[OPINIÓN] La lucha contra la violencia de género en el Perú exige coherencia en todos los niveles del Estado. Por ello, resulta preocupante que Gino Augusto Tomas Ríos Patio continúe ejerciendo la presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pese a contar con una sentencia por violencia familiar. Su designación y permanencia en este cargo no solo representan una grave omisión ética, sino también una afrenta a los principios democráticos y de justicia que deben regir las instituciones públicas.
Desde el 6 de enero de 2025, el señor Gino Ríos encabeza este órgano autónomo responsable de la selección, nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales. Su rol es estratégico en la garantía de un sistema judicial independiente e imparcial. Sin embargo, ¿cómo puede una persona con antecedentes de violencia ejercer este rol con legitimidad? ¿Qué mensaje se transmite a las víctimas y a la ciudadanía cuando se tolera este tipo de designaciones?
La confianza en el sistema de justicia se construye cuando quienes aplican la ley también la respetan. La presencia de autoridades con estos antecedentes es contraproducente y vulnera los principios de idoneidad y probidad que la propia JNJ establece como requisitos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha sido claro en su llamado a los Estados para garantizar la independencia, imparcialidad e integridad de sus sistemas judiciales. Permitir que una persona condenada por violencia presida la institución que define el futuro del Poder Judicial contradice estas obligaciones internacionales y debilita seriamente el Estado de derecho.
Esta situación es especialmente grave en un país donde más del 75 % de la población aún justifica o tolera la violencia, y donde en lo que va del año ya se han registrado más de 78 feminicidios. La permanencia de Gino Ríos en la presidencia de la JNJ no es un hecho menor: es la expresión de una institucionalidad que, en lugar de erradicar la violencia, la normaliza desde las más altas esferas del poder.
No podemos —ni debemos— permanecer indiferentes. La ciudadanía tiene el derecho y la responsabilidad de exigir integridad y coherencia en la gestión pública. La lucha contra la violencia de género no se limita a campañas o declaraciones: se materializa en decisiones políticas y administrativas concretas. Exigir la salida de quien no cumple con los estándares éticos mínimos es un acto de defensa democrática.
La vacancia de este funcionario es un asunto de interés público. Organizaciones especialistas en la materia como el CMP Flora Tristán, Manuela Ramos, Demus, Promsex y Cladem han exigido la destitución de Gino Ríos, amparándose en el reglamento de la JNJ, las leyes nacionales y la dimensión ética. Esperemos que la indiferencia y la corrupción no se impongan.
