Nos comunicamos con su área de prensa para conocer qué medidas se habían tomado, pero, al cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.
EL PROBLEMA: NO HAY PLATA
Cuando un preso quiere pasar sus últimos años de condena en libertad es un juzgado el que le otorga o no dicho beneficio. Luego, son los reos los que tienen que rendir cuentas a la Dirección de Medio Libre: mensualmente, un sentenciado asiste al centro de esta dirección más cercano a su domicilio, firma un registro y pasa por un psicólogo y una asistencia social para su evaluación. También tiene que asistir a distintos talleres grupales organizados por el INPE. Eventualmente, los funcionarios penitenciarios visitan su domicilio para asegurarse de que cumplan con no salir de la ciudad.
La ley señala, sin embargo, que el INPE no es el único que debería hacer el seguimiento. También es función del Ministerio Público. El problema es que la norma no especifica cómo. La consecuencia de esta falta de control sería la revocatoria de la libertad para los condenados.
Los ejemplos que hemos visto sugieren un grave problema de cara a la resocialización. ¿Son suficientes nuestras políticas penitenciarias nacionales?, ¿está preparado el INPE para asumir el reto?
Para Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, el problema para la resocialización fuera de la cárcel es que no es la prioridad. La principal preocupación de las autoridades que manejan el sistema penitenciario es el hacinamiento. “Cuando vas al MEF y dices que necesitas más personal y aumentarles el sueldo, te dicen que no hay dinero. Entonces, todo el presupuesto se va tratando de controlar el hacinamiento y la dirección de Medios Libres recibe una mínima partida. El problema del hacinamiento es tan grande y de tantas décadas que no les permite ir abordando lo otro”, apunta.
Andía, que ha trabajo en el Ministerio de Justicia desde el 2013 hasta hace solo unos meses, dice que hay pocas oficinas de Medio Libre. “Son oficinas con poco personal, con instalaciones precarias y ya sabemos cuáles son los sueldos también. No estoy queriendo justificar, pero es un problema estructural”, comenta.
Por su lado, César Orozco, expresidente del sindicato del INPE, coincide en que la falta de recursos es un factor importante. “Una persona que accede al beneficio dice a Medio Libre: ‘voy a ir a trabajar con la persona tal, a estudiar tal’. Pero, a la larga, escapa a ese control y, al final, o lo vemos delinquiendo o justificando el control con algunos documentos que solo son para seguir con el beneficio. Hay un trabajo de supervisión que falla porque depende de los recursos”, dice.
Para Orozco hay un abuso del beneficio penitenciario en favor de los reos que pisan por primera vez una prisión. “Yo creo que debería ser al revés, que la ejecución penal debería ser más dura con los nuevos”. Andía, sin embargo, señala que la situación podría ser resuelta, en cierta medida, con la reincorporación de juzgados de ejecución penal.
“Los juzgados de ejecución penal existen en casi todos los sistemas penales de Europa y Latinoamérica y su función no es otra que hacer que la sentencia se cumpla de manera cabal. Eso estaba entre las recomendaciones de la reforma de justicia”, apunta el abogado. Una reforma que avanza a paso de tortuga en el país.
