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De acuerdo a Crisólogo Cáceres, presidente de la presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), la razón para abrirle la puerta al uso de mezclas lácteas en el programa Vaso de Leche es una excusa antigua. “Se aduce lo mismo de siempre: la falta de logística al interior del país. En lugar de repartir productos de origen natural, se distribuye a los beneficiarios productos industrializados”, considera Cáceres. 

Además, agrega el presidente de Aspec, esta ley es contraproducente. “El único beneficiario es la gran industria láctea. Lo mínimo que puede hacer un programa llamado Vaso de Leche es guardar armonía con la legislación vigente: el reglamento de la leche. Las mezclas no lo son, se le introducen otros insumos para generar uno nuevo”, asegura el también abogado de profesión.

Como reportó previamente Sudaca, el reglamento de la leche fue modificado a principios de abril por el Midagri. El decreto supremo que lo hizo posible privilegiaba el uso de leche fresca sobre la leche evaporada, principal presentación del alimento que se consume en el país. Hoy, la ley 31554, parece ir en sentido contrario al abrirle la puerta a las mezclas lácteas. 

En el Congreso ya saben que metieron la pata. Martha Moyano, primera vicepresidenta del Legislativo y hoy presidenta en funciones por la censura de Camones, se reunió con más de 100 dirigentas del programa social el último 26 de agosto. La fujimorista también había firmado la norma junto a Camones. 

En esa cumbre estuvo Pilar Brito. “Quedamos en trabajar la derogatoria de esta ley. Si no se puede, probablemente iremos a la calle y pediremos el cierre del Congreso”, asegura ofuscada la presidenta de los comités en Lima y Callao. 

La propuesta de Brito ya está, de hecho, en ejecución, aunque no desde la bancada fujimorista. La congresista Jessica Córdova presentó un proyecto de ley que nuevamente modifica la ejecución del programa Vaso de Leche.

vaso de leche
Martha Moyano, hoy presidenta en funciones del Congreso, se reunió con más de 100 líderes de los Comités del Vaso de Leche el último 26 de agosto en la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo.

Su iniciativa tiene como único punto la modificación del artículo 4. Esta vez priorizando el uso de leche fresca, siguiendo la línea del Midagri. Lo anecdótico es que Córdova pertenece a Avanza País, es decir, la misma bancada de Norma Yarrow. El proyecto de Córdova actualmente espera ser discutido en la Comisión Agraria y la de Presupuesto, luego de ser presentado el último 8 de julio, solo dos días antes de que la ley 31554 fuese aprobada en el Pleno. 

Es claro que esta no será la última vez en este periodo gubernamental que se hablará de la leche, sea desde el Ejecutivo o Legislativo. Antes de avanzar en cualquier reforma estaría bien recordar que somos el país con la inseguridad alimentaria más alta de Sudamérica, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Tal vez una correcta ejecución del Vaso de Leche nos ayudaría a cambiar esa triste realidad.

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Asimismo, el reporte de agosto de 2022 de la empresa no contiene ningún sondeo para la alcaldía de La Molina. No obstante, la encuestadora CPI sí ha llevado a cabo un sondeo para ese distrito, realizado entre el 22 y 25 de agosto.

Según CPI, en el primer lugar se ubica el candidato Juan Carlos Zurek, de Avanza País (20,5%). Luego se encuentran Esteban Uceda, de Renovación Popular (14%); Luis Carlos Iberico, de Alianza para el Progreso (8,7%); Julio Martínez, de Podemos Perú (6,3%); etcétera.

En ambos casos, la estadística reportada no coincide con las cifras que presentó la encuesta falsa de Datum.

Conclusión

La publicación que atribuye a Datum dos supuestos simulacros de votación para los distritos de Cieneguilla y La Molina es falsa. Datum Internacional desmintió haber realizado tales encuestas electorales. Además, las cifras del posteo falso no coinciden con los estudios de opinión publicados por encuestadoras registradas para esos dos distritos limeños.

Verificación elaborada por Ezzio Ramos, de Verificador de La República, para la alianza PerúCheck.

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En 2018, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura abrió una investigación contra Castillo Venegas, luego de que se difundieran grabaciones de 2015 en donde él estaba involucrado y que configuraban un presunto delito. Por entonces Castillo era Decano de la mencionada facultad y miembro de una comisión para un concurso público de contratación de docentes. En la conversación grabada –por un profesor de la facultad–, Castillo Venegas hablaba de un manejo político de este concurso. 

Aquí un fragmento publicado por Radio Cutivalú: 

Castillo: De cuatro vacantes, que César me pida una, bueno, sí es factible darle. Pero, de una, que me pida una, ni fregando [risas]. Eso es imposible, eso no lo vamos a practicar ni fregando, si sabe que es la perpetuidad del grupo, aquí interno ¿cierto?, ese es el tema. Por eso, mira tú, dile a Armando, todo mi cariño para él, pero que se está analizando, tanto las fortalezas como las debilidades. Eso le tienes que decir hermano, lo mismo que yo le he dicho. Yo precisamente estoy esperando reunirme con Alberto Chumacero, para ver, y también políticamente…

Profesor: ¿Él también conforma la comisión?

Castillo: Si es su departamento, pues.

Castillo: Para ver, políticamente compadre, tomar una decisión hermano y por ahí transitar, definitivamente esos tres profesores van a ser nombrados, sí o sí, pero para ver quién va primero, tenemos que esperar, ese es el tema.

Cuando le consultamos sobre este tema, el abogado respondió que el caso fiscal ya se había archivado, que en varios campos de la vida –incluyendo los concursos públicos– se “hace política” y que quería “escoger a los mejores”. “No nos rasguemos las vestiduras con un simple decano, con la elección de un profesor”, agregó.

Pero ahí no acaban las controversias de Castillo Venegas. Como asesor legal de la universidad, ha defendido la prolongación del mandato del rector Santos Montaño, pese a que la Sunedu ha reportado indicios de fraude en su elección, lo que debería derivar en una convocatoria a nuevas elecciones. El argumento de Castillo en este caso ya es conocido: la “autonomía universitaria”.

Mientras fue Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Castillo también fue investigado por la Contraloría debido a un presunto mal manejo de la caja chica para adquirir servicios de impresión, librerías y candados, durante su gestión y la de su sucesor. Según el informe de la Contraloría, los propietarios y encargados de los negocios en cuestión mostraron una boleta de venta distinta a la que declaraba la universidad. Esto la llevó a concluir que las boletas “fueron emitidas por operaciones no reales y/o inexistentes” y que se trataría de “comprobantes de pago presuntamente falsos, cuyo monto asciende a S/ 2,410.00”.

Castillo Venegas se defiende de este caso basándose en la falta de acciones posteriores por parte de la entidad supervisora: “la Contraloría se quedó satisfecha porque no planteó ninguna denuncia ni investigación fiscal. Hay cuestiones más importantes que encargarse de las boletas que estaban cuestionadas, por un importe de 150 soles. Además, la que realiza el importe es una secretaria”, sostuvo.

El abogado y profesor que ha sido elegido por los rebeldes rectores también mantiene tres deudas coactivas de la SUNAT, que suman casi 40 mil soles. “En el Perú, todos tenemos alguna deuda pendiente. Yo reconozco mi deuda y en su momento se va a pagar”, respondió al respecto, pese a que dos de estas deudas son de 2014 y 2015. “Eso está en la esfera de lo personal, amigo: si pago o si no pago. No debería ser cuestionado por eso”, agregó.

Deudas Manuel Castillo
Las deudas que acumula Castillo Venegas en la SUNAT

Dentro de los cargos que ha ostentado Castillo Venegas se encuentran el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el Decanato en el Colegio de Abogados de Piura y la Junta Nacional de Decanos del Colegio de Abogados del Perú. También dirige ‘Castillo Venegas abogados consultores’, que brinda asesorías en entidades como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, Indecopi, entre otros.

Ahora, en sus palabras, va a estar en un “apéndice del Ministerio de Educación”, donde Castillo Venegas asegura que mantendrá su independencia respecto a los rectores que lo eligieron. Para él, la Sunedu ha funcionado, pero debe mejorar con estos polémicos cambios propuestos por el congresista Esdras Medina. Por el momento, se encuentra esperanzado por la apelación que el Congreso presentó contra la decisión de declarar fundada la demanda de amparo. 

“Yo creo que el superior de jerarquía, que es la Sala Superior Constitucional, va a resolver. Toca esperar nomás”, afirma. Cuando le preguntamos si no consideraba prudente, entonces, esperar a la decisión en segunda instancia para aceptar el cargo en la Sunedu, dio una peculiar respuesta: “Lo prudente es otra cosa, nosotros nos manejamos por el tema de legalidad”. 

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Esto también podría ser lícito si se hubieran seguido los procedimientos establecidos. Pero no ha sido el caso. Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), es el Consejo Directivo el encargado de proponer la escala remunerativa. En este caso, la gerencia general ha tomado la decisión de aprobar estos cambios por su cuenta sin la aprobación del Consejo Directivo.

Según lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobar los aumentos no era una competencia del gerente general.

SIGUE EL HOSTIGAMIENTO

Pero los problemas en Cenfotur no se limitan a este irregular aumento de sueldo. El caso de la jefa de encargada de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, Tania Zurita Sánchez, a quien se le abrió un proceso disciplinario por no someterse a las presiones de Víctor Sotelo y compañía para hacer un uso injustificado del presupuesto y contratar más personal, ha continuado pese al cambio de la directora nacional.

Pese a los pedidos para que se revisen las irregularidades del caso, como la denuncia penal que existe por parte de Tania Zurita contra el gerente general Neri Manrique León, quien ha sido el encargado de firmar la sanción, el proceso disciplinario ha concluido con una sanción de suspensión sin goce de remuneraciones por un año para Zurita Sánchez y una injustificada mancha en su expediente. Su supuesta ‘falta administrativa’ fue haber exigido que los procedimientos en Cenfotur para aumentar el presupuesto y realizar nuevas contrataciones se realicen de acuerdo con las normas establecidas y con el sustento correspondiente.

Aunque se denunciaron las irregularidades en el proceso disciplinario, la jefa de encargada de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, Tania Zurita Sánchez, fue suspendida por un año sin goce de remuneraciones.

Todo parece indicar que el cambio en la dirección de Cenfotur simplemente ha sido un cambio de nombres. El accionar puertas adentro sigue el mismo preocupante rumbo que se había tomado meses atrás, cuando Víctor Sotelo llegó al cargo. Sudaca intentó comunicarse con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para obtener su versión sobre este caso, pero no respondieron nuestras preguntas hasta el cierre de este informe.

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Como fuese, la prohibición dentro del GORE Junín –entidad responsable de la construcción del Puente Cantuta– existe. Y el informe de control señala otra situación que se agrega a los problemas derivados de esta contratación: lo normal es que el supervisor (Ana Ríos y Serconsult) haga consultas al proyectista sobre cualquier aspecto de la obra. Y en ese caso, quien debería absolver estas consultas sería la misma Ana Ríos, en su calidad ya no de supervisora, sino de jefa del estudio del expediente técnico. Es decir, en palabras de la CGR,  “siendo juez y parte del citado procedimiento”. 

Consultamos con la aludida si es que tenía conocimiento de dicha directiva, a lo que respondió que no, y “que las leyes estaban por encima de las directivas internas”. Explicó también que “es un absurdo que a la vez voy a ser jefe de estudio y supervisor” porque su trabajo como jefa de estudio terminó en el 2020, cuando entregó el expediente técnico. Aseguró, además, que ya interpuso una demanda por abuso de autoridad contra el equipo que elaboró el informe de la Contraloría.

La entidad no considera a Ríos responsable por los hechos presuntamente irregulares, pero sí a Luis Oré porque él, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, aprobó el expediente elaborado por la ingeniera. Por lo tanto, sabía quién era ella y que se encontraba impedida de contratar para la supervisión de la obra. Consultado por la Contraloría, el ahora exfuncionario alegó que recién tomaba conocimiento de que Ana Ríos Padilla formaba parte del staff contratado por Sima Perú para la elaboración de la reformulación del expediente técnico. 

También  reconoció que, efectivamente, “el consorcio estaba impedido de ejecutar la supervisión de la citada obra, y que pese a que la citada ingeniera conocía de tal impedimento, decidió transgredir el principio de presunción de veracidad al presentar documentación falsa o inexacta en el proceso de contratación”. Sin embargo, en comunicación con Sudaca, Ruiz Oré se contradijo y sostuvo que el órgano de control ha interpretado las normas de forma incorrecta. 

Los otros responsables penales son los funcionarios del GORE Junín Carlos Pérez y Luis Hinostroza. Nos comunicamos con ambos por medio de Facebook y Linkedin –pues sus números telefónicos se encuentran fuera de servicio–, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Es posible que pronto tengan que hacerlo, pero ante un fiscal anticorrupción.

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Gore, Junín, Vladimir Cerrón

Según una nota de Epicentro de inicios de año, en la lista de Gallardo figuraba Mejía, a quien quería asignar a la Dirección contra la Corrupción o a la Dirección de Lavado de Activos. Nada menos. Con la salida de Gallardo, aquellos cambios no se dieron. Mejía pasó a la Dirección de Medio Ambiente y luego a la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Hoy, sin embargo, es inspector general y número 3 de la PNP.

Mejía –ha recordado el periodista Daniel Yovera– fungió de “sheriff” del cuestionado exrector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Luis Cervanes Liñán. Según el informe periodístico, Mejía realizaba acciones de supervisión, vigilancia y control a los alumnos de la universidad, desde su cargo de jefe de Seguridad y Protección Interna. 

Pedro Castillo ha realizado los cambios más peligrosos en la institución, no solo por el elenco, sino por la oportunidad: en medio de las acusaciones por corrupción contra el mandatario, lo que temen los oficiales es que se copen las plazas con el objetivo de controlar la institución al antojo del jefe de Estado y su camarilla.

Varios oficiales entrevistados para este informe coinciden en señalar que los siguientes objetivos, además de Colchado, serán el general Óscar Arriola, jefe de la Dircote, y el coronel Franco Moreno. “Alfaro tiene la personalidad para oponerse, pero ahí se van a producir las fricciones. Sabemos que van a hacer todo lo posible para sacarlo”, dice un alto mando de la Policía. “Los que están atrás de la cadena de mando son los que están empujando para promover todos estos cambios”, asegura a Sudaca otro oficial.

PNP
Coronel Franco Moreno, General Óscar Arriola y coronel Harvey Colchado. Peligran sus cargos.

Hay quienes advierten otras influencias. La de Guillermo Bermejo, por ejemplo. No solo por aquella reunión en el despacho de Barranzuela donde su abogado coincidió con Vicente Álvarez, en octubre del año pasado. Bermejo se reunió con el presidente Pedro Castillo también el 26 de agosto, un día antes de los últimos cambios en el alto mando. La cita se dio entre las 4:50 pm y las 7:18 pm.

El último martes, en RPP, el periodista Omar Mariluz señaló que fue Bermejo quien sugirió no solo cambiar al alto mando policial, sino al ministro Willy Huerta porque “no se estaba protegiendo a la familia del presidente”. En comunicación con Sudaca, el congresista de la bancada Perú Democrático negó esta versión. Descartó, en cambio, que en la reunión con el jefe de Estado se haya hablado de cambios en la PNP y aseguró que no tiene idea de qué temas se trataron en la reunión de octubre entre su entonces abogado, el entonces ministro Barranzuela y el general Vicente Álvarez. De momento, y a la espera de que se desarrollen los acontecimientos, el ambiente dentro de la Policía Nacional está marcado por la incertidumbre y la sospecha.

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Gobierno, MININTER, Pedro Castillo, Policía Nacional

RESPUESTAS CONTRADICTORIAS

Hay una contradicción más en esta historia, y tiene que ver con el destino de los antiguos vehículos, los 18 que fueron adquiridos en 2005 cuando se renovó el contrato. “Actualmente estos vehículos están a disposición de la MML en el predio donde se ubica la planta de transferencia ‘Huayna Capac’”, señala Innova Ambiental en la respuesta que dio por escrito. 

Sin embargo, esto no concuerda con la versión de la MML, la cual dice que estos “aún no pasan a la comuna limeña debido a que dicho contrato de concesión aún no finaliza”.

En lo que sí coinciden ambas partes es en que decidieron dar respuestas puntuales por escrito y no accedieron a brindar una entrevista para brindar más detalles. En el caso de la comuna de Lima, arguyeron que es porque no tienen un vocero para explicar la totalidad del tema. Innova Ambiental optó, más bien, por no responder el correo donde se solicitaba hablar con algún miembro de la empresa.

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Intentamos establecer contacto con el medio aludido, sin embargo, no se concretó ninguna comunicación. Desde el movimiento regional, dijeron a PerúCheck que desconocen el origen de la imagen, y sostuvieron que se trataría de una estrategia para desprestigiar al candidato a la alcaldía de Huancavelica, Toribio Castro.

Conclusión

PerúCheck afirma que es falso que Lionel Messi haya posado con una camiseta del Movimiento Regional Ayni de Huancavelica en apoyo a un candidato.

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Ayni, Huancavelica, Lionel Messi

El 6 de junio del 2022 el INPE emitió otra resolución directoral sobre el reo Humala. Esta vez, se quedaba en la cárcel nuevamente por una cuestión numérica. Sumada su reclusión efectiva más su pena redimida llegaba a los 18 años, 10 meses y 18 días. Por lo tanto, no pudo ser liberado.

Finalmente, el 8 de julio, Humala lo volvió a intentar y esta vez sí se salió con la suya. “Ya era una situación que el transcurrir del tiempo haría que se llegara a ese objetivo. Es decir, a que se le contabilice su carcelería efectiva más su reducción efectiva. Es por eso que, en la siguiente resolución directoral del 17 de agosto del 2022, el establecimiento penitenciario de Ancón II le otorga la libertad”, manifestó Omar Méndez ante la Comisión de Justicia del Congreso. 

Esas fueron algunas de las arduas tareas que permitieron a Humala Tasso salir libre el último 20 de agosto. Un camino con paradas culinarias, épocas festivas y dibujos animados japoneses. El tiempo dirá a qué se dedicará Antauro ahora que ya está en libertad, y si esas “capacidades logradas” le sirvieron para algo.

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