Es ese proceso virtuoso el que el fallo del Tribunal Constitucional y sus aliados políticos quieren tirarse abajo. Algo aún se puede hacer para revertir jurídicamente un proceso que, al parecer, ha sido mal llevado (hay ya una demanda de la Defensoría del Pueblo en ese sentido), pero se siente la ausencia de la voz palaciega que tome las banderas de la reforma y retome la iniciativa en un proceso que merece el mayor respaldo político e institucional.

El gobierno de Dina Boluarte tiene que hacer suya la reforma universitaria y disponer lo que esté a su alcance para corregir el entuerto armado por un tinglado de camarillas de abogados asociadas delictuosamente a las mafias de las universidades bamba, que mantienen en su poder recursos suficientes para torcer voluntades y corromperlas.

No podemos perder el país en manos del aventurerismo radical y regresivo de la izquierda, desde la supuestamente moderada hasta la radical violentista. La centroderecha tiene una batalla que dar e imponer su narrativa para evitar conducirnos al abismo del caos y la pobreza, como ha sucedido en otros países de la región.

Lo que está sucediendo con la minería es solo un globo de ensayo de un proyecto político e ideológico comprobadamente maligno y pernicioso para el país, y que compromete también a todos los gobiernos últimos, que han mirado de soslayo el problema, dejando desplegarse el anfo ideológico de la izquierda en materia económica. Es hora de actuar y desactivarlo.

Si estos cambios los logra la actual gestión de Williams y la que lo suceda el 28 de julio, habrá logrado mejorar su propia mala percepción, sin lugar a dudas, pero lo importante es que habrá sentado las bases para que en el futuro, los Parlamentos se conviertan en elementos interactivos con la ciudadanía, mucho más eficaces (es interesante, por ejemplo, pensar en la idea de la conformación de circunscripciones amarradas a clústeres productivos, que el politólogo Carlos Meléndez ha propuesto).

La tarea de modernizar el Congreso y acercarlo a la gente es esencial y no pasa, claro está, por la tontería planteada en los últimos días por algunos parlamentarios de que se les permita manejar presupuesto o se les aumente el mismo. Es un trabajo de institucionalidad política que hay que construir soslayando paliativos absurdos que a nada bueno conducen.