[ENTRE BRUJAS] La promulgación de la ley de amnistía en el Perú es una afrenta directa a la memoria, la verdad, la justicia y a las víctimas, bloqueando sus procesos de reparación. Nadie puede negar que la violencia política que sacudió al país entre los años 1989 -2000 fue iniciada por los grupos terroristas, especialmente Sendero Luminoso, cuyas acciones sangrientas dejaron un saldo devastador. El Estado tenía derecho —y obligación— de responder para proteger a la población. Sin embargo, ese derecho legítimo no podía usarse por los agentes estatales para, con taras racistas y clasistas, desplegar practicas brutales que llevaron a graves violaciones de derechos humanos: violaciones sexuales, muchas de ellas colectivas y sistemáticas; torturas; desapariciones forzadas; ejecuciones extrajudiciales. Estas atrocidades golpearon a las comunidades más vulnerables del país, y entre ellas, de manera particular y brutal, a mujeres, niñas, adultos mayores, en su mayoría quechuhablantes o de territorios indígenas.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó que la violencia sexual fue usada de manera sistemática como arma de guerra: mujeres fueron violadas delante de sus hijos, niñas fueron sometidas por grupos de soldados, y muchas víctimas quedaron embarazadas producto de estas agresiones. Estos crímenes no solo buscaban humillar y destruir a las víctimas, sino desintegrar el tejido social de comunidades enteras. Son violaciones que, por su gravedad implican una responsabilidad penal que trasciende el paso del tiempo, se constituyen en crímenes de lesa humanidad y no prescriben.
Las matanzas de Putis, Accomarca, Barrios Altos, Socos y tantas otras no son episodios aislados: son heridas abiertas y deudas pendientes de reparar. En Putis, alrededor de 92 personas —casi la mitad menores de edad— fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes, tras haber sido sometidas a tratos crueles y abusos. En Accomarca, 69 comuneros, entre ellos mujeres embarazadas y niñas, fueron ejecutados y sus cuerpos quemados para borrar la evidencia. En Barrios Altos, 15 personas, incluido un niño de ocho años, fueron acribilladas por un escuadrón paramilitar. En Socos, 32 civiles fueron masacrados en una noche por efectivos de la Guardia Civil. Es a estos criminales despiadados a quienes hoy se pone como héroes y se celebra.
Quienes defienden a estos criminales son cómplices y se han encargado de construir una narrativa falsa; ya que no son héroes de la “patria”, muchos de los verdaderos policias y militares que si hicieron su trabajo éticamente y lucharon por alcanzar la paz, han sido olvidados por aquellos mismos que hoy protegen a algunos y promuevan la amnistía de delincuentes.
Solo puedo expresar mi consternación y solidaridad frente los familiares de víctimas, ya que sus procesos de verdad, justicia y reparación quedan bloqueados, avivando nuevamente la llama del olvido. La amnistía recién aprobada no solo cierra las puertas a cientos de juicios en curso, sino que anula condenas firmes, incluyendo aquellas por violencia sexual. Esto significa que responsables de crímenes contra mujeres, niñas y adolescentes, podrán quedar libres sin cumplir sus penas y en total impunidad.
El retroceso no se limita al plano interno. Esta decisión coloca al Perú de espaldas a sus compromisos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de manera inequívoca que las leyes de amnistía que protegen crímenes de lesa humanidad —incluyendo la violencia sexual— son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al ignorar estos fallos, el Estado peruano entra en abierta rebeldía contra un tribunal cuya jurisdicción aceptó libremente, debilitando su legitimidad frente a la comunidad internacional. A ello se suma el impulso de acciones para salir de su jurisdicción, como la creación de una mesa de trabajo que reevaluará la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano y discursos que respaldan esta salida.
Lo más indignante es que esta ley ha sido celebrada por algunos de los condenados, como si se tratara de un triunfo personal, mientras las víctimas, siguen esperando justicia. La presidenta Dina Boluarte, al firmar y avalar esta norma, ha optado por la impunidad, enviando un mensaje claro y devastador: en el Perú, incluso los crímenes más atroces pueden quedar sin castigo.
Esta amnistía no borra los crímenes ni sana las heridas: solo oficializa el olvido y le da un marco legal a la injusticia. Hoy, más que nunca, debemos recordar que sin justicia no hay reconciliación, y sin memoria no hay futuro. El silencio o la indiferencia frente a este atropello es, en sí misma, una forma de complicidad.
