“Fue un tuit de sugerencia. Lo importante es que no haya cambios prematuros porque eso genera inestabilidad”, dice Bellido a Sudaca sobre su mensaje.
Pero el respaldo perulibrista a Aníbal Torres no se condice con el clima que desconfianza que impera en la relación entre Perú Libre y el presidente Castillo. A Vladimir Cerrón le supo muy mal que el presidente haga cambios en el gabinete sin consultarle, y remueva de su cargo a uno de sus alfiles, como Carlos Palacios, de la cartera de Energía y Minas. Cerrón y Castillo habían llegado a un acuerdo verbal para que el gabinete sea integrado por representantes de bancadas aliadas en el Parlamento, como Somos Perú, Juntos por el Perú y el bloque magisterial, para de esta manera frenar nuevos intentos de vacancia impulsados desde la oposición. Pero esta repartija de ministerios aún no se concreta.
Consultado sobre esto por Sudaca, Guido Bellido confirma el distanciamiento entre el presidente y el partido con el que llegó al poder. “Eso no es novedad. El partido no representa al gobierno. El presidente tiene que ser ideológica y políticamente de Perú Libre para representar sus ideas”, afirma.
Vladimir Cerrón también exhibió sus diferencias con Castillo en un tuit de este miércoles. Fue al replicar un mensaje del electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien anunció un agresivo plan de inversión para construir universidades y colegios.
“Esto le sugerí al Presidente (Castillo), además de hospitales especializados, en cada región. Hasta hoy, ni terreno ni perfil. Aún estamos a tiempo, cumpla el programa de PL (Perú Libre)”, escribió Cerrón.
Entre tanto, avanza en el Congreso la acusación contra el presidente por supuesta traición a la Patria, por haberse pronunciado favorablemente a la idea de someter a consulta popular la posibilidad de concederle una salida al mar soberana a Bolivia, en la tristemente recordada entrevista con el periodista de CNN Fernando del Rincón.
En mayo, el legislador acciopopulista Wilson Soto presentó un informe en el que recomendó citar a Castillo y a del Rincón. El caso sigue avanzando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En Perú Libre consideran que el mandatario está muy confiado de que está acusación no prosperará, según una fuente del partido del lápiz. Quizás no debería estarlo tanto, piensan los allegados a Cerrón. La oposición más feroz ve en este caso un plan alternativo al de la vacancia, puesto que si prospera cumpliría con el objetivo de sacar a Castillo de Palacio. La acusación de traición a la Patria puede derivar en una suspensión del jefe de Estado mientras este es procesado. Y para eso solo se necesitarían 66 votos en el parlamento, no los 87 que se exigen para una vacancia por incapacidad moral permanente. Esos 21 votos hacen un mundo de diferencia.
El desembolso de US$1’657,127 por parte de PromPerú fue calculado en base a la oferta y la estructura de costos presentadas por Continuous Events al inicio del proceso. Estos documentos obraban en la fase de cotización y están plasmados en el monto del contrato. Sin embargo, los costos que se presentaron al momento de suscribir el acuerdo señalaban que el consorcio iba a gastar US$1’647,47, es decir, US$9,680 menos. Se trataba, por tanto, de una ganancia no justificada a favor de la firma.
Continuous Events, además, había modificado varios de los conceptos de su oferta a la hora de suscribir el contrato. De hecho, muchos de estos costos resultaron inexplicables para los auditores. Por ejemplo, los honorarios, viáticos y “pagos de acomodación” por más de € 232,942 (S/919,000) para cuatro de los miembros de la delegación del consorcio.
«(…) los cargos señalados no se encuentran previstos en los TDR [términos de referencia], ni forman parte del servicio requerido y cuya necesidad no se encuentra justificada técnicamente”, se lee en el documento de control.
Parte del informe de control donde se detalla la diferencia entre el monto del contrato y lo que realmente iba a ganar el consorcio. Sobraban US$ 9,000.
Todas estas inconsistencias debieron ser observadas, dice la Contraloría, por Andrés Moromisato, jefe de la Unidad de Logística. Pero este no hizo absolutamente nada.
… Y ADELANTOS QUE TAMPOCO
Hay más cifras que no tienen lógica. Luego de suscribir el contrato, el consorcio Continuous Events debía entregar, en los siguientes siete días, su “primer producto”. Por este, el Estado le abonaría el 40% del monto del convenio, unos S/2,5 millones.
Los términos de referencia señalaban que este “producto” debía consistir en cosas tan básicas como una propuesta del plan de trabajo, detalles generales del proveedor y el organigrama del personal y sus funciones. En suma, un adelanto desproporcionado e injustificado. Al menos, la Contraloría lo interpretó así.
Y es que, si el trabajo duraba ocho meses (hasta abril del 2022, un mes después de acabado el evento), ¿por qué desembolsar tal cantidad de dinero solo por siete días de supuesto trabajo? Es más: ni siquiera habían empezado las operaciones en Dubái: apenas estaban en una etapa de preproducción. Los auditores, por tanto, calificaron este adelanto como “una trasgresión del principio de equidad”.
Lo que sí podría valer un adelanto, sin embargo, era un informe de “auditoría audiovisual del pabellón peruano”, que podría permitir, a través de fotos y videos del pabellón, identificar ciertas falencias del mismo; y la implementación de una unidad móvil con el branding peruano. Pero cuando los funcionarios de la Contraloría revisaron la rendición de cuentas referida al primero de estos puntos, descubrieron que tampoco valía el dinero.
La Contraloría señala que no correspondía el 40% de adelanto a favor de Continuous Events.
El informe de la auditoría audiovisual estaba conformado solo por ocho fotos, “no evidenciándose evaluación técnica alguna respecto del estado situacional del pabellón”, y un video “que solo refleja el estado de avance de la construcción del pabellón”.
Claramente, a los auditores de la Contraloría estos informes les parecieron insuficientes. ¿Quién recomendó aprobar, por este mamarracho, el primer adelanto? La ya mencionada María Noriega Vílchez, en un correo enviado a la gerente general de PromPerú, Irene Suárez. Esta última, metida hasta el cogollo en este escándalo, lo aprobó.
El informe de control que aquí detallamos fue enviado el pasado 2 de junio a la presidencia ejecutiva de PromPerú. En sus líneas finales recomienda a la procuraduría del Mincetur iniciar acciones legales. Está en sus manos denunciar. Irene Suárez y compañía, según el documento, tienen que responder penalmente por todo lo expuesto en esta nota.
“En la actualidad, se vienen desarrollando las acciones respectivas ante los órganos competentes, tanto a nivel administrativo como a nivel jurisdiccional, para el deslinde de responsabilidades que correspondan de los exfuncionarios y servidores comprendidos en las investigaciones”, dice un comunicado enviado por el Mincetur a Sudaca.
El escrito señala que desde esa cartera se pidió la intervención de la Contraloría “al conocer posibles actos irregulares”. La auditoría arrancó el 1 de julio del año pasado, semanas antes del ingreso del gobierno de Pedro Castillo, y acabó el 21 de setiembre, ya con el partido del lápiz en el poder. Respecto a Irene Suárez, remarca el comunicado, fue removida en octubre pasado. No dicen nada, sin embargo, de qué se hizo con los otros tres responsables. Como ya se señaló líneas arriba, el jefe de la Unidad de Logística sigue en el cargo.
Del lado progresista del espectro político le cayeron duras críticas a la empresa y su matriz. Se le acusó de ‘doble moral’, pues Intercorp no solo enarbola los colores LGTBIQ+ en el mes del orgullo; el año pasado se proclamó orgulloso “de estar entre los mejores espacios laborales para el talento LGBTIQ+”. Así lo puso en una nota de prensa.
La controversia en torno al cariñoso beso de pico de Lightyear ha puesto en entredicho esta orgullosa afirmación. “Intercorp está aprovechándose de las buenas prácticas de algunas de sus empresas y quiere generalizarlas, para dar la imagen de que todo el grupo tiene políticas de inclusión. Pero no necesariamente es así”, opina Alex Hernández, psicóloga y presidenta del colectivo Más Igualdad. Y, en efecto, al leer detenidamente la nota de prensa, se puede ver que en verdad Intercorp hace referencia a un reconocimiento que obtuvieron solo ocho de sus empresas, como Interbank, UTP o Real Plaza. Cineplanet no se encontraba dentro de la lista, y esta controversia da algunas pistas del porqué.
Nota de prensa de Intercorp de 2021, en la cual manifiestan sentirse “orgullosos de estar entre los mejores espacios laborales para el talento LGBTIQ+»
“Si es que hubiera habido una indicación mayor del grupo [Intercorp], en la cual digan que todas las empresas deben adoptar esa línea, a ningún directivo de Cineplanet se le hubiera ocurrido jamás hacer algo así. El término ‘ideología de género’ es un término politizado, que estigmatiza”, agrega Hernández.
Las cabezas de Cineplanet recién actuaron horas después, cuando retiraron estos avisos y lanzaron su comunicado, en el que lamentan lo ocurrido. Aseguran haber actuado “apenas lo identificamos”, una línea que sugiere que esta fue una acción aislada, no autorizada por los altos mandos.
En redes sociales, las críticas apuntaron al director comercial de Cineplanet, Juan José Duffoo. Según capturas de pantalla obtenidas por el periodista Jonathan Castro, este directivo compartía publicaciones relacionadas a la teoría del fraude electoral de 2021 y burlas al lenguaje inclusivo. En sus publicaciones usaba términos como “cojudignos” para referirse a los que votaron distinto a él. Ante la avalancha mediática, Duffoo cerró sus redes sociales.
Una de las publicaciones de Juan José Duffoo, donde se burla del lenguaje inclusivo.
“Es necesario que revisen las actitudes que tienen las personas clave en sus empresas. Es importante que en este tipo de grupos empresariales, las políticas sean transversales y no solamente prácticas que se manejan en algunas de sus marcas”, considera Alex Hernández. Días después del episodio se sigue hablando de Lightyear y su ‘polémico’ beso. Con el paso de las semanas, veremos si este incidente del viernes pasado implica un cambio mayor en Cineplanet o si queda como una anécdota más para las cabezas de la empresa.
Hay otras situaciones que revelan lo mal que funcionan los supuestos filtros de InDriver. Dulce Cabrera (28), por ejemplo, fue víctima de un hurto que escaló a mayores. “Todo pasó el 23 de abril, cuando me dirigí a La Molina para maquillar a una chica por su cumpleaños. Tomé un taxi desde mi casa en El Agustino acompañada de mi novio. Llegué a la casa normal. Al sacar mis cosas me doy cuenta de que no tenía mi celular”, recuerda esta profesora de educación primaria.
Luego de timbrar en más de diez oportunidades a su número sin respuesta, Cabrera decidió llamar a Jesús Alberto Salas Rodriguez, el dueño del vehículo de placa ANE-063 que los llevó hasta La Molina. “Me dijo que estaba por Magdalena haciendo otra carrera y que se iba a estacionar para fijarse. A los 10 minutos volvimos a llamar y nos dijo que no había nada. Enseguida volvimos a timbrar y ya estaba apagado”, asegura la también maquilladora.
Cabrera dio el celular por perdido, pero ahí no terminaron los problemas. “Una experiencia de una noche arrastró un mes completo de malos momentos”, se lamenta. Y es que a tres semanas de ocurrido el hecho, la profesora se dio con la sorpresa de que alguien se estaba haciendo pasar por ella en redes sociales.
“Mi hijo de 10 años tiene Facebook en su tablet. Es la forma de comunicarme con él cuando no estoy. Le escribieron desde mi cuenta. Habían conseguido desbloquear mi celular”, dice Cabrera. Y el asunto siguió. “El 18 de mayo me notificaron a mi correo que habían pagado un viaje en Beat de casi S/ 30 con mi tarjeta. Tenía miedo de que vaciaran mis cuentas bancarias”, agrega la profesora. Alarmada, comenzó a cambiar todas sus contraseñas.
Cabrera logró comprobar que Jesús Salas, el hombre que le había hecho el servicio por InDriver, era la persona que había realizado ese viaje en Beat. “El viaje que hicieron desde Miraflores a El Agustino en Beat figura con la dirección que aparece en su Reniec”, afirma.
La mujer realizó una denuncia policial –a la que tuvo acceso Sudaca– de todo lo que vivió. Sin embargo, en la misma comisaría le recomendaron dejar el asunto ahí. “No le dieron mayor importancia. El comisario le indicó al agente que me estaba tomando la declaración que lo hiciera, pero que lo diera por perdido. Me dijeron que al día siguiente vuelva por la copia. Pero ya no fui, volví decepcionada”, recuerda.
Esta fue la ineficaz respuesta que recibió Lucero Hidalgo cuando reportó su primer intento de secuestro a InDriver
Al igual que Cabrera, el resto de casos aquí detallados por Sudaca fueron reportados a la aplicación a través de un nada amigable chat de atención al cliente. No recibieron ninguna solución, muchos menos les dijeron si iban a sancionar a los conductores señalados.
¿VIAJAR SEGURO?
La aplicación de taxis InDriver nació el 2013. Es operada por una empresa rusa llamada Sinet Team, aunque su sede principal se encuentra en Mountain View, California. Su fundador y cabeza es Arsen Tomsky y su presencia en el mundo es impactante: el servicio está disponible en más de 600 ciudades en 42 países como Honduras, Uzbekistán o Kenya, según su propia web.
Al Perú, esta app llegó recién en 2018 y va ganando terreno gracias a sus “ventajas”. No sólo está el plus de poder regatear el precio de los viajes. Para los conductores, usar esta app sale más a cuenta, porque esta cobra una comisión promedio de 9.5% por viaje realizado, según su misma web. Esta tarifa la vuelve más cómoda que servicios similares como Uber o Beat, que cobran 25%, de acuerdo al diario El Tiempo de Colombia.
InDriver tiene filtros similares a los que manejan otras compañías para sus potenciales trabajadores: el taxista debe presentar sus antecedentes policiales, licencia de conducir vigente, cédula de ciudadanía y tarjeta de propiedad del auto, además de una foto y SOAT. En su web dicen que en solo 24 horas pueden aceptarte para generar ingresos con ellos. Pero Sudaca pudo corroborar que hay brechas de seguridad que son un peligro para el usuario.
Por ejemplo, no es necesario inscribirse como chofer para ver en vivo y en directo los viajes solicitados en InDriver. Basta presionar un botón en el aplicativo para cambiar de “modo pasajero” a “conductor”. Así, diversos datos quedan a libre disposición de cualquier persona que no esté inscrita como taxista. Esto incluye, además de los puntos de origen y destino, el modo de pago y los nombres de los usuarios, sobre todo si están registrados con Facebook. Por si no fuese suficiente, también se puede acceder a los kilómetros de distancia entre la ubicación del pasajero y el posible conductor antes de abordar.
Basta presionar un botón en la app para poder visualizar todos los viajes solicitados en vivo dentro de InDriver. Una brecha de seguridad que expone a sus usuarios y conductores.
Para el abogado Erick Iriarte, este hecho no solo es peligroso, sino que transgrede normativas vigentes. “Puede entenderse como una brecha de seguridad tanto para usuarios pasajeros como conductores. La app debería explicar por qué tiene esa modalidad. La ley de protección de datos personales, vigente desde hace 11 años en el Perú, tiene que ser cumplida”, afirma el especialista en derecho digital.
Opinión similar comparte el abogado Carlos Guerrero. “Es grave, me sorprende que sea así. Otras como Uber, Cabify o Beat tienen interfaces diferentes dependiendo si te registras como usuario o conductor. Me parece evidente que un delincuente lo pueda explotar para cometer delitos”, asegura el también especialista en entornos digitales.
“Ofrece tu precio. Recupera tu libertad”, es el eslogan deInDriver. La frase suena a ironía para los casos que revelamos en este informe. Sudaca intentó comunicarse con la compañía para que respondan por estos hechos a través de su departamento de relaciones públicas. Al cierre de este reportaje no recibimos respuesta.
A fines de noviembre del año pasado, el congresista José Elías, de Podemos Perú, presentó otra iniciativa legislativa –el proyecto 842/2021-CR– que busca regular a Indriver, Beat, Uber y compañía. El último 30 de mayo fue aprobado su dictamen. Con esto, solo falta que el Pleno del Congreso lo vote.
El proyecto del legislador Elías pretende crear el ‘Registro Nacional de Empresas Administradoras de Intermediación del Servicio Privado de Transporte Especial a través de Plataformas Tecnológicas’, que estará a cargo del MTC, entidad que también deberá fiscalizar el negocio y establecer sanciones. Esta lista incluirá a todas las empresas tecnológicas que brindan este tipo de servicios, estén o no localizadas en el Perú.
También estandariza los requisitos de admisión de nuevos conductores colocando algunos que no consideraban las aplicaciones, como exigir una constancia de revisión técnica aprobada y el récord de papeletas del conductor. El proyecto de Elías deja la puerta abierta para que el MTC agregue más filtros en el futuro reglamento de la ley. Además, ajusta los datos mínimos a los que los usuarios deben tener acceso en los aplicativos.
Si bien la iniciativa ya cuenta con un dictamen favorable, su aprobación –más allá del voto del Pleno– no está garantizada. En el 2018, dos iniciativas similares de las comisiones de transportes y defensa del consumidor llegaron a ser aprobadas por el pleno, pero el presidente Martín Vizcarra observó su autógrafa el 28 de diciembre de ese año. Hasta hoy, las aplicaciones de taxis son tierra de nadie.
EL PEDIDO DE EXCLUSIÓN DE UN FISCAL QUE ZORAIDA ÁVALOS NUNCA RESPONDIÓ A LA PROCURADURÍA ANTICORRUPCIÓN
El lunes 11 de marzo del 2019 a las 16.25 (ver fotografía) el Procurador Adjunto Público Anticorrupción, Javier Pacheco Palacios, presentó un escrito a la Fiscalía de la Nación en el que pedía se excluya del caso Cuellos Blancos del Puerto al Fiscal Supremo Eliseo Fernández Alarcón. En dicho escrito, literalmente, se dijo: “SOLICITO se EXCLUYA al Fiscal Supremo JESÚS ELISEO FERNÁNDEZ ALARCÓN DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y PREPARATORIAS, en las 23 carpetas fiscales, procesos tramitados ante Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos; y todos aquellos que se encuentren vinculadas al caso denominado “Los Cuellos Blancos del Puerto del Callao””. El documento presentado por la Procuraduría Anticorrupción aludía a una serie de graves irregularidades y omisiones funcionales en la que habría incurrido el Fiscal Fernández Alarcón en la tramitación del caso “Cuellos Blancos” y el amparo era el artículo 62.1 del Código Procesal Penal.
La mesa de partes de la Fiscalía de la Nación para registrar dicho escrito en su sistema no colocó un sello, común y corriente, sino que le asignó por un asunto de seguridad documental un código de barras infalsificable y le señaló el expediente 0008020-2019.
El pedido de exclusión presentado a la Fiscalía de la Nación tuvo un rebote noticioso en el diario El Comercio el día 13 de marzo del 2019 con el título: “Procuraduría pide exclusión de fiscal supremo a cargo del caso Cuellos Blancos” y el diario La República el 13 de marzo del 2019 con el título “Cuellos Blancos: piden exclusión de fiscal que archivó investigaciones”. Como si fuera poco, los Procuradores Amado Enco y Javier Pacheco se entrevistaron personalmente con la Fiscal de la Nación a fines de marzo del 2019 para sustentar su pedido.
Pese a la importancia del pedido, Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación nunca, durante su mandato de tres años, resolvió la exclusión presentada por la Procuraduría Pública. Por el contrario, guardó silencio y dejó sin atender, para bien o para mal, el planteamiento de la parte civil que defiende los intereses del Estado y que es un organismo anticorrupción.
Luego de la consulta a algunos abogados constitucionalistas se nos dijo que la omisión de la ex Fiscal de la Nación de responder a un pedido de exclusión de un Fiscal formulado por la Procuraduría es un hecho extremadamente grave y que es inédito en los anales de la justicia peruana, ya que se ha dejado en una incertidumbre e indefensión a la parte que defiende los intereses del Estado al no haber brindado respuesta alguna en más de 36 meses desde que se formuló el pedido, lo que afecta la tutela judicial efectiva y el debido proceso al que tiene derecho la parte civil. Zoraida Ávalos habría infringido el artículo 47 inciso 13 la Ley de la Carrera Fiscal que señala como infracción grave “el incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo” que concuerda con el artículo 33 inciso 11 de dicha ley que manda: “Atender diligentemente el despacho fiscal”.
También se nos indicó que la Junta Nacional de Justicia en una reciente resolución del 31 de enero del 2022 (P.D N° 155-2020) decidió destituir a un juez de Amazonas: José Antonio Bravo Soto por haberse demorado 17 meses en redactar una sentencia condenatoria cuyo fallo había sido leído en una audiencia pública.
Si en el Perú opera la igualdad ante la ley, y no las preferencias personales o los amiguismos –tómese en cuenta que Zoraida Ávalos integró la Comisión que nombró a los actuales miembros de la Junta Nacional Justicia– la ex Fiscal de la Nación debería terminar destituida por proteger a toda costa al Fiscal Fernández Alarcón frente a un pedido de exclusión que presentó la Procuraduría Anticorrupción. ¿O es que acaso es más grave demorarse 17 meses en redactar una sentencia que no responder, más de 36 meses, un pedido de la parte civil?
LA INVESTIGACIÓN QUE ZORAIDA ÁVALOS NUNCA QUISO HACER Y QUE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA DECIDIÓ EMPRENDER
Uno de los escándalos más fuertes y graves que recuerda el sistema de justicia en los últimos años es el chuponeo masivo que emprendió la Fiscalía Suprema de Fernández Alarcón durante el año 2018 a 2021 de más de 30 personas, entre los que se incluye a los jueces supremos titulares Héctor Lama More y Martín Hurtado Reyes y que se produjo con la mira complaciente del juez Núñez Julca.
La información fue un destape de SUDACA en el artículo de Alonso Ramos titulado “Una dudosa decisión fiscal abre un frente de ataque en el caso cuellos blancos” del 16 de setiembre del 2021. Luego, la noticia rebotó y fue tomada por el programa “BETO A SABER”, “COMBUTTERS” de Willax, PBO radio, el diario Expreso y otros medios de comunicación.
El pico más alto de la noticia fue que a fines de octubre de 2021 la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por primera vez en su historia, emite un comunicado a la opinión pública en donde pide una exhaustiva investigación por las autoridades competentes (Fiscalía de la Nación y Junta Nacional de Justicia) contra un fiscal supremo: Fernández Alarcón y el juez supremo Núñez Julca quienes habrían intervenido en el chuponeo masivo.
La Fiscal de la Nación de ese entonces, pese a tener información fresca y veraz de estos graves hechos que fueron descritos por diversos medios de comunicación nunca siquiera abrió una investigación formal en su despacho contra Fernández Alarcón y Núñez Julca, para averiguar si, efectivamente, hubo o no chuponeo masivo a 30 personas, a dos jueces supremos titulares y si se pretendió destruir la evidencia, como resaltaba la nota de SUDACA de septiembre del 2021.
Es muy extraño que la Fiscalía de la Nación de Zoraida Ávalos haya hecho el amague de investigar al expresidente Martín Vizcarra, al actual presidente Pedro Castillo, haya denunciado constitucionalmente al expresidente Manuel Merino y haya estado muy atenta de abrir investigaciones a cuanto congresista, ministro de Estado o cualquier otro alto funcionario que se vea involucrado en cualquier delito (la lista es interminable); y paradójicamente, no mueva un dedo ni haga nada por investigar los delitos graves que ha cometido un fiscal de su entera confianza como es el fiscal Fernández Alarcón.
Parece que los fiscales cercanos y afines a Zoraida Ávalos, que cumplen una misión específica, tuvieran una corona de oro y una inmunidad especial, renunciándose a investigar delitos muy graves como es la interceptación telefónica y el delito de encubrimiento. Ante la sociedad peruana algunos fiscales aparecen como portadores de una aureola especial, de un blindaje particular, pues nadie los investiga ni nadie hace algo contra ellos por más graves que sean los hechos en los que están involucrados.
Sin embargo, a juzgar por los últimos acontecimientos, la Junta Nacional de Justicia, ha decidido acabar con esta impunidad selectiva y de abierto desafío al Estado de Derecho y en una decisión reciente de inicios de mayo del 2022, abre investigación contra el Fiscal Fernández Alarcón y los jueces: Núñez Julca, Castañeda Espinoza como presuntos responsables de haber violado el secreto de las comunicaciones de más de 30 personas, vulnerando la Ley de la Carrera Fiscal y la Ley de la Carrera Judicial.
La Junta Nacional de Justicia le da un ejemplo a la Fiscalía de la Nación de Zoraida Ávalos de cómo en el Perú no hay “fiscales dioses”, ni reyes que tienen corona y que los fiscales no están por encima de la ley, ni pueden pisotearla a su antojo. Total, si la Fiscalía de la Nación puede investigar a un Presidente de la República en funciones, con mayor razón, puede investigar a un fiscal amigo y protegido de Zoraida Ávalos y a los jueces supremos que le siguen el juego sin ningún control y sin estudio del caso
Patricia Benavides tomó una fuerte posición contra Pedro Chávarry a fines de 2019, cuando el ahora destituido Fiscal de la Nación dispuso la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, cabezas más visibles del equipo especial Lava Jato.
A través de un comunicado, Benavides se dirigió a Chavarry y dijo que su renuncia podría permitir “una salida democrática” a la crisis que atravesaba esa institución.
“Frente a los riesgos de anomia generalizada, invocamos al actual Fiscal de la Nación, tome conciencia del impacto de sus decisiones y, anteponiendo los intereses institucionales, por el progreso de nuestro país y la tranquilidad de nuestros compatriotas, dé un paso al costado y de esta manera permita una salida democrática, siempre dentro de los cánones de la constitucionalidad y legalidad”, expresó en aquella oportunidad.
Tres años después, ahora desde el puesto más alto del Ministerio Público, Benavides enfrenta el reto de asegurar que las indagaciones prosigan y se conviertan en sólidas acusaciones.
La investigación fiscal recoge la declaración del investigado Miguel Atala Herrera. En ella se señala que este se comunicaba previamente por teléfono con García para concretar las entregas de dinero. Atala se desempeñó como vicepresidente de Petroperú durante la gestión de García y, según la fiscalía, era pieza clave en la triangulación de las presuntas coimas a favor del entonces jefe de Estado.
La sala de apelaciones que resolvió a favor del Ministerio Público sostuvo que “debe indicarse también que la versión de Atala Herrera se presenta como un elemento trascendente, pues afirma situaciones que tendrían contenido penal y que, en definitiva, posibilitan al Ministerio Público investigar». Además, destaca que la medida solicitada por el fiscal «resulta idónea para lograr la finalidad” de las pesquisas.
La fiscalía investiga la transferencia de US$1,3 millones de origen ilegal por parte de la offshore Klienfeld −creada por Odebrecht− hacia la empresa Ammaring, representada por Miguel Atala. En su declaración del 26 de abril de 2019, Atala señaló que el dinero recibido en las cuentas de Ammaring Investment, en la banca privada de Andorra, era de propiedad de Alan García.
Puentes del Norte también está vinculada a Tableros y Puentes (Tapusa), la única empresa que con nombre propio Villaverde dice representar en la famosa transcripción del audio de los “cien grandes”. Tapusa es parte del consorcio Puente Tarata III, ganador de la licitación de S/232 millones para construir un puente en la región San Martín.
Sudaca pudo corroborar que, en 2019, una empresa del consorcio Puentes del Norte, por el que presuntamente Villaverde hacía el lobby para la conciliación comentada líneas arriba, se alió con Tapusa. Se trata de Hualca Ingenieros, fundada en el Perú y manejada por empresarios españoles. Como su principal directivo figura Juan Juez Pérez. La sociedad entre ambas se formó para rehabilitar un puente en Arequipa por S/32’404,847.55.
2019. Contrato para construir un puente en Arequipa a cargo de Tableros y Puentes y Hualca Ingenieros. Ambas empresas han sido vinculadas por Zamir Villaverde a las investigaciones.
La alianza, que tomó el nombre consorcio Puente Vial Chorunga, tenía como socio princial a Tapusa (96% de participación), mientras que Hualca Ingenieros tenía el restante 4%. Los socios nombraron como representantes legales en el consorcio a Víctor San Miguel Velásquez y Elizabeth Rojas Breiding.
Estos nombres se repiten en el caso del Puente Tarata, el entramado de corrupción que salpica al presidente Pedro Castillo. Víctor San Miguel fue también el representante legal del consorcio Puente Tarata III. Por su parte, Elizabeth Rojas figura como representante de Tableros y Puentes en esta obra que ha puesto en jaque al gobierno.
Al ser consultado sobre este espinoso asunto, un vocero de Hualca Ingenieros dijo no conocer a Zamir Villaverde. “No lo conocemos. No tengo idea de quién es”, aseguró el representante de la compañía.
Buscamos a los representantes de las otras empresas que formaron el consorcio Puentes del Norte. Una fuente de la constructora Durán también dijo no conocer a Villaverde. Los empresarios de Corporación Mayo y Construcciones y Promociones Balzola no respondieron a los pedidos de entrevista.
Tapusa, por su lado, ha rechazado en un comunicado lo dicho por Villaverde en el diálogo con Juan Silva. Pero, como hemos visto, las piezas encajan.
LA TRAMA DE TARATA III
El caso del puente Tarata es el epicentro de la trama que involucra al presidente Castillo. Y Víctor San Miguel, como representante legal de consorcios aparentemente relacionados con Villaverde, es una pieza importante en la historia.
San Miguel es asesor del grupo Arcose, que brinda asesoría legal y técnica a empresas que contratan con el Estado. Esta firma contrató en 2018 a la lobista Karelim López para ser imbatible en las contrataciones estatales.
Arcose enfocó su puntería y asesoría en Termirex. Y es que tanto esta compañía como Arcose son manejadas por la familia Pasapera. Y Termirex hizo una exitosa dupla con Tableros y Puentes, la ya mencionada Tapusa. Entre el 2014 y el 2021, la firma de los Pasapera obtuvo 26 contratos con el Estado, de los cuales 19 fueron en sociedad con la constructora española.
La dupla Termirex–Tapusa ganó contratos por S/1,296 millones de soles en siete años. Un colaborador eficaz dijo que, a inicios del gobierno de Castillo, Zamir Villaverde buscó a Luis Pasapera Adrianzén, de Termirex, para ofrecerle “el tema de obras en el MTC y decirle que “el camino para llegar a los funcionarios públicos era los sobrinos del presidente de la república [Fray Vásquez y Gian Marco Castillo]”. Meses después, el 25 de noviembre, un consorcio integrado por Termirex y Tapusa ganó el contrato para construir el puente Tarata.
Víctor San Miguel negó haber pagado coimas para ganar la obra cuando declaró en la comisión de Fiscalización del Congreso en febrero de este año.
“En lo particular no conozco al señor Zamir Villaverde. Nunca lo he llamado ni me he cruzado ni nada”, dice a Sudaca Héctor Pasapera, de Termirex. Tanto San Miguel como Pasapera son investigados por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro. El círculo aún no se cierra.
Mientras agentes de inteligencia hacían seguimiento a los albaneses en Trujillo, otro grupo de la Dirandro recibía información de un sujeto al que bautizó como ‘Loco Aldo’. En abril, este contó que “una organización criminal con vínculos internacionales estaba acopiando ingentes cantidades de droga” que luego serían distribuidas a ciudades como Tumbes, Piura o Lima.
Añadió que el presunto líder de esta mafia era un sujeto conocido como ‘Goleador’ y que este “vendría realizando llamadas a personas que laboran en zonas de control, parqueo y vigilancia en el interior de Terminales Portuarios Euroandinos de Paita [la empresa que administra el terminal] con la finalidad de que les permita pasar paquetes de drogas o realizar preñados, así como dejar los precintos de seguridad no asegurados en los turnos o horarios que realizan”. A cambio, dijo, ‘Goleador’ les daba “fuertes sumas de dinero, aprovechando y conociendo sobre la difícil situación económica que, en muchos casos, presentan estos trabajadores”.
El testimonio era valioso para los detectives, porque revelaba, además, que la seguridad del terminal de Paita había sido vulnerada en más de una ocasión por esta mafia. No siempre pudieron, sin embargo, eludir la fiscalización de los países adonde iba la droga. “‘Goleador’ habría dirigido en dos ocasiones el preñado de contenedores que salieron del terminal portuario de Paita y que fueron intervenidos por personal aduanero y policial en Rotterdam (Holanda) y en el puerto de Panamá, lográndose decomisar en las dos ocasiones paquetes que contenían en su interior clorhidrato de cocaína”, dijo el informante.
El testimonio del informante revelaba que la mafia liderada por ‘Goleador’ ya había vulnerado la seguridad del Puerto de Paita corrompiendo trabajadores.
El último envío de esta mafia iba a ser hacia fines de mayo. Esta vez habían escogido el puerto del Callao como punto de salida. Pero el 23 de ese mes la Dirandro se enteró que la remesa de droga iba a ser trasladada desde San Martín hacia Lima.
Los dueños del cargamento, según documentación fiscal a la que accedió en exclusiva Sudaca, era la empresa Multiservis Valles SAC, principalmente dedicada a la exportación de madera. La gerenta de esta compañía es Mitzi García Puma, natal de Tarapoto y con estudios secundarios apenas completados, según sus datos en el Reniec.
Según las pesquisas, fue la misma García quien adquirió, a nombre de la empresa, 22 toneladas de pulpa de mango que luego fueron enviadas a la empresa Invest Negocios Andinos, de Noemí Cueva Quispitongo, para su exportación. De acuerdo a ‘Hildebrandt en sus Trece’, en abril del 2021 esta última compañía exportó, vía el puerto del Callao, 21 toneladas de pulpa de mango congelada y 2,8 toneladas de pulpa de arándano a España. En enero de este año, además, enviaron 19,5 toneladas de pulpa de mango congeladas y 2,9 toneladas de pulpa de piña a España.
Mitzi Carolina García Puma, gerenta de Multiservis Valle, investigada por la adquisición de las toneladas de pulpa de mango que se iban a enviar a Alemania. Tiene apenas 26 años.
La suerte se les acabó el pasado 25 de mayo, cuando la Dirandro encontró en un almacén del Parque Industrial de Villa El Salvador 1,1 toneladas de cocaína camuflada en empaques de pulpa de mango. De ahí había salido un camión rumbo a las instalaciones de Invest Negocios Andino, en el mismo distrito. Allí se incautaron 3,1 toneladas más de droga.
La cocaína, según las pesquisas de la fiscalía contra el crimen organizado, vino desde el Alto Huallaga. “Se está demostrando la importancia de la erradicación de la hoja de coca, que ha estado concentrada principalmente en el Alto Huallaga. Esto suponía hacer labores de interdicción, es decir, la destrucción de laboratorios. Así, se ponía una valla bastante alta a la inversión del narcotráfico. Pero ahora la erradicación en el Alto Huallaga se da en zonas de muy baja densidad de cultivos de hoja de coca, sin importancia para el narcotráfico”, dice Rubén Vargas.
El exministro da zarpazo contra las políticas del actual gobierno: “Los factores que ponían en riesgo la inversión en la coca y el narcotráfico desaparecieron. Ahora, más que nunca, es muy fácil ser narcotraficante en el Perú”.
Monitoreo de Devida indica que en toda la zona del Huallaga se incrementaron los cultivos de hoja de coca de 1,527 hectáreas (2019) a 2,143 hectáreas (2020). No hay cifras del 2021 aún.
