El directorio de Petroperú ha señalado en comunicado reciente que comunicó a su Junta General de Accionistas la urgencia de privatizar la empresa y que no hay otra salida que aquella para reflotarla, ya que se requiere con urgencia de dos mil 200 millones de dólares adicionales.
“En las actuales circunstancias de un Petroperú con gobernanza y gestión empresarial expuesta a los usuales apetitos políticos, sería irresponsable y un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento del Estado, ya que nada asegura que la empresa no retorne en el futuro cercano a solicitar más apoyo estatal, en desmedro de la caja fiscal y el bolsillo de los contribuyentes peruanos”, señaló la empresa del Estado.
Se ha puesto por fin el dedo en la llaga y lo ha hecho la propia administración de la empresa, corroborando que la misma nunca debió subsistir y menos aún embarcarse en el delincuencial proyecto de modernizar la refinería de Talara, proyecto apoyado fervorosamente por diversos economistas de izquierda durante la gestión de Humala (al propio Humala nunca se le vio tan contento y radiante como cuando anunció desde el sitio el inicio de las obras).
Las empresas públicas no tienen ningún sentido económico. La empresa privada es muy superior en capacidad de inversión, mejor provisión de los servicios y rentabilidad, además de que en los casos en los que su posición de dominio podría afectar al consumidor existen organismos reguladores muy estrictos y finalmente el Indecopi, para intervenir (como ya lo han hecho en sinfín de oportunidades).
El directorio de Sedapal debería seguir el ejemplo de Petroperú y junto con ella todas las empresas de saneamiento de todos los municipios del país que operan pésimo y no tienen capital para mejorar sus ratios de eficiencia y de cobertura.
Es patriótico que no haya empresas públicas, que solo terminan pasándole la factura de su ineficiencia al ciudadano común, que con sus impuestos debe pagar el despilfarro y la pésima conducción empresarial.
