Uno ya no sabe si está ante un cuadro de cinismo desembozado, o un estado de confusión moral e ideológica pavoroso, cuando escucha a la excongresista Indira Huillca, escamotear las inquisitivas preguntas de Jaime Chincha respecto del caso de Venezuela y si lo que allí se vive califica como dictadura, respondiendo que sí, pero que es igual a la que se vive en el Perú.
Fuera de la retórica y demagógica calificación de “dictadura congresal” que la izquierda se ha inventado para definir la prepotencia y daño democrático que nuestro Legislativo, sin duda, está perpetrando, no hay forma, ni en la más enfebrecida imaginación, que pueda hacer que se califique el gobierno de Dina Boluarte como dictatorial.
Acá el Congreso puede hacer idioteces, pero no ha sido capaz siquiera de tumbarse a la Junta Nacional de Justicia y sus leyes son desacatadas por el Poder Judicial, explícita o tácitamente (como en el caso de la prescripción de los delitos de lesa humanidad); la prensa actúa independientemente y mayoría, si no la totalidad, es crítica del régimen; la sociedad civil (ONGs y gremios empresariales) opera con libertad y autonomía y sus integrantes pueden decir, como lo hacen, lo que les viene en gana sin temer ser encarcelados al día siguiente o sufrir represalias económicas.
Hubo muertes injustificadas a fines del 2022 e inicios del 2023, y la justicia ya tiene un camino trazado para juzgar a los responsables (inclusive el Ministerio Público ha presentado denuncia constitucional contra la presidenta). En una democracia también ocurren violaciones a los derechos humanos, pero, a diferencia de Venezuela, que tiene más muertos en su haber, acá hay un derrotero de justicia que al final del día sancionará a los culpables.
¿Algo así podría ocurrir en Venezuela? Allá se detienen a los opositores, se ha acogotado a la prensa independiente hasta casi hacerla desparecer, las ONGs no existen y los gremios empresariales que osen protestar sufren de inmediato expropiaciones o severos castigos y la represión asesina a diario a opositores. Los poderes del Estado (el sistema judicial y electoral) están copados por el gobierno y éste es capaz por ello de tramitar un fraude escandaloso como el de las últimas elecciones presidenciales.
¿Puede Indira Huillca, sin ruborizarse, decir que vivimos en una dictadura como la venezolana? Eso lo dice para rebajar el calificativo que le endosa al régimen de Maduro y demuestra una vez más, lamentablemente, que un sector importante de la izquierda peruana ha involucionado y ya no tiene entre sus banderas a enarbolar la de la democracia.
