[OPINIÓN] Existe el feminicidio. Lo digo sin legalismos, no soy abogado. Si un hombre asesina a su pareja o expareja motivado por los celos, despecho, por no aceptar una ruptura, atrapado en la perversa creencia que lo hace ponderar a la mujer como a un objeto o propiedad, entonces ha cometido feminicidio, y en el Perú esta es una situación tan lamentable como cotidiana.
El acoso callejero es otro mal nacional. Las mujeres peruanas, prevalentemente las jóvenes, lo experimentan varias veces por semana: o les gritan obscenidades, o profieren contra ellas ruidos o silbidos absolutamente lascivos, o, lo que es peor, las tocan, cuando no las violan sin más. En este último caso hablamos de un crimen, situación mucho más grave que el referido acoso.
La desigualdad salarial entre hombres y mujeres es una problemática mundial que también se expresa en el Perú. La razón fundamental que se esgrime no puede ser más discutible: el gasto que para el empleador puede o podría suponer eventualmente la maternidad o futura maternidad de la trabajadora. Argüir los descansos por maternidad, la supuesta imposibilidad de dedicarse al trabajo al 100% en virtud del cuidado de los hijos, supone una regresión retrógrada a los tiempos previos a la ola feminista de los años setenta. Desde entonces, y cada vez más, hombres y mujeres, que conforman un hogar, trabajan los dos y comparten las labores del hogar también los dos, pero el capitalismo parece no haber tomado nota de este cambio fundamental al momento de establecer políticas salariales. Por lo demás ¿no es a través de la maternidad que aseguramos la supervivencia de la especie?
Pero quiero detenerme en el Perú. En nuestro país la misoginia tiene antiguas raíces y clama por la necesidad de un potente proyecto educativo para que los varones dejen de ser educados en la falsa idea de su superioridad sobre las mujeres, o lo que es peor, en la falsa y perversa idea de que una relación sentimental convierte a la pareja en una posesión, punto de partida para que la ruptura concluya en tragedia.
La política pública y educativa debe fomentar el respeto a la mujer desde la educación inicial. Debe incluir el trato, las formas y el fondo, el concepto mismo que el varón desarrolla acerca del género femenino. De esta manera construiremos una sociedad solidaria, educada, en donde prevalezca la defensa del ser humano, sin distingo de su género, en lugar de prejuicios nocivos largamente arraigados.
Luego, la lucha de las mujeres por sus derechos ha logrado visibles triunfos, más en las sociedades desarrolladas: el número de mujeres empleadas supera al de los hombres, principalmente entre los menores de 35 años; el número de mujeres que estudia en la universidad supera largamente al de varones, situación que observo cotidianamente en las aulas universitarias, con casos en los que el 90% de estudiantes matriculados en mis secciones es de sexo femenino.
También en la salud mental, la situación de las mujeres parece más favorable: la incidencia de suicidios, de depresión y de abuso de sustancias es bastante mayor en los varones, estos muchas veces recienten no poder competir contra la denominada discriminación positiva lo que nos lleva al centro de nuestro problema.
Existen líneas que no podemos cruzar y que han sido trazadas por los derechos fundamentales. Resulta discutible proclamarse pro derechos al defender los de la mujer, si, en el empeño, se trasgrede impunemente los del hombre, colocándolo en una posición de inferioridad e indefensión ante la ley.
Esto ha ocurrido y está ocurriendo en España desde la promulgación de la ley contra la Violencia de Género de 2004. Esta otorga beneficios legales, de salud y económicos a la mujer por el solo hecho de denunciar a un hombre por violencia, generando así un incentivo perverso a favor de denunciar, aún si la acusación fuera falsa. Como contraparte, una vez interpuesta la denuncia, la referida ley condena automáticamente al varón a pasar de una a tres noches en el calabozo, a abandonar el hogar conyugal y le prohíbe ver a sus hijos. Muchas veces, por el ruido social, la denuncia en su contra resulta en la pérdida de su trabajo. Y todo esto sólo tras la presentación de una denuncia, sin proceso previo, ni condena, es decir, “preventivamente”.
En el Perú no existe tal legislación, pero instituciones privadas aplican reglamentos de género que, ante la sola presentación de una denuncia por violencia, separan de su trabajo al acusado y le ofrecer a la acusadora los servicios de un abogado y asesoría psicológica sufragados por la empresa, todo esto cuando el proceso disciplinario ni siquiera ha comenzado. Diese la impresión, en estos casos, de que la sentencia antecediese al procedimiento. Desde luego, no aplican para el acusado ni la presunción de la inocencia, ni el derecho a la defensa. En todo caso, la institución asegura los servicios de un letrado a la demandante pero no al demandado, quien se ha quedado sin trabajo y debe costearse él mismo los servicios de un abogado defensor.
El último caso que quiero presentar es el del daño psicológico, moral, laboral y social que generan algunas acusaciones falsas al margen de procesos judiciales o disciplinarios. Basta un escrache, una cancelación en redes sociales, basta una página de origen desconocido subida a las redes por un anónimo que no presenta pruebas, ni indicios y que no se identifica jamás, para que sectores radicales acojan la “denuncia” y se plieguen al escarnio público del supuesto agresor. El resultado: le arruinan la vida, si no lo matan, lo hieren. ¿Daño colateral? ¿un ser humano puede considerarse daño colateral?
En este artículo he querido separar dos temas que son muy distintos pero que ciertos sectores activistas quieren presentar como uno solo: la legítima lucha por erradicar la violencia contra la mujer y construir una sociedad más justa en la que todos vivamos en condiciones de igualdad, frente a movimientos que han creado una narrativa de confrontación de mujeres vs hombres, y promueven legislaciones que incluyen discriminación positiva, la que vulnera derechos fundamentales como la presunción de la inocencia, así como los derechos a la legítima defensa, al honor y a la buena reputación.
Sólo sobre la base inalienable e irrenunciable de la defensa de TODOS LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, y de su universalidad, podremos defender devota y militantemente la integridad de la mujer y su derecho a la igualdad de oportunidades. En democracia, no existe otra manera de hacerlo. Finalmente, mujeres y hombres vinimos a este mundo juntos, nos reproducimos juntos, nos amamos juntos y nos lloramos juntos a la hora de partir.
