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Juan Carlos Tafur, autor en Sudaca - Periodismo libre y en profundidad | Página 29 de 147

Las críticas de Keiko Fujimori al gobierno de Dina Boluarte merecieron de la primera mandataria una respuesta modosa, tangencial, que bien valdría la pena, sin embargo, volver a retomar: la de adelantar elecciones, que el fujimorismo congresal se encargó de abortar.

No parece haber otra salida a la crisis. Algunos pensaban que lo mejor era esperar hasta el 2026, para fijar cierta estabilidad en el movedizo tablero político peruano o para que las fuerzas políticas nuevas tengan chance de inscribirse y expresar mejor el sentir ciudadano, que las actuales agrupaciones partidarias, pero la crisis política ha escalado y no solo no genera claridad respecto de su salida sino que sigue afectando enormemente a la actividad económica privada, que no suelta un dólar de inversión mientras subsista la precariedad política.

Un Ejecutivo inerte y un Congreso desmedido, son la fórmula perfecta para el desastre que hoy apreciamos, con ambos poderes del Estado desaprobados por la ciudadanía de manera abrumadora.

Con un adelanto de elecciones se produciría un “reseteo” político que, es verdad, podría llevarnos nuevamente al abismo castillista, pero también a la resurrección de una opción republicana liberal, de centroderecha, que corrija los entuertos que el Perú viene sufriendo desde el 2016, en materia política, y desde el 2000 en materia de reformas estructurales.

Cuando Martín Vizcarra, mucho antes de ser vacado, le ofreció al Congreso aprofujimorista de entonces que se vayan todos y se adelantasen las elecciones, era, claramente, la mejor opción y nos hubiera evitado todos los problemas posteriores (disolución del Congreso, vacancia de Vizcarra, etc.), pero el Legislativo se emperrechinó en sus curules y hoy vemos las consecuencias de ello.

Para ser sincera, la presidenta Boluarte debería no solo soltar una indirecta sino emprender una campaña política y mediática a favor del adelanto de elecciones generales, poner contra las cuerdas al Congreso (aún con los riesgos que eso implica) y que, con el aval mayoritario de la opinión pública -que en algún momento despertará de su letargo y la va a acompañar en ese propósito- logre obligar al poder de la plaza Bolívar a retomar el tema.

No se ve otra salida. El país no aguanta tres años más en esta zozobra sistémica. Es un error mayúsculo pensar que no hay crisis porque no hay convulsión social. El tejido social se está degradando hasta extremos que, mientras más dure el proceso, mayor será su explosión electoral.

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centroderecha, Congreso, Dina Boluarte, Elecciones, Keiko Fuimori, Vizcarra

Según la última encuesta del IEP, la presidenta Dina Boluarte ha alcanzado su mayor nivel de desaprobación desde que inició su mandato, en diciembre del 2022. En su primera medición, la desaprobaba el 71% de la ciudadanía; hoy la desaprueba el 80%.

Llama la atención la respuesta a la pregunta de si gobierna igual, mejor o peor que Pedro Castillo. Un 51% estima que peor y un 27% que igual; solo el 19% considera que gobierna mejor. Adicionalmente, un 31% considera que en sus primeros seis mese ha sido un gobierno muy malo, y un 36% lo califica de malo.

Hay una grosera desinformación y distorsionada percepción de la gente. Claramente, el régimen de Boluarte es mejor y más eficiente que el desastre colectivo que fue el régimen castillista, donde el Estado fue destruido casi en toda instancia pública, pero ello amerita, en lugar de lamentos, reflexionar sobre los alcances y causas de la percepción pública.

Dos son, a mi juicio, las razones que explican la distancia entre la ciudadanía y el régimen. Uno, la hasta ahora ausente respuesta política y judicial a la muerte de varias decenas de ciudadanos que protestaban contra la asunción al mando de Dina Boluarte. Eso pesa en la mochila gubernativa y mientras no halla una suficiente explicación, una política de sanciones y de reparaciones, seguirá taponeando cualquier posibilidad de que se genere mayor empatía entre gobierno y ciudadanía.

Dos, la parálisis reformista del régimen, su acusada “vizcarrización”, es decir una política sistemática de anuncios grandilocuentes y cero efectividad posterior respecto de lo anunciado. La mecida como consigna. Solo se salvan dos o tres ministros que sí parecen haberse tomado sus responsabilidades en serio.

Y lo que cabe hacer en tres años de mandato que, en principio le restan a Boluarte, es mucho e importante. Reformas de segunda generación de mercado y promoción de la inversión privada, reformas de la salud y la educación públicas, desmontaje de la fallida regionalización, política masiva de construcción de infraestructura popular, etc., son algunas de las muchas tareas que le corresponderían a cualquier gobierno en un país golpeado por la crisis económica y política como el Perú.

Apostilla: no se puede soslayar, como factor explicativo adicional, que la cercanía del Ejecutivo con el Congreso contribuya a su desprestigio. El Legislativo, según la misma encuesta del IEP, es desaprobado nada menos que por el 91% de ciudadanos y solo aprobado por el 6%.

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castillista, Dina Boluarte, IEP, Pedro Castillo, vizcarrización

Cuando la fraseología ideológica se usa sin fundamento, se pervierte cualquier posibilidad de discusión productiva. Es lo que está pasado ahora con el gobierno de Dina Boluarte y el ejercicio del poder que está ejerciendo un Congreso abierta y desembozadamente derechista.

¿Serlo los vuelve fascistas? Uno puede criticar ciertas decisiones gubernativas o congresales, u otras hechas en complicidad, pero no debería extenderle por ello partida de defunción a la democracia. Se ven tan fuera de la realidad a quienes hablan de dictadura congresal o régimen fascista de Boluarte, como los que, desde la derecha, durante el fallido régimen de Castillo, hablaban sin ningún criterio sensato, de la dictadura comunista que nos gobernaba.

Hay mucho por criticar del proceder de un Parlamento mediocre, corrupto y autoritario. La destrucción de la reforma universitaria, el intento de copamiento de otras instituciones (aunque sea normal en cualquier Parlamento del mundo con mayoría suficiente para proceder a ello), es discutible poner en el mismo saco la inhabilitación de Zoraida Ávalos, quien nunca, en verdad, debió ser ratificada por la Junta Nacional de Justicia, la arremetida anunciada contra los organismos electorales por razones infundadas, la falta de reformas importantes (ha sido vergonzoso el retroceso del fujimorismo en el tema de la bicameralidad), etc., pero no es verdad que el Congreso sea comparsa plena del Ejecutivo, y que, por ende, haya desaparecido la separación de poderes y, en consecuencia, haya muerto la democracia, como se ha dicho con más afán de impacto mediático que cercanía con la realidad política que hoy nos define.

Hay que activar los mecanismos de vigilancia democráticos y, además, estar pendientes del proceder de los poderes del Estado que hoy nos gobiernan, porque la contrarreforma que se ejecuta podrá ser legítima, pero no por ello está o puede estar libre de merecidas y duras críticas cuando se cometen en su nombre dislates como los mencionados.

Pero la batalla política debe empezar con la corrección en los términos y no mediante fraseología sensacionalista que no resiste el contraste de la realidad.

-La del estribo: imperdible la monumental muestra Los Incas. Más allá de un imperio, que se expone en el MALI. La muestra incluye una selección de más de 250 objetos arqueológicos y obras de arte procedentes de colecciones públicas y privadas, muchas de ellas nunca exhibidas, y comprende desde sus orígenes hasta el Tahuantinsuyo, incluyendo su supervivencia en el periodo colonial. De manera complementaria se presenta Piedra en imagen. Lo inca en la fotografía, ca. 1900-1940, curada por Natalia Majluf. Va hasta el 26 de noviembre.

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Bicameralidad, Castillo, Congreso, Dina Boluarte, Natalia Majluf., Zoraida Ávalos

Según información de la Sunass, 3.3 millones de peruanos no cuenta con servicio de agua potable y 6.4 millones no tiene servicio de alcantarillado. ¡Una barbaridad ciudadana!

No solo hay un impacto evidente de esta carencia en la salud, educación y medio ambiente, sino uno directo en la generación de condiciones vitales de peruanos sin ciudadanía, sin sentido de pertenencia al Estado y, por ende, materia prima dispuesta para que cosechen los radicales antisistema.

Según información oficial, “en los hogares que cuentan con el servicio de agua potable, los casos de diarrea se reducen en 10% y si además tienen instalaciones sanitarias la tasa disminuye en 20%. Estudios también han corroborado que el acceso al agua potable y alcantarillado acorta en 13% la desnutrición crónica infantil, porque contribuye a prevenir las enfermedades diarreicas agudas”.

En materia educativa, “en el ámbito rural sólo 3 de cada 100 personas recibe agua adecuadamente clorada. Se ha comprobado que, en este ámbito, al acceder a los servicios de saneamiento, un grupo de estudiantes mejoraron sus calificaciones, se enfermaron menos y no faltaron a clase”.

Todo este problema se debe, en gran medida, a que es el Estado el responsable de la cobertura de agua y alcantarillado. Fujimori entró en pánico cuando suspendió la ola de privatizaciones, que empezó a inicios de los 90, y dejó Sedapal y las empresas municipales en manos de los gobiernos central o locales responsables (y Petroperú campante).

Hoy, como era de esperarse, las empresas no tienen los capitales para invertir en obras que permitan aumentar los recursos y la consecuente cobertura, sobre todo a los mercados menos rentables (zonas populares y zonas rurales), que una empresa privada, con la debida regulación y supervisión (que no debería dejar de existir), sí podría brindar rápidamente.

Una deuda social inmensa se mantiene viva y lo grave es que inevitablemente conlleva efectos políticos como los señalados. Mientras la brecha de servicios básicos se mantenga (agua, salud, educación, infraestructura, etc.), no habrá ciudadanía activa y, en consecuencia, seguiremos siendo una democracia incompleta y fallida.

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agua potable, enfermedades diarreicas, Petroperú, sedapal, Sunass

Una de las escasísimas reformas que se emprendieron durante el largo periodo de la transición democrática (2000-2016), fue la reforma universitaria, y dentro de ella la creación de la Sunedu, una entidad encargada de supervisar la calidad universitaria y exigir cualificación institucional a aquellas entidades que se habían acostumbrado a ser una fábrica de títulos bamba y carreras sin fundamento.

Por ejemplo, se necesitaba autorización expresa de la Sunedu para gestionar y aprobar la creación de facultades, maestrías y cursos de especialización. Con ello, se buscaba desterrar el engaño terrible a los alumnos que esforzadamente dedicaban su tiempo y su dinero a formarse, cuando, en verdad, no lo hacían y los papeles que obtenían no servían luego para nada en el mercado.

Pues bien, ahora, gracias a la labor punible y cómplice del Legislativo y el Ejecutivo, la Sunedu ha sido desmantelada y minimizada en su rol supervisor, cediendo a las presiones de los conglomerados universitarios. Baste decir que ahora se pueden crear facultades y programas de estudio, a sola cuenta de la universidad, solo informando, con posterioridad, a la Sunedu de ello, en un acto meramente administrativo.

Con el pacto aprobado entre el fujimorismo y el cerronismo, se ha permitido el retorno de los dinosaurios, como bien ha titulado un reciente editorial de La República. Los portavoces del antiguo statu quo, fábricas de dinero fácil, logradas en base al engaño de cientos de miles de estudiantes, han vuelto a sentar sus reales aposentos sobre la dignidad de los jóvenes universitarios.

Las consecuencias van a ser dramáticas. Pronto veremos el festival de títulos sin valor, años desperdiciados de jóvenes pagando matrículas para estudiar carreras sin sustento ni estándares mínimos de calidad, millones embolsicados por traficantes de esperanzas juveniles. En suma, capitalismo salvaje en un mercado que, como el educativo, que además confiere títulos a nombre de la nación, debería estar supervisado y regulado.

Y cuando eso ocurra, habrá que recordarle a Keiko Fujimori, de reciente reaparición, que difícilmente puede hablar de querer ser la representante de una derecha liberal y moderna, cuando sus mastines parlamentarios actúan por el contrario y lo vienen haciendo desde que en el gobierno de Kuczynski, se desembalsaron todos los instintos autoritarios soterrados de la opción ideológica que en verdad representa Fuerza Popular.

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Cerronismo, Fuerza Popular, Fujimorismo, Keiko Fuimori, Kuczynski, reforma universitaria, SUNEDU

La combinación de una situación política que empieza a alterarse a causa de la distancia paulatina que la derecha está anteponiendo respecto del gobierno (habiendo sido las declaraciones de Keiko Fujimori las más impactantes al respecto) y la débil reacción de los indicadores macroeconómicos (todos los especialistas han reducido sus expectativas de crecimiento para este año), puede poner en riesgo la confiada declaración de la presidenta en el sentido de que su mandato culminará el 2026, “ni un día antes ni un día después”.

Eventual crisis política y mayor empobrecimiento de las clases medias (“el desempeño de la actividad económica obligaría no solo a revisar las cifras de junio, sino también las proyecciones para el segundo trimestre. El PBI crecería 1.3%, lejos de la previsión de 2% de marzo, de acuerdo con el Focus Economics Consensus Forecast de junio. Y, para el 2023, los analistas estiman un crecimiento de 1.9%”, señala Semana Económica), son el telón de fondo propicio para que cualquier gobierno democrático se tambalee. Y si tomamos en consideración que, en el caso peruano, el Ejecutivo carece de bases parlamentarias, sufre una tremenda desaprobación, los conflictos sociales están a flor de piel y la desconfianza es generalizada, podemos vislumbrar que el camino político de acá a tres años no está necesariamente allanado.

Dina Boluarte tiene que andar con pies de plomo a la hora de arriesgar políticamente o dar declaraciones presuntuosas, pero ser muy ágil y dinámica en cuanto a la administración de la cosa pública. Y bueno, pues, parece que lo está haciendo al revés. Comete groseros dislates verbales y políticos y, a la vez, víctima de lo que hemos considerado su vizcarrización, ha plantado al Estado, salvo en los sectores en los que la calidad particular de los titulares de los pliegos ministeriales rompe con la inercia a la que el Ejecutivo parece encadenado.

No hay forma de que de persistir ese talante, el gobierno no esté libre de un zamaquón callejero o parlamentario que se lo lleve de encuentro. La política peruana es imprevisible, pero sí se puede prever que un gobierno mediocre tiene pocas posibilidades de durar.

La del estribo: notable la puesta en escena de Nací para quererte, el musical, producido por Denisse Dibós, codirigido por Juan Pablo Lostaunau y Tommy Párraga, con la dramaturgia de Mateo Chiarella, y un gran elenco de actores y actrices, además de bailarines, entre los que destacan Paul Martin, el querido Hugo Salazar, Sandra Muente, etc. Va en el Teatro Municipal y solo quedan cuatro funciones, desde hoy hasta el domingo. Entradas en Teleticket.

 

 

 

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Dos grandes desafíos geopolíticos tiene que resolver la Cancillería en el corto y mediano plazo. Hasta el momento, la canciller Ana Gervasi se viene manejando con solvencia y profesionalismo y digitando correctamente ambos ejes de acción, pero es preciso trazar un derrotero que luego sigan los eventuales futuros ministros de Relaciones Exteriores y también los próximos gobiernos.

Uno de ellos, el de corto plazo, es el desafío que plantea la hostilidad manifiesta de los gobiernos de México y Colombia, socios de la Alianza del Pacífico, cuyos mandatarios, Manuel López Obrador y Gustavo Petro, se niegan a reconocer la legitimidad constitucional de Dina Boluarte e insisten en la ilusión de que Pedro Castillo regrese al poder, soslayando el rol corrupto, mediocre y golpista del correctamente encarcelado exmandatario.

Frente a ello, prudencia, mantenimiento de las relaciones comerciales y gestos diplomáticos de protesta reiterados, es lo que corresponde. Como López Obrador y Petro responden a una lógica ideologizada, no van a entrar en razón, pero el Perú debe actuar en función de sus propios intereses sin esperar que reconvengan dos gobernantes insensatos.

A mediano plazo es que se juega la alta diplomacia, y corresponde al lugar que debe ocupar el Perú frente al choque de dos potencias globales como los Estados Unidos y China, ambos con intereses económicos y geopolíticos en América Latina y con mayor agresividad la potencia oriental (aunque ya con mañas punibles como las que acaba de denunciar la ministra de Transportes).

¿Nos toca alinearnos con una de ellas? Todo parece indicar que el Perú debe jugar a mantener una prudente distancia respecto de un conflicto del que no somos parte y frente al que nos conviene guardar la mayor neutralidad posible (tanto los Estados Unidos como China son nuestros principales socios comerciales). Hay mayor cercanía geopolítica con Washington que con Beijing, pero la ascendente potencia económica de China debe llevarnos a una mirada pragmática y centrada en los intereses de Estado del país.

Se espera que el profesionalismo institucional de nuestra Cancillería, probado en reiteradas ocasiones (acuerdo de paz con Ecuador, tratados de libre comercio, fallo de La Haya con Chile, etc.), se mantenga y sepamos dar los pasos pertinentes en función de los intereses nacionales y no de los gobiernos, siempre pasajeros.

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El día de ayer, lunes 19 de junio, Zoraida Ávalos, la exfiscal de la Nación, decidió responder en su twitter personal el artículo que publicamos en Sudaca el día domingo 18 de junio titulado “Zoraida Ávalos y el lobby congresal para que no la inhabiliten en su cargo”.

Se debe reconocer que el hilo de twitter es una respuesta frontal, directa, sin medias tintas y que cuestiona el artículo que publicamos. No sostiene que se trata de afirmaciones falsas o tergiversadas. En realidad, lo que hace la exfiscal de la Nación es tratar de explicar y contextualizar el artículo de Sudaca. Sin embargo, el contenido de sus twitters ha generado una profunda sorpresa que la hemos compartido con algunos hombres de derecho (jueces de la Corte Suprema, fiscales, abogados reconocidos) y todos sin excepción nos han mostrado su molestia e indignación por lo que allí se indica. Una de las personas consultadas nos señaló que posiblemente la cuenta de twitter sea falsa, lo que nos llevó primero a determinar si la cuenta era auténtica. Luego de las indagaciones correspondientes pudimos verificar que efectivamente se trata de la cuenta personal de Zoraida Ávalos no solo porque aparecen fotos suyas y los datos personales, sino porque publica con frecuencia en su twitter información confidencial de la Fiscalía de la Nación que solo ella puede manejar como, por ejemplo, la referencia al contenido de la denuncia constitucional que presentó el 2020 contra el flamante Ministro de Salud César Vásquez Sánchez, quien, según Zoraida Ávalos, “había pedido favorecer a un empresario de Chota, para que le dieran un par de obras a cambio de que los ayude en su campaña al Congreso”. A ello se suma la afirmación recurrente del twitter de hace menos de 15 horas de: “Como he mencionado antes, el sector del Congreso que pretende destituirme y copar el sistema de justicia es el mismo que desestima denuncias constitucionales contra excongresistas. ¿Quién los sanciona? (FIN/)”.

La confesión de Zoraida Avalos1

Más allá de la actitud desafiante y confrontacional que tiene la exfiscal de la Nación contra el Congreso de la República, o una parte importante de él, a quien acusa, sin paños fríos, de “desestimar denuncias constitucionales contra excongresistas”, las respuestas que ha brindado a través de su twitter, respondiendo la última publicación de Sudaca sobre ella, conduce a realizar algunas observaciones.

En primer lugar, Zoraida Ávalos ha confesado abiertamente y sin tapujos al país que está realizando lobbies en el Congreso de la República y con congresistas para tratar de impedir la inhabilitación que se discutirá mañana 21 de junio. Ello fluye de la afirmación colgada en su twitter personal el día de ayer, y que no ha desaparecido hasta ahora: “Segunda aclaración. Claro que hay personas ayudándome a explicar a los congresistas mi verdad frente a esta campaña de difamación. ¿Qué pretende? ¿Que me quede de brazos cruzados y que no me defienda?”.

Si la ex Fiscal de la Nación reconoce abiertamente de que “hay personas ayudándome a explicar a los congresistas mi verdad frente a esta campaña de difamación” está admitiendo con total desparpajo que dichas personas son distintas a su abogado defensor que está apersonado en el Congreso de la República (el constitucionalista: Francisco Eguiguren Praeli) e, incluso, a ella misma; lo que supone literalmente el confesar que está haciendo lobby, el litigio de pasadizos y el tarjetazo a nivel de la administración pública y, en su caso, en el Congreso de la República. Nos preguntamos: ¿Puede una Fiscal Suprema en ejercicio, y que recientemente ha sido ratificada por la Junta Nacional de Justicia, aceptar que viene cometiendo una conducta ilegal o, por lo menos éticamente reprochable, de buscar a terceras personas para que hagan lobby a su favor en una institución pública (“explicar a los congresistas mi verdad”)? ¿Cuándo usted era Fiscal de la Nación y ahora Fiscal Suprema titular en ejercicio permitía o permite que terceros hablen en algunos casos que les interesa y expliquen una “supuesta verdad”?; ¿puede un fiscal o juez buscar a terceros (no abogados o abogados no apersonados) para que intercedan en un proceso disciplinario o un proceso penal que se les sigue en su contra? ¿Sabe de esta conducta su abogado defensor o se mantiene al margen?

Lo que ha publicado Zoraida Ávalos ayer en su cuenta de twitter hace sonrojar a cualquier ciudadano, a los abogados y exige un necesario pronunciamiento de los Colegios de Abogados a nivel nacional, ya que con el ejemplo de la exfiscal de la Nación se puede buscar a terceros y a cualquier hijo de vecino para que expliquen “su verdad” en cualquier dependencia de la administración pública; al margen de los procedimientos legales, de las normas jurídicas establecidas y de la representación de un abogado defensor.

Se debe destacar que en un arranque de honestidad Zoraida Ávalos reconoce que “hay personas ayudándome”. En Sudaca nos quedamos cortos. Solo habíamos identificado a una persona: a Malena Chacón Arenas. ¿Quiénes son las demás personas que la ayudan? ¿Trabajan en el congreso o en algún sector de la administración pública peruana? ¿Qué clase de lobby hacen: político, legal o de otro orden?

En segundo lugar, la exfiscal de la Nación al responder el reportaje de Sudaca en relación a los correos que ha enviado a todos los congresistas señala que “Las direcciones de los correos son de acceso público: están en la misma página web del Congreso para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda comunicarse directamente. Enviar los alegatos de mi abogado es solo una forma de ejercer mi derecho a la defensa”. Ello supone la implementación de una reforma legal de facto en todas las instituciones públicas, entre las que se incluye el Ministerio Público, el Poder Judicial y el mismo Congreso de la República, ya que con lo que acaba de hacer Zoraida Ávalos no es necesario mantener más una mesa de partes (física o virtual), porque el ciudadano, litigante o abogado, puede directamente presentar escritos, alegatos o documentos dirigiéndose al correo (personal o institucional) del fiscal, juez o congresista.

Nos preguntamos: ¿a Zoraida Ávalos le parece normal o correcto que los escritos de un caso (judicial o fiscal) se presenten directamente al juez o al fiscal y no ingresen a la Mesa de partes de la institución pública? ¿Cuando era Fiscal de la Nación cuántas veces los escritos de los abogados se dirigían a su correo personal o institucional; y no a la Mesa de Partes de la Fiscalía de la Nación? ¿Usted dio alguna directiva al respecto? ¿Ahora, en el cargo de Fiscal Suprema, los escritos del despacho que maneja también se pueden presentar de manera directa a su correo personal o institucional?

Pese a no ser abogados, no nos imaginamos que a algún abogado en el Perú se le ocurra enviar escritos, documentos o alegatos de un caso al correo (personal o institucional) de los jueces César San Martín Castro; Elvia Barrios Alvarado, Víctor Prado Saldarriaga o de los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde o Juan Carlos Villena Campana.

En el artículo que publicamos nunca discutimos cómo y de qué manera Zoraida Ávalos accedió a los correos de los congresistas; en realidad, lo que analizamos es si una alta funcionaria pública, una exfiscal de la Nación puede acudir directamente al correo (privado o institucional) de los congresistas para presentar los alegatos de defensa que como ella misma admite ya los había presentado formalmente a “la Presidencia del Congreso a través de la Mesa de Partes Virtual”. La respuesta que brindamos fue negativa: toda comunicación o escrito que se presenta en un determinado procedimiento que se sigue en una institución pública (v. gr. Congreso, Ministerio Público o Poder Judicial) debe seguir su trámite regular y debe ingresar a la Mesa de partes (física o virtual). No se debe remitir algún escrito directamente al juez, al fiscal o al congresista, ya que se salta la formalidad y la legalidad del ingreso de la información que se pone en conocimiento del funcionario. Zoraida Ávalos podía, incluso, solicitar a la Presidencia del Congreso que remita en el día y bajo responsabilidad sus escritos a cada uno de los congresistas. Lo que no podía ni debía es presentarlos ella directamente.

En tercer lugar, el ofrecimiento de favores que se hace a su nombre para que no se la inhabilite del cargo es algo que le consta a los congresistas de la República, a algunos asesores y, sobre todo, según lo que se nos indica, hay un audio que se encuentra en manos del Ministerio Público.

En cuarto lugar, la ex Fiscal de la Nación señala que debería preguntarme: “quién sí está en capacidad de ofrecer favores. ¿Lo hará?”; en una franca y abierta referencia a la actual Fiscal de la Nación: Patricia Benavides. Si ello es así y le consta a Zoraida Ávalos, como miembro del Ministerio Público, debería inmediatamente presentar una denuncia penal, debido a que ofrecer favores a cambio de obtener una decisión de un funcionario público es delito aquí en el Perú como en cualquier país civilizado del mundo.

Por último, debemos enfatizar que es mentira que Sudaca o el autor de la nota “se haya sumado a la campaña de mentiras para buscar mi destitución” junto a otros medios de comunicación, ya que, por el contrario, en Sudaca somos consecuentes con la línea periodística que hemos venido manteniendo hace más de dos años al publicar artículos críticos contra la gestión de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación. Lo que hacemos ahora es simplemente ser coherentes y mantener una línea de independencia, difundiendo información de interés público que puede ser incómoda a personas y funcionarios que gozan de un enorme poder.

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El transfuguismo es una de las peores calamidades que viene asolando nuestro sistema político. Fuera de casos aislados de migrantes partidarios, previos a los 90, es en el 2000 que este fenómeno se estrena, con la compra de voluntades políticas perpetrada por el montesinismo, que, con rumas de billetes, logró brindarle a Fujimori la mayoría congresal que necesitaba para su fallido periodo de gobierno 2000-2005.

Luego de ello, durante la transición democrática, hubo un periodo de relativa calma, porque los gobernantes supieron establecer pactos de gobernabilidad que otorgaron estabilidad y, por ende, hicieron innecesario el transfuguismo digitado. Así, Toledo pactó con el FIM, Alan García con el fujimorismo y Ollanta Humala con Perú Posible.

La desgracia volvió a sobrevolar los predios de nuestra política cuando Kuczynski amañó los votos del grupo de Kenji Fujimori en base a ofrecimiento de prebendas de gasto social a diversos congresistas regionales, logrando con ello, los votos que evitaron su vacancia (cuando se destapó el escándalo con los “mamaniaudios”, PPK tuvo que renunciar a la Presidencia).

El problema, sin embargo, siguió escalando y durante el gobierno de Castillo llegó a su cúspide, con el reclutamiento de los bautizados “Niños”, quienes a cambio de cargos públicos para allegados, proyectos en sus regiones y demás gollerías, simplemente, sin dejar sus bancadas, votaban a favor del gobierno en cuanta ocasión era necesario.

El transfuguismo es una perversión del voto popular. Altera el sentido del sufragio y daña a la democracia y al juego político limpio. ¿Cómo desterrarlo? Por lo pronto, emprendiendo la principal reforma política que el establishment político se niega a aprobar: las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que fueran sugeridas, sin éxito hasta ahora, por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, presidida por Fernando Tuesta.

Con ello, se acota la posibilidad de que ingresen a una lista de candidatos los que más dinero sucio ponen sobre y debajo de la mesa, se asegura una mejor selección de postulantes y futuros congresistas, y disminuye ostensiblemente la posibilidad de que los así elegidos vayan a ser materia prima dispuesta a venderse por un plato de lentejas al gobierno de turno.

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