Marco Arana no se define como ‘antiminero’, sino como ‘ecologista popular’. En 2010 fue suspendido por la Iglesia Católica del ejercicio sacerdotal diocesano tras 20 años. Hoy tienta la presidencia con el mismo partido por el que fue congresista hasta el 2019. Es hijo de maestros, segundo de cuatro hermanos, ha sido profesor de secundaria y de posgrado. Un exalumno suyo, Juan Chilón, postula al Congreso con el 1 del Frente Amplio por Cajamarca.
En el escenario de una nueva Constitución, ¿cómo llamaría a su propuesta de modelo económico?
De bien común, del buen vivir. Nosotros queremos poner en debate la sustentabilidad ecológica de la economía, y la economía al servicio de las personas. A diferencia de lo que proponen la actual Constitución y los tecnócratas del capitalismo neoliberal: que la prioridad la tiene el mercado. Para nosotros, la economía está en función de las personas. La principal riqueza del Perú no es un sistema financiero, es su gente. Y, por lo tanto, la inversión en educación y en biodiversidad para la sustentabilidad ecológica son pilares fundamentales.
La izquierda, al igual que la derecha, va fragmentada a esta elección. Usted postula con el Frente Amplio (FA) y Verónika Mendoza con Juntos Por el Perú. ¿Existe una separación definitiva e irreconciliable entre ambos? ¿En una eventual segunda vuelta, en caso pase uno de los dos, se apoyarían?
Esperaríamos que las fuerzas políticas puedan encontrar elementos mínimos que permitan pensar en las grandes transformaciones del país. La necesidad del cambio constitucional, el Estado Pluricultural, la centralidad de los temas ecológicos, la recuperación del derecho a la salud y la educación, sin duda, son temas que no deberían ser percibidos como irreconciliables en una segunda vuelta. Nosotros mismos buscaríamos respaldo político de otras organizaciones sobre la base de unos mínimos que hagan posible el país.
¿Entonces, no existe una separación definitiva con Verónika Mendoza, quien postuló a la presidencia por el FA en el 2016?
Con todas las fuerzas políticas con las que podamos coincidir en la lucha contra la corrupción. No estamos hablando aquí de procesos alrededor de personas, ¿no? Un elemento autocrítico que nosotros tenemos de los procesos que han ocurrido en las izquierdas es su actitud derrotista en las segundas vueltas para apoyar, finalmente, ‘males menores’. [En] el FA, justamente, es una de nuestras diferencias. Estamos buscando un cambio mucho más profundo en democracia.
En el mismo escenario, entonces, ¿qué pasaría si ninguno de los dos pasa a la segunda vuelta? ¿A quién apoyaría el FA y a quién no le daría su respaldo?
Bueno, es una pregunta contrafáctica. Habría que ver qué fuerzas políticas estarían del lado de modificar las principales condiciones de desigualdad que hay en el país, del fortalecimiento a la democracia, de un respaldo a la pequeña y mediana empresa, la agricultura familiar. Para el FA será ciertamente muy difícil optar, como ha ocurrido con muchas de las izquierdas, por los ‘males menores’.
¿Se refiere al escenario del 2016, en el que un sector de la izquierda, incluida Verónika Mendoza, pidió votar por Pedro Pablo Kuczynski?
También con [Ollanta] Humala [en el 2011].
El Congreso ha aprobado que el presupuesto para educación no debe ser menor al 6% del PBI. ¿Considera que esto es correcto?
Para recuperar el derecho a la educación pública, el referente mínimo es el que aprobó el Acuerdo Nacional hace cerca de 20 años, que era el 6% del PBI. Un país como el Perú, que ha mejorado la cobertura, pero donde la calidad de la educación pública es pésima, lo que necesitamos no solo es ese 6%, que es lo mínimo. Para nosotros, habría que tender hacia el 8% o 9%.
En Salud, el presupuesto tendría que superar el 4%. Pero en este momento la prioridad tiene que estar puesta en todo el tema de agua y saneamiento. Muchas de las enfermedades, para nosotros, siguen siendo infecto-respiratorias y digestivas, por falta de acceso al agua. En la pandemia hemos tenido circunstancias en las que le decían a la gente: “lávese, báñese, cámbiese de ropa”. ¿Con qué agua? Si, solo en Lima, hay más de un millón de personas sin acceso a agua potable. Y en todo el país hay más de ocho millones de personas que se dice que tienen agua potable, pero en realidad tienen agua entubada. Es una cosa distinta.
¿El programa de gobierno del FA se podría llevar adelante con la actual Constitución o solo con una Nueva Constitución?
Hay medidas estructurales: la Constitución es una pieza fundamental. Pero mientras se da una Asamblea Constituyente, algo que puede demorar un año porque tiene que ser debatida a nivel nacional, hay medidas de corto plazo que se pueden tomar. [Ello] sabiendo que la Constitución neoliberal, privatizadora, desmanteladora del bien público y del Estado es un impedimento. Por ejemplo, ¿qué podría impedir a un nuevo gobierno del FA iniciar una reforma tributaria? Recuerde que allí [en la Constitución] se habla de los contratos que tienen fuerza de ley. Y las grandes empresas acuden a ese artículo del Capítulo Económico de la Constitución para decir: “no nos cambien las reglas”. O sea, ¿ellos sí pueden cambiar sus contratos cuantas veces quieran pero el Estado no?
¿El presidente Francisco Sagasti debería convocar a un referéndum para una Nueva Constitución en abril?
Claro. Nosotros se lo planteamos a Sagasti. La respuesta fue penosa y, además, ampliamente contradictoria con las cosas que ha hecho. Dijo: “yo soy un gobierno de transición y un cambio constitucional es un tema mayor”. Nuestro comentario fue: “oiga, señor presidente, si gran parte de los problemas tienen que ver con legitimidad, si todas estas marchas no han sido solamente contra Merino y los intereses oscuros de los Luna, los Acuña y los Antauros, convoque. Vaya a la cuestión del fondo y, además, ahórrenos los S/300 millones que dice la ONPE que cuesta un referéndum”. Sin embargo, a las dos o tres semanas siguientes estaba endeudándonos por 100 años en el mercado de capitales y ha autorizado [la adquisición de derechos mineros] a la empresa Nuevo Arcoiris en zona de frontera, en Tambogrande. ¿Para eso sí no es ‘gobierno de transición’?
¿La vacancia presidencial por incapacidad moral debe revisarse?
Creo que debe revisarse en la lógica de mantener el equilibrio y la colaboración de poderes del Estado. Eso me queda claro. Lo que no debería perderse de vista es que hay que constitucionalizar el derecho de un país a vivir libre de corrupción.
¿El cierre del Parlamento, luego de dos denegatorias de confianza, se debe mantener?
Fujimori ha sido el peor ejemplo, digamos, pero Vizcarra convirtió su enfrentamiento con el Congreso en la fuerza de legitimación frente a una ciudadanía que mira al Parlamento con desconfianza. Y lo han querido plantear como golpistas o autogolpistas. No, señor, esto ha sido una [pelea por] poder de cúpulas corruptas en la que los ciudadanos no contaban.
¿Diría que la vacancia de Vizcarra fue constitucional?
Bueno, la vacancia de Vizcarra ha sido tan constitucional como la [presidencia] de Sagasti ha sido constitucional. Es el Congreso, con diferencia de votos, en ambos casos por la presión ciudadana y la crisis política, los que siguieron ese curso. Evidentemente, constitucionalistas hay para todo gusto, ¿no?
¿Llamaría dictador a Merino?
Merino es un accidente del sistema constitucional actual.
¿No lo califica como golpista?
El Congreso no dio un golpe de Estado, siguió una vía constitucional.
Hubo sectores de la izquierda que llamaron golpista a Merino…
Bueno, es que son los sectores vizcarristas y los del mal menor, ¿no? Vizcarra era un mal menor que había asesinado el 8 de agosto. A Merino se le acusa de ser el asesino de dos jóvenes, ¿pero esos sectores acusan a Vizcarra de ser el asesino de tres hermanos kukamas [indígenas que protestaron contra la empresa Petrotal para frenar la contaminación petrolera en Loreto]? Allí se vuelven afónicos, ¿no?
¿O con Sagasti, por las protestas agrarias, con los muertos en La Libertad?
Así es. No pues, es el doble rasero con el que se manejan las cosas.
¿Cuánto debería ser el sueldo mínimo, según usted?
Creemos que el sueldo mínimo debe ser ajustado en función de la canasta familiar. En realidad, debería estar por encima de los S/1.300. Ahora, hay que mirar las consideraciones: a lo mejor se hace de manera diferenciada. Por ejemplo, empresas formalizadas y que tienen cuentas en azul, ¿podrían pagar eso? Sí, sin duda. Pero hay que vincularlo con el tema de la formalización. Luego podríamos encontrar una transición, por ejemplo, para las que califiquen como microempresas y que no pueden pagar eso. ¿Podría el Estado crear un Seguro Universal de Salud y un Seguro de Pensiones Universal, con lo cual se aminora el impacto y la exigencia que tendría una pequeña empresa de pagar el salario mínimo completo?
¿Las AFP cómo quedarían?
Para nosotros las AFP deben desaparecer. Las AFP tienen que ver con la privatización de un derecho fundamental: el derecho de pensión. Nosotros [creemos] que eso debería ser un sistema público nacional universal de pensiones. Consideramos además que debe crearse un banco o el fondo de pensionistas, que eso también supone modificación constitucional.
Si fuera presidente, ¿cómo quedarían los contratos mineros y de construcción? Por ejemplo, con lo que ha pasado en el caso de Odebrecht y Graña y Montero, que pueden seguir contratando con el Estado.
Es importante que haya seguridad jurídica en eso, de acuerdo. Pero recordemos que una modificación constitucional suponen nuevas reglas. Los contratos que son fruto de la corrupción tienen que ser anulados o revisados profundamente. No puede ocurrir lo que estamos viendo actualmente: empresas que le han robado al Estado o que no pagan impuestos siguen contratando con el Estado. Empresas que están investigadas por lavado de activos, generalmente proveniente del narcotráfico o de la minería ilegal, siguen contratando con el Estado. Hay que reformar la Ley de Contrataciones con el Estado. Eso es fundamental.
En un gobierno suyo, ¿la generación y distribución de energía pasaría al Estado?
En el caso de la luz creo que podríamos mantener fórmulas mixtas. Pero lo que no se puede hacer es mantener las actuales normas que tenemos. Por ejemplo, para favorecer algunos proyectos como Chaglla [en Huánuco] o algunos proyectos de energía limpia como los que Alan [García] promovió en Moquegua, nos crean tarifas que todos los consumidores subvencionamos para que empresas ineficientes sigan funcionando.
¿Nacionalizaría los hidrocarburos?
Nosotros consideramos que tiene que haber una primacía del Estado en el tema de hidrocarburos. Y hay que barrer con la corrupción que hay en Petroperú. Yo presenté una moción para que se investiguen los derrames petroleros que decían que lo hacen los indígenas. De lo que se habla allí es de corrupción en Petroperú.
¿Qué planes tiene para los informales, que son casi el 70% de la economía?
Lo primero, es que hay que dejarlos de ver como enemigos. Creo que un grave error de la política económica primario exportadora y capitalista neoliberal es que se los ha visto como una amenaza para el crecimiento económico. En principio nosotros creemos que deben tener un conjunto de herramientas financieras, tecnológicas y administrativas para formalizarse de manera diferenciada. ¿Podemos promover efectivamente la competencia de las cajas municipales y de las cooperativas de crédito? Deberíamos fortalecerlas para que haya más competencia, y esas deberían ser herramientas claves en el proceso de acceso al crédito. Por otro lado, tenemos que crear un programa dentro de la Sunat para la formalización. Lo que tenemos ahora es una Sunat que al pequeño lo cierra y al grandazo no le cobra, le tiemblan las rodillas.
Si usted es presidente y se están muriendo de Covid-19 Pedro Pablo Kuczynski [si acaba en la cárcel], Alberto Fujimori, Antauro Humala o Abimael Guzmán, ¿firmaría un indulto humanitario para alguno de ellos en el marco de la actual Constitución?
Correspondiente al estricto sentido de derecho humanitario, cuando hay la calificación de tal, y con transparencia, sin duda. Pero para nosotros esa no debería ser una prerrogativa republicana ni democrática, es una prerrogativa monárquica. Por lo tanto, debería estar en manos de los organismos que tengan que ver con los temas efectivamente de derechos humanos.
¿Está a favor del matrimonio igualitario, de la unión civil o de ninguno de ellos?
Debemos ir a una sociedad más democrática, con igualdad de derechos para todas las personas. En ese sentido, en función de sus creencias, en función de sus ideologías, eso es un tema privado. El Estado tiene que garantizar derecho para todas las personas. Por eso, el tema de la unión civil debiera ser reconocible.
¿Con derecho a adopción [de hijos]?
Creo que ese es un tema debatible en el país, ¿ya?
Los temas debatibles se pueden resolver con referéndum?
Es una posibilidad, pero la otra es con amplio debate público.
¿Está a favor de la legalización del aborto?
No creo que el aborto sea un derecho. No se trata de estar a favor o no del aborto, lo que se trata es estar a favor de la vida humana y del derecho de decidir de las personas. Ya nuestra ley actual, con muchas restricciones y con muchas violaciones de la norma, reconoce el aborto terapéutico en el caso del riesgo de la vida para la mujer o para el feto. ¿El Estado debiera despenalizar el aborto y considerar el derecho? El derecho no es a abortar, el derecho es a decidir.
¿Despenalizar el aborto en todas las edades?
En realidad, hacia eso se tiende, ¿no? Porque es un tema del derecho a decidir, no es el derecho a abortar,
¿Qué hará con la llamada ‘ideología de género’?
No hay ideología de género. Eso es un constructo ideológico para descalificar la necesidad que las sociedades tienen de reconocer la igualdad de derechos a hombres y mujeres. Es fruto de una arremetida ideológica ultraconservadora, en algunos casos, incluso, fascista.
El FA ha sufrido una serie de alejamientos antes de las elecciones internas. Por ejemplo, Rocío Silva Santisteban y Enrique Fernández Chacón. Circularon además comunicados sobre su “derechización”. Humberto Morales ha denunciado autoritarismo al interior de su partido por la suspensión de él y de 54 dirigentes. ¿Qué ha pasado?
Lo que ocurrió es lo que ha pasado en todos los partidos políticos: una lucha intestina por poder político en un contexto preelectoral. Y entonces tuvimos una Comisión Política Nacional cuyo cargo ha vencido. La resolución N° 106 del JNE dice que nuestra su mandato venció en febrero [de 2019] porque elegimos cada tres años sin reelección inmediata. Es falso que haya posibilidades dentro de nuestros estatutos y de nuestra práctica política de dueños de partidos, actitudes autoritarias. No hay cargos de reelección inmediata, no se pueden entronizar. Los compañeros que quisieron entronizarse en los cargos son quienes convocaron a un seudo-Congreso que ha sido desconocido por la ONPE y el JNE.
Después de todo lo que se ha dicho, ¿qué fue lo que realmente pasó para que no haya una candidatura única de la izquierda? Nuevo Perú lanzó la propuesta de que pudieran ir juntos.
Nosotros planteamos que la unidad tenía que ser programática. Es distinto que sea una unidad pragmática, conceptual. Planteamos que esa unidad tenga unos referentes fundamentales. No íbamos a hacer una unidad que justificara actitudes políticas contrarias a las propias propuestas programáticas; ejemplo, la lucha contra la corrupción. ¿Con quién se alió un sector de la izquierda? Con un liderazgo político sentenciado por corrupción, ¿no? [Arana se refiere a Vladimir Cerrón, quien estuvo por aliarse con el Nuevo Perú] Nosotros no vamos a cruzar esa línea.
¿Qué responde a ese calificativo de “antiminero” que le han puesto sus detractores?
Han necesitado construir un tipo de discurso para descalificar. Te podría leer un documento del año 1994, junio si no me equivoco, cuando anuncian la llegada de Yanacocha a Cajamarca, y yo escribo diciendo: “Si la minería respeta el medio ambiente, si la minería genera trabajo local, si pagan sus tributos, la oportunidad perdida que tuvimos hace 500 años de que mataron una cultura, generaron un genocidio y establecieron un sistema colonial por el oro, la historia de Cajamarca puede ser revertida”. ¿Qué hay allí de antiminero? Más bien, yo lo veo de lejos y digo: “qué ingenuo que fui”. Yo no me defino como antiminero, me defino como un ‘ecologista popular’.
¿Qué opinión le merece que Keiko Fujimori y Ollanta Humala puedan presentarse, en estas elecciones, pese a estar investigados por el caso Odebrecht?
Creo que hay una lamentable responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial en todos estos casos. Edgar Alarcón fue destituido en el 2017 y, [con] una Fiscalía que demora más de tres años en investigar por corrupción, pudo llegar [al Congreso] en el 2020. Y en el caso de Keiko Fujimori no han iniciado la acción judicial y más bien llama la atención la celeridad con la que han actuado en algunos casos, como alcaldes o de algún gobernador regional.
