Por Fabrizio Ricalde y Paolo Benza
Dos grupos de empresas del sector energético peruano libran una batalla encarnizada, pero compleja, desde hace cuatro años. Se trata de una disputa que se origina en distorsiones artificiales del mercado y que tiene un correlato real con el alto precio que los hogares de este país pagan por su recibo de luz. Porque sí, la luz residencial en el Perú es cara: la segunda más cara de Sudamérica después de Uruguay, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
Y algo más: la tarifa viene en franco ascenso desde el 2010. Utilizando cifras del Osinergmin, para ponerlo en una metáfora, si hace diez años jugábamos el repechaje para clasificar al grupo de los caros, hoy le peleamos el liderazgo solo a los charrúas. Según la SNI, en dicho periodo, el precio de la luz ha aumentado en 68% para los hogares y en 96% para las industrias (con la consecuente alza en el costo de los productos que estas venden). Ambos aumentos equivalen a dos y tres veces la inflación respectivamente.
¿Qué está pasando en el mercado eléctrico? Sudaca conversó con especialistas de ambos bandos para entenderlo. Y aquí explica un tema de claro interés público en su versión más sencilla.
Las ‘termos’ contra el mundo
La ‘guerra de las eléctricas’ tiene a dos bandos claramente reconocibles: las generadoras (que producen la energía) y las distribuidoras (que la reparten al consumidor final). No son todas, por supuesto. Entre las distribuidoras está Luz del Sur, la más grande del país por facturación. Y por el lado de las generadoras, un grupo de enormes compañías que poseen plantas de producción termoeléctrica, principalmente a gas natural de Camisea: Engie, Kallpa y Enel. Las ‘termos’.
Hace poco el conflicto llegó a la Corte Suprema. Y esta emitió un fallo.
Pero para llegar a ese fallo, que es el final de esta historia (o casi), es necesario entender cómo funciona el mercado. Aunque el asunto es complejo y técnico, se explica así: las ‘termos’ tienen un beneficio normativo originalmente planeado para incentivar el uso del gas natural de Camisea. ¿Cuál es? Pueden declarar a voluntad su costo variable de producción. Repetimos: las ‘termos’ deciden, ellas mismas, cuánto declaran. Puede ser, si lo desean, un valor ficticio cercano a cero. En breve entenderemos por qué esto es importante.
Hace 20 años, cuando se creó este incentivo, la industria termoeléctrica no era tan importante. Para aprovechar la oferta de gas natural de Camisea, había que promocionarla. En los últimos años, sin embargo, la matriz energética del Perú ha pasado a ser alrededor de 45% térmica, principalmente a gas. Esto, además, significa que no es renovable naturalmente. El resto sí está compuesto por renovables: 50% por caídas de agua (hidroeléctricas, algunas de ellas gigantes) y un pequeño 5% por renovables como la solar o la eólica.
Lo otro que hay que entender es que en el Perú se observa, en los últimos años, una sobreoferta eléctrica. La capacidad de producción supera por mucho al consumo total. ¿Por qué? Hasta el 2016 se licitaron más proyectos de generación que lo que el crecimiento de la economía, desacelerada en el último lustro, pudo cubrir. A ello se sumó el retraso de grandes proyectos mineros de alto consumo energético, como Quellaveco o Tía María. Según la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR), la sobreoferta debía terminar en el 2022, pero el golpe económico de la pandemia la mantendrá por un buen tiempo más.
¿Qué significa la sobreoferta? Que se puede producir mucha más energía de la que el mercado efectivamente demanda. En el 2018, el Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional (COES) calculó que había 84% de capacidad instalada sobrante. En otras palabras: muchas compañías con dificultad para ‘colocar’ por la falta de compradores. Ahí empieza la distorsión.
Mercados, mercados
¿Si hay más oferta que demanda, por qué los hogares pagan cada vez más por la luz? Porque el precio de la electricidad residencial está fijado por el regulador del sector, Osinergmin. Por eso, se le llama ‘mercado regulado’. En el mercado regulado están los consumidores pequeños: familias o empresas que no demandan volúmenes tan grandes de energía. Son abastecidas a través de la conexión de distribuidoras como Luz del Sur, que compran la electricidad a las generadoras (sean ‘termos’, ‘hidros’ o demás renovables).
Pero hay un segundo mercado: el libre. Los ‘clientes libres’ pueden firmar contratos de abastecimiento directamente con las generadoras debido a que consumen mayores volúmenes de electricidad, saltándose al intermediario. En otras palabras: en el mercado ‘libre’ los precios de la energía sí son fruto de una negociación. Si las generadoras quieren ganar más clientes ‘libres’, deben bajar su precio. ¿El resultado? Esperable: el precio del megavatio-hora en el mercado libre es mucho menor que el del mercado regulado desde el 2016. Una gran empresa paga 30% menos por la misma unidad de electricidad que un hogar.
¿Dónde está el problema? Ya vamos llegando. Tiene que ver con un tercer mercado: el mayorista. En la jerga energética se le conoce como el ‘mercado spot’. Solo compete a las generadoras y es para transacciones de corto plazo. ¿Cómo funciona? Las compañías que producen van allí a transar la energía: sea a vender la que les ha sobrado o a comprar la que les falta para cumplir sus compromisos de entrega de energía, especialmente con clientes libres. El ‘precio spot’ define, así, parte importante del margen de las generadoras, sobre todo las que son más ‘compradoras’.
Si el precio spot es bajo, las generadoras que compran allí para completar sus contratos tendrán un buen margen. ¿Cómo se fija el precio spot? Esa es la clave: se define en función de los costos variables que declaran las generadoras. Específicamente: el que declara la última generadora en entrar a despachar, que normalmente es una termoeléctrica a gas. Volvamos, entonces, al inicio de esta explicación: las ‘termos’ están permitidas de declarar el costo que consideren conveniente, así este no sea real.
Distorsiones irrefutables
En el 2017, el Ministerio de Energía y Minas reconoció en un decreto supremo que existía esta distorsión, pero no fue corregida. En el documento se detalla que las ‘termos’ que utilizan gas natural han declarado costos bajos, cercanos a cero, ocasionando que el precio del mercado mayorista esté por debajo del costo real de generación de electricidad. Es decir, vienen deprimiendo artificialmente el precio spot.
¿Y para qué lo han hecho? Hay empresas consumidoras que pueden pasar del mercado regulado al libre, si los precios de este le convienen. Y lo han hecho sin dudarlo desde el 2016. No hablamos aquí de compañías con gran consumo energético, como mineras o cementeras, que ya eran de por sí clientes libres, sino de empresas de ‘consumo medio’. Digamos, una cadena de centros comerciales, de malls o de bancos, que hoy pagan mucho menos que la tarifa que se le carga a un hogar promedio.
En el 2012, el mercado libre consumía sólo el 44% de la energía del país, con apenas 261 clientes. Seis años después, en el 2018, había pasado a consumir el 59% y a tener 1.836 clientes. A inicios del 2020 superó los 2.300 clientes. En una entrevista para la revista Semana Económica el 2019, el gerente de desarrollo de Luz del Sur, Mario Gonzales, reveló que habían perdido a todos sus clientes que consumían más de 500 Kwh. Todos habían prescindido del intermediario: pasaron a contratar directamente con las generadoras al precio reducido del mercado libre.
¿Cómo es sostenible un precio ‘libre’ tan bajo? Porque el precio mayorista, el del mercado spot, está deprimido.Las generadoras con una cartera gorda de clientes libres pueden ir allí, comprar la energía muy barata, y luego ofrecerla a precios atractivos en negociaciones directas. Las tres principales empresas del sector energético peruano son Engie, Kallpa y Enel. Son, a su vez, las que tienen una buena cantidad de producción termoeléctrica a gas. Son las ‘termos’ que han venido declarando costos bajos, por momentos cercanos a cero, para mantener deprimido el precio spot.
Coincidentemente, también son las empresas que más energía han comprado a otros generadores en el mercado mayorista, al precio spot, para luego revenderla. Según cifras del COES, por ejemplo, las tres compraron 6,7 millones de Mwh más de los que vendieron en el spot. ¿Le cierra ya el círculo? Las generadoras a gas declaran costos variables irreales –porque así se los permite la norma–, lo que deprime el precio mayorista. Luego, compran a ese precio artificialmente reducido parte de la energía que revenden en el mercado libre. Entonces, los ‘clientes libres’ tienen acceso a un precio mucho menor al de los hogares.
Pero hay un último paso para entender todo este asunto
El negocio de las renovables
¿Qué tiene que ver todo esto con usted, lector? Pedro Gamio, ex viceministro de energía y experto en el sector, asegura que el meollo de todo este asunto está en las energías renovables. ¿Cómo así? No pierda la concentración, que aquí acaba esto. El costo real de producir energía con gas es uno de los más altos del mercado. De hecho, la generación cuesta US$24 dólares el megavatio, hasta US$32 en algunos casos.
Del otro lado están las renovables, que –excluyendo a las hidroeléctricas de grandes embalses– son teóricamente más amigables con el medio ambiente. Y además, están subsidiadas. El costo de producir energía eólica o solar, en ocasiones mayor incluso al de las ‘termos’, es pagado por todos los consumidores regulados. Es decir, por el recibo de su casa, de la nuestra y del pequeño negocio de la esquina. ¿La justificación? Diversificar la matriz hacia energías más limpias. Algunas de las ‘termos’ tienen subsidiarias para renovables.
El subsidio lo pagan todos los consumidores regulados a través de un cargo en sus recibos que se llama Prima RER (sumada al precio como cargo de transmisión). ¿Y de qué depende cuánto es ese subsidio, esa prima RER? Del precio spot. Mientras que el mercado mayorista tenga valores bajos, el subsidio será mayor. La legislación asume que cuanto menor sea el precio mayorista debe haber más subsidio para que las renovables puedan competir.
Así, la distorsión que ocasionan las ‘termos’ en el mercado spot no es solo un tema de grandes corporaciones, sino que también suscita el incremento de un subsidio cargado directamente a los peruanos. En un periodo de cinco años, los consumidores regulados habrían pagado US$350 millones en exceso en sus recibos, según estimaciones de Luz del Sur. La misma empresa previó en el 2019 que, sin la distorsión del mercado, la prima RER se reduciría en casi US$100 millones.
¿Qué dicen las ‘termos’?
La versión de las ‘termos’ es, por supuesto, distinta. Por un lado, critican que Luz del Sur, la principal interesada en resolver la distorsión del mercado, haya sido comprada en el 2019 por la china China Yangtze Power (CYP), cuya matriz es la también china Three Gorges Corporation. Pocos meses antes, la Three Gorges había adquirido una generadora hidroeléctrica gigante: Chaglla. Además, Luz del Sur tiene otra ‘hidro’: Santa Teresa. Fuentes cercanas a ambas transacciones defendieron para Sudaca que dichas compañías extranjeras no coordinan entre sí.
Luego, las ‘termos’ aseguran que sincerar el costo variable que declaran –agregarle, por ejemplo, el costo fijo– terminaría subiendo el monto de los recibos residenciales de luz. Subir el costo de algo aumenta su precio, argumentan, en sencillo. Sin embargo, el mercado regulado contrata con las generadoras a precios de largo plazo, lo que hace muy difícil que las tarifas puedan subir en los próximos cinco años como consecuencia del sinceramiento. Luz del Sur asegura que tiene contratos ya firmados hasta el 2027.
El tema llegó a la Corte Suprema. Esta última instancia falló en septiembre del 2018 en contra de la distorsión abriendo dos posibles caminos: que el costo de la energía esté basado en precios reales (y no declarados) o que todo el mercado pueda declarar sus precios en el mercado. La decisión cayó en manos del Ministerio de Energía y Minas, que ya derivó la elaboración de un nuevo marco normativo al COES y su aprobación al Osinergmin.
Los que defienden la postura de las ‘termos’ también niegan que esto les constituye un beneficio normativo. Alegan, al contrario, que debido a la sobreoferta de energía eléctrica se verían obligadas a cumplir con las empresas que les suministran el gas, aún sin haberlo ‘colocado’. Esto porque firman sus contratos de suministro bajo la modalidad take or pay: pagas, consumas o no. Bajo esa lógica, la distorsión sería una forma de balancear el problema de no poder vender energía por la sobreoferta.
Con la publicación del último decreto supremo, el que deriva el tema al COES y al Osinergmin, ambos bandos de esta historia han intensificado una campaña de gestión de intereses, especialmente en prensa. Pero también en la arena legislativa. Sudaca ha tomado la versión de ambas partes para elaborar este informe. Los autores, tras recopilar y contrastar la información, han llegado a la orientación editorial que el artículo revela. Usted lector decidirá finalmente la posición que desee sobre el tema. El objetivo es que, hasta aquí, quede entendido un problema que le afecta directamente, y del que se evita hablar por su complejidad. También por los intereses que, sin particularidad de bando, pululan por detrás.
