Es necesario que la derecha se una en conglomerados importantes para el 2026, pero no deben soslayarse las necesarias distancias entre una derecha liberal y una ultraconservadora que crece y adquiere cada vez mayor presencia política. Son el agua y el aceite.

La derecha liberal, en particular, debe tener mucho cuidado en no contaminarse con dos influencias perniciosas: una, primera, la mencionada, de la derecha ultramontana, autoritaria, conservadora y mercantilista, que por más que sume votos o eventual representación, distorsionaría el proyecto y hasta eventualmente lo sabotearía en caso de ganar la elección.

Y la segunda, está a su otro costado, y es el de la llamada izquierda caviar, cuyo accionar en la política peruana ha sido muy dañino. Su falta de presencia electoral la ha suplido con penetración en poderes públicos como la Fiscalía y el Poder Judicial, para, a partir de allí, arremeter contra sus adversarios (desde Alberto Fujimori, quien recibió una sentencia exagerada, hasta Alan García, a quien querían verlo preso y humillado a toda costa), enrareciendo la atmósfera política.

El odio antifujimorista irracional nace de las canteras caviares y en muchos casos ya dejó de ser un saludable síntoma de vigor democrático para convertirse en una rémora para la convivencia política en la precaria democracia peruana. Con esta izquierda, que además ha fracasado en el gobierno, en la gestión municipal de Susana Villarán, y que se prestó de comparsa del corrupto e inoperante régimen de Castillo, los liberales no pueden marchar juntos. Sería un despropósito.

Hay varios candidatos liberales en ciernes. Algunos ya inscritos, otros en pleno proceso de hacerlo. Deben sentarse y conversar. No pueden ir divididos. Tienen la ventaja de ser una apuesta nueva, no jugada en el país, con candidatos frescos y fuera del establishment, y en esa medida, con posibilidad de disputarle los fueros a la izquierda radical, que se asoma con relativa ventaja en la futura carrera electoral.

Como no puede haber una suerte de primaria solo entre candidatos liberales, otro método es el de las encuestas. Apenas muestren que alguno de estos candidatos despunte sobre los otros, ya sería ocasión de armar un pacto claro y transparente, que ojalá prenda en una ciudadanía harta de lo ya conocido y del statu quo.

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La corrupción es el segundo gran problema nacional, apenas por debajo de la inseguridad ciudadana. Eso lo ratifica la XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2022, que efectuó Ipsos el año pasado y que conviene traer a colación porque el statu quo se mantiene.

El 60% considera a la delincuencia el principal problema y el 57% a la corrupción; 4 de cada 5 peruanos estima que la corrupción en el Perú ha aumentado en los últimos cinco años; 53% considera que la corrupción aumentará en los próximos cinco años; alrededor de 9 de cada diez peruanos considera que la corrupción afecta su vida cotidiana (“principalmente, advierten que afecta su economía familiar, reduce sus oportunidades o las de sus familiares de conseguir empleo, reduce su confianza en los políticos y en la calidad de los servicios públicos que recibe”).

Esta encuesta ha sido hecha en pleno gobierno de Castillo y por ello “destaca el aumento importante que tiene el gobierno de turno en el presente año: mientras que en el 2019 solo el 10% de peruanos consideraba al gobierno como una de las instituciones más corruptas, este año esta percepción aumenta a 42%”.

Por supuesto que la corrupción no existiría sin ambos lados de la moneda, el corrupto y el corruptor, y, en esa medida, el sector privado es cómplice de la misma, pero lo que es preciso anotar, siempre, es que mientras más Estado haya (con las barreras burocráticas que lo suelen acompañar) mayor propensión a la corrupción habrá. Mientras más permisos, licencias, autorizaciones, reglamentos, trámites sean necesarios, la puerta abierta al corrupto estará allí omnipresente.

De nada parece haber servido, en cuanto a escarmiento se refiere, ver a tantas autoridades públicas en la cárcel por los recientes escándalos del caso Lava Jato, del Club de la Construcción o el de los Cuellos Blancos. La ciudadanía en el Perú sigue siendo corrupta porque se ve en la obligación muchas veces de serlo para conseguir aquello que, en principio, debería serle concedido sin mayor dilación.

Una de las grandes tareas de un buen gobierno a partir del 2026 es reducir el Estado a su mínima expresión en cuanto a tramitología. Y diseñar un esquema institucional anticorrupción, ya que, probado está, el funcionamiento vigente de la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la policía, no es suficiente.

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La regionalización, tal como está diseñada, está destruyendo el sentido republicano del país. Fue una de las más grandes reformas emprendidas por el gobierno de Toledo, pero a la vez, uno de sus peores legados por la forma en que fue concebido, a la loca, sin pensar seriamente un diseño moderno y eficaz de la redistribución de responsabilidades y gasto público.

Lo que ha ocurrido con el congresista Hernando Guerra García y su muerte por desatención en una posta médica a cargo de la Dirección Regional de Salud de Arequipa, no es si no una demostración ostensible de lo que a diario padecen cientos de miles de peruanos en todo el territorio nacional.

Políticamente parece inviable que un gobierno y un Congreso con tan baja legitimidad puedan desplegar una reforma que va a pisar callos y encender ánimos belicosos regionalistas en todo el Perú. Lo más probable es que si quieren llevar a cabo un reordenamiento del statu quo descentralizado (que llena de plata las ubres fiscales de las que maman cientos de funcionarios públicos en cada región), las protestas terminen por generar tal caos e inestabilidad que la reforma se trunque y muera antes siquiera de haberse hecho realidad.

Pero lo que sí podrían hacer en los casi tres años que les restan de mandato es diseñar, convocando a expertos en la materia e inclusive consultoras internacionales, un rediseño del proceso de regionalización y dejar el plan hecho para que lo aplique el próximo gobierno.

Y si nuestra clase política no toma el guante, bien podría la sociedad civil hacerlo, a través del Acuerdo Nacional, que fácilmente podría conseguir financiamiento internacional para trabajar un plan de consenso entre partidos, organizaciones regionales, líderes de opinión, expertos en la materia, etc., y arrojar un plan de reconstrucción de un proceso fallido que le hace mucho daño al país y que lejos de aquietar las furias anticentralistas las ha acentuado, porque todo lo que los gobiernos regionales hacen lo hacen mal y de ello, increíblemente, se culpa también al gobierno central, el cual, desde hace décadas, no maneja la mayor parte del presupuesto público nacional.

 

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La derecha peruana la tiene cuesta arriba. Un 80% desaprueba activamente al gobierno de Boluarte al que identifica como uno surgido de un pacto espúreo con la derecha parlamentaria, lo que ha diluido el efecto corrosivo del nefasto régimen de Castillo para socavar las posibilidades de la izquierda, que hoy ha retomado bríos y posibilidades (que nadie se sorprenda si logra hacer pasar a dos candidatos a la segunda vuelta).

Pero restan dos años y medio para las elecciones y si la derecha actúa inteligentemente puede recuperar posibilidades. Primero, tiene que aglomerarse (hay esfuerzos que se están haciendo en ese sentido). Si, como parece hasta ahora, presenta veinte candidatos, va muerta. En el mejor de los casos, le dejará el primer lugar de la derecha a Keiko Fujimori y ya sabemos lo que pasa cuando ella enfrenta una jornada definitoria.

Segundo, tiene que diseñar un plan de gobierno que ya no ponga el énfasis exclusivo en la defensa del modelo económico (repudiado por la mayoría de ciudadanos, lamentablemente), sino en aspectos institucionales, como la seguridad ciudadana, la corrupción, la salud y la educación públicas, en la reforma del Estado, en suma. Tiene que ser una derecha liberal, moderna e inclusiva la que intente convencer a los electores de que no se trata de más de lo mismo que nos ha gobernado los últimos 25 años (excepción hecha del periodo oscuro de Pedro Castillo).

Tercero, pero no menos importante, tiene que enmendar las prácticas nefastas que está desplegando en el Congreso su representación parlamentaria, empeñada en destruir todo reducto caviar y en ese proceso desmantelar instituciones que funcionaban cabalmente (como la Sunedu, por ejemplo).

Hay un rencor histórico justificado de la derecha con la izquierda denominada caviar, la cual, increíblemente, odia más a Fujimori o Alan García que al propio Abimael Guzmán, y utilizó su poder e influencia en las instancias judiciales para perseguir a la derecha, pero si la derecha se queda atrapada en ese rencor y actúa guiada por aquel, se destruirá a sí misma, como vemos que ocurre en el Congreso actual, que es repudiado por más del 90% de ciudadanos.

No podemos perder el país en manos de una izquierda radical, autoritaria antidemocrática y estatista, como la que se asoma. Y ello pasa porque la derecha se fortalezca, se modernice y se reconstituya inteligentemente, poniendo la perspectiva país por encima de cualquier menudencia.

La del estribo: obrón Un monstruo viene a verme, dirigida por la gran Nishme Súmar y la dirección adjunta de Verónica Garrido Lecca, con un solvente elenco de actores en el que destaca por su perfecta performance Fiorella de Ferrari. Es una obra que puede y debe ser vista también por público infantil (de diez años para arriba reza la sinopsis de la obra). Va en el Teatro Británico hasta el 10 de diciembre, camino a ser una de las mejores puestas del año.

 

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La lamentable muerte del primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, producto de una desatención sanitaria en una posta médica de la Punta de Bombón en el valle del Tambo, debiera servir de acicate para que de una vez por todas el Estado peruano tome en serio la urgencia de emprender una radical reforma de la salud pública en el país.

Ya la pandemia nos había puesto de relieve la calamitosa situación de un servicio básico, universal y gratuito -supuestamente- para todos los peruanos, y se esperaba que ello sirviera para hacer algo al respecto, pero pasó la emergencia del covid y simplemente no se ha hecho absolutamente nada.

Casi 25 años de bonanza económica y fiscal no han servido para que uno de los servicios mínimos de un Estado decentemente inclusivo y equitativo, sea brindado con relativa dignidad.

Al día, cerca de 150 mil peruanos acuden a algún centro médico, posta u hospital estatal para buscar atención a un problema de salud, y lo que reciben de respuesta es indolencia, ineficacia, rechazo y maltrato. Si consideramos reincidencia, podemos decir que cerca de diez millones de peruanos al año, en algún momento de su vida busca atender un problema en algún centro público (sea del Minsa o de EsSalud -que es otra calamidad-) y la respuesta del Estado es un detonante de disidencia, indignación, ánimo antiestablishment, hartazgo con el orden establecido y el modelo.

Los gobiernos de transición simplemente se zurraron en una de las reformas más importantes si se quiere brindarle gobernabilidad democrática al Perú. Para llamar a mayor escándalo, según ha referido Pedro Cateriano, con espanto, en los últimos cinco años (entre el 2018 y el 2022) se han dejado de gastar, a pesar de estar presupuestados, ocho mil millones de soles en el sector salud, incluyendo gobierno nacional, regionales y locales. O, como ha revelado el exministro de Economía. David Tuesta, en el primer nivel de salud, solo hay 17 médicos por cada diez mil habitantes, solo 51% tiene medicamentos esenciales, 95% está en condiciones inadecuadas y solo 43% funciona al menos doce horas.

Dina Boluarte tiene tres años por delante para gobernar. Al menos debiera hacer algo bien hecho, con equipos técnicos y asesoría internacional, en un sector básico para la viabilidad cívica de cualquier país democrático, como es la salud pública.

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Ya es hora de volver a poner sobre el tapete la urgente discusión respecto de la posibilidad de despenalizar la producción, comercialización y consumo de la cocaína, como mejor manera de desterrar la huella delictiva y sangrienta que deja a su paso por las sociedades, el narcotráfico.

Ya no se trata tan solo de libertades morales (cada quien debería poder hacer con su cuerpo lo que quiera y, por supuesto, lo que se mete en él) sino de una pragmática constatación frente a la imparable estela de daño social que genera su ilegalidad.

Se evitaría la corrupción de fuerzas armadas y policiales, autoridades locales, jueces y fiscales, congresistas, funcionarios aduaneros, etc.; se eliminaría el lavado de activos que destroza las partes sanas de la economía empresarial; se evitaría que su tránsito social exija cupos de violencia y muerte. Y el fisco peruano recibiría una suma importante de dinero por los impuestos que se les cobraría a los que se dediquen a la actividad en cualquiera de sus engranajes.

Hoy, que el Perú es víctima de una ola delictiva sin parangón, que incluye la presencia creciente de mafias internacionales, en gran medida por ser uno de los principales países productores de cocaína, el tema vuelve a adquirir relevancia.

Debe ser una iniciativa multilateral (Colombia y Bolivia se sumarían sin mayor problema en estos momentos) para enfrentar la que seguramente será una dura reacción de Washington, que, por cierto, se basa en una gran hipocresía y en una actuación cómplice con el narcotráfico (la DEA y buena parte de los dineros malhabidos del narcotráfico en la potencia norteamericana medran justamente de su ilegalidad y el negocio se les vendría al piso si el mismo se legalizara).

Probablemente haya un aumento de la drogadicción, pero no parece que ello vaya a ser muy incidente, porque ya hoy en día se puede conseguir cocaína en cualquier esquina del país. Pero el inmenso daño social que produce su ilegalidad supera con creces el eventual “daño” social que ocasionaría este improbable aumento de drogadictos y su comportamiento antisocial.

La delincuencia ya es hoy el principal problema nacional. Junto con la corrupción -producto del narcotráfico también- son ya taras de la gobernabilidad democrática del país. Con la despenalización de la cocaína se le daría un duro golpe al narcotráfico, fuente principal de la delincuencia, y se fortalecería la democracia.

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Es obvio que al gobierno actual no le cae a pelo ganarse un conflicto social como el que podría reactivarse en el valle del Tambo en Arequipa (y extenderse al sur andino, que anda buscando motivo para la bronca), a propósito de la eventual reactivación del proyecto minero Tía María que promueve la empresa mexicana Southern Perú.

En esa perspectiva suponemos que se han enrumbado las declaraciones del premier Otárola señalando que el proyecto no estaba en agenda, desbaratando los ímpetus del ministro de Energía y Minas, quien horas antes había hablado de que Tía María era un proyecto valioso que había que retomar, aunque bajo la condición previa de que haya “armonía total” (¿?).

Hay un problema político evidente en este desentendimiento público entre dos autoridades altas del régimen, pero lo que más enerva no es tanto que algo así suceda (las discrepancias debieran librarse en la interna, pero no es para cortarse las venas que ocasionalmente se salgan del cuarto cerrado), sino la falta total de compromiso del gobierno por promover una actividad esencial en estos momentos para la economía nacional, como es la minería.

No hay proyecto minero sin conflicto al lado. Ni en Suiza se produce “armonía total” entre empresas y ciudadanos, como pretende ilusamente el titular del Minem. El problema es que en el Perú se deja a las empresas privadas abandonadas a su suerte sin que el Estado se sume a los esfuerzos por sacar adelante proyectos vitales, como lo es Tía María, el que particularmente no implica mayor riesgo ambiental, y las empresas privadas descuidan el trabajo de percepciones, que debe ser permanente.

Tía María podría salir adelante si el gobierno atendiera demandas sociales de los agricultores del valle del Tambo (que no es donde operaría la mina, ojo con la percepción) que tienen décadas postergadas, como la construcción de la represa de Paltuture, que asegure un suministro de agua de regadío permanente (el proyecto Tía María no va a usar agua del río sino desalinizada del mar, nuevamente ojo con la percepción).

Este y todos los gobiernos tienen que entender que se la deben jugar por la minería, que reporta casi la mitad de sus utilidades en impuestos para el Estado y una parte no menor de ellos, destinados directamente, vía canon y regalías, a la zona de influencia directa del proyecto. El fisco nacional se robustece con el desarrollo de proyectos mineros de una manera superlativa.

El Estado peruano es el principal responsable de lograr las condiciones para que los proyectos mineros se desplieguen y, de llegarse al extremo de que acontezcan revueltas antimineras ideologizadas, actuar represivamente con inteligencia para no producir violencia inútil que lo único que hace, al final, es frustrar justamente el proceso de puesta en marcha de los proyectos empresariales.

De este gobierno es difícil esperar alguna jugada de riesgo. Juega al muertito porque su único objetivo es sobrevivir hasta el 2026, pero la clase política proinversión privada debe tomar conciencia de que es el Estado, de la mano de las empresas, el llamado a librar la batalla.

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Que 400 mil peruanos se hayan ido del país el 2022 y que probablemente ese número crezca este año, es un síntoma claro del deterioro de las perspectivas económicas, sociales y políticas por el que transita nuestro país.

La mayoría de los que toman esa decisión son jóvenes. La propia encuesta última del IEP sobre el tema revela que en agosto del 2022, 36% quería irse y ahora ha crecido a 47% de ciudadanos, pero en el detalle etario, en la población entre 18 y 24 años, ese porcentaje de gente que quiere irse crece a 60%.

Muchos atribuyen este fenómeno a la llamada “generación cristal”, frágil e incapaz de soportar la mínima adversidad (después de todo, lo que estamos pasando ahora no es nada respecto de lo que se vivía en los 80s), pero esa sería una explicación muy superficial y prejuiciosa.

Una razón que influye mucho es el nivel de globalización existente hoy, que le permite a los jóvenes haber viajado o apreciar, vía las nuevas tecnologías informativas, la calidad de vida de otros países más desarrollados y su natural deseo de vivir su futuro en ese estatus y no en el deteriorado ambiente nacional (inclusive, el 44% del sector AB quiere emigrar y supuestamente, ese sector la pasa bien).

Lo que no se ve en el Perú es horizonte promisorio. Todo ha empeorado en los últimos cinco años. La salud, la educación, la economía, la política, la seguridad ciudadana, la corrupción, el urbanismo, etc. Y la clase política encargada de resolver esa pendiente es de última categoría, sin narrativa nacional motivante ni visión de futuro.

Y los pronósticos respecto de lo que se viene son pesimistas en todos los ámbitos. Y no hay un liderazgo político que les otorgue a los ciudadanos de a pie la esperanza de que de acá a cuando se produzcan las elecciones presidenciales, la cosa vaya a mejorar, sino todo lo contrario.

Lo que hoy predomina es el ánimo antiestablishment, un equivalente psicológico al mandarse a mudar. Y eso sucede porque no surgen personajes capaces de brindar optimismo ni confianza respecto de que con buenas decisiones gubernativas, el país puede mejorar y retomar la senda del crecimiento que lo caracterizó los últimos 25 años, antes de la crisis desatada en el 2016.

Es responsabilidad de los que pretenden gobernar este país, empezar desde ya su campaña y revertir este pesimismo cada vez más enraizado en los ciudadanos de a pie, particularmente entre los jóvenes.

 

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Resulta cuasi delirante la obsesión de cierto sector de la derecha con los llamados “caviares”, sector de la izquierda moderada, que cree en la democracia, pero que mantiene criterios económicos relativamente intervencionistas.

Es verdad que han aderezado su presencia política con ínfulas ideológicas y morales que los han tornado insoportables y fatuos, y es verdad también que han desarrollado una labor de infiltración de instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial que los ha llevado a perseguir a sus adversarios ideológicos (el fujimorismo ha sido su principal objetivo).

Además, se consideran portaestandartes monopólicos de temas como el medio ambiente o los derechos humanos, haciendo mal uso de esa pretendida hegemonía ideológica en temas que son universales y no deberían formar parte de ninguna bandería.

Participaron aisladamente en todos los gobiernos, como los de Toledo, el propio García, Humala, PPK, Vizcarra y Sagasti, pero donde se achicharraron por defección moral fue durante el gobierno de Castillo, donde, a cambio de cuotas de poder, renunciaron a sus principios y se vendieron por migajas de puestos públicos o cargos estatales.

Merecen pues sanción política y ética. Todo su discurso de principismo moral superlativo se fue por el desague por su complacencia ante la terrible ineficiencia y corrupción comprobada del gobierno de Pedro Castillo, al que se sumaron sin ninguna prudencia ni distancia.

Pero de allí a considerarlos el objetivo político principal de destrucción y el enemigo mayor a derrotar, hay un abismo de diferencia que solo la frivolidad ideológica de cierta derecha puede explicar.

El gran peligro en el Perú de hoy no son los caviares sino la izquierda radical, disruptiva y autoritaria que asoma en el horizonte con posibilidades de triunfo electoral, ante la realidad sociológica del descontento popular y la terrible improvisación de los candidatos de derecha que van asomando en el panorama partidario.

Estamos en riesgo de perder el país, en el sentido de ver desaparecidos el modelo de economía de mercado y las formas democráticas. Y ese riesgo no lo comportan los llamados “caviares” sino la izquierda cerronista, leninista, extrema, antaurista, etc., a la que ahora en la derecha aplauden infantilmente porque ataca a los “caviares”, mostrando una absoluta falta de perspectiva y guiarse así por ojerizas ideológicas antes que por sentido de país.

 

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