El día de ayer, lunes 19 de junio, Zoraida Ávalos, la exfiscal de la Nación, decidió responder en su twitter personal el artículo que publicamos en Sudaca el día domingo 18 de junio titulado “Zoraida Ávalos y el lobby congresal para que no la inhabiliten en su cargo”.

Se debe reconocer que el hilo de twitter es una respuesta frontal, directa, sin medias tintas y que cuestiona el artículo que publicamos. No sostiene que se trata de afirmaciones falsas o tergiversadas. En realidad, lo que hace la exfiscal de la Nación es tratar de explicar y contextualizar el artículo de Sudaca. Sin embargo, el contenido de sus twitters ha generado una profunda sorpresa que la hemos compartido con algunos hombres de derecho (jueces de la Corte Suprema, fiscales, abogados reconocidos) y todos sin excepción nos han mostrado su molestia e indignación por lo que allí se indica. Una de las personas consultadas nos señaló que posiblemente la cuenta de twitter sea falsa, lo que nos llevó primero a determinar si la cuenta era auténtica. Luego de las indagaciones correspondientes pudimos verificar que efectivamente se trata de la cuenta personal de Zoraida Ávalos no solo porque aparecen fotos suyas y los datos personales, sino porque publica con frecuencia en su twitter información confidencial de la Fiscalía de la Nación que solo ella puede manejar como, por ejemplo, la referencia al contenido de la denuncia constitucional que presentó el 2020 contra el flamante Ministro de Salud César Vásquez Sánchez, quien, según Zoraida Ávalos, “había pedido favorecer a un empresario de Chota, para que le dieran un par de obras a cambio de que los ayude en su campaña al Congreso”. A ello se suma la afirmación recurrente del twitter de hace menos de 15 horas de: “Como he mencionado antes, el sector del Congreso que pretende destituirme y copar el sistema de justicia es el mismo que desestima denuncias constitucionales contra excongresistas. ¿Quién los sanciona? (FIN/)”.

La confesión de Zoraida Avalos1

Más allá de la actitud desafiante y confrontacional que tiene la exfiscal de la Nación contra el Congreso de la República, o una parte importante de él, a quien acusa, sin paños fríos, de “desestimar denuncias constitucionales contra excongresistas”, las respuestas que ha brindado a través de su twitter, respondiendo la última publicación de Sudaca sobre ella, conduce a realizar algunas observaciones.

En primer lugar, Zoraida Ávalos ha confesado abiertamente y sin tapujos al país que está realizando lobbies en el Congreso de la República y con congresistas para tratar de impedir la inhabilitación que se discutirá mañana 21 de junio. Ello fluye de la afirmación colgada en su twitter personal el día de ayer, y que no ha desaparecido hasta ahora: “Segunda aclaración. Claro que hay personas ayudándome a explicar a los congresistas mi verdad frente a esta campaña de difamación. ¿Qué pretende? ¿Que me quede de brazos cruzados y que no me defienda?”.

Si la ex Fiscal de la Nación reconoce abiertamente de que “hay personas ayudándome a explicar a los congresistas mi verdad frente a esta campaña de difamación” está admitiendo con total desparpajo que dichas personas son distintas a su abogado defensor que está apersonado en el Congreso de la República (el constitucionalista: Francisco Eguiguren Praeli) e, incluso, a ella misma; lo que supone literalmente el confesar que está haciendo lobby, el litigio de pasadizos y el tarjetazo a nivel de la administración pública y, en su caso, en el Congreso de la República. Nos preguntamos: ¿Puede una Fiscal Suprema en ejercicio, y que recientemente ha sido ratificada por la Junta Nacional de Justicia, aceptar que viene cometiendo una conducta ilegal o, por lo menos éticamente reprochable, de buscar a terceras personas para que hagan lobby a su favor en una institución pública (“explicar a los congresistas mi verdad”)? ¿Cuándo usted era Fiscal de la Nación y ahora Fiscal Suprema titular en ejercicio permitía o permite que terceros hablen en algunos casos que les interesa y expliquen una “supuesta verdad”?; ¿puede un fiscal o juez buscar a terceros (no abogados o abogados no apersonados) para que intercedan en un proceso disciplinario o un proceso penal que se les sigue en su contra? ¿Sabe de esta conducta su abogado defensor o se mantiene al margen?

Lo que ha publicado Zoraida Ávalos ayer en su cuenta de twitter hace sonrojar a cualquier ciudadano, a los abogados y exige un necesario pronunciamiento de los Colegios de Abogados a nivel nacional, ya que con el ejemplo de la exfiscal de la Nación se puede buscar a terceros y a cualquier hijo de vecino para que expliquen “su verdad” en cualquier dependencia de la administración pública; al margen de los procedimientos legales, de las normas jurídicas establecidas y de la representación de un abogado defensor.

Se debe destacar que en un arranque de honestidad Zoraida Ávalos reconoce que “hay personas ayudándome”. En Sudaca nos quedamos cortos. Solo habíamos identificado a una persona: a Malena Chacón Arenas. ¿Quiénes son las demás personas que la ayudan? ¿Trabajan en el congreso o en algún sector de la administración pública peruana? ¿Qué clase de lobby hacen: político, legal o de otro orden?

En segundo lugar, la exfiscal de la Nación al responder el reportaje de Sudaca en relación a los correos que ha enviado a todos los congresistas señala que “Las direcciones de los correos son de acceso público: están en la misma página web del Congreso para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda comunicarse directamente. Enviar los alegatos de mi abogado es solo una forma de ejercer mi derecho a la defensa”. Ello supone la implementación de una reforma legal de facto en todas las instituciones públicas, entre las que se incluye el Ministerio Público, el Poder Judicial y el mismo Congreso de la República, ya que con lo que acaba de hacer Zoraida Ávalos no es necesario mantener más una mesa de partes (física o virtual), porque el ciudadano, litigante o abogado, puede directamente presentar escritos, alegatos o documentos dirigiéndose al correo (personal o institucional) del fiscal, juez o congresista.

Nos preguntamos: ¿a Zoraida Ávalos le parece normal o correcto que los escritos de un caso (judicial o fiscal) se presenten directamente al juez o al fiscal y no ingresen a la Mesa de partes de la institución pública? ¿Cuando era Fiscal de la Nación cuántas veces los escritos de los abogados se dirigían a su correo personal o institucional; y no a la Mesa de Partes de la Fiscalía de la Nación? ¿Usted dio alguna directiva al respecto? ¿Ahora, en el cargo de Fiscal Suprema, los escritos del despacho que maneja también se pueden presentar de manera directa a su correo personal o institucional?

Pese a no ser abogados, no nos imaginamos que a algún abogado en el Perú se le ocurra enviar escritos, documentos o alegatos de un caso al correo (personal o institucional) de los jueces César San Martín Castro; Elvia Barrios Alvarado, Víctor Prado Saldarriaga o de los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde o Juan Carlos Villena Campana.

En el artículo que publicamos nunca discutimos cómo y de qué manera Zoraida Ávalos accedió a los correos de los congresistas; en realidad, lo que analizamos es si una alta funcionaria pública, una exfiscal de la Nación puede acudir directamente al correo (privado o institucional) de los congresistas para presentar los alegatos de defensa que como ella misma admite ya los había presentado formalmente a “la Presidencia del Congreso a través de la Mesa de Partes Virtual”. La respuesta que brindamos fue negativa: toda comunicación o escrito que se presenta en un determinado procedimiento que se sigue en una institución pública (v. gr. Congreso, Ministerio Público o Poder Judicial) debe seguir su trámite regular y debe ingresar a la Mesa de partes (física o virtual). No se debe remitir algún escrito directamente al juez, al fiscal o al congresista, ya que se salta la formalidad y la legalidad del ingreso de la información que se pone en conocimiento del funcionario. Zoraida Ávalos podía, incluso, solicitar a la Presidencia del Congreso que remita en el día y bajo responsabilidad sus escritos a cada uno de los congresistas. Lo que no podía ni debía es presentarlos ella directamente.

En tercer lugar, el ofrecimiento de favores que se hace a su nombre para que no se la inhabilite del cargo es algo que le consta a los congresistas de la República, a algunos asesores y, sobre todo, según lo que se nos indica, hay un audio que se encuentra en manos del Ministerio Público.

En cuarto lugar, la ex Fiscal de la Nación señala que debería preguntarme: “quién sí está en capacidad de ofrecer favores. ¿Lo hará?”; en una franca y abierta referencia a la actual Fiscal de la Nación: Patricia Benavides. Si ello es así y le consta a Zoraida Ávalos, como miembro del Ministerio Público, debería inmediatamente presentar una denuncia penal, debido a que ofrecer favores a cambio de obtener una decisión de un funcionario público es delito aquí en el Perú como en cualquier país civilizado del mundo.

Por último, debemos enfatizar que es mentira que Sudaca o el autor de la nota “se haya sumado a la campaña de mentiras para buscar mi destitución” junto a otros medios de comunicación, ya que, por el contrario, en Sudaca somos consecuentes con la línea periodística que hemos venido manteniendo hace más de dos años al publicar artículos críticos contra la gestión de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación. Lo que hacemos ahora es simplemente ser coherentes y mantener una línea de independencia, difundiendo información de interés público que puede ser incómoda a personas y funcionarios que gozan de un enorme poder.

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El transfuguismo es una de las peores calamidades que viene asolando nuestro sistema político. Fuera de casos aislados de migrantes partidarios, previos a los 90, es en el 2000 que este fenómeno se estrena, con la compra de voluntades políticas perpetrada por el montesinismo, que, con rumas de billetes, logró brindarle a Fujimori la mayoría congresal que necesitaba para su fallido periodo de gobierno 2000-2005.

Luego de ello, durante la transición democrática, hubo un periodo de relativa calma, porque los gobernantes supieron establecer pactos de gobernabilidad que otorgaron estabilidad y, por ende, hicieron innecesario el transfuguismo digitado. Así, Toledo pactó con el FIM, Alan García con el fujimorismo y Ollanta Humala con Perú Posible.

La desgracia volvió a sobrevolar los predios de nuestra política cuando Kuczynski amañó los votos del grupo de Kenji Fujimori en base a ofrecimiento de prebendas de gasto social a diversos congresistas regionales, logrando con ello, los votos que evitaron su vacancia (cuando se destapó el escándalo con los “mamaniaudios”, PPK tuvo que renunciar a la Presidencia).

El problema, sin embargo, siguió escalando y durante el gobierno de Castillo llegó a su cúspide, con el reclutamiento de los bautizados “Niños”, quienes a cambio de cargos públicos para allegados, proyectos en sus regiones y demás gollerías, simplemente, sin dejar sus bancadas, votaban a favor del gobierno en cuanta ocasión era necesario.

El transfuguismo es una perversión del voto popular. Altera el sentido del sufragio y daña a la democracia y al juego político limpio. ¿Cómo desterrarlo? Por lo pronto, emprendiendo la principal reforma política que el establishment político se niega a aprobar: las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que fueran sugeridas, sin éxito hasta ahora, por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, presidida por Fernando Tuesta.

Con ello, se acota la posibilidad de que ingresen a una lista de candidatos los que más dinero sucio ponen sobre y debajo de la mesa, se asegura una mejor selección de postulantes y futuros congresistas, y disminuye ostensiblemente la posibilidad de que los así elegidos vayan a ser materia prima dispuesta a venderse por un plato de lentejas al gobierno de turno.

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En Sudaca somos respetuosos del derecho de defensa y de la libertad de expresión, y vemos con agrado que la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos salga en diversos medios de comunicación escritos y televisivos a dar entrevistas; sin embargo, lo que no ha salido hasta ahora a la luz pública es el despliegue de influencias y de manejos oscuros que realiza para “convencer” a que los congresistas voten en contra de su inhabilitación como fiscal por cinco años y que la alejaría para siempre del poder que maneja en el sistema de justicia.

El lobby de Zoraida Ávalos en el congreso de la República

La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera viene realizando desde varios meses atrás una intensa actividad de influencias y lobby parlamentario con el fin de evitar que el Congreso de la República la inhabilite en el ejercicio del cargo de Fiscal Supremo. La conducta que realiza Zoraida Ávalos es la misma por la que abrió en su época de mandamás del Ministerio Público varias investigaciones penales por la comisión del delito de tráfico de influencias a diversos altos funcionarios.

Zoraida Ávalos trata de mover los hilos del poder en el Congreso de la República a través de diversas personas, entre las que se cuenta su ex asesora de confianza, que trabajó en la Fiscalía de la Nación: Malena Chacón Arenas, quien fue nombrada en dicho cargo el 19 de marzo del 2019 hasta el 3 de julio del 2023, es decir, laboró en la gestión de Ávalos Rivera los tres años que estuvo en el cargo como Fiscal de la Nación, desempeñándose como coordinadora parlamentaria del Ministerio Público. Malena Chacón viene sosteniendo diversas reuniones con congresistas y sus asesores a quienes trata de convencer de que voten en contra de la inhabilitación de Zoraida Ávalos o que simplemente voten en blanco con el único propósito de que no se alcance el número legal de votos requeridos para inhabilitarla. Chacón Arenas trabajó antes como secretaria general de la Municipalidad del Santa en la gestión de Victoria Espinoza García, quien fue condenada por el delito de colusión ilegal a cuatro años de pena privativa de libertad por el caso denominado “semáforos inteligentes”.

Malena Chacón Arenas (DNI N° 32964940) en el mes de abril del 2023 visitó tres veces el Congreso de la República: el 13 de abril, el 25 de abril y el 27 de abril. Todas las visitas fueron autorizadas por la congresista por Huánuco de Perú Libre, Elizabeth Sara Medina Hermosilla, quien pertenece a la Bancada del Bloque Magisterial. La visita de Chacón Arenas a una congresista del partido del expresidente Pedro Castillo confirmaría la estrecha vinculación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos con el gobierno del defenestrado expresidente.

En el mes de mayo del 2023 Malena Chacón Arenas registra seis visitas, los días 3 de mayo (visita a la congresista Elizabeth Sara Medina Hermosilla), 5, 15, 17 y 19 de mayo (visita a Javier Angeles Illmann: Director General Parlamentario,) y 22 de mayo (visita a la congresista María Acuña Peralta).

En las diversas visitas al Congreso de la República Chacón Arenas mantenía reuniones con diversos congresistas de las bancadas de izquierda, de Acción Popular, Alianza por el Progreso, Podemos Perú y otras tiendas políticas a fin de convencer a los congresistas de que voten por el rechazo por el pedido de inhabilitación de Zoraida Ávalos, ofreciéndoles que si Zoraida regresaba a la Fiscalía de la Nación iba a archivar cualquier investigación en su contra, dedicándose, además, a despotricar de la actual gestión de la Fiscalía de la Nación, señalando que la Junta Nacional de Justicia la va a suspender del cargo y la va a destituir. La prueba reina de las gestiones y el lobby ilegal que hacía Malena Chacón Arenas a favor de Zoraida Ávalos se encuentra en un audio que grabó un Congresista de la República y que obra, según nuestras fuentes, en poder del Ministerio Público quien viene adelantando una investigación reservada al respecto.

Es muy grave que una exfiscal de la Nación utilice a sus antiguos asesores de confianza, quienes fueron contratados y pagados por más de tres años por el Ministerio Público, para hacer tráfico de influencias y para ofrecer una serie de beneficios y prebendas legales a los congresistas a cambio de votos en contra de la vacancia.

Zoraida Ávalos, como Fiscal Suprema en ejercicio, debe dar ejemplo de conducta ética y demostrar que para defenderse no es necesario acudir a acciones vedadas por la ley y menos utilizar a antiguas asesores de confianza para buscar acercamientos a congresistas para lograr que voten a su favor.

Los mails secretos de Zoraida Ávalos a los congresistas (jueces del congreso) que decidirán si la inhabilitan constitucionalmente

Zoraida Ávalos el 23 de mayo del 2023 envío desde su mail personal (zoraidaavalosrivera@gmail.com) al correo privado de casi todos los congresistas una copia de su escrito de defensa elaborado por el abogado Francisco Eguiguren Praeli, lo que supone realizar un manifiesto acto ilícito e indebido ya que a ningún litigante o abogado en el Perú se le permite que pueda enviar al correo privado de un juez o fiscal en el que se lleva un caso de su interés el escrito de alegatos de defensa o el informe elaborado por su abogado defensor. A ninguna persona investigada en el Perú se le autoriza enviar vía mail un escrito de defensa al correo personal de un funcionario público que conoce un caso.  Cualquier litigante sabe que lo correcto es presentar el escrito que le interesa en la mesa de partes de una institución pública o enviar el documento al correo institucional de la mesa de partes, por ejemplo, de una fiscalía, de un juzgado o de cualquier dependencia pública.

Zoraida Ávalos puede defenderse en el pleno del Congreso o pedir una entrevista formal a cualquier congresista de la República, pero lo que no puede hacer es enviar mails a los correos privados de los congresistas que en este momento están actuando como sus jueces del Parlamento en el pedido de inhabilitación que se verá el 21 de junio en el pleno del Congreso de la República.

A ningún ciudadano se le concede en el Perú el poder mantener una relación directa y personal, a través del correo electrónico, con algún funcionario (juez, fiscal congresista, etc.) que forma parte de un órgano colegiado que decide un caso de su interés. Todo abogado sabe que no es lícito ni correcto que los escritos de su defensa los pueda remitir al correo privado de un juez o fiscal o cualquier otro funcionario público, ya que está generando una relación extraprocesal prohibida por la ley.

Consultado el caso de Ávalos Rivera con algunos fiscales, se nos ha indicado que la exfiscal de la Nación habría cometido una infracción muy grave a la Ley de la Carrera Fiscal que sanciona, incluso, con destitución a quien “abusa de la condición de fiscal para obtener un trato favorable o injustificado” (artículo 46.15). Se nos dice que Zoraida Ávalos solo por el hecho de ser todavía fiscal suprema se siente capaz de hacer algo que a ningún abogado se le ocurriría cometer: enviar los alegatos de su defensa al correo personal de los congresistas que dentro de poco deberán decidir si la denuncian constitucionalmente e inhabilitan para el ejercicio del cargo público.

 

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En entrevista publicada hoy en El Trome, Keiko Fujimori no descarta la posibilidad de volver a postular, contra toda crítica hecha al respecto por sus adversarios y analistas políticos independientes, pero lo más relevante, a juicio de este columnista, es su señalamiento de que anda buscando un candidato de consenso.

Acierta en ello Keiko Fujimori. Se necesita que los principales partidos de centro y derecha aglutinen esfuerzos y lancen un candidato potable, capaz de derrotar al autócrata que va a surgir de las canteras de la izquierda antisistema (felizmente, hoy la izquierda se ha fraccionado y lanzará al menos siete candidatos).

Y en este esfuerzo no puede haber principismos infantiles (“nada con el fujimorismo” o “nada con el aprismo”) que ya se empiezan a escuchar en algunos pasillos políticos de las nuevas agrupaciones derechistas surgidas. Se debe buscar un consenso básico entre la derecha liberal, el fujimorismo, el aprismo, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País (si mantiene el talante liberal que le imprimió Hernando de Soto). Por allí va la cosa o debería ir.

No solo se trata de una acción política pensada en pasar a la segunda vuelta y allí triunfar, sino en la urgencia de asegurar una cuota parlamentaria importante en el próximo Congreso, que lo blinde al futuro gobierno respecto de la inestabilidad política que ha caracterizado los últimos lustros al país.

Va a tener que haber renuncias no solo electorales sino eventualmente doctrinarias menores, pero así ocurre siempre que se establecen pactos como el sugerido por la principal candidata de la centroderecha y lideresa indiscutida de un sector importante del país (no por gusto ha pasado a tres segundas vueltas en las últimas elecciones).

Se va a necesitar un candidato de consenso que luego pueda gobernar con relativa calma y superar los dos más graves problemas que nos aquejan: la zozobra política y la parálisis económica. Con ello resuelto, será posible atender otros problemas estructurales: salud y educación públicas, inseguridad ciudadana, regionalización, reforma político-electoral, etc. Es importante que Keiko Fujimori haya dado un paso político en esa perspectiva.

-La del estribo: gran puesta en escena de Patricia Villalobos y Javier Valdés, en la obra Pequeñas infidelidades, confirmando satisfactoriamente las expectativas anunciadas en este espacio hace un par de semanas. Va en el Teatro de Lucía y puede adquirir sus entradas en Joinnus.

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Hace bien el Congreso en buscar la reconsideración de la votación parlamentaria para lograr la ansiada bicameralidad. Es una reforma política importante, significativa en cuanto a su impacto en la mejora institucional democrática y que, por ende, tendrá efectos positivos en la marcha económica del país (ya está más que probado que a mejor democracia mayor crecimiento económico).

El Perú, en general, es un país de bajísima representación parlamentaria y haría bien en aumentarla, y aprobando luego mecanismos adecuados (distrito electoral múltiple, renovación por tercios, etc.) lograr que este poder del Estado no vea evaporarse tan rápidamente su legitimidad.

Algunos medios de comunicación se han abocado a hacer campaña en contra con argumentos falaces y haría bien el propio Congreso en lanzar una estrategia informativa que genere simpatías ciudadanas y que, además, permita lograr los votos suficientes en el Legislativo, para evitar el imprevisible pase a referéndum, que es como se tendría que hacer si prima la última votación, donde no se alcanzaron los 87 votos necesarios para que califique como primera votación en aras de una reforma constitucional plena y legítima.

El gran argumento de los que se oponen a esta reforma es, señalan, que se está metiendo de contrabando, entre otras cosas, la posibilidad de que los actuales congresistas puedan postular al Senado. Bueno, efectivamente ello se está permitiendo, pero eso no es malo, es muy bueno. Una de las peores desgracias de las reformas vizcarristas es haber prohibido la reelección parlamentaria y si al menos, con esta reforma bicameral, se logra acotarla, en buena hora.

Aprobar la bicameralidad es una gran reforma, muy positiva para la democracia y el país. Le otorgaría una mejor y mayor institucionalidad a uno de los contrapesos del poder que más desprestigio arrastra en las últimas décadas, y cuya desventura irradia, sin duda, también hacia el Ejecutivo.

Es una estupidez soberana y pone de manifiesto un alma política mezquina, oponerse a ella simplemente porque los autores del proyecto son los miembros de la bancada de Fuerza Popular. El antifujimorismo ciego y torpe no puede llegar a extremos de delirio tales que conduzcan a torpedear una reforma a todas luces benéfica para el país.

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«Llamo a estas personas que nuevamente están anunciando la ‘tercera toma de Lima’ o la ‘nueva toma del Perú’, ¿cuántas muertes más quieren por el amor de Dios, acaso no les duele en el alma haber perdido a más de 60 personas en estas movilizaciones violentas? Ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el Gobierno», señaló la presidenta Dina Boluarte respecto de la anunciada protesta que grupos de izquierda han convocado.

Hay un error conceptual y moral de base en la declaración de la presidenta. Los muertos no se ocasionaron solos o los causaron los protestantes. Como se ha acreditado, fueron obra y gracia de excesos policiales y militares. ¿Qué nos quiere decir la gobernante? ¿Que de producirse nuevas protestas violentas, el gobierno reaccionaría represivamente igual que en diciembre y enero y, por ende, se volvería a producir la carnicería que se produjo?

No hay justificación alguna para lo sucedido, y las investigaciones fiscales presentes o futuras deberán acreditar las sanciones penales de quienes resulten responsables (Dina Boluarte y Alberto Otárola incluidos en la pesquisa) y ser debidamente castigados judicialmente.

Por más violenta que sea una protesta, por más que se tomen carreteras, bloqueen puentes, incendien locales públicos o privados, o se tomen aeropuertos, la respuesta no puede ser la muerte de sus autores. No hay pena de muerte para tales delitos (definitivamente, lo son). Lo que corresponde es la detención inmediata de los violentistas y su procesamiento penal.

El uso de las armas por parte de la policía o de las fuerzas armadas, cuando se les encarga labores policiales, solo es justificable legalmente cuando está en riesgo la integridad o la vida de los propios hombres de uniforme o de terceros civiles, por acción de los manifestantes que protestan. Así corresponde en un Estado de Derecho, como el que supuestamente nos ampara.

Eso es algo que, lamentablemente, la presidenta Boluarte no parece entender y por ello sus declaraciones, ignominiosas para los deudos y para la sociedad civil aún indignada por lo sucedido, indignación que, entre otros factores, explica el inamovible grado de desaprobación del régimen. Los muertos seguirán lastrando al gobierno mientras éste no enmiende, repare o haga justicia.

 

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El Congreso se siente impune, cree que sus actos no generan consecuencias políticas, que su desprestigio no afecta a todo el establishment político, que las barbaridades que se perpetran y las corruptelas que se develan pasan debajo del radar de la irritación ciudadana.

Porque en el caso de la presidenta Dina Boluarte se entiende de alguna manera su desaprobación, más allá de lo que haga. Que haya sucedido a un mandatario que tenía la aprobación de un tercio del país y que, además, haya ocasionado las muertes conocidas, justamente en las zonas castillistas, es un pasivo que difícilmente la abandonará, y que explica en gran medida los altísimos niveles de desaprobación que exhibe y de los que no se puede librar desde que asumió la posta presidencial.

¿Pero el Congreso por qué tiene tan alta desaprobación? Es verdad que el fenómeno es global, que los Legislativos no gozan de simpatías y que en el Perú en particular la gente lo aborrece (alguna vez un congresista me refería que al día siguiente de haber juramentado ya le mentaban la madre en la calle), pero el desastre nacional tiene otras causas.

A los sótanos a los que ha llegado el Parlamento actual, solo se llega con empeño y premeditación. Una tras otra, este Congreso ha dado muestras de mediocridad y corrupción, además de absoluta indolencia respecto de los pesares ciudadanos (la condecoración y develamiento del retrato de la expresidenta del Legislativo, Maricarmen Alva, no es, si no, un síntoma más de ese desprecio por la opinión pública).

Si a ello le sumamos, la ausencia total de un programa de reformas o iniciativas legislativas orgánicas, que se basen en la relativa mayoría congresal obtenida, se entiende por qué el desenganche, aparentemente irreversible, de este poder del Estado de la gracia ciudadana.

Y en ese plan, se llevan de encuentro el prestigio de las élites políticas, abonando y allanando el camino de un autócrata próximo, que prometa arrasar con el establishment. Tamaña irresponsabilidad debe ser denunciada y los integrantes de la clase política que no tiene curules deben mostrar la mayor distancia crítica posible de este engendro legislativo que las elecciones del 2021 parieron.

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Ha salido con todo Keiko Fujimori a zarandear al gobierno de Dina Boluarte. Le ha enrostrado “una actitud triunfalista y con cero autocrítica”. “Después de ver eso, nos debe llevar a nosotros a un cambio de actitud porque si ella y su Gobierno no es capaz (sic) de hacer los cambios que corresponde, debemos nosotros de señalar justamente cambios en el gabinete”.

Así, ha pedido la salida de los ministros de Salud, Energía y Minas, Salud e Interior, nada menos. Y, por cierto, tiene razón. Son ministros que no dan la talla para las urgencias del momento y afectan directamente la viabilidad del régimen, contribuyendo a su permanente nivel de desaprobación ciudadana.

¿Le hará caso la primera mandataria? Es un juego gana-gana el de Keiko. Si le obedecen, reforzará su perfil opositor y de poder. Si desoyen su solicitud, la alineará con mayor distancia respecto de un gobierno con el que la ciudadanía la identificaba. Buen negocio político por donde se le mire.

Esta paulatina lejanía del fujimorismo y del oficialismo, puede traer, sin embargo, más allá del impacto político general referido, consecuencias directas en la gobernabilidad congresal y la anuencia facilista con la que hasta ahora contaba Dina Boluarte.

Una bancada grande como la de Fuerza Popular es el fiel de la balanza en muchas de las decisiones que se toman en el Legislativo y si se encrespa respecto de la voluntad palaciega, le puede ocasionar más de un problema. Baste mencionar la ola de interpelaciones y censuras que podrían venir (como ya ha insinuado la propia Keiko Fujimori).

Alguna vez lo dijimos: Dina Boluarte durará en Palacio, el tiempo que le demore a la derecha darse cuenta de que su permanencia allí afecta sus intereses políticos y particularmente electorales.

No ha llegado aún ese momento de ruptura total, pero es el primer paso de lo que podría ser un distanciamiento que luego sea seguido por otras bancadas de derecha, que sumadas a las de la izquierda resentida, siempre dispuesta al contragolpe, podrían reducir las probabilidades de que Dina Boluarte gobierne sin sobresaltos hasta el 2026.

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