Exultante, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, declaró que la izquierda puede llegar a tener 70 votos para conquistar la Mesa Directiva del Congreso. La verdad es que sumando a las cuatro bancadas de izquierda, Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Cambio Democrático, más un sector de la guardería de Acción Popular, Somos Perú, Podemos y no agrupados, llegarían, hasta el momento, a 62, pero, en todo caso, es una candidatura que con un golpe de suerte y buenas negociaciones podría aguarle la fiesta a la derecha, en principio mayoritaria en el Parlamento.

Por ese temor es que se apreciaron declaraciones acomedidas hacia la figura de Waldemar Cerrón por parte de congresistas como Hernando Guerra García (Fuerza Popular) o Alejandro Cavero (Avanza País), pero ayer, el portavoz extraparlamentario del fujimorismo, Micky Torres, zanjó a medias la incertidumbre al señalar que Fuerza Popular jamás respaldaría a Perú Libre para la presidencia o primera vicepresidencia de la nueva mesa directiva (no aclaró si para otras vicepresidencias ello sí era factible).

Lo cierto es que el centro y la derecha, que tienen la mayoría formal del Legislativo, no deberían abrirle la cancha a los derrotados del 7 de diciembre del 2022, comparsas del nefasto gobierno castillista y azuzadores de la desestabilización. No es un tema de principismo obtuso. Eventualmente, para una mesa directiva congresal sí es admisible un pacto plurideológico, pero en este caso, el mismo es inaceptable en la medida que se le estaría concediendo un triunfo a quienes casi llevaron al país a su colapso político, social y económico.

Al final de cuentas, la mesa directiva no es tan relevante, como sí lo es la Presidencia, que ejerce un papel decisorio en los temas que se ponen en agenda, pero aún a pesar de ello, el llamado bloque democrático debe hacer todo lo posible para reagrupar fuerzas y evitar que de Acción Popular, Somos Perú o Podemos haya migración interesada hacia la izquierda. Con la misma generosidad con que pensaban conquistar a Waldemar Cerrón, deberían tratar a las bancadas díscolas que por no recibir nada son capaces de aliarse al extremismo izquierdista.

En el desenlace que la crisis política tenga en los meses y años venideros influirá mucho lo que ocurra en el Congreso. Tener una Mesa Directiva de izquierda sería el primer paso hacia la anarquía.

 

 

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“Un partido nuevo” responde la gran mayoría de la ciudadanía, respecto de por quién votaría en una nueva elección congresal, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos publicada en Perú21.

Un 28% responde así, por un partido nuevo, 11% por Fuerza Popular, 6% por Perú Libre, 5% por Acción Popular (¡increíble!), 4% por Avanza País, 3% por Alianza por el Progreso, 3% por Renovación Popular, 3% por el Partido Morado, 2% por Somos Perú, 2% por Juntos por el Perú y 1% por Podemos.

La encuesta no lo plantea, pero no sería excesivo atribuir que semejantes resultados ocurrirían también si se preguntase por la elección presidencial. La gente está harta de la partidocracia vigente, aquella instalada principalmente en un Congreso absolutamente desprestigiado.

Es un mensaje para los actores políticos de centro y de derecha que pretenden encaramarse en el poder en las próximas elecciones. Los del statu quo, que se unan, para evitar la dispersión. Por el lado de la derecha, que vayan juntos Renovación Popular, Avanza País, el Apra y Fuerza Popular. Por el centro, que se alíen Alianza para el Progreso, Somos Perú, los morados y Podemos.

Y los nuevos partidos, liberales la mayoría de ellos (en este segmento del espectro ideológico), deberían repensar cuidadosamente si les corresponde ir como parte de un gran frente centroderechista o, más bien, ir por la libre. Por lo que señalan las encuestas, no les conviene en absoluto unirse al statu quo sino, más bien, marcar su propia agenda. Eventualmente, pueden unirse entre partidos nuevos (no se entendería que Rafael Belaunde no converse con Carlos Espá, por ejemplo, o inclusive con Jorge Nieto, tres precandidatos absolutamente nuevos como tales, si al final todos logran la inscripción, cosa que hasta el momento solo ha conseguido Libertad Popular).

A todos convendría que las elecciones fueran el 2026, porque les daría más tiempo para instalarse en el imaginario popular y adquirir cierta vigencia, y en general, ello ayudaría a fijar cierta estabilidad  política en la agitada vida nacional, pero lamentablemente, los errores del gobierno y del Congreso, contribuyen a pensar que puede llegar un momento de ruptura del orden establecido y forzar a elecciones adelantadas (escenario deseable si efectivamente nada cambia en los dos poderes del Estado). Los partidos nuevos, en todo caso, deben actuar también en función de ese eventual desenlace.

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Carlos Espá, centroderechista, IPSOS, Jorge Nieto, partidocracia, Rafael Belaunde

La última encuesta de Ipsos publicada en Perú21, a propósito de las posibilidades electorales de Keiko Fujimori, trae dos malas noticias: Keiko puede pasar a la segunda vuelta, y en ella perdería irremediablemente contra el probable candidato de izquierda antisistema que el país está incubando.

Un 11% señala que definitivamente votaría por ella. Es el núcleo duro del fujimorismo. Y un 13% que podría votar por ella. Con una buena campaña tiene un techo de 24% que la colocaría definitivamente en la justa definitoria, como ha sucedido en los últimos tres procesos electorales.

Pero, a la par, hay un 61% que señala que definitivamente no votaría por ella. Casi dos tercios del país. Al respecto, ya es hora de deshojar el análisis político. No parece que estemos ante un antifujimorismo histórico, que crece o se mantiene en el tiempo, a pesar de los 23 años transcurridos desde los finales del gobierno de su padre, sino ante el rechazo a una lideresa política de segundo orden que carece de empaque doctrinario, liderazgo y, sobre todo, reacciones e iniciativas audaces que partan las aguas cuando el país requeriría su voz de guía.

Hay, sin duda, el mentado antifujimorismo, pero en verdad corresponde a un sector minoritario de la izquierda y la derecha liberales. Lo que predomina es el antikeikismo, cuya raigambre no es esencial ni acrítica, sino que obedece a la desastrosa actuación política de la mandamás de Fuerza Popular en los últimos lustros, desde el gobierno de PPK hasta los entripados corruptos, mediocres y autoritarios que su bancada vigente exhibe sin vergüenza.

Y el problema político de fondo es que ese sector poblacional es el que va a volver a impedir que Keiko Fujimori gane la elección. Y ella, con su sola presencia electoral, le resta votos a otra opción de centroderecha o derecha monda y lironda, que definitivamente tendría una mejor performance en una segunda vuelta electoral y alzarse con el triunfo, asegurándole al país el retorno ideológico que reencamine la nación hacia mejores rumbos que los actuales.

Keiko Fujimori debe retirarse de la política. Su presencia es tóxica y tapona el surgimiento de una derecha liberal, moderna y republicana, además de darle combustible a una izquierda que sin el fujimorismo al frente probablemente deje de existir o se evapore hasta la insignificancia.

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De por sí es grave que el gobierno esté empeñado en convertir a la parte informativa del canal del Estado, en una sucursal del área de prensa de Palacio de Gobierno, es decir una caja de resonancia y de apoyo mediático a las labores del Ejecutivo y, en particular, de la presidenta de la República.

Lo más preocupante, sin embargo, es que pone de manifiesto un grosero error de interpretación de los orígenes de la crisis política por la que el régimen transita. ¿Cree que con noticias positivas del canal estatal o cobertura amplia de sus actividades mejorará sus niveles de aprobación? ¿Es esa la lógica que anima al entorno de asesores palaciegos, creer que está allí la madre del problema?

Bastaría, según estos “inteligentes” asesores, con asegurarse una mirada positiva y amplia de las actividades del gobierno, y la puesta de soslayo de sus errores, para que poco a poco Dina Boluarte vaya subiendo en las encuestas y mejorando su performance ante la opinión pública.

Ello, lo que revela, es que no están entendiendo nada de la lógica política que lleva a que Boluarte tenga, según la última encuesta del IEP, la mayor desaprobación desde que inició su gobierno, o que la mayoría piense que su gestión es peor que la de Castillo (lo cual no es cierto, pero así lo percibe la ciudadanía).

Mientras el gobierno no tome cartas en el asunto en el tema pendiente de los muertos de diciembre y enero y mientras, a la vez, no emprenda agresivamente políticas públicas reformistas o audaces, la población percibirá que es un gobierno mediocre, pasivo, inerte, además derechizado y traidor de sus orígenes.

Ello pesa infinitamente más que la labor independiente de uno o dos reporteros o editores del canal del Estado, despedidos intempestivamente en las últimas semanas por haberse atrevido a mostrar cierta neutralidad respecto de los andares del gobierno. El Ejecutivo puede tener el canal estatal sometido al ciento por ciento y no va a subir ni una décima en sus tasas de aprobación.

Ensimismado, al parecer, en la guerra ya no tan sorda entre el premier Alberto Otárola y el hermanísimo de la presidenta, este gobierno no da pie con bola a la hora de tener un diagnóstico correcto de las causas de la crisis política que lo agobia.

 

 

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¿Cómo va a ser viable un país cuya tasa de anemia en niños de 6 a 35 meses es de 42.4%? Peor aun sabiendo las consecuencias irreversibles que ello conlleva -cuando deriva en desnutrición crónica- para el desarrollo motriz y neuronal de los afectados por este gravísimo problema.

María Elena Ugáz, oficial de Nutrición y Desarrollo Infantil Temprano de Unicef, ha declarado a El Comercio: “La Organización Mundial de la Salud determina que si la prevalencia nacional o local de anemia es mayor al 40% se considera un problema de salud pública severo”. Superamos, como se aprecia, esa tasa.

Puno y Ucayali son las regiones más afectadas, con 67.2% y 65.8%, respectivamente, pero en 19 regiones del país se registra un aumento de las tasas de anemia, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del INEI. La situación es de espanto y amerita una acción política urgente e inmediata del gobierno central y los gobiernos locales. Debería ser parte esencial de la gestión gubernativa en todos los niveles. La presidenta Boluarte debe tomar cartas directas en el asunto.

Son tres los caminos a seguir. Primero, retomar la senda del crecimiento económico, la mejor fórmula para combatir la pobreza, altamente correlacionada con los indicadores de anemia. Segundo, establecer políticas de salud pública que vinculen varios sectores para compeler a los jefes o jefas de hogares a proporcionar una dosis de hierro mínima a los infantes. Tercero, instruir al Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, Midis, para que también vincule la gran cantidad de programas sociales que alberga, al cumplimiento de ciertas tareas vinculadas a la mejor alimentación de la población en emergencia crítica (que es casi la mitad de la población nacional en la edad comprometida).

Condenar a las nuevas generaciones a minusvalías en aspectos de desarrollo psicomotriz y neuronal, equivale a tramar una red de ciudadanos de segunda clase, sin las condiciones equivalentes a quienes han tenido la fortuna de gozar de una buena alimentación infantil.

Y predispone a la democracia peruana al consecuente voto disfuncional, desinformado, lo que es peor, desinteresado de la política y de los grandes debates públicos, construyendo una masa crítica dada a los extremos polarizados, de rápida y acrítica asimilación.

La del estribo: en la cada vez más prolífica cartelera teatral limeña, se pone en escena Salomé, de Oscar Wilde, obra que causara un escándalo desde su estreno por su punzante cuestionamiento a los parámetros del conservadurismo. Dirigida por Jean Pierre Gamarra, y con la actuación de Amaranta Kun, Leonardo Torres, Mónica Sánchez, Fernando Luque, Alonso Cano, entre otros, va en el Británico, hasta el domingo 6 de agosto. Entradas en Joinnus.

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El gobierno ha dado dos pasos significativos en la última semana, que ojalá revelen un cambio de rumbo político y económico. Uno, la declaración del premier Otárola, en el sentido de tomar distancia del Congreso presentando acciones de inconstitucionalidad respecto de un paquete de normas aprobadas en el recinto legislativo. Dos, el anuncio del destrabe del proyecto Chavimochic, un gol económico que podría ser un parteaguas respecto de una política más agresiva pro inversión privada.

Lo primero es esencial al Ejecutivo. Su mímesis con un Legislativo aún más desprestigiado que el gobierno central, no hacía más que agregarle a las propias, antipatías ajenas (según la última encuesta del IEP el Congreso tiene 91% de desaprobación y apenas 6% de aprobación). Es riesgoso tomar distancia crítica, porque la mayoría congresal fácilmente puede retomar aires vacadores si percibe que tiene al frente a un poder adverso, pero si desde Palacio administran con habilidad y muñeca estas eventuales divergencias, la sangre no tendría por qué llegar al río.

Hay una clara vocación de aferrarse al cargo por parte de los congresistas y eso debe ser aprovechado por el Ejecutivo. Va a ser muy extremo que se animen en el Parlamento a vacar a Boluarte, a sabiendas de que una transición congresal provocaría un desmadre social equivalente al que ocasionó el ascenso de Merino y provocó su corta duración. Les conviene que Boluarte se quede y nada se mueva y, en esa medida, el Ejecutivo tiene margen de acción para marcar su propia ruta aun a costa de esporádicos choques con el poder de la plaza Bolívar.

La segunda noticia es más relevante en términos estructurales, porque sacar adelante un megaproyecto como Chavimochic implica una señal positiva al mercado inversor, más allá de la propia dinámica capitalista que el proyecto en sí generará (ojalá nomás no lo terminen destinando tan solo a grandes grupos económicos) y ello, sumado a otros logros que se puedan conseguir pronto (Majes-Siguas, San Gabán, etc.), podría hacer que la inversión privada empiece a recuperar confianza y retorne a la dinámica pre Castillo y se logre así remontar los biafranos niveles de crecimiento que se estiman y que tanto impacto generan en la generación de empleo y en las tasas de pobreza (según estudio de Macroconsult, para este año se prevé que la pobreza aumente a 28.4%; el 2022 fue de 27.5% y el 2021 25.9%).

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Es una barbaridad que el MEF haya recortado en 60% el presupuesto de las escuelas de Bellas Artes, Ballet Nacional, Artes Dramáticas y de Folklore. En casi todas las democracias avanzadas del mundo, el desarrollo de la cultura es promovido por el Estado de manera activa, porque se entiende que contribuye a la densidad cívica y, por ende, al fortalecimiento de las libertades y finalmente de la democracia. Es una inversión ciudadana.

Acabo de estar en Buenos Aires. En esta ocasión visité tres Centros Culturales, el Borges, el Kirchner y el Recoleta, los tres excelentemente curados, con atención digna de cualquier museo privado, limpieza impecable, atención prolija, gratuitos y, por ende, con gran afluencia de público. Y hablamos de un Estado como el argentino que está prácticamente quebrado.

Al gobierno peruano le sobra el dinero. Los ingresos fiscales del 2022 han marcado récord en la historia presupuestal nacional. Y los del 2023 van en la misma línea. ¿Este gobierno no es capaz de entender la valía cívica que contiene invertir en cultura? ¿Nadie, con dos dedos de frente, los asesora? ¿Nunca han salido del país los responsables del despropósito? ¿No ven cómo y cuánto se invierte en cultura en otros países?

La cultura, por cierto, no es políticamente rentable. Por el contrario, las artes en general son contestatarias y su esencia de libertad las lleva, por lo común, a cuestionar el poder y el orden establecido. Eso podría explicar por qué algunos gobiernos sienten la tentación de quitarles financiamiento y subsidios.

Pero en perspectiva global, es un despropósito que afecta, sobre todo, las posibilidades de que peruanos, y particularmente jóvenes, de escasos recursos accedan a una formación cultural de calidad en un ámbito que, a su vez, es comercialmente muy complicado de sostener.

El MEF debe reconsiderar. Ha declarado ante las críticas que eventualmente ello se podría subsanar a mediados de año, pero ya el perjuicio estaría hecho, porque las proyecciones de las entidades culturales afectadas se manejan con un presupuesto inicial y si éste se ve recortado, muchas actividades se recortarán de antemano.

La vida cultural activa de un pueblo requiere soporte estatal. Ya de por sí el presupuesto que la cultura recibe del Estado peruano es paupérrimo. Constatar por ello su recorte solo genera honda irritación y rechazo.

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La jugosa última encuesta del IEP trae consigo una pregunta sobre la Constitución y, aunque de manera indirecta, la mentada Asamblea Constituyente. Preguntada la ciudadanía respecto de qué corresponde hacer frente a la actual Constitución del 93, un mayoritario 47% estima que corresponde hacerle algunos cambios; 34% cambiar a una nueva Constitución (estos serían los que encajarían con la solicitud de una Asamblea); y 14% señala que no se debería cambiar nada.

Pese al inmenso desprestigio del Ejecutivo y del Congreso, percibidos como un pacto derechista, no crece el ánimo antisistema de patear el tablero y tirar la actual Constitución por los suelos, para ingresar a una espiral de refundación social, política y económica.

Datos colaterales interesantes: en el sur, la región más levantisca e izquierdista del país, empatan en 43% quienes quieren algunos cambios y quienes optan por un cambio total. Entre quienes se definen de centro -el conglomerado ideológico mayoritario del país- un significativo 54% opta por hacer algunos cambios y un reducido 29% por cambiar toda la Constitución (entre los izquierdistas, claro está, el 48% pide cambio total y el 39% algunos cambios). Otro dato importante: entre los que desaprueban a Boluarte, la mayoría (46%) opta por solo hacerle algunos cambios y 39% por cambios totales, es decir no se está produciendo un trasvase entre el rechazo al statu quo actual y el espíritu de reforma radical.

Es una buena noticia que la narrativa izquierdista referida a la Asamblea Constituyente, que probablemente llevaría al país, de hacerse efectiva, al despeñadero, no logre predominancia. No son los resultados de esta encuesta, suficiente predictores para considerar que el tema está zanjado y que no retomará bríos definitorios en las elecciones presidenciales venideras, pero de por sí es saludable apreciar que la mayoría del país no se lanza a apoyar propuestas radicales.

Es de esperar que esa masa crítica proestablishment se mantenga y permita que el 2026 (o antes, si se adelantan las elecciones), triunfe una opción de centroderecha, sea liberal o conservadora, que emprenda los cambios que hay que hacer, pero en el sentido correcto que nuestra sociedad requiere y que la historia demanda.

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El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, es un buen mediocampista defensivo. Es serio y va a evitar cometer tropelías o que el populismo nos meta goles en nuestra propia valla. Pero la situación económica del país requiere de alguien que haga pases en profundidad, que juegue verticalmente y finalmente haga goles.

La desconfianza empresarial y la parálisis de las inversiones privadas es de tal envergadura que este o cualquier gobierno que lo suceda va a necesitar varios goles para calentar la tribuna empresarial.

Majes-Siguas, Chavimochic (hay que cargarle la responsabilidad a Alan García de haberles dado vela en estos megaproyectos a los gobiernos regionales), San Gabán, tranquilizar Las Bambas, Tía María (es irracional la oposición al proyecto), por mencionar algunos ejemplos, es lo que se necesita para que el empresariado vuelva a los niveles de apuesta por el futuro pre-Castillo (ni la pandemia golpeó tanto como el nefasto régimen castillista).

En la última encuesta del IEP, se le pregunta a la ciudadanía cuáles son los principales problemas del país y la respuesta no sorprende: primero, la economía (27%); segundo, la corrupción (25%); tercero, la inseguridad/delincuencia (17%).

Se necesita un shock de inversiones privadas, un sacudón capitalista a la vena, para lograr que la economía vuelva a crecer a niveles históricos recientes (por encima de 3% como mínimo), y de esa manera, que se atempere la inflación, aumente el empleo y, sobre todo, se reduzca la pobreza.

Como bien dijo Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía: “si ha estado atento a la información económica, sabrá que el Banco Central (BCR) redujo su pronóstico de crecimiento del producto bruto interno (PBI) de 2,6% a 2,2% para este año. A primera instancia, pareciera que no fuera gran cosa reducir algo en 0,4%, hasta que recordamos que esto es el equivalente a perder 4.000 millones de soles, o unos 400 soles al año por hogar”.

Aparentemente, es imposible pensar que Dina Boluarte o Alberto Otárola se animen a replantear el tema económico y eventualmente busquen un ministro más generador de seguridad inversora, pero no por ello se debe dejar de insistir en lo relevante: sin recuperación de la confianza y la inversión privada, no hay crecimiento posible.

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