El desastre del aeropuerto ocasionado por la desidia de Córpac (hace diez años que no hacía mantenimiento al sistema eléctrico), la situación calamitosa de la autopista de los Libertadores, que ocasionara recientemente un trágico accidente, el brutal abandono de un hospital emblemático como el Arzobispo Loayza, como revelara un programa dominical, el increíble hecho informado por Semana Económica de que 41 colegios públicos al borde del colapso no puedan ser reconstruidos a pesar de que existen, desde hace diez años, por lo menos cuatro iniciativas privadas cofinanciadas para ponerlos a punto, no hace sino poner en clara evidencia que quizás el mayor problema a resolver por quien nos gobierne desde el 2026 es el propio Estado peruano.
Ya es hora de reducirlo al máximo, privatizando o entregando en concesión todo aquello que no le corresponde administrar (agua, petróleo, aeropuertos, carreteras), invirtiendo sus pocos recursos en materias esenciales como salud, educación pública, seguridad y justicia. Y en lo que haga, permitir el apoyo de la inversión privada al máximo, que claramente es más eficiente que la burocracia estatal para lograr los fines buscados.
El estatismo que nuestra izquierda aún pregona, es anacrónico y destructivo. Su aplicación destrozaría la economía y los ingresos de los más pobres. Hoy lo vemos en vivo y en directo. No hay nada que el Estado haga bien y por eso la única fórmula es reducirlo, modernizarlo con meritocracia (encima este Congreso se empeña en cargarse Servir), y convertirlo así en un facilitador y regulador eficaz del mercado, para evitar que éste se desborde y ejecute prácticas anticompetitivas.
Aparte de lo dicho, puede eventualmente desplegar políticas de apoyo social, necesarias en un momento de tránsito hacia ser una sociedad medianamente desarrollada, donde la pobreza disminuya drásticamente. Y punto, paremos de contar.
Uno de los grandes pasivos de Alberto Fujimori -ahora que se ha puesto memorioso- es haber frenado en seco la reforma del Estado que el entonces premier, Alberto Pandolfi, y un equipo de tecnócratas de primer orden, tenían listo para desplegar en su segundo mandato de los 90. Por intereses reeleccionistas, Fujimori prefirió no romper huevos y saboteó la que hubiera sido su mejor herencia.
