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Al ingreso de Jorge Gutiérrez Mendoza como nuevo jefe del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) le siguió un grupo de personas que han tenido un rosario de imputaciones en el Ministerio Público. Estos, además, han venido fungiendo de asesores en la sombra, a decir de sus recurrentes ingresos y salidas a estas oficinas sin siquiera ser nombrados. Hoy algunos ya están formalmente en la entidad. Uno ni siquiera cumple con los estándares mínimos del puesto.

PUESTOS PARA EL FRENTE AMPLIO

El más notorio de los contratos es el del excongresista Lenin Checco Chauca. Pese a que no cuenta con los requisitos para el cargo, la jefatura del Fondepes -entidad adscrita al Produce que promueve y apoya a la pesca artesanal- tomó el camino del caballazo y ayer publicó una resolución donde se le designaba como flamante Asesor II.

Para el puesto se pedía un mínimo de experiencia de tres años en funciones que tengan que ver con el sector o afines, así como un programa de especialización en la materia. Estas vallas las puso la anterior gestión del Fondepes, porque la institución maneja más de S/100 millones anuales y abarca la séptima parte del presupuesto del sector de producción. Pero el nuevo mandamás, Gutiérrez, optó por hacerse de la vista gorda.

Checco, quien nunca ha tenido una experiencia laboral relacionada con el sector, de acuerdo a su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones en 2020, prometió que iba a presentar a este medio documentos que acreditaban que cumplía los requisitos. Al cierre de esta nota, sin embargo, no lo hizo. Sudaca no pudo confirmar si es que el nuevo asesor sabe siquiera pescar.

Hasta julio de este año, de acuerdo a registros del Ministerio Público, Checco figuraba en una carpeta fiscal abierta por el delito de “promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas”. Entre el 2006 y este año, además, ha sido imputado por abuso de autoridad y peculado -este último fue archivado- en Apurímac. El excongresista asegura a Sudaca que todos los procesos en los cuales ha estado involucrado se encuentran actualmente archivados y que no cuenta con investigaciones vigentes.

Nota de Edición: Checco nos hizo llegar documentación respecto al caso de TID y de Concusión, en los cuales ambos se resuelven como archivados.

Checco empezó a visitar el Fondepes desde fines de setiembre, antes de ser nombrado. Según el registro de visitas, ingresó a la entidad de manera continua entre el 20 y 24 de septiembre, usualmente desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde o más. Lo hacía en calidad de “particular”. El motivo, según el registro, siempre fue “reunión de trabajo con jefatura”.

¿Cómo llegó el excongresista al puesto? Sucede que Jorge Gutiérrez fue su asesor en el pasado período congresal 2020-2021, cuando Checco obtuvo una curul como parlamentario por Apurímac, en las filas del hoy extinto Frente Amplio (FA).

Además, Gutiérrez tiene más vínculos con este partido. Si bien estuvo afiliado a Perú Posible hasta el 2017, en 2018 postuló con el partido de izquierda para el cargo de vicegobernador regional en Apurímac. En dicha oportunidad, Checco Chauca fue el candidato a gobernador. No ganaron.

En ese entonces, el personero legal del FA era Cristian Chani Sequeiros. Este personaje -oh, sorpresa- fue designado en el cargo de Asesor I de la jefatura del Fondepes el último martes. Y de acuerdo a una resolución de ayer a la que ha podido acceder este medio, ha quedado encargado como Coordinador de Recursos Humanos en la entidad. Es decir, una puerta abierta para seguir usándola como agencia de empleos del expartido

Según el registro de visitas, otros exmilitantes del partido vienen visitando las instalaciones del Fondepes para “entrevistas” con Jorge Gutiérrez. El 27 de setiembre lo hizo Mercedes Soto Sayán, afiliada al Frente Amplio -hasta la desaparición de la organización hace unas semanas- y miembro del Comité Electoral Nacional desde octubre del año pasado. El mismo día, Trilce Hilario Chacón, quien fue parte de la Comisión Política Nacional, también tuvo una entrevista de trabajo con el jefe de la institución. Hilario volvió a ir dos días más.

El copamiento del Fondepes empezó bajo la reciente gestión en Produce de Yván Quispe Apaza, que fue militante del Frente Amplio. Ayer la cartera pasó a manos del accionpopulista José Incio Sánchez. En el feudo de Gutiérrez, sin embargo, hay más designaciones que llaman la atención.

OTRAS DESIGNACIONES DUDOSAS

Una de ellas es la de Luis Robles Loza, quien fue designado hace dos días como Asesor I de la jefatura de Fondepes. Su nombre figura en seis carpetas fiscales como imputado, entre 2013 y mayo de este año. Al menos una de estas ha sido archivada.

La más reciente, de mayo pasado, es por un caso de falsedad ideológica. Los otros delitos que aparecen en los registros fiscales son falsificación documentaria, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, apropiación ilícita y estafa. Además, según prensa local, fue señalado como el “facilitador” de cobro de cupos en el muelle artesanal de Chimbote y el muelle municipal ‘27 de octubre’ a inicios de año. Al ser consultado por estos temas, Robles prefirió el silencio.

El flamante asesor también venía visitando el despacho de Fondepes antes de ser nombrado. Ingresó entre el 20 y 24 de septiembre, desde la mañana hasta entrada la noche. El motivo siempre fue “reunión de trabajo” con la jefatura de la entidad. Luego, el 27 de ese mes, ingresó como parte del equipo de ‘transferencia de cargos’.

Según señalan fuentes de Fondepes a Sudaca, Andrés Trigoso Alca es otro de los personajes cercanos a Gutiérrez que en los próximos días juramentaría como asesor. Trabajó por casi una década en el Ministerio de Energía y Minas, siendo su último cargo el de jefe de la Oficina de Gestión de Diálogo y Participación Ciudadana el 2020. También, como Robles, fue parte de la comisión de transferencia.

Trigoso tiene cuatro carpetas fiscales como imputado o investigado entre el 2008 y 2012. Los delitos que figuran junto a su nombre son abuso de autoridad, fraude procesal y violencia familiar. El caso más grave en el que aparece -y que, según los registros, hasta julio pasado seguía abierto- es el de la presunta violación sexual a una «persona que se encuentra en situación de dependencia, autoridad o vigilancia”.

Nota de Edición: Trigoso se contactó con Sudaca luego de publicada esta nota, y afirmó que el caso de violencia familiar fue archivado. Asimismo, dijo que en cuanto a «esa y las otras denuncias desconozco ya que nunca fui notificado y no sé la materia de las denuncias». Además, sobre el caso de denuncia sexual, indicó que no es el imputado, aunque en el registro de fiscalía aparece como investigado en un caso que califica.

Para la elaboración de este artículo Sudaca se contactó con el asesor quien, al ser requerido para una entrevista, expresó su extrañeza porque “no tiene un vínculo laboral” con Fondepes. Al indicarle que teníamos conocimiento de su cercanía con la entidad y sus visitas físicas a la misma, nos dejó en visto. Sudaca pudo comprobar que Trigoso visitó el Fondepes la noche del pasado viernes. Este medio tomó registro de su auto saliendo del local del Cercado de Lima.

Trigoso, sin embargo, solo aparece en una visita con motivo de transferencia de cargo el 27 de septiembre de 5:43 pm a 7:25 pm. La visita captada por el autor de esta nota no está en el registro. Una fuente de la entidad asegura que habría ingresado, además, entre el 20 y 23 de septiembre bajo el nombre de ‘Fernando Segundo Arce Trigoso’, que sí figura.

De acuerdo a la Contraloría, el no registrar las visitas constituye una falta que afecta las normas de transparencia. La amonestación tendría que estar dirigida a la jefatura de la entidad, es decir, Jorge Gutiérrez Mendoza. Pero el nuevo jefe del Fondepes también es un personaje cuestionado.

Luego de su nombramiento, se hizo público que tiene una investigación por negociación incompatible que habría ocurrido en su paso por la Diresa II de Apurímac. Además, se hicieron públicas sendas denuncias por violencia familiar, según América Televisión.

Sus recientes acciones hablan por él. Como Fondepes es una entidad técnica, no cualquiera puede entrar a sus filas. Por ello, la anterior gestión había elaborado una matriz con los perfiles exigidos a los contratados por órdenes de servicio. El 1 de octubre, Gutiérrez se tumbó esos lineamientos.

Ese día dirigió un memorándum múltiple a diversos directores y jefes. En el documento se comunicaba que los requisitos establecidos en la gestión anterior, para contratos de personal por órdenes de servicio -menores o iguales a 8 UIT (S/35.200)- quedan sin efecto. Está claro que en la nueva agencia de empleos del desaparecido Frente Amplio, el festival de dudosas contrataciones apenas empieza.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

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Augusto Trelles Velásquez (43) tuvo un septiembre horrible. El comunicador social arrancó el mes con la sorpresa de que su línea de celular, una que tiene hace más de 10 años, no funcionaba. “Entre los días 8 y 11 de septiembre no tuve línea. Cuando llamé a Movistar, me dijeron que todo estaba perfecto, pero que tal vez el chip estaba malogrado y debía renovarlo”, explica. Por temas laborales, Trelles recién pudo acudir a una agencia el 12. Recién era el inicio de la pesadilla.

Cuando se acercó ese día al módulo de Movistar en Real Plaza de Salaverry, nada lo alarmó. La persona que lo atendió le entregó un chip y le repuso el mismo número celular. ¿Pero qué había pasado entre el 8 y 11 de setiembre? Trelles se enteraría más adelante. 

En esos días, una persona utilizó otro chip con su número, suplantó su identidad y realizó transferencias desde sus aplicaciones bancarias.

 

Suplantado por partida doble

El 14 de setiembre, Movistar envío al correo electrónico de Trelles un contrato por la adquisición de un chip. No era el que acababa de reponer, sino otro. La compra, señala el correo, había ocurrido el 7, un día antes de que advirtiera que su línea no funcionaba. Una gestión aprobada sin su firma, ni control biométrico ni presentación de su verdadero DNI.

El comunicador acababa de ser víctima de “SIM swapping”, una modalidad de fraude cibernético que consiste en acceder a información sensible a partir del uso del chip de celular de otra persona. 

Y aunque el nombre suene refinado, no es una técnica compleja: alguien se hace pasar por ti y adquiere un chip con tu línea. “Es un fraude basado en la suplantación de identidad frente al operador. No es un tema muy tecnológico. Simplemente alguien va a la empresa telefónica y aprovecha los pobres procesos para darle de baja a un chip usando un DNI falso y saca un duplicado”, explica Mauricio Urizar, fundador de Deep Security, empresa que se encarga de evaluar la ciberseguridad en -entre otras compañías- bancos. 

Precisamente el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) advirtió de la llegada de esta modalidad al país a finales de agosto. La descripción que hace la entidad calza al detalle con el caso de Trelles. “Mientras [el robo de información] ocurre, los usuarios titulares reales de la línea telefónica experimentan la pérdida de la señal y del servicio móvil. Luego, cuando consultan a su empresa operadora, descubren que el servicio está activado en un chip que se encuentra en posesión de un tercero”, se lee en el documento publicado por la institución. 

Pero eso no es lo peor. El chip puede facilitar el ingreso no solo a cuentas bancarias, sino también a correos electrónicos y otros datos almacenados en la nube. No es difícil para los delincuentes reponer las contraseñas de estas aplicaciones. Precisamente, durante esa semana, en los mismos días que Augusto Trelles no tuvo señal telefónica, se realizaron 10 pagos de servicios, cinco retiros de Rappicash (un aplicativo de Rappi) y dos compras internacionales. Todo sumaba un gasto de S/20.284,95 desde sus tarjetas de crédito y débito del Banco Falabella.

Parte de los desembolsos que el delincuente que suplantó a Trelles hizo desde sus cuentas bancarias en el Banco Falabella.

Esto es posible gracias a la dependencia de diversos aplicativos al número de celular para la recuperación de contraseñas. Casi todos los códigos de confirmación para cambiar una clave son envíados como mensaje de texto al celular. “El SIM [el chip] es el número, pero lo que lo hace poderoso es que la mayoría de transacciones que se realizan a través de Internet son por móvil, debido a sus facilidades. Normalmente cuando haces una gestión de la banca digital, por ejemplo, te piden, además de tu contraseña, que estés en un equipo específico asociado a tu número de teléfono”, sostiene Carlos Guerrero, abogado especialista en ciberseguridad.

Para Urizar, casos como el de Trelles se podrían evitar si los bancos u otras entidades mejoraran sus procesos de seguridad. Por ejemplo, si le llegaba a una alerta a su dispositivo que, a pesar de no tener línea, estaba conectado a una red de Wi-Fi. “Ahora te suplantan el SIM, solicitan la contraseña al banco e ingresan a tu cuenta. Suena fácil. Podrían implementar lo que hace Google: cuando entras a una nueva computadora, te piden reconocerla con tu teléfono. Ahí ves todos los dispositivos con tus cuentas abiertas. Los bancos tendrían que dar esa posibilidad”, sugiere.

Pero Trelles no solo tiene que lidiar con el robo de su dinero. Una persona –él sospecha que la misma que pidió un chip con su número el 7 de septiembre– ahora quiere hacerse pasar por él. El 22 de ese mes, el comunicador recibió otro correo de Movistar donde, como la primera vez, le enviaban un contrato. Esta vez era por una línea prepago con el número 978 186 884, distinto a cualquiera que haya usado antes. El documento no llevaba la firma de Trelles.

La persona que adquirió esa línea a nombre del comunicador no solo lo hizo sin su autorización, sino que también colocó la foto de Trelles en el WhatsApp de ese número. “El dinero no me preocupa tanto. Me importa más el tema de esta línea nueva que sacaron a mi nombre. Eso sí me podría generar problemas legales porque me podrían vincular con delincuentes. Yo nunca he tenido una denuncia”, lamenta el agraviado cliente de Movistar.

La cuenta de WhatsApp del número suplantado utiliza una foto de Trelles para suplantar su identidad.

 

Movistar, la más sancionada, se lava las manos

En Indecopi, Movistar es caserito. Trelles le pone rostro a los cientos de casos de clientes insatisfechos con Telefónica del Perú, el nombre legal de Movistar. La empresa española acumula 462 sanciones firmes impuestas por la entidad que defiende a los consumidores, desde finales del 2017 hasta la fecha, de acuerdo al portal de la institución.

En ese periodo Telefónica ha recibido 772.95 UIT como multa, unos S/3.5 millones. Con esas cifras, es el sexto proveedor más sancionado entre todos los sectores económicos y el primero en telecomunicaciones, por encima de Entel y Claro. 

De ese total, el 66.2% son sanciones por “falta de idoneidad” en la venta de equipos telefónicos o derivados. Eso significa, según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que no entregó los productos en buen estado, incumplió cláusulas de los contratos con el cliente o que las condiciones y circunstancias de las transacciones respecto a los servicios ofrecidos no fueron las acordadas.

Ahora Trelles se suma a esas cifras de terror y padece, además, la mala atención a sus reclamos. El comunicador ha hecho de todo para que lo ayuden. Durante septiembre, ha presentado denuncias policiales y una infinidad de reclamos ante Osiptel, el mismo Movistar y Banco Falabella. De momento, lo único que ha recibido es una lavada de manos de parte de la empresa de telefonía móvil.

El martes 28 de septiembre recibió una respuesta de la empresa a su reclamo por la línea prepago abierta que nunca autorizó. Le dijeron que habían verificado que no pidió ese servicio y que, por eso, consideraban darle de baja y “anular la deuda” de la línea. Ni una coma sobre qué acciones tomarían por la suplantación de identidad. Tampoco sobre los perjuicios monetarios y personales que ha sufrido Trelles. 

La respuesta de Movistar a Trelles a sus reclamos. Lo más importante, en el segundo párrafo.

“Es una respuesta bastante general. El problema va más allá porque hay una persona que se ha hecho pasar por mí y que posiblemente esté haciendo extorsiones. Adoptan una actitud abusiva donde se quieren lavar las manos y no hacen un mea culpa. Podrían decirme que se equivocaron y que lo van a solucionar ya, pero no es así. ¿Cuántas personas más estarán pasando esto y ni se han enterado?”, reclama Trelles.

Sudaca se comunicó con el área de prensa de Movistar y envió sus preguntas respecto a este caso. La empresa señala que se encuentran investigando el origen de lo ocurrido, sin dar mayores alcances de su indagación.

Añade que que sus protocolos para la reposición de tarjetas SIM implican validar la identidad del titular de la línea “a través del control de biometría dactilar”, pero que existen “organizaciones delictivas que clonan las huellas dactilares” para burlar dichos controles. Finalmente, indica que está práctica delictiva no solo afecta a la banca o a ellos, “sino también a todas las empresas de telecomunicaciones”.

Pero la única víctima de esta trama es Trelles. Y por extensión, personas como él. A la fecha, el WhatsApp trucho con su foto sigue activo y la deuda en el Banco Falabella sigue en pie. El comunicador, además de recurrir a Osiptel, evalúa presentar una denuncia penal contra Movistar por daños y perjuicios. 

De acuerdo con el abogado Carlos Guerrero, la víctima podría optar por otros caminos. “En Osiptel no le dirán a Movistar que le pague al señor, quien lo puede hacer es Indecopi. Al ser dinero extraído de una cuenta bancaria tiene que reclamar por falta de idoneidad en el servicio y que con ello le devuelvan el dinero. Tiene las herramientas legales, aunque puede demorar uno o dos años”, recomienda el abogado especializado en ciberseguridad. Como ya hemos visto, el Indecopi conoce bien a la empresa de telecomunicaciones. 

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Sobre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) hay dos consensos. Uno es que sus tres primeros años han estado marcados por la incompetencia, lo que impidió avanzar con las obras en las regiones afectadas por el Fenómeno del Niño del 2017. El segundo es que la actual gestión, a cargo de Amalia Moreno Vizcardo, fue la que empezó a destrabar el asunto.

Hoy el gobierno del lápiz quiere remover a Moreno, abogada especializada en gestión pública, quien llegó al puesto en octubre del 2019. Asumió el cargo luego de ser responsable de la estrategia de los convenios de gobierno a gobierno para los Juegos Panamericanos, uno de los factores que permitió llegar a tiempo con la infraestructura del evento.

El pasado viernes 1 de octubre, la directora ejecutiva de la ARCC recibió la llamada de un funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros, según una fuente con conocimiento del episodio. A pedido del premier, este funcionario le pidió a Moreno su carta de renuncia. Moreno estaba aquella mañana en el Congreso, presentando los avances de su gestión ante una comisión especial.

La persona que la llamó, según la misma fuente, es Carlos Zavala Polanco, encargado de la Secretaría Administrativa de la PCM. Zavala −un abogado de carrera en el Estado− pasó a aquel cargo durante el gobierno de Martín Vizcarra. El último 30 de julio, a poco de asumir el gobierno del lápiz, tuvo una “reunión de trabajo” con el recientemente nombrado jefe del Indecopi, Julián Palacín. Sudaca llamó al emisario del premier varias veces a su celular, pero no obtuvo respuesta. 

Amalia Moreno se había reunido con Guido Bellido en dos ocasiones. La primera fue el 4 de agosto, pocos días después de que él asumiera la jefatura del Gabinete. En la reunión, la abogada le presentó los avances de su trabajo. La segunda vez lo vio en la oficina del presidente, el 9 de agosto. Afinaron detalles del viaje de Pedro Castillo a Piura, una de las regiones más afectadas por el Fenómeno del Niño del 2017.

En ambas reuniones, registradas en los cuadernos de visitas, la abogada no recibió ninguna señal de que sería removida, según fuentes cercanas a la autoridad. De modo que la reciente llamada la sorprendió. Por eso, no presentó su renuncia de inmediato. Pidió, por el contrario, una reunión con Guido Bellido, su jefe directo y a quien corresponde comunicarle su despido. Hasta el cierre de esta edición, aquel encuentro no ocurría.

Los rumores sobre la salida de Moreno, sin embargo, ya empezaron a correr entre autoridades y dirigentes de varias regiones. Sudaca conversó con algunos de ellos, quienes temen que la ARCC sea copada por gente cercana a Perú Libre sin experiencia en estas lides. O, peor aún, por personajes cuestionados. Ya sucedió en Indecopi, con Julián Palacín, y en EsSalud, con Mario Carhuapoma.

“Si cambiamos de jinete a mitad de carrera, ¿nos vamos a encontrar con qué? ¡Vamos a perder la carrera!”, dice el dirigente del Alto Piura Alejandro Raffo Risco, del colectivo “Guido Raffo Varona”, que impulsa el proyecto de reservorios en su localidad.

“Nosotros con la doctora Amalia Moreno teníamos casi hecho el cronograma para incluir reservorios en el Alto Piura para que cuando crezca el río retengan el agua y no se vayan al Bajo Piura. Ella estaba dando indicaciones para que esto entre en el convenio de gobierno a gobierno con el Reino Unido”, cuenta Raffo. El dirigente anuncia que, si la salida de Moreno se concreta, han coordinado una movilización junto a dirigentes del Bajo Piura.

En la región quedan pendientes varias obras, como el proyecto integral del río Piura, que apunta a controlar inundaciones y que debería ser entregado hacia noviembre de este año. A nivel nacional también: por ejemplo, supervisar los contratos con el gobierno británico por más de S/6.000 millones y otros 11 en proceso de selección por S/2.646 millones. “Los ingleses no son como los peruanos. Quieren gente con experiencia y ese es el problema”, argumenta Angélica Palomino, excongresista por el Partido Morado. Palomino fue vicepresidenta de la Comisión de Seguimiento a la Reconstrucción hasta julio de este año.

«El avance de la [ARCC] en mi región [Piura] ya estaba al 60% después de cuatro años de haberse iniciado. Desde que ella ingresó, no ha habido adendas de contratos. Y lo otro que ha hecho es acompañar con equipos técnicos a casi todos los alcaldes distritales. A todos les han salido sus obras de reconstrucción con cambios. ¿Qué hicieron los anteriores directores? No hicieron nada”, apunta.

Según cifras de la ARCC, durante la gestión de Moreno -desde octubre del 2019- se han triplicado las obras terminadas a nivel nacional. Pasaron de 1.748 a 4.983 obras, un crecimiento de 265% de ejecución en comparación a los inútiles años 2017, 2018 y 2019. Una de las claves fue que dejó de ser un ente netamente financiador y empezó a ejecutar por sí mismo varios proyectos.

En Sudaca ya habíamos reportado cómo el Minedu había sido incapaz de reconstruir los colegios que le correspondían, mientras que la ARCC se había puesto las pilas el último año.

El temor por el cambio de Moreno ha generado más pronunciamientos. La Cámara de Comercio de Piura, por ejemplo, ha señalado que reemplazar a la cabeza de la ARCC “pone en peligro el proceso de reconstrucción”. Decenas de alcaldes de Áncash, Cajamarca y Ayacucho se han comunicado con la alta dirección de la ARCC para mostrar su preocupación, según pudo confirmar este medio. 

“Estamos coordinando con los alcaldes de la región para respaldarla. Lo que no hemos hecho en dos años, lo hemos logrado en seis meses con su gestión. Que se cambie sería un retraso”, dice, por ejemplo, Juan García Moscoso, alcalde del distrito de Culebras (provincia de Huarmey, Áncash). 

La decisión de cambiar a Moreno se da mientras que el gobernador regional de Piura, Servando García, la critica por no aprobarle expedientes técnicos de algunas obras. “No le apruebo porque me presentan expedientes técnicos que no van en la línea de la reconstrucción. ¿[Acaso] va a insistir para que mi sucesor o sucesora en el cargo haga algo ilegal? ¿Eso es lo que él pretende?”, respondió la funcionaria en una reciente entrevista con El Tiempo de Piura. 

Las cifras de la última gestión al mando de la ARCC, que son irrebatibles, no parecen ser suficientes para evitar que ruede la cabeza. Salvo que la PCM varíe su decisión a última hora, el recambio es inminente. 

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Amalia Moreno, Guido bellido, Reconstrucción con Cambios

 

Al interior de un bazar del distrito de Surquillo, en medio de prendas de vestir de mujer y hombre, se edita el diario “El Sombrero”. Este espacio no tiene televisor, ni computadoras, ni siquiera conexión a Internet. Por eso, Elvis Herrada, su editor, debe utilizar los datos de su celular con solo 32 gigabytes de memoria, modelo Motorola G5 plus, para sacar adelante la edición del día. «No gano como un redactor de El Comercio y ni siquiera como un practicante de Perú 21», nos comenta el hombre de prensa.

El pasado miércoles 29 de setiembre, visitamos a Herrada en este local. Nos pide no dar la dirección exacta por temor a que los grupos de extrema derecha, como «La Resistencia», puedan acosar su centro de trabajo, en el que se gana la vida junto a su esposa. Dice que en sus años de carrera ha sido amenazado por gente vinculada a Sendero Luminoso y que lo mismo le pasó cuando investigó el caso ‘La Centralita’.

El periodista Elvis Herrada muestra la edición del pasado jueves 29 de setiembre del diario «El Sombrero». Detrás de él, está su tienda de ropa o bazar en la que edita las 16 páginas del nuevo medio alternativo (foto: Juan C. Chamorro).

 

Mientras Elvis atiende a las personas que acuden a su bazar, va editando las 16 páginas que posee el diario (las secciones Política, Actualidad, Sociedad, Ministerios, Salud, Internacional, Informes y Fact Checking). Cualquier persona que pasa por la puerta de este local, que da a una concurrida calle del distrito, y que lo ve metido en su celular, no se imagina que está afinando los detalles del periódico que salió al mercado el pasado 26 de agosto.

“¿Cuánto cuesta ese vestido?”, le pregunta una cliente que llega sorpresivamente a su bazar. “Cincuenta soles”, responde Herrada. “Estamos con suerte, lo va a llevar”, nos comenta con entusiasmo. Razones no le faltan. Tiene tres hijos que mantener.

Elvis Herrada empezó en el periodismo el 2000, en la revista Gente. Ha transitado por varios medios escritos, como el fenecido diario La Primera, e incluso tiene una reciente incursión digital que le sirvió para ganar, en noviembre del 2019, un concurso organizado por «Mediahack» por la creación de una plataforma que permite evaluar si un medio está lanzando noticias falsas. Para terror de Vladimir Cerrón, el premio lo otorgó un jurado integrado por el Grupo El Comercio.

La tecnología ahora es un elemento necesario. Para comunicarse con sus redactores, Herrada utiliza WhatsApp y, para corregir los textos que le envían, un programa de Google. Terminada la edición, envía los textos al diagramador. El deadline es a las 6 de la tarde.

“Yo siempre digo que el periodismo tiene que ser inmediato. Es más, los redactores deben ir a las comisiones, escribir todo en su smartphone, tomar fotografía, grabar video, y desde allí subirlo a una plataforma donde pueda ser editado”, señala Elvis.

El diario ya adquirió un dominio en Internet: elsombrero.pe. Mientras esperan para estrenar esa web, la publicación se coloca en los quioscos y el PDF se comparte en grupos de WhatsApp. El equipo periodístico, además de Herrada, lo conforman cuatro redactores todoterreno y el director, Jorge Paredes Terry, exmilitante del Partido Nacionalista, vinculado en el pasado al Movadef y recientemente asesor de Hernando de Soto.

Es Paredes Terry quien define la carátula de cada edición y la envía a Herrada para una última revisión. Si está todo conforme, la manda a la planta del derechista diario Expreso para que ingrese a la rotativa, a su respectiva impresión.

La publicación sale a la venta todos los días, menos los domingos. El equipo descansa el día anterior. Según su director, diariamente se imprimen entre 2.500 y 3.000 ejemplares, pero se venden entre 800 y 1.500 en Lima y departamentos como Tacna, Cajamarca, La Libertad y Ayacucho. No podemos corroborar que así sea. Pero el optimismo prima en la “redacción”. Dice Paredes Terry que aspiran a llegar a un tiraje de 10.000, contar con redes sociales más activas y tener un canal de televisión en Facebook.

 

El exasesor de Hernando de Soto, Jorge Paredes Terry, es el director de «El Sombrero». Adelanta a Sudaca que postulará como «asambleísta» en caso haya elecciones para una Asamblea Constituyente. También tiene en sus planes candidatear a la Presidencia en el 2026 (foto: Juan C. Chamorro).

 

LA LÍNEA EDITORIAL

“Somos dos personas que estamos con un pequeño préstamo personal. Sabemos que el primer mes es de riesgo, hay que arriesgar en un negocio. Nos estamos proyectando. En el segundo o tercer mes se puede arreglar la cosa”, dice  Jorge Paredes Terry. Asegura que en el país existe “un segmento de mercado que tiene necesidad de un mensaje diferente, de conocer los avances del gobierno, la necesidad urgente de decir: ‘mi voto no lo tiré al agua’”.

El editor general y el director de “El Sombrero” coinciden en que el diario es una continuidad de la revista “El Poder”, que ambos sacaron juntos en el año 2018 y que cubrió, por ejemplo, el caso Odebrecht y las vinculaciones del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en esta trama de corrupción. La aventura periodística duró apenas seis meses, hasta que los denunciaron por lavado de activos. Paredes Terry asegura que el caso ya fue archivado.

El pasado 29 de septiembre, Sudaca entrevistó al editor general de «El Sombrero», Elvis Herrada, en su bazar de Surquillo. Allí, edita el periódico.

El exasesor del candidato presidencial Hernando de Soto rechaza el calificativo de “diario chicha” que ha recibido ‘El Sombrero’. Dice que no recibe dinero del gobierno a escondidas ni ha sido creado para atacar o difamar a nadie. “Nuestra línea es progresista, de izquierda, patriótica y de anticapitalismo salvaje”, dice el hombre detrás de la publicación.

Paredes Terry niega lo que por el contenido del diario parece evidente: que este nuevo periódico sea un órgano de propaganda de Perú Libre. “No converso con [Vladimir] Cerrón [secretario general de Perú Libre], desde el año 2016. Fui candidato con él a la vicepresidencia [en el 2016, cuando el partido se llamaba Perú Libertario], pero de allí nunca más nos hemos reunido”, asegura.

Lo cierto es que algunas portadas parecen responder a las demandas del ala dura del partido del lápiz. En una reciente edición emplazaron al ministro del Interior, Juan Carrasco, a convocar al Ejército y las rondas campesinas para que resguarden la seguridad ciudadana. Con el titular de Justicia, Aníbal Torres, fueron más duros semanas antes: “¡Que cierre el pico!”, escribieron en su portada. También han atacado en sus redes sociales al director del BCR, Julio Velarde, recientemente respaldado por el presidente Castillo. 

A pesar de los ejemplos, Paredes dice que su medio es “objetivo”. “Gracias a Dios para nosotros, todos los medios están concentrados en sacarle la mugre a Pedro [Castillo] y los ministros, todos los días, y no se dan el tiempo de ser objetivos en la información que trasladan al pueblo”, apunta.

El Sombrero: Miércoles 29 d… by Juan C Chamorro

Esta es la edición del diario «El Sombrero» del 29 de setiembre de este año. El primer número salió a la luz el 26 de agosto.

Los días miércoles, además, «El Sombrero» posee una edición especial: “Palabra de Maestro”. Está dedicada a velar por el cumplimiento de la agenda prometida por Pedro Castillo, es decir, el ideario de Vladimir Cerrón: la nacionalización del gas, la renegociación de los contratos, la asamblea constituyente, entre otras medidas anunciadas.

¿Pasará a la oposición si el gobierno se “humaliza”, “caviariza” o “derechiza”? “No lo dudes”, responde Paredes Terry, que en algún momento estuvo en las filas del nacionalismo. Señala que sería una oposición objetiva. Dice que el problema no es de nombres, sino que Pedro Castillo cumpla: “Lo importante es que se cumplan las promesas”.

Ha sido investigado por la Fiscalía, en el 2014, por “una famosa reunión” en la que participó junto a 25 organizaciones y dirigentes del brazo político de Sendero Luminoso, Movadef, para formar un “frente” político, que nunca se materializó. “Francamente, en ese momento, no los veía [a Movadef] como peligro, ni hasta el día de hoy”. No obstante, aseguró a Sudaca que ese caso fue archivado, pero recalcó que, para él, el Movadef actualmente “no existe” y es “un cuco” utilizado para “terruquear”. Sin embargo, la Dircote señala lo contrario. También, ha sido relacionado con los mineros informales. 

Los vínculos con Perú Libre le han permitido a «El Sombrero» tener entrevistas exclusivas con funcionarios y altos cargos del partido. Por sus páginas han pasado el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, el premier Guido Bellido y el secretario general del partido del lápiz, Vladimir Cerrón. “Sigue la persecución política”, anunciaron en una portada que anunciaba la entrevista a este último.

“Tengo amistad con toda la dirigencia de Perú Libre. Los conozco. Hemos nacido, ideológicamente hablando, juntos. Levanto el teléfono, los llamo y me dan espacio”, asegura Paredes Terry. Señala que solo se trata de un tema de confianza y que eso no quiere decir que sean un órgano de información del gobierno. Pero los vínculos podrían ayudarlo pronto. El Sombrero está interesado en participar en los concursos de publicidad estatal, tal como lo hacen los demás medios. Y advierte que “seguramente”, en el Congreso, van a abrir una investigación a “El Sombrero”.

 

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

Ha utilizado una fotografía en la que aparece el editor general del diario «El Sombrero», Elvis Herrada, en su tienda de ropa, en Surquillo, donde arma la edición diaria (foto: Juan C. Chamorro).

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En Palacio hay un hombre que guía cada paso de la máxima autoridad de la Nación. Se trata de Auner Vásquez Cabrera, jefe de gabinete técnico de la presidencia de la República y principal asesor de Pedro Castillo. Este consejero controla la agenda del jefe de Estado, da luz verde a los nombramientos de altos funcionarios y pone distancia con el ala dura de Perú Libre, liderada por Vladimir Cerrón, de acuerdo a diversas fuentes consultadas por Sudaca.

Vásquez exhibió su poderío el miércoles pasado, cuando acompañó al presidente en la reunión de emergencia que tuvo con un grupo de congresistas de oposición. La cita se produjo en medio de una nueva crisis política desatada por el premier Guido Bellido, quien había advertido que presentará una cuestión de confianza si se censura al ministro de Trabajo, Íber Maraví. 

Según fuentes de Palacio y de Perú Libre, Auner Vásquez fue el facilitador del encuentro entre el presidente y la comitiva opositora, que fue encabezada por la titular del Congreso, la accionpopulista María del Carmen Alva. Y es que el asesor mantiene buenas relaciones con el partido de la lampa tras postular –sin éxito– con esa camiseta a la alcaldía del distrito cajamarquino de Tacabamba, en 2018. 

Vásquez no es visto con buenos ojos por el bloque cerronista por ese antecedente. El ala más radical del lápiz considera que debió persuadir al presidente para que no reciba a la delegación parlamentaria. “[Vásquez] hizo que el presidente cayera en la trampa de María del Carmen Alva para tratar de desactivar la cuestión de confianza”, dice una fuente alineada con Guido Bellido. Esto, en referencia al tuit de la presidenta del Congreso, según el cual Castillo aseguró que “no está en agenda” plantear una medida política extrema. 

¿De dónde viene el poder de Auner Vásquez? Él, al igual que Pedro Castillo, es natural de Tacabamba. “Auner nació en el mismo caserío donde trabaja el profesor, en Puña. Ellos se conocen porque están en la misma comunidad. En la segunda vuelta él decide apoyar a su paisano Pedro Castillo”, dice el excongresista de Alianza Para el Progreso, César Vásquez, también natural de Tacabamba. 

En la segunda vuelta Auner Vásquez, abogado de profesión, defendió a Perú Libre en el Jurado Nacional de Elecciones frente a las acusaciones de fraude sin pruebas de Fuerza Popular y sus aliados. El tacabambino se ganó la confianza del presidente y fue nombrado como su asesor principal en Palacio. Vásquez, inmediatamente, entró en acción y exhibió sus diferencias con los emisarios de Vladimir Cerrón. 

Por ejemplo, Auner Vásquez fue quien llamó al constitucionalista Francisco Eguiguren para pedirle una opinión sobre el rumbo del gobierno, de acuerdo a una fuente con conocimiento del tema. Eguiguren recomendó la salida de Bellido y otros ministros cuestionados para darle gobernabilidad al régimen. El asesor coincidió con esta idea y se la transmitió al presidente y al ministro de Justicia, Aníbal Torres, quienes estuvieron de acuerdo. Eguiguren explicó su posición en la reunión del 21 de agosto en la casa de Aníbal Torres, que reseñó Sudaca. 

Al día siguiente de esa cita, mientras Cerrón acusaba al presidente de traición por redes sociales, Auner Vásquez llamó a la expresidenta del Parlamento, la cajamarquina Mirtha Vásquez, de acuerdo a “IDL Reporteros”.

“Justo esa semana en la que se produjo la conversación en casa de [Aníbal] Torres, Auner Vásquez me llamó un domingo por la noche. Se presentó y me dijo que era su paisano. Y quería reunirse conmigo y el presidente lo más rápido posible. Le dije que no podía en ese momento. Quedó en llamarme, pero nunca me llamó. Yo sé que ese fin de semana estuvieron viendo cambios en el Gabinete”, dice a Sudaca Mirtha Vásquez. Agregó no saber si le iban a ofrecer el premierato. 

Tras la mediación de Verónika Mendoza, aquel plan para cambiar a Bellido abortó rápidamente. Pero continuaron las escaramuzas entre Auner Vásquez y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El 7 de septiembre Vásquez convocó a los coordinadores parlamentarios y asesores de los ministerios –excepto a representantes de la PCM– para afinar las relaciones con los congresistas de la bancada oficialista y entre las diversas carteras. Así quedó plasmado en el registro de visitas de Palacio. La convocatoria fue interpretada por el bloque radical de Perú Libre como un intento por centralizar su poder y saltarse a la cabeza del Gabinete. En suma, un nuevo golpe del asesor a Guido Bellido. 

7 de septiembre. El registro de visitas de Palacio consigna el encuentro entre coordinadores parlamentarios y asesores de ministerios con Auner Vásquez, que incomodó en la Presidencia de Consejo de Ministros.

Vásquez ha ido cobrando peso en la dinámica del gobierno. Incluso ya se reúne con congresistas a nombre del presidente de la República. El 14 de septiembre el asesor tuvo un encuentro en Palacio, cerca de dos horas, con la mayoría de integrantes de la bancada de Acción Popular, a excepción de María del Carmen Alva. El cónclave también quedó grabado en el registro de visitas. 

“La reunión iba a ser con el presidente, pero finalmente nos reunimos con su asesor. Le expusimos los problemas de agua, desagüe y la falta de hospitales en las regiones. Él tomó apuntes. No nos hemos vuelto a juntar”, dice el parlamentario acciopopulista José Arriola. 

14 de septiembre. La reunión entre Auner Vásquez Cabrera, asesor principal del presidente, y congresistas de Acción Popular, según el registro de visitas de Palacio.

Vásquez es un enlace natural entre el gobierno y Acción Popular. El poderoso consejero habría impulsado, por ejemplo, la visita de Castillo al Congreso para pedirle a la Mesa Directiva que entreguen la presidencia de la Comisión de Educación a Perú Libre, de acuerdo a fuentes del partido. Además, tiene conexiones con Alianza Para el Progreso, agrupación a la que asesoró legalmente en 2016.

En el Gabinete, Vásquez es cercano al ala moderada, integrada por Aníbal Torres, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Este grupo tiene recelo de los radicales del lápiz y apuesta más por el pragmatismo para pasar sin turbulencias los primeros meses de gobierno. Vásquez es un abanderado de esa postura, según una fuente cercana al asesor. 

21 de septiembre. Auner Vásquez Cabrera, jefe del gabinete técnico de Presidencia, con el ministro de Economía, Pedro Francke, en la sede del Fondo Monetario Internacional, en Washington.

El poder de Auner Vásquez es tal que los nombramientos de los altos funcionarios necesitan de su luz verde. “Vásquez es el que aprueba o desaprueba las propuestas para los puestos de viceministros u otros altos funcionarios. El presidente confía mucho en él”, dice una fuente de Palacio.

Vásquez, de acuerdo a miembros de Perú Libre, dio el visto bueno a la controvertida designación del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, José Fernández Latorre, excomisario de Tacabamba, la ciudad natal del asesor y del presidente. También dio su bendición para la contratación del polémico Mario Carhuapoma como presidente de Essalud. 

El asesor presidencial se ha afianzado al interior de Palacio y se ha jalado a los abogados cajamarquinos Óscar Cabrera y Eder Vitón. El primero fue candidato de Fuerza Popular al gobierno regional de San Martín, en el 2018, mientras que el segundo fue socio de su estudio jurídico, creado en el 2020.  

Con incluso más poder que otros asesores presidenciales de gestiones recientes, Auner Vásquez es el gurú político de Pedro Castillo. Cada palabra o cada silencio del presidente tiene su huella.

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Han pasado casi tres años desde que cientos de vecinos de la zona de Los Tusilagos, en San Juan de Lurigancho, vieron sus viviendas inundadas por primera vez. Fue un aniego enorme causado por la ruptura de un colector de desagüe. En aquella oportunidad, el Ministerio de Vivienda señaló como responsables a la tardía respuesta de Sedapal, y a las empresas contratadas para el mantenimiento y reparación de aquellos colectores: la española Acciona Agua y H&M Servicios Industriales.

Sin embargo, aspectos claves de lo ocurrido no se conocían hasta hoy. Diversos documentos revelan que Sedapal exoneró de responsabilidad a Acciona Agua S.A, al no exigirle que termine con la reparación de una tubería dañada en el colector ubicado en la zona de Canto Grande. Una tarea que estaba estipulada en el contrato, pero que ninguna de las partes cumplió. 

Por el contrario, tomaron la decisión de apartar a la compañía del lugar, apuntalando una coartada pública que este medio desmontará a continuación.

Según el contrato firmado entre Sedapal y Acciona Agua en el 2017, las funciones que debió cumplir la empresa española eran «el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado». Es decir, el desatoro, la reparación de rupturas, el reforzamiento de tuberías, la limpieza mecánica y otros aspectos necesarios para el buen funcionamiento de los colectores. La autoridad a cargo de supervisar el servicio de la empresa contratada era Yuri Sanchez, actual jefe del Equipo de Recolección Primaria de Sedapal y presidente del comité que le dio la buena pro a la empresa española. 

El contrato también indica que Acciona Agua daría mantenimientos a colectores de aguas residuales con diámetros entre 350 a 2.400 mm (milímetros). La tubería afectada del colector tenía 1.500 mm, por lo tanto se encontraba dentro del rango de responsabilidad y aplicación de trabajo establecidos en los términos de referencia.

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Parte del contrato entre Sedapal y Acciona donde se aclara que toda negligencia o deficiencia en el trabajo será responsabilidad del contratista.

 

RED DE MENTIRAS

El 2 de enero de 2019, Sedapal informó a la Municipalidad de Lima que iniciarían labores de rehabilitación de un colector en La Huayrona. Las obras, anunciaron, estarían a cargo de Acciona por el lapso de un mes.

Pero apenas iniciado el trabajo, el 3 de enero, Sedapal le pidió a Acciona retirarse del lugar y contrató, mediante un seguro del Estado, a la empresa H&M Servicios Industriales para que acudiese de emergencia a la zona. Así quedó registrado en un correo, donde Yuri Sanchez, funcionario de Sedapal, alertaba de una avería en el colector de Canto Grande, ubicado a pocos metros del de La Huayrona. ¿Qué había pasado?

Lo sabríamos poco tiempo después de la madrugada del 13 de enero, cuando ocurrió el aniego. En ese momento Sedapal admitió que se dio debido a un “represamiento” -un atoro- en el colector Canto Grande. El Colegio de Ingenieros precisaría un mes después, en un informe, que el colector tenía un forado en su superficie que permitió el ingreso de «una gran cantidad de conglomerado».

“El aniego fue un proceso que se incubó a lo largo de varios días. Se inició el 3 de enero de 2019 y derivó en el atoro del 13 de enero de 2019”, señaló la entidad. Es decir, que los trabajos en La Huayrona dañaron al otro colector, el que generó la inundación.

Sedapal nunca responsabilizó a Acciona por este hecho. Lo extraño es que la empresa estatal tampoco emplazó a su contratista para que -como lo estipula su contrato- repare la tubería dañada. Oficialmente todo quedaba en manos de H&M. Y a eso apuntó la empresa española.

Correo enviado por Yuri Sánchez para la activación de un seguro para reparar una tubería que se encontraba en el rango de responsabilidades de Acciones Agua.

En una nota periodística del diario Gestión, Acciona señaló que no habían tocado el mentado colector y que sólo estuvieron los días 2 y 3 de enero realizando trabajos en la zona. Es decir, desviaron la atención hacia H&M.

Las versiones de la empresa y Sedapal coincidían. Pero diversos correos enviados a Yuri Sanchez, jefe del Equipo de Recolección Primaria de Sedapal, evidencian que mintieron y que Acciona sí estuvo trabajando en el lugar por más tiempo.

Cuatro correos demuestran que en los días 07, 09, 10 y 11, dos días antes del desastre, la empresa Acciona Agua continuaba en la zona del tubo afectado. Es decir, no se retiraron como aseguraron a los medios. Este es uno de ellos.

Los días 7, 9, 10 y 11 de enero, el equipo de seguridad de Sedapal reportó que en el lugar del desastre se encontraba trabajando personal de H&M y también de Acciona. Además, se comunicó que ningún trabajador de la empresa estatal se encontraba en la zona supervisando los trabajos, una falta grave de la institución. Dos días después, San Juan de Lurigancho estaba cubierta de excrementos.

Otro de los correos que muestra que Acciona siguió trabajando en el lugar, según informaron a Yuri Sánchez funcionarios que llegaron al lugar. Sudaca tuvo acceso a todos los correos.

El exministro de Vivienda, Carlos Bruce, señala a Sudaca que, si Sedapal le ordenó a Acciona Agua que se retire, como aseguran en la nota de Gestión, la empresa no debió haber estado los demás días en el lugar del colector dañado.

Bruce recuerda el informe del Colegio de Ingenieros “en el que se demuestra el ingreso de materiales, piedra, basura a las tuberías del colector Canto Grande por la ruptura”. “Acciona Agua debió limpiar eso y no ocultarlo con una tabla, como indica el informe final», asegura.

Asimismo, Christian Castillo Luna, experto en contrataciones del Estado, señala que, si Sedapal decidió retirar a la empresa del trabajo en los colectores primarios, debió de cancelar el contrato por incumplimiento y ejecutar cartas fianzas. “Lo que me preocupa es por qué no se resolvió ese contrato, porque había daños que pagar”, agregó Castillo Luna. 

El abogado apunta que la negligencia de Sedapal es evidente. “Al resolver el contrato, la española debía ser sancionada por el OSCE y, al suceder esto, la empresa ya no podría contratar más con el Estado, menos con Sedapal. Como que los han protegido con ese tema”, añade.

Sudaca se comunicó con el funcionario Yuri Sánchez, el protagonista de los correos, pero no quiso participar de este reportaje. También nos comunicamos con el área de prensa de Sedapal y enviamos un pliego de preguntas que no fueron respondidas. Con la empresa española tampoco hubo suerte. Este medio envió preguntas a la gerencia de proyectos, pero al cierre de esta edición ninguna fue resuelta.

La empresa Acciona, involucrada en el desastre que mantuvo bajo aguas residuales y por varios días a cientos de vecinos de San Juan de Lurigancho, continúa aún contratando con el Estado. En total son once contratos, de los cuales diez son con Sedapal por montos cercanos a S/1.000 millones. El negocio de la compañía española sobrevive en nuestro país gracias a la empresa pública de agua y desagüe.

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En el exclusivo Club Regatas Lima, los estatutos son letra muerta. Sudaca ha podido comprobar que la cúpula de la institución faltó a su propio reglamento y tomó decisiones arbitrarias en el caso del jefe de la ONPE, el socio Piero Corvetto, suspendido por hacer pública la agresión de la que fue víctima a fines de junio. Ello, en medio de infundadas acusaciones contra el organismo electoral por un supuesto fraude.

La decisión fue una de las razones que motivaron, además, que cuatro directivos renuncien en julio pasado a la Junta Calificadora y de Disciplina. Esta es, en teoría, la encargada de sancionar a los miembros del club. Los renunciantes afirman en una carta haber sido hostigados por el presidente de dicha instancia.

EL AGRESOR

La historia se remonta al 26 de junio, cerca de las cuatro de la tarde. Ese día, Corvetto tuiteó que había sido agredido física y verbalmente en el Regatas. Corvetto, quien no quiso participar en esta nota, afirmó que la seguridad no le dio los datos del agresor y publicó él mismo fotos de este en las que aparecía de perfil y usando una mascarilla.

Sin embargo, el artículo 61 del estatuto del club -que lista las infracciones susceptibles de ser sancionadas- indica como una falta “la afectación del prestigio del club o su marcha institucional con actitudes o manifestaciones públicas, verbales o escritas, o publicaciones”. Es decir: los socios no pueden hacer público nada malo que haya ocurrido en el Regatas, así sea una injusticia, porque se enfrentan a un castigo.

La agresión verbal contra Corvetto se dio en las instalaciones a vista de muchos, pero la agresión física ocurrió en el baño de hombres cuando se encontró con Enrique Zignago Landavere (68), el hombre que lo había insultado. Un personal de seguridad tuvo que intervenir para separarlos, según una fuente vinculada al proceso interno. 

Sudaca buscó a Zignago en el domicilio que figura en Reniec, pero hoy es un terreno demolido. También intentó en el restaurante Magma Sushi Lounge, del cual es gerente, pero en la dirección de Miraflores solo encontramos un cartel de cierre de la municipalidad roto y apenas legible. Al llamar al restaurante, un hombre con voz grave y ofuscada, que evitó identificarse, dijo: “El señor Zignago no va a hablar sobre ese tema. Está usted perdiendo su tiempo”. Acto seguido, colgó.

El Regatas, a través de su Junta Calificadora y de Disciplina (JCD), señaló el día de la agresión que lamentaban episodios como ese y que estos transgredían el Estatuto y Reglamento de Disciplina. Por lo que iniciaban acciones, dijeron, de acuerdo a su normativa.

SALTO CON GARROCHA DEL ESTATUTO

Las decisiones que se tomaron a raíz de la denuncia de Corvetto no estuvieron ceñidas a sus leyes internas. De acuerdo al artículo 58 del estatuto del club, la Junta Calificadora y de Disciplina (JDC) se compone por dos salas conformadas por cinco miembros cada una. 

La primera, llamada Sala de Conocimiento, es la que abre procesos disciplinarios y absuelve o sanciona al asociado en primera instancia. En una segunda instancia, el proceso es visto por la Sala de Revisión, siempre y cuando las partes soliciten una especie de apelación. Las decisiones que aquí se tomen no deben demorar más de 10 días útiles. Julio César Roca Fernández, exprocurador anticorrupción durante el segundo gobierno aprista, es presidente de la JDC y, además, encabeza esta segunda sala.

Para resolver este caso, sin embargo, el estatuto fue un manuscrito de normas gaseosas en la cual la primera instancia se enteró de la suspensión indefinida de Corvetto sin que sus miembros hayan participado de la decisión. Así lo confirman una fuente del club que estuvo relacionada al proceso y otra cercana a la directiva.

“Roca señaló que se tomó una decisión, pero esta no se sometió a acuerdo de Junta. Se decidió y se le dijo a la Sala de Conocimiento que ya se había suspendido a Corvetto. Roca dijo que el de seguridad manifestó que los había tenido que separar en el baño. Además, suele adelantar opinión en muchos casos en primera instancia y hasta ha roto documentos enviados por la misma”, afirma una fuente envuelta en el proceso sancionador. Sudaca contactó a Roca a través de sus redes sociales y su WhatsApp, pero no respondió.

El manejo del caso Corvetto produjo un cisma al interior de la Junta Calificadora, en cuyo seno ya se habían producido desencuentros. En una carta enviada a la presidencia del club, el pasado 9 de julio, los miembros la Sala de Conocimiento pusieron su cargo a disposición luego de, entre otras razones, señalar que Roca Fernández «limitaba la libertad de expresión y no respetaba las diferentes opiniones del grupo, imponiendo su punto de vista, generando un ambiente poco respetuoso y democrático entre los miembros durante las sesiones». 

Además, señalaron que las repetidas intervenciones de Roca en los procesos disciplinarios «ponen en tela de juicio la capacidad de gestión de los miembros sin respetar la autonomía, haciéndonos ver como poco ejecutivos, incompetentes y lentos como lo expresó en alguna oportunidad y compartiéndolo además con miembros del Consejo Directivo».

También acusaron que se les limitó las comunicaciones con otras dependencias y que se les siguió «imponiendo decisiones y la forma como debemos de proceder, incluso, en la apertura de los procesos disciplinarios, situación que no estamos dispuestos a aceptar».

Los renunciantes son Claudia Dall’Orto García Corrochano, esposa de Alex Kouri; Carolina Gutiérrez Lazarte, exjefa de marketing de Interbank; Silvana Gallart Gallart, quien luego regresó a la Sala a pedido expreso del presidente del club Jaime Cornejo; y Jorge Palomino Gamarra. El quinto miembro, Domingo Salaverry Martínez, no ha renunciado, aunque se encuentra suspendido, según pudo conocer este medio.

La agresión de Zignago a Corvetto viene siendo investigada en una fiscalía penal de Chorrillos. Pero este no había sido el único incidente. Días antes, en el restaurante San Telmo, uno de los que opera dentro del club, se registró otro episodio de agresión verbal. La situación fue desmentida por el local, pero poco después El Foco publicó un audio de Jaime Cornejo, presidente del Regatas, en el que reconocía el hecho y sindicaba al jefe de la ONPE de orquestar una campaña de victimización. 

“El señor había tenido un incidente en San Telmo, sabe que está en el ojo de la tormenta. Obviamente debe tener cuidado, no solo en el Regatas, sino que en cualquier lugar donde vaya a almorzar le van a faltar probablemente el respeto. Entonces, salir con sus hijos y venir al club cuando la situación está tan complicada… Es mi humilde forma de pensar, yo creo que esto ha sido orquestado por Corvetto para tener la cobertura mediática que tiene, victimizarse y decir que está siendo agredido”, manifestó en el audio.

Mientras el caso se intenta mantener alejado de los reflectores, hasta la semana pasada Corvetto seguía suspendido por el club. A Zignago, por su parte, se le impuso una suspensión por 60 días que ya acabó, luego de declarar su responsabilidad en el incidente, de acuerdo a las fuentes. El «fraude en mesa» sí se produjo, pero en el Regatas.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo.

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La trama del caso Cuellos Blancos tiene un último capítulo de riñas intestinas. Y son las autoridades que realizan las pesquisas a la red de la mafia judicial -un policía, un fiscal y un juez- las partes enfrentadas.  La pugna ha llegado hasta la Junta Nacional de Justicia y ha sido el teniente de la Policía, Jorge Rodríguez Menacho el que desató la tormenta. Él era el encargado de analizar las interceptaciones y el rastreo de llamadas en la investigación. 

El 23 de septiembre pasado Rodríguez, analista de comunicaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), denunció ante esa instancia que el Poder Judicial autorizó el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil. Es decir, dio luz verde para que el rastreador sea rastreado. 

El teniente Rodríguez presentó una queja contra el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca.  El oficial tomó acción luego de la publicación de Sudaca del 16 de septiembre pasado, titulada “Una dudosa decisión fiscal abre un frente de ataque al caso Cuellos Blanco”. El informe daba cuenta del polémico pedido del fiscal Jesús Fernández Alarcón para dejar sin efecto el rastreo de las comunicaciones a veinte personas por un “error en la redacción”. 

(Nota de edición: En un principio, fuentes del Poder Judicial aseguraron que el juez supremo de investigación preparatoria, Hugo Nuñez Julca, autorizó el rastreo de las llamadas, en una resolución del 23 de mayo del 2019. Sin embargo, el magistrado Nuñez pidió a Sudaca precisar que él no dio luz verde a la medida.  Y dice que la autorización la dio el exjuez supremo Jorge Castañeda Espinoza. Señala que en aquella fecha estaba de viaje en Puerto Rico, en una capacitación. Para acreditar la información presenta un documento que lo autoriza a viajar entre el 13 y 24 de mayo del 2019).

QuejaDiviac
23 de septiembre. Jorge Rodríguez Menacho, teniente de la Policía y analista de comunicaciones de la Diviac, presenta una queja en la Junta Nacional de Justicia contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas, ubicación y mensajes de texto de su teléfono móvil.

Jorge Rodríguez no es un agente cualquiera en la Diviac. Es el encargado de analizar las llamadas en el caso Cuellos Blancos desde el 2018. Al día de hoy ha elaborado cerca de 300 reportes por el levantamiento del secreto de las comunicaciones para los fiscales que investigan la trama de corrupción.  

El origen de esta historia se remonta al 2019. En aquel año el número del analista de comunicaciones de la Diviac estaba en una lista de veinte teléfonos móviles, elaborada por uno de los fiscales que investiga el caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. Fernández pidió en aquel momento al juez Núñez identificar a los titulares de esos números y conocer el “detalle del tráfico de llamadas (entrantes y salientes) y mensajes de texto (SMS) con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas”. El magistrado accedió a la petición.

En aquel año, según pudo conocer Sudaca, el teniente Rodríguez Menacho, encargado del análisis de las llamadas en el megacaso de corrupción, se llevó una gran sorpresa al ver el número de su teléfono móvil como uno de los autorizados para hacerle seguimiento.

De acuerdo a una fuente policial, Rodríguez fue a quejarse con Fernández en compañía del entonces jefe de la Diviac, Harvey Colchado, por solicitar el rastreo de su celular sin tener una investigación abierta. “Fernández dijo en aquel momento que se trató de un error y que no se haría seguimiento al teléfono del teniente Rodríguez”, dice la fuente. Sin embargo, en ningún momento el juez lo sacó oficialmente de la lista de rastreados. 

La controversia entre el fiscal y el agente de la Diviac tenía, en realidad, otro trasfondo. Es la pugna interna entre Fernández, quien ve los casos de jueces y fiscales superiores, y la entonces fiscal Rocío Sánchez, quien tocaba los asuntos de autoridades de menor jerarquía. Eso salpicó a todos. Fernández y Sánchez andaban enfrentados por falta de coordinación. 

El analista de comunicaciones gozaba más de la confianza de Sánchez que de Fernández y esto hacía que el fiscal mirase con recelo al policía, según fuentes del Ministerio Público.

Pese a las diferencias, el asunto pareció quedar ahí. Todo cambió cuando el fiscal Jesús Fernández solicitó, en agosto de este año, dejar sin efecto la resolución que autorizó el rastreo de las comunicaciones a veinte personas, entre ellas el actual juez supremo Héctor Lama More. El fiscal no tiene competencia para investigar a un juez de alto rango.

La gota que derramó el vaso fue cuando, en una exposición interna y reservada, Fernández y sus adjuntos atribuyeron responsabilidad al teniente Rodríguez y dijeron que éste “al parecer traspapeló u ocultó” información de seis de las personas rastreadas.

En medio de este clima de acusaciones, el 14 de septiembre pasado, el fiscal Fernández envió un oficio al actual jefe de la Diviac, el coronel Miguel Cayetano, exigiéndole no usar los informes con el análisis de las llamadas de las personas rastreadas. “Se solicita la confidencialidad de lo solicitado en resguardo de la reserva de la investigación”, dijo Fernández en el escrito.

14 de septiembre. Jesús Fernández Alarcón, uno de los fiscales del caso Cuellos Blancos, solicita al jefe de la Diviac, Miguel Cayetano, no utilizar los reportes con análisis de las llamadas de diez personas rastreadas.

El contraataque del agente de la Diviac no se hizo esperar y recurrió al arma que tenía a la mano: el “error” del fiscal de incluirlo en la lista de los rastreados el 2019.  El teniente Rodríguez presentó su queja contra el juez Hugo Núñez Julca por autorizar el rastreo de las llamadas sin justificación alguna. El policía enfiló sus baterías contra el magistrado por ser el que toma la decisión final. 

“No se aprecia en el desarrollo de la justificación interna y externa por qué el magistrado supremo realiza una medida limitativa de mi número telefónico. No aparece ningún elemento fáctico que acredite vinculación de mi número con los presuntos integrantes de la Organización Criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”, dice el teniente Rodríguez en su escrito.

Y luego añade: “(…) la Fiscalía Suprema realiza un acto malicioso pues conocía desde hace tres años que el número me correspondía al tener comunicaciones constantes con personal fiscal de ese Despacho”.

La queja del policía ha ocasionado que el juez voltee a echarle la culpa al fiscal Fernández. Así lo confirma una fuente cercana a Núñez, quien dice que el magistrado está tranquilo por la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia y que atribuye responsabilidad a la Fiscalía de lo sucedido.

Desde el Ministerio Público aseguran que el fiscal supremo provisional, Jesús Fernández, es blanco de ataques de los investigados en la trama de corrupción. Y que quieren tumbarse las pesquisas a toda costa, aprovechando el más mínimo error. La tormenta judicial en el caso Cuellos Blancos está lejos de amainar.

Informe
Enero, 2020. Informe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) sobre rastreo de llamadas enviado al fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón. El reporte ya no sería usado en la investigación.

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Desde que Pedro Castillo tomó la decisión de mudarse con su esposa e hijos a Palacio de Gobierno, a inicios de agosto, sus sobrinos no han dejado de visitarlo. Y aunque señalan que se trata de visitas familiares, en algunas ocasiones los acompañan políticos y empresarios, y registran “reuniones de trabajo”.

Gian Marco Castillo Gómez (23) y Fray Vásquez Castillo (31) ya habían sido parte de la campaña presidencial, tal como lo informó Sudaca en un informe de junio pasado. El primero, joven estudiante de Economía, se encargaba de armarle la agenda a su tío Pedro, y de realizar coordinaciones telefónicas; mientras que el segundo estaba en el equipo de seguridad. Ambos sobrinos del presidente viven en Lima desde hace varios años: Fray desde hace 15 y Gian desde hace cinco.

 

 

Entre agosto y setiembre Gian Marco, que es uno de los sobrinos más queridos por Castillo, ha ingresado como visitante en 19 ocasiones. Fray lo hizo 15 veces. En varias de estas coincidieron.

Una de las visitas que más llama la atención se produjo el pasado 1 de septiembre. Según el registro oficial, los sobrinos ingresaron para ver a la familia presidencial a las 18:00, pero acompañados por el empresario Jenin Abel Cabrera Fernández, quien apoyó la campaña de Castillo. Los tres salieron juntos a las 19:24.

Según un reportaje del portal El Foco, publicado en mayo de este año, Cabrera puso a disposición de la campaña de Pedro Castillo una camioneta. El empresario es dueño de Consiteg EIRL y gerente general de Acech Group SAC, ambas contratistas con el Estado.

En mayo de este año, el Ministerio de Cultura le siguió un proceso administrativo a trabajadores de la municipalidad de Chiclayo por realizar un pago adelantado a Acech Group SAC, que estaba a cargo de una obra en aquella ciudad. Esto pese a que tenía retrasos en la construcción.

Las visitas de Fray y Gian Marco continuaron al mediodía del 4 de setiembre, cuando ingresaron a Palacio otra vez con motivo de visitar a la familia presidencial. En esta ocasión lo hicieron en compañía de Tania Maritza Peralta Sánchez y Ana Vidalina Sanchez Saldaña, accionistas minoritarias de la empresa Aldalab, dedicada a la importación y distribución de equipos hospitalarios.

 

El registro de visitas del pasado 4 de setiembre en Palacio (arriba) confirma el ingreso de las socias empresariales del colaborador de la campaña de Pedro Castillo, Segundo Sánchez, en compañía Fray y Gian Marco, los sobrinos del jefe de Estado. 

 

El accionista mayoritario de esta compañía es el mediático empresario chotano Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, uno de los colaboradores más importantes del profesor Castillo. Sánchez, además, es propietario de la casa de Breña que sirvió hasta hace poco como centro de operaciones para el actual mandatario. A la ONPE, el hombre de negocios reportó que se trató de un alquiler por S/15.000, según un informe de Perú21.

Los vínculos entre Sánchez y Castillo son tan fuertes que el empresario acompañó al presidente en su reciente viaje a Estados Unidos. Cuando un reportero de Latina abordó al empresario, este explicó que viajó por su cuenta para ayudar a la comunidad peruana en Nueva Jersey a que se pueda entrevistar con Castillo.

Otro empresario que ingresó a Palacio a la misma hora que ambos sobrinos del presidente es William Koo Quispe, contador general de la transnacional Dormakaba, del grupo Klaus Brass, dedicada a la fabricación de todo tipo de herrajes y cerraduras. La visita se dio el 5 de setiembre, entre las 18:38 y 19:42. El ingreso de los tres estuvo autorizado por el mismo Pedro Castillo, según los registros. También quedó plasmada la visita de Irma Castillo Terrones, una de las hermanas del presidente, a esa misma hora.

En diálogo con Sudaca, William Koo desmiente el registro de visitas. Dice que él ingresó solo, en su carro, sin la compañía de los sobrinos. Asegura que se trató de una invitación personal que le hizo Yenifer Paredes, la hija mayor de la familia presidencial. Dijo que la joven le presentó a la primera dama, pero no al presidente y que no se trató de una visita de trabajo ni de negocios, sino de algo “personal”.

Otra visita llamativa se produjo el 13 de agosto de este año. Gian Marco y su primo Fray estuvieron en Palacio entre las 16:40 y las 19:50, junto al secretario de Perú Libre en Lima y brazo derecho de Vladimir Cerrón, Richard Rojas (a la sazón, investigado por el caso ‘Dinámicos del Centro’). El motivo quedó registrado únicamente como “visita” y no precisa en qué ambiente fue. Ese día, Perú Libre celebraba su 13° aniversario de vida. 

 

Fray Vásquez Castillo aparece rodeado de sus primos en una foto tomada el pasado 28 de julio en los exteriores del Congreso. Ha sido parte del equipo de seguridad de su tío durante la campaña (fotos: Facebook de F. Vásquez).

 

Por su parte, Fray Vásquez Castillo señala a Sudaca que las visitas que realizó con su primo Gian a la familia presidencial solo fueron para ver a su tía y a sus primos. “Como ellos no conocen acá [Lima], tengo que sacarlos un rato de Palacio. Nosotros tenemos una movilidad de mi primo que nos presta y con ese carrito vamos”, apunta.

Vásquez señala que no necesita trabajo en el gobierno, pues está metido en el rubro gastronómico. Hasta fines de este año, administró la pollería “Kayako”  ubicada en Ventanilla. Su teléfono aún figura en su fanpage de Facebook. El restaurante era promocionado en esa página con un video donde aparecía Kenji Fujimori, el hermano menor de la contrincante de su tío en las pasadas elecciones. Hoy el local luce cerrado.


Fray Vásquez promocionaba su pollería «Kayako», en Ventanilla, con un video en el que aparecía Kenji Fujimori. 

 

LOS SOBRINOS DE LA PRIMERA DAMA

Así como Gian Marco y Fray, otros dos sobrinos del profesor Castillo también acuden a Palacio con frecuencia. Fany Yakely y Rudbel Oblitas Paredes son hijos de Lelis Paredes, hermana de la primera dama. Según el registro de visitas, Rudbel y Fany han visitado Palacio en ocho ocasiones desde que su tío se mudó allí. Rudbel es ingeniero civil graduado en la Universidad Tecnológica de la Habana (Cuba).

El 21 de agosto, cerca de la medianoche, ambos ingresaron a visitar a la primera dama. A esa misma hora, hizo lo propio Isabel Soria Reategui, coordinadora de estudiantes de Perú Libre en Suecia . Soria se retiró a las 7:56 de la mañana siguiente, mientras que los hermanos Oblitas se quedaron todo el día, hasta las 23:54. Soria figura ese mismo día con un ingreso a las 16:56. Se fue, según los registros, a 23:55.

El 22 de agosto, a la 00:01 de la madrugada, volvieron a ingresar los tres, según los registros. Lo hicieron en esta ocasión junto a José Nenil Medina Guerrero, alcalde distrital de Anguía, el distrito cajamarquino donde Pedro Castillo y Lilia Paredes tienen su domicilio. A la 1: 33 de la madrugada se retiró Medina; a las 7:18 de la mañana, Yakely y Rudbel; y, a las 15:14 de la tarde, Isabel Soria. 

Las incursiones nocturnas continuaron el miércoles 8 de septiembre. Aquella noche, Rudbel Oblitas ingresó a visitar al presidente de la República a las 21:31 de la noche. El horario coincide con la llegada de Hugo Ángel Chávez Arévalo, nombrado recientemente director de Petroperú; y Fermín Silva Cayatopa, director de la clínica La Luz, donde se atendió al Profesor Castillo en abril pasado por una descompensación. También acudió a la cita una persona llamada Yober Sánchez Delgado, quien en su Facebook se identifica como trabajador de la mentada clínica.

Los tres últimos se quedaron por el lapso de una hora y el registro señala que tuvieron una “reunión de trabajo”. Rudbel, por su lado, se marchó a las 8:38 de la mañana del día siguiente. En su caso, solo se precisa que su ingreso fue autorizado por su tío.

Pero ese mismo día, el sobrino regresó. Entre las 18:48 y las 21:37 de aquel 8 de setiembre, Rudbel Oblitas ingresó a Palacio para sostener una “reunión de trabajo” con el presidente Castillo, de acuerdo a los registros. Lo hizo acompañado de José Wilfredo Colunche Campos, exalcalde del distrito de Anguía y exmilitante de Alianza Para el Progreso (APP).

En comunicación con Sudaca, Raúl Oblitas, hermano de Fany y Rudbel, dice que estos acuden a Palacio para visitar a sus tíos y sobrinos. Negó que tengan intenciones de trabajar en el gobierno porque saben que eso sería “nepotismo”. No explicó la presencia de políticos y empresarios con los que coinciden sus incursiones a la Casa de Pizarro. 

Sudaca envió una solicitud de información a Prensa de Palacio desde el 25 de agosto sobre las visitas de los cuatro sobrinos, pero no obtuvimos respuesta hasta ahora. Lo cierto es que la familia parece más unida que nunca.

 

(*) Fotoportada e infografía: Darlen Leonardo G.

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