El Perú atraviesa una profunda crisis democrática. Parte de esta se refleja no solo en la falta de separación de poderes, sino en el ataque a la pluralidad de voces y a las garantías normativas para que las organizaciones de sociedad civil ejerzan su trabajo de vigilancia y critica frente al gobierno y otros actores del Estado.
Todo autoritarismo teme a las organizaciones sociales, a la protesta y a cualquier expresión o actor que se atreva a levantar cuestionamientos o críticas al poder.
Deshacerse de las organizaciones que incomodan, es parte del plan de todo gobierno autoritario. Experiencias similares se han vivido en Venezuela y Nicaragua. Hacía dichos modelos si garantías nos están orillando.
Para lograr el objetivo de anular la critica y seguir afianzando elcampo de impunidad que están construyendo tienen que debilitar el Estado de derecho, además de difamar, potenciar odios autoritarios y patriarcales en la población y poner en riesgo la seguridad jurídica de sus detractores.
La propuesta normativa de modificación de la Ley del APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional), que plantea medidas arbitrarias y desproporcionadas busca – precisamente- generar un contexto de inseguridad jurídica para las ONGs, allanando el camino para cerrar y censurar a aquellas incómodas a los intereses del gobierno y sus aliados.
Antes de esta propuesta, el campo fue preparado mediante campañas para deslegitimar el principio de igualdad, y , en general los derechos humanos. Por ejemplo, la campaña “Con Mis hijos no te metas” , que por su llegada a tanta población y nivel de publicidad debe haber tenido una gran inversión; estaba orientada a promover odio y miedo a las defensoras de derechos y las feministas, basándose en la tergiversación de la información. La era de la post verdad. Miente, miente, que algo queda.
Ahora vemos diversos medios de comunicación y cuentas deredes sociales que destilan odio contra todo lo que tenga que ver con bienestar. Difaman, inventan y hostilizan. El objetivo es claro, dejar a las organizaciones sociales, especialmente a las de derechos humanos y las feministas como corruptas y nocivas, quedando el escenario político y social libre, para que los reales corruptos sigan haciendo sus negocios y consolidando un país inseguro, machista, individualista y sin ningún tipo de bienestar para la ciudadanía.
Muchos de los medios que dedican programas enteros a sacar información sobre el financiamiento a las ONGs como grandes investigaciones, omiten la verdad. La información del financiamiento de las ONGs la tienen porque estas, especialmente las que están hostilizando, tienen una práctica permanente de rendición de cuentas y son transparentes.
Es decir, obtener el detalle de la vida económica, los balances y las auditorias de las ONGs es fácil. Todo ya está en el APCI. Todo se rinde anualmente. Las organizaciones de sociedad civil no solo rinden cuentas al Estado, a través de los mecanismos ya establecidos, lo hacen a cada fuente cooperante de acuerdo a los formatos y procedimientos internacionales de transparencia.
Por lo tanto, ¿le tienen miedo las ONGs de derechos humanos y feministas a la fiscalización?. No, por supuesto que no. Estas son fiscalizadas por APCI, por la SUNAT , por SUNAFIL y también por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La oposición a esta norma no tiene que ver con una resistencia a la rendición de cuentas, sino con el rechazo a medidas abusivas y prácticas autoritarias que ponen en mayor riesgo la débil democracia que tenemos, a través de la censura y de la persecución.
No es gratuito que pocos días la presidenta haya salido públicamente a manifestarse contra las organizaciones y de paso, contra la igualdad. No es casualidad lo poderosa que se siente, como no es casual la protección que tiene del Congreso auncuando su nivel de ilegitimidad alcanza porcentajes vergonzosos.
A la presidenta y al Congreso les importa más ocupar su tiempo en esta persecución tendenciosa que en actuar contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad, la corrupción, los desastres ambientales, la violencia contra las mujeres y niñas, la impunidad y la informalidad en las construcciones del país (que se caen).
Lo que le importa a este Gobierno y al Congreso, es continuar en el poder y para ello están preparando hace mucho el escenario. Eliminar la oposición es parte.
Le toca a la ciudadanía, poner un alto y defender la débil democracia que nos queda.
