“Creemos que dichos funcionarios carecen de la catadura moral y la capacidad de seguir dirigiendo nuestra universidad (…). Dejamos constancia que, de no alcanzar justicia, la población de Jaén se reserva el derecho universal a la legítima protesta pacífica”, concluye el oficio mandado al Minedu y al Congreso, luego de mencionar los puntos explicados en este informe y otros más, como presuntas acciones represivas, malos tratos a los profesores y falta de transparencia sobre los recursos que recauda la universidad.
De pasada por Jaén
Otra queja que recogió Sudaca en sus entrevistas tiene que ver con que los integrantes de las comisiones organizadoras pueden venir de cualquier parte del país. “Como son de otros lugares, se regresan después de asumir sus funciones y nadie los juzga después”, considera Nicanor Alvarado, docente y exdefensor universitario en la UNJ.
Es el caso de los vicepresidentes de la comisión actual. El domicilio legal de Víctor Carril se encuentra en Ascope, La Libertad. Sin embargo, él ha forjado gran parte de su carrera en la Universidad Nacional de Tumbes, donde llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, según un documento de la institución del 2010. Incluso, el 2017 participó en la elaboración de un informe de impacto ambiental para un distrito de esa región.
Por su parte, Abner Barzola tiene domicilio legal en Tarapoto, San Martín. Barzola, graduado como ingeniero mecánico, se quedó en su región para ejercer como docente en la Universidad Nacional de San Martín desde 1984 hasta, al menos, 2016 (según su declaración en Concytec). Por lo demás, Barzola ha sido imputado en tres casos fiscales bajo los delitos de usurpación (destrucción o alteración de límites), usurpación de funciones y peculado. Dos de ellos se encuentran archivados y el otro –el de peculado– se encuentra en sobreseimiento. Todas estas investigaciones fueron seguidas por fiscalías de San Martín.
“Lo peor es que en Jaén sí hay docentes principales que tienen el perfil para integrar la comisión, docentes de algunas facultades de la Universidad de Cajamarca que tiene su filial en nuestra provincia”, añade Nicanor Alvarado.
Cabe resaltar que los problemas de las universidades con comisiones organizadoras no son exclusivos de la UNJ. Según Teodomiro Santos, de la Fendup, también se ha tomado conocimiento de denuncias similares en la Universidad Nacional de Quillabamba y en la Universidad Nacional Diego Quispe Tito. “Yo le pedí personalmente a Juan Malpartida ,director de la Digesu [Dirección General de Educación Superior Universitaria], que revise qué está pasando en estas universidades. Esas dos son las que están en problemas más graves. Ahí, por ejemplo, las autoridades han puesto a sus familiares a trabajar en la institución. Pero no hay respuesta: en el caso de una de estas universidades, el director de la Digesu le recomendó a los colegas que reclamaban que ‘volteen la página’ y ‘trabajen juntos’”, detalla Santos.
Intentamos comunicarnos con los vicepresidentes Carril y Barzola, para que puedan dar sus descargos sobre estas acusaciones, pero hasta el cierre de este reportaje no han respondido.
Nota de edición: Después de ser publicado este reportaje, el vicepresidente Abner Barzola respondió, adjuntando un documento enviado al Congreso, refutando al oficio donde se le acusa de irregularidades. En esta respuesta, Barzola asegura que en julio de este año se cerró la compra de 300 carpetas (lo cual es una cantidad baja respecto a la población estudiantil) y casi 300 cortinas (las cuales no se han podido ver instaladas en las fotos de esta semana a las que accedió Sudaca). Sobre la falta de agua, afirma que desde junio de este año se cerró el trato con el contratista y que, pese a que han atravesado algunas dificultades, a día de hoy la UNJ cuenta con servicio de agua permanente.
Adjuntamos el oficio enviado por el vicepresidente Barzola:
**Fotoportada por Darlen Leonardo
