[CIUDADANO DE A PIE] En una reciente entrevista, Beatriz Mejía Mori —abogada constitucionalista, exdirectora de la Academia de la Magistratura y hoy candidata al Senado— se refirió de manera inusualmente directa y crítica al derecho al voto de los militares en actividad y a su posibilidad de postular a cargos electivos tras el pase al retiro (Ley N° 28480). Un “craso error”, según la jurista, pues los militares no han sido educados para vivir en democracia sino para obedecer órdenes, lo que explica los “gestos dictatoriales” que exhiben en el actual Congreso. Elegir un militar a la presidencia en el 2026, concluye Mejía Mori, sería “llevar los cuarteles a palacio de gobierno”.
Por su parte, Carla Granados Moya —teniente EP en situación de retiro e investigadora de la cultura política castrense— sostiene que, a diferencia de las épocas de golpes de Estado, los militares utilizan hoy las urnas para socavar la democracia desde dentro:
“Los nuevos ‘soldados políticos’ hacen uso de las reglas de la democracia para imponer paradójicamente su agenda antidemocrática. Y, al introducir una concepción bélica de la política, no solo estimulan y naturalizan la violencia simbólica, sino también la violencia física en contra de las y los ciudadanos” (“Una guerra política: la avanzada militar y la destrucción de la democracia peruana”. Trama Crítica, 20 junio 2024).
Si estas advertencias son atendibles, la pregunta evidente es: ¿qué estamos eligiendo cuando votamos por militares?
Soldados políticos: la amenaza uniformada
La figura del “soldado político”, estudiada por Dirk Kruijt, emerge en la política como uno de los principales obstáculos para la consolidación democrática latinoamericana. Por lo general se trata de militares en situación de retiro que compiten electoralmente sin desprenderse de la lógica, los reflejos y la cultura del mundo castrense. Su agenda es esencialmente autoritaria y antipolítica. Para alcanzar sus fines, pervierten las reglas formales de la democracia con la intención de debilitar los controles civiles y judiciales. Justifican soluciones de fuerza frente a conflictos que, en esencia, son políticos y sociales, naturalizando una visión bélica de la política (amigo/enemigo), donde el disenso y la protesta —expresiones legítimas de pluralismo democrático— son tratados como amenazas al orden que deben ser eliminadas. Estos políticos en uniforme (Grabendorff), que operan bajo una lógica de cuartel aplicada al Estado, pueden tanto presentarse como figuras progresistas (Hugo Chávez) como ultraconservadoras (Jair Bolsonaro), pero en ambos casos constituyen la antítesis de un verdadero demócrata.
Del cuartel al Congreso
En Democracia asaltada (2024), Alberto Vergara y Rodrigo Barrenechea nos ofrecen un lúcido análisis del colapso de la política peruana y del vaciamiento de nuestra democracia representativa, pero el diagnóstico de esta crisis democrática quedaría incompleto si no se examinara el rol de los soldados políticos en nuestra actual coyuntura.
Tras las elecciones generales del 2021, la falsa narrativa de un supuesto “fraude en mesa” —impulsada por la derecha radical— contó con el respaldo de importantes miembros de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (ADOGEN) y de otros colectivos de militares en retiro, varios de los cuales exhortaron al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a desconocer a Pedro Castillo como presidente electo. Algunos de estos actores participaron activamente en intentos de internacionalizar dicha narrativa, y aunque estas acciones no lograron sus objetivos antidemocráticos, constituyeron un evidente atentado contra el Estado de derecho y la legitimidad democrática fundamentada en la voluntad popular expresada en las urnas.
La experiencia parlamentaria de estos últimos cinco años nos ha proporcionado una clara evidencia de cómo operan los soldados políticos electos. Uno de sus rasgos más visibles ha sido el respaldo sistemático a salidas políticas impositivas, en particular la banalización de la vacancia presidencial por “incapacidad moral”, un mecanismo excepcional cuya transformación en instrumento rutinario de presión política, ha erosionado gravemente el equilibrio entre poderes.
La concepción bélica de la política, en la que el adversario es un enemigo que debe ser abatido, se comprobó con ocasión de las protestas sociales de 2022/23 que exigían la convocatoria a nuevas elecciones. Los militares congresistas, lejos de actuar como defensores del Estado de derecho, validaron y justificaron el “uso excesivo y arbitrario de la fuerza letal” (Amnistía Internacional, CIDH) que costó la vida a 49 compatriotas. La intervención militar en tareas de orden interno, la minimización de las denuncias por graves violaciones de derechos humanos y la ausencia de rendición de cuentas son prácticas habitualmente promovidas por los soldados políticos latinoamericanos, y el caso peruano no ha sido la excepción.
La democracia exige una reconciliación crítica con un pasado de violencia, basada en la verdad, la justicia y la reparación (Jelin, Collins, Martínez, Reátegui). Sin embargo, estos mismos soldados políticos actuaron en la dirección opuesta, bloqueando avances en justicia para las víctimas mediante amnistías y prescripciones que garantizan la impunidad (Ley 32107). A ello se suma una actitud persistente de hostilidad hacia los mecanismos de control jurídico, tanto nacionales como internacionales, que se ha traducido en propuestas para abandonar el sistema interamericano de derechos humanos. Estas posiciones revelan una resistencia a toda forma de supervisión y una concepción del poder estatal como un espacio carente de límites cuando se actúa en nombre de la “Seguridad y Defensa Nacional”.
Ninguna de estas acciones es atribuible a la casualidad ni a iniciativas personales anecdóticas; responden a un patrón psicológico y cultural presente en ciertos sectores de nuestras Fuerzas Armadas. Pero la responsabilidad de la militarización de la política peruana, no es únicamente de los soldados políticos.
La alianza perversa
La creciente presencia de militares retirados en la política peruana no puede entenderse como una iniciativa autónoma proveniente de las Fuerzas Armadas (Granados Moya). Por el contrario, ha sido impulsada por agrupaciones políticas de ultraderecha, algunos de cuyos dirigentes —siendo civiles— adoptan voluntariamente la lógica militar como forma de hacer política. Estos “políticos militarizados” no solo respaldan la participación de militares en retiro, sino que mimetizan su mentalidad. Renuncian deliberadamente a ejercer un liderazgo democrático como contrapeso civil al poder armado y, en su búsqueda de respaldo popular ofrecen “mano dura” como solución infalible para los conflictos sociales y problemas de seguridad.
El caso de Avanza País es un ejemplo revelador, pero por desgracia no el único, de esta deriva: en su retórica, la contienda electoral se ha transformado en una operación militar, dirigida no solo contra los delincuentes que campan a sus anchas en nuestras ciudades, sino igualmente contra «caviares» y «progres», vale decir, contra cualquier ciudadano que se oponga democráticamente a su agenda autoritaria y conservadora. Sus postulantes civiles a las vicepresidencias —ambos pertenecientes a las élites privilegiadas del país— se exhiben saludando militarmente a su candidato presidencial de origen castrense. Más allá de lo patético del gesto, el mensaje político que transmite es inquietante: a diferencia de lo que ocurre en democracias consolidadas, el poder civil peruano no se afirma frente a lo militar, sino que se subordina a él. Representa una subordinación simbólica que no es otra cosa que la renuncia vergonzante a la supremacía civil sobre la militar, un pilar básico de cualquier democracia republicana digna de ese nombre. No estamos, pues, solo ante soldados políticos que trasladan la lógica del cuartel al Estado, sino también ante políticos civiles que, por cálculo o convicción autoritaria, adoptan esa lógica y la legitiman. Esta alianza perversa no fortalece la democracia peruana, la socava desde dentro, normalizando el autoritarismo y la represión en espacios que deberían regirse por la deliberación y el pluralismo democráticos.
Sí, un craso error
En un país como el Perú, con una historia jalonada de dictaduras militares, violencia e impunidad, votar por militares en retiro y sus aliados civiles, no es una apuesta prudente, sino un riesgo innecesario, un craso error de consecuencias nefastas para la democracia y la convivencia plural. La crónica reciente de su accionar como congresistas constituye la mejor prueba de lo que nos espera si son elegidos como diputados, senadores o alcanzan la presidencia de la república. Honestamente, nuestro sufrido país merece mucho mejor que eso.
