Se desploma la aprobación de Castillo, según la última encuesta del IEP. Cae de 35 a 25% en apenas un mes y su desaprobación crece de 48 a 65%. Duro golpe político para un régimen que ya viene dando severas muestras de disfuncionalidad, a las que ahora se agrega una brecha cívica muy difícil de remontar y que, de persistir, ahondará la crisis política en la que se encuentra.

Casi no se ve salida política posible a este creciente desencuentro entre Castillo y el pueblo. Aún no ha llegado al punto de quiebre (55% reprueba el intento de vacancia frente a un 43% que lo aprueba), pero el desenganche parece inminente. Tanto así, que para el 47% de la ciudadanía, la situación empeorará.

Va a tener que realizar gestos políticos audaces, el presidente Castillo, si quiere recomponer la precaria relación que mantiene con el país. Solo se asoman en el horizonte dos opciones: o convoca a un Premier y, por ende, a un gabinete más de centro, descartando o subordinando la coalición de izquierdas que hoy lo acompaña y que ha demostrado terrible torpeza ejecutiva; o anuncia oficialmente, y sin ambages, el abandono de la pretensión de refundar el país a través de una Asamblea Constituyente.

Ello tendrá un costo, sin duda, entre sus bases radicales, pero en la práctica ya muchas de ellas lo han abandonado luego de su ruptura con Vladimir Cerrón, de modo tal que la pérdida eventual no sería muy significativa. Y lo que ganaría con ese giro o ese anuncio sería enorme, en comparación a lo que perdería.

Y no hablamos solamente de la confianza de los inversionistas privados, cuya recuperación es crucial para que el 2022 no sea un año perdido, sino de la confianza ciudadana, capital necesario para sobrevivir políticamente y que en los meses entrantes no se genere un momento destituyente que lo saque de Palacio, como hasta ahora solo la derecha quiere, pero a cuyo afán podría sumarse el centro si aprecia que apoyar a un gobierno en caída libre deja de serle políticamente rentable.

Castillo no puede gobernar manteniendo el statu quo. El grado de impericia, torpeza y negligencia es de tal envergadura que, de mantenerse, lo llevará al abismo. Tiene que dar un golpe de timón pronto si no quiere ser uno más de los últimos mandatarios que tuvieron que salir por la puerta falsa de Palacio.

La del estribo: la mejor prueba de que el formato impreso sigue vivo es el aumento sostenido de las ventas de libros. Si los periódicos están cayendo no es por el formato, es porque no hacen lo que deben hacer. En el mundo entero el libro digital no ha derrotado al libro físico. Y en el Perú hay que saludar la aparición de cada vez más librerías por toda la ciudad. La lectura es un placer adquirido que puede cambiar una vida, enriqueciéndola notablemente.

 

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desaprobación, encuestas IEP, Pedro Castillo

No cabe descalificación alguna respecto de la movilización permanente de la derecha peruana y el creciente activismo que muestra en medios y calles (a excepción, claro está, de la agresiva intolerancia de algunos grupúsculos extremistas que han proliferado en estos tiempos).

Discrepo de la racionalidad actual de su causa, la de la vacancia presidencial. Me parece que no tiene asidero constitucional y que vulneraría el Estado de Derecho, pero, sobre todo, que sería contraproducente y podría ocasionar un rebrote radical izquierdista, por la victimización concomitante a una salida abrupta del poder de alguien que cosechó un respaldo inmenso en los sectores populares y andinos del país, y aún mantiene una alta aprobación en los mismos.

No me considero un fetichista antivacancia, pero, sin embargo, considero que, además de las razones jurídicas, debe haberlas políticas. Y el “momento destituyente” aún no ha llegado. Lo más probable es que acontezca a mediados del 2022, cuando sobrevengan y coincidan la crisis sanitaria (tercera ola), la crisis económica (con un crecimiento, en el mejor de los casos, del 2% del PBI habrá una sensación generalizada de pérdida de bienestar), la crisis política (por el desgaste inevitable de un régimen mediocre e incompetente) y la crisis social derivada de la frustración de las sobreexpectativas populares respecto de un gobernante que prometía un cambio que no va a llegar si no para mal. Allí puede ser otro el cantar.

En cualquier caso, la movilización derechista señalada es saludable para la democracia, en la medida que implica una fiscalización permanente y un aviso al gobierno de que no puede regodearse en la inutilidad ni ensoberbecerse estúpidamente por un triunfo que no le da patente de corso para perpetrar despropósitos como los que hemos visto, pródigos, en estos primeros cien días de ejercicio gubernativo.

Este gobierno debe ser manejado por la oposición con rienda corta, respirándole en la nuca. Y ya que el centro no sabe cómo jugar ese papel, por lo que se ve, por parte de Acción Popular y Alianza para el Progreso, el sector llamado a hacerlo es el de la derecha. Le haría bien al país, por ello, que su mitin de hoy sea multitudinario. Levantaría los ánimos fiscalizadores -imprescindibles con un régimen tan precario- y enviaría un mensaje de advertencia de que hay un sector del país que no está dispuesto a tolerar francachelas irresponsables desde las alturas del poder.

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Marchas, Pedro Castillo, Vacancia

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Congreso de la República, Ministro de educación

El 7 de diciembre será interpelado en el Congreso el ministro de Educación, Carlos Gallardo. Los parlamentarios no debieron haber sido tan fetichistas del proceso y debieron proceder a censurarlo de inmediato. Si hay un ministro incapaz y pernicioso en el gabinete Vásquez, es justamente el de Educación.

Primero, porque se quiere tirar abajo la reforma magisterial que tantos años ha empeñado a sucesivos titulares del pliego (desde los tiempos de José Antonio Chang en el segundo gobierno de Alan García, pasando por el quinquenio de Humala, y los periodos de PPK y Vizcarra). Sin empacho, busca anular la meritocracia en el sector y por si fuera poco, también le mete zancadillas a la reforma universitaria, tan laboriosamente gestada.

Segundo, porque no está en capacidad de asegurar el reinicio de las clases presenciales. Sus últimas declaraciones lo muestran reñido con un proceso que en otros países ya funciona casi a total plenitud. Son las bases magisteriales radicales las que se oponen y el ministro solo parece serles funcional como furgón de cola.

Tercero, porque su principal propósito es darle patente de corso al sindicato pro Movadef, Fenatep, dedicando la mayor parte de su tiempo a socavar al sindicato histórico del magisterio, el Sutep, y pretendiendo con malas artes tumbarse a una entidad privada, autónoma y altamente regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS, y que funciona con excelencia administrativa, como es la Derrama Magisterial (en complicidad con el ministro de Trabajo están acosando a los sindicatos que forman parte del directorio de la entidad referida).

En lugar de gastar energías en diseñar una irracional y peligrosa iniciativa de vacancia presidencial, que podría producir el desgaste de la oposición y el fortalecimiento del Ejecutivo, el Legislativo debería ser más recio y vigilante respecto de los despropósitos que se perpetran en los pasillos ministeriales y sobre los cuales el Congreso tiene el gran poder disolvente de la censura, arma legítima que no utiliza hasta el momento a pesar de haber sobradas razones para haberla empleado en más de un caso.

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, no debería terminar el año sentado en el despacho ministerial desde el cual está desplegando una estrategia destructiva que solo va a afectar a los propios maestros, y principalmente a los millones de estudiantes de la escuela pública.

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Congreso de la República, Ministro de educación

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Alan García, Pedro Castillo, peligros, política peruana, vacancia presidencial

Está probado que este gobierno es mediocre e incompetente, hasta la saciedad. Y no parece exagerado pensar que ese es el techo al cual llegará el régimen, si se considera que su cabeza, el Presidente de la República, no tiene el empaque psicológico que le permita empoderarse del cargo y asumir las riendas del poder.

Vamos a navegar en medio de aguas turbulentas, con permanente ruido político, con nombramientos inverosímiles, con escandaletes por doquier, con marchas y contramarchas gubernativas (una de ellas, felizmente, la del despropósito del cierre de minas que una Premier prejuiciada quiso desplegar). Eso queda claro.

¿Por qué, entonces, no vacar a Castillo y librarnos de esa agonía? Hay varias razones para creer que la vacancia no es el camino adecuado. Primero, primerísimo, porque nos regimos por una democracia y un Estado de Derecho. Y el señor Castillo, nos guste o no, ganó las elecciones, es el Presidente legítimo, y, además, hasta el momento no hay razones legales que permitan deducir una incapacidad moral permanente que sirva de causal de vacancia.

Debe, pues, culminar su mandato. Mientras el propio gobierno no se aparte del texto constitucional y no pretenda, por ejemplo, forzar un cierre del Congreso para imponer una deriva chavista en base a una espúrea Asamblea Constituyente, ni siquiera hay razones políticas para pensar en que la vacancia pueda ser el camino aconsejable.

¿Elegimos mal? Sí, pésimo. Desde esta columna advertimos durante toda la segunda vuelta de los riesgos que el país corría si Castillo era elegido y no nos equivocamos. Se están cumpliendo al pie de la letra las precauciones anticipadas.

Pero vacar precozmente a Castillo solo traería consecuencias políticas altamente peligrosas para el país. Lo primero es que abortaría el desprestigio en el que está cayendo toda la izquierda peruana, lo cual favorece que en el próximo proceso electoral se asome, como el país necesita, un triunfo de una derecha más clara y directa. Si a Alan García lo hubieran vacado el 87 -y vaya que lo merecía más que Castillo-, no hubieran sobrevenido treinta años de sensatez macroeconómica, y lo más probable es que hubiera regresado al país, al poco tiempo, alguna otra opción populista.

En ese sentido, si se vaca, fuera del tiempo político correcto, a Castillo, probablemente en las elecciones adelantadas gane otro candidato de izquierda y esta vez, por la victimización concomitante, con mayoría parlamentaria suficiente para perpetrar la conversión del Perú en una “república bolivariana”.

A eso están jugando irresponsablemente los promotores de la vacancia que desde la derecha no parecen preocupados en detenerse a pensar en la juridicidad de sus actos, ni siquiera en un realismo pragmático, que los haga entender que hoy la vacancia es una apuesta fallida y peligrosa.

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corrupción, dinero, favores legales, Palacio de Gobierno

Lo folklórico de la situación -que una inspección de Fiscalía encuentre veinte mil dólares escondidos en el inodoro del baño del secretario general de Palacio, Bruno Pacheco- no debiera hacernos soslayar, sin embargo, los serios alcances posibles de semejante situación.

De hecho, no son los ahorros personales del secretario renunciante (hasta ahora no le aceptan su renuncia, por cierto), tampoco es el acumulado de sus sueldos palaciegos guardado celosamente en un lugar privado, alejado de la curiosidad del prójimo.

Ese dinero tiene mala procedencia. O es una coima por alguna prestación irregular, producto del trasiego de influencias en el que fue descubierto (se le ha visto tratando de favorecer a un contribuyente frente a la Sunat), o el señor Pacheco fungía de emisario, hecho que conllevaría mayores y graves implicancias políticas, ya que comprometería al jefe de Pacheco, que es nada menos que el propio Presidente de la República.

El Ministerio Público tiene que actuar con mayor diligencia y celo respecto de cómo ha actuado hasta el momento, cuando ni siquiera ha sido capaz de retener el teléfono móvil del implicado, objeto clave en el rastreo del mapa de influencias irregulares en las que pueda haber estado comprometido Pacheco y que expliquen el origen de ese dinero sospechoso.

Circulan decenas de versiones empresariales respecto de intentos de varios “emisarios” palaciegos que solicitan dinero a cambio de favores legales o firmas de autorización finales para proyectos de inversión. Los empresarios, curtidos ya en el error de caer en ese juego, han rechazado los envites y los han dado a conocer a la prensa, que investiga los casos, con las dificultades que la falta de pruebas conlleva.

Pero el mensaje implícito es que habría ya corrupción instalada en las altas esferas palaciegas y que este caso de Pacheco podría ser solo la punta del iceberg de una red armada por aventureros e improvisados que habrían visto en su llegada al poder una vía de enriquecimiento rápido e ilícito. Y lo mismo parece estar sucediendo en sinfín de organizaciones públicas (ministerios y demás).

Después de la experiencia de Toledo, un personaje llegado el poder en el olor de anticorrupción y que no esperó a sentarse en Palacio para ya empezar a planificar sus fechorías, es conveniente mantener en alto las suspicacias y las prevenciones del caso. La corrupción, mal endémico de la República, sería el único pasivo que le faltaría al mediocre e incompetente régimen que nos gobierna.

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