Hizo muy bien el gobierno en declarar temporalmente el estado de emergencia nacional y en disponer el toque de queda en aquellas provincias donde la violencia había desbordado el control policial y militar. El orden público no se puede permitir que sea soliviantado impunemente por grupos violentistas que actúan bajo consignas desestabilizadoras.
No es antidemocrático. Por el contrario, lo que busca es salvaguardar la democracia constitucional que nos rige y que logró salir indemne del golpe de Estado perpetrado por el expresidente Castillo, quien ha merecido una justa prisión preventiva, a la espera de recibir su correspondiente sanción penal por el delito de rebelión y luego por los delitos de corrupción, cuyas carpetas obran en poder de la Fiscalía.
Como bien ha demostrado un excelente reportaje de Christian Rebosio en Sudaca (https://sudaca.pe/noticia/informes/la-logica-detras-de-las-protestas-sociales/), hay también motivos genuinamente políticos detrás de las protestas en algunas regiones del país. Con dichas organizaciones, lo que corresponde es disponer estrategias no represivas y concluir en decisiones que terminen llevando a la paz social y a evitar que sean utilizadas por los violentistas para camuflarse y hacer de las suyas.
Resulta más que claro que el reclamo social y político más fuerte es el adelanto de elecciones (por cierto, el “que se vayan todos” no es de ahora sino, inclusive de antes de la caída de Castillo y, por supuesto, lo incluía a él) y ojalá el Congreso recapacite y sepa leer una realidad social mayoritaria (las encuestas así lo reflejan), que pide reiniciar el proceso electoral y restaurar así la normalidad democrática perdida por un régimen nefasto como el de Castillo.
Pero nada de ello excluye la legítima defensa del Estado, con las armas que le permite la ley, para reponer la tranquilidad pública y salvaguardar la propiedad pública y privada que un sector de los que protestan se ha trazado como objetivo: sembrar el caos para desestabilizar al gobierno de Dina Boluarte y propiciar su caída, generando un vacío de poder que los lleve al soñado intento de marcar un derrotero constituyente.
El Estado y la democracia –que se ha logrado mantener incólume con una perfectamente legal sucesión constitucional-, se deben defender con todas las herramientas que las normas le permiten. Algunos miles de ciudadanos azuzados por lógicas políticas extremas o, lo que es peor, por mafias ilícitas empoderadas por el régimen anterior (particularmente, la minería ilegal y el narcotráfico) no pueden poner en jaque el orden constitucional.
