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Una de las obligaciones contractuales expresada en la cláusula trigésima del Contrato de Concesión indica que “al término de la concesión el CONCESIONARIO entregará a la MUNICIPALIDAD, sin derecho a pago alguno, los bienes que devengan en partes integrantes o accesorios de la concesión”. Esto incluye la planta de transferencia de residuos sólidos y los terrenos en donde está edificada. Este es un procedimiento conocido en el que la concesión de los bienes pasa a dominio del Estado, y cuenta con un fuerte marco legal señalado en D. Leg. 757 “Ley Marco del Crecimiento de la Inversión Privada” y el Art. 21 del D. Leg. 758 “Normas para la Promoción de la Inversión Privada”, normativa que al día de hoy sigue vigente. 

Menos de 5 años después de obtener la concesión, la entonces Asociación Vega Upaca-Relima vende los terrenos mencionados a diferentes entidades financieras en calidad de daciones. Así, en enero de 1998 el sub lote 4 es entregado a la constructora Upaca, parte del consorcio empresarial Vega Upaca-Relima, como una dación de pago a la Caja de Pensiones Militar Policial por un valor de 797 mil dólares. Esto se hizo infringiendo claramente la obligación taxativa del concesionario en la que “los bienes que devenguen en partes integrantes o accesorias de la concesión, no podrán ser transferidas separadamente de esta, hipotecados, prendados o sometidos a gravámenes de ningún tipo” (Art. 21 del D. Leg 758). 

Posteriormente, en 2003 la empresa entregó los sublotes 2 y 3 en calidad de dación de pago a Citibank por 752 mil dólares. Esto ocurrió en diciembre de dicho año, después de que el sublote 1 fue hipotecado a favor del BCP por 440 mil dólares, violando los términos del contrato y el marco legal correspondiente. Cabe mencionar al respecto que las acciones de la empresa se llevaron a cabo con el conocimiento tanto de la comuna de Lima como de la Empresa de Supervisión Municipal de los Servicios de Limpieza “SUMSEL”. 

Innova Ambiental percibió como beneficio un aproximado de 2 millones de dólares respecto de los terrenos que tenía que ceder según contrato a la municipalidad de Lima. En lugar de aplicarse las sanciones y procedimientos correspondientes, la comuna construyó por sí misma la planta de transferencia de residuos sólidos, y con esto eximió a Innova de su obligación contractual y asumió todos los gastos. 

En la actualidad, la planta de transferencia de residuos sólidos está ubicada en la parte lateral del parque zonal ‘Huayna Cápac’, en la avenida Mateo Pumacahua distrito de San Juan de Miraflores. Aquí los camiones recolectores descargan los residuos hacia unidades de mayor capacidad y luego son conducidos al relleno sanitario de Portillo Grande. 

 

operacion de la planta
Modalidades del servicio de limpieza estipuladas en el contrato de renovación de 2005, página 2

 

En un informe de la Gerencia de Servicios a la ciudad y Gestión Ambiental se estimó que en 2018 esta planta manejaba aproximadamente 207 mil toneladas de desechos. Entre las preocupaciones sobre las operaciones en sí, es un hecho no menor que pese al paso de los años y el notable deterioro, el programa de adecuación ambiental de la planta es del año 2003. Además, no se ha encontrado a un organismo fiscalizador externo que determine la vida útil de la planta, e Innova reporta que pese a los agrietamientos debido a que el concreto no presenta reforzamiento de acero, “la vida útil es indefinida y depende del mantenimiento de las estructuras civiles”. 

Asimismo, una resolución directoral de noviembre de 2008 resuelve denegar la aprobación del estudio de impacto ambiental de la planta, ya que no solo no cumple los requisitos estipulados, sino que no entrega los resultados del análisis del agua, aire y suelo. Así pues, las operaciones de esta planta no solo deben su génesis a un procedimiento irregular que viola un contrato municipal oficial, sino que están precarizadas en cuanto a las condiciones de fiscalización, control y seguridad. 

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Innova ambiental, Municipalidad de Lima, rellenos sanitarios, San Juan de Miraflores

Los Fiscales: intento de decapitar a un magistrado supremo 

Por cierto, es inusual que la Fiscalía Superior presente una denuncia disciplinaria contra un juez de mayor jerarquía cuando este procedimiento normalmente queda en manos de los Fiscales Supremos, que poseen un rango similar al de los jueces supremos, y que es llamativo que la denuncia se presente cuando el recurso presentado solo se admitió a trámite y se califica positivamente la decisión de una Sala Superior que dio por concedido el recurso de casación y, lo que es más grave, se denuncia cuando no existe algún pronunciamiento sobre el fondo del caso que puede salir favorable o desfavorable.    

¿Por qué la Fiscalía Superior, y no la Fiscalía Suprema, se adelanta a un resultado judicial que le puede ser favorable si litiga sin presión mediática y a punta de denuncias? ¿Por qué se presenta una denuncia contra un magistrado que todos vinculan al caviarismo más recalcitrante –al que muchos fiscales pertenecen y lo reconocen con orgullo– y que es autor principal de la condena de Alberto Fujimori? ¿Acaso, es posible ensayar una respuesta razonable?

Analizados fríamente los hechos y los actos precedentes del Equipo Especial del caso “Lava Jato” la denuncia contra San Martín no es una queja aislada ni un actuar en solitario, lo que se busca, en realidad, es lograr que la Junta Nacional de Justicia no ratifique en el cargo de Juez de la Corte Suprema a un magistrado que está inmerso en el proceso de ratificación que ha sido convocado y que tiene su etapa crucial en la primera semana de noviembre. Para ello la denuncia ha sido presentada estratégicamente un mes antes de que pase la entrevista del proceso de ratificación. 

La idea que se maneja dentro del Equipo Especial del caso “Lava Jato” es que si se logra la no ratificación y expulsión de San Martín de la Corte Suprema y del Poder Judicial, ningún juez del Perú se atreverá a dictar fallos adversos y en contra de los intereses de los fiscales. 

La finalidad prioritaria de sancionar y expulsar a San Martín de la Corte Suprema de Justicia no es reciente y novedoso en los integrantes del Equipo “Lava Jato”. Ya en marzo del 2020 Rafael Vela presentó una denuncia a la Junta Nacional de Justicia pidiendo que se investigue a San Martín debido a que los requerimientos fiscales de uno de los casos que lleva el Equipo especial habían sido revocados en la Corte Suprema por acciones presuntamente sistemáticas de los abogados y “con decisiones de los jueces supremos que causan sospecha”, tal como lo informa el diario Gestión en su edición del 3 de marzo del 2020.

El poder de los fiscales  

La denuncia a la JNJ con fines de expulsión de la Corte Suprema de Justicia contra el magistrado San Martín no es un acto aislado de un sector del Ministerio Público.

Se debe recordar que el Fiscal Supremo Jesús Fernández Alarcón y la Fiscal Suprema Fanny Quispe enfilaron sus baterías, mientras estuvieron dirigiendo el caso “Cuellos Blancos”, contra cuatro jueces supremos titulares: José Luis Lecaros Cornejo, Elvia Barrios Alvarado, Carlos Arias Lazarte y Héctor Lama More. A José Luis Lecaros lo acusaron de haber negociado su nombramiento frustrado como representante de la Corte Suprema de Justicia en el Jurado Nacional de Elecciones en una cena en el restaurant el Polo Marino, de propiedad del empresario Salvador Ricci, con el prófugo César Hinostroza. A Elvia Barrios, la sindicaron de haber llamado al ex Presidente de la Corte del Callao Walter Ríos Montalvo para interceder supuestamente en un caso que tenía a su hermano como una de las partes interesadas. A Carlos Arias Lazarte lo acusaron de haber recibido ayuda para lograr el cargo de juez de la Corte Suprema en el concurso a jueces Supremos de la República del año 2017. A Héctor Lama lo acusaron de haber sido el candidato en reserva favorecido por el ex juez César Hinostroza Pariachi en el concurso de jueces supremos del año 2015.   

La paja en el ojo ajeno 

La Fiscalía Suprema ha vuelto a presentar el 20 de octubre del 2022 un segundo pedido de inhibición del magistrado San Martín. Se basa en que dicho juez tiene lazos de amistad con el abogado Dino Carlos Caro Coria y dicho abogado es su abogado en los procesos instaurados ante la Junta Nacional de Justicia y destaca que Caro Coria a su vez también es defensa técnica de los investigados, representantes de la empresa Enagas Internacional. Dicho pedido sería improcedente ya que se ha presentado casi un año después de que el caso llegara a la Corte Suprema de Justicia y porque Caro Coria no defiende a las personas y a las partes que han interpuesto el recurso de Casación.

Algunos abogados consultados para esta nota destacan que pocas veces se ve el empecinamiento del Ministerio Público para excluir a un magistrado de la Corte Suprema de un proceso penal, sobre todo, proveniente de un Fiscal Supremo como el fiscal Pablo Sánchez Velarde que conoce y sabe que un pedido de esta clase es a todas luces improcedente, sobre todo porque el abogado aludido no tiene ninguna relación con alguna de las partes que recurre y ha presentado la Casación a la Corte Suprema de Justicia. El actuar del Fiscal Pablo Sánchez es, además, contradictorio.

Se resalta que, por ejemplo, nunca el Fiscal Pablo Sánchez ha pedido el apartamiento de San Martín del conocimiento de algún caso en el que el abogado Miguel Pérez Arroyo ha defendido casos de narcotráfico en alguna Sala Penal de la Corte Suprema, pese a conocer que Pérez Arroyo fue secretario de confianza de San Martín Castro por muchos años. Este trato desigual y discriminatorio en el caso de la Casación N° 1095-2021 y los casos de narcotráfico que lleva el abogado Miguel Pérez Arroyo tal vez se debe a que Pérez Arroyo fue nombrado el año 2015 por Pablo Sánchez, cuando era Fiscal de la Nación, como Gerente Central de la Escuela del Ministerio Público.

Sin embargo, una de las principales razones por las que Pablo Sánchez Velarde se habría comprado el pleito personal de los integrantes del Equipo Especial del caso “Lava Jato” en la exclusión del juez San Martín reside en el ofrecimiento de ayuda que necesita de manera urgente para pasar el proceso de ratificación sumamente complicado que le toca afrontar durante la primera semana de noviembre.

Uno de los temas más delicados y controvertidos que descalifica y pone en entredicho la denuncia que presenta los fiscales Equipo Especial del caso “LAVA JATO” en contra del juez supremo San Martín Castro es que no tienen el mismo comportamiento con fiscales que le son afines y allegados suyos. Por ejemplo, el equipo especial no ha presentado alguna denuncia, queja y no han realizado siquiera algún pronunciamiento público acerca de los graves hechos, que revisten carácter delictivo, que comprometen a la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera alrededor de su irregular nombramiento como Fiscal Suprema y en el que utilizó cinco certificados falsos sobre temas de derecho realizados en el Instituto LIBREJUR y que le permitió pasar raspando los 66 puntos que se necesitaba para aprobar la etapa curricular en el concurso de Fiscales Supremos del año 2013 en el que fue apoyada por el operador fujimontesinista -y quien logró en tiempo reciente la inscripción ilegal del partido PODEMOS-, José Luis Cavassa Roncalla

Incluso, algunos Fiscales y conocedores del sistema de justicia sostienen que la denuncia presentada contra el juez San Martín Castro es la mejor cortina de humo y el distractor más eficaz para lograr que los reflectores y los cuestionamientos en la ratificación de jueces y fiscales supremos se concentren en un juez de la Corte Suprema; y de esta manera los fiscales Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera logren pasar el proceso de ratificación por agua caliente y sin ningún contratiempo. Total, en la guerra, siempre se sacrifica al enemigo.

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César Hinostroza, Fiscal, Fiscalía, Ministerio público

Talara refinará aproximadamente 70%  de crudo pesado (aproximadamente 95.000 mil barriles diarios) y 30% de crudo liviano, el crudo pesado proviene de los lotes de la selva, especialmente de la cuenca del Marañón por eso es importante reactivar la producción en la selva y poner en valor nuestros recursos.

Conclusión: No es precisa la afirmación de que el Perú no tiene petróleo, por el contrario cuenta con recursos suficientes que podrían cubrir ampliamente su demanda interna, pero no están siendo monetizados, se están dejando enterrados, pese al alto precio del petróleo que actualmente bordea los 90 dólares por barril. Somos un un importador neto de combustibles y eso mantiene en permanente  riesgo nuestra seguridad energétrica. La pregunta que surje es ¿por qué el Gobierno y de manera específica el MINEM, no está tomando medidas para incrementar la producción petrolera nacional y lograr que el crudo peruano sea el que se procese en la refinería de Talara?.

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Petróleo, Sociedad peruana de hidrocarburos, SPH

PERÚPETRO ha señalado que los lotes 39 y 67 operan bajo Contratos de Licencia suscritos por el Estado peruano, es decir, tienen derechos otorgados preexistentes a la solicitud de creación de la reserva indígena; además, se trata de una zona estudiada ampliamente para la ubicación de recursos de hidrocarburos, conforme obra de la información de la sísmica publicada en el portal institucional de PERÚPETRO. Así mismo, PERÚPETRO expresó su preocupación sobre que estos aspectos tan importantes para el desarrollo energético del país no fueran considerados en este caso específico y que no haya sido invitado a participar de la Comisión Multisectorial durante la fase del procedimiento de reconocimiento de pueblos indígenas en el área propuesta para la creación de esta reserva.

¿Existe certeza absoluta que existen PIACI en este territorio propuesto como nueva reserva indígena? El detalle de las pruebas de esta existencia no puede conocerse pues la propia Ley de Transparencia ha restringido el acceso al contenido completo y detallado del Estudio Previo de Reconocimiento elaborado por el Instituto del Bien Común entre los años 2021-2022. Sin embargo, conforme a lo manifestado por las comunidades nativas asentadas hace varias décadas en este territorio, no existe presencia de  PIACI.

Pronunciamiento AIDESEP by Alessandro Azurín Astorga

En conclusión, de acuerdo con la ley y regulación vigente para PIACI y los antecedentes de casos similares, lo señalado por Perúpetro tiene un sólido fundamento  y no es una afirmación falsa como señala AIDESEP.

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Espino detalló que, coludido con Yenifer Paredes, elaboraron y aceleraron el financiamiento de un proyecto en Chadín para beneficiarse ganando la buena pro y obtener el dinero de las ganancias de la ejecución. “Logré acceder a un contrato con la Municipalidad de Chadín para la elaboración del expediente técnico por un monto de S/.33,500 aproximadamente poniendo a la empresa DESTCON INGENIEROS &ARQUITECTOS S.A.C. que era de mi hermana pero yo lo manejaba de manera total”, contó Espino y agregó que la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes, se benefició porque se concertó para que su hermano, David Paredes Navarro, sea el que ejecute la obra.

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Hugo Espino trabajaba en sociedad con la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes.

También se refirió a un proyecto en el que fue incluido por Yenifer Paredes y contó con el apoyo del alcalde provincial de Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui. Espino y Paredes cobraron cuarenta mil soles como adelanto para elaborar el expediente técnico y fue la hermana de Lidia Paredes quien aseguró que se encargaría de obtener la buena pro. “Yenifer Noelia Paredes Navarro tenía el interés de que salga esa obra para que se pueda ejecutar y ganar dinero con la ejecución, debido a que es una obra de gran envergadura que iba a salir aproximadamente veinte millones”, detalló Espino.

Pero la recopilación de hechos ilícitos protagonizados por Hugo Espino y Yenifer Paredes todavía no había terminado. Espino relató esta vez un nuevo episodio en el que, junto con Yenifer Paredes y su primo Rubdel Oblitas Paredes, acordaron el financiamiento de un expediente técnico. En dicha reunión, Rubdel comentó que trabajaba con su tío, el presidente Pedro Castillo, revisando documentaciones y temas técnicos, además de tener acceso al Ministerio de Vivienda, en donde dijo tener proyectos.

 

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El primo de Yenifer Paredes se jactaba de tener proyectos en el Ministerio de Vivienda.

En esta ampliación de su declaración, Espino volvió a referirse a su amigo el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero. En esta oportunidad expuso que el montó de diez mil soles con el que colaboró para la campaña de Pedro Castillo fue un monto que era parte de cien mil soles que Medina Guerrero había recibido por una coima. “Desde el año 2019 he venido recibiendo y realizando depósitos de diversas sumas de dinero por órdenes y coordinación con José Nenil Medina Guerrero”, indicó Hugo Espino y expuso que era dinero proveniente de la Municipalidad Distrital de Anguía para contratar personal en Lima y pagar la oficina que habían alquilado en la capital. 

 

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El dinero que Espino utilizó para apoyar la candidatura de Pedro Castillo provenía de una coima.

Según expuso Espino en su versión, el alcalde Medina Guerrero pasaba más tiempo en Lima que en su localidad y el tiempo que pasó en la capital aumentó tras la victoria de Pedro Castillo en la segunda vuelta. “José Nenil Medina Guerrero apoyó en toda a la campaña de Pedro Castillo, asistiendo a todos los viajes al interior del país y en la ciudad de Lima”, agregó sobre el rol de Medina en la campaña de Castillo.

 

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La presencia del alcalde de Anguía en Lima fue más frecuenta tras el triunfo de Castillo en las elecciones.

Al ser consultado por el vínculo entre Castillo Terrones y el alcalde de Anguía, Espino lo describió como una relación de “extrema confianza” y señaló que Medina Guerrero lo frecuentaba tanto en Palacio de Gobierno como en la polémica casa de Sarratea.  Medina se jactaba de tener el contacto de varios ministros y Espino encontraba creíbles estos relatos debido a la rapidez con que salían los decretos de urgencia que beneficiaban a las obras que quería realizar en Anguía.

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El alcalde de Anguía se reunía con Pedro Castillo en la casa de Sarratea y Palacio de Gobierno.

Espino también se refirió a la participación de otros integrantes de la familia presidencial en los negocios de los que él era parte. Al detallar la entrega de los setenta mil soles que David Paredes, cuñado de Pedro Castillo, le entregó, habló del rol que tenía la primera dama Lilia Paredes para garantizarles que los documentos que requerían iban a salir con la velocidad que lo necesitaban.

 

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La primera dama, Lilia Paredes, tenía un rol importante para coordinar que salgan los decretos que beneficiaban los proyectos de sus hermanos.

El testimonio de Hugo Espino no sólo ha dejado en una situación muy comprometida al alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, y a la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes Navarro, sino que expone a gran parte del entorno familiar de Pedro Castillo como parte de una organización dedicada a beneficiarse del poder que hoy ostenta desde el sillón presidencial.

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Espino, Pedro Castillo, yenifer paredes
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El exministro Merino relató que, pese a las advertencias, Castillo insistía en la designación de Hugo Chávez.

El paso de Merino por el MINEM llegaría a su final en octubre del 2021. En una de los tantos cambios de ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, Sandra Paico, secretaria del mandatario, se comunicó con Merino Aguirre para asista a la renovación en el cargo. Sin embargo, al llegar Palacio de Gobierno, se encuentra con un iracundo Bruno Pacheco que increpa a Paico por la presencia del todavía ministro de Energía y Minas y acusándolo de ser una persona que “no hacía caso a las indicaciones”. Tras presenciar esa escena, Iván Merino se encuentra con el presidente Castillo y le expresa que no tiene nada más que hacer en Palacio y abandona el lugar. “Mi renuncia al cargo fue de facto, no hay acta ni carta de renuncia, tampoco hubo cartas de felicitación por el cargo de ministro”, señaló en su testimonio.

En un gobierno lleno de cuestionamientos sobre la idoneidad de los personajes  designados al frente de ministerios y otro cargos importantes, que las advertencias hechas incluso por integrantes del equipo que acompañó a Pedro Castillo desde su etapa de candidato sean ignoradas y se convierta una clínica en una especie de centro de operaciones sólo despiertan más sospechas.

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Lo anterior ha causado, según Edson Aguilar, vicepresidente de Voces Ciudadanas, que la Organización Panamericana de Salud (OPS) considere al Perú –junto a Brasil y República Dominicana– como uno de los países de alto riesgo en la región para el retorno de enfermedades desaparecidas, gracias a sus planes de vacunación.

“Si bien no se puede cuestionar el valor de las vacunas, ya no tenemos un buen esquema de vacunación. Estamos desfasados”, afirmó Abel Salinas, ex ministro de Salud y también miembro del Comité Consultivo de Inmunizaciones del Minsa en representación de la Sociedad de Pediatría.

Precisamente esta instancia, dependiente del Viceministerio de Salud, es una de las encargadas de revertir esta situación. De acuerdo al Minsa, tuvieron su primera reunión en abril. Y según dijo Abel Salinas a Sudaca, se han reunido una vez al mes desde entonces con el objetivo de tener una norma técnica que mejore el panorama de vacunación nacional.

“Es urgente actualizar la norma técnica sanitaria de inmunizaciones, con mayores metas de vacunación, con especial foco en los niños y niñas de riesgo, en la primera infancia, para evitar que enfermedades controladas vuelvan a aparecer en el país”, agregó el ex ministro de Salud.

Habrá que esperar novedades de esas y más propuestas de salud pública para evitar brotes problemáticos de otras enfermedades en el Perú.

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Como en el Perú, la realidad supera a la ficción tanta fue la lealtad y el agradecimiento a la traición a San Martín de un cierto sector del fujimorismo con Pérez Arroyo que en el año 2018 termina siendo designado como el abogado defensor de Alberto Fujimori en la audiencia realizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que revisó el indulto brindado por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017. Sin embargo, la Corte Interamericana, como se sabe, ordenó que se revise el beneficio de indulto que se había concedido.

Miguel Arroyo
Miguel Pérez Arroyo en la audiencia ante la Corte IDH en 2018 (Fuente Caretas)

 

Algunos fiscales consultados por los hechos que componen esta entrega periodística señalan que la estrecha relación de Miguel Pérez con el fujimorismo es la mejor explicación y la pieza del rompecabezas que faltaba para justificar el blindaje que recibió su amigo Hinostroza Pariachi por parte de la bancada naranja, luego del estallido del caso Cuellos Blancos en julio del 2018.

La relación umbilical del fujimorismo con Pérez no acaba allí.  Hace pocos días Pérez Arroyo se presentó en un programa de Exitosa como abogado conjunto de los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo, quienes fueron acusados por la Fiscalía de la Nación de negociar los votos para frustrar la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017, y cuyo contubernio fue captado en los famosos ‘mamanivideos’.

Excongresistas Kenji Fujimori
Excongresistas Kenji Fujimori
Pérez Arroyo y los casos de narcotráfico del Callao, la Sala Penal Nacional y la Corte Suprema de Justicia
Pérez Arroyo y los casos de narcotráfico del Callao, la Sala Penal Nacional y la Corte Suprema de Justicia

Como es conocido, el caso Cuellos Blancos del Puerto surgió como una derivación del caso Rich Port, que consistía en una investigación derivada de seguimientos y escuchas telefónicas a narcotraficantes, lugartenientes y sus abogados en la Corte del Callao. La investigación ha generado que se conforme un grupo especial de la DIRANDRO, la DEA y la inteligencia británica que no se limita a escuchar los audios del caso Rich Port, Cuellos Blancos, Caracol y otros casos de intervención de las comunicaciones, sino que se encuentra realizando un laborioso trabajo de campo que comprende la revisión de expedientes judiciales de las grandes mafias y capos mexicanos, colombianos y de otras nacionalidades y un denominador común que encuentran en la defensa de los cabecillas es el patrocinio del abogado Pérez Arroyo. 

La investigación comprende, entre otras cosas, procesar la frondosa información, muchas de ella ubicada en el archivo de la Corte del Callao y de la Sala Penal Nacional, y relacionar las decisiones de Hinostroza Pariachi, Ríos Montalvo, Molina Huamán, Peyrano Sánchez, Benavides y otros con graves hechos de narcotráfico y su relación con abogados cuya constante es defender casos de tráfico de drogas. 

La pesquisa no solo abarca casos de narcotráfico, sino también la identificación, procesamiento y análisis de hábeas corpus que abogados inescrupulosos han logrado para liberar impunemente a capos de la droga mexicanos y colombianos. Uno de ellos tiene como protagonista a Pérez Arroyo quien hace algunos años logró que se declare fundado un hábeas corpus en un juzgado de Lima a favor de un narcotraficante internacional de alto vuelo –cuyo nombre y nacionalidad no publicamos para no entorpecer las investigaciones– y que en la búsqueda de acelerar su libertad envío a un abogado de su estudio –ahora fiscal del caso de la “Corrupción contra el poder”– quien alegaba que Pérez Arroyo era conocido por algunos magistrados de la Corte Suprema y de la misma Sala penal nacional a los que Pérez se encontraba llamando en ese instante. La libertad del narcotraficante no se pudo consumar, finalmente, debido a la actuación enérgica de magistrados de la Sala Penal que no cedieron a las presiones.

Otra línea de investigación es identificar los casos de libertad provisional, por medio de la variación o cese de la detención o la prisión provisional, con los que se ha dado no solo libertad a narcotraficantes en la Corte de Lima y el Callao, sino que se ha permitido su salida y desaparición del país para no regresar nunca más. Uno de los muchos casos que ejemplifican la mala práctica y el juego en pared de algunos abogados y jueces es el caso del narcotraficante Roberto Gómez Herrera (a) ‘Huevo’ que es el personaje central en el artículo titulado “La droga en la piedra” que publica Gustavo Gorriti en IDL-Reporteros. En la Sala Penal Nacional es recordada la anécdota de cómo un conocido abogado se entrevistó dos días después con un magistrado que había amparado la variación de la detención de su cliente imputado por tráfico de drogas, pidiendo que se revoque la orden de libertad ya que no le habían pagado sus honorarios profesionales.  

                 

También en la revisión de los audios de escuchas telefónicas de organizaciones de narcotraficantes y personas vinculadas han saltado las llamadas y visitas que realizó Pérez Arroyo al despacho de Hinostroza Pariachi durante los años 2017 y 2018 cuando éste se encontraba presidiendo la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia y que toman como referencia las llamadas entre estos personajes y las personas interesadas en lograr la libertad de individuos ligados al mundo de las drogas.

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Llamadas entre Cesar Hinostroza Miguel Perez Arroyo

2019: Los amigos comparten la misma situación: La condición de extraditables

Curiosamente, más allá de la innegable relación de amistad e intereses comunes que Hinostroza Pariachi y Pérez Arroyo compartían en el año 2019, gozaban, además, de una misma condición jurídica: Hinostroza Pariachi tenía un requerimiento de extradición del Perú que se había presentado al Reino de España, lugar donde residía; en sentido semejante, pero inverso, Pérez Arroyo tenía un proceso de extradición solicitado por el Reino de España al Perú por la comisión de varios delitos.

Como diversos medios de comunicación dieron cobertura (El Comercio, La República, RPP, gestión, entre otros) en la mañana del 07 de septiembre del 2019 el abogado Miguel Pérez Arroyo, fue detenido por Interpol, por un proceso penal que se le siguió en España por presuntamente haber facilitado la entrada de peruanos a España por el delito de los derechos de los trabajadores y por el delito de falsedad documental.

Por ejemplo, RPP señalaba: “Agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) capturaron esta mañana al abogado Miguel Pérez Arroyo -exdefensor del recluido Alberto Fujimori-, quien es requerido por la justicia de España. Pérez Arroyo, quien tenía notificación roja de Interpol, es procesado por los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”. Canal N informaba: “Miguel Pérez Arroyo, exabogado de Alberto Fujimori Fujimori, fue detenido por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en el distrito de Surco, al estar requerido por la justicia de España. Pérez Arroyo contaba con notificación roja, la cual alerta a los efectivos policiales de todo el mundo para su detención. El abogado es procesado por el Primer Juzgado Penal de Albacete de España, bajo los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Arroyo habría facilitado la entrada a España de peruanos a cambio de dinero. “Fingieron contratos de trabajo para poder solicitar permisos de residencia y trabajo, a cambio de 3000 euros”, precisa la notificación que recibió la Interpol”. La República remarcaba: “Luego de la intervención, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para luego pasar a un juzgado penal de turno. Un magistrado decidirá si Miguel Pérez llevará el proceso en su contra en libertad o continuará detenido”.

Los medios de comunicación coincidían en ese entonces que al momento de su detención por motivos de extradición “el abogado actualmente defiende al excongresista José Luna Gálvez, dueño de la Universidad Privada Telesup, en la denuncia que se le sigue a esta casa de estudios por supuestamente haber servido como fachada para recibir el dinero ilícito de OAS Odebrecht a favor de Luis Castañeda Lossio”.

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Miguel Perez Arroyo

Por supuesto, que Hinostroza y Pérez Arroyo están amparados por la presunción de inocencia y deben ser tratados adecuadamente, mientras no exista una sentencia penal de condena; sin embargo, posee un claro interés público y forma parte del derecho a contar con una información pública veraz, el analizar la relación de dos personajes públicos que hasta ahora no se encontraban vinculados, que aparentemente no tenían puntos en común y que las investigaciones los une de manera inevitable. 

La historia continuará ……………

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