Informes

“ENTRE TODOS SE TIRAN LA PELOTA”

Todos estos retrasos vienen desde los primeros años. Ya desde el 2016, la Contraloría de la República advertía de demoras y hasta de acusaciones por gastos excesivos. Así, una obra necesaria para la ciudad, que promete conectarla de este a oeste y transportar 1 millón de pasajeros al día, parece seguir los pasos lentos de un histórico emblema de la ineptitud estatal: la Línea 1 del Tren Eléctrico. Como se recuerda, aquella obra fue anunciada y empezó a construirse con bombos y platillos durante el primer gobierno de Alan García. Pero de ese primer impulso solo quedaron 8 estaciones que durante años no sirvieron prácticamente para nada. Recién en 2011 –ya durante el segundo gobierno de García– se concluyó esta ruta. Construir la primera línea de metro de Lima tomó, en suma, más de 25 años. Al paso que va, la Línea 2 podría acercarse a ese récord. 

Originalmente, toda la obra -que comenzó en el 2014- debía estar culminada en el 2019. Tras demoras en la entrega de terrenos debido a problemas con la adquisición de las áreas y la liberación de interferencias, así como la aprobación de los estudios de ingeniería, la fecha se cambió a 2024. Ahora, según informó Ositran a Sudaca, “hasta que las partes no materialicen un nuevo cronograma en una adenda”, simplemente no hay fecha.

¿A qué se deben tantos retrasos? El año pasado, la Contraloría emitió varios informes, en los cuales daba cuenta de “la falta de coordinación oportuna entre el concedente, la ATU y el concesionario”, lo que ocasionaba “que se dilate la ejecución de dichos trabajos” y, por supuesto, “la culminación de obras”. En otro informe, de octubre de 2021, advertía de “una discrepancia en la responsabilidad entre la ATU y el MTC”. Esto originó que los contratiempos con la entrega de terrenos y aprobación de los estudios de ingeniería -ambas tareas de la ATU desde el 2020- persistieran.

Instituciones Lí­nea 2

Este organismo, sin embargo, niega tajantemente que exista retrasos en cuanto a los terrenos y afirma que “la demora en la ejecución del Proyecto Línea 2 se debe, principalmente, a causas imputables al Concesionario” por no haber recibido algunas áreas liberadas y no conseguir la aprobación de los estudios de ingeniería. Por su parte, la empresa alega que no recibió a la ATU ocho áreas porque “tienen interferencias y siguen modificándose por el Concedente”. Sobre la aprobación de los dichosos documentos, sostiene que la demora se debe principalmente a que “sin terrenos definidos, los cuales continuamente se vienen modificando por la ATU, los estudios continúan siendo modificados y no se pueden aprobar […] sumado a que existen discrepancias entre el MTC y la ATU. 

Y como si fuera poco, un informe de este año advierte que, aunque la etapa inicial ya está lista, todavía no hay fecha para el inicio de operaciones porque, para variar, las “discrepancias entre la concesionaria y el MTC y ATU todavía persisten”, luego de varios meses. La controversia gira en torno al Sistema de Control de Pasajeros, pues el concesionario sostiene que no podrá implementarlo si es que el Estado no le proporciona toda la información necesaria. El MTC y la ATU, por el contrario, argumentan que ya brindaron los datos que debían y que no corresponde proporcionar más información. 

Las dilaciones no son gratuitas, pues le pasarán una factura de millones de dólares a las arcas peruanas. En el 2017, la empresa presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Estado por “incumplimiento grave” del contrato. Por esto, solicitaba una ampliación del plazo de ejecución del proyecto.

En julio del año pasado, el Ciadi le dio la razón a la empresa y estableció que el Estado era responsable por entregar a destiempo las áreas del primer nivel del metro y por no aprobar los estudios de ingeniería. También responsabilizó a la empresa por no aceptar terrenos de manera injustificada. Aunque la concesionaria pidió una indemnización de 700 millones de dólares, ese monto aún se encuentra en negociaciones.

Estado Línea 2

Es un tema en el que todos se tiran la pelota sobre quién es el responsable. Como presidente de la Mancomunidad de Lima Este, he estado presente en varias reuniones, pero todo queda en el aire, la verdad. Desde el inicio tampoco hubo un buen contrato”, sostiene Jose Luis Nole. Su sueño, al igual que los vecinos de Santa Anita y Ate, y todos los que se movilizan por estos distritos, es ver la Carretera Central completamente abierta antes de que termine su gestión como autoridad municipal. Del Metro ya no se espera nada en el corto plazo.

“Creo que este servicio va a ser de gran utilidad cuando se inaugure. Es un tren moderno, sin pilotos, totalmente automatizado, que va a ahorrar muchísimo tiempo y donde se podrá viajar con comodidad. Esa es la importancia de contar con una red de trenes”, comenta el especialista ferroviario Lino de la Barrera. “Pero imagínense, si con la Línea 2 estamos sufriendo tantos años, las demás líneas las terminaremos probablemente el próximo siglo”, sostiene Luis Quispe. Una predicción que no parece descarrilada.

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ATU, Metro de Lima, MTC

Cifras nebulosas

 

En este tema, es claro que cada institución jala agua para su propio molino. El detalle es que el punto de partida para generar políticas públicas a favor del colectivo LGTBIQ+ es difuso. En el Perú no existen estadísticas actualizadas sobre este grupo vulnerable. Todos los datos oficiales son pre-pandemia. 

 

El INEI, por ejemplo, realizó la “Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI” el 2017. Desde entonces, no ha hecho más. Y con el pasar de los años las cifras recogidas en este estudio se vuelven inútiles.

 

Comunidad en cifras 

 

Como muestra, un botón. Según la encuesta, respondieron 12,026 personas LGBTIQ+ mayores de edad. Un número que se queda corto si se compara con la convocatoria de las Marchas del Orgullo de junio. “Si contamos Lima y regiones fácilmente llegamos a las 30 mil personas. Llenamos la Av. Wilson desde la altura de Colmena hasta Paseo Colón”, revela Jorge Apolaya, vocero del movimiento. En su vigésimo aniversario, las movilizaciones aumentaron su convocatoria. “En 2019 fueron 21 ciudades, este año han sido 28. Es una expresión de que la comunidad ya no aguanta más”, agrega. 

 

Desde la Defensoría valoran el trabajo realizado por el INEI, pero exigen mayores esfuerzos. “Han impulsado acciones en favor de las personas LGTBIQ+, pero deben avanzar. Solo hicieron esa encuesta. En los siguientes censos deben incluir fórmulas para identificarlas y realizar políticas con esa data. Si no, nunca va a ocurrir”, dice Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos. 

 

Las estadísticas oficiales más recientes son del 2019. Ipsos publicó la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos por encargo del Ministerio de Justicia ese año. Ahí se señala que más de 1.7 millones de peruanos adultos se identifican con una orientación sexual no heterosexual. 

 

Otras conclusiones relevantes del estudio son que el 71% de peruanos cree que la comunidad LGTBIQ+ es victima de discriminación, el 19% considera la homosexualidad una enfermedad, el 31% considera al VIH/SIDA como una enfermedad de personas homosexuales o trans, y el 36% ve peligroso que un niño se quede con una persona homosexual. Sin embargo, la ausencia de mayores estudios gubernamentales deja en el aire otras circunstancias que vive esta comunidad. 

 

“No se sabe cuántas mujeres trans se dedican a la prostitución en Lima. También hay muchas personas gays y lesbianas que viven con menos del sueldo mínimo. Por eso la marcha es importante, ahí se manifiestan. ¿Sin data, cómo van a implementar políticas en el país?”, reclama Jorge Apolaya. Sin ir muy lejos, el último 30 de junio se reportó que “Sharon”, una mujer trans que se dedicaba a la prostitución, fue baleada en el Cercado de Lima por negarse a pagar cupos a una red criminal. 

 

La sociedad civil da más información. “Nosotros hicimos hace tiempo una encuesta virtual donde identificamos que el 87% de personas trans no cuenta con un DNI que reconozca su nombre y su expectativa de vida está reducida a los 48 años”, revela Susana Chávez, directora de Promsex.

Marchas
Las marchas del Orgullo se realizaron en 28 ciudades alrededor de todo el país

 

Para la cabeza de dicha ONG la razón de que no existan estadísticas frescas no es descuido gubernamental. “No creo que sea desdén. Hay una agenda abiertamente opositora basada en machismos inaceptables. Hoy el Perú es un país retrógrado alrededor de nuestros vecinos”, afirma Chávez.

 

Frases, en tono de burla, como la del congresista Guido Bellido –que le propuso al periodista Jaime Chincha “ir de la manito” a la próxima Marcha del Orgullo– le dan algo de razón. El panorama es sombrío para estos peruanos que reclaman que el Estado –del que también forman parte– los proteja. Pero eso no los detendrá. Serán cada vez más visibles. Aunque las autoridades se escandalicen y el gobierno quiera hacerse el distraído.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo



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Gobierno, LGBT, sociedad

DE BAJA, POR LAS DUDAS

Pero si Mi bebito fiu fiu es efectivamente una parodia, ¿por qué se la bajaron de Spotify? Erick Iriarte explica que las plataformas digitales pagan por derechos de autor, monitorean permanentemente los contenidos que se publican en ellas y ‘dan de baja’ los contenidos que pueden atentar contra los derechos patrimoniales, incluso antes de que presente un reclamo concreto. Esta es una forma de ‘curarse en salud’ ante posibles demandas posteriores, en el marco de un protocolo que en Estados Unidos se conoce como ‘notice and take down’ (que se podría traducir como ‘dar aviso y dar de baja’).

En estos casos suele aplicarse la normativa estadounidense debido a que muchas de estas plataformas digitales están asentadas en ese país y se someten a su legislación.

“Ante el reclamo de un usuario, la plataforma [YouTube, por ejemplo] tiene que retirar el contenido si no quiere caer en responsabilidad, entonces tiene todos los incentivos para actuar rápido”, complementa Óscar Montezuma. “Pero, justamente como actúa rápido, el análisis no puede ser tan exhaustivo, como para determinar que un contenido es parodia, y se dan estos problemas”.

El caso es que, en el Perú, no existe una figura similar al ‘fair use’, a la que se puede apelar en el sistema de ‘copyright’ estadounidense y de otros países anglosajones. “En los sistemas de derechos de autor europeos continentales y latinoamericanos –explica Montezuma–, lo que tienes es una regla que dice ‘nadie puede tocar, a menos que pidas permiso’ y un ‘set’ de excepciones que son muy literales, taxativas, es decir, tienen que cumplirse al pie de la letra. Así funciona nuestro sistema. En los sistemas anglosajones existe esta figura [el ‘fair use’], que en buena cuenta es una suerte de defensa judicial, porque se activa cuando alguien te denuncia, cuando alguien argumenta que se está cometiendo un plagio o un uso no autorizado. En ese momento puedes activar esa defensa y decir: ‘yo no cometí una infracción, lo que yo hice fue una utilización razonable, sobre la base de cuatro criterios, que analizará el juez’. Esto le da a los jueces libertad de interpretación”.

Sudaca se contactó con el área de comunicaciones del Indecopi para solicitar una opinión especializada sobre este tema del organismo estatal encargado de velar por la protección de los derechos de autor en el Perú. Sin embargo, al cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

Por lo pronto, da la impresión de que el insospechado hit de Tito Silva será, a fin de cuentas, un éxito compartido. A tenor de lo que dice la norma, los otros padres y madres de Mi bebito fiu fiu –incluida Zully Pinchi– tienen derecho a una compensación económica, incluso en el hipotético caso de que Silva no genere ingresos por su adaptación. Es un bebito con varios progenitores, y llegó con más que un pan bajo el brazo.

 

 

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Música, Política, sociedad

DEUDAS QUE APRIETAN

Pablo Ramos nos envía una serie de informes de la Contraloría General de la República que también avalan la deuda generada por Elmar Franco. En uno de estos, de agosto del año pasado, el órgano de control advertía que la universidad había requerido servicios sin la documentación requerida, “generando desorden administrativo y compromisos para la ejecución de obras sin contratos”.

El último de los informes es de mayo de este año y le atribuye a Elmar Franco haber “gestionado e impulsado” la prestación de servicios de tres empresas “evadiendo la aplicación de las normas de contratación del Estado”. “Yo tengo todos los dosieres de calidad [documentos que certifican la calidad del servicio], registros fotográficos, las actas de entrega, la conformidad del decano. Los trabajos se hicieron, pero me faltaba el documento principal: el contrato”, dice, por ejemplo, César Sánchez, gerente general de César y Francisco Contratistas (Ceyfra).

Su empresa exige a la universidad que le pague S/480,857.08 por la instalación de un sistema de tuberías para las plantas de seis hospitales. Los trabajos, asegura, culminaron a mediados del año pasado. Incluso, los médicos de dichos hospitales firmaron actas de recepción de los trabajos. “Nosotros estamos preocupados. Yo ya he tenido que honrar mis deudas con nuestros proveedores y he pedido préstamos al banco para eso”, asegura Sánchez.

Contraloria y actas de entregas
La Contraloría señaló en mayo que Ceyfra contaba con actas de entrega de obras en Puno, La Libertad y Áncash suscritas por representantes de los hospitales.

Otra de las afectadas es Gomsay SAC, que construyó tres módulos donde iban a funcionar las plantas de oxígeno, en hospitales de Chincha, Puno y San Martín. Por el trabajo reclaman S/1’125,000. En la empresa aseguran que confiaron en la palabra de Elmar Franco, quien expidió a favor de esta compañía una constancia de que venían trabajando en el proyecto ‘Oxigena 47’. Las obras las entregaron en marzo del año pasado.

“Primero quedamos con el decano [Franco] en que nos iban a pagar a la mitad de la obra. Como no lo hicieron, yo paré. Pero nos pidieron que apoyemos, que la gente se estaba muriendo, así que terminamos la planta de Chincha. Pedí que me paguen, pero sacaron otro argumento: que había que entregar cinco plantas antes. Entonces nos fuimos a Ayaviri (Puno), luego a Lamas (San Martín). Cuando retorné a Lima, empezaron los problemas con todos los proveedores”, dice el gerente de esta constructora, Lizandro Sayas.

“Lo que yo entiendo es que no es responsabilidad de las empresas. Fueron ellos [la UNI] los que hicieron una gestión nefasta. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Me siento estafado por mi propia casa de estudios”, añade Sayas, exalumno de esta universidad.

A esta firma se suman las empresas Gringe, Hitex y Vadomo. Esta última reclama una deuda de S/460,000 a la UNI por la elaboración de 26 expedientes técnicos. “Mi representada cumplió al 100% con la entrega, servicio que fue recepcionado por los profesionales del proyecto a entera satisfacción, brindándonos la conformidad total de los servicios (…) sin embargo, no tenemos respuesta de la formalidad de nuestros pagos”, se lee en una carta enviada por el consorcio a la universidad.

informe de Coramsa
Izquierda: parte del informe de Coramsa que muestra la obra que entregó en Cajamarca. Derecha: el trabajo realizado por Gomsay en Chincha.

LA POSICIÓN DEL RECTORADO

En noviembre del 2021, Vadomo envió a la UNI una invitación a conciliar. El área legal de esta casa de estudios, sin embargo, se negó. Esta oficina señaló que las actas de recepción de las obras habían sido firmadas por personas diferentes al decano de la facultad y que no había “el soporte legal necesario para efectuar el pago, dado que no se observa documentación alguna que cumpla con los estándares de la ley de contrataciones del Estado”.

“El rector solo puede firmar cuando tiene el visto bueno del área legal y del área logística”, dice el rector de la UNI, Alfonso López Chau, quien heredó este problema cuando asumió el cargo en diciembre pasado. El economista señala que lo primero que deben hacer las proveedoras es hablar con la persona que las contrató (Elmar Franco) y este debe, a la vez, darle explicaciones del aval con que lo hizo. Hasta el momento, dice, eso no ha ocurrido.

López Chau también muestra una resolución rectoral que explica los requisitos para que un proveedor pueda exigir una deuda generada en años anteriores por la universidad, entre estos la orden de servicio que nunca les llegó a varios proveedores. Hasta el momento, no hay ninguna empresa que haya prestado servicios a la facultad de Ingeniería Mecánica que se haya sometido a este procedimiento, dicen desde el rectorado. “Seguramente porque incumplen los requisitos”, aseguran.

Las compañías, sin embargo, tienen pruebas de que, efectivamente, se brindó un servicio. Los empresarios entrevistados por Sudaca reiteran que actuaron de buena fe. “Yo dudo de ese argumento. Si ellos conocen las normas legales, nunca debieron hacerlo [el servicio]”, responde López Chau.

Actualmente, hay una comisión de investigación en marcha contra la gestión desastrosa de Elmar Franco a cargo del proyecto ‘Oxigena 47’. Sus conclusiones deben conocerse en siete días y lo más seguro es que las deudas asumidas por este serán parte de su historial de negligencias. Sudaca lo contactó para obtener sus descargos, pero prefirió el silencio. A la fecha sigue haciendo de las suyas al frente de la facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI.

Alfonso López Chau
Alfonso López Chau, rector de la UNI desde diciembre del 2021. Se apega al reglamento de su institución y no cree en la “buena fe” de las empresas.



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Cuarentena, Martín Vizcarra, UNI

Cuestión de fe

El problema con Decentra no son solo sus tentadoras recompensas. La empresa trabaja en uno de los mercados financieros más inestables actualmente, lo que aumenta los riesgos de pérdida que sus promotores parecen ignorar. 

Se trata de un mercado donde lo que impera es la especulación. Las criptomonedas son divisas digitales que no cuentan con el respaldo de los bancos centrales estatales, lo que afecta directamente su precio. “Lo que se genera con las criptomonedas son burbujas. Algo que vale 100, te lo venden a 500. Todo el mundo se mete, hacen plata, salen y te tiran el precio abajo, luego vuelve a subir. Similar ocurre en el sector inmobiliario. Es parte del desarrollo de un mercado no tan claro y transparente. Es como una timba”, explica el economista Enrique Castellanos. 

Aunque no es solo su falta de aval lo que complica las cosas con estas monedas digitales. “El dinero no necesita un valor intrínseco. Solo debe manejar ciertas características: ser de fácil manipulación, ser divisible, tener un valor constante y ser aceptado por todos. No todo eso lo tienen las criptomonedas, aunque son fáciles de manejar, no tienen un valor constante o aceptación total”, asegura Castellanos.

La ‘cripto’ más conocida es el bitcoin, que circula desde el 2009 y es la divisa que comercializa Decentra. Desde que salió el primer BTC (moneda de bitcoin), su precio ha sufrido cambios bruscos. El año pasado la moneda alcanzó un valor cercano a los 70 mil dólares. Hoy, sin embargo, bordea los 19 mil, lo que implica que una persona que compró bitcoins cuando estaba cerca de su máximo histórico habría visto su inversión reducida en dos tercios. Otras criptomonedas han perdido 90% de su valor respecto a sus máximos históricos. A este último descenso se le conoce como el ‘criptoinvierno’. 

La alta volatilidad es lo que convierte a las criptomonedas en un negocio de alto riesgo. Aún así, su mayor atractivo es que usan la tecnología blockchain para sus transacciones. Básicamente, se trata de una estructura matemática descentralizada y encriptada que registra operaciones financieras en un gran libro contable que reside en la red. Las transacciones se registran en la cadena de bloques, pero no pasan por ninguna institución financiera, y por lo tanto no dejan registros que puedan ser utilizados por algún gobierno o ente regulador. Las criptomonedas ofrecen la posibilidad de realizar transacciones anónimas y por eso son muy utilizadas en actividades ilícitas.

Finance
La evolución del valor del bitcoin. En noviembre costaba casi 70 mil dólares. Hoy solo 19 mil. Gráfico: Yahoo Finance.

Otra peculiaridad de las ‘cripto’ es que muchas tienen una cantidad máxima de monedas circulantes. Es decir, un tope de producción que, en teoría al menos, asegura que su valor en el tiempo tenderá a subir, puesto que su oferta es finita. En el caso del bitcoin, actualmente existen 19,084.318 BTC disponibles y su cantidad total es de 21 millones BTC, de acuerdo a CoinGecko, empresa que brinda información procesable sobre el mercado de criptomonedas. 

Al ser un mundo sin garantías es crucial confiar en el método de adquisición de ‘criptos’ y quién te las ofrece, variables que no encajan con el modelo ofrecido por Decentra. Existen actualmente muchos servicios internacionales que ofrecen la posibilidad de invertir en criptoactivos, pero antes de poner un sol o un dólar en ellos es importante saber si son operaciones serias y están sometidas a algún tipo de regulación. “El costo operativo es enorme. Lo más importante es saber dónde se guardan, el storage en inglés. Se supone que está en la nube, pero puede llegar un hacker y robárselo. ¿Quién reconoce después esa criptomoneda? El gran riesgo, más allá del valor de mercado, es que el vendedor desaparezca”, remarca Enrique Castellanos.

En Xifra son expertos en desapariciones. Al anunciar su cierre, remarcaron que los usuarios a los que aún les debían dinero podrían retirarlo únicamente cuando su nueva identidad, Decentra, estuviese operando al 100%. Un nivel de seguridad muy precario, si se le compara, por ejemplo, con Bank Leumi, un banco israelí que permite transacciones en ‘criptos’ desde el pasado mes marzo. 

A escala global, la aceptación de las criptomonedas todavía está en una etapa incipiente. El Salvador es un país pionero en convertir el bitcoin en moneda de curso legal, desde septiembre del año pasado, contraviniendo todas las alertas del mundo financiero y de entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. En el Perú no hay entidades financieras formales que operen con ‘criptos’. Lo que sí hay –y de lo que hay que cuidarse– es de inescrupulosos supuestos gurús, que ofrecen rentabilidades garantizadas en un mercado donde es imposible garantizar cualquier cosa.

 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Estafas en línea, SBS

La Sunedu tampoco puede retirar o anular los grados académicos a la pareja presidencial, pues eso no figura entre sus atribuciones. El 28 de junio, la parlamentaria fujimorista Tania Ramirez –quien, por cierto, también fue acusada de plagio, en mayo pasado– envió un oficio a esta Superintendencia, donde solicitaba la cancelación de los grados de Castillo y Paredes, y que se inicie un proceso administrativo a la UCV. Incluso, con respecto a la casa de estudios, sugirió que “se impongan las sanciones prescritas en el artículo 20º y 21º del Decreto Supremo Nº 005-2019-MINEDU”. Estas sanciones podrían llegar, eventualmente, a la cancelación de la licencia de la universidad.

Tania Ramirez y la Sunedu
Tania Ramirez ha solicitado a la Sunedu que tome medidas ante este caso. A finales de mayo, ella también fue acusada de plagio en la UCV. (foto: Congreso).

“La inscripción del título en el registro de la Sunedu es simplemente declarativa, para que la información sea accesible. Las universidades son las que tienen que declarar la nulidad de un título que han emitido, dentro del plazo previsto por la ley. Lo que sí podría hacer la Sunedu es evaluar qué acciones ha tomado la universidad”, aclara Daniel Navarro, de la Sunedu. En caso se detecten incumplimientos a las obligaciones, agrega, pueden proceder con las sanciones referidas por la parlamentaria Ramírez. Según otras fuentes de la Sunedu, actualmente esta entidad está analizando la documentación que ha remitido la UCV.

 

 

 

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Lilia Paredes, Pedro Castillo, ucv

¿ME AYUDAS A APROBAR LA COLABORACIÓN EFICAZ DE WALTER RÍOS Y A CAMBIO TE AYUDO EN EL NOMBRAMIENTO COMO FISCAL?

Uno de los principales trabajos que se le habría encomendado a Castillo Nieto es que hiciera lo posible por aprobar el acuerdo de colaboración eficaz del expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo, cosa que hizo en tiempo récord y mostrando su plena eficiencia.

Como es de conocimiento público, el domingo 13 de diciembre del 2021 el programa de Claudia Toro en PBO RADIO emitió una primicia al publicar el audio del Juez Supremo Núñez Julca que sostiene con un oficial de la Diviac Jorge Rodríguez en donde trata a los investigados del caso Cuellos Blancos como delincuentes y corruptos, adelantando opinión sobre la responsabilidad penal de personas que estaban siendo investigadas violando el principio de presunción de inocencia y el deber de imparcialidad. Frente a la gravedad de los hechos y a la situación insostenible de Núñez Julca en el Juzgado Supremo de Investigación preparatoria la Fiscalía Suprema de Eliseo Fernández Alarcón aceleró el paso y en tiempo récord logró presentar para su aprobación el acuerdo de colaboración eficaz que había firmado con Walter Ríos Montalvo.

Pese a que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Núñez Julca y Castillo Nieto tenía atrasado el despacho y estaban pendientes de resolver pedidos desde el mes de agosto del 2021, entre gallos y media noche, fijan fecha de la audiencia para la aprobación de la colaboración eficaz el día 22 de diciembre del 2021. En dicha audiencia, en la que intervino la Fiscal Fanny Quispe Farfán y el Procurador Público Javier Pacheco, se debía verificar cada uno de los 44 hechos que Walter Ríos Montalvo había delatado a fin de determinar si se había cumplido con corroborar y se habían respetado los demás requisitos fijados en la ley.

Pese a que la Procuraduría Pública de Corrupción de funcionarios había proyectado la realización de varias audiencias en el lapso de uno o dos meses para discutir cada uno de los puntos de la delación de Walter Ríos, sorprendentemente el Juzgado Supremo de Núñez Julca y Castillo Nieto resolvieron que un caso tan complejo se viera de manera fulminante en tres horas y el caso se dejó para resolver. Mientras el caso de la colaboración eficaz de Odebrecht duró más de 15 sesiones y tenía menos hechos delatados que la delación de Walter Ríos, el acuerdo de colaboración del expresidente de la Corte del Callao se vio de manera express como si se tratara de un servicio a la carta. Podemos preguntarnos si se buscaba acelerar los tiempos e impedir que si Núñez Julca era cambiado, otro juez conociera el caso, ya que si advertía los errores que contenía el acuerdo podía desaprobarlo.

El papel de Castillo Nieto aquí era determinante; si él demoraba la redacción de la sentencia de colaboración eficaz de Walter Ríos después de la apertura del año judicial del 2022 se corría el riesgo de que con el ingreso de otro juez supremo al juzgado de investigación preparatoria el acuerdo de Walter Ríos no sea aprobado; de tal modo se aceleró el plazo a como diera lugar a fin de que la sentencia pueda estar lista antes de fin de año. Según fuentes judiciales, una Fiscal Suprema le habría ofrecido interceder con la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos para que sea nombrado como fiscal en el Ministerio Público y así no pueda quedar en el aire y sin trabajo frente a la inminente salida de Núñez Julca como juez encargado del Juzgado de Investigación Preparatoria.

Se coordinaron perfectamente los tiempos y el mismo día que Castillo Nieto entregaba el proyecto de sentencia de colaboración eficaz para la firma de Núñez Julca, el 31 de diciembre del 2021. Ese mismo día salió publicada en el diario El Peruano su designación como Fiscal adjunto provincial provisional. Se trataba de un evidente intercambio de favores al estilo Cuellos Blancos: la fiscalía recibía la aprobación de la colaboración eficaz y Castillo Nieto lograba un nombramiento delivery por los servicios prestados.

Se ha podido averiguar que la conducta de Castillo Nieto con la Fiscalía, en especial, con la Fiscal Fanny Quispe, no era aislada ni solitaria. Según las fuentes consultadas, Castillo Nieto tiene llamadas y comunicaciones constantes con la Fiscal Fany Quispe en la que coordinaban el resultado y el sentido de las resoluciones judiciales que le interesan a la Fiscalía como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, las tutelas de derechos, reexamen y algunas acciones semejantes. Dichas fuentes resaltan que Castillo Nieto pedía a la Fiscal Fanny Quispe el envío de resúmenes y de los argumentos en Word que querían que se ingresara en las resoluciones. 

La propia Fanny Quispe habría coordinado con los funcionarios de la Oficina de Registros y evaluación de fiscales a fin de cerrar la designación de Castillo Nieto en el tiempo más breve posible y habría convencido a la Fiscal de la Nación para que apurara su nombramiento. Las grabaciones de las imágenes de los pasadizos del Ministerio Público, luego de la segunda quincena del 22 de diciembre, despiertan suspicacias en ese sentido. Incluso, se ha tenido acceso a un audio en donde Fanny Quispe en una reunión admite conocer y tener amistad con Castillo Nieto. 

La Fiscal Fanny Quispe y Castillo Nieto, de comprobarse todo lo expuesto, incurrirían en prácticas en las que estaban incursos algunos empresarios y abogados involucrados en el caso Cuellos Blancos, pero esta vez la relación extraprocesal provendría de los propios miembros del Ministerio Público con las autoridades jurisdiccionales. ¿Alguien investiga estos graves hechos? 

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COHECHO Y ANTECEDENTES FISCALES 

Se ha consultado a algunos fiscales y a abogados penalistas y nos señalan que la conducta de ofrecer o pagar por un determinado resultado judicial, antes o después, supone que se ha cometido el delito de cohecho activo. En ese delito debería investigarse si incurrieron Zoraida Ávalos y Fanny Quispe debido a que a cambio de obtener favores judiciales se lograría un nombramiento de Fiscal. Dicho hecho se vio consumado con la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1888-2021-MP-FN del 31 de diciembre del 2021 que fue suscrita por la misma Zoraida Ávalos.

Cuando se preguntó acerca de si había antecedentes parecidos los fiscales consultados nos remitieron algunas decisiones del propio Ministerio Público en las que se reflejaba el tratamiento como delito de cohecho del hecho de recibir designaciones o nombramientos como pago por obtener determinadas decisiones judiciales o fiscales.

El caso se remonta a mayo del 2017 en el que el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde autorizó a que se denuncie por cohecho al juez Edwin Elmer Yalico Contreras, debido a que el 2008 declaró fundada una demanda de hábeas corpus a favor de ex Presidente Ollanta Humala Tasso por el caso del Andahuaylazo y el año 2013 fue contratado como asesor principal del Congresista José Antonio Urquizo Maggia, miembro de la bancada nacionalista. Se consideró que el nombramiento como asesor en el cargo de Profesional nivel SP-9 de Yalico fue un delito de corrupción, pese a que se produjo casi cinco años después de haber fallado en beneficio de Ollanta Humala. El caso de la designación de Castillo Nieto como fiscal adjunto provincial provisional por Zoraida Ávalos es mucho más grave porque se produce el mismo día que se dicta la sentencia de colaboración eficaz de Walter Ríos, el 31 de diciembre del 2021, y meses después que se condenara por encubrimiento a Pedro Chavarry y se fallara de manera favorable a Zoraida Ávalos en casos relacionados con Fiscales Supremos que no eran de su grupo de poder: Tomás Gálvez y Carlos Arce.

Las irregularidades en el nombramiento del secretario de confianza Juan José Castillo Nieto como fiscal del Ministerio Público no terminan allí. Por ejemplo, su designación se produce antes que haya renunciado y su renuncia haya sido aceptada por el Poder Judicial; mejor dicho, cuando fue nombrado como Fiscal adjunto provincial provisional por Zoraida Ávalos seguía teniendo relación laboral con el Poder Judicial, tanto es así que el 31 de diciembre del 2021 termina suscribiendo la sentencia de colaboración eficaz de Walter Ríos. Además, Castillo Nieto nunca ha trabajado en el Ministerio Público, ni como asistente fiscal, ni en un cargo administrativo en la Fiscalía; tenía cero experiencia; solo la suerte de una persona bendecida por los astros y el poder absoluto de Zoraida Ávalos explica su designación, rápida y fulgurante. Tanta suerte tiene Castillo Nieto que luego de su nombramiento como Fiscal Adjunto, producido en tiempo récord, no se le envía a trabajar en el pool de fiscales o en una Fiscalía provincial, de Lima o de provincia, sino que se le envía a laborar en la más alta esfera del Ministerio Público, en una Fiscalía Suprema Transitoria que depende de manera directa de Zoraida Ávalos.  

El día de su investidura como Fiscal de la Nación Patricia Benavides dijo: “las leyes nos hacen iguales y nadie puede estar por encima de ellas, por ello iremos tras la investigación de cualquier acto delictivo, ya sea del más poderoso o cualquier ciudadano común. Todos aquellos actos que caigan bajo sospecha tienen el deber de comparecer ante la justicia y rendir cuenta por sus actos».

Si el discurso de la flamante Fiscal de la Nación es sincero y honesto debería ser consecuente y, sin pensarlo dos veces, debe abrir investigación a Zoraida Ávalos, su votante en la Junta de Fiscales Supremos como Fiscal de la Nación y que le tomó juramentó en el cargo, y debe comprender en ella a la Fiscal Fanny Quispe y al Fiscal Juan José Castillo Nieto.

No basta hablar; es necesario predicar con el ejemplo. Solo así, como reconoció la Fiscal de la Nación, el Ministerio Público saldrá de su peor crisis.

 

 

 

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Fiscalía, Patricia Benavides Vargas, Zoraida Ávalos

“La Sunedu no es perfecta”

Aunque Medina y sus colegas señalan que la oposición a la contrarreforma universitaria responde a una defensa a la Sunedu, los representantes universitarios con los que habló Sudaca negaron que su postura busque defender a esta entidad. Ellos también creen que hay mucho por cambiar, pero que sus opiniones no han sido tenidas en cuenta por la Comisión de Educación.

“Nosotros dejamos claro que no respaldamos a la Sunedu ciegamente. También tenemos nuestras observaciones”, comentó Brayan Valentín Delgado, quien cuestiona las sanciones económicas. “Una universidad muchas veces tiene escasez de recursos y está peleando por tener una mayor presupuesto y la Sunedu le pone multas netamente económicas por fallas que son de la autoridad de turno”, critica el estudiante de la UNI.

Wagner Malca Tijias, de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguia de Bagua, vino a Lima y también intentó que su voz contra la contrarreforma sea escuchada. Él también tiene cuestionamientos hacia la Sunedu, pero considera que estos no son abordados por el proyecto del Congreso.  “Todos los integrantes de la Sunedu deberían ser elegidos por concurso público. Es un filtro más objetivo y más técnico”, opina el estudiante.

“Hay problemas con Sunedu, pero se pueden solucionar. Lo que no se puede es descartar todos los cambios que se han hecho, como los estándares mínimos de calidad”, comenta Milagros Chumbiray Gonzáles de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ella señala que uno de los aspectos a mejorar es la rapidez con que la superintendencia atiende las denuncias.

Esdras Medina parece haber logrado algo que en otros ámbitos de la política peruana parece imposible: un consenso entre oficialismo y oposición, en este caso, en torno a la reforma universitaria. Eso es innegable. Pero es mucho más discutible que ese consenso alcance también a la comunidad universitaria o que sea cierto que sus iniciativas reflejen una genuina preocupación por los estudiantes. Aunque lo repita una y mil veces, en todas sus entrevistas. Por cierto, Sudaca también intentó comunicarse con el congresista Medina para consignar su versión en este reportaje. Tampoco nosotros obtuvimos respuesta.

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SUNEDU

El 20 de mayo del 2021, sin embargo, la Comisión de Derechos de Autor del Indecopi rechazó este argumento. “En el contrato de 1997, las partes señalan que el mismo sería de coproducción, por lo que los derechos patrimoniales sobre la obra corresponderían en partes iguales a ambos (…) La denunciante [la asociación Pataclaun] se encuentra legitimada para presentar la presente denuncia”, dice la resolución que declaró fundada la demanda contra Telefónica, Media Networks y Canal 2, a quienes atribuyó distintos niveles de responsabilidad.

Sin embargo, esta comisión del Indecopi desestimó las pretensiones económicas de la asociación cultural. El Indecopi se negó a calcular el monto de la compensación de acuerdo con el contrato firmado en 1997, pues este fijaba un valor por la producción de la obra y no por las licencias posteriores que pudieran afectar el producto.

Luego de las apelaciones de ambos lados, el último 6 de junio, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual fijó el pago a favor de Pataclaun apenas en US$27,500. Un monto que debe haber dado risa a las tres grandes empresas de comunicación involucradas, porque la sacaron barata. El monto corresponde al primer año del contrato que se pagó a favor de Latina, lo único que se había cancelado antes de que la serie fuera retirada del streaming. El Indecopi tampoco impuso una multa a las involucradas, pero sí dispuso que Latina cubra los gastos derivados del proceso.

Resolución de la sala
La resolución de abril de este año, luego confirmada en junio, que le dio la razón a Pataclaun. Telefónica, Media Networks y Latina la sacaron barata

Sudaca se comunicó con July Naters para recoger su versión sobre el desenlace de este contencioso, pero al cierre de este reportaje no recibimos respuesta. De seguir en desacuerdo con el monto que el Indecopi les reconoció, la asociación que dirige la productora puede acudir al fuero judicial. 

Pataclaun no solo ha sufrido este intento descarado de desconocer a sus autores, sino también la falta de pago a los actores que protagonizaron la serie. Por las retransmisiones que hacía Latina estos debían percibir regalías. Desde Inter Artis, la asociación encargada de gestionar los derechos de propiedad intelectual de artistas e intérpretes, informan que ya han llegado a un acuerdo con la empresa para que asuma sus responsabilidades. Este medio se comunicó con el área legal de Latina, pero no atendieron nuestras consultas.

“Hay una cultura de desconocer la propiedad intelectual ajena. Nosotros tenemos una serie de mecanismos para convencernos de que, cuando el producto es un intangible, robar no está mal. Pero la persona que ha producido el contenido tiene derecho a ser compensado por el tiempo que ha invertido en eso, porque, si no, no existiría. Ese es un problema a nivel país”, reflexiona Carlos Zúñiga. A final de cuentas, este caso, que involucra a una de las series cómicas más recordadas de la televisión peruana, se saldó con una compensación ridícula.


** Fotocomposición de portada: Darlen Leonardo

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Movistar, Pataclaun
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