Informes

[INFORME] Sudaca encontró uno de los nuevos gastos asumidos por el gobierno de José Jerí que por fin tienen que ver con seguridad. Sin embargo, este sólo beneficiará a los miembros del gobierno.

Apenas han transcurrido seis días del año 2026 y la delincuencia ha cobrado sus primeras víctimas. Durante el primer fin de semana del nuevo año, sólo en la capital se registraron más de diez asesinatos con arma de fuego y entre estas personas que perdieron la vida a manos de sicarios incluso se encontraban menores de edad.

Esta alarmante cifra de asesinatos ha ocurrido en un contexto en el cual el gobierno sigue sosteniendo un estado de emergencia cuestionado por su falta de resultados mientras espera el lanzamiento de lo que ha sido denominado como un nuevo plan de seguridad ciudadana que estaría por darse a conocer en los próximos días.

La población sigue viviendo en medio de la incertidumbre y el pánico, y resulta lógico que la pregunta sea por qué en el gobierno parecen no entender la urgencia de este problema que afecta a la mayoría de peruanos. Sudaca ha podido encontrar que la respuesta a esta pregunta podría estar en algunos de los contratos que el Ejecutivo ha firmado recientemente.

REALIDAD PARELELA

Terminar convertido en una víctima más de los extorsionadores, y posteriormente en un número más en la lista de objetivos de un sicario, se convirtió en una posibilidad tanto para una empresa que maneja grandes sumas de dinero como para un emprendimiento incipiente de ganancias mínimas.

Ante esta realidad que viene golpeando al Perú y amenaza con seguir escalando, más de uno se pregunta cómo desde las altas esferas de la política no parecen entender la gravedad de la situación y están tan convencidos que ellos no se verá afectados al punto que incluso intentan pintar los reclamos del color de sus adversarios políticos para que esa sea la excusa para no atenderlos.

La explicación detrás de este exceso de confianza parece estar en un plan de seguridad, pero no es el plan que se aplicará para el ciudadano común y que todavía no se anuncia sino el que han diseñado para ellos mismos. Sudaca pudo conocer que, además de la seguridad que acompaña al presidente Jerí y los miembros del gobierno, también están realizando una inversión extra.

El en mes de noviembre, el despacho de José Jerí adquirió los servicios de la empresa EXMASE – Expertos en manejo seguro. Ellos se encargan de instruir a los conductores en técnicas de manejo defensivo y evasivo con lo que pueden lidiar con situaciones como persecuciones y maniobras a alta velocidad.

Mientras el tiempo sigue transcurriendo sin que el Ejecutivo tenga un plan concreto para frenar la delincuencia, sus integrantes están reforzando su propia seguridad con dinero del erario público. Según la información que pudo revisar este medio, el despacho del presidente pagó más de quince mil soles a esta empresa que capacitará a sus choferes.

MARKETING A TODA MÁQUINA

Conscientes que esta falta de resultados en seguridad podría empezar a repercutir en el respaldo que todavía es favorable para José Jerí en las encuestas, el gobierno parece haber entendido que al menos tiene que proyectar una imagen que le permita parecer cercano a la población y por ello ha recurrido no sólo a una sino que a dos empresas que se dedican a las estrategias de comunicación, el posicionamiento de marca y las relaciones públicas.

Una de estas es MyM Comunicaciones. Esta empresa trujillana recibió un pago por S/. 4,484 durante el mes de noviembre del año pasado por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros. En sus redes sociales, esta empresa destaca su experiencia realizando campañas de prensa.

Pocos días después, la PCM presidida por Ernesto Álvarez recurrió a los servicios de otra empresa dedicada al rubro comunicaciones. En esta oportunidad se trataba de DP Comunicaciones, a quienes se le pagó la cifra de S/. 2,491.67. Acorde a la información disponible, esta empresa se encarga de realizar las mismas funciones que MyM Comunicaciones.

Cabe señalar que no es la primera vez que el gobierno de José Jerí se ve involucrado con este tipo de contratos. En diciembre del año pasado, Sudaca dio a conocer que el Ministerio de Educación había recurrido a los servicios de una empresa llamada Producciones Génesis S.A.C. que se dedicaba al cuidado de imagen institucional y recibió dos órdenes de servicio por más de ocho mil soles.

Mientras el país todavía ve lejana la salida al pánico desatado por la inseguridad, el presidente José Jerí y los integrantes del gobierno parecen vivir en una burbuja presidencial donde no sólo están a salvo de la ola de delincuencia sino que se esfuerzan más por la imagen que proyectan que por los resultados de sus políticas.

[INFORME] Diversos ministerios parecen haber aprovechado el final del año para utilizar el presupuesto disponible en todo tipo de gastos. Desde un contrato de casi cuarenta mil soles con una cadena gastronómica hasta una orden de servicio con una empresa que prácticamente realiza las mismas labores que el área de comunicaciones.

La fiestas navideñas parecen haberse adelantado en varios ministerios. Pese a los constantes esfuerzos del gobierno de José Jerí por transmitir la imagen de una gestión abocada a la eficiencia del Ejecutivo, la situación que se viene observando en más un sector demuestra que el uso del dinero público no está siendo cuidado e incluso se está destinando a ciertas excentricidades y prioridades que distan de las preocupaciones que hoy tienen la mayoría de peruanos.

Sudaca pudo revisar algunos de los gastos asumidos por los ministerios y encontró desde costosos banquetes hasta la contratación de una empresa que se dedica a mejorar la imagen de instituciones. En esta lista incluso figura el nombre de un personaje que recientemente perdió su puesto tras un grave escándalo y no tardaron en reubicarlo en un cargo importante.

PARA ESTO SÍ HAY

Recientemente, la educación peruana estuvo en el centro de las polémicas luego que se revelara que el programa Beca 18 apenas cuenta con presupuesto para dos mil becas, un número muy distante de las veinte mil que en su momento el gobierno de José Jerí le había prometido a los jóvenes que, además, marca un drástico recorte al sector educación.

Sin embargo, mientras esta realidad golpea a los más de cien mil jóvenes que se inscribieron con la esperanza de continuar sus estudios y crece la incertidumbre, en el Ministerio de Educación optan por invertir su presupuesto en la contratación de una empresa que realiza las funciones de una central de medios.

Sudaca pudo acceder a las órdenes de servicio que el Ministerio de Educación pagó durante el mes de noviembre y encontró, tal como se puede observar en la siguiente imagen, que el Minedu invirtió en la contratación de la empresa Producciones Génesis S.A.C.  más de ocho mil soles.

Es preciso señalar que el Minedu, como ocurre con todos los ministerios, cuenta con una oficina de prensa para que se encargue de cuidar la imagen institucional, difundir las actividades del ministerio y coordinar con los medios de comunicación. Pese a ello, el nuevo gobierno decidió contratar a una empresa que, como describe en su propio sitio web, se dedica a elaborar estrategias de comunicación y mejorar la imagen institucional.

Si bien la descripción de los servicios que ofrece esta empresa invita a creer que quienes más requerirían de sus servicios son quienes integran el sector privado, en la lista de sus clientes destacados figuran tres ministerios, un organismo de la Municipalidad de Lima, el Gobierno Regional del Callao y hasta el Congreso de la República, quienes en el mes de abril pagaron S/. 26,900 para que esta empresa se encargue de las invitaciones para “presentar expresiones de interés para los procedimientos” relacionados con la implementación de la bicameralidad.

PROVECHO, CANCILLER

Las semanas recientes han sido, indudablemente, muy agitadas para la Cancillería. Desde las declaraciones del presidente Jerí abriendo la puerta a una intervención a la embajada mexicana hasta el posible panorama crítico que se podría generar en la frontera con Chile tras el anuncio del nuevo mandatario José Kast sobre la expulsión de inmigrantes llevaron a que se generen momentos de tensión.

Aparentemente, para aliviar este clima de preocupación, la Cancillería no tuvo mejor idea que contratar los servicios de una cadena gastronómica. Por supuesto, al momento de invertir en dicha contratación no tuvieron reparos en destinar para este fin el monto que sea necesario y, por ello, para la contratación de Cadena Gastronómica HQOD se destinaron cerca de cuarenta mil soles.

CUANDO SE CIERRA UNA PUERTA…

Este festín navideño incluso parece haber alcanzado a quienes experimentaron graves cuestionamientos y este sería el caso de Alberto Tejada Conroy. En los primeros días del mes d noviembre, Tejada Conroy, quien es hijo del exalcalde Alberto Tejada, fue designado como gerente general del Instituto Peruano del Deporte (IPD) en una decisión que le competía al Ministerio de Educación.

Sin embargo, poco tiempo después, el programa “ContraCorriente” reveló que Tejada tenía más de quince denuncias en su contra. Las más graves hablan de maltrato laboral y maltrato psicológico a lo que se suman investigaciones por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Al respecto, Tejada señaló que estas denuncias “no son reales” y que cualquiera podría denunciarlo para “manchar la imagen de alguien”. La emisión de dicho informe periodístico y las múltiples irregularidades que rodearon los Juegos Bolivarianos 2025 llevaron a que termine por dejar su cargo en los primeros días de diciembre.

No obstante, estas polémicas no fueron un impedimento para que Tejada Conroy consiga un nuevo puesto gracias a otro ministerio. Casi inmediatamente después de su salida del IPD, más precisamente el 4 d diciembre, Tejada fue designado como director general de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Salud.

El año 2025 terminará con un nuevo presidente y nuevos ministros. Sin embargo, los nuevos integrantes del Ejecutivo siguen sin mostrar un manejo eficiente de los sectores que tiene a cargo y, por el contrario, parecen no haber tardado mucho en ver el presupuesto que tienen en sus manos como una posibilidad de despilfarrar.

[INFORME] La jueza que recibió sobornos de un importante empresario también se vio involucrada en un caso de narcotráfico. Los archivos de un medio mexicano ponen al descubierto el cuestionable pasado de la magistrada Becerra.

Este año 2025 ha significado un momento crítico en la carrera de la magistrada Roxana Becerra Urbina luego que el empresario Aniceto Argüelles reconociera que recurrió a sobornos para que el caso de la venta de un terreno de diez mil hectáreas utilizando documentos falsos quedara en manos de esta jueza.

Las investigaciones no sólo encontraron que Becerra se había reunido con un emisario de Argüelles e incluso con el propio empresario sino que también salieron a la luz las conversaciones en las cuales se escucha que la magistrada, que debía mantener neutralidad y garantizar justicia para las partes involucradas, coordinaba con un hombre de confianza de Argüelles, identificado como Silvio Muñoz, los pasos a seguir en el caso y en la entrega de los pagos.

Sin embargo, existe material mucho más comprometedor que ha salido a la luz. En esta oportunidad, información proveniente desde tierras mexicanas, más precisamente una nota del diario El Universal, expuso los vínculos de la justicia peruana con narcotraficantes de dicho país.

La información que pudo obtener este medio mexicano detalla que Roxana Becerra Urbina, en su calidad de jueza antidrogas, había protegido a un narcotraficante llamado Lurgardo Fernando Rabanal Cruzado que, además, era su esposo y estaba siendo buscado desde el año 1993 cuando la policía de Madrid detectó que Rabanal había sido el responsable de enviar dos kilogramos de droga a la capital de España.

Según informó el diario “El Universal”, la Dirección Nacional Antidrogas (DINANDRO) recibió una llamada anónima que los alertaba que en la residencia de la jueza Becerra se estaba traficando con drogas y también se protegía a este personaje que califican como “uno de los principales traficantes de pasta básica de cocaína”.

[INFORME] Se conoció el contenido de las llamadas entre la magistrada Becerra y el entorno de Argüelles en las que no sólo se expondría la estrategia de pagos de sobornos sino que también quedaría en evidencia que la jueza coordinaba el desarrollo del caso con los denunciados.

Este 2025 se destapó un escandaloso caso que expuso la manera en que algunos jueces están dispuestos a ponerse un precio y poner la justicia al servicio de quien pueda pagarla. El caso del empresario Aniceto Argüelles causó gran conmoción luego que este, como parte de una estrategia legal, admitiera que sobornó a una jueza.

El objetivo del fundador de Industrias Argüelles era conseguir que la magistrada Roxana Becerra Urbina emita un fallo favorable en un caso que involucraba a su empresa y la compra fraudulenta de diez mil hectáreas. Este hecho tuvo lugar en el año 2016 y le permitió a Argüelles adquirir dicho terreno por seiscientos mil soles cuando se estima que el precio correcto rondaba los cinco millones de soles.

Para evitar sufrir un revés que le impediría seguir utilizando el relleno sanitario instalado en este terreno, la estrategia de Argüelles fue sobornar a la jueza Becerra que era la responsable de atender la denuncia realizada por los campesinos de la comunidad de Quipán contra Industrias Argüelles y Abel Mosquera Ortíz, el presidente de la comunidad que gestionó esta compra irregular.

La estrategia de este soborno consistía en adquirir terrenos que le pertenecían a la familia de la magistrada Becerra por precios sobrevalorados. La División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) realizó una cuidadosa tarea de seguimiento que permitió encontrar las reuniones entre Becerra, Argüelles y personas de confianza de ambos en restaurantes del Cercado de Lima y San Martín de Porres durante el año 2019.

En esta oportunidad, el diario La República ha podido acceder a nueva información sobre las llamadas entre los involucrados. La fiscal Leydi Cherrepano fue la persona que logró la autorización judicial para que se puedan llevar a cabo estas escuchas telefónicas que ocurren en el año 2019.

MÉTODO DE PAGO

La siguiente transcripción corresponde a una conversación que tuvo lugar el 23 de julio del año 2019. Los que participan son Silvio Muñoz Villanueva, quien ha sido identificado como hombre de confianza de Aniceto Argüelles, y la magistrada Becerra. Cabe señalar que Muñoz adquirió tres predios ubicados en Santa Rosa de Quives por un monto de doscientos veinticuatro mil dólares.

El siguiente diálogo publicado por La República corresponde al 29 de julio. En esta conversación, el intermediario del empresario Argüelles se comunicó con la magistrada para coordinar la entrega de un encargo en su vivienda. Acorde a la acusación de la fiscal Cherrepano, esta era la estrategia elegida por las partes involucradas para pagar los terrenos que Muñoz adquirió.

INFORMACIÓN ANTICIPADA

También se han podido encontrar comunicaciones, como la siguiente que corresponde al 26 de abril del 2019, en la cual se puede escuchar que Aniceto Argüelles dialoga con Silvio Muñoz sobre el accionar de la magistrada Becerra y queda en evidencia las coordinaciones entre las partes.

El fundador de Industrias Argüelles incluso conversaba con Ricardo Quispe, abogado del presidente de la Comunidad de Quipán involucrado en la compra fraudulenta del terreno de diez mil hectáreas, y revela detalles sobre la manera en que la jueza Becerra actuará en el caso que los involucraba.

Aproximadamente un mes después de estas conversaciones entre Argüelles, Muñoz y Quispe, Roxana Becerra Urbina terminaría por emitir un fallo que, casualmente, resultó favorable a los intereses de Aniceto Argüelles, tal como él mismo los presumía en sus conversaciones de varias semanas antes.

[INFORME] Luego de ser designado como candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara dialogó con Sudaca y reveló que, en caso de ganar las elecciones, el expresidente Francisco Sagasti “estaría muy cercano para dar consejos”. Además, el exgobernador regional de Cajamarca se refirió a la necesidad de un “reordenamiento jurídico para darle sostenibilidad a la lucha contra la corrupción”.

¿Por qué da este importante salto en su carrera política con el Partido Morado?

El partido me recibió luego de la difícil decisión de retirarme de Acción Popular. Recibí la invitación de Francisco Sagasti y Luis Durán, el presidente del partido, y también tuve un recibimiento generoso por parte de la militancia.

Desde su inicios, el Partido Morado ha sido considerado de centro, ¿cómo definiría exactamente lo que significa ser un movimiento político de centro?

Somos el único partido que defiende con palabras y acciones los principios y valores republicanos. Defendemos la transparencia, el equilibrio de poderes y la democracia. Con eso me siento identificado.

En un contexto crítico para el país y en el cual la población demanda soluciones drásticas, ¿definirse como un partido de centro puede ser una desventaja porque lo relacionan con tibieza?

Lo que pasa es que últimamente hay un grupo de extrema derecha e izquierda que quieren polarizar al Perú para que la disputa sea entre ellos. No entienden que el pueblo peruano no busca diferencias entre izquierda y derecha sino resultados concretos. Es ahí donde el Partido Morado tiene propuestas. Cómo vamos a ser tibios si defendemos el equilibrio de poderes o queremos una educación de calidad. Muchos confunden la bravuconada con ser fuerte y aquellos que tienen buenas formas y actúan dentro de la ley son tomado como tibios. Es un pensamiento incorrecto que ha tomado un sector de la población.

En una entrevista con Rosa María Palacios destacó que el Partido Morado no figura entre las agrupaciones políticas más desacreditados. Sin embargo, también se ve que no aparecen en los primeros puestos de las encuestas presidenciales, ¿qué les está impidiendo convertirse en un partido que, además de no ser repudiado, es visto como una opción para la presidencia?

Nosotros somos un partido democrático que recién hemos definido las candidaturas y, por lo tanto, no hemos tenido posicionamiento de candidato. Además, hemos estado trabajando la interna para ganar la nominación. Hemos tenido que recorrer el Perú y tenemos la seguridad que en las encuestas de enero apareceremos.

¿No le preocupa que pese a realizar este trabajo de recorrer el Perú no estén bien posicionados en las encuestas?

Siempre en el plan estratégico hay que cambiar. La vida no es una fotografía sino una película e igual pasa con la política. Tenemos que hacer varios ajustes. Por ejemplo, esta semana hemos empezado a aparecer en los medios de manera más consistente y eso va a dar frutos en el corto plazo.

Semanas atrás, Harvey Colchado, exjefe de la DIVIAC, anunció su interés en participar en política y el Partido Morado figuraba como una de las agrupaciones en las que podía ser incluido, ¿por qué no se integró?

Eso es una decisión de la alta dirección del partido y del presidente Luis Durán. Te soy sincero, no sé si lo invitó. Pero en todo caso la decisión que ha tomado el coronel Colchado es una decisión personal y la respeto.

Como candidato presidencial, ¿le hubiese gustado que sea parte del Partido Morado?

Sí, es una persona con credenciales profesionales y académicas. Donde esté, en el Partido Morado o Ahora Nación, considero que va a ser un brillante diputado y va a dar muchos aportes ahora que se requiere mucho. Habría que ver si actúa dentro de lo que él dice. Por ejemplo, si ayuda a reorganizar a la Policía Nacional del Perú.

Varios candidatos hablan de la necesidad de una reorganización en la Policía Nacional del Perú, ¿en qué consistiría concretamente esta propuesta?

La Policía en conjunto con el Ministerio del Interior son instituciones bastante grandes donde hay que sectorizar. Por ejemplo, entre las cosas que deben corregirse está en el tema de los ascensos que deben ser no por tráfico de influencias sino de manera transparente y alejado de la política. Ahora debieron haberse conocido los ascensos pero se ha postergado y están cambiando las reglas. Por otro lado, la admisión de la escuela de oficiales y suboficiales también ha que reestructurarla. A gritos se pide que se revise Inspectoría. Son detalles que tienen que hacerse de manera rápida y concreta.

Francisco Sagasti se ha consolidado como el integrante del Partido Morado con mejor imagen, ¿pero tendrá algún rol en estas elecciones?

Es el militante más emblemático que tiene el partido. Él es afiliado y con quien tengo una estrecha relación. Cada vez que hay un tema neurálgico, el partido y yo recurrimos a él. Es una persona muy cercana.

Teniendo en cuenta esta cercanía, ¿pensaría en ofrecerle un cargo en caso llegue a la presidencia?

No hemos hablado de cargos. Pero ten la seguridad que él estaría muy cercano para dar consejos. Recordemos que, además de haber sido presidente y congresista, es un consultor de talla internacional que ha trabajado para la ONU. Su visión de la geopolítica es valiosa. De hecho sería una persona muy cercana a nosotros.

Si bien Francisco Sagasti ha declinado la posibilidad de ser candidato presidencial, ¿cree que estaría dispuesto a aceptar un cargo como primer ministro?

No lo hemos conversado de manera específica en ese cargo.

Ha sido muy crítico con las leyes que aprobó el Congreso en los últimos años, ¿qué cambios serían prioridad si llega a la presidencia?

La prioridad es volver a la institucionalidad y el equilibrio de poderes. En ese sentido debemos hacer un reordenamiento jurídico para darle sostenibilidad a la lucha contra la corrupción. Hoy existe un andamiaje de leyes que responden a consolidar la impunidad que da un cheque en blanco para que se consolide la corrupción.

Uno de los cambios más cuestionados por los actuales integrantes del Legislativo ha sido el retorno de la bicameralidad, ¿cuál sería su postura como gobierno?

Con respecto a ese tema tenemos que ser respetuosos del referéndum del año 2018 en el cual la gran mayoría dijo no. En el fondo la bicameralidad es buena, pero por la manera en que se está dando, con este Congreso que no está a la altura de un pensamiento estadista, ha servido para satisfacer su ego personal. Nosotros sí apostaríamos por eliminar la bicameralidad.

Diversos expertos hablan de un super senado para 2026, ¿cómo se podrá gobernar bajo esas condiciones?

Va a ser un senado con superpoderes y tendremos que aprender a navegar. He sido congresista y conozco al monstruo por dentro. Tenemos que sacar a relucir el diálogo permanente. Esperemos que de los congresistas que van a ingresar el próximo año un 40% o 30% tengan un pensamiento patriótico y democrático para con ellos dar la batalla para revertir lo que están haciendo en este Congreso.

¿Qué ha cambiado en el Partido Morado para evitar que se repita la historia de las últimas elecciones donde en poco tiempo se había cortado el diálogo con los representantes del partido y terminaron repartidos en bancadas distintas?

Hemos sido rigurosos y para ello hemos sometido a la gran mayoría de candidatos a elecciones internas. Además, se ha seguido cursos de formación ideológica lo que ha servido para formar militancia.

En los últimos años se ha visto a congresistas que son duramente cuestionados hasta cuando van a un restaurante, ¿usted, que ha sido gobernador regional de Cajamarca, podría caminar por las calles cajamarquinas?

Siempre pude entrar a Cajamarca. Estoy permanentemente en mi región. Soy de los pocos políticos que habiendo sido congresista luego salió elegido gobernador y eso es algo muy difícil que ocurra porque el Congreso es una demoledora de carne. Incluso soy padrino de algunas promociones que me invitan y estoy permanentemente con mi pueblo.

El Partido Morado siempre ha sido vinculado con una tendencia progresista. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que tanto en la izquierda como en la derecha se ha cuestionado este posicionamiento. ¿Seguirán siendo una opción progresista en 2026?

Tenemos una agenda bien clara y definida. Buscamos la libertad y el progreso para todos. Pero también buscado la defensa de los derechos de las minorías y cuando hablamos de minorías también hablamos de los pueblos originarios, la población discapacitadas y la población que sufre discriminación racial y social.

Las situación de los afiliados a una AFP ha sido otro temas controversiales en el ámbito político este 2025. ¿Cuál es la propuesta del Partido Morado con respecto a este tema?

La manera en que se ha llevado este tema ha sido muy criticado. A la luz de los hechos fue un sistema que no ha sido de manera correspondiente con la población. Nosotros vamos a garantizar un fondo de pensiones único a nivel nacional para evitar que solamente sirva para favorecer a las aseguradoras. Tienen que garantizar una buena pensión para todos los peruanos.

Cuando Francisco Sagasti asumió la presidencia en noviembre del 2020 existía un pedido de justicia por la muerte de Inti y Bryan que durante el tiempo que duró su gobierno pudo ser atendido. Si llega a la presidencia va a encontrar un Perú con decenas de víctimas de la represión y sectores del país muy enojados, ¿asumirá algún compromiso con estas personas?

Después del día que asumió Dina Boluarte, el Partido Morado y mi persona hemos estado en una posición vigilante y bastante crítica. Nosotros sí vamos a hacer que estos casos no pasen por agua tibia sino que sean vistos en el ámbito jurídico y si es posible internacional. Además, hemos estado acompañando a las familias que han venido de Ayacucho y Puno. Hemos estado con ellos y tenemos que ser coherentes. Vamos a buscar justicia para ellos.

[INFORME] Aunque está registrada en otra ciudad y no cuenta con antecedentes destacados, la Municipalidad de Lima contrató para un show navideño a la empresa de una de las personas de confianza de una de las alcaldesas de Renovación Popular por más de cuarenta mil soles.

Así como existe una popular frase que dice  «el enemigo de mi enemigo es mi amigo», en Renovación Popular una frase que los podría identificar es “el amigo de mis aliados es mi proveedor”. Sudaca pudo conocer los detalles detrás de la extraña contratación de un espectáculo navideño que involucra a la Municipalidad de Lima y otro distrito a cargo del partido de Rafael López Aliaga y el contrato con una proveedora con cuestionables métodos para ganar licitaciones.

¡QUÉ CASUALIDAD!

Con la llegada del mes de diciembre, la Municipalidad de Lima no quiso dejar pasar la oportunidad para fomentar el espíritu navideño. Por ello, el 26 de noviembre lanzó la convocatoria para que los interesados en ser contratados para encargarse de ciertas actividades relacionadas con esta fecha puedan presentar sus ofertas.

En el documento al que tuvo acceso Sudaca se puede leer que el propósito de dicha contratación a cargo de la Subgerencia de Promoción Cultural, Artes Escénicas, Museos y Bibliotecas fue organizar y desarrollar actividades artísticas de alta calidad, como la interpretación de villancicos andinos y muestras de danzas tradicionales para fortalecer la programación cultural navideña.

Esta convocatoria terminaría apenas un día después y quien se adjudicó esta orden de servicio fue la única oferta que figuraba en los documentos de la convocatoria. La empresa GEPROINSA S.A. fue la elegida para realizar las presentaciones artísticas solicitadas por la Municipalidad de Lima y recibiría S/. 42,500 por ello.

No obstante, existen detalles detrás de esta contratación que despiertan sospechas. Pese a que se presentaron a la adjudicación de una actividad artística de alta calidad, GEPROINSA es una empresa cuyos presentaciones artísticas no figuran en redes sociales ni en buscadores como Google o YouTube. Además, acorde al buscador de proveedores del Estado, esta empresa tampoco ha tenido contratos con el Estado previamente.

A esto se le suma otro detalle desconcertante. Pese a que las fiestas navideñas suelen ser muy populares en Lima y existen numerosas empresas que se dedican al rubro artístico para atender las necesidades de estas fechas, el domicilio de la empresa elegida por la Municipalidad de Lima está registrado en la provincia de Tarma.

Sudaca pudo revisar la información disponible sobre GEPROINSA y encontró que la socia mayoritaria, presidenta, gerenta general y representante es María Lizeth Girón León, quien actualmente está a cargo de la Gerencia de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de Pueblo Libre.

Un detalle a tener en cuenta sobre Pueblo Libre es que se trata de uno de los distritos que está bajo la administración de Renovación Popular y su alcaldesa, Mónica Rossana Tello López, ha tenido a la presidenta de GEPROINSA ocupando diversos cargos de confianza desde el primer año en que llegó al despacho municipal.

Casualmente, este 2025 la Municipalidad de Lima publicó una convocatoria que sólo duró un día, sólo tuvo una oferta evaluada, se le adjudicó a una empresa de otra ciudad y sin antecedentes destacados y terminó siendo la empresa de una de las personas de confianza de una alcaldesa que pertenece al mismo partido político que maneja la Municipalidad de Lima.

UN PROVEEDOR CON MÉTODOS MUY PARTICULARES

En septiembre de este año, el dominical “Cuarto Poder” presentó un informe periodístico sobre el inusual y sospechoso accionar de dos empresas constructoras que habían logrado adjudicarse diversas obras en el distrito de Ate durante la gestión del alcalde Franco Vidal por un monto total que supera los quince millones de soles.

Según lo expuesto en el programa, estos procesos de licitación relacionados con la reparación de pistas y veredas llegaban a las instancias finales con dos protagonistas aprobados por el respectivo comité de la municipalidad. Estas empresas eran Constructora y Contratistas JD&HN y Constructora y Contratistas Generales Susan. Para que estos procesos puedan seguir su curso era necesario que existan al menos dos ofertas con el visto bueno y, casualmente, Constructora y Contratistas JD&HN y Constructora y Contratistas Generales Susan eran quienes llegaban a esta etapa.

Lo extraño en esta historia se encontraba en que las ofertas que estas empresas presentaban eran idénticas y, según la investigación periodística, esto tendría que ver con que las dos constructoras pertenecían a una misma familia. Mientras que Constructora y Contratistas Generales Susan fue fundada por Susana Navarro Ccoillo, Constructora y Contratistas JD&HN registraba como fundador a su hijo Jonathan Domingo Huamán Navarro.

Meses después del destape periodístico que expuso esta polémica estrategia, uno de estos nombres vuelve a aparecer en las listas de candidatos que buscan adjudicarse importantes contratos con municipalidades. En esta oportunidad sin usar el nombre de su empresa ni la que tiene a su hijo como fundador, Susana Navarro Ccoillo está logrando importantes contratos con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En una convocatoria publicada el 26 de noviembre, la Municipalidad de Lima puso en conocimiento su intención de adquirir césped americano para diversas áreas verdes del Cercado de Lima y se pusieron a disposición los mecanismos correspondientes para la recepción de ofertas.

Apenas dos días después, la Municipalidad de Lima eligió a quien se le adjudicaría esta contratación. Tal como se puede apreciar en la siguiente imagen, Susana Navarro Ccoillo fue nuevamente la afortunada con este contrato que supera los treinta mil soles por más de cuatro mil metros cuadrados de césped americano.

No obstante, al indagar sobre los contratos que ha tenido Navarro Ccoillo este 2025, se puede encontrar que la suerte no sólo estuvo de su lado en el distrito de Ate. Acorde a la información del portal Transparencia Económica, la empresaria protagonista de esas sospechosas ofertas presentadas a la Municipalidad de Ate también facturó más de seiscientos cincuenta mil soles con la Municipalidad de Lima.

Contratar a personajes que, coincidentemente, eran cercanos a Renovación Popular o cuentan con antecedentes cuestionables son situaciones que se han repetido a lo largo de la actual gestión celeste y, aunque la estrategia ante estos casos se limita a atacar a quienes investigan, la evidencia contundente está a la vista de todos.

[INFORME] La justicia peruana vuelve a mancharse ante una insólita demora para sancionar a una magistrada que mantuvo reuniones con un empresario que, mediante sobornos, buscó torcer sus decisiones a su favor en un caso que involucra una venta fraudulenta y varias reuniones con los involucrados.

Meses atrás, Sudaca dio a conocer los detalles del caso que involucraba al empresario Aniceto Argüelles en los cuales se exponía que el fundador de Industrias Argüelles había reconocido ante la justicia que intentó sobornar a una jueza luego que se complicara su situación legal debido a que su empresa adquirió un terreno de diez mil hectáreas con documentos falsos.

Sin embargo, hasta la fecha y pese a que la propia División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) realizó un cuidadoso seguimiento a las reuniones de Argüelles y sus allegados con esta jueza, la sanción todavía no llega y se despiertan justificadas sospechas y críticas a la justicia.

PRUEBAS CONTUNDENTES

Roxana Becerra Urbina es el nombre de la magistrada que, según la investigación llevada a cabo por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), se reunió en más de una oportunidad con el empresario Aniceto Argüelles cuando este buscó torcer su decisión a su favor en el caso que lo involucraba.

Los datos que se pudieron recabar en estas investigaciones expusieron que Becerra Urbina se reunía con Argüelles en un restaurante ubicado en el distrito de San Martín de Porres en el año 2019. Pero también sostenía encuentros con una persona identificada como Silvio Muñoz Villanueva, quien fue considerado en este caso como un operador de Aniceto Argüelles.

El tema a tratar en estos encuentros habría sido la compra de terrenos que le pertenecían a la magistrada y su familia por precios inflados, acorde a lo señalado por la propia Fiscalía. Una de estas compras tuvo lugar en noviembre del año 2019 cuando Becerra le vente a  una persona cercana a Argüelles las acciones y derechos de un terreno ubicado en Canta por el monto de S/ 533,703.09.

A esta compra le siguió otra en noviembre del 2019 cuando Silvio Muñoz Villanueva  adquiere una propiedad que también se ubicaba en Canta y le pertenecía al entorno de la jueza. En el medio, se seguían llevando a cabo nuevos encuentros en el restaurante de San Martín de Porres y en otro local ubicado en el Centro de Lima.

Por este caso de sobornos, que el propio Aniceto Argüelles confesó, el empresario fue condenado. Sin embargo, hasta la fecha, no se podría decir que se encontró justicia en su totalidad debido a que la magistrada Becerra sigue sin recibir sanción por parte de la Junta Nacional de Justicia.

[INFORME] El Ministerio de Justicia tiene como nueva viceministra a una exasesora del congresista José Luna. Valdez Tejada  también fue aportante de Podemos Perú y contrató para su despacho a otro exintegrante del partido de Luna Gálvez.

El gobierno de José Jerí parece estar afrontando un inicio marcado por la estabilidad. No sólo ha logrado que un porcentaje considerable de la población le otorgue, tal como reflejan diversas encuestas, un voto de confianza sino que también goza del respaldo de la mayoría de sus antiguos colegas del hemiciclo para conducir los destinos del país hasta el mes de julio del próximo año.

Sin embargo, pese a que esta aprobación inicial marca una importante diferencia con la situación en que vivía a diario el gobierno de Dina Boluarte, la nueva gestión presidencial también parece haber caído en algunos de los vicios de sus predecesores al momento de designar personal para sus ministerios.

Sudaca pudo revisar algunas de las designaciones que se realizaron en estas últimas semanas y se pudo encontrar que el actual gobierno le abrió las puertas a personajes estrechamente vinculados con algunos de los partidos más importantes del Congreso y hasta con la propia Dina Boluarte.

¡QUÉ TAL ASCENSO!

El pasado miércoles 12 de noviembre, en un documento que lleva las firmas del presidente José Jerí y el ministro Walter Martínez, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hizo oficial la designación de Shadia Elizabeth Valdez Tejada en el cargo de viceministra de este sector.

Shadia Valdez no era un nombre muy conocido en el ambiente de la política peruana. Sin embargo, sí había estado relacionada con el poder. Nueve días antes de llegar al Ministerio de Justicia, Valdez Tejada presentó su renuncia al Congreso, lugar donde por más de un año fue designada en un cargo de confianza.

Lo extraño de esta designación es que colocó a Shadia Valdez, quien es abogada de profesión, en el cargo de jefa del Área de Servicio de Información, Traducción y Lenguas Originarias. No obstante, su llegada al Legislativo arrastraba una historia todavía más interesante y que involucra a una de las bancadas.

Para las elecciones del año 2021, Shadia Valdez había intentado convertirse en congresista de la mano del partido Podemos Perú. Si bien no lo logró, el partido de José Luna no la dejó de lado y, poco tiempo después, la convirtió en asesora de su despacho donde recibía un sueldo de más de trece mil soles.

Pero esta insistencia por acercar a Valdez Tejada al Congreso, como parlamentaria, jefa o asesora, podría ser una forma de agradecimiento. Una investigación del portal Ojo Público reveló en febrero del 2024 que esta abogada figuraba en la lista de aportantes al partido de José Luna Gálvez.

Cuando se publicó dicha información, Valdez sólo se había desempeñado como asesora del congresista y líder de Podemos, pero meses después se convertiría en jefa de una de las áreas del Congreso y, con el nuevo gobierno de uno de los integrantes del hemiciclo, ha pasado a ocupar el cargo de viceministra.

AL FONDO HAY SITIO

Pero la suerte no sólo parece haberle sonreído a esta exasesora y aportante del partido de José Luna. El lunes 17 de noviembre, a menos de una semana de su designación como viceministra, Valdez Tejada nombró en el cargo de confianza de asesor de su despacho a Celso Alfredo Saavedra Sobrados.

Saavedra Sobrados no sería un desconocido para la nueva viceministra y tampoco para el congresista José Luna. Estos personajes guardan un vínculo desde los tiempos en los que eran parte del partido Solidaridad Nacional, en donde Luna Gálvez se desempeñaba como secretario general y tanto Valdez como Saavedra ocupaban el cargo de regidores durante la gestión de Luis Castañeda Lossio, y la llegada de Valdez al cargo de viceministra también le abrió la puerta a su antiguo colega.

LOS SOBREVIVIENTES DE DINA

Aunque el gobierno de José Jerí intenta proyectar una imagen muy distinta a la de su predecesora, en las designaciones de la gestión actual todavía se pueden encontrar nombre que dieron que hablar en el pasado. Este sería el caso de César Augusto Borda Gonzales, quien la semana pasada fue designado por el ministro de Justicia como director general de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria.

Borda Gonzales eran apellidos que habían ocupado las líneas de más de un portal de noticias cuando, durante el año pasado, el portal El Foco lo incluyera en la lista de los costosos asesores en los cuales el gobierno de Boluarte había gastado más de un millón de soles en el primer semestre del 2024.

Pese a que una característica innegable de la presidenta y quienes formaban parte del Ejecutivo fue la falta de aciertos ante las necesidades del Perú, asesores como César Borda habían facturado más de noventa mil soles en pocos meses.

En poco más de un mes de gestión, el presidente Jerí ha logrado una mirada benevolente por parte de la mayoría de peruanos. Sin embargo, si la prioridad en la repartición de cargos la tendrán los conocidos de los congresistas, las falencias del Ejecutivo no tardarán en hacerse más notorias y la historia se podría repetir.

[INFORME] Las labores del Ejército del Perú y la integridad de sus integrantes podría estar en riesgo luego del inexplicable contrato con una empresa para realizarle mantenimiento a sus helicópteros pese a que no contaba con la autorización necesaria.

La vida de los miembros del Ejército del Perú podría estar en riesgo. Pero esta vez no es un enemigo externo ni una guerra la que pone en peligro su integridad. En esta oportunidad, serían los altos mandos del ejército peruano quienes han tomado decisiones tan inexplicables como irresponsables para generar esa alarmante situación.

Como dio a conocer Sudaca en un informe periodístico, el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE) estuvo a cargo de la elaboración de los documentos en los cuales se establecían los requisitos innegociables para brindar el servicio de reparación mayor de los helicópteros modelo Mi-8MTV-1. Sin embargo, para elaborar estos requerimientos se ignoraron las recomendaciones del propio fabricante y los lineamientos nacionales para estos procedimientos.

En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a nuevos documentos que exponen en detalle este sospechoso y peligroso accionar por parte del Ejército del Perú que podría poner en riesgo tanto a sus integrantes como las labores que involucran a estas aeronaves cuya vida útil se intentó prolongar.

UN RIESGO ABSURDO

Tal como se relató en el informe publicado la semana pasada, el Ejército del Perú debía recurrir al fabricante y el intermediario designado por este (la empresa National Aviation Service Company) para las labores de mantenimiento mayor de los helicópteros rusos modelo MI-8MTB-1 cuya vida útil se pretendía extender.

Sin embargo, en un inexplicable e imprudente cambio de eventos, el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE), desempeñando funciones que no le correspondían, elaboró los documentos para la contratación de este servicio dejando de lado los requerimientos que correspondían.

El siguiente evento en esta cadena de decisiones desafortunadas fue la invitación a la empresa Helicentro Perú S.A.C. para una contratación directa. En la siguiente imagen se puede observar la oferta técnica y económica enviada por la empresa Helicentro Perú S.A.C. por el servicio de reparación integral de estos cuatro helicópteros. Según este documento, la inversión en este servicio de mantenimiento mayor superaría los noventa y seis millones de soles.

En este punto es pertinente señalar que si bien Helicentro Perú S.A.C. contaba con autorización por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), como se había exigido en los términos de referencia del servicio, dicha autorización no era para el mantenimiento de los helicópteros rusos que ahora tendría bajo su responsabilidad.

En los documentos de la Contraloría que Sudaca pudo revisar se puede leer que, como lo indica la propia Dirección General de Aeronáutica Civil, la empresa Helicentro Perú no estaba autorizada para darle mantenimiento a helicópteros de uso militar debido a que la autorización con la que contaban únicamente se aplicaba para aeronaves de uso civil.

El panorama se vuelve más desconcertante al tener en cuenta que, cuando fue consultado concretamente por el caso de Helicentro Perú, la empresa National Aviation Service Company, quienes actúan como intermediarios de la Federación Rusa, aseguró que “no ha delegado atribuciones ni funciones y no ha autorizado ni ha facultado a la empresa  Helicentro Perú”.

Esta empresa peruana que tendría a su cargo el mantenimiento necesario para extender la vida útil de estas aeronaves no contaba con tecnologías, boletines o información técnica para mantenimiento y reparación de estos modelos de helicópteros, según lo especificado por el propio fabricante.

Para lograr que esta contratación directa pueda seguir su curso resultó necesario encontrar una justificación y, por ello, se ampararon en el estado de emergencia decretado a raíz de las intensas lluvias que azotaban diversas zonas del país para que este proceso que costaría casi cien millones de soles siga en marcha.

A esto se le suma otro dato alarmante debido a que la empresa Helicentro Perú, como organización de mantenimiento aprobada, no estaba habilitada para llevar a cabo el servicio de peso y balance del helicóptero, una tarea clave para garantizar la seguridad tanto de la aeronave como la de sus tripulantes.

La lista de irregularidades continúa con otro grave descubrimiento. Según la información recopilada por la Contraloría que Sudaca pudo revisar, Helicentro Perú recurrió a los servicios de terceros y, una vez más, se dejó de lado la participación del fabricante. En los documentos se puede leer que el mantenimiento de los extintores y tratamiento anticorrosivo no contó con la presencia de un representante del diseñador de la aeronave tal como estaba estipulado.

Como si lo expuesto hasta ahora fuese poco, a este caso incluso se le sumó un retraso en las fechas pactadas con la empresa Helicentro Perú que, como se establece en los contratos con el Estado, debía culminar en el cobro de una penalidad. Sin embargo, este monto que superaba los ocho millones de soles no fue aplicada.

LOS RESPONSABLES

Por supuesto, esta serie de decisiones desafortunadas han tenido nombre propio. Uno de ellos es el teniente Víctor Guevara Naupari. En su condición de jefe del órgano encargado de la contrataciones del servicio de material de guerra del Ejército fue quien invitó a la empresa Helicentro Perú a participar de la contratación directa pese a que no contaba con la autorización del fabricante.

A Guevara Naupari se le suman Carlos Monsalve y William Lozano, quienes como jefe del departamento de abastecimiento del servicio de material de guerra y jefe del servicio de material de guerra respectivamente emitieron el informe técnico que avalaba la contratación directa con la excusa del estado de emergencia por las lluvias.

En esta lista también figura el nombre de David Ojeda Parra. Según información que la Contraloría pudo constatar, el comandante general del Ejército del Perú había recibido una comunicación en la cual se especificaba que para extender la vida útil de los helicópteros era necesaria la participación del diseñador.

El documento de la Contraloría concluye señalando que esta inversión de casi cien millones de soles no asegura la ampliación de la vida útil de los helicópteros debido a las irregularidades que se observaron en este proceso desde el inicio y también se hace mención a la penalidad que inexplicablemente no se aplicó.

Esta historia marcada por la irresponsabilidad y los peligros a los que quedan expuestos sus integrantes demuestra que, contrario a lo que muchos piensan, quienes más daño le pueden hacer al Ejército del Perú son justamente quienes actualmente están involucrados en su labor diaria.