Los rumores siguen corriendo, insistentes, respecto de un posible cambio de gabinete, que modificaría el rumbo conocido del gobierno hasta la fecha. Lo cierto es que el Presidente tiene frente a sí tres opciones y sería bueno que zanjara definitivamente cuál de ellas va a seguir a lo largo de su gestión y no esté saltando de una a otra a lo largo de su mandato.

Opción A: mantiene el formato actual, con una repartición más o menos equitativa entre las diversas fuerzas de la coalición de izquierdas que nos regenta. El beneficio que conllevaría es el de una relativa tranquilidad en los mercados, ya que solo tendría que corregirse la pavorosa mediocridad que se ha instalado en diversos ministerios u oficinas públicas (el caso de Petroperú es uno de los más flagrantes y recientemente conocidos). El problema es que no generaría la suficiente confianza como para desatar una vorágine inversora que aproveche el extraordinario momento de los precios internacionales, que, a pesar de la medianía del régimen, ha disparado los valores de la minería o la pesca (se anuncia, por ello, un récord tributario para este marzo entrante).

 

Opción B: le hace caso a los consejos de Vladimir Cerrón y radicaliza su gobierno, expectorando a los que el propio extremismo cerronista llama “los caviares” del gabinete, se coloca a alguien como Róger Nájar o Hernando Cevallos en el Premierato, se insiste con el tema de la Constituyente y se trata de aplicar políticas económicas más agresivas en materia de redistribución o intervención estatal. El beneficio sería que fortificaría la representación política de un gobierno que fue votado precisamente para que haga eso y cerraría así la brecha creciente de potenciales crisis políticas futuras (hay, embalsada, una “energía” izquierdista, por llamarla así, producto de las defecciones anteriores de Fujimori, Humala o el propio García II). El problema es que llevaría al país al caos económico y en este caso se dilapidaría el buen momento internacional. Lo que se ganaría en representatividad política se perdería en viabilidad socioeconómica.

Opción C: Castillo gira al centro y convoca funcionarios de centro o, inclusive, de derecha, expectorando también, pero por otras razones, al “ala caviar” hoy vigente de los sectores claves que maneja, particularmente del MEF. El beneficio es que cosecharía de un influjo de capitales, que los propios peruanos han sacado al exterior, tranquilizaría los mercados inversores desatando su dinámica y generaría un crecimiento económico importante. El problema es que se acrecentaría la energía política disruptiva, que se vería nuevamente embalsada y postergada por un giro de timón del gobierno, que una vez instalado, administra por la derecha desoyendo su mandato de izquierda.

En cualquier caso, sea cual sea la opción que Castillo elija, lo va a tener que hacer pronto. Las dudas, incertidumbre y sombras que hoy subsisten, medran la confianza y generan parálisis.

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Pedro Castillo, política peruana

Tiene razón Fernando Cillóniz cuando señala, en su última colaboración en Lampadia, que hay que revisar a fondo el proceso de regionalización, el mismo que ha fracasado estrepitosamente. No se trata de volver a centralizar todo en el gobierno capitalino, sino de crear -recojo su idea- organismos constitucionales autónomos que se encarguen de las principales responsabilidades: salud, educación, agua y saneamiento, limpieza pública, tráfico vehicular, vivienda y urbanismo, infraestructura, entre otros.

Siguiendo el ejemplo de la excelencia funcional del Banco Central de Reserva, Cillóniz propone la creación de organismos meritocráticos, altamente profesionales, especializados y con autonomía constitucional, y -ojo con esto- descentralizados, es decir no habría un organismo nacional del agua, por ejemplo, sino que cada región tendría su propia entidad, con personal local, pero con las mismas prerrogativas de autonomía respecto de la politiquería ineficiente del gobierno central, de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales.

No se puede volver al centralismo. Es antirepublicano y antidemocrático, además de causante de todas las disrupciones electorales de los últimos tiempos. Es una tara histórica a la que se debe poner remedio y sería, por ello, absurdo y reaccionario pretender una marcha atrás.

Pero el esquema con el que se diseñó la regionalización fue un desastre. Su promotor irresponsable fue Alejandro Toledo, pero en ello tiene culpa compartida. Hay que recordar que el entonces presidente chakano citó a Palacio a Alan García, líder de la oposición, a comentarle que estaba evaluando suspender el inicio de la regionalización porque temía que fuera más perjudicial que benéfica. Trataba, como es evidente, de conseguir su anuencia política para facilitar la decisión. La conversación, que era reservada y hasta ese entonces meramente consultiva, fue violentada por García, quien a la salida de Palacio denunció a la prensa que el gobierno pretendía tirarse abajo la anhelada descentralización, obligando al régimen a retroceder y mantener el despropósito.

Hoy pagamos las consecuencias. Los gobiernos regionales, provinciales y distritales son antros de corrupción (la cantidad de autoridades denunciadas o encarceladas es descomunal), las obras son un desastre inacabado, las responsabilidades esenciales son abandonadas, se gasta en estupideces (como monumentos, piscinas o coliseos inservibles), y el pueblo, a pesar de que estas autoridades nunca antes en la historia han tenido tantos recursos, en algunos casos millonarios, sigue en la pobreza, en la indignidad urbana y la orfandad de servicios básicos. Y le echa la culpa de ello, increíblemente, al centralismo limeño y no a sus propias autoridades, eligiendo una y otra vez cada vez peor. A esta espiral mediocre, ineficiente y corrupta hay que ponerle coto.

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Alan García, Alejandro Toledo, regionalización

Hoy Lima cumple 487 años de fundación española. Le rendimos homenaje soltando una segunda lluvia de ideas (la primera fue publicada el pasado 15: http://ow.ly/XTJH30s7Gb4) sobre la ciudad que ojalá algún día se plasmen (sea por la autoridad edil o por el gobierno central, dependiendo de quién sea la prerrogativa jurisdiccional): ampliar los murales artísticos, como el recientemente restaurado de Ricardo Wiesse, en Miraflores, a todo el Zanjón; hacer lo propio en la Vía Expresa de la Javier Prado; habilitar zonas específicas para la expresión del arte urbano (grafitis); extirpar todas las rejas que rodean a parques públicos y recuperarlos como espacios abiertos de acceso universal; eliminar las tranqueras y rejas, grandes causantes del endemoniado tráfico limeño, y si lo que se teme es la inseguridad pues que se refuerce ella con activos humanos (serenazgos o policías).

 

No construir la vía aérea que pretende el MTC para unir el aeropuerto Jorge Chávez con la Costa Verde: sería un atentado urbano contra el Callao (en la columna anterior se proponía la unión de Lima y el Callao como una sola ciudad, por eso, esta propuesta no es extraterritorial); declarar vías nacionales todas las rutas de acceso hoy cerradas a los balnearios del sur y así eliminar las inconstitucionales playas privadas (y como esto es prerrogativa del gobierno central, que la medida vaya hasta más allá del límite con Cañete); activación cultural de todas las huacas, para que, junto con el recorrido de iglesias, casonas y restaurantes, se conviertan en un punto de atracción adicional para que el turismo también recale en la capital y no seamos solo un punto de tránsito hacia Cusco; eliminar los arcaicos rompemuelles y reemplazarlos por sensores de velocidad electrónicos, que se ha probado que sí funcionan y son inapelables e incoimeables; que no se construya un bypass más en la zona urbana; que se diseñe un sistema de tránsito inteligente, capaz de resolver los cuellos de botella sin ampliar carriles ni construir más vías expresas; que se agregue la isla San Lorenzo a la geografía urbana de la ciudad, como destino ecológico y turístico; disponer la obligatoriedad de tarrajeo y pintado de los muros externos de las casas y edificios (en zonas populares se debe disponer de un subsidio para facilitarlo): la buena impresión visual favorece la urbanidad (aplíquese la “teoría de las ventanas rotas”); (continuará)…

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18 de enero, 487 años, Aniversario de Lima, Fundación de Lima

Si sigue como va, este gobierno va a terminar muy mal. Sin nada que rescatar y mucho por cuestionar. No estamos frente a una izquierda capaz de hacer cambios sustantivos al modelo, ni ante un humalismo reciclado que, una vez con las riendas en mano, entiende que ir en contra del referido modelo es imposible. No es por izquierdista o neoderechista que a este régimen le va pésimo, es simplemente porque ha hecho de la mediocridad e inacción su bandera.

Quizás, inclusive -y lo digo desde mi pública orilla derechista-, lo mejor sería que Castillo hiciese un gobierno de izquierda, que, así, no ahonde la brecha de representación y crisis política estructural que, sin duda, genera en el Perú el hecho de que los políticos hagan, una vez que llegan al poder, algo radicalmente distinto de lo que prometieron en campaña (ocurrió más groseramente con Ollanta Humala).

En las últimas elecciones, claramente la mayoría del país votó por un cambio social y se espera, visto así, que Castillo no defraude esa expectativa. Por más que creamos que una ejecución gubernativa derechista es infinitamente superior a una izquierdista, cabe que aceptemos o valoremos esa conclusión política.

Pero ni siquiera eso se aprecia. Lo que reina y se impone es la minucia, la triquiñuela, la trampilla, el embuste y aprovechamiento, los indicios de corrupción, el copamiento partidario, la muralla comunicacional construida frente a la prensa y, por ende, frente a la ciudadanía, la vinculación y favorecimiento a sectores radicales que jamás debieran haber estado tan cerca del poder, en suma, la parálisis administrativa.

Por eso cae como cae en los niveles de aprobación en las encuestas. La última medición de Ipsos muestra que Castillo tiene la tasa más baja de popularidad de todos los gobiernos, desde el 2001 a la fecha, al cabo de seis meses de gestión. Ni Toledo se desplomó tan rápido, a pesar de que administrativamente la figura presidencial fue manejada calamitosamente desde el saque por el exgobernante. Hoy, Castillo tiene una aprobación de apenas 33% (cae tres puntos respecto de diciembre del año pasado) y una desaprobación del 60% (sube dos puntos respecto del periodo señalado).

Antes de discutir, pues, si conviene que Castillo gire al centro o se reafirme en la radicalidad originaria, lo que cabe es exigirle que asuma el cargo con la dignidad e investidura que corresponde, que corrija rápidamente los entuertos en los que es pródigo, y le brinde mayor profesionalismo al manejo administrativo del Estado. En suma, que se dedique a gobernar y a honrar, como corresponde, el encargo recibido por millones de ciudadanos peruanos en las urnas.

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copamiento partidario, corrupción, muralla comunicacional, Pedro Castillo, prensa peruana

Ni firmas falsificadas ni suplantaciones de identidad hubo en el proceso electoral. En otras palabras, no hubo fraude, según concluye la investigación de seis fiscalías provinciales abocadas a ello luego de que el Jurado Nacional de Elecciones les remitiera las denuncias de Fuerza Popular en ese sentido.

Se confirma así el papelón político monumental que supuso para un sector de la derecha la cantaleta del fraude para intentar explicar la derrota legítima, en las urnas, de Keiko Fujimori, una muy mala candidata; peor, que eso, una pésima perdedora.

Sin aprender un ápice del desastre político que generó por su resistencia a aceptar el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski el 2016, esta vez, cinco años después, volvió a repetir el plato con mayor intensidad, tratando de que las autoridades electorales desconozcan el triunfo de Pedro Castillo y se vuelvan a convocar elecciones o se le proclamase a ella como la ganadora.

Será cuestión de recordar todos los nombres de quienes alentaron ese despropósito, porque revela su mala entraña política, capaz de ir más allá de los hechos con tal de plasmar sus objetivos. Y en ese afán, lamentablemente llegaron a involucrar a nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa, seguramente mal informado, estuvo dispuesto a usar su influencia para lograr el mismo afán.

Dicho sea de paso, la derecha, lo que tiene que aprender es a lanzar buenos candidatos. No lo eran ni Keiko Fujimori, ni Rafael López Aliaga, ni Hernando de Soto. Hay que reconocer que la candidata de Fuerza Popular hizo una excelente campaña en primera vuelta y en buena parte del tramo de la segunda, pero cometió errores groseros en el desenlace casi final, que le costaron la estrecha derrota frente al muy básico y endeble candidato de Perú Libre.

Esta investigación de la Fiscalía debería bastar para que un grupo de enfebrecidos baje sus revoluciones y entienda también que a Castillo se le debe combatir usando las armas de la propia democracia constitucional y no con atajos golpistas. Porque entre quienes exigen vacancia exprés y quienes gritaron fraude hay una línea de continuidad que ojalá se empiece a resquebrajar.

La del estribo: monumental el esfuerzo de la Derrama Magisterial, en conmemoración del Bicentenario, de haber lanzado al mercado editorial la colección, en seis tomos, de la Nueva Historia del Perú Republicano. Bajo la conducción editorial de académicos como Manuel Burga, Carlos Contreras, María Emma Mannarelli y Claudia Rosas, se perfilan nuevas miradas, inquietantes preguntas, tratamientos novedosos de hechos ocurridos desde 1780 hasta la fecha. Edición de lujo, pero a precios asequibles que ya encuentra en kioskos y librerías.

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derrama magisterial, Fraude, Jurado Nacional de Elecciones, Keiko Fujimori, papelón

Ahora que se avecinan las elecciones municipales, soltamos algunas propuestas al desgaire para la maltrecha capital de la República a ver si el nuevo ocupante del sillón de Nicolás de Ribera el Viejo, se inspira en algunas: Peatonalizar todo el damero de Pizarro, entendiendo por ello lo comprendido entre el río Rímac, Tacna, Nicolás de Piérola (La Colmena) y Abancay. Para empezar, después se debe ampliar más al sur; lograr que la Beneficencia y la Iglesia católica vendan los cientos de propiedades que tienen en el centro histórico, en estado ruinoso o subarrendadas y tugurizadas. Emprender un plan de reubicación de las familias afectadas; dar facilidades a bancos o grandes empresas para que restauren viejas casonas del centro histórico; tumbar los muros de los parques zonales, hacerlos abiertos al público, gratuitos, como grandes espacios públicos democratizadores e inclusivos; construir playas en todo el litoral de la Costa Verde, hacer espigones para arenar, ascensores o buses gratuitos para hacer de esos 22 kilómetros el gran parque natural de Lima y Callao; retomar el proyecto Río Verde, que creaba 25 hectáreas de áreas verdes y recuperaba la ribera del Rímac; reemplazar las escaleras de Castañeda Lossio por escaleras mecánicas, como existen en muchas ciudades del mundo; eliminar los 43 distritos en Lima y los siete del Callao y que Lima-Callao sea regido por una sola autoridad.

No hay ninguna otra ciudad en el mundo que se maneje con el caótico menjunje distrital que acá existe; construir una vía subterránea del Metropolitano en la avenida Bolognesi en Barranco para recuperar esa vía de tránsito entre Lima y Chorrillos descongestionando el tráfico del sufrido distrito barranquino; gestionar que la base aérea de Las Palmas se mude fuera de Lima y allí se construya un gran parque público y espacios recreativos; que las instalaciones militares de Chorrillos permitan un pase vehicular, de modo de romper el dique urbano que supone esa infraestructura, que, en verdad, ya debería salir fuera de la ciudad; prohibir la urbanización del valle de Lurín: que se construya en las pampas aledañas, no en el valle mismo, y que no se repita el asesinato ecológico del valle del Rímac y el Chillón; completar la reforma del transporte iniciada en la gestión de Susana Villarán; extender las líneas del sistema del Metropolitano; acelerar la ejecución de “Pasamayito”, que une Comas con San Juan de Lurigancho; integrar la red de ciclovías que sin orden ni concierto han desplegado los municipios distritales; construir una vía paralela a la carretera Panamericana Norte para que el peaje no sea de uso obligatorio para cientos de miles de vecinos y mientras no se logre, entregar tarjetas de pago subsidiadas para que los lugareños transiten por la vía y no les cueste el referido peaje; reducir aún más los límites de velocidad recientemente rebajados: que no se pueda circular a más de 40 kph en la ciudad; arrancharle al Ejecutivo más rentas e invertir en seguridad ciudadana vía serenos dotados de armas defensivas (continuará…).

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Alcaldía de Lima, elecciones municipales 2022, Lima

Con la complicidad del gobierno, no solo representado por la bancada de Perú Libre sino también por el propio ministro de Educación, Rosendo Serna, quien ha enfilado baterías contra la Sunedu, el Congreso pretende tirarse abajo la reforma universitaria.

Quiere extenderle plazos a las universidades no licenciadas abriendo irregularmente las puertas para que las estafas educativas perpetradas por ellas vuelvan a desplegarse y, además, busca concederle nuevamente poderes a la felizmente extinta Asamblea Nacional de Rectores, responsable del descalabro académico de las casas superiores de estudio en el Perú (situación de la que recién estamos saliendo, de a pocos, gracias precisamente a la reforma universitaria realizada, que los parlamentarios han decidido desmontar).

Curiosamente, el operativo de demolición es liderado no solo por la izquierda radical sino también por los partidos de la derecha, que demuestran una vez más no entender un ápice de las reformas institucionales. Para ellos, solo se trata de instalar el capitalismo salvaje, sin cortapisas democráticas ni presencia eficaz del Estado, como ente regulador y garantía de un capitalismo competitivo, moderno y liberal.

Una de las pocas buenas reformas institucionales desarrollada luego de la vorágine reformista de los 90, ha sido precisamente la universitaria y la creación de la Sunedu. Los gobiernos post Fujimori se dedicaron a gobernar en piloto automático y abandonaron los ímpetus de cambios sustantivos en tantos sectores pendientes, la llamada “segunda ola de reformas”, que aún ningún gobierno ha querido retomar.

La dupla Congreso-Ejecutivo no solo no piensa, desarrolla ni despliega nuevas reformas sino, como se ve, quiere tumbarse las pocas que se han hecho en los últimos lustros. Las declaraciones en sentido contrario de la premier Mirtha Vásquez, pesan muy poco, lamentablemente.

Nuevo acto de irresponsabilidad.- Uno de los tecnócratas más calificados que tiene el Perú, reconocido así por organismos internacionales, como el BID o el Banco Mundial, es el ingeniero Alejandro Afuso. Gestor de sinfín de proyectos e instituciones a lo largo de su vida, hasta hoy se desempeña como coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú). Al parecer, como parte de la política gubernativa de arrasar con los pocos nichos de excelencia tecnocrática que funcionan en el país, se habría decidido -según ha publicado el diario Gestión ayer- su cambio. Una barbaridad, desde todo punto de vista. El Perú perdería a uno de sus mejores cuadros por obra y gracia de la ambición politiquera del partido de gobierno -en complicidad con el ministro de la Producción- de copar mediocremente todas las instituciones que aún operan con eficacia y de modo íntegro. Se trata, al parecer, de llevar el Estado a su colapso.

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Congreso-Ejecutivo, contrareforma, Perú Libre, reformas

 

El nombramiento de alguien como Daniel Salaverry, quien no tiene oficio ni beneficio, para un cargo técnico como el de presidente de un organismo altamente especializado como Perupetro, es el mejor indicador de la mediocridad ejecutiva de este gobierno.

La designación fallida de Mario Carhuapoma, y el nombramiento de un reemplazo prontamente cuestionado por su idoneidad, en EsSalud. La caída del proyecto Majes-Siguas por inacción del Estado, etc., son otros indicadores -entre muchos más- de una gestión paupérrima, tal cual subrayábamos en nuestra columna de ayer.

Como bien ha señalado el economista Miguel Palomino, exvicepresidente del BCR, Pedro Francke, quien es de lo mejorcito que tiene este régimen (¡pudo haber sido Juan Pari el titular del MEF!), si no fuera en este gobierno jamás hubiera sido ministro de Economía.

Y hay que sumarle a lo dicho los destrozos institucionales que vienen ocurriendo en la tecnocracia de sectores como Transportes, Educación (copado por el Fenatep), Energía y Minas, Minam, etc., para entender el oscuro porvenir que le espera al Estado peruano.

Salvo el proceso de vacunación, que ha seguido el impulso dejado por la administración anterior, en prácticamente todo lo demás, la gestion pública llega a niveles tan misérrimos que es dable temer el colapso del Estado en varios frentes de acción.

Organismos que antes constituían islas de excelencia, como Indecopi, la Sunat, Perupetro, Proinversión, y algunos más, están siendo infiltrados por funcionarios allegados al partido de gobierno, sin  ninguna experiencia ni capacidad gestora adecuada para los cargos que se les entregan graciosamente.

Ya no estamos siquiera ante un problema de izquierdas o derechas. Por cierto, ha quedado demostrado que la izquierda peruana carece de una red de profesionales y tecnócratas en capacidad de asumir las riendas de un gobierno en sus aspectos esenciales, pero los niveles a los que se está llegando, exceden ya cualquier tipología ideológica y apuntan, más bien, a una mediocridad corrupta: regalarle un puesto a alguien, solo por sus credenciales partidarias, sin estar calificado para la responsabilidad que se le encomienda, es la peor corrupción, porque genera un enorme perjuicio social, tangible y altamente costoso.

El problema es que el techo lo marca el propio Presidente de la República, un personaje altamente descalificado, en términos administrativos y politicos, para ejercer el cargo que le tocó en suerte desempeñar. Si esa es la cima, se entiende la grisura de espanto de los niveles burocráticos inferiores.

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Daniel Salaverry, Estado, Gestión del estado, Mario Carhuapoma, Presidente de la República

Al final de cuentas, el gobierno de Pedro Castillo no va a ser revolucionario, no va a convocar ninguna Asamblea Constituyente, no va remover los cimientos del modelo, no va a cambiar la primacía de la propiedad privada, no la va a afectar, no va tampoco a transformar radicalmente la salud y la educación públicas ni acometer un programa de redistribución socioeconómica trascendental. No va a ser ni Velasco ni Alan I. No le da el fuste ni para eso. El suyo va a ser el reino de un centrismo mediocre.

Ni puede -no tiene la mayoría en el Congreso, ni el respaldo masivo de las calles- ni quiere hacer algo superlativo. Rápidamente, se ha refugiado en el usufructo del statu quo, del piloto automático, pero con su añadido particular de una profunda medianía. 

En estos cinco años de gobierno, el Perú va a retroceder, pero no porque haya llegado al poder un destructor del modelo liberal, sino porque se ha instalado en Palacio un personaje tan mediocre que lo único que parece buscar es darle puestos públicos a sus allegados y desmontar las pocas buenas reformas que se habían hecho en los últimos años (magisterial, del transporte, etc.).

En el fondo, quizás sea hasta positivo para el país que la coalición de izquierdas que nos gobierna corrobore su enorme incapacidad ejecutiva, su falta de cuadros técnicos y su vocación politiquera para administrar los recursos públicos. Y que, al cabo de los cinco años perdidos de este régimen, ojalá el país entienda el desastre que supone votar por la izquierda. La peor derecha es mejor que una izquierda como la peruana, incapaz de alcanzar cuotas de modernidad que en otras latitudes exhibe.

Por su parte, la derecha haría bien en descartar el escenario improbable de la vacancia y abocarse a tareas políticamente más productivas. Solo un escándalo de corrupción que toque directamente al Primer Mandatario la justificaría. La mediocridad del gobierno no es razón suficiente para ello.

La tarea derechista, en consecuencia, debería ser mantener a raya al régimen, evitar cualquier tentación colectivista o autoritaria (ya que goza del poder suficiente para lograr ello), impulsar los cambios que pueda acometer desde el Legislativo, y prepararse para el recambio del 2026 con candidaturas potables, apostando a que sobrevenga un periodo derechista de larga duración que, esta vez sí, haciendo las reformas institucionales pertinentes, conquiste un nivel de desarrollo irreversible del país, blindándolo contra eventualidades disruptivas como las que hemos sufrido este aciago año electoral.

Nota al margen: es política editorial de la dirección de Sudaca que ejerzo, respetar en grado extremo los informes que los reporteros publican con su respectiva firma y responsabilidad. Ello se ha hecho y se hará, escrupulosamente -jamás una nota ha sido censurada desde que Sudaca empezó a existir-, asumiendo que se está ante una exposición veraz de hechos a los que el reportero, con derecho propio, agrega subjetividades editoriales. Respecto de estas cabe, sin embargo, la discrepancia, y me permito ejercerla respecto de algunos acentos de la nota publicada ayer “Hablan los amigos de César Acuña (y otros se corren)” (http://ow.ly/NBzX30s6Zbt), particularmente en el tratamiento del rol jugado estos días por Augusto Álvarez Rodrich. A pesar de su amistad con César Acuña, AAR se ha pronunciado claramente en contra de la sentencia y ha promovido, desde la presidencia de IPYS, duros comunicados al respecto y ha gestado, inclusive, activamente la vigilancia de periodistas el día de la audiencia. No se ha escabullido respecto de este espinoso tema.

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Augusto Álvarez Rodrich, César Acuña, Pedro Castillo, Primer Mandatario
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