Informes

[INFORME] En medio de la crisis por la inseguridad, patrulleros que costaron cerca de doscientos millones de soles son encontrados con neumáticos en mal estado, tablets sin conexión con el sistema policial y hasta extintores vencidos.

Entre noticias plagadas de asesinatos y extorsiones, la mayoría de peruanos encara su día a día con la incertidumbre de no saber si puede convertirse en una víctima. La innegable e histórica crisis que está afrontando el país en materia de seguridad no sólo parece estar lejos de terminar sino que tampoco parece existir un plan a seguir para revertir una realidad que cada vez se torna más violenta.

Desde el Ejecutivo, la atención de la presidenta Boluarte ha terminado centrada en contener las interminables crisis de su gobierno y en el Ministerio del Interior parecen tener más palabras que ideas para atender la demanda de una población que reclama seguridad. Por el contrario, desde el gobierno incluso se escuchan expresiones que podrían ser catalogadas como indolentes al minimizar el asesinato de otro conductor de buses.

El trágico presente en la lucha contra la delincuencia tiene diferentes puntos para profundizar y, en esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a un documento de la Contraloría que expone el injustificable descuido que hay en las comisarías con herramientas que son básicas para enfrentar a los criminales que parecen haber tomado el país.

LOS PATRULLEROS DE LA POLÉMICA

En el documento que Sudaca pudo revisar, la Contraloría pudo constatar el insólito presente de numerosos patrulleros que debían estar en condiciones óptimas para atender labores de patrullaje y los llamados de los peruanos víctimas de la delincuencia. Estos párrafos detallan lo que viene ocurriendo con vehículos que la Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú (DIRTEPOL) alquiló.

Este contrato de alquiler apenas data de los primeros meses del año 2023, más precisamente del mes de febrero, y representó una inversión total de S/. 189,836,268.31 que fueron pagados a Transportes Ángel Ibárcena S.A.C. a cambio del alquiler de quinientas camionetas pick up doble cabina 4X2.

Como suele ocurrir en este tipo de contratos con el Estado, suele existir un amplio listado con las especificaciones que, en este caso, las camionetas pick up deben tener al momento de la entrega. En la siguiente imagen se pueden observar algunas de estas exigencias, como una Tablet para acceder al sistema policial y otros elementos de seguridad básica como el botiquín y un extintor.

Estos documentos también estaban contemplando el mantenimiento de estas unidades y se especificaba que debía existir un oportuno reporte de los problemas que podrían estar presentando estos vehículos y su equipamiento para que se puedan corregir como lo estipula el contrato.

UN ABANDONO BASTANTE CARO

Durante este año 2025, entre los meses de marzo y junio, el pago a la empresa Transportes Ángel Ibárcena S.A.C. por estos vehículos alquilado alcanzó la suma de  S/ 15,183,736,16. Sin embargo, el presente de estos vehículos parece distar mucho de lo que inicialmente se había acordado.

El documento de Contraloría expuso que, durante una visita realizada en el último mes de septiembre, se pudieron encontrar varios de estos vehículos que estaban en condiciones que de ninguna manera se podrían calificar como ideales. Esta inspección se realizó en tres establecimientos policiales ubicados en los distritos de Breña, Rímac y San Juan de Miraflores donde catorce unidades presentaron problemas.

En algunas de las imágenes que se pudieron obtener de estas visitas se puede observar que el estado de los neumáticos de estos vehículos alquilados mostraba un notorio desgaste que a su vez exponía que no existiría el mantenimiento adecuado que requieren estos patrulleros pese a que en el contrato fue un aspecto que se había tenido en cuenta.

En el informe técnico que incluyó la Contraloría también se detallan los problemas que pueden derivar de este mal estado de los neumáticos. Pese a que estos patrulleros pueden verse involucrados en persecuciones de alta velocidad, los neumáticos presentaban un alto riesgo de deslizamientos y problemas en el frenado.

Las tablet, cuyo funcionamiento adecuado es imprescindible en las labores de la policía, fueron encontradas inoperativas por lo que acceder al sistema policial y corroborar, por ejemplo, si una persona tenía una orden de requisitoria resultaba imposible pese a que este era un requisito señalado en el contrato.

Incluso se pudo encontrar que varios de estos vehículos presentaban abolladuras y asientos rotos. Aunque lo más notorio que encontró la Contraloría durante su visita fue situaciones como la que se aprecian en la siguiente imagen de un parachoques atado con un alambre.

Pese a que en las especificaciones se leía claramente que el vehículo alquilado debía contar con un extintor y un botiquín con una lista detallada de los implementos que debía contener, durante esta inspección se encontró que estos vehículos el extintor estaba vencido y el botiquín vacío.

Cabe señalar que si bien esta inspección ocurrió en tres comisarías, los quinientos vehículos, por los cuales se firmó un contrato que compromete pagos que en total suman cerca de doscientos millones de soles, se encuentran distribuidos en diversas regiones policiales de Lima y Callao.

Mientras las bandas criminales que hoy aterrorizan a los peruanos se están dotando hasta con granadas, la Policía Nacional del Perú no sólo carece de un plan para ponerle un alto a la delincuencia sino que tampoco parecen contar con herramientas indispensables, como un patrullero en buen estado, para atender este presente caótico.

[INFORME] Este nuevo capítulo sobre el funcionario de la Municipalidad de Lima que exigía a las trabajadoras a su cargo que le entreguen parte de sus salarios revela en exclusiva el contenido de las llamadas de este coordinador en las que brinda detalles sobre lo que ha estado ocurriendo en la Subgerencia de Desarrollo Social.

En los pasillos de la Municipalidad de Lima no se están viviendo precisamente tiempos de estabilidad. Tal como dio a conocer Sudaca en el informe titulado MOCHASUELDOS MUNICIPAL, el caso de Giancarlos Edwin De La Torre Alfaro ha sacado a la luz la presencia de un funcionario que estuvo llevando a cabo una extraña forma de manejar el presupuesto que tenía bajo su responsabilidad y le reclamaba a trabajadoras mujeres, incluso de forma intimidante, una parte y hasta la totalidad de su salario.

En el informe periodístico presentado anteriormente, este medio dio a conocer algunos de los testimonios de las trabajadoras a quienes De La Torre Alfaro les exigió realizarle depósitos mensuales con parte de sus ingresos. En esta oportunidad, Sudaca accedió a dos llamadas entre el funcionario municipal y algunas de estas trabajadoras en las que detalla la peculiar forma de proceder del coordinador de la Subgerencia de Desarrollo Social.

ASÍ SE MANEJAN EL PRESUPUESTO

Durante los últimos meses, la situación económica de la Municipalidad de Lima ha estado bajo la mirada pública en más de una oportunidad. Las alarmas por endeudamiento y los gastos avalados por el alcalde López Aliaga en conciertos y contratos a gente cercana han llevado a que la desconfianza vaya en aumento.

La situación que involucra a este coordinador de la Subgerencia de Desarrollo Social no ayuda a calmar estas preocupaciones y, por el contrario, ha terminado exponiendo la falta de rigurosidad en el manejo del presupuesto que tienen a su responsabilidad y las extrañas situaciones que han estado ocurriendo, por lo menos, desde el año pasado.

La siguiente imagen corresponde al extracto de una llamada entre Giancarlos Edwin De La Torre Alfaro y una de las trabajadoras a las que este coordinador de la Subgerencia de Desarrollo Social le exigía constantemente que le deposite diversos montos. En esta conversación telefónica, Jessica Hurtado explica la situación de la trabajadora Paola Castillo.

Según relata Hurtado, el funcionario municipal le había exigido a Castillo la totalidad de uno de los pagos que iba a recibir con la excusa que estaba recibiendo un monto superior al que le correspondía. Sin embargo, al consultar con otros trabajadores, a Castillo se le informa que el dinero que se le iba a pagar era el que le correspondía y, por lo tanto, no había una justificación para que le entregue a De La Torre su primer sueldo.

En esta llamada De La Torre admite que su accionar con diversas trabajadoras pidiéndoles diferentes sumas de dinero se encontraba bajo la lupa. “Ahí están jodidas”, le indica el coordinador a Hurtado sobre la situación de estas trabajadoras antes de agregar que él salva “a gente de confianza”.

LA HISTORIA DE SU ALIADA

En otra parte de la conversación, Giancarlos De La Torre se refiere a una involucrada a la cual se ha mencionado en más de un testimonio como la persona a quien le tenían que depositar el dinero que les solicitaba. “Jamás digo conmigo, siempre es con un externo”, dice De La Torre a lo que Hurtado responde “tú hacías que los depósitos vayan a Neryo, no sé quién será Neryo”.

La persona mencionada por Hurtado sería Nohema Anel Nerio Moreno y, según el portal de proveedores del Estado, se trataría de otra persona que ha trabajado para la Municipalidad de Lima acorde a las órdenes de servicio, que corresponden al año pasado y al presente, por el concepto de “empadronamiento de hogares”.

Junto con las versiones de las trabajadoras involucradas en este caso se ha podido encontrar, como pruebas, los comprobantes de diversas transferencias bancarias por montos que van desde los ciento cincuenta hasta los ochocientos soles y tienen como destino la cuenta de Nerio Moreno en el banco BCP.

LO “NORMAL”

En el desarrollo de la llamada con Hurtado, el funcionario municipal reconoce que solicitarle diferentes sumas de dinero a las personas que están a su cargo, en este caso bajo la excusa de comprar canastas y otros materiales para los eventos públicos a su cargo, son parte de “algo normal” y “se da en cualquier lado”.

Otra de las llamadas grabadas fue con Paola Castillo. Durante el diálogo del funcionario municipal y Castillo Broncano quedó registrada la declaración de De La Torre indicaba que las órdenes de servicio emitidas por su área eran por montos superiores a los que correspondía que se paguen.

Si no había nada ilícito en estas transacciones y hasta el interés de Giancarlos De La Torre era ayudar, como incluso lo da a entender el propio coordinador al ser cuestionado por una de las trabajadoras, ¿cuál era la necesidad de pedir que los depósitos de hagan a la cuenta bancaria de otra persona en lugar de ser el propio De La Torre quien reciba el dinero?, ¿por qué las canastas entregadas en los eventos oficiales no estaban dentro del presupuesto y tenía que pedir dinero a sus trabajadoras? y ¿por qué algunas de las conversaciones que tenía con estas trabajadoras las planeaba en un estacionamiento en lugar de las oficinas?

Este tipo de interrogantes podrían haber tenido algún tipo de respuesta de no ser porque, como reconoce la propia Municipalidad de Lima, De La Torre Alfaro simplemente salió del cargo que ocupaba sin brindar ningún alegato de defensa ante estas serias acusaciones en su contra.

En tiempos de fuertes cuestionamientos a la Municipalidad de Lima por el manejo del dinero que tienen bajo su responsabilidad, el caso de este coordinador de la Subgerencia de Desarrollo Social sólo fomenta la desconfianza hacia la gestión actual y genera una duda razonable sobre la idoneidad de la gente elegida para manejar dinero público.

[INFORME] Un funcionario de la Municipalidad de Lima es el nuevo integrante de los infames mochasueldos. Una serie de testimonios exponen a un coordinador que, mediante intimidaciones, estuvo exigiéndole a varias trabajadoras una parte de sus ingresos mensuales.

Desde que Rafael López Aliaga asumió el cargo de alcalde en enero del 2023, su gestión ha mostrado una innegable tendencia por catalogar a toda persona que critica o investiga a su gestión como un enemigo al cual intenta descalificar valiéndose de todo tipo de adjetivos con los que intenta descalificar y distraer la atención de los cuestionamientos que recibe por su conducción de la Municipalidad de Lima.

Sin embargo, el verdadero enemigo de la municipalidad que impide una gestión intachable y próspera no habría estado en medios de comunicación ni en quienes tienen una ideología política distinta a la del burgomaestre sino en los propios funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Sudaca pudo acceder a documentos que exponen el caso de un funcionario que reúne las características necesarias para sumarse a la infame lista de los mochasueldos. Una historia que hasta ahora había pasado desapercibida pero expone una serie de cobros irregulares y hasta maniobras de amedrentamiento para evitar que salga a la luz.

“Me decía que muchas personas estaban esperando mi puesto que podía sacarme”

El protagonista de esta historia es Giancarlos Edwin De La Torre Alfaro, quien se venía desempeñando como coordinador de la Subgerencia de Desarrollo Social. Según pudo corroborar Sudaca, De La Torre Alfaro registra órdenes de servicio con la Municipalidad de Lima desde la fecha en que tomó el mando Rafael López Aliaga en enero del 2023.

Sin embargo, la parte cuestionable de su historia se empezó a detectar en octubre del año pasado. En esta parte de la historia entra en escena Andrea Lucía López Aguirre, quien se encontraba bajo las órdenes de De La Torre Alfaro. Por aquella época, Andrea López se vio involucrada en una situación que llamó su atención.

López Aguirre se enteraría por el propio coordinador de la Subgerencia de Desarrollo Social que estaba próximo a emitirse una orden de servicio por el monto de cuatro mil soles por un periodo de tres meses. Acorde a su testimonio, este monto mayor al que debía recibir no le sorprendió debido a que, para esa fecha, tenía un pago atrasado por lo que asumió que ese monto pendiente había sido incluido en dicha orden de servicio.

Pero la situación daría un giro drástico cuando, tras recibir su primer pago, Giancarlos Edwin De La Torre Alfaro le exigen a Andrea López que le de mil soles. “Le terminé dando el dinero porque me decía que muchas personas estaban esperando mi puesto que podía sacarme”, señaló López.

Por si quedaban dudas sobre lo irregular de la situación, López Aguirre también relató que estos pagos solicitados por el coordinador de la Subgerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima no podían ser depositados en su cuenta de banco ni a su número asociado a Yape sino a cuentas de terceros.

Esta situación continuó ocurriendo durante los siguientes meses hasta que en febrero del presente año las cosas empeorarían. Ante la negativa por parte de la trabajadora de seguir dándole parte de su salario, De La Torre Alfaro la citó en una cochera donde no sólo le dijo con respecto a los pagos que “tenía que cumplirlo como sea” sino que, pese al llanto de Andrea, le impidió bajarse de su vehículo.

La siguiente imagen corresponde a la conversación que sostuvieron en aquella oportunidad Giancarlos De La Torre y Andrea, quien terminaría por depositarle los trescientos soles como parte de las exigencias que este funcionario le hacía todos los meses.

GIANCARLOS Y SU MODUS OPERANDI

El relato de Andrea López también reveló que ella no fue la única trabajadora que sufrió estos recortes de sueldo. En su testimonio revela que otras de sus compañeras de trabajo han sufrido estas exigencias por parte de De La Torre Alfaro, quien incluso utilizaba la historia de Andrea como estrategia para intimidarlas en caso se rehusaran.

En el documento que pudo revisar Sudaca se pueden apreciar evidencias de los pagos que las compañeras de trabajo de Andrea López le debían hacer al coordinador de la Subgerencia de Desarrollo Social. Como se puede apreciar en la imagen, dos de estos depósitos eran a la cuenta de una tercera persona elegida por De La Torre para recibir su dinero.

Esta historia de cobros e intimidación también ha tenido a otros testigos que corroboraron la historia de Andrea y sus compañeras. Uno de estos testimonios que Sudaca pudo revisar incluso indicaba que De La Torre Alfaro le llegaba a pedir a una de sus trabajadoras que le depositen la totalidad de su sueldo.

Otra trabajadora llamada Olga Castillo también relató haber vivido una situación similar con De La Torre Alfaro. En sus declaraciones, Castillo cuenta que la excusa de este coordinador para pedirle parte de su sueldo era que “ese sueldo era de más” y “uno de ellos tenía que dárselo a él”.

En la conversación vía Whatsapp entre Castillo y De La Torre se puede leer que, aunque la trabajadora señalaba que devolvería el dinero que no le correspondía si recibía un pago extra, el coordinador se negaba a ello y exigía que se le deposite a él con un contundente “es lo que tiene que pasar”.

En el caso de Castillo, una de las excusas con las que Giancarlos Edwin De La Torre Alfaro pretendía justificar su accionar era señalando que ese dinero que les solicitaba era para la compra de artefactos para los eventos que su área tenía a cargo.

Solange Baldeon fue otra de las trabajadoras afectadas por los pedidos de este coordinador y, tal como se observa en la imagen, en su declaración señala el miedo a perder su trabajo y sustento familiar como la razón por la que terminaban accediendo a las presiones ejercidas mensualmente por De La Torre Alfaro.

Otra de las trabajadoras que recibían estos pedidos por parte de Giancarlos Edwin De La Torre Alfaro era Jessica Hurtado. En su testimonio, Hurtado cuenta que De La Torre Alfaro le exigía esta cantidad debido a su interés en pagar su campaña política y reveló que, cuando ella le insistió que no podía darle montos tan elevados, el coordinador le indicó que “iba ver la forma de solicitarle a otras personas para no perjudicarme”.

Ante esta situación y el gran número de involucrados que dieron su testimonio, el coordinador de los Centros de Atención Integral al Niño, Niña y Adultos Mayores de la Subgerencia de Bienestar y Promoción Social e Inclusión fue destituido de su cargo en estos días. Sin embargo, no es la primera vez que Giancarlos Edwin De La Torre Alfaro tiene problemas. En mayo del 2017, cuando trabajaba para el IPD, De La Torre fue suspendido por treinta días, y, un mes antes, cometió otra infracción por lo que había recibido otra sanción.

Si bien en épocas cercanas a una elección es común encontrar aspirantes a la banda presidencial culpando a terceros de los cuestionamientos en su contra, la gestión de la Municipalidad de Lima parece no estar aplicando los filtros más efectivos para evitar que el trabajo que vienen realizando pueda ser calificado como intachable y casos como el de Giancarlos Edwin De La Torre Alfaro terminan saliendo a la luz.

[INFORME] La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) volvió a quedar expuesta en un terreno que le resulta cada vez más incómodo: el ambiental. La Resolución Directoral N° 00010-2025-DSIS, emitida el 17 de abril de este año, determinó que la comuna capitalina incurrió en incumplimientos vinculados a la supervisión ambiental en proyectos de infraestructura y servicios. El fallo no solo estableció responsabilidades claras, sino que también abrió un nuevo capítulo en la relación de la MML con los estándares que debería cumplir en la gestión de una ciudad que produce miles de toneladas de residuos al día y que sufre, de manera crónica, por la falta de planificación ambiental.

El peso de la resolución

Según el documento oficial, la Municipalidad no cumplió con varias obligaciones que le correspondían en el marco de la normativa vigente. El detalle es contundente: se evidenciaron omisiones en la implementación de medidas correctivas, deficiencias en la supervisión de obras y servicios, y una ausencia de planes efectivos para mitigar impactos ambientales. La consecuencia inmediata fue la sanción administrativa, que la comuna decidió apelar, llevando el caso a una audiencia pública realizada el pasado 16 de junio.

Lejos de ser un trámite más, la resolución puso en blanco y negro algo que muchos especialistas han venido señalando: el municipio limeño ha normalizado una cultura de la evasión, respondiendo tarde y mal a los requerimientos ambientales, cuando no directamente desoyéndolos.

La defensa de la Municipalidad

Durante la audiencia, los representantes de la MML intentaron explicar que algunas de las observaciones respondían a limitaciones presupuestales y a retrasos generados por trámites burocráticos. Argumentaron que la Municipalidad estaba en proceso de implementar mejoras y que varias medidas correctivas ya se encontraban en marcha. Sin embargo, el tono defensivo y las respuestas poco sustantivas generaron más dudas que certezas.

Los asistentes —conectados a la sesión virtual— pudieron constatar la brecha entre lo que el municipio dice y lo que efectivamente hace. En más de un pasaje, la exposición pareció un listado de excusas más que un plan real de solución.

La contradicción permanente

El caso revela una paradoja que acompaña a la MML desde hace varios años. Mientras sus campañas de comunicación insisten en mostrar una ciudad moderna y sostenible, los expedientes administrativos revelan falencias básicas en la gestión ambiental. La resolución N° 00010-2025-DSIS es, en ese sentido, un espejo incómodo: evidencia que la institucionalidad municipal no está a la altura de las exigencias de una capital que concentra a casi un tercio de la población del país.

En lugar de asumir el fallo como una oportunidad de enmienda, la comuna optó por apelar. El mensaje es claro: la estrategia prioriza el desgaste legal antes que la corrección técnica.

Lo que significa para la ciudad

El impacto de este tipo de procesos no se limita a lo administrativo. Cada incumplimiento, cada omisión y cada apelación retrasan soluciones urgentes para problemas que ya afectan la calidad de vida de millones de limeños: basura acumulada, obras mal supervisadas, contaminación en ríos y quebradas, espacios públicos deteriorados. La sanción contra la MML es un recordatorio de que la crisis ambiental limeña no solo es resultado de la presión urbana, sino también de la inacción de sus autoridades.

Una cultura de evasión

Lo ocurrido con la Resolución N° 00010-2025-DSIS y la posterior audiencia de junio deja una lección: la Municipalidad Metropolitana de Lima sigue atrapada en una lógica de responder para salir del paso, no para transformar. En el terreno ambiental, esa actitud no solo genera sanciones, sino también costos invisibles que se traducen en contaminación, enfermedades y pérdida de espacios habitables.

La audiencia concluyó sin que la comuna lograra convencer ni a los magistrados ni a la opinión pública. Una vez más, Lima asistió a un espectáculo repetido: su principal autoridad local atrapada en el laberinto de la burocracia y la autodefensa, incapaz de reconocer que los problemas ambientales no se resuelven con apelaciones, sino con gestión efectiva.

Además, la apelación de la MML dejó ver un rasgo recurrente en la política limeña: la preferencia por la defensa legal antes que por la gestión de soluciones. En lugar de priorizar inversiones en monitoreo ambiental, mantenimiento de infraestructura o gestión de residuos, los recursos y el tiempo se destinan a prolongar procesos administrativos. Esa dinámica, lejos de resolver los problemas, los agrava, porque cada demora prolonga la exposición de la ciudad a riesgos sanitarios y ambientales.

La resolución sancionadora también generó preguntas sobre la capacidad de fiscalización interna dentro de la Municipalidad. ¿Quién supervisa realmente a las áreas encargadas de cumplir con las medidas ambientales? ¿Existe algún mecanismo efectivo de rendición de cuentas al interior de la institución? Lo que quedó en evidencia en este proceso es que, más allá de los discursos, la estructura municipal carece de controles internos sólidos para garantizar que las decisiones no se queden en el papel.

La resolución también puso sobre la mesa un aspecto que suele invisibilizarse: la falta de articulación entre la Municipalidad y sus organismos internos encargados de velar por el cumplimiento ambiental. Distintas gerencias trabajan de manera aislada, duplicando funciones o, peor aún, omitiendo responsabilidades. Ese desorden administrativo no solo alimenta el caos en la gestión, sino que termina traduciéndose en sanciones y observaciones que golpean la credibilidad del municipio.

Otro elemento clave del caso fue el registro documental que sustentó la sanción. Los informes técnicos señalaban incumplimientos concretos, desde la ausencia de monitoreos adecuados en zonas críticas hasta la carencia de planes de mitigación en obras en curso. No se trataba, entonces, de interpretaciones subjetivas, sino de evidencias recopiladas en campo que daban forma a un expediente sólido. La respuesta de la Municipalidad, en contraste, se limitó a justificar con retrasos administrativos y falta de presupuesto, argumentos que difícilmente borran la responsabilidad.

La audiencia pública también reveló el costo político de estos procesos. Mientras los magistrados evaluaban la apelación, en los barrios de Lima persistían problemas visibles: botaderos informales, ríos contaminados y obras inconclusas. La desconexión entre el debate administrativo y la vida diaria de los vecinos fue palpable. Para la ciudadanía, la discusión no es si el municipio apeló o no, sino por qué los problemas siguen acumulándose sin soluciones de fondo.

Finalmente, lo ocurrido con la Resolución N° 00010-2025-DSIS se suma a una cadena de antecedentes que muestran a la Municipalidad Metropolitana más preocupada en litigar que en gestionar. En vez de usar las observaciones como oportunidades para corregir, la estrategia institucional parece estar orientada a ganar tiempo. Ese patrón, repetido una y otra vez, termina consolidando una peligrosa cultura de impunidad ambiental en la capital.

[INFORME] El Instituto Nacional de Salud, organismo dependiente del Ministerio de Salud, estaría atravesando uno de sus episodios más críticos. Documentos de la Contraloría, a los cuales Sudaca tuvo acceso, reportaron una serie de deficiencias que no sólo ponen en riesgo a los insumos médicos sino al personal que trabaja en este local.

Mientras la política peruana vive horas convulsionadas y de permanente desconcierto, diversos sectores empiezan a padecer la ausencia de un plan a seguir y el descuido por parte de autoridades que parecen centrar sus esfuerzos en blindar al Ejecutivo ante cada una de las crisis en las que vive inmerso.

En esta oportunidad, uno de los sectores afectados es el que tiene a su cargo la salud. Pese a la relevancia que tiene en la sociedad, se vienen evidenciando alarmantes descuidos que exponen un nivel de precariedad que parece empeorar con el tiempo y ponen en riesgo la salud de los peruanos.

Sudaca pudo acceder a un informe de la Contraloría en el cual se detallan graves descuidos en el Instituto Nacional de Salud. Desde cámaras de refrigeración hasta extintores muestran un preocupante descuido por parte de este organismo dependiente del Ministerio de Salud que tiene bajo su responsabilidad un papel clave en la salud pública.

DESCUIDOS PELIGROSOS

Durante las últimas semanas del pasado mes de agosto, la Contraloría General de la República visitó las instalaciones de un almacén a cargo del Instituto Nacional de Salud y encontró diversas situaciones irregulares. Sudaca pudo acceder a este reporte elaborado por la Contraloría y conoció en detalle el alarmante panorama que se encontró en este almacén ubicado en el distrito de Chorrillos.

Una de las situaciones más graves que se exponen en este documento es el estado de las cámaras de refrigeración. Estos equipos de suma importancia para preservar insumos médicos en condiciones adecuadas no cuentan con una calibración vigente. Por ello, según lo que se indica en el propio informe de la Contraloría, se está “poniendo en riesgo la conservación de los bienes almacenados y el uso seguro de los mismos”.

La excusa para esta situación sería todavía peor. El coordinador administrativo de este almacén señaló que esta irregularidad se debería a falta de recursos. “No se dispone de presupuesto asignado para llevar a cabo la ejecución del servicio de calibración”, le indicó este funcionario a la Contraloría.

En esta visita también se encontraron otras situaciones que pueden parecen menores pero exponen un estado que no se podría calificar como óptimo para un almacén que alberga implementos del sector salud. Entre estos aspectos que se detallan en el informe también se encuentran los problemas de iluminación. “Existen artefactos de iluminación que no están operativos”, se puede leer en el documento.

EXPUESTOS A UNA TRAGEDIA

En los últimos años, las noticias sobre incendios en almacenes han acaparado las noticias en más de una oportunidad. Sin embargo, pese a esos antecedentes, este almacén del Instituto Nacional de Salud ubicado en Chorrillos no parece estar haciendo ningún tipo de esfuerzo para prevenir un desenlace similar.

Los documentos revisados por Sudaca revelan que tampoco hay un cuidado correcto de los implementos para afrontar un posible incendio. Pese a que en este local se guarda una gran  cantidad de material inflamable, “no hay registro alguno en tarjetas de inspección de extintores” y la manguera del gabinete contraincendios, que se puede observar en la siguiente imagen, fue encontrada en un estado de deterioro.

Los ingredientes para un desenlace trágico en caso de incendio se siguieron acumulando. En este local también se encontró que los pasillos se encontraban ocupados con numerosas cajas que obstaculizaban el paso y podrían contribuir a que no sólo el fuego se propague con más rapidez sino que también representaría una dificultad mayor para la evacuación.

La Contraloría también detectó que algunas de estas cajas que ocupan los pasillos son de productos que se encuentran vencidos y, además, estos pasadizos también son bloqueados por equipos y mobiliario fuera de uso. La explicación que brindó el coordinador de dicho local fue todavía más grave y dejó en evidencia el nulo interés por parte del sector salud por supervisar que en INS funcione eficientemente.  “No cuentan con espacios disponibles dentro del almacén para su reubicación debido a que se encuentra en su capacidad máxima”, fue la respuesta del coordinador durante la visita de la Contraloría.

Paredes agrietadas, tomacorrientes en evidente estado de deterioro y hasta la presencia de personal sin el uniforme adecuado fueron otros de los impactantes descubrimientos hechos durante esta visita al local del Instituto Nacional de Salud entre los meses de agosto y septiembre del presente año.

Mientras el ministro de Salud, César Vásquez, se da el lujo de dedicarle tiempo a los escándalos que involucran a su colega Santiváñez y hasta lo califica como perseguido político, el sector salud continúa atravesando un momento crítico que se refleja en la situación actual de este local del Instituto Nacional de Salud.

[INFORME] Pese a que su fundador fue sentenciado por corrupción, Industrias Argüelles encontró una estrategia para colarse en procesos de selección que involucran millonarios contratos con el sector público.

Luego de ver a su fundador involucrado en un escandaloso caso de corrupción, el panorama para Industrias Argüelles y Servicios Generales S.A.C. y sus esperanzas de lograr contratos con el Estado parecía desesperanzador. Sin embargo, la empresa de Aniceto Argüelles buscó en una serie de maniobras burdas la estrategia para que este cuestionable pasado no sea un impedimento para sus futuros contratos.

Sudaca pudo acceder a documentos reveladores que exponen esta serie de cambios en la estructura de la compañía con los cuales se pretende despistar a sus posibles contratantes, ocultar los antecedentes más sombríos y abrir las puertas para firmar contratos millonarios que serán pagados con dineros de los peruanos.

EL EXPEDIENTE ARGÜELLES

En junio de este año llegó a los medios de comunicación la noticia sobre un empresario que había admitido que intentó sobornar a una jueza. El nombre de este personaje era Aniceto Elvis Argüelles Loayza y su situación judicial se había tornado tan complicada que una de las mejores alternativas que quedaban para este empresario era reconocer que intentó sobornar a una magistrada.

La estrategia elegida por Argüelles Loayza podía parecer extrema debido a la gravedad del delito que reconocía, pero el caso era tan grave que incluso se estaba barajando la posibilidad de un paso por prisión. Tras recibir este beneficio penitenciario, Aniceto Argüelles fue sentenciado a  cuatro años y dos meses de pena privativa de la libertad suspendida con una serie de normas de conducta que incluían el pago de una reparación civil.

Tras esta condena y teniendo en cuenta lo señalado en diversos incisos del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, se podría haber afirmado con toda seguridad que para Aniceto Argüelles sería impensable esperar que él o su empresa pueda participar de algún proceso de selección sin que su sentencia por corrupción se convierta en un impedimento.

EL PLAN DE JUEGO

Sin embargo, y contra todo pronóstico, Industrias Argüelles S.A.C. podría volver a participar en procesos de selección y firmar contratos millonarios con el sector público. Para ello, la empresa de Aniceto Argüelles ha elaborado un plan que incluye numerosos cambios en los papeles de la compañía que intentar parecer drásticos pero no serían más que una pantalla.

La estrategia para que la sentencia a Argüelles no quede expuesta se habría empezado a gestar un año atrás. Según documentos a los cuales Sudaca pudo acceder, Aniceto Argüelles intentó mostrar un alejamiento del poder de su empresa. Tal como se puede observar en el siguiente documento del mes de abril del 2024, el empresario abandonaba el poder que ostentaba hasta esa fecha.

Pero, casualmente, la persona que quedaría en la presidencia del directorio sería alguien de su entera confianza. En el siguiente documento  del mes de agosto del 2024 se puede leer que la persona que se posicionó en la cabeza del directorio de Industrias Argüelles S.A.C. fue Elsa María Milla Ortiz, quien es la esposa de Aniceto Argüelles.

En lo que también sería parte de esta estrategia de mostrar distancia con su empresa, y alegando motivos de salud, Argüelles Loayza también transfirió la totalidad de sus acciones, las cuales se encontraban valorizadas en más de veinte millones de soles, a su esposa Elsa María Milla Ortíz.

En el mes de julio del presente año se produce un nuevo y sospechoso movimiento en Industrias Argüelles. Esta vez se suma a la historia un nuevo protagonista llamado Elvis Alexander Argüelles Milla. Este nuevo personaje, quien resulta ser el hijo de Aniceto Argüelles y Elsa Milla, recibió a modo de donación las acciones que le pertenecían a su madre.

Pero estos cambios en el directorio y donaciones de acciones quedarían más expuestos como una pantalla tras conocerse el siguiente documento. Este otorgamiento de poderes, que data del año 2020 y sigue vigente, le permitía a Aniceto Argüelles Loayza tener el mismo poder que un gerente general sin que los cambios hechos en el directorio o los cambios en las acciones lo afecten.

Como si esto fuese poco, Industrias Argüelles también ha visto a su gerente general ser sentenciada. En noviembre del año pasado, Karen Marianella Pasco Flores fue condenada a cuatro años de pena privativa de libertad luego de comprobarse que, haciendo uso de documentos falsos, había transferido diez mil hectáreas de terrenos comunales en favor de la empresa de Argüelles Loayza.

Sin embargo, este cuestionable historial que arrastra Industrias Argüelles podría terminar siendo escondido bajo la alfombra y volverían a estar disponibles para firmar contratos con ministerios, municipalidades o cualquier institución del sector público que no se percate de estas maniobras de distracción.

[INFORME] Mientras las calles limeñas se tiñen de sangre por la incontrolable ola delincuencial, en la Municipalidad de Lima han gastado más de cien mil soles en un exgerente de seguridad ciudadana que en 2023 fue señalado por la Contraloría por no cumplir con los requisitos para ocupar este puesto.

Tras la llegada de Rafael López Aliaga al sillón municipal en enero del 2023, la Municipalidad de Lima ha visto desfilar por sus oficinas a un sinnúmero de personajes muy cercanos al burgomaestre. Desde militantes famosos hasta antiguos integrantes de Solidaridad Nacional se ha visto beneficiados con generosos sueldos con la llegada al despacho municipal del líder de Renovación Popular.

Aunque el alcalde de Lima se ha valido de numerosos ataques a los periodistas y medios de comunicación para minimizar la gravedad de este tipo de contrataciones que diversos informes periodísticos exponían, incluso en sus últimos meses en el cargo antes de abandonarlo para enfocarse en su campaña presidencial esta situación continúa ocurriendo.

Sudaca ha podido encontrar el caso de un funcionario, a cargo una tarea de suma importancia por la crítica coyuntura que atraviesa el país, que llegó a ocupar este puesto pese a que su contratación no cumplía con los requisitos básicos y que, tras ser descubierto, terminó siendo recompensado con un contrato con la Municipalidad de Lima y un generoso salario.

LO QUE OCULTA EL SHOW

El paso de Rafael López Aliaga por la alcaldía ha estado marcado desde su inicio por una innegable estrategia comunicacional que apuntaba a conquistar las redes sociales. Con iniciativas como convertir en “alcalde por un día” a algún streamer famoso o usando audios virales de Tiktok para burlarse de sus críticos, el líder de Renovación Popular intentó aumentar su popularidad.

En el distrito de Comas, el alcalde Ulises Villegas, quien recientemente se ha visto involucrado en un escándalo por obligar a trabajadoras de su municipalidad a vestirse de porristas, no se quiso queda atrás y también optó por un plan orientado a conquistas las redes sociales con diversos videos acompañados de una narrativa grandilocuente.

Pero detrás de este show elegido por ambos burgomaestres para acaparar las plataformas digitales e intentar conquistar al público juvenil han ocurrido graves cuestionamientos a sus respectivas gestiones e incluso existe un caso más que polémico que une a ambos funcionarios.

En enero del año 2023, cuando los alcaldes que había salido victoriosos en la contienda electoral del año pasado empezaban a instalarse en sus nuevas oficinas, en la Municipalidad Distrital de Comas se llevaban a cabo las primeras designaciones. Una de ellas ocurrió el 1 de febrero del 2023 y tuvo como protagonista a César Albergo Jordán Brignole, quien recibió el cargo de confianza de gerente de seguridad ciudadana de dicho distrito.

Pero, meses después, una visita de control por parte de la Contraloría advertiría una serie de designaciones irregulares por parte de la Municipalidad de Comas en las que estaba incluido el gerente de seguridad ciudadana. Tal como se señala en el documento al que tuvo acceso Sudaca, estos funcionarios “incumplen con los requisitos mínimos establecidos”.

En el caso de Jordán Brignole, el informe de la Contraloría señala que no cumplió con acreditar la experiencia específica en temas relacionados con la gestión municipal, gestión pública y conducción de personal. Sin embargo, la nueva gestión a cargo de la Municipalidad de Comas no tuvo inconvenientes en designarlo en ese cargo de confianza.

Además, la Contraloría también detectó que en el caso de César Alberto Jordán Brignole no se había realizado la correspondiente verificación para saber si el gerente de seguridad ciudadana se encontraba en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles, Registro de deudores de reparaciones civiles, y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Para el segundo semestre del 2023, la ola de inseguridad continuaba creciendo y el distrito de Comas no estuvo al margen. Por ello, tras conocerse la irregularidad detectada por la Contraloría, varios vecinos del distrito no tardaron en hacer sentir su descontento con la gestión de Villegas por haber designado para una gerencia clave en este contexto crítico a una persona que no cumplía con el perfil requerido.

CUANDO SE CIERRA UNA PUERTA DE ABRE UNA ASESORÍA

César Alberto Jordán Brignole no llegó a cumplir ni un año en el puesto de gerente de seguridad ciudadana en la Municipalidad de Comas y terminó renunciando. Sin embargo, pese a lo detectado por la contraloría, las oportunidades laborales no tardaron en aparecer e incluso con un salario mucho más interesante.

En febrero del 2024, la Municipalidad de Lima se convirtió en el nuevo hogar del cuestionado exfuncionario de la Municipalidad de Comas. En esta oportunidad, la gestión del alcalde López Aliaga le abrió las puertas con un servicio de coordinación y soporte técnico  en seguridad ciudadana por el cual se pagó más de quince mil soles.

Pese a los cuestionamientos señalados por la Contraloría con respecto a la idoneidad de Jordán Brignole para encargarse de la seguridad de un distrito, la Municipalidad de Lima le encargó la implementación de planes de seguridad y vigilancia de toda la ciudad de Lima y, para ello, le pagó treinta y seis mil soles sólo en el mes de mayo del año pasado.

Si bien la seguridad en la ciudad no ha experimentado una mejora y los asesinatos por extorsiones continúan siendo parte de las noticias diarias, lo que sí ha mejorado considerablemente  es la economía de César Jordán Brignole. Acorde a la información del portal Transparencia Económica, sólo en los meses transcurridos del presente año ha recibido más de ochenta mil soles por parte de la Municipalidad de Lima.

César Brignole, quien se presenta como asesor del alcalde López Aliaga, también se ha convertido en un fiel defensor del líder de Renovación Popular. En redes sociales no duda en defender al burgomaestre de cualquier cuestionamiento a su trabajo, celebrar hasta sus decisiones más populistas y atacar a quienes su jefe percibe como enemigos.

Pese a su experiencia en la Policía Nacional del Perú y los procedimientos que conoce sobre estos casos, Jordán Brignole no tuvo reparos en adelantarse a las investigaciones y se sumó a las teorías conspirativas que el alcalde López Aliaga trataba de difundir sobre la muerte de José Miguel Castro.

Aunque los más fieles seguidores del alcalde de Lima intentan blindarse ante las críticas recordando los errores de sus predecesores, los más de dos años y medio de gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima han estado plagados de numerosos casos de contratos cuestionados y, en la práctica, no parece estar marcando una diferencia positiva con el manejo de la municipalidad que tuvieron otros alcaldes.

[INFORME] Luego de recibir más de treinta mil soles mediante el financiamiento público a los partidos políticos, el abogado de Vladimir Cerrón ha vuelto a acceder al dinero de los peruanos. En esta oportunidad, es el Congreso quien aprobó un pago por casi quince mil soles el pasado mes de agosto.

“Nunca digas de esta agua no beberé”, fueron las palabras con las que Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, le recriminó por estos días a la expremier Betssy Chávez por haber votado en contra de la renovación del Tribunal Constitucional que esta semana fue el encargado de devolverle su libertad.

Tiempo atrás, este tipo de posturas por parte del fundador del partido del lápiz podrían haber resultado difíciles de imaginar por mostrar una inesperada coincidencia con aquellos sectores de la política peruana, y especialmente del Congreso, con los que parecía tener diferencias irreconciliables.

Pero el paso de los meses y años desde aquella elección presidencial del 2021 parece haber desaparecido aquellas discrepancias y ha hermanado a quienes alguna vez supieron estar en polos opuestos. Sin embargo, el detrás de escena de esta unión no sería la búsqueda del entendimiento por el bien del país sino el aprovechamiento de los recursos disponibles.

EL ABOGADO FAVORITO DEL LÁPIZ

Hasta antes del año 2021, el nombre de José Enrique Llumpo Agapito estaba lejos del foco de la atención de la coyuntura política del Perú. Sin embargo, el destino de este abogado cambiaría radicalmente cuando se acercó a Vladimir Cerrón Rojas y la agrupación política Perú Libre.

Para el 2023, el abogado José Llumpo se convirtió en noticia en octubre de dicho año por su llamativa estrategia de interponer dos demandas de habeas corpus, en Lima y Huancayo, con el propósito de anular la sentencia de más de tres años de prisión que el prófugo líder del partido de lápiz se negaba a cumplir. Llumpo Agapito sostenía que había ocurrido una “vulneración de los derechos al debido proceso, de defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales”.

Aunque este intento no dio resultado, esta no sería la última vez que el nombre de este abogado tendría notoriedad en los medios. Durante el año pasado, un informe periodístico del portal Epicentro alertó que en la rendición de cuentas de Perú Libre a la ONPE por el uso del financiamiento público a los partidos políticos se encontraron graves irregularidades que constituirían el mal uso de este dinero.

Entre la información que brindaba la propia ONPE sobre el detalle del uso del dinero público figuraba José Enrique Llumpo Agapito. Casulamente, el mismo que presentó el habeas corpus en favor del líder de este partido recibió diversos pagos que acumularon un total de treinta y tres mil soles por lo que fue explicado como un “servicio de asesoría legal”.

Tras el rebote mediático que tuvo esta información, el abogado de Vladimir Cerrón despareció de la escena pública. Pero esto cambiaría durante el pasado mes de agosto cuando Sudaca pudo encontrar que el nombre del letrado volvió a aparecer en una lista de órdenes de servicio que se paga con fondos del erario público.

En esta oportunidad fue el Congreso quien aprobó un importante pago a nombre de José Enrique Llumpo Agapito por lo que fue descrito como una asesoría y/o defensa legal. En esta oportunidad, el monto que recibió este abogado cercano a Perú Libre fue de casi quince mil soles.

Cabe señalar que este tipo de servicios, aunque son propuestos por el servidor público que solicita la asesoría o defensa legal, tiene que contar con la aprobación de la Mesa Directiva del Congreso, la cual está integrada por segundo periodo consecutivo por alguien que no sólo es un miembro de Perú Libre sino que es el propio hermano de Vladimir Cerrón.

ES UNA COSTUMBRE

Lo que ha ocurrido con este abogado cercano a Perú Libre no es una situación sin precedentes en el actual periodo parlamentario. En lo que parece ser una costumbre entre los actuales padres de la patria, otra agrupación política ha aprovechado la oportunidad para usar el dinero de los peruanos para contratar un servicio legal brindado por una persona a fin a su partido.

En abril del año pasado, el medio Infobae expuso que el congresista César Revilla Villanueva pidió que el Legislativo le otorgue más de cuarenta mil soles que terminarían siendo pagados al estudio Loza Avalos Abogados, el cual tiene a Giulliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, como socia y gerente general.

Aunque en el Congreso coexisten agrupaciones políticas que dicen defender ideales políticos radicalmente opuestos, casos como el del abogado de Vladimir Cerrón exponen que en el Legislativo no existen diferencias cuando se trata de dar la aprobación para que se utilice dinero del sector público.

[INFORME] Le designación del nuevo jefe institucional de la Biblioteca Nacional estaría destapando el caso de una familia muy cercana a Dina y Nicanor Boluarte que viene recibiendo buenos puestos laborales en más de un ministerio.

Los recientes cambios en el gabinete de Eduardo Arana han dejado algunos puestos disponibles en instituciones muy importantes para el país. Sin embargo, como parece ser una costumbre no negociable en el gobierno actual, la repartición de estos puestos no se realiza tomando en cuenta la idoneidad de los elegidos para los cargos que tendrán bajo su responsabilidad.

Ni la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) con sus más de doscientos años de historia se habría salvado de este alarmante presente. Tras la salida de Ana Peña Cardoza, quien acaba de dejar su lugar como jefa institucional para ocupar el puesto de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la  BNP podría afrontar un futuro complicado.

Sudaca pudo conocer diversas situaciones que hoy ponen bajo la lupa a Juan Yangali Quintanilla, el nuevo jefe institucional de la Biblioteca Nacional que ha sido el elegido para este cargo pero lleva un largo tiempo en la lista de favoritos de más de un ministerio e incluso su familia se ha visto beneficiada.

UN MINISTERIO FAMILIAR

Para el año 2019, las puertas de la Municipalidad de Pueblo Libre se abrían para Juan Yangali Quintanilla. En aquella época, el actual jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú se desempeñaba como gerente de cultura, turismo y educación y fue en esta municipalidad, en la cual trabajó hasta finales del año 2022, donde posteriormente coincidiría con el hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, cuando este se convirtió en asesor del alcalde.

Tan sólo meses después, Yangali tuvo su primer gran acercamiento a un ministerio del gobierno de Boluarte cuando se convirtió en asesor del gabinete del Ministerio de Cultura mientras este se encontraba bajo la gestión de la ministra Leslie Urteaga y, un año más tarde, el actual jefe institucional de la Biblioteca Nacional sería el elegido por el titular del Ministerio de Educación, Morgan Quero, para estar al frente de la Casa de la Literatura.

Este paso por la Casa de la Literatura estuvo de lejos de ser el trabajo soñado para Yangali debido a los serios cuestionamientos que recibió. Sin lugar a dudas, el momento más álgido de su gestión fue cuando Yangali Quintanilla terminó siendo señalado como el responsable de censurar al historietista Juan Acevedo impidiendo que se le otorgue un premio en un episodio que fue interpretado como una venganza por parte del gobierno debido a la postura crítica de Acevedo con respecto a su accionar durante las protestas.

Según declaraciones del propio Acevedo al portal Infobae, Yangali “parecía sufrir” por tener que censurar al historietista, pero “quería seguir siendo personal de confianza”. No obstante, ese mismo mes de octubre, Yangali Quintanilla terminaría por presentar su renuncia al cargo de director de la Casa de la Literatura.

Pero, como ha ocurrido tantas veces en el gobierno de Dina Boluarte, sus aliados más cercanos no suelen pasar mucho tiempo sin trabajo y Yangali Quintanilla no fue la excepción. Por ello, tan sólo días después de renunciar, y pese a que esta renuncia estuvo manchada por una seria acusación, Juan Yangali fue contratado nuevamente por el Ministerio de Educación para brindar el servicio de asesorías y consultorías al despacho del ministro Morgan Quero.

No obstante, la gestión en el Minedu a cargo del ministro Morgan Quero, quien coincidentemente es  uno de los integrantes del gabinete más cercanos a Dina Boluarte, también tomo en cuenta a otro integrante de la familia Yangali. En la siguiente imagen se puede apreciar que junto a Juan Yangali aparece una mujer y su nombre es Johana Verónica Coronado Yabar.

Coronado Yabar es abogada de profesión, pero también es la esposa de Juan Yangali Quintanilla. Sudaca ha podido acceder a numerosos documentos del Ministerio de Educación en los cuales Johana Coronado figura como una personal con un rol clave en las nuevos procesos de contrataciones.

Con ello se puede evidenciar que, durante el actual administración de Morgan Quero, el matrimonio Yangali Coronado ha podido lograr buenos puestos de trabajo en el Ministerio de Educación. Mientras Yangali Quintanilla figuraba como consultor del despacho ministerial, su esposa incluso ha llegado a ser parte de la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

EL ANTECEDENTE

Sin embargo, esta no es la primera vez que el apellido Yangali se ve estrechamente relacionado con cargos importantes. En el año 2023, cuando Dina Boluarte apenas llevaba pocos meses en la presidencial, el nombre del hermano de Juan Yangali Quintanilla saltó a la fama en las más altas esferas políticas.

Un informe periodístico de Perú21 expuso que, por aquel entonces, Rivin Yangali Quintanilla venía trabajando en la Presidencia del Consejo de Ministros. Según la información que se dio a conocer en 2023, Rivin, al igual que su hermano Juan, había trabajado en la Municipalidad de Pueblo Libre y fue ahí donde coincidió con Nicanor Boluarte.

Posteriormente, Dina Boluarte lo tuvo trabajando para ella cuando estuvo al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pero con el tiempo iría tomando un papel más protagónico al punto que, tal como lo relata el informe de Perú21, Rivin llegó a tener un rol fundamental en las conversaciones con las bancadas del Congreso en diciembre del 2022 para garantizarle a Dina Boluarte que podría sostenerse en la presidencia.

En las últimas horas, la Asociación de Bibliotecólogos del Perú (ABP) ha emitido un duro pronunciamiento en contra de la llegada de Juan Yangali Quintanilla a la Biblioteca Nacional, calificaron este nombramiento como un “experimento político” y cuestionaron que el nuevo jefe institucional “no es bibliotecólogo, no tiene formación en ciencias de la información”.

Sin embargo, la manera en que se han manejado las críticas y hasta acusaciones a los funcionarios más cercanos a los Boluarte invita a creer que desde el Ejecutivo no habrá mayor interés por atender estos reclamos y que estos puestos, como el de jefe institucional de la Biblioteca Nacional con sus más de doscientos años de historia, hoy sólo importan como premios para los más leales al gobierno.