El reciente Decreto Supremo Nº 009-2024-SA, publicado por el Ministerio de Salud (Minsa) de Perú, ha generado gran controversia al clasificar las diversidades sexuales y de género como patologías mentales. Esta normativa, que se enmarca dentro del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), ha sido criticada por expertos y activistas, quienes advierten sobre los riesgos de estigmatización y violencia que conlleva.
Especialistas han señalado que esta medida representa un retroceso de décadas en los derechos de la población LGBTIQ+. El decreto incluye términos desactualizados como «transexualismo» y «transvestismo de rol dual», términos que han sido eliminados de los principales clasificadores de enfermedades mentales a nivel internacional desde hace años.
En medio de ello, el Minsa no ha proporcionado un protocolo claro para la implementación de esta norma, lo que sugiere que las intervenciones podrían basarse en pseudociencia.
Ahora bien, la inclusión de estas categorías médicas en el PEAS puede legitimar prejuicios y estigmas, incrementando la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ frente a la violencia y discriminación. El Minsa, hasta ahora, no ha brindado información detallada sobre los procedimientos contemplados bajo esta nueva regulación, generando más incertidumbre y preocupación en la comunidad.
Mientras nuestro país avanza hacia la patologización de la diversidad sexual y de género, países vecinos como Argentina, Ecuador, Bolivia y Chile han implementado políticas públicas que reconocen y protegen estas identidades. Estas naciones han desarrollado sistemas de salud que registran la identidad de género y la orientación sexual de manera inclusiva, promoviendo la igualdad de derechos y reduciendo la discriminación.
La respuesta de la comunidad internacional
Los organismos de derechos humanos han instado a Perú a reconsiderar esta medida. La patologización de las identidades LGBTIQ+ contradice los avances globales hacia la despatologización y el respeto de la diversidad. Las personas LGBTIQ+ merecen ser tratadas con dignidad y respeto, sin ser vistas como enfermas.
El reconocimiento de los derechos y la dignidad de las personas LGBTIQ+ es fundamental para una sociedad inclusiva y justa. La salud pública debe basarse en la evidencia científica y el respeto a todas las identidades, sin discriminación ni estigmatización.
La BBC informa que el decreto actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), utilizando categorías obsoletas del CIE-10, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha eliminado desde 2019. Entre los diagnósticos incluidos están el «transexualismo» y el «transvestismo fetichista», que han sido criticados por legitimizar prejuicios y discriminación hacia las personas LGBTIQ+.
El colectivo Más Igualdad Perú y el científico Percy Mayta Tristán, entre otros, han expresado su preocupación por esta medida. Argumentan que, aunque se presente como una intención de mejorar el acceso a la salud, en realidad perpetúa la patologización de las identidades trans y puede abrir la puerta a prácticas discriminatorias y terapias de conversión.
En respuesta a las críticas, el Minsa ha emitido un comunicado defendiendo el decreto y afirmando que el CIE-10 sigue vigente en Perú hasta la implementación del CIE-11. Sin embargo, el comunicado no aborda las preocupaciones sobre la estigmatización y discriminación que esta medida puede causar.
Este decreto se emite en un contexto donde otros países de la región avanzan en la despatologización de la diversidad sexual y de género, lo que resalta el retroceso que representa esta normativa en Perú.
