Resulta inverosímil que el Apra haya visto frustrada la inscripción de buena parte de sus listas congresales por un error informático o por un personero despistado. Estamos claramente ante un acto conspirativo de la gerontocracia aprista en contra de las nuevas generaciones que se habían desplegado en la plancha y listas conformadas. Han sido los cincuentones y sesentones del APRA los autores intelectuales y materiales del despropósito.

Muchos errores ha cometido el aprismo a lo largo de su historia. Para no remontarnos a los tiempos aurorales de Haya de la Torre hablemos tan solo del periodo alanista. Cuando su opción era convertir a su primer gobierno en una opción socialdemócrata sensata optó por un desquiciado populismo estatista que llevó al país a su ruina mayor. Su ignorancia económica y su soberbia megalomaníaca causaron el mayor desastre político, social y económico de nuestra historia.

Y cuando regresó por segunda vez al poder, lo que mejor hizo fue impulsar la inversión privada (récords históricos), pero ese estímulo pichicatero de los capitales no vino acompañado de ninguna reforma promercado y mucho menos de reformas institucionales. García desaprovechó los tiempos de vacas gordas (acentuadas por el boom de los minerales) y tiró por la borda la que podría haber sido la última ocasión de construir un capitalismo liberal en el país.

Pero, a despecho de los errores señalados, uno de los grandes activos que el APRA ha sabido construir en los últimos años es el de la renovación generacional. Hay un grupo de cuadros entre treinta y cuarenta años, muy bien formados, aunque quizás se les pueda acusar de ser demasiado alanistas, pero que gozan de solvencia académica, experiencia política y dotes de elocuencia. Además, habían tenido un envión anímico con el ingreso en las lides de la hija de Alan García, Carla, quien seguramente hubiera tenido un papel protagónico.

Todo ello ha sido tirado por la borda por los viejos del partido que no toleran no poder postular ellos y temen, con pavor que Nidia Vílchez, aguerrida lideresa partidaria y estos jóvenes hubiesen podido lograr una buena performance, que los cancelase políticamente. En clara vocación suicida y delirante, han preferido sacar al partido de la contienda, hacerlo perder su inscripción y dejarlo atravesar cinco años de desierto político.

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En los últimos días se ha generado una batalla campal en las redes sociales entre algunos candidatos o voceros de Avanza País, de Hernando de Soto, y Renovación Popular, de Rafael López Aliaga.

Frente a ello, han surgido algunas voces alarmadas que, templanza en ristre, han advertido que hacen mal peleándose entre afines y que el verdadero enemigo está en la izquierda y que frente a ello hay que unir esfuerzos.

Lo cierto, sin embargo, es que, lejos de lamentarla, debe saludarse tamaña trifulca y que de una vez por todas se marque la cancha entre la derecha liberal y la derecha conservadora, que no tienen nada que hacer juntas.

Si algo de bueno hay que saludar del desmembramiento del fujimorismo y su crisis institucional es que le ha permitido a la derecha desflemarse y mostrar sus claras diferencias ideológicas. Una de ellas, la señalada en este comentario, entre liberales y conservadores.

Hay margen suficiente para que la derecha se divida y no se sienta en la obligación de juntarse a pie forzado. La gran mayoría del electorado -lo confirman todas las encuestas- se define de centro y de derecha. Hay sinfín de interpretaciones para ello: la huella mnémica del terrorismo y su asociación a la izquierda, el fracaso económico de los 80 vinculado al populismo fiscal y monetario que un sector de la izquierda sigue pregonando, la migración individual rural-urbana, la proliferación de iglesias conservadoras en sectores populares, etc.

En esa medida, es refrescante que se produzcan encendidos debates entre las derechas. Es verdad que hasta el momento, no ha pasado de troleo en redes y artificios verbales, pero es claro que una cosa es una derecha liberal en lo económico, democrática y moralmente libertaria, y otra una derecha mercantilista, autoritaria y ultramontana en temas morales. No tienen casi nada en común.

A la postre, el electorado va a saber distinguir o va a aprender a hacerlo y a darse cuenta de que lo que comúnmente se ha definido como la derecha en el Perú admite muchas variantes. Por lo menos, a la opción más moderna, que es la liberal, le conviene plantear ese debate.

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Llama la atención que el candidato con mayor antivoto sea Ollanta Humala. Según la última encuesta de Ipsos, un 73% “definitivamente no votaría por él”, superior al 71% de Keiko Fujimori, supuestamente la bestia negra de la política peruana.

A diferencia del 2006 o el 2011, en esta ocasión Humala no podrá argüir que ello se debe a su postura antisistema y divergente del statu quo ideológico. En su primera elección fue hábilmente colocado por Alan García como el monstruo chavista y no pudo librarse de esa etiqueta perdiendo la elección. En su segunda participación, ya contra Keiko Fujimori, competía con otra candidata con enorme antivoto, pero no obstante ello tuvo que quitarse el polo rojo y colocarse el polo blanco, cambiar la “gran transformación” por la “hoja de ruta” para poder hacerse del triunfo en la segunda vuelta.

Esta vez la cosa es muy distinta. Ollanta Humala ya no es el candidato radical, cuyas ideas despiertan temores en los sectores altos de la sociedad peruana. El etnocacerismo dejó de ser hace tiempo su leit motiv y hoy no pasa de ser un candidato centrista más, del montón. La propia Verónika Mendoza, ella sí claramente de izquierda, tiene menos rechazo (48% de antivoto, de gente que jamás votaría por ella).

Lo que se aprecia en las encuestas es el duro castigo que las urnas le están dando a quien tiró por la borda la enorme esperanza popular que lo llevó a la Presidencia. Enhorabuena que haya migrado al centro y haya dejado el chavismo que lo inoculaba antaño, pero moderarse no quiere decir que uno ejerza un gobierno mediocre, sin ningún ánimo reformista.

Salvo la reforma educativa emprendida por su ministro Jaime Saavedra y la creación de la Sunedu, lo suyo no pasó de lentificar la inversión privada y emprender algunos programas sociales, dejando al Perú peor de lo que estaba cuando lo recibió, cinco años previos.

Y a ello se suma el justo castigo a quien hizo del nacionalismo una farsa, al hipotecarse financieramente al chavismo primero (en la campaña del 2006), y a las empresas brasileñas después (en la campaña del 2011), dándoles luego enormes beneficios que hoy se investiga si tienen connotación delictiva (el equipo de fiscales Lava Jato está convencido de ello).

En un país desmemoriado, nadie está descartado. Ollanta Humala tiene 4% de intención de voto. Está en el pelotón de los presidenciables. Pero de antemano parte con un merecido descrédito que difícilmente podrá revertir.

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Lo primero a comentar de la conferencia del consejo de ministros de hoy tiene que referirse el pasmoso desorden explicativo de la misma. Un desastre informativo. Eventos de este tipo se destinan a aclarar y explicar, no a enredar y a obligar a la ciudadanía a descifrar de qué diablos se está hablando. Al final de la misma nadie sabía con claridad a qué regiones se refería ni cuáles eran las medidas restrictivas tomadas, que no eran explicadas en conjunto sino aisladamente y con distintos ministros de portavoces.

Lo segundo es un lamento. Porque indica que el gobierno repite, aunque atenuadamente, los errores de Vizcarra, como es creer que las restricciones físicas conducen a algo bueno. Más brutal que la cuarentena dictada el 15 de marzo por el gobierno anterior no ha habido. Y fue en el cumplimiento de esa cuarentena que la pandemia se disparó a niveles inimaginables. En otras palabras, las restricciones no parecen servir de mucho y probablemente estemos ante un ciclo natural del virus, ajeno a las restricciones indicadas.

Las medidas dominicales son, a mi juicio, el summum de la sinrazón. Es el día que menos gente sale a las calles y por ende hay menos aglomeraciones. ¿Por qué se insiste en prohibir la salida de vehículos y en algunas regiones de personas? ¿En base a qué data se ha establecido que las salidas dominicales son la causa del rebrote de la pandemia?

Lo que la conferencia de prensa debió señalar o los periodistas preguntar es cómo se va a dotar de camas UCI, plantas de oxígeno y personal intensivista ante el colapso evidente del sistema de salud pública. Pero de eso ni una palabra. Supuestamente, además, las cuarentenas tienen como finalidad lentificar al proceso para darle tiempo al gobierno de adecuar la respuesta sanitaria. ¿Se van a comprar unidades UCI? ¿Cuántas? ¿A quiénes? ¿Cuándo llegan? ¿Se van a montar plantas de oxígeno? ¿Cuántas? ¿Adónde? ¿Se va a cubrir la necesidad de personal médico? ¿Cómo? (¿por qué no se valida rápidamente, por ejemplo, los grados académicos de los médicos venezolanos que han emigrado a nuestro país y que en estas circunstancias pueden ser de utilidad enorme?).

En resumen, el panorama no resulta alentador. El gobierno peruano, como muchos en el mundo, no saben qué hacer y recurre a las restricciones, al parecer por seguir recetas anticuadas de los epidemiólogos o, lo que es peor, por contentar a cierto sector de las tribunas que se complace con encierros y mano dura, así sean contraproducentes por el enorme impacto económico que producen.

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Si a Sagasti le va bien, crecen las posibilidades electorales de Julio Guzmán, candidato del mismo partido. Si al actual Presidente le va mal, afectará significativamente las naturales expectativas del candidato morado.

¿De qué depende de que a Sagasti le vaya bien? Básicamente de dos temas, que ya están siendo suficientemente álgidos: la llegada de las  vacunas y el desborde social. Lo primero no es culpa suya, sin duda, sino más bien de la mediocre gestión ejecutiva de Vizcarra, pero la opinión pública mira con atención qué solución le va a dar al problema. Si llegamos a enero o febrero sin luz en el horizonte, el descrédito va a ser mayúsculo. Y si encima sobreviene una segunda ola, mejor que Guzmán vaya pensando en buscarse otro empleo que no sea el de candidato.

Respecto de la protesta social, puede haber algo de manipulación de algunos partidos de izquierda, pero no explican el problema. Hay embalse de expectativas y las calles son el mecanismo para resolverlas. Si el gobierno no dispone los adecuados canales de diálogo y en los casos que sea necesario, no dispone una correcta represión policial, el tema puede escapársele de las manos y provocar una crisis política suficientemente poderosa para arrastrar con ella las tasas de aprobación a la gestión gubernativa.

Sagasti está recibiendo fuego cruzado tanto de la derecha como de la izquierda (lo que, de paso, le hace la campaña a los morados), pero lo cierto es que hasta el momento, en los dos frentes señalados, se juega el todo por el todo. Se espera que Mazzetti enmiende los groseros errores cometidos y que un correcto José Elice arregle el entuerto generado por sus antecesores.

Muchos de los ataques provienen, sin duda, del intento de afectar a Guzmán, a quien se ve como potencial protagonista de una jornada electoral que será muy reñida: si continúa el descenso de Forsyth vamos a llegar a las postrimerías de la primera vuelta con un pelotón de candidatos, ninguno de ellos con dos dígitos.

La suerte de Guzmán va a estar atada obviamente a su propio desempeño. Lo ayuda, además, tener una buena bancada, responsable y proactiva, pero Sagasti es su referente principal. Puede ser su ancla como su boya salvavidas.

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Si a algunas personas el gobierno de Sagasti debería prestarle atención como potenciales focos de desestabilización es a José Luna Gálvez y a su satélite congresal e hijo, José Luna Morales.

Estuvieron claramente involucrados en la vacancia de Vizcarra, porque éste no satisfacía sus requerimientos de tumbarse la reforma universitaria, Sunedu incluída, y permitir así que su universidad, Telesup, vuelva a seguir estafando a decenas de miles de alumnos ofreciéndoles educación de bajísima calidad.

Los Luna se han agenciado, inclusive, un conglomerado mediático que les sirve de caja de resonancia para todas sus iniciativas demagógicas, como esta peregrina idea de devolverle dinero a los aportantes al sistema de la ONP.

Llama la atención, asimismo, la altísima frecuencia con la que congresistas de otras bancadas, particularmente de Acción Popular, terminan siempre votando en el mismo sentido de los proyectos de ley que Podemos Perú presenta. Los malpensados podrían pensar que eso no es gratuito, pero resulta por lo menos extraño que estos congresistas acaten más las órdenes de los Luna que las indicaciones de sus propios partidos.

Hoy, los Luna están atarantados por el remezón de la calle que frustró la presidencia del monigote de Manuel Merino, pero más pronto que tarde volverán a la carga. Sagasti es el objetivo. Con medios, una bancada artificiosa de 30 congresistas y mucho dinero de por medio, saben que se les acaba el plazo para lograr sus propósitos, de tirarse abajo la reforma universitaria, tumbarse al equipo Lava Jato y gozar, por cierto, de las canonjías del poder.

Sobrevivirán, a posteriori, lamentablemente. La estructura montesinista que han armado tiene en Daniel Urresti una locomotora electoral que les permitirá tener una bancada el próximo lustro, y entonces verán cómo insistir en su agenda, pero hoy en el corto plazo sus objetivos son claros y obviamente un régimen centrista como el de Sagasti es un obstáculo que buscarán extraer.

Solo la movilización callejera los puede detener. No creo, sin embargo, que al final del día ello les importe mucho a la hora de buscar sus objetivos, pero lo que sí queda claro es que la alerta democrática de la ciudadanía y el ojo vigilante de un gobierno que hasta el momento no da pie con bola no puede permitir que esta coalición desestabilizadora convierta al Perú en su chacra personal, a punta de matones, camiones y dinero.

 

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Francisco Sagasti, Gobierno

Muy interesante el Test de Orientaciones Políticas, Económicas y Sociales (TOPES) que acaba de publicar Ipsos. Investiga la autopercepción de la gente y distingue entre dimensión política, económica y moral/social. Y los resultados son básicamente alentadores.

En cuando al aspecto político, un 56% se considera semidemócrata y un 15% demócrata (71% en total), en comparación a un 22% semiautoritario y un 7% abiertamente autoritario. Quizás haya que entender lo de semidemócrata como al creyente en una democracia enérgica, con mano dura. En esa línea, se puede ponderar y claramente, hay un tope marcado a quienes desde la derecha y la izquierda consideran que la democracia es algo que se puede saltar a la garrocha en pro de algún bien mayor.

Respecto del tema económico, la cosa es aún más propicia. Un 47% se define como defensor del semilibremercado, y un 14% de libre mercado (61%), contra un 26% semicontrolista y un 13% abiertamente controlista. Cuando algunos analistas celebran alborozados que el país está girando a la izquierda habría que remitirlos a la data. Dos tercios del país valora el libre mercado y no una economía planificada por el Estado. La mayoría pide un mercado cautelado pero no subordinado. Casi treinta años de estabilidad macroeconómica y buenos resultados en crecimiento de la riqueza, disminución de la pobreza, el desempleo y las desigualdades en base a un relativo modelo de mercado, han rendido frutos ideológicos.

En el aspecto que, desde un punto de vista personal, aún hay esfuerzo que librar es en el moral/social. Un 28% se considera conservador y un 37% semiconservador (65%); mientras que un 30% se considera semiliberal y solo un 5% liberal. Toda la lucha por el matrimonio gay, la despenalización de las drogas, la libertad de abortar, etc., no encuentran eco mayoritario en la población. La enorme influencia de sectores religiosos ultraconservadores en sectores populares ha surtido efecto y hay mucho por hacer al respecto (la batalla no está en los sectores altos sino en el pueblo).

Las dos primeras batallas están siendo ganadas. A ponerle empeño a la vinculada a los aspectos de moral individual (en el resultado puede influir también que esa lucha sea tan pudorosa y básicamente restringida a los cenáculos de algunas ONG). Demócrata, promercado y moralmente conservador es el perfil tipo del peruano promedio.

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La izquierda peruana ha agregado a su arremetida contra la minería la del sector agroindustrial, uno de los sectores más productivos y modernos del país. Insiste en un programa dadivoso en gasto social y a la vez se empeña en afectar a actividades que cómo la minería proveen la mayor cantidad de recursos tributarios.

Hay decenas de proyectos mineros enterrados bajo protestas sociales ideologizadas y ahora hay violencia destructiva detrás de la agricultura moderna, la que más formal es, mejores sueldos paga y mayor productividad laboral tiene. Injusta la exoneración tributaria de la que goza, a la que debería ponérsele término rápidamente, pero en términos laborales se ajustan plenamente a la realidad del sector en el que opera.

La izquierda parece haberse quedado fijada en la primera mitad del siglo XIX. Es premarxista, inclusive. Los cánones marxistas clásicos señalan que es preciso llegar al agotamiento de las fuerzas productivas de un sistema -en este caso el capitalismo- para recién esperar que las fuerzas sociales irrumpan contra él y provoquen el advenimiento de un nuevo orden.

Pese al pronóstico, el capitalismo ha sorprendido a propios y extraños y ha mostrado una capacidad tal de adaptación que ha superado inclusive los parámetros de la revolución industrial. Tiene vida y para rato. Pero eso no parecen entenderlo los voceros de la izquierda antediluviana peruana.

Verónika Mendoza maneja conceptos tan arcaicos de economía que francamente da terror lo que pudiera hacer si llegase al gobierno. Sería una mezcla de chavismo con el primer García.

Lo que el Perú necesita a gritos es retomar la senda del crecimiento de la inversión privada a los niveles que los dejó el segundo gobierno de García y que Humala malversó hasta niveles de mediocridad y que luego de él, alguien considerado abanderado del capitalismo moderno, como PPK, desdibujó aún más.

Hace falta una revolución capitalista, pasar del capitalismo mercantilista que hoy nos rige a uno liberal, pletórico de libre competencia, con un Indecopi con dientes que rompa los nudos de privilegios que en muchos sectores subsisten. Hace falta un gobierno con clara voluntad política para hacerlo.

La tradición republicana que hay que resguardar, que ha surgido con fuerza estas décadas y se ha expresado en las recientes protestas contra los abusos de la clase política, merece ser acompañada de una reforma pro mercado radical y profunda, que siga sacando a los peruanos de la pobreza y convirtiéndolos en ciudadanos plenos, materia prima justamente de la República que se quiere construir a partir del bicentenario.

 

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Uno de los muchos riesgos que va a tener que enfrentar Sagasti en los meses que le restan de gobierno es el de la protesta social, que desbocada puede generar un estado de inseguridad e indefensión que claramente lo pondría en la mira de quienes están buscando el menor error del régimen para volver a la carga y tumbárselo.

Es un terreno minado, porque si bien la represión policial es pertinente, justificada y necesaria (como en el caso de los bloqueos a carreteras), debe cuidarse de no repetir los errores de las marchas contra Merino que claramente supusieron un abuso policial y causaron un enorme desprestigio a una institución que como la policial no es precisamente que goce de mucho prestigio, básicamente por el alto grado de corrupción que la aqueja.

El gobierno ha contribuido a mellar aún más esa imagen al manejar de manera precipitada, atolondrada, sin norte ni brújula, una poda policial que parecía necesaria luego de múltiples desaguisados cometidos por los hombres de uniforme. Pero el Ejecutivo manejó tan mal el tema que se vio obligado a efectuar dos cambios de ministros en cuestión de días.

El frente de la seguridad interna no puede ser descuidado. La calle, de por sí está movilizada. Es lo normal en periodos preelectorales, pero en esta coyuntura particular ello se acrecienta por la grosera irresponsabilidad de un Congreso populista que no se detiene en dictar normas populacheras que luego son observadas por el Ejecutivo o declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, pero que, obviamente, generan malestar ciudadano al frustrarse expectativas.

El contrato social de cualquier colectividad moderna pasa, como piedra de toque, por el control del orden interno. No por casualidad, el Ministerio del Interior era antes llamado Ministerio de Gobierno. La paz social es condición indispensable para la buena marcha social.

Hay que tener presente que la alta popularidad de Vizcarra, al enfrentarse a la claque aprofujimorista y el cierre del Congreso, desflemó al país y nos alejó de protestas masivas como las que signaron Chile, Ecuador o Bolivia. Hoy, esos factores de desfogue no existen. Sagasti debería tener claro que un error mayúsculo en este tema puede volver a la calle contra suya en cuestión de minutos.

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