Hoy, esa heredad se ha ido al tacho, por culpa de algunos advenedizos que han capturado el partido, convirtiéndolo a una organización presta al enjuague y la componenda interesada. Las pesquisas fiscales, que ya empezaron a rodar y no se detendrán, pronto nos harán saber el grado de responsabilidad delictiva que pueda alcanzarle al partido de la lampa y a sus principales dirigentes.
Es una desgracia que el centro político peruano se haya degradado políticamente al extremo mostrado por Acción Popular. Alianza para el Progreso, el otro partido de centro, ha salvado al honor al pronunciarse claramente a favor de la censura de Silva, de no darle la confianza al gabinete y eventualmente de discutir la posibilidad de la vacancia. No es el caso de Acción Popular, cuya labor en el Congreso es moral y políticamente deleznable.
Solo queda hacer votos para que el pueblo tome consciencia de ello y nunca más se deje sorprender por nostalgias o logos atractivos y lo piense tres veces antes de volver a darle un endose electoral a algún candidato de Acción Popular, partido que había logrado reverdecer, pero que rápidamente ha demostrado grados de putrefacción que deberían hacerlo merecedor de una nueva etapa de ostracismo.
Pero al menos, es imperativo que el Congreso, de no lograr la vacancia, le niegue frontalmente la confianza a un gabinete manchado ya no solo de mediocridad sino, además, de corrupción. Y en adelante, tendrá que mostrarse más expeditivo para interpelar y censurar ministros deleznables, como muchos a los que Castillo ha puesto en la vidriera en estos primeros meses de mandato.
Castillo es, políticamente hablando, un traidor mendaz. Lo suyo nunca ha sido la búsqueda del cambio de estructuras para beneficiar al pueblo. Esa es la fraseología barata con la que aún engaña -en la mejor de las hipótesis- a algunos sectores de la izquierda hambrientos de la menor cuota de poder y carentes de solvencia moral. Castillo es un inepto contumaz, un mediocre redomado y un sombrero protector de trapacerías y corruptelas en el Estado.
Y ese proceso de develamiento de su verdadera entraña, torna en cómplices a todos los ministros, funcionarios y congresistas que mantienen su defensa en ristre. Los hechos de corrupción y de mediocridad administrativa saltan a la vista. Quien se haga el ciego respecto de ellos, adolece de la misma insolvencia ética del presidente.
La vacancia por incapacidad moral, inicialmente prevista para casos en los que el gobernante perdía el quicio, ha derivado en circunstancias en las cuales es pasible de suspicacia cierta la moralidad del presidente. Así procedió la vacancia de Fujimori, casi sucede con Kuczynski (renunció antes de que se procediera a ella) y de esa forma aconteció con Vizcarra.
Ya cuando se conocieron las reuniones clandestinas del Primer Mandatario en la casa del pasaje Sarratea, se tendieron las primeras sombras respecto del manejo ético del poder. Hoy, luego de las fundadas denuncias de una persona allegada al cogollo presidencial, como es la lobista Karelim López, no queda duda alguna de que es desde la cúpula del poder palaciego que se ha tejido la red de corrupción que ha sido develada a lo largo de las últimas semanas por diversos medios de prensa, y que hoy simplemente hacen sentido poniendo al centro de la trama al mismísimo Pedro Castillo.
Sería una vergüenza que el Congreso no pueda hacerse cargo del problema, como corresponde. Se espera, en particular, que Acción Popular y Juntos por el Perú actúen con integridad y permitan, con sus votos, que el proceso de vacancia comience. Si, por razones distintas, se pliegan a la voluntad de impunidad oficialista habrán cavado su tumba política y tendrán que responder al pueblo por su inconducta.
No nos equivocamos cuando reiteramos que fue un error popular votar por un sujeto improvisado, inepto e irresponsable como Castillo y sobre el que ahora se tienden serias sombras de corrupción. Inmoralidad que cobra mayor gravedad política porque ha sido desplegada de inmediato, como parte de un plan agazapado, al amparo de la fraseología izquierdista, revolucionaria y de raigambre popular.
Lo lamentamos por sus votantes, seguramente engañados por esa parafernalia, pero queda claro que felizmente, la democracia sigue siendo en el Perú un sistema que es capaz de corregir los errores que bajo su manto se cometen. Sacar a Castillo del poder será, en ese sentido, un acto de saludable profilaxis política y moral.
–La del estribo: empieza el Festival de Artes Escénicas, FAE Lima, que marcha ya por su sexta edición. El 2020 quedó trunco por la pandemia, el 2021 fue virtual y ahora vuelve a la presencialidad bajo los auspicios del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, Centro Cultural Peruano Británico, Teatro la Plaza, Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, Centro Cultural de la Universidad de Lima y el Gran Teatro Nacional. Va del 2 al 12 de marzo. ¡Imperdible!
Sería terrible para el país que estas colectividades prosperen al punto de tornarse en opciones de gobierno en las próximas elecciones generales. A pesar de la corrupción campante en las gestiones precedentes -con honrosas excepciones- y a pesar del desastre que ha significado la elección de Pedro Castillo, la democracia, cuando funciona correctamente, es capaz de corregir sus propios errores.
Por lo pronto, ya ha servido, por el equilibrio de poderes vigente, para refrenar los ímpetus radicales del régimen. Ojalá la presión democrática (de la oposición, los medios y la sociedad civil) logre ahora que el gobierno enmiende rumbos respecto de la barbarie burocrática que está perpetrando al copar mediocremente el Estado.
Y si Castillo no escarmienta y persiste en el desmadre, hay mecanismos constitucionales, perfectamente democráticos, para cambiar el estado de cosas. Sería una cabal demostración de que la democracia es un sistema que permite corregir errores cometidos a su amparo.
Si el Congreso actual hiciese estas cuatro tareas pasaría a la historia como uno de los mejores Parlamentos de nuestra vida republicana. Supondría hacer cambios estructurales relevantes y salir de la minucia en la que se regodea, en espejo de la mediocridad del Ejecutivo.
Sorprende que la juventud o los colectivos organizados no se expresen activamente en las calles, en protesta por los estropicios que se vienen perpetrando tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la República.
Somos, en general, un país poco dado a las grandes movilizaciones, como suelen suceder con frecuencia, por ejemplo, en Argentina o España, y más recientemente en Chile o Colombia (dos naciones que tampoco tenían esa tradición). Explicaciones puede haber varias, siendo la más manida la que le atribuye a la informalidad un poder desactivador significativo. El informal es un derechista pasivo, inactivo: su trabajo o su empresa informal vive el día a día sin posibilidad de suspender labores para protestar o expresar cívicamente su disconformidad.
Y ese es un problema serio de nuestra democracia. Como bien señala el filósofo Gonzalo Gamio en la Introducción de su más reciente libro (La construcción de la ciudadanía. Ensayos de filosofía política), “en sentido estricto, no existe democracia sin ciudadanos. El grado de libertad que requiere una democracia genuina procede en cierta medida de la disposición de los agentes a involucrarse de buena gana en procesos de deliberación, movilización y vigilancia del poder. El ejercicio de la ciudadanía puede otorgarle dirección y profundidad a la vida de las personas, si estas consideran la acción política como una potencial opción de sentido”.
Llama la atención que el Perú esté desmovilizado cuando, a priori, se suponía que detrás del voto a los dos contendores de la segunda vuelta (Pedro Castillo y Keiko Fujimori) existía una actitud recelosa anunciada como voto vigilante, debido a las sospechas de que ambos contenían elementos potencialmente perniciosos para las libertades políticas y económicas.
Razones hay de sobra para que la ciudadanía se indigne con lo que está haciendo el gobierno. La barbarie que se ha impuesto en sectores claves del aparato estatal (empezando por lo que se está haciendo en el sector Salud, de tan álgida relevancia en estos tiempos de pandemia) amenaza con producir el colapso de la gestión pública. También abundan los argumentos para sublevarse por la actitud reaccionaria del Legislativo, empeñado en tumbarse las reformas educativa y del transporte y ahora tratando de dinamitar la lucha anticorrupción.
Ojalá este marasmo vigente sea superado pronto y empecemos a ver actos de movilización ciudadana, protesta callejera y alzamiento de la voz popular. El país y la democracia lo necesitan. Los poderes mediocres y corruptos que se imponen, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, no se la pueden llevar tan fácil, como si nada grave estuviera ocurriendo. En las calles debe desplegarse el germen de la renovación.
Al cabo del tiempo, este lustro va a ser recordado como el periodo del retroceso, aquel en que el Estado peruano involucionó, se paralizaron reformas importantes y se desperdició la oportunidad de crecimiento económico.
Y en ese empeño, son cómplices el Ejecutivo y el Congreso. Desde el gobierno central se está perpetrando el mayor latrocinio burocrático de los últimos tiempos, al desmantelar los núcleos de excelencia que funcionaban relativamente bien en algunos sectores del Estado. El copamiento partidario de cuanta entidad sea factible de infiltrar ya está produciendo el colapso de la gestión pública.
Y desde el Congreso, el fujicerronismo se ha empeñado en tirarse abajo no solo reformas importantes, como las de educación y transporte, sino que ahora enfilan baterías contra uno de los pocos baluartes institucionales que nos ha permitido sobrellevar la crisis producida por el develamiento del escandaloso grado de inmoralidad vigente durante la transición post Fujimori: la lucha anticorrupción y el equipo de fiscales y jueces que lo ha permitido.
Tumbarse la legislación vinculada a la colaboración eficaz, no obedece a un intento de fortalecer el sistema anticorrupción, sino al propósito no santo de debilitarlo y favorecer tanto a los corruptos del pasado como, sobre todo, a los venideros. A los fujimoristas o seguidores de Luna se les ve con claridad el fustán de sus torvos afanes y a ellos se suman los congresistas oficialistas que se están curando en salud o queriendo proteger aliados circunstanciales: Dinámicos del centro, lobistas de Sarratea, etc.
Son tal para cual este Ejecutivo y el Congreso. Ninguno de los dos poderes del Estado actúa a la altura de sus responsabilidades históricas, que van más allá de la infeliz coincidencia de este desastre con el Bicentenario, sino con la encrucijada histórica en la que nos hallábamos, con una transición democrática agotada y devaluada, que merecía una superación cualitativa, política, económica y social.
No se avizoraba un buen destino, al cabo de tener que elegir en la segunda vuelta, entre los dos peores candidatos tanto de la izquierda como de la derecha. La conformación consecuente del Congreso no podía ser indemne al descalabro que ello auguraba, pero abrigábamos la leve esperanza de que los tiempos forjasen el carácter de sus protagonistas y los hiciera elevarse sobre su estatura mínima de arranque. No ha sucedido, lamentablemente, y salvo un milagro político, tendremos que resignarnos a soportar a Castillo y al Congreso actual, por cinco años completos.
