Ellos no merecían ser expropiados o, en el peor de los casos, merecían un reconocimiento justo por el valor de sus papeles más los intereses generados en todo este tiempo (desde 1969), que, inclusive, debió haber sido otorgado en el momento, sin esperar ni tener que acogerse a fórmulas alternativas, como muchos hicieron para tratar de salvar algo del capital propio.

Hay mucho aún por escribir de la reforma agraria, sus causas, antecedentes y consecuencias. Sería un acto de memoria histórica y de justa reivindicación moral, más allá de los fallos legales como los que ahora comentamos, que algo semejante sea acometido por algún historiador. En todo caso, la verdad parece estar a medio camino entre la narrativa de ejemplares empresarios capitalistas víctimas del abuso de un militar patán, y la del campesino romántico que, organizado, recibió justicia y luego explotó racionalmente aquello que gratuitamente se le concedió.

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CIADI, reforma agraria

Es ese proceso virtuoso el que el fallo del Tribunal Constitucional y sus aliados políticos quieren tirarse abajo. Algo aún se puede hacer para revertir jurídicamente un proceso que, al parecer, ha sido mal llevado (hay ya una demanda de la Defensoría del Pueblo en ese sentido), pero se siente la ausencia de la voz palaciega que tome las banderas de la reforma y retome la iniciativa en un proceso que merece el mayor respaldo político e institucional.

El gobierno de Dina Boluarte tiene que hacer suya la reforma universitaria y disponer lo que esté a su alcance para corregir el entuerto armado por un tinglado de camarillas de abogados asociadas delictuosamente a las mafias de las universidades bamba, que mantienen en su poder recursos suficientes para torcer voluntades y corromperlas.

No podemos perder el país en manos del aventurerismo radical y regresivo de la izquierda, desde la supuestamente moderada hasta la radical violentista. La centroderecha tiene una batalla que dar e imponer su narrativa para evitar conducirnos al abismo del caos y la pobreza, como ha sucedido en otros países de la región.

Lo que está sucediendo con la minería es solo un globo de ensayo de un proyecto político e ideológico comprobadamente maligno y pernicioso para el país, y que compromete también a todos los gobiernos últimos, que han mirado de soslayo el problema, dejando desplegarse el anfo ideológico de la izquierda en materia económica. Es hora de actuar y desactivarlo.

Si estos cambios los logra la actual gestión de Williams y la que lo suceda el 28 de julio, habrá logrado mejorar su propia mala percepción, sin lugar a dudas, pero lo importante es que habrá sentado las bases para que en el futuro, los Parlamentos se conviertan en elementos interactivos con la ciudadanía, mucho más eficaces (es interesante, por ejemplo, pensar en la idea de la conformación de circunscripciones amarradas a clústeres productivos, que el politólogo Carlos Meléndez ha propuesto).

La tarea de modernizar el Congreso y acercarlo a la gente es esencial y no pasa, claro está, por la tontería planteada en los últimos días por algunos parlamentarios de que se les permita manejar presupuesto o se les aumente el mismo. Es un trabajo de institucionalidad política que hay que construir soslayando paliativos absurdos que a nada bueno conducen.

Así como el Congreso tiene pocas tareas por delante a las que debe abocarse con sentido de prioridad (reformas políticas y electorales, dos o tres a lo sumo), el Ejecutivo también tiene poco espacio en la cancha para pretender ejecutar un plan de gobierno íntegro. Boluarte haría bien en acotar su mandato a dos o tres tareas centrales, más allá, obviamente, de las políticas públicas que corresponden a cada ministerio, que deben seguir su lógica normal (por ejemplo, las que corresponden a la tríada de ministros que debe poner coto al golpe antiminero que afecta el corredor del sur).

Un año y medio en el poder –que es el tiempo que le tocará estar a Boluarte en el cargo- es suficiente para transformar la debacle heredada y la ingobernabilidad recibida como lastre, en un gobierno viable y relativamente normalizado. Es cuestión de priorizar, descartar lo imposible o excesivo y ser plenamente consciente de que la transitoriedad de su gobierno la obliga a ello.

Ya es hora de que la centroderecha peruana se libere del fujimorismo como referente político e ideológico, y empiece a encontrar fórmulas novedosas, disruptivas, modernas, liberales, como corresponden a un país como el Perú que ya ha logrado éxitos superlativos en materia de avances económicos en las últimas décadas y requiere dar un salto cualitativo pronto.

Con ello ya haría bastante más de lo esperado, podría empezar a recuperar el crédito ciudadano perdido y terminar su mandato con mejores cifras de aprobación. Todo ello lo tiraría por la borda si quiete meter de contrabando temas de interés particular de una o dos organizaciones partidarias en el Legislativo.

El Estado peruano debe ser depurado de los agentes operativos de la estrategia, ya conocida, de Castillo de preparar un golpe antidemocrático desde adentro, cosa que felizmente, dada su ilimitada torpeza y falta de densidad psicológica, no prosperó, pero que sirvió para poner en evidencia el plan urdido.

Si Dina Boluarte no mejora el Estado peruano en grado superlativo y acelerado, más temprano que tarde se va a encontrar nuevamente conflictos sociales, descontento ciudadano, escasa aprobación, desconfianza de los agentes inversores, tensiones políticas, en suma, ingobernabilidad, que podrían hacer de este año y pico de gobierno que, en principio, le queda, un infierno tan espantoso como el que caracterizó a la inefable gestión del miserable régimen castillista.

Cometería un suicidio electoral la derecha y el centro si van desunidos. Le entregarían el país, como lo hicieron el 2021, a un candidato disruptivo que, en principio, debiera quedar cuarto o quinto lugar en la primera vuelta, pero que, aprovechando la disgregación, podría meterse en la colada electoral.

Y esta vez, el riesgo es mayor. Porque Antauro no es Castillo. No es el monigote que nos ha gobernado estos últimos meses y su verbo radical está presto para ser llevado a la práctica contra viento y marea. Con él sí corremos el serio riesgo de perder todo lo avanzado en las últimas décadas y conducir el país a la deriva socialista y autoritaria.

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