La coalición fujicerronista es la antitransición democrática, la cual, como advertimos, tuvo serias deficiencias al no ahondar las reformas de mercado y los cambios institucionales descritos, pero construyó algunas bases que permitieron el asentamiento del periodo democrático más prolongado de nuestra historia republicana y el crecimiento de nuestra economía (y la consecuente reducción de la pobreza) a niveles nunca antes vistos. El riesgo es que eso también se pierda en manos de radicaloides demagógicos, conservadores y reaccionarios.

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Gobierno

La conclusión es cada vez más evidente: no habrá salida de esta crisis si la calle no se activa. Y es preciso, en ese sentido, que la protesta no se circunscriba a la derecha tradicional y ésta no coopte a los sectores juveniles liberales que puedan estar madurando. La grita callejera es la gota que horadará la piedra en algún momento, más aún cuando la crisis económica no tardará en producir inmenso malestar ciudadano, presto entonces a la movilización.

Será desde las avenidas y plazas que surgirá la racionalidad política que le ponga fin a este calvario que supone tener a los dos principales poderes del Estado -el Ejecutivo y el Legislativo- administrados por la mediocridad y la mendacidad más descarada.

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Congreso de la República, Gobierno

Pero para ello es preciso que la oposición madure y entienda que los caminos de salida viables pasan hoy en día o por una acusación constitucional o por un recorte del mandato, con las consecuentes reformas constitucionales. No por el atajo de la vacancia motivada por un fraude que solo ha existido en su imaginación, desesperada por una derrota sin atenuantes.

Las declaraciones de Zamir Villaverde son una trampa, seguramente urdida por sus consejeros legales, para generar titulares, pero que no conducen a nada políticamente viable y, más bien, alejan a la oposición del que ya parecía un camino más maduro y sensato para librarnos de la pesadilla de tener a Pedro Castillo sentado en Palacio.

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Gobierno, Pedro Castillo, Zamir Villaverde

Hay, adicionalmente, otro factor que las relativiza. Es el arraigado y profundo sentimiento antiestablishment que identifica al Perú desde hace décadas. Pesa más ese estado de ánimo que la eventual autodefinición ideológica en las categorías de izquierda-centro-derecha por las que pregunta la encuesta del IEP referida.

 

 

Y ese sentimiento va a crecer por obra y gracia del malhadado gobierno de Castillo, que, básicamente, por su pésima gestión, va a destruir las pocas islas de excelencia administrativa que existían en el Estado. El aparato público va a deteriorarse profundamente, su ausencia donde no estaba se ahondará y su presencia donde sí la tenía será mediocre e ineficiente. La población, el 2026 (u ojalá antes) votará con el mismo malhumor o mayor que en el 2021. Con mayor insatisfacción del statu quo. La encuesta del IEP no es, en ese sentido, reiteramos, un buen predictor de lo que entonces vaya a suceder. La derecha no se puede confiar ni bajar la guardia.

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Encuesta IEP, IEP

El grito “que se vayan todos” nunca debió cuajar. Los hechos comprobables debieran haber generado una ola popular para que se vaya Castillo y su impresentable modo de gobernar. Pero el Congreso se la ha puesto en bandeja y se ha sumado así, al frontis del desprestigio y consecuente rechazo.

 

A este paso, ya parece cantado que las alternativas potables para el 2026 (salvo que ocurra algún milagro y Castillo se vaya antes), provendrán de fuera del establishment vigente tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Toda la clase política -con honrosísimas excepciones- está haciendo un papelón y no está a la altura de las circunstancias.

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Congreso de la República, Gobierno

Entre tanto, la comunidad inversora, los liderazgos políticos alternativos de la oposición (que anidan fuera del Congreso) y líderes de opinión, mejor será que nos hagamos a la idea de que veremos al Perú deteriorándose sin pausa en los más de cuatro años que le restan de mandato al gobierno actual, generando, terriblemente, las condiciones para que el 2026 la cuestión electoral sea aún peor que el 2021. La inacción o indolencia de la oposición parlamentaria corrobora que no tiene la talla para resolver el problema que sufrimos los peruanos de a pie, que no recibimos un seguro sueldo público y no tenemos las gollerías del poder.

 

 

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Congreso de la República

Pese a que en ambos artículos la evidencia objetiva se apoyaba en audios y en señalar que no había investigación alguna ni contra el empresario petrolero Samir Abudayeh ni contra Walter Ríos, Pamela Acuña y John Misha, los Fiscales Supremos en el comunicado público nunca llegan responder la cuestión central, como era oportuno y necesario, señalando en qué carpeta Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria se está investigando a Samir Abudayeh y a Walter Ríos y en qué carpeta Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria se está investigado a Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha por el evidente y claro tráfico de influencias y cohecho cometidos alrededor del habeas corpus del caso “Caracol”.

Esta información indispensable, esencial y clave para desmentir a Sudaca se obvia olímpicamente y de la forma más burda y escandalosa se acusa de “desinformar a la opinión pública” cuando su propio comunicado nos da la razón y demuestra que no hay investigación alguna en contra de estos personajes. Incluso, en las cartas notariales remitidas a Sudaca por el Fiscal Eliseo Fernández Alarcón y el empresario Samir Abudayeh, nunca aluden a la existencia de alguna investigación abierta o que nos hayamos equivocado en denunciar que no se ha abierto una línea de investigación y una carpeta fiscal para indagar a quienes manifiestamente tienen corona y se encuentran tan bien protegidos y cuidados.

Dicho sea de paso, no sería sorprendente que dada la gravedad de los hechos que se informan a la opinión pública los Fiscales Fernández y Quispe se vean en la obligación de abrir una investigación con un número anterior de carpeta fiscal y con una fecha pasada a fin de que en el momento que hagan sus descargos puedan decir que sí estaban investigando.

En el comunicado llama la atención de que se señala que en el caso de los audios de Caracol y del hábeas corpus que el narcotraficante presentó en la Corte del Callao al juez que conocía el proceso, William Mata Zavala, se lo denunció y se encuentra con prisión provisional; sin embargo, se obvia y se esconde la pregunta central del caso: ¿Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha se encuentran investigados por tráfico de influencias y cohecho a raíz de los audios del caso “Caracol”? Si es así, ¿cuándo se abrió investigación? ¿Qué número se le asignó a la Carpeta Fiscal? ¿La procuraduría pública anticorrupción cuándo fue notificada de la apertura de investigación? ¿Cuántas personas se encuentran investigadas? ¿Walter Ríos aceptó su responsabilidad en los hechos?

Resulta increíble y alarmante que tras la denuncia de tres medios serios como La República, El Comercio  y Sudaca, que luego de más 10 meses que declaró Gianfranco Paredes sobre los favores sexuales que recibió Walter Ríos del empresario Samir Abudayeh no se haya abierto investigación alguna y con dicha inacción se haya permitido que el empresario contrate con el Estado por más de 150 millones de dólares. 

También resulta insólito y gravísimo que los fiscales Fernández y Quispe no hayan escuchado los audios del caso Caracol, antes de conceder beneficios a Walter Ríos, el principal protagonista, y que nos vengan a decir a todos los peruanos cuatro años después de estallado el caso “Cuellos Blancos” que “los referidos audios no fueron informados por la entonces fiscal provincial a cargo de las investigaciones”. ¡que fácil es en el Perú esconder la incompetencia y negar el delito de omisión de denuncia y encubrimiento personal echándole la culpa a otro fiscal, la cual no podía abrir una investigación contra Walter Ríos!

Un hecho tan grave que compromete no solo la lucha contra la corrupción, sino la lucha contra el narcotráfico no puede pasar desapercibido ni ocultarse, menos quedar impune. La Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia tienen la palabra.

 

(*) Posdata: por cierto, resulta alarmante que dicho comunicado no corresponda a la página oficial de la Fiscalía de la Nación, ni del Ministerio Público, sin firmas, y haya un absoluto silencio de parte de la nueva coordinadora del equipo especial de los Cuellos Blancos que ha reemplazado a Pablo Sánchez, que es la Dra. Revilla, incluso el actual Fiscal de la Nación mutis total.

 

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Cuellos Blancos, Fiscalía

Dos gobiernos sucesivos de ese talante transformarían el Perú y lo colocarían en una senda de desarrollo difícilmente reversible. Nos pondría al borde de ser un país de mediano desarrollo, con una democracia consolidada y un futuro promisorio por delante, capaz de otorgarle a las siguientes generaciones la esperanza de gozar de una calidad de vida de primer mundo. De eso se trata. El Perú tiene todas las potencialidades para lograrlo.

Va a depender de que de la crisis profunda por la que pasamos afloren las fuerzas reactivas más hondas y rescaten el país del declive destructivo en el que ha caído. Nos estamos jugando mucho. Es hora de coordinar esfuerzos, hacer concesiones, brindar sacrificios, anteponer el sentido de patria al del interés político menudo.

Posdata: esta columna se toma unas vacaciones hasta el próximo lunes.

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Derecha, Gobierno

Este es un gobierno en fase terminal, que agotará todas las instancias de desestabilización para evitar su estrepitosa caída. Castillo pende de un hilo (una delación contundente o una convulsión social mayor podrían provocar su salida acelerada) y está huyendo hacia adelante.

Es responsabilidad de las fuerzas democráticas de oposición no dejarse llevar de las narices ni por el plan A ni por el B ni por el C que se le pueda ocurrir al verdadero estratega detrás del incompetente de Pedro Castillo, como es Vladimir Cerrón, que bien sabe que este régimen ya fracasó y no logrará absolutamente nada de lo propuesto en su plan de gobierno original, y no le temblará la mano en inmolar al inefable presidente en su estrategia piromaníaca.

 

 

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Gobierno, Vladimir Cerrón
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