer que no había mayores restricciones. Tuvo que entregar una cuenta corriente estadounidense y un contrato de alquiler, así como recibos de luz o agua de la residencia donde se estaba quedando.

“Sé de muchos acá que sin traer información se han vacunado, porque hay muchos sitios y en todas las farmacias vacunan. Incluso, si uno va por la tarde, usan las Pfizer porque si no las tienen que botar. Es el caso de Walmart donde, cuando uno va, llaman a la gente a vacunarse”, narra.

Diariamente se pierde una gran cantidad de vacunas. La agencia de protección de salud estadounidense ‘Centros para el Control y Prevención de Enfermedades’ (CDC por sus siglas en inglés) registró más de 182.000 dosis desechadas (casi 60% eran Pfizer) a fines de marzo, tres meses después que dicho país empezara a vacunar de forma masiva. De estas, la cadena farmacéutica CVS fue responsable de casi la mitad y, la cadena Walgreens, del 21%, sumando ambas más de 128.000 dosis.

Aunque sigue siendo un porcentaje nimio, según un informe de la Universidad de Duke, Estados Unidos podría tener un exceso de 300 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 para fines de julio. Muchas podrían utilizarse para extranjeros y turistas antes de que acaben en el tacho de basura.

 

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La agenda para cambiar la Constitución de 1993 está en marcha. Las conversaciones entre representantes de la alianza de izquierdas Juntos Por el Perú (JP) y Perú Libre comenzaron pocos días después de las elecciones del pasado 11 de abril. El acuerdo entre ambos partidos políticos se ha terminado de afinar en las últimas horas y ha sido plasmado en un documento que será firmado hoy por Pedro Castillo y Verónika Mendoza a las 3:00 de la tarde en el club Apurímac, en Jesús María. Lograr que salga humo blanco no ha sido tarea fácil.

 

Una facción rebelde de Juntos por el Perú, que rechazaba la candidatura de Mendoza, venía apoyando a Castillo desde la primera vuelta. A partir del 11 de abril, cuando la lideresa quedó sin chances de disputar la presidencia, otras agrupaciones que forman parte de la coalición de JP, como Patria Roja, se fueron decantando por el profesor en comunicados independientes.

A partir de entonces empezaron las negociaciones oficiales. Los llamados a sentarse frente a frente para llegar a este acuerdo -al que se han referido como “declaración conjunta sobre puntos comunes”- fueron Roberto Sánchez, presidente de Juntos Por el Perú, y Arturo Cárdenas, secretario de organización nacional de Perú Libre y militante cercano a Vladimir Cerrón. Ambos ya se conocían desde el 2019, fecha en que se frustró la alianza entre JP y el partido del lápiz, entre otras cosas, por la condena de corrupción contra Cerrón.

Cárdenas tuvo que trasladarse desde Huancayo –ciudad donde reside– a Lima en varias oportunidades para entablar la negociación en la que participaron otros representantes de ambos partidos, entre ellos algunos miembros de Nuevo Perú, el movimiento fundado por Verónika Mendoza que es parte de JP. La primera reunión fue en un chifa de la avenida Salaverry, en Jesús María. Después, se realizaron sesiones virtuales a través de la plataforma de video ‘Google Meet’.

La reunión que se hizo pública fue la del pasado 29 de abril, donde estuvieron presentes el ya mencionado Sánchez y cuatro miembros de su acuerdo político. La comitiva de Perú libre estuvo encabezada por Vladimir Cerrón y otros tres dirigentes del lápiz, entre ellos Arturo Cárdenas, quien asegura que el profesor Pedro Castillo conocía de esa reunión y que quienes participaron fueron seleccionados con conocimiento de él y de Cerrón, por supuesto.

 

En este cónclave se selló el acuerdo. Se realizó el pasado 29 de abril en el local del partido del símbolo del lápiz, en Breña. Participaron en representación de Perú Libre: Vladimir Cerrón (principal negociador y hasta antes de las elecciones crítico de Verónika Mendoza), Roger Najar, Braulio Grajeda y Arturo Cárdenas; por Juntos por el Perú: Roberto Sánchez y Arturo Ayala; y por el Nuevo Perú: Álvaro Campana, Eduardo Cáceres, Anahí Durand y Ruth Luque (*).

 

El apoyo no se hizo oficial hasta el pasado domingo 2 de mayo, cuando Juntos Por el Perú hizo público un pronunciamiento en su cuenta de Facebook titulado “Por un Gobierno de Cambio Democrático, Constituyente y de Bienestar Social”. Allí, se exhorta al profesor Pedro Castillo a “considerar” los siguientes cinco temas: asegurar la vacunación nacional, reactivar la economía con más inversión, convocar a un referéndum nacional para una nueva Constitución, respaldar la lucha frontal contra la corrupción y fortalecer órganos como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

Entrevistado por Sudaca, Arturo Cárdenas asegura, sin embargo, que las conversaciones entre ambos partidos se enfocaron en tres temas principales: resolver el problema de las vacunas y la salud, la reactivación económica (entre las que se tocaron puntos como la renegociación de los contratos con empresas de sectores estratégicos y la nacionalización de los hidrocarburos) y el camino para lograr la nueva Carta Magna.

 

El pasado 2 de mayo, Juntos Por el Perú sacó este comunicado de apoyo al profesor Pedro Castillo en el que adelanta algunos puntos del acuerdo que será presentado hoy. Llama la atención que no prioriza la igualdad de género.

 

Sobre este último tema, Vladimir Cerrón había barajado varias posibilidades. El pasado domingo, por ejemplo, Cerrón señaló en una entrevista en el canal Best Cable de Huancayo que un primer camino para conseguir el objetivo sería la presentación de un proyecto de ley del Ejecutivo al Congreso para que este apruebe la convocatoria a un referéndum en el que la población decida si quiere o no una nueva Constitución.

 

El suspendido gobernador regional de Junín explicó que, en caso el Parlamento lo rechace -sobre todo porque Perú Libre no conseguiría el respaldo de 87 votos, para una reforma constitucional, por no tener mayoría congresal-, no dudará en recurrir a la cuestión de confianza. Recordó que si esta prerrogativa presidencial es rechazada dos veces -según la actual Constitución-  se podría recurrir a la disolución del Congreso.

Un segundo escenario –señaló Cerrón en esa entrevista– contemplaría la compra de un kit electoral para la recolección del 10% de firmas del actual padrón electoral, lo que equivale a 2,4 millones de firmas, el número que exige el artículo 38 de la ley de los derechos de control y participación ciudadanos. Al conseguirlas, estas son presentadas al Jurado Nacional de Elecciones para que convoque a dicho referéndum.

Según Arturo Cárdenas, de Perú Libre, ese segundo camino es el que se priorizaría para lograr una nueva Constitución y será parte del acuerdo que se presentará hoy a la prensa. De hecho, desde un comienzo de las negociaciones entre ambos partidos, esa ha sido la opción de mayor consenso entre ambos. Así lo confirmó a Sudaca la virtual congresista electa de Cusco por Juntos Por el Perú y militante de Nuevo Perú, Ruth Luque.

Cárdenas señala que ni bien Pedro Castillo sea elegido Presidente activarán las 25 bases regionales que posee Perú Libre en todo el país y entre “dos y tres meses conseguiremos más de dos millones de firmas”. Este argumento, al parecer, ha convencido a los mendocistas.

El constitucionalista Luciano López señala a Sudaca que “sí es constitucional” la vía del referéndum, tal como lo plantea Perú Libre y como lo prevé la ley de los derechos de control y participación ciudadanos. Explica que el JNE sería la entidad encargada de convocar al referéndum sin que sea necesario contar con la aprobación del Ejecutivo ni del Congreso.

López apunta que sería muy importante revisar el texto normativo que presentará Perú Libre en el momento de la recolección de firmas para saber si propone o no que la Asamblea Constituyente -que llevará adelante la elaboración de la nueva Constitución- contempla el cierre del Congreso. Señala que allí debería centrarse el debate, puesto que no sería necesario cerrar el Parlamento si es que se sigue el modelo de Chile, donde las dos instituciones pueden caminar en paralelo.

 

El secretario de organización nacional de Perú Libre, Arturo Cárdenas, inició el diálogo entre su partido y Juntos Por el Perú tras reunirse con Roberto Sánchez. Después, siguieron más encuentros hasta que finalmente se consiguió el acuerdo entre JP y PL.

 

Según Cárdenas, en los temas de nacionalización de los hidrocarburos y la renegociación de los contratos con empresas estratégicas -como lotes petroleros, licitaciones mineras y empresas de telecomunicaciones-, tomarán el ejemplo del modelo boliviano y pedirán el apoyo de sus técnicos. La estrecha relación entre operadores de Evo Morales y Pedro Castillo fue revelada en un reciente informe de Sudaca.

Las fuentes apuntan a que Juntos por el Perú tuvo que dejar de lado su prioritaria agenda por los derechos de las minorías, entre ellos el matrimonio igualitario, para sentarse a conversar. Al ser consultado sobre si estos temas estuvieron en la agenda, Arturo Cárdenas evitó responder y dijo: “Mañana [hoy] se firma el acuerdo. Eso lo vamos a conocer el día de mañana [hoy]. Primero hay que resolver el problema de la salud y de las vacunas, paralelamente a ello el tema económico”. 

 

(*) Fotocomposición: Leyla López

 

El hombre desenfunda su machete y lo restriega contra el piso. Se ríe. Está un poco borracho. El sonido de la hoja es lo único que se escucha al borde del toque de queda. Lo levanta y dice: “Mire, pruébelo, pruébelo, se los voy a regalar, vea, para que no digan que en Chota somos terroristas”. Entrega el machete y se vuelve a reír. “Sírvanse, por favor, queso chotano y mote”, pide. 

 

Gilberto Vásquez Morales es hermano de Armando Vásquez Morales, candidato al Congreso en las últimas elecciones por la lista cajamarquina del ultraderechista Renovación Popular. Gilberto asegura ser miembro de una de las cuatro organizaciones de ronderos de Chota. Administra la cochera en la que Sudaca tuvo que ingresar su móvil para protegerla de los gases lacrimógenos de una gresca que no pasó a mayores. 

Todo el frontis de la cochera tiene pintados los colores del partido de Rafael López Aliaga. “Mi hermano postuló, con el 1”, dice Gilberto, quien además administra el local. “A la otra camioneta que ha venido desde Lima le he dado unos ponchos, para que no digan que somos terroristas aquí en Chota”, agrega. Y vuelve a insistir con el queso, el mote y el machete. 

Además de rondero y administrador, Vásquez Morales también trabaja en obra, según las fotos que proporciona empleando una estación topográfica. “Aquí en Chota, sí, nuestros ancestros han sido duros. Pero nosotros somos muy buena gente. Acá nadie roba, nada se pierde. Yo dejo la cochera abierta toda la noche”, insiste. Está muy preocupado en transmitir esa idea.  

¿Qué hacen los ronderos si agarran a un ladrón? “Ahí, pues, tú sabes”, dice. Luego prefiere explicar: primero a trabajar, después, si el caso lo amerita, vergüenza pública. La ciudad está ya casi en silencio. Se ha apagado desde la algarabía de la tarde. ¿Por quién va a votar, Gilberto? “Por Castillo, porque es paisano, le vamos a dar el voto”, dice. ¿Y el cartel de afuera? Ya no se ríe. Su hermano está gravemente enfermo de Covid-19. 

 

“Somos ronderos”

El ambiente en Chota, capital de distrito y provincia homónimas, estuvo cargado el último sábado. Idas y venidas en redes sociales, una organización improvisada pero funcional, y autoridades locales con mucha prensa a disposición. Pero no solo la prensa limeña se trasladó en cantidad inusual a la ciudad cajamarquina, junto a Sudaca, sino también la Policía: 460 efectivos cercaron los accesos a la plaza principal.

Por supuesto, a los estrategas fujimoristas, ya curtidos en estas lides, no se les hubiera ocurrido entrar sin portátil a territorio visitante. La de Keiko era pequeña, pero bulliciosa. Algunos llegaron en buses antiguos, otros en camionetas 4×4. Los naranjas, incluso, acondicionaron su local cerca a la plaza con gigantografías de la lideresa. 

Al espacio cercado por la Policía solo ingresaron algunos cientos de partidarios de ambos bandos. Eso equiparó la bulla, pero el fujimorismo siempre estuvo en minoría. A las afueras, un primer choque se registró alrededor de las 2:30 de la tarde. Los fujimoristas arengaban “¡no al terrorismo!”, mientras un convoy cargando un lápiz de casi dos metros intentaba cruzar la esquina que ellos ocupaban a una cuadra del debate. En la plaza, los gritos eran los de un partido de fútbol. Apenas había centímetros de distancia entre las personas. 

El debate fue un intercambio de pullas −algunas mejor, otras peor dirigidas− que mantuvieron arriba los gritos hasta la última intervención. Hubo una postal final de choque de puños −histórica, desde su nacimiento− y Keiko se subió a una camioneta blanca flanqueada por su equipo. Pedro Castillo salió de la plaza caminando entre el tumulto. Los K se cruzaron con los lápices a una cuadra de la plaza a diez para las tres de la tarde. El contingente policial tuvo que lanzar algunas bombas lacrimógenas. 

Tras dispersar a los ciudadanos, la Policía se movilizó en resguardo del convoy naranja. Fueron aplaudidos, arengados, con vehemencia desde uno de sus buses. Más allá de algunos objetos lanzados al aire, el altercado entre keikistas y castillistas se calmó. El profesor se resguardó en el local de su partido: un edificio de la calle Exequiel Montoya cuyo segundo piso sobresale sobre la vereda. Desde allí, su coordinador regional anunció que daría un mensaje. 

Decenas de personas volvieron a congregarse: simpatizantes, curiosos, periodistas, policías y, también, un grupo de mujeres con chicotes y chalecos amarillos con inscripciones en negro. “Seguridad de Bambamarca. Rondas campesinas”, decían. Pasaron los minutos y empezaron las arengas. La más repetida fue esta: “somos ronderos, y no terroristas”. 

 

Pintas y más pintas

Llegar a Chota por carretera no es fácil. La ciudad está cercada por una muralla de montañas verdes, hermosas, pero llenas de neblina y derrumbes activos. La propia Keiko demoró 30 minutos debido a uno de ellos. Pero, además, toda la carretera es un muestrario de la oferta política del país, pasada y presente. Abunda en el tramo cajamarquino la propaganda del candidato al Congreso de Podemos Perú, Guillermo Vásquez Chingo, que no agarró una curul, y de Elva Edith Julón, de Alianza para el Progreso, hija de un exalcalde suspendido por mandato de detención. 

Prevalece, además, la A del partido de César Acuña, uno de los dos chotanos que participó en esta elección. El otro, que le gana en presencia de paredes, es Pedro Castillo. El lápiz es −aunque por poco− lo más pintado en todo el recorrido. No solo en la llegada a Chota, sino en casi toda la carretera desde Lima. Chimbote, por ejemplo, está repleto de muros rojos.

Para ver la ‘ola roja’, más que a analistas políticos, quizás la mejor forma era consultarle a un transportista que no paró por la pandemia.

Castillo finalmente no salió a la ventana de su local de campaña. Reubicó su saludo a un lugar más simbólico: el Parque del Maestro, a las puertas del Centro Cultural Akunta, que tiene la imagen de un rondero en la fachada. Allí dio el pésame a los familiares de un dirigente local recién fallecido, dijo que empezaba su gira por “la [región] macro-oriente” y repitió sus dos eslóganes de campaña: “No más pobres en un país rico” y “palabra de maestro”. Luego partió hacia el distrito de Chugur. 

En el Parque del Maestro se volvió a escuchar la misma arenga, varias veces: “Somos ronderos, no terroristas”. Los seguidores de Castillo hacen referencia a la cobertura de la prensa limeña sobre los vínculos de Pedro Castillo con el Movadef, que reivindica el legado genocida de Abimael Guzmán. En Sudaca, publicamos hace dos semanas un artículo que mostraba sus reuniones con representantes de ese movimiento en Bolivia. El candidato no quiso contestar al respecto. 

La ciudad se tranquilizó con la noche. “La economía aquí recién está saliendo un poco. Van a ser dos años sin carnavales. Acá esto se llena, todos los precios se multiplican por cuatro, ahora solo los comerciantes vienen, y eso”, dice el Sr. Saavedra, el administrador del hotel Saamedi. ¿Votará por Pedro Castillo? “Como paisano, supongo, le daremos el voto”, dice. 

 

“Ya estamos hasta en Magdalena”

Poco antes del toque de queda, el local de Perú Libre vuelve a abrir sus puertas. Es una reunión de 20 partidarios del lápiz con sus coordinadores y dos congresistas elegidos para este periodo: Américo Gonza y Hamlet Echeverría. Nadie filtra quién entra y quién no. El ambiente está acondicionado con cuartos de triplay en el segundo piso y un espacio abierto al centro del primero. Un hombre se para de su silla, dice que tiene una agencia de turismo y ofrece colaborar con los pasajes para la campaña. Otro recuerda que también se necesitarán personeros, porque el fujimorismo ‘seguro va a tener para pagarlos’. El ambiente es el de una recta final en la que todos creen que pueden ganar. 

“Yo he venido desde Lima. Allá nos estamos organizando en distintos barrios y hasta ya tenemos un panel enorme frente al mercado de Magdalena, un distrito de renta media”, dice uno más. Asegura que el apoyo en la capital puede crecer. Hay aplausos, otros personajes toman la palabra. Finalmente, se la ceden al nuevo congresista Echeverría. 

Él se quita la mascarilla y se pone de pie. Es profesor de secundaria, ha estudiado un posgrado en la Vallejo, de Acuña. Ha reportado un sueldo en el sector público de S/2.500 mensuales. Obtuvo una curul porque a quien le correspondía por votos, Yanina Poveda Merecedes, murió de Covid-19. ¿Todos los maestros somos terroristas?, se pregunta Echevarría. Luego se queja: “Me duele porque yo he estado en Ayacucho en la época de Sendero”.

“Al chotano ni la mano”, dice el huayno ‘Cholo chotano’, de William Tapia. Es un refrán popular que acuñaron los chilenos durante su paso por territorio nacional, debido al nivel de hostilidad con el que fueron recibidos en esa zona de Cajamarca. La copla, sin embargo, inmediatamente responde: “Las apariencias engañan, el chotano es un hermano”. 

Al alba del domingo, Gilberto Vásquez Morales se despide sin un ápice de resaca, recordando lo dicho el día anterior. Sudaca tuvo que volver con prisa a Lima, cargando un machete como regalo. “¿Ustedes van a apoyar a Keiko?”, le preguntó el administrador de una tienda de combustible, a la mitad de una carretera cubierta por la neblina, al equipo de este medio. Aún no sabemos, ¿y usted, por quién va a votar? 

“Por Castillo, porque es de aquí. Ya es hora de que gobierne un cholo, un cholo chotano. Y ahí vamos a ver qué puede hacer, ¿no cierto? Si en Bolivia [Evo Morales] lo hizo bien. Están diciendo que los cajamarquinos somos terroristas. Nada de eso, acá eso no hay”, respondió. Ese fue el mensaje de Chota para Lima tras el debate. Valga transmitirlo.

 

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Elecciones 2021, Keiko Fujimori, Pedro Castillo

Por Alessandro Azurín y Alba Ñaupas

 

El pasado 24 de abril los 16 congresistas electos de la nueva bancada de Acción Popular (AP) por fin se conocieron. La cita fue convocada por el reciente candidato presidencial del partido, Yonhy Lescano, en el local principal de la agrupación. Consultado por los pormenores de la reunión, el virtual parlamentario Juan Carlos Mori asegura que se trató solamente de “una reunión de agradecimiento y felicitación de parte de Lescano hacia nosotros, los electos. No conversamos ninguna postura partidaria. Eso es aún un tema pendiente”.

 

Otro de los asistentes, Ilich López, virtual congresista por Junín, resume la conversación de esa reunión en una sola palabra: unión. “Básicamente lo que hemos quedado es que la bancada va a actuar en unidad, en base a los principios partidarios y vamos a ser una bancada sólida. Conversaremos con todos los líderes de Acción Popular para poder contribuir con la unidad dentro del partido y que esa unidad se vea reflejada en nuestras decisiones”, explica a este medio.

Pero a la reunión del 24 de abril no acudieron todos. Y aunque Ilich López dice que las ausencias se debieron a presuntos contagios de Covid 19, Sudaca pudo conocer que en el partido de la lampa ya empiezan a manifestarse algunos desencuentros.

Uno de los grandes ausentes fue nada más y nada menos que el candidato congresal más votado del partido: José Arriola, el N°1 de Lima que en las elecciones internas de AP corrió al lado de Edmundo del Águila. Las razones por las que no asistió, según otros testimonios, no se deberían a su estado de salud, sino, precisamente, a las diferencias que hay dentro del partido.

Mesías Guevara, presidente de AP, desliza esa posibilidad. “No habrá estado Arriola porque parece que hubo un tema de los congresistas provincianos versus los de Lima”, dice. La discrepancia giraría en torno a la visión del país que tienen ambos bandos, aunque los capitalinos estén en desventaja: apenas lograron dos curules. Guevara adelanta que el Comité Político los convocará para coordinar y limar posibles asperezas. Al parecer, la bancada -aún- no estaría del todo unida.

Ricardo Torres, militante desde hace 15 años y miembro de la Comisión de Plan de Gobierno de AP, explica que Arriola -quien llegó a ser el N° 1 dentro de la lista de candidatos al Congreso gracias a la maquinaria que movió en su favor el actual alcalde de Ate, Edde Cuellar- es parte “de una facción no deseada” por haber “sido promovido por un alcalde invitado”, “un defecto del último sistema de votación interno de AP” y producto del arrastre de Yohny Lescano como candidato presidencial.

Como contó este medio antes de las elecciones congresales, Arriola es casi un desconocido dentro de AP. “[Los militantes] le van a sacar en cara cómo llegó al partido”, pronostica Torres. “Como él, tenemos algunos problemitas con otros militantes que han llegado a ser electos […] van a suscitarse ciertos reclamos de la misma militancia que le van a decir ‘qué haces tú acá si tú tienes tal o cual problema judicial’ o que tienen intereses contrarios al partido” añade.

 

Para Franco Salinas, vocero de la actual bancada de Acción Popular, la ausencia de Arriola se debió al abandono en que dejó Lescano a algunos grupos de candidatos en la reciente campaña congresal. “Apartaron a muchos correligionarios de regiones, autoridades, los mismos candidatos al Congreso se quejaban. Pregúntale, por ejemplo, al señor Arriola de Ate. Lescano lo vio una vez en la campaña y nunca más supo de él. Hubo un alejamiento sectorizado”, afirma.

Hay otros congresistas electos que no están alineados con el ala “lescanista”. Una de ellas es Maricarmen Alva, quien sí asistió a la reunión del excandidato presidencial, pero que no destaca precisamente por ser la más cercana al político puneño. La congresista electa por Lima es, en realidad, próxima a otro personaje del partido: Alfredo Barnechea, quien ha tenido más de una diferencia con Lescano. Alva incluso formó parte de la plancha presidencial de Barnechea en las internas de AP hasta que la lista fue retirada.

La virtual congresista por Lima ha mostrado abiertamente sus discrepancias con el pensamiento de Lescano. Por ejemplo, para la abogada, el gobierno de Merino fue constitucional, apreciación que no comparte el excandidato presidencial. “Cada vez que ella ha intervenido ha tratado de alinearse a las propuestas de Lescano, pero no lo hacía con agrado porque ella viene de otra facción del partido. Por eso no te puedo decir que será una bancada disciplinada que votará en bloque. No va a ser así”, afirma Ricardo Torres.

Apuntalan esta versión los antecedentes. Hay personajes con curul para los próximos cinco años que no han demostrado mucha unidad entre sus correligionarios. Jorge “Coco” Ancachi, por ejemplo, virtual congresista por Puno -la tierra de Lescano- tiene un precedente que demuestra que no trabaja de la mano de sus correligionarios. Durante la campaña fue protagonista de una pugna con otro candidato por Puno de AP.

Cuando medios locales revelaron las denuncias que la Fiscalía Anticorrupción realizó en su contra por peculado en el gobierno regional, Ancachi acusó al N°3, Elmer Quispe, de ser el responsable de la información. “Coco” no se quedó ahí y le increpó por, supuestamente, abandonar a su hija en un orfanato.

 

Entre Fujimori y Castillo

Hasta ahora los pronunciamientos del partido de la lampa sobre qué candidatura apoyarán en segunda vuelta han sido dispersos. Entre Lescano, Diez Canseco y demás, cada uno ha apuntado a diferentes direcciones. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de mayo, la opinión de los principales líderes y de los militantes accionpopulistas tendría que unirse en un solo discurso.

En el plenario convocado para el 15 de mayo, AP debatirá con el objetivo de definir su posición política para la segunda vuelta. Las voces y los votos serán de todos los alcaldes, congresistas, exdirigentes y el comité político nacional. ¿Se impondrá el llamado al voto en blanco de Lescano? ¿Optarán, como Diez Canseco, por apoyar al fujimorismo? ¿Será un voto de conciencia como plantea Mesías Guevara? Todo vale.

Los nuevos congresistas electos también estarán presentes, según Guevara. Si bien no podrán votar, participarán del debate. Un hecho no menor, considerando el rol de mediadores que planean llevar al Congreso. Los lineamientos saldrán de lo que se acuerde en el plenario.

El debate de ese día pinta para largo. Escoger entre Castillo o Fujimori es un dilema en la interna accionpopulista. “Ante la actual circunstancia nos vemos impedidos ideológicamente de apoyar a cualquiera de las dos opciones que han quedado como resultado de la segunda vuelta. No podemos apoyar al partido de la señora Fujimori porque su ideología está orientada a la extrema derecha y tampoco podemos apoyar al señor Castillo porque su propuesta es de izquierda extrema y, en muchos casos, antidemocrática”, expresa Ricardo Torres.

congresistas AP

A pesar de esto, grupos como el Comité Ejecutivo Regional de AP de Cusco, mediante un comunicado, ya adelantaron la opinión que expondrán en el plenario. Ellos piden a los dos candidatos que “hagan planteamientos que garanticen la mayor unidad y gobernabilidad del país”. La traducción, según Armando Villanueva, miembro de este comité, es que Castillo y Fujimori tienen que acercarse al centro, donde AP dice estar.

Para el ex parlamentario, que algunos hayan adelantado su apoyo a uno u otro candidato antes del plenario “no ha sido pertinente y no responde al principio democrático del partido”. Villanueva espera que el partido recoja la propuesta cusqueña y así Acción Popular elija a su “mal menor”.

Sin importar quién termine ocupando el sillón presidencial, hay voces al interior del partido que apuntan a que la próxima bancada, la tercera más numerosa, sea oposición, una constructiva que busque resarcir la imagen del partido.

“Ningún partido tiene suficientes parlamentarios para decidir solos. Vamos a tener una posición muy importante para definir temas en esta concertación parlamentaria que tiene que haber”, asegura el actual congresista Franco Salinas. “Otras bancadas ya están predestinadas a apoyar un gobierno de Pedro Castillo y otras definidas hacia Keiko Fujimori. Acción Popular debe ser el punto de equilibrio, actuar con responsabilidad y en función a los intereses nacionales”, añade Mesías Guevara.

La autocrítica también está presente en algunos militantes. Franco Salinas, actual vocero de la bancada que abandonará el Congreso el próximo 28 de julio, ha aconsejado a los nuevos legisladores de AP no repetir sus errores. “Yo mismo les he recomendado que muestren un liderazgo claro de alguien que pueda ir a la Mesa Directiva. Eso no ha pasado en esta bancada. Manuel Merino debió liderarla, pero no lo hizo. Cosa que lamento [porque] es mi amigo”, afirma.

Guevara, también gobernador regional de Cajamarca, advierte a la nueva bancada de su partido que, en un Congreso extremadamente fraccionado, discrepar y alejarse de la agrupación podría ser una mala jugada. “Casi todos son congresistas nuevos […] y tienen que aprender. Si algún congresista electo quiere tomar distancia de la bancada, la perjudica, pero a sí mismo también: no podrá integrar comisiones o ser miembro del Consejo Directivo, vocero, integrante. Al final todos están obligados a reunirse”, afirma.

Sudaca intentó comunicarse con los congresistas electos por Lima: José Arriola y Maricarmen Alva. Sin embargo, el primero se limitó a dejarnos en visto y la segunda se comprometió a devolvernos la llamada. Seguimos esperando.

*Fotoportada: Leyla López

 

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Acción Popular, Congreso, Elecciones 2021

La campaña de Keiko Fujimori no sólo cambiará de rumbo, sino que sumará rostros internacionales. El ecuatoriano Roberto Izurieta será uno de ellos, según una fuente altamente confiable y cercana al comando de campaña de Fuerza Popular, y ya estaría trabajando como asesor externo.

Izurieta es especialista en comunicación política y ha sido asesor, por ejemplo, del expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad, quien firmó el acuerdo de paz con Alberto Fujimori en 1998.

 

Izurieta también ha asesorado a otros presidentes como Álvaro Colom en Guatemala, o los derechistas Horacio Cartes en Paraguay y Enrique Peña Nieto en México. El ecuatoriano es un viejo conocido en estas tierras: según su hoja de vida, trabajó en una de las campañas de Alejandro Toledo.

Medios ecuatorianos lo vinculan a la campaña del 2017 en la que el banquero Guillermo Lasso perdió las elecciones presidenciales en Ecuador. Izurieta ha admitido ser amigo del actual presidente de Ecuador y ha estado muy pendiente de su última campaña, de este año, en la que sí ganó. A inicios de abril Lasso remontó el marcador de entre 10 y 15 puntos de ventaja que le daban a fines de marzo algunos sondeos a su contrincante, el correista Andrés Arauz.

El pasado 13 de abril, por ejemplo, el especialista resaltó en CNN −a la par de su apoyo informal− tres ejes de la estrategia de Lasso que lo llevaron a la victoria: la espontaneidad en los debates, apuntar hacia los privilegios y promover “encuentros” con la gente. “Mientras Andrés Arauz y su equipo seguían en una onda triunfalista, Guillermo Lasso dio un giro a su campaña, la acercó a la gente y sus problemas dando paso a su nueva línea: los encuentros. De esta manera, Lasso pasa de una primera vuelta donde daba la idea de dar lecciones basado en su capacidad y experiencia, a eventos genuinos con la enorme diversidad del electorado nacional. Fue un éxito”, escribió. Sería un anuncio de lo que se viene en Perú, donde Fujimori ya busca con desesperación debatir con su contrincante.

Para llegar al público más joven, donde prevalece un fuerte componente de antivoto, en la tienda naranja contarían con el apoyo de otro ecuatoriano: Juan Mateo Zúñiga, consultor político y miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, integrada por un equipo de jóvenes liderados por él.

Su experiencia se basa principalmente en campañas electorales en su país y se encargaría de la estrategia digital de Fuerza Popular. En la reciente primera vuelta en Ecuador, fue asesor de la “sorpresa” de los comicios: Xavier Hervas, un empresario que se estrenaba en la política nacional. El desconocido quedó en un meritorio cuarto lugar.

“Nosotros creemos que la estrategia es el contraste. No necesariamente tenemos que salir a pelear con alguien o hacer algo en negativo, sino a diferenciarse de los otros. El contraste en este caso fue Xavier [Hervas] contra todos los políticos. Los políticos que nos defraudaron, que nos llevaron a la crisis”, contó Zúñiga en una entrevista para el portal de su país Primicias.

El reto del ecuatoriano será extrapolar eso a una candidata más bien protagonista -en gran parte- de la reciente crisis del país. En todo caso, las redes sociales serán una de las herramientas clave de Zúñiga, que para la segunda vuelta en Ecuador asesoró a la campaña de Lasso. De hecho, es el responsable de que el electo presidente haya incursionado en la red social Tik Tok, tal como lo ha hecho Keiko Fujimori en la primera vuelta.

Sudaca se contactó con ambos asesores a través de sus redes sociales, pero no respondieron al cierre de edición de esta nota.

Hace dos días, el excongresista Luis Galarreta negó al diario Correo que vayan a contratar a un asesor extranjero, pero esto no sería tan cierto. Si bien ambos ecuatorianos no son parte del equipo de campaña ni se reúnen a diario con este, sí se suman como consejeros externos y, qué duda cabe, jugarán un rol importante. 

El comando de campaña de Keiko Fujimori está integrado por el jefe de plan de gobierno, Nano Guerra García, el publicista Carlos Raffo y los excongresistas Miguel Torres y Galarreta, quienes se reúnen diariamente, según pudo conocer este medio. Esto seguirá así.

Sudaca se contactó con los mencionados integrantes del equipo de Keiko Fujimori, pero al cierre de esta edición o se excusaron de revelar datos internos de la estrategia o no respondieron.

Por otro lado, y pese a que un círculo de viejos fujimoristas ya rodea a la candidata, las fuentes naranjas niegan que Alberto Fujimori cumpla un papel de estratega en la campaña, aunque admiten que el expresidente sí llama a su hija para darle consejos y lanzarle alguna crítica constructiva.

En esa línea, no está contemplado que Keiko Fujimori firme una hoja de ruta ni extienda pedidos de perdón por la corrupción de la década del 90 ni por la actitud vehemente mostrada por sus congresistas en el período 2016-2020. En el círculo de Keiko creen que ya han reconocido suficientes errores y no están dispuestos a seguir con el autoflagelo.

“No forma parte de la estrategia ahora [pedir perdón]. Se va a anunciar un cambio de rumbo, pero no pasa por una hoja de ruta ni algún perdón”, refiere una fuente de la tienda naranja.

Cambio de rumbo

Como ha sido evidente, un primer momento de la campaña ha estado marcado por el discurso contra el comunismo, plasmado en videos institucionales del fujimorismo en redes sociales.

En paralelo, han surgido otras acciones que no coordina directamente Fuerza Popular, pero que tampoco rechaza. Claro ejemplo son los anuncios que han surgido en distintos paneles publicitarios de la empresa Punto Visual en Lima. El gerente de esta empresa es Alberto Luis de Azambuja, pareja de la excongresista Cenaida Uribe. Otro ejemplo, aunque menos estruendoso, es la campaña en redes bajo el hashtag “#pormifamilia”, promovida por Robby Ralston.

Pese a que dicen ser ajenos a ambas estrategias, en la interna no consideran esto como un error. A la consigna del anticomunismo se han sumado ya voces como las de Mario Vargas Llosa y la del mismo Kenji Fujimori señalando que la exprimera dama del régimen fujimorista es la opción democrática y representa la defensa del modelo económico. Que se sumen más voces sería parte de los que llaman a la interna “la estrategia cívica”.

En esta segunda vuelta también se ha descartado contar con las empresas publicitarias que vienen tocando la puerta de Fuerza Popular. En el comando de campaña se preguntan para qué quieren spots si ya tienen minutos asegurados en los medios.

En el fujimorismo, además, parecen tener bastante fe en lo que vienen haciendo cierta prensa, como el Grupo El Comercio, y consideran que no hay necesidad de hacer una campaña de “terruqueo” cuando desde la concentración y otros medios ya la vienen haciendo por su cuenta.

Pero toda esta primera parte de la estrategia, específicamente la defensa del modelo y la lucha contra el comunismo, sólo habría tenido como objetivo atraer a aquellos votantes de derecha que no respaldaron a Keiko Fujimori en la primera vuelta.

Al interior de Fuerza Popular dicen que han sido plenamente conscientes de que ese discurso no iba a calar en los sectores D/E. Por eso, ahora tienen como referencia la campaña de Luis Fernando `el Macho` Camacho, líder ultraderechista y religioso, quien puso en aprietos a Evo Morales en las últimas elecciones bolivianas tras hacer un paro de 21 días en el país del sur. El símil que buscan es ir desde los sectores más acomodados para luego dar un llamado a los estratos sociales más bajos.

Así, para el sector D y E, el objetivo será promover un mensaje antiestablishment, por lo que no debería generar sorpresa si es que Keiko empieza a esgrimir un discurso populista que critique a grupos de poder y reivindique programas sociales de su padre como el Foncodes, los vasos de leche, entre otros, como ha hecho ya en recientes entrevistas.

Con ello se avecina una campaña con múltiples variantes, aunque abierta a colaboración de diversos sectores y poderes fácticos que puedan sumarse, de acuerdo a fuentes del fujimorismo. Luego, viene la conquista del antivoto, que tiene una lógica distinta. Esta segunda fase se develaría en los próximos días.

 

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“La semana que viene vamos a iniciar una campaña para ver si nos donan una planta de oxígeno”, cuenta Percy Huamaní, presidente del cuerpo médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES), uno de los hospitales más grandes de Lima Sur con alrededor de 200 camas de hospitalización. “Se estima que habrá una nueva ola en cualquier momento, entonces nosotros igual necesitamos una planta”, afirma.

 

Sin que el cuerpo médico lo supiera, en diciembre pasado este hospital rechazó una planta de oxígeno que la cementera privada Unacem intentó donar a la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Sur. ¿Sus argumentos? Que su demanda de oxígeno superaba a la de la planta ofrecida por la cementera y que tenían previsto recibir una idónea vía un convenio del Ministerio de Salud (Minsa) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

El acuerdo establecía que la UNI entregaría 47 plantas de oxígeno a 46 hospitales. Pero el proyecto fracasó, como explicó Sudaca en marzo pasado, y se resolvió por incumplimiento en el plazo de entrega.

A la fecha, el HEVES no ha recibido la planta y continúa dependiendo de proveedores privados externos. En total son 29 hospitales que están en la misma situación y 9 de ellos han sido omitidos en un nuevo proyecto para cerrar la brecha del oxígeno, como veremos más adelante. Sus pacientes son los más perjudicados. Es abril, hasta ahora, el mes más mortal de la pandemia. El Sinadef —una mejor referencia que las cifras oficiales— ha contabilizado en promedio un exceso de 900 muertes diarias. Lima Metropolitana concentró la mitad de los decesos.

En el Hospital Regional Docente de Trujillo, por ejemplo, las escenas son de desesperación. Lo muestra la periodista Silvia Yupanqui en un video: un hombre llora y samaquea a otro que acaba de fallecer en el asiento trasero de un auto negro a las afueras del centro de salud. La falta de oxígeno fue la causa.

En otro momento, una mujer, familiar de una persona que necesita atención, dice a un trabajador del hospital: “Por favor solamente que lo dejen entrar, que lo chequeen. (…) Ahorita está con 70 de saturación, ya no está respirando bien».

Otra señora intenta reclamarle a los funcionarios del centro de salud: «Toda la noche he estado buscando oxígeno. Por oxígeno es que lo traemos acá, para que lo puedan ayudar. (…) Me he ido hasta a Otuzco a buscar y no hay, no hay oxígeno». La mujer hace referencia al Hospital de Apoyo (de Otuzco) ‘Elipidio Berovides Perez’, que es otro de los 29 nosocomios que quedaron a la espera de una planta del convenio con la UNI.

«Estamos así aproximadamente hace tres semanas», cuenta a Sudaca el decano del Colegio Médico de La Libertad, Wilmar Gutiérrez, y precisa que el problema del número de camas se suma al del oxígeno. «No hay ni dónde sentarlos ni acostarlos, y ni hablar de las camas UCI». Su institución advirtió hace unos días que las muertes no contabilizadas en domicilios iban en notorio aumento, sumando alrededor de 20 diarias.

El Hospital de Apoyo de Caraz, en Áncash, es otro de los centros de salud a los que el Minsa les quedó debiendo una planta de oxígeno. Según Augusto Tarazona, presidente del comité de salud pública del Colegio Médico del Perú, tanto las hospitalizaciones como las muertes se han “incrementado terriblemente” en las últimas ocho semanas en el hospital, en gran parte por falta de oxígeno.

“Constantemente viene acabándose el oxígeno. La dificultad es que las empresas proveedoras en las últimas semanas no están abasteciendo por completo, solo una tercera o cuarta parte de lo que se les pide. Entonces eso genera una necesidad de independencia de producción de oxígeno”, explica el médico.

Tarazona comenta que la UNI les había indicado a inicios de marzo que la planta ya estaba lista para ser instalada. “No obstante, como ya se había anunciado la anulación del contrato, ha quedado en stand by. Y se da la situación actual de que la gente se está muriendo por falta de oxígeno», señala. Tanto Ancash como La libertad están entre las seis regiones donde el coronavirus ha alcanzado mayor nivel de letalidad, según el Minsa.

Minsa: nuevamente los muertos antes que las plantas

El pasado 5 de marzo, luego de que el Ministerio de Salud lanzara el ultimátum público a la UNI para la entrega de las 47 plantas, la universidad se comprometió entregar 18 de estas (menos del 40% del total original) e inició un proceso de conciliación con la cartera de salud, específicamente con el Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, a cargo de Bernardo Ostos.

A la fecha, la entrega de las 18 plantas ha concluido. Sudaca consultó al viceministerio cuáles fueron los acuerdos finales de la conciliación, pero no obtuvo respuesta.

El mismo 5 de marzo, sin embargo, el ministro de salud Óscar Ugarte anunció en el Congreso que para suplir las plantas faltantes se haría una importación rápida de plantas de oxígeno medicinal a través del Proyecto Especial Legado, una institución pública adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y creada originalmente para darle sostenibilidad al legado de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Sin embargo, Legado recibió formalmente el encargo recién a inicios de abril a través del Decreto de Urgencia 036-2021. Sudaca consultó al Minsa por qué tardaron casi un mes en asignarle la responsabilidad en medio de un contexto de muertes en aumento, pero nuevamente no obtuvimos respuesta.

¿Qué ocurrió entonces con los 29 hospitales que quedaron en el aire luego de la resolución del convenio? Se trata de hospitales de La Libertad, Lambayeque, Piura, Áncash, Lima Región, Junín, que están entre las 10 regiones donde el Covid-19 ha alcanzado mayor letalidad, según la Sala Situacional del Minsa. Así como hospitales de Ucayali, San Martín, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios, Pasco, Puno y Cusco.

Ranking de la muerte: proporción de fallecidos del total de infectados con Covid-19. Diseño: Leyla López.

Estos nosocomios siguen esperando por las plantas de oxígeno y el plazo de espera que les han dado es de 4 a 12 semanas. Veamos por qué.

El 22 de marzo, la Defensoría del Pueblo envió al Minsa un oficio (ver documento) preguntando, además de la fecha de entrega, qué se había hecho hasta el momento para lograr la adquisición de dichas plantas de oxígeno y para cubrir la demanda de los 29 hospitales hasta que las plantas estuviesen operativas en ellos.

El viceministro Ostos se tomó casi un mes para contestar, el pasado 20 de abril (ver documento). Adjunta a su respuesta, enviaba la del titular de la DGOS (Dirección General de Operaciones en Salud), Edward Cruz. La escueta nota informativa N° 593-2021-DGOS/MINSA solo precisaba que la DGOS 1) había gestionado y participado en el decreto de urgencia que daba un nuevo marco normativo para la dotación de oxígeno, 2) que las plantas de oxígeno pendientes serían entregadas por el Proyecto Especial Legado en un plazo estimado de 10 a 12 semanas, y 3) que CENARES era el responsable sobre el abastecimiento del oxígeno medicinal a dichos hospitales.

Sudaca se comunicó con el área de prensa del Proyecto Especial Legado y obtuvo detalles importantes sobre el trabajo encargado (ver respuesta). Según su director, Alberto Valenzuela, el Minsa le solicitó buscar 20 plantas para el mismo número de nosocomios. Solo 20 de los 29 hospitales.

¿Por qué dejar fuera 9 hospitales que vienen esperando por las plantas desde el año anterior?». Es el Ministerio de Salud quien debe responder la consulta», se limitaron a decir desde el Proyecto Especial Legado. Al cursar la pregunta, Sudaca no recibió respuesta de la cartera de salud. Entre aquellos excluidos por el Minsa del plan de Legado está el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Ese cuyo cuerpo médico está ideando una campaña para conseguir una planta de oxígeno donada, después de haber rechazado una porque confiaban en la UNI.

La espera continúa para 20 hospitales, otros 9 quedaron fuera del plan asignado al Proyecto Especial Legado. Diseño: Leyla López.

El Proyecto Especial Legado, por su parte, incrementó en varios casos la capacidad de producción de las plantas que buscarían para cumplir con el encargo. Adicionarían al plan, estaciones de llenado de cilindros de oxígeno en varias regiones. «Con ello hemos logrado aumentar la oferta de oxígeno de 30 toneladas por día [de las plantas de la UNI] a 66», señala Valenzuela.

Lo malo es que nuevamente no sabemos qué llegará primero: si la tercera ola o las plantas. Legado se encuentra actualmente en una fase de estudio de mercado, buscando proveedores internacionales, y calcula que entre 4 a 12 semanas culminará la instalación progresiva de las 20 plantas. Una espera que puede ser mortal.

Fotocomposición de portada por Leyla López.

 

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Desde que los detectives de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) interceptaron sus llamadas, el 2017, se hizo evidente que la comerciante Edith Huaricancha Arenas había captado a decenas de funcionarios públicos en puestos clave, encargados de fiscalizar la venta y el traslado de madera. Así había conseguido que sus cómplices tengan vía libre para pasar pesados cargamentos ilegales desde Madre de Dios hasta las fábricas de muebles en Lima.

 

La madera que compraba esta mafia (y que luego revendía a otros comerciantes) era extraída de zonas protegidas o llegaba de contrabando desde Bolivia, apuntan fuentes de la Fiscalía. El negocio completo: conseguir guías de transporte fraudulentas −papeles donde se consigna la especie de madera que están trasladando, la cantidad y el destinatario− y lograr que los camiones que llevaban el cargamento sortearan sin sobresaltos los puestos de control del gobierno regional y la Sunat, ubicados en la carretera, como los operativos de la Policía.

“Los funcionarios de Madre de Dios les entregaban [a los criminales] esta documentación fraudulenta o blanqueada. Por ejemplo, sacaban un producto cuya extracción no está permitida, pero colocaban otra especie [de madera] en el documento. Con ese documento ilegal, el producto llega a Lima, donde es utilizado para hacer muebles. Los puestos de control [situados en la carretera] están comprados y algunos policías metidos en este tema, eso es innegable”, explica el coronel Jorge Gonzáles, jefe de la Diviac.

Con audios interceptados en los últimos cuatro años y el seguimiento a los investigados, la Policía y la Fiscalía Anticorrupción establecieron un organigrama de la mafia: 45 personas, 23 de las cuales eran funcionarios públicos. En agosto del 2020 montaron un primer operativo, que tuvo un éxito parcial. El segundo golpe ocurrió hace apenas una semana, el pasado 21 de abril.

“En el último operativo los ciudadanos del sector querían evitar la captura de dos financistas de la organización. Creen que ellos les están haciendo un bien, que les dan trabajo [al comprarles madera], pero los están explotando”, dice Gonzáles, quien detalla que Huaricancha revendía la madera que les compraba, al menos, a 10 veces su valor.

Pero ese ha sido apenas un problema menor entre los tantos que ha atravesado el caso. La primera parte de la investigación estuvo marcada por la filtración de información a los presuntos criminales y un Poder Judicial que jugó en pared con la organización.

Un día antes de la primera redada, el 24 de agosto del año pasado, el programa matutino de Radio Selva que dirige el periodista Julio Blanco anunció que la Diviac se encontraba en la región y que iban a “canear a siete u ocho” efectivos policiales. No se refirió, sin embargo, a los otros funcionarios públicos ni a los comerciantes, quienes se habrían enterado cuando el operativo ya estaba en marcha.

Edith Huaricancha fue capturada la madrugada del 25 de agosto. No pudo escapar a tiempo a pesar de que un agente de la policía de Madre de Dios, el teniente Gianfranco Lavado Yllescas, le avisó en mensajes de WhatsApp que se estaban haciendo varias detenciones y que entre los objetivos también había civiles.

Lavado: Han detenido a Pérez [hace referencia a un policía]

Edith: Pero ¿por qué?

Lavado: Diviac.

Edith: Borra los mensajes, ¿a quién más?

Lavado: Ya lo hice. A Zegarra de Forestal, Ambiente.

Edith: ¿A quién más?

Lavado: Sólo ellos.

Edit: ¿Y qué les están diciendo?

Lavado: A Figueroa también. Dicen que una investigación que tiene del año pasado (…) Van a intervenir civiles. Se van a quedar varios días.

interceptación whatsapp
Izquierda: Transcripción de los mensajes de WhatsApp con los que el teniente Gianfranco Lavado alertó a la presunta líder de la mafia de que la Diviac llevaba a cabo un operativo la madrugada del 25 de agosto pasado. Derecha: Lavado, hoy libre.

Lavado era el agente de apoyo designado por la Región Policial de Madre de Dios para colaborar con el megaoperativo. En teoría, el teniente se había enterado pocas horas antes de que este se iba a llevar a cabo, pero se dio el tiempo de avisarle a Huaricancha. Finalmente, la Diviac, que tenía como objetivo a 29 personas, pudo capturar a 19.

A pesar de todas las pruebas −concretamente las llamadas interceptadas que reseñaremos a lo largo de este reportaje−, Huaricancha fue liberada pocos días después por una Sala de Apelaciones de Madre de Dios. La Fiscalía tampoco pudo conseguir que el Poder Judicial admita su pedido de prisión contra el teniente Lavado a pesar de las flagrantes conversaciones.

En breve comunicación con Sudaca, el teniente no negó la veracidad de los mensajes y se limitó a decir: “No hay nada contundente, no hay la intención de nada ahí [en los mensajes]. Es un tema de investigación, yo no sabría nada más, ya se esclarecerán los hechos”.

El manto de impunidad alcanzó a las fiscales Zoila Rodulfo Castillo y Nelly Colque Valdivia, capturadas en setiembre pasado. De acuerdo con las interceptaciones, ambas habrían recibido juegos de muebles, whisky y dinero a cambio de ayudar en los casos penales que la mafia tenía en el Ministerio Público. Un juez decidió darles libertad en primera instancia. Cuando el fiscal a cargo del caso logró que admitan su apelación, Rodulfo y Colque ya habían desaparecido. Hoy son prófugas de la justicia.

Los policías

A pesar de los ‘topos’ y la sospechosa benevolencia del Poder Judicial, decenas de capturados permanecieron en prisión. Luego de revisar sus celulares, convencer a algunos de que entren a un proceso de colaboración eficaz y cotejar una y otra vez las interceptaciones telefónicas que se tenían, los investigadores volvieron a dar un golpe el pasado 21 de abril. Esta vez el objetivo eran 14 personas, nueve fueron capturadas, cinco no pudieron ser ubicados.

Fuentes de la Fiscalía apuntan que en esta ocasión no hay evidencia de que alguien haya lanzado la alerta, pero sí hay sospechas de filtración de información desde un juzgado. “Parece que hay algunos abogados que han estado pulseando por esa información”, apuntan.

Lo único cierto es que la mafia logró meterse hasta el cuello entre los funcionarios públicos de Madre de Dios.

Para este nuevo operativo, los detectives ya habían revisado el celular de Huaricancha. Allí encontraron mensajes de WhatsApp con el suboficial Pablo Caviedes Neya, del Departamento de Protección de Carreteras de Madre de Dios. Entre el 22 de julio y el 8 de agosto del 2020, el policía estuvo coordinando con la mujer el pase de varios camiones que trasladaban madera ilegal para que estos no tengan mayores problemas.

El 29 de julio se dio la siguiente conversación:

Edith: Buenas noches, papi, ¿pasarán mis carritos?, ¿cómo hacemos?, ¿arreglamos por aquí?

Caviedes: Ya, ¿a qué hora pasan y de dónde salen?

Edith: De La Novia, a las 11 más o menos.

Caviedes: Ya, que se paren acá en Shiringayoc para disimular, revisar las guías.

Caviedes, según el registro de llamadas, pertenecía a la organización desde el 2019. Su nombre figura en unos apuntes de “gastos” que le fueron incautados a Huaricancha. Fue detenido el pasado 21 de abril.

Pero antes de él, la mafia ya había captado al comandante Dante Gallardo Carreño, jefe de la Policía de Medio Ambiente, a cargo de operativos contra la minería ilegal y el tráfico de madera.

En 2017 y 2018, este oficial alertó a la mafia de varios operativos que iban a realizarse en la zona. Un ejemplo es la comunicación del 23 de abril del 2018, en la que uno de los presuntos criminales (alias ‘Pubi’) llama a Gallardo para preguntarle sobre un operativo contra los mineros:

Pubi: Este… me acaban de llamar de arriba ahorita y me dicen que mañana van a bombardear, ¿sabes algo?

Gallardo: No, nada.

Pubi: No hay nada, ¿no?

Gallardo: No.

Pubi: No vaya a ser, carajo, que nos revienten la máquina.

Gallardo: No, no… a ver, espérate. Voy a confirmar y te llamo.

Pubi: Me avisas, porque si hay algo, para irme en la noche a esconder los motores.

Gallardo no pudo ser ubicado en el operativo de la semana pasada.

La Sunat

Otro de los que logró escapar a tiempo fue Albert Curi Urbina, agente de la Sunat a cargo del control de vehículos en el puesto Unión Progreso. No estaba en su casa cuando la Policía llegó con una orden de captura en su contra. El 2 de febrero del 2020, la Policía registró la siguiente conversación entre Edith Huaricancha y Curi, en donde la primera promete hacer una “bolsa” de dinero mensual para él.

Edith: Más tarde te llamo, me llamas por WhatsApp, ya he hablado con los chicos.

Curi: Ya.

Edith: Ya, y vamos a hacer una pequeña bolsa mensual mejor, para estar tranqui, para chambear tranqui.

Curi: Ya, chévere, gracias, se agradece.

transcripción audio mafia
Izquierda: La transcripción del audio en el que Edith Huaricancha acuerda entregarle una bolsa de dinero mensual a un funcionario de la Sunat. Derecha: la impune Huaricancha.

Tres semanas después, la noche del 23 de febrero, Albert Curi y Edith Huaricancha se vuelven a comunicar para coordinar el pase de un vehículo que cargaba madera ilegal. Curi le dice que está con tres personas más en el puesto de control, pero que apenas se vayan le timbrará.

Media hora más tarde, el agente aduanero cumple con su palabra y llama a la líder de la organización avisándole que ya puede pasar el vehículo. Entonces Edith se comunica inmediatamente con el chofer del camión que lleva la madera:

Edith: Ya, maestro, pasa, pasa.

Chofer: Ya, señito, ya. Directo paso, ¿no?, ¿me van a pedir algo?

Edith: No, no, entra. Ahí hay un flaquito a la vista. Le entregas los documentos a él, para disimular te va (ininteligible) y pa que pases.

Chofer: Ya, ya, ya.

Edith: Un flaquito de la Sunat.

Albert Curi no era el único funcionario de aduanas involucrado. Durante el primer operativo cayó Óscar Espinoza Chávez, quien en junio del 2018 proporcionó un USB a la mafia con información de cargamentos registrados en una base de datos de la Sunat. De acuerdo a las escuchas, Espinoza recibió S/5.000 por sus servicios.

Los directores forestales y los periodistas

Edith Huaricancha y sus cómplices tenían un negocio redondo, de acuerdo a la documentación fiscal. No sólo revendían la madera a más de 10 veces su valor. También hacían negocio con las guías de transporte.

Los funcionarios de Madre de Dios eran los que proveían las guías fraguadas que luego Edith Huaricancha revendía a otros comerciantes de madera. Una interceptación telefónica del 24 de noviembre del 2019 da cuenta de cómo negociaba esta con una mujer llamada Emiliana Luna Huamán, también capturada la semana pasada.

Edith: Ya, mami, en ese caso, en el precio de las guías, ¿a cuánto me vas a dar?

Emiliana: No sé, ¿a cuánto estás vendiendo, pe?

Edith: Yo he estado vendiendo siempre a 0.17 [17 centavos de sol]. Mire, a la señora Constanza a 23 [centavos].

Emiliana: Y a mí 20 será pues.

Edith: A 22 pe, porque no me va a salir [a cuenta] 20.

Emilia: A 20… mira, hasta las coimas han subido, mami.

Para hacerse de las guías y pasar sin problemas los puestos de control en la carretera, la mafia tenía más funcionarios en su nómica. Los jefes de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre, el organismo a cargo del control y fiscalización de la extracción de madera en la zona, adscrito al Gobierno Regional de Madre de Dios, también habrían sido comprados. En el operativo del pasado 21 de abril dos de ellos, Ernesto Vargas Guevara y Jorge Dueñas Salas, fueron capturados debido a que tenían decenas de llamadas con los miembros de la organización.

Y Edith Huaricancha no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. Por eso, cuando vio que el ingeniero Harry Pinchi −a cargo de esa dirección durante un período del 2019 y repuesto en julio del 2020− no iba a trabajar para ella, recurrió a la prensa local para embarralo. Así lo revelan mensajes de WhatsApp del 3 de agosto entre Huaricancha y Alan Vizcarra Econema, uno de sus presuntos cómplices. Un día antes, ella le había asegurado que saldría una “nota” periodística para generar la remoción de Pinchi. “Ojalá sea efectivo y de una vez saquen a esa mierda”, había dicho él.

Alan: No dicen nada de Pinchi en las noticias.

[…]

Edith: Cómo dices que no dijo nada, el Puclla [Luis Puclla] le sacó la mugre.

Alan: ¿Tienes el video? Porque yo no lo vi.

Edith: No. Hansel me llamó y dijeron que mañana mostrarán los documentos.

Pinchi recuerda que la mafia de Huaricancha quiso acercarse a él en 2019. “Tenía colegas que me decían que Edith quería conversar conmigo. Pero yo sabía de los antecedentes de la señora y nunca le di espacio”, cuenta a Sudaca.

El funcionario recuerda varios ataques mediáticos en el período de las llamadas interceptadas y dice que las denuncias periodísticas en su contra no tenían sustento.

Luis Puclla, periodista aludido, también niega que sus críticas hayan sido pagadas por la mafia. “No, para nada, yo cuestiono y critico si veo que están actuando mal. Ni siquiera conozco en persona [a Edith], yo más bien rajé de ella en mi programa”, asegura el comunicador.

Nos comunicamos con Rómulo Ochoa Segura, abogado de Edith Huaricancha, para obtener sus descargos. Ochoa no desmiente la veracidad de las interceptaciones telefónicas que acompañan este informe. “Más que la veracidad, cuestionamos la legalidad de los audios. Consideramos que una investigación que data de septiembre del 2017 ya debería tener mayor sustento. Mi patrocinada es empresaria, no es líder de ninguna organización criminal”, apunta.

Este viernes se llevarán a cabo las audiencias de algunos de los detenidos. Incluida la que verá si Edith Huaricancha sigue en libertad. En la Fiscalía Anticorrupción no descartan que sigan cayendo funcionarios ligados a esta mafia. Periodistas y residentes de Madre de Dios creen también que hay mucho pan por rebanar. Mientras tanto, ningún candidato ha puesto sobre la mesa propuestas claras para luchar contra la minería ilegal, ni la tala indiscriminada.

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Coronel Jorge Gonzáles, jefe de la Diviac, muestra el complejo organigrama de esta mafia de tráfico de madera.

 

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Hay, desde hace tres años, una leyenda corriendo entre el establishment empresarial limeño: Telefónica tiene un edificio lleno de empleados que ya no necesita, pero de los que no puede deshacerse. “La legislación laboral es tan rígida, que han tenido que meterlos a una suerte de call center para tenerlos haciendo algo”, se comentaba en los after-office de ‘Lima moderna’ pre-pandemia. Dicha unidad −remataban abogados corporativos y administradores con proyección− vendría a ser el símbolo de un país en el que hacer empresa formal es una tarea titánica por los costes laborales.

 

Ahora Telefónica ha decidido acabar con la historia detrás de aquella leyenda, que −como todas− tiene parte de mito y parte de realidad. La decisión incluye el despido de cientos de trabajadores. Antes de que ello ocurra, si el Ministerio de Trabajo (MTPE) les da la venia, Sudaca investigó y cuenta los detalles detrás del plan de la compañía española.

 

Un hueco sin salida

El edificio de marras existe. Es un bloque del complejo de oficinas que Telefónica tiene en Surquillo, a la espalda de las canchas de fútbol ‘La Once’ y el centro comercial ‘Open Plaza’ de Angamos, en la Calle Domingo Martínez Luján. Allí, efectivamente, se embutió hace tres años a cientos de trabajadores que cumplían distintas funciones en la empresa. Muchos de ellos eran técnicos de calle, especialistas en cableado. A la unidad se le llamó, porque hasta a los huecos hay que ponerles un nombre corporativo, el COM: el Centro de Operaciones de Movistar. ¿Qué es? Un back-office, una unidad de apoyo a los requerimientos internos de la empresa.

En este nuevo puesto de trabajo, los empleados del COM recibieron entre sus nuevas tareas la de llamar clientes. Si alguna vez usted solicitó cancelar su servicio y recibió una llamada para efectuar “validaciones”, vino de allí. A la división, Telefónica le proporcionó el equipo típico de un call-center: un software, audífonos, un micro. Y para estar seguros de no contravenir ninguna norma laboral, se mantuvieron los sueldos que los trabajadores habían alcanzado en sus posiciones previas. Mientras que los teleoperadores de afuera ganan, con suerte, S/1.200, en el COM se pagó un promedio de S/4.000, según fuentes de la compañía. Ello, más beneficios de planilla y jornadas recortadas de verano (37,5 horas semanales).

Esa disparidad, aunque provechosa, siempre tuvo una dimensión incómoda. Era un recordatorio, quizás el principal, de que los inquilinos del COM probablemente no escalarían un centímetro más dentro de la empresa. Podían ganar más que el mercado en lo que estaban haciendo, pero terminarían sus días haciendo crecer esa cifra solo mediante negociación sindical.

¿Por qué, si no, Telefónica movería personal de calle a operaciones para las que no está preparado? ¿Por qué conformaría la plana de teleoperadores mejor pagada del país? ¿Acaso era para convertirlos en gerentes?, se preguntan trabajadores reasignados con los que Sudaca pudo conversar y pidieron la reserva de sus identidades. El futuro laboral, desde el COM, se veía gris tupido.

Pero la inexistencia de una línea de carrera es una noción que los trabajadores adquirieron cuando ya tenían los audífonos puestos. Porque para reubicarlos −un proceso progresivo de los últimos tres años− la compañía les envió cartas en las que hablaba del “compromiso con la reconversión y empleabilidad interna” y les pedía que cambiasen de área “pues con su perfil y capacidades podrá continuar desarrollándose y aportando aún mayor valor a la compañía”. Hoy muchos se sienten engañados.

Lo que sí: Telefónica se ocupó de darle capacitación a sus nuevos back-officers. Les ofreció inducciones de una semana y les colocó ‘sombras’, colegas que los acompañarían en sus labores mientras ganaban experiencia.

“Estos compañeros, que se habían dedicado muchos a hacer trabajos de campo, no habían tenido mucho contacto con la informática. Por supuesto que tenía que haber una etapa de acompañamiento. Es como si al de oficina le digas, “ya papá, ahora te toca cablear, te voy a dar clases y luego vas y lo haces solo. ¿Qué va a cablear?”, dice Walter Díaz de la Vega, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Telefónica del Perú (Sinattel) y miembro de la coordinadora sindical de la compañía.

A Walter, en la izquierda de Juntos por el Perú, le dicen ‘Walas’. El apodo es por el soldado escocés Willian Wallace, de la película.

 

La modernidad

Del COM, Telefónica ha decidido quedarse con solo 3 áreas y eliminar 44. Ha juntado estas con otras 7 áreas que operan en provincias y ha emprendido un proceso de cese colectivo inicialmente para 844 trabajadores, más del 20% de la fuerza laboral que reportó en el 2020. El pasado 6 de abril, la ‘telco’ envió cartas a sus sindicatos informando del inicio de la movida y llamándolos a la etapa de diálogo. Un requisito legal.

“El motivo de este planteamiento es que Telefónica del Perú se encuentra en la necesidad de implementar una nueva estructura organizacional debido a los nuevos desarrollos tecnológicos y transformación digital, y de esa manera asegurar la sostenibilidad de la operación a nivel nacional”, ha respondido a Sudaca Georgette Page, gerenta “de experiencia empleado y business partner” de la compañía.

El cese colectivo es una figura de despido masivo que admite la legislación laboral peruana, no sin previa aprobación del Ministerio de Trabajo. Ha sido usada pocas veces en la historia, debido a un consenso entre abogados laboralistas de que el MTPE suele tener voluntad política de rechazarlos. Si se aprueba, el trabajador únicamente recibe sus beneficios truncos y puede retirar su CTS. Nada más. Para que ello ocurra, sin embargo, se deben sustentar razones concretas agrupadas en distintas categorías.

Dos son importantes para entender, en sencillo, este artículo: las ‘estructurales’ y las ‘económicas’. Estas responden a un severo problema de números en la empresa, mientras que aquellas, a un cambio en el mercado que hace que las posiciones a eliminar ya no tengan sentido. Telefónica ha optado por argumentar lo segundo: nuevas tecnologías que hacen obsoleto el trabajo de los empleados del COM. El ejemplo que citan es el ‘Dr. Speedy’: un servicio de asistencia técnica remota mediante el cual los técnicos ayudaban, por ejemplo, a pasar un antivirus a las máquinas de los clientes. Ya casi no sirve.

Fuentes de la compañía aseguran que la mayoría de las otras actividades son sumamente técnicas y que serán digitalizadas. Fuentes con conocimiento del proceso de cese, sin embargo, afirman que una parte pasará a ser realizada por máquinas, pero otra se tercerizará. En su carta a los sindicatos, la empresa española detalla además lo deteriorados que están sus indicadores financieros y operativos en el Perú: parte por la pandemia −explican− y parte por la competencia de otros operadores móviles (Claro, Entel, Bitel).

En el 2020, Telefónica del Perú tuvo una caída de 16,6% en sus ingresos, respecto al 2019, y una pérdida operativa de S/466 millones, según información bursátil.

“Toda causal de cese colectivo [para que se apruebe] debería tener una consecuencia en la viabilidad [económica] de la empresa, porque es una suerte de última ratio. Incluso cuando tengo que implementar cierta tecnología, también debería suponer una afectación a la viabilidad de la empresa. Siempre hay un criterio económico”, explica Guillermo Boza, profesor de derecho laboral de la PUCP y ex viceministro de Trabajo del MTPE. Por eso, Telefónica también ha adjuntado a los sindicatos sus estados financieros.

Pero ‘Walas’ cuenta que los sindicatos no aceptan la hipótesis de la adaptación a las nuevas tecnologías. Asegura que, como la conectividad digital no es total en el país, una empresa como Telefónica siempre va a necesitar un pull de apoyo humano. También dice que la compañía solo quiere mejorar sus números, y la acusa de no estar dándole suficiente mantenimiento preventivo a sus redes tras sacar de la calle a los técnicos que terminaron en el COM. Fuentes de la ‘telco’ negaron esta última acusación y se comprometieron a enviar información que lo sustente, pero no lo hicieron al cierre de la nota.

“¿Cuál es nuestra conclusión? Habrían creado esta área [el COM] para, en el menor tiempo posible, desaparecerla por la figura del cese colectivo por razones estructurales”, argumenta el dirigente sindical. La cancha parece quedar lista para un partido de argumentos en el MTPE. ¿Quiénes son los que definirán el marcador? Los técnicos de la Dirección General de Trabajo, del viceministerio de Trabajo. El viceministro es exgerente de Telefónica. 

 

Empresa emblemática

José Luis Parodi Sifuentes es viceministro de Trabajo desde el 8 de setiembre del 2020. Fue gerente de “Asesoría Laboral y Terceros” en Telefónica hasta el 23 de abril del mismo año, antes de darle el primer giro a la puerta para ser asesor del Ministerio de Economía. Según su hoja de vida, como empleado de Telefónica en el Perú, se dedicó a “eliminar/mitigar riesgos laborales” y a “implementar planes de acción aprobados para la gestión de riesgos laborales”.

La relación laboral con la empresa se remonta, en distintos periodos, hasta el 2008, cuando ingresó tras dejar el estudio de abogados Miranda & Amado, donde era el “abogado destacado al Grupo Telefónica”. Antes también ha trabajado en la consultora EY. Sudaca lo contactó pero, debido a una agenda recargada, prefirió responder por escrito.

Parodi aseguró que la dirección que resolverá la solicitud de cese de Telefónica depende de su viceministerio, pero que “de ningún modo supone que en mi calidad de superior jerárquico pueda influir sobre el sentido de las resoluciones que emite”.

También indicó que por transparencia ha informado del caso a sus subordinados y nos remitió un memo interno que no menciona la palabra “Telefónica”, pero sí habla de una Ayuda Memoria sobre la “segregación de funciones de los órganos del MTPE como garantía frente a posibles incompatibilidades y/o conflictos de interés de funcionarios públicos o servidores”. 

“Lo que nos preocupa es que quien toma decisiones en el viceministerio de Trabajo es José Luis Parodi. Él ha sido nuestro adversario dentro de la empresa. Los últimos años lo hemos conocido básicamente por las cartas que firmaba a los trabajadores”, reclama ‘Walas’. Si bien las direcciones generales están facultadas a tomar la decisión sobre el cese colectivo de forma técnica y autónoma, sería insensato no ver la posibilidad de que haya un conflicto de interés.

En realidad, pocos abogados laboralistas son ajenos a Telefónica. “En un momento, gruesamente, del número de procesos laborales [del país], la mayoría correspondía a Telefónica”, dice Boza. Más allá de lo que ello muestre de la empresa, los sindicatos telefónicos −como se hacen llamar− son de los más fuertes del país. Telefónica es una empresa emblemática en el derecho laboral.

Y no es verso: Sudaca sondeó entre otros abogados laboralistas, quienes aseguraron que una sentencia del Tribunal Constitucional contra la empresa del 2002, el Caso Fretratel, es una piedra angular sobre la interpretación constitucional del derecho al trabajo. Más procesos contra Telefónica han apuntalado esa jurisprudencia, como los casos Llanos Huasco y Baylón Flores.

En corto, Boza explica que en el sindicato Fetratel consiguió que el TC anule un despido masivo de empleados en la empresa de telefonía, que heredó una planilla abultada tras la privatización del servicio durante el gobierno de Fujimori. Cuando el negocio era público, era casi imposible conseguir un teléfono.

El tribunal consideró que no se había seguido el debido proceso para acreditar una causa objetiva de despido y también que se estaba atentando contra los sindicatos.

La sentencia del 2002, que habla sobre el derecho al trabajo y la libertad sindical, dice que “resulta coincidente que las personas con las que [Telefónica] concluyó unilateralmente la relación laboral haya sido precisamente las que conforman tanto el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica y de la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú. Como se aprecia, es el criterio de afiliación sindical el que ha terminado la aplicación del despido”.

De los 844 trabajadores que Telefónica planeaba cesar esta vez, más del 90% está afiliado a un sindicato, según la relación a la que tuvo acceso este medio. En la empresa, con más de 4.100 trabajadores, la tasa de sindicalización es solo de alrededor del 50%, según fuentes de la misma.

Telefónica presentó la solicitud de cese colectivo ante el MPTE el último viernes para 775 empleados. La diferencia respecto a la cifra inicial se debe a que en la negociación previa un grupo de trabajadores aceptó las condiciones del plan de retiro voluntario propuesto por la compañía. El riesgo es irse con nada. Pero se trataría de personal no sindicalizado, en su mayoría. Según ‘Walas’, la coordinadora sindical ha decidido adoptar la posición de la “defensa del puesto de trabajo”.

 

Al otro lado del mundo

Para terminar de entender la historia, es importante saber qué pasa con la ‘telco’ española a nivel global. En julio del año pasado, la compañía aglutinó todos sus activos en América Latina, salvo los de Brasil, bajo el paraguas societario de Hispam. La razón: separar sus negocios estratégicos y rentables en cuatro países −Alemania, Brasil, España y el Reino Unido− de sus dolores de cabeza latinoamericanos. Uno de esos es la operación en el Perú.

El plan, según reportes del suplemento económico de El País, Cinco Días, y de la agencia EFE, es vender los negocios cuando baje la marea. Para eso es necesario hacerlos más rentables. Y entre otras cosas, eso implica reordenarlos y quitarles toda la ‘grasa’. El plan estratégico elaborado por la matriz, que acaba de estrenar nuevo logo para ‘mirar hacia el futuro’, tiene dos prioridades: el precio de la acción y reducir su deuda.

La reorganización global cuesta. El plan de retiro voluntario (PRV) que Telefónica ofreció a los trabajadores incluye “incentivos económicos”, cobertura médica por hasta 5 años, asesoría para la recolocación o para el retiro personal, y mantener los descuentos en productos Movistar. De acuerdo a la declaración enviada por Georgette Page, 275 trabajadores hubieran recibido el equivalente a 60 sueldos de haber aceptado el retiro voluntario. Se trata de personal que, en algunos casos, viene desde la privatización.

Como no han aceptado la zanahoria, la empresa ha pasado al palo. Junto a la formalización del proceso de cese colectivo, a los telefónicos les ha llegado el aviso de que entrarán en suspensión perfecta de labores. “No realizarás ninguna tarea y, por tanto, no corresponderá el pago de remuneraciones”, dice la comunicación.

“En un contexto de pandemia, como dirigentes lo que valoramos es el empleo estable. Eso te permite tener un ingreso fijo permanente y la seguridad social. Valorar lo económico no es malo, pero si un balón de oxígeno te cuesta S/4.000, ese dinero pierde valor. Ofrecen cinco años de cobertura médica, pero los trabajadores tienen dependientes que no estarían cubiertos”, responde ‘Walas’.

“No estamos en contra del retiro voluntario. Pero esto ya no es un retiro voluntario. Con las condiciones de cese colectivo, es un retiro presionado […] Seguimos en la política del ‘cholo barato’, no es que al trabajador lo veamos de igual”, agrega.

Los sindicatos telefónicos y la ‘telco’ española tienen todavía una larga pelea por delante.

 

Fotoportada: Leyla López

 

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El 23 de abril, Día del Libro, el Grupo El Comercio (GEC) despidió de la dirección periodística de América Televisión y Canal N a Clara Elvira Ospina, quien llevaba más de 9 años en el puesto y −a la par− conducía el microprograma literario del canal. La decisión, intempestiva para unos y predecible para otros, tiene un trasfondo político. Así lo aseguran fuentes de la familia Miró Quesada, cuyo grupo controla ambas casas televisivas, así como múltiples personas cercanas a ellos. 

 

El viernes a las 4 de la tarde, Gustavo Mohme Seminario, heredero del Grupo La República (GLR), entró junto a su hijo, Gustavo Mohme Castro, a la sesión virtual de directorio de la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A (América TV). Esta, junto a la Productora Peruana de Información S.A.C. (Canal N), son las dos razones sociales que agrupa Plural TV, el paraguas societario del negocio televisivo donde los Mohme son solo accionistas minoritarios

El tercero llamado a representar al GLR, Rubén Ahomed, gerente general del grupo, no pudo entrar porque estaba con descanso médico. Del otro lado, en representación del GEC, se conectaron seis personas. La dieta fija mensual que se le paga a cada miembro del directorio por asistir a estas breves reuniones es de US$3.000, según información bursátil. 

Pese a que los Mohme y los Miró Quesada suelen tener una relación cordial, el ambiente de aquella sesión de directorio fue “bastante tenso, aunque no llegaron a los gritos”, según una fuente con conocimiento del encuentro. Las palabras más fuertes llegaron por el lado del Mohme mayor. Luego de que la salida de Ospina se pusiera a debate, ‘Chicho’ se tomó varios minutos para requintar a quienes tenía en frente. Igual no lo escucharon.

“Se pasó un buen rato diciéndoles a los representantes de los Miró Quesada que eso [despedir a Clara Elvira] era un error y que hace 10 años habían hecho lo mismo. Ellos [escuchaban] callados”, asegura la fuente. También detalla que Mohme Seminario dejó entrever que la movida de hace 10 años, aunque más “matonesca”, había sido también más inteligente por parte de la familia dueña del GEC. Repetirla, olvidándose de las consideraciones políticas, solo revela la escasez de ases bajo la manga. 

Con la expresión “hace 10 años” Mohme se refería a un episodio harto conocido en el ambiente periodístico: el despido en 2011 de la exproductora general de Canal N, Patricia Montero, por la desobediente ‘humanización’ del entonces candidato radical Ollanta Humala. También fue a pocos días de haberse celebrado la primera vuelta de aquel año.

Luego vinieron la no renovación de contrato a Rosa María Palacios, exconductora de Prensa Libre, en junio; y la salida de Laura Puertas, ex directora periodística de toda la plataforma informativa, en diciembre. Ambas relacionadas a la campaña electoral de ese año. 

Pero así les recordara aquel antecedente, Mohme no tenía posibilidades reales de persuadir con sus palabras. Tras comprarle las acreencias a la colombiana Bavaria en el 2007, los representantes de la familia Miró Quesada tienen potestad de decidir de forma unilateral sobre las televisoras, en caso sea necesario. La decisión fue adoptada. Mohme padre aseguró que ello no quedaría allí, se negó a firmar inmediatamente el acta de la reunión y anunció que llevaría el tema a un arbitraje por no haberse seguido el debido proceso. Una movida, esta última, meramente simbólica.

El Grupo El Comercio dio cuenta de su decisión a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en un hecho de importancia colgado a las 7:15 de la noche. Pocos minutos antes, el portal web de La República había publicado una nota que hablaba sobre el “sorpresivo” cambio de Ospina. La última versión de esa nota dice que la periodista colombiana “había sido felicitada en más de una ocasión por el directorio, con carácter de unanimidad, la última vez a raíz del debate presidencial que Canal 4 organizó el 21 de marzo”.

El chiste que comenzó a correr en las redes fue que era “la primera vez” que ‘Chicho’ se oponía a un despido durante la pandemia. La broma aludía a los primeros meses del estado de emergencia, cuando La República despidió varios periodistas con la excusa de campear la crisis económica producto de la cuarentena. 

Fuentes de las plataformas informativas de América y el N confirman no haber percibido razones objetivas relacionadas al desempeño de Ospina en su puesto para que se le despida. En cambio, dos miembros de la familia Miró Quesada explican que se trató de una remoción netamente política, en contra de la candidatura de Pedro Castillo. 

“Se piensa erróneamente que la manera de combatir un mal [Castillo] es machacándolo. Se están tomando estos temas de manera muy alterada, asustada”, dice una. Y otra afirma que la familia estaría buscando una dirección periodística más “tenaz” en la cobertura contra Perú Libre.

Ambos comentarios apuntan a una reedición del episodio del 2011. “Esta vez mandaron un fly away [enlace televisivo] a Cajamarca para salir en vivo con un Castillo campesino, humilde, dándole de comer a sus animales”, dice una fuente con conocimiento directo de las salidas de hace 10 años. Ve un espejo claro con la situación actual.

“Yo particularmente, y algunos primos con los que he conversado, queremos ver una real cobertura periodística sobre los vínculos de Castillo con Movadef, sus afanes de entregar el mar peruano a Bolivia y su verdadera cara de extoledista, sindicalista y empresario, y no este personaje inventado de comercial de ‘Magia Blanca’ que ara la tierra sin ensuciarse la camisa, las manos ni los pies […] Periodísticamente se debe tratar el tema de manera veraz”, dice −por su parte− Martha Meier Miró Quesada, mediática representante de un ala de la familia y ex miembro del directorio del GEC hasta junio del 2020. Sin embargo, ella no atribuye la salida de Ospina a la cobertura electoral, sino a razones de largo plazo. 

 

Despedidas

Mientras el GEC reportaba la decisión a la autoridad supervisora bursátil, Clara Elvira Ospina tuiteó que acababa de ser notificada de su despido y enfatizó que la decisión había sido tomada por el accionista mayoritario de la empresa. Tuvo una reunión de despedida con sus cercanos reporteros de Cuarto Poder y envió un sentido mensaje por escrito a los periodistas de los dos canales.

“Llegué a este cargo con las credenciales de ser una periodista seria e independiente y estoy segura de que me voy conservándolas intactas”, dice el mensaje, que Sudaca obtuvo por distintas personas. “La prensa libre es el pilar de la democracia y esa libertad implica grandes responsabilidades, de las que ustedes siempre han sido conscientes”, recalca. 

Hasta cuatro fuentes han explicado que desde más de un año los directores del GEC venían hablando de la salida de la periodista colombiana. Rumores que, a su vez, tenían eco en los pasillos de la casa televisiva, pero que nunca llegaban a concretarse. Las razones de los ‘anticuerpos’ que hace tiempo generaba Ospina entre algunas figuras de la familia varían de acuerdo a la fuente. 

“En realidad, empezaron fricciones desde que armó su propio círculo de poder y maltrataba a todos aquellos que no seguían sus caprichos. […] Clara Elvira sale porque hace más de un año debió irse. Recordemos que despidió a Augusto Thorndike por incomodar a Vizcarra y la forma en que ha silenciado todo aquello que pudo afectar a Graña en el caso Lava Jato […] Esto no es ningún atentado contra la libertad de expresión como quiere hacer ver la señora”, asegura Martha Meier Miró Quesada. 

Meier dice que sacar a Ospina era una decisión que ya tenía varios meses, pero que esta se habría demorado debido a otros temas más urgentes y a que el despido de periodistas siempre es un tema incómodo. Otras dos fuentes de la familia aseguran, en cambio, que si bien la salida de la colombiana se viene comentando, ello no quita que la decisión se haya apurado por la coyuntura electoral. En el grupo este tipo de despidos se suelen demorar hasta que la balanza de poder se inclina a alguna de las alas de la familia por sucesos como el auge de Castillo. 

Este medio se comunicó con Ospina para recoger sus declaraciones en este informe, pero decidió no participar. ‘Chicho’ Mohme, por su parte, se excusó de declarar y dijo que la posición de su grupo editorial “ya está clara”. 

Desde el viernes han sonado distintas opciones para reemplazar a Ospina: desde Cecilia ‘Chichi’ Valenzuela, que dirige Perú21, hasta Gilberto Hume, uno de los fundadores del Canal N y exesposo de esta última. El que se vocea con más fuerza es Hume. Sin embargo, al cierre de esta edición no se ha definido quién ocupará el puesto. 

Mientras no haya nuevo director periodístico, uno de los que quedaría a cargo de supervisar que se cumplan los ‘principios rectores’ en América TV y Canal N es Felipe Cantuarias Salaverry, miembro del consejo consultivo editorial de la plataforma periodística. También es presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH). “¿Si hubiera un derrame de petróleo en estos días, cómo haría?”, se pregunta un miembro de la familia.

En escueta respuesta, Cantuarias dijo a Sudaca que el consejo consultivo “no interviene en la línea editorial” y solo ve que se cumpla con el Código de Ética y los ‘principios rectores’. Mientras no haya nuevo director periodístico, aseguró, la línea editorial será definida por responsables del área de prensa. En una reunión celebrada tras la salida de Ospina, los reporteros de América y Canal N fueron informados por sus jefes que Cantuarias no se involucrará en la cobertura periodística y que solo vería “temas económicos”. Un aviso que, en el GEC, nunca es garantía.

 

Lineamientos en el Decano

Desde el pasado 22 de abril, el diario El Comercio ha sacado cuatro portadas al hilo que apuntan la artillería directamente contra la candidatura de Castillo. Los titulares del buque insignia del conglomerado de medios han sido: “Voceros de Perú Libre amenazan el orden democrático”, “Castillo encabezó un sindicato con afiliados al Movadef”, el más soterrado “Acciones de cinco mineras caen a doble dígito en BVL” y “Dos congresistas electos con atestados por terrorismo” (ambos por el partido del lápiz). Ni qué decir de las portadas que su hermano tabloide, Perú21, le dedica al temido profesor chotano. 

“Sobre la cobertura del diario, es evidente la preocupación por el entorno de Castillo y por un plan de gobierno que amenaza las libertades. Compartimos la misma preocupación por el proceso [penal] que enfrenta [Keiko] Fujimori y sus coacusados. Esas investigaciones no pueden frenarse”, respondió Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, quien asumió la dirección del diario de su familia en diciembre pasado. Descontando la veracidad de lo informado por su medio, lo segundo que menciona Arévalo −las investigaciones de Fujimori− no ha merecido ni una sola abridora de portada de El Comercio desde el 11 de abril.

Cinco periodistas de distintas unidades del conglomerado editorial, además, confirmaron a Sudaca que el pasado 23 de abril Ronny Isla, el jefe del ‘núcleo de comunes’ −unidad que produce notas para todas las redacciones de los diarios del grupo−, envió un correo informando que habían recibido “la indicación” de que ningún contenido de su unidad sea publicado sin previo escrutinio del personal responsable en cada diario”. “Esta indicación se llevará a cabo inmediatamente”, asegura en el mail.

Si bien esta ya era una práctica común en la mayoría de las redacciones −revisar las notas que mandaba el ‘núcleo de comunes’, para corregir errores−, ponerla por escrito es relevante. 

Aquí el porqué: cuatro periodistas explicaron a este medio que dicha “revisión” se traduce en que la mayoría de periódicos del grupo ha reducido la publicación de notas enviadas por el núcleo que ensalzan o, siquiera, dan cuenta de propuestas ‘positivas’ de Castillo. Perú21 es el más radical en ello. Sudaca pudo confirmar mediante diversos mensajes las indicaciones que se imparten sobre el tema.

Si uno revisa, por ejemplo, las notas tomadas del núcleo por El Comercio, desde el 23 de abril, son todas negativas para el candidato cajamarquino. Incluso en temas que no tienen que ver con sus relevantes vínculos con el Movadef. Se reporta desde “la catástrofe” que Mario Vargas Llosa considera que se desataría si gana la presidencia, hasta que se niega a dar los nombres de su equipo técnico. La línea de cobertura es clara.

Y si bien el 22 hay una nota que informa del respaldo que le dará el Movimiento Nuevo Perú a Castillo, no hay rastro de la mediática entrevista que el profesor le dio a Nicolás Lúcar ese mismo día en Exitosa. Allí apareció con un discurso de moderación política y alejándose del ideólogo de su partido, Vladimir Cerrón. Esa información tampoco se encuentra en la web del Decano.

El problema es que la nota sí fue escrita por el núcleo, pero solo la publicaron Gestión y Correo. La que también recogió la noticia fue la web de Canal N, un día antes del despido de Ospina. En cambio, Perú21 y El Comercio contaron el mismo suceso de otra forma: levantaron una declaración de Keiko Fujimori criticando lo dicho por Castillo. En la cobertura de los núcleos alojada en el ‘tag’ de Keiko Fujimori en la web de El Comercio, de otro lado, destaca el apoyo recientemente brindado por su hermano Kenji y sus ataques a Castillo.

Juan Aurelio Arévalo aseguró que supo del despido de Ospina “al igual que todos [al mismo tiempo]” y que no tiene contacto “con nadie del 4”. Ronny Isla, el jefe del núcleo informativo en el GEC, dijo que respondería pero no lo hizo al cierre de edición. 

Quizás la pregunta más amplia que toque hacer finalmente sea esta: ¿honrarán los directivos del Grupo El Comercio la lealtad con el lector y el televidente que imponen en su trabajo la mayoría de sus reporteros de planta? ¿Encararán los jefes la campaña de manera honesta o repetirán −como apuntan las fuentes de esta crónica− los errores de hace una década?

 

*El autor de esta nota fue reportero de política del diario El Comercio hasta hace 10 meses. 

Fotoportada: Leyla López

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Elecciones 2021, Grupo El Comercio
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